Sumario

PRE罬BULO

I

La polic韆 local realiza funciones que son esenciales para la comunidad, en la medida que se ocupa, entre otras muchas funciones, de la protecci髇 de las personas y la vigilancia de los espacios p鷅licos; la direcci髇 del tr醘ico; la protecci髇 civil; el auxilio en casos de accidentes, cat醩trofes o calamidades p鷅licas; la prevenci髇 de actividades delictivas; la colaboraci髇 con la Administraci髇 de justicia, o la cooperaci髇 en la resoluci髇 de conflictos privados cuando es requerida para ello.

Es evidente, pues, que la polic韆 local contribuye muy decisivamente a proteger el derecho de vivir y convivir en paz y libertad de las personas que viven en las Illes Balears o las visitan, as� como a garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades p鷅licas y la seguridad ciudadana.

As� las cosas, los poderes p鷅licos est醤 obligados a adoptar las medidas necesarias para garantizar en todo momento los servicios b醩icos que la polic韆 local presta a los ciudadanos, como funcionarios p鷅licos que son.

II

La primera ley estatal de funci髇 p鷅lica posterior a la aprobaci髇 de la Constituci髇 Espa駉la fue la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci髇 P鷅lica, cuya versi髇 inicial implant� un modelo de empleo p鷅lico b醩icamente laboral.

Este modelo se modific�, con el fin de implantar efectivamente el modelo funcionarial que hoy conocemos en el marco del art韈ulo 103.3 de la Constituci髇 Espa駉la, mediante la Ley 23/1988, de 28 de julio, dictada a ra韟 de una primera sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de junio de 1987 que oblig� al legislador estatal a reservar determinadas funciones p鷅licas a los funcionarios de carrera, las cuales no pod韆 realizar, por lo tanto, ni personal laboral ni personal eventual, con unas funciones tambi閚 -con respecto a estos otros dos tipos de personal- necesariamente tasadas.

Con la aprobaci髇 del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico mediante la Ley 7/2007, de 12 de abril (cuyo Texto Refundido se contiene actualmente en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) y, en el 醡bito de las Illes Balears, de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Funci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears, el modelo funcionarial queda definitivamente reforzado, dado que no solo se reservan determinadas funciones p鷅licas a los funcionarios de carrera, sino que, adem醩, las funciones que puede llevar a cabo el personal laboral al servicio de las administraciones territoriales se reducen muy considerablemente.

Por razones obvias, ambas normas prev閚 que las funciones reservadas a los funcionarios de carrera podr醤 ser ejercidas tambi閚 por personal funcionario interino cuando se produzcan ciertas circunstancias, dado que es obligado prever siempre la circunstancia que alguna administraci髇 no disponga de personal funcionario de carrera, en un determinado momento, y en ning鷑 caso se puede dejar de prestar una actividad esencial para los ciudadanos.

De este modo, el art韈ulo 10 del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico establece que los funcionarios interinos ejercen 玣unciones propias de los funcionarios de carrera�. En el mismo sentido se pronuncia el art韈ulo 15 de la Ley 3/2007 citada antes cuando dispone que el personal funcionario interino podr� ser nombrado para llevar a cabo con car醕ter temporal 玣unciones reservadas al personal funcionario de carrera�.

III

Por ello, cuando una ley general o sectorial -estatal o auton髆ica- reserva determinadas funciones al personal funcionario de carrera -como, entre otras, la Ley Reguladora de las Bases del R間imen Local-, debe entenderse que dichas funciones no pueden ser ejercidas ni por personal laboral ni por personal eventual, pero s� por personal funcionario interino si se verifican las circunstancias previstas en el art韈ulo 10 del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico y en la correspondiente legislaci髇 auton髆ica. Dicho en otras palabras, las funciones que cualquier ley reserve a funcionarios de carrera pueden ser ejercidas por personal funcionario interino en aplicaci髇 de la citada legislaci髇 funcionarial b醩ica, aunque la ley reguladora de la reserva de funciones a los funcionarios de carrera no prevea expresamente dicha eventualidad -lo cual, por otra parte, no dejar韆 de ser una reiteraci髇 innecesaria, dada la previsi髇 general que al respecto ya contiene el Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico.

A pesar de esta evidencia, la reciente modificaci髇 -a otros efectos- de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R間imen Local, efectuada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalizaci髇 y Sostenibilidad de la Administraci髇 Local, y particularmente del art韈ulo 92.3 de la citada ley -relativo al r間imen general de los funcionarios de carrera de las entidades locales-, ha generado algunas dudas jur韉icas respecto de esta cuesti髇 en el 醡bito local, especialmente en cuanto a los cuerpos de polic韆 local, lo cual aconseja la intervenci髇 del legislador con el fin de reforzar el principio general de seguridad jur韉ica consagrado en el art韈ulo 9.3 de la Constituci髇 Espa駉la.

Efectivamente, el legislador auton髆ico no puede ser ajeno a esta cuesti髇 desde el momento en que se trata de un aspecto que puede afectar a la existencia misma de los polic韆s locales interinos al servicio de las entidades locales -y, en general, del resto de funcionarios locales interinos-, con funciones -interinas pero plenas- que implican la participaci髇 directa o indirecta en el ejercicio de las potestades p鷅licas, en la salvaguardia de los intereses generales y en el ejercicio de autoridad, entre otras funciones reservadas a los funcionarios por el art韈ulo 92.3 de la Ley 7/1985 -as� como, por cierto, en t閞minos muy similares, por el art韈ulo 9.2 del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, inmediatamente anterior al art韈ulo 10 del mismo Estatuto de constante referencia. As�, no tiene que quedar ninguna duda jur韉ica respecto de la plena validez de las actuaciones de todo este personal funcionario interino al servicio de las entidades locales en el ejercicio de sus funciones, al menos desde el punto de vista de la voluntad del legislador auton髆ico, en el 醡bito de sus competencias.

IV

La polic韆 local dispone de un r間imen estatutario particular -adicional o complementario al previsto para el resto del personal funcionario al servicio de las entidades locales- en virtud de lo dispuesto en el art韈ulo 52.1 de la Ley Org醤ica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, seg鷑 el cual los cuerpos de polic韆 local son institutos armados, de naturaleza civil, con estructura y organizaci髇 jerarquizada, que se rigen, en cuanto a su r間imen estatutario, por los principios generales de los cap韙ulos II y III del t韙ulo I de la citada Ley Org醤ica y por la Ley Org醤ica 4/2010, de 20 de mayo, del R間imen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Polic韆, con la adecuaci髇 que exija la dependencia de la administraci髇 correspondiente, as� como por las disposiciones dictadas al respecto por las comunidades aut髇omas, los reglamentos espec韋icos para cada cuerpo y las dem醩 normas promulgadas por los ayuntamientos. Toda esta normativa se completa con lo previsto en el art韈ulo 3.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que dispone que los cuerpos de polic韆 local se rigen tambi閚 por el Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico y por la legislaci髇 de las comunidades aut髇omas, excepto en todo aquello que se establece para estos cuerpos en la Ley Org醤ica 2/1986.

En este contexto normativo y en virtud del t韙ulo competencial contenido en el art韈ulo 30.19 del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears, aprobado por la Ley Org醤ica 1/2007, de 28 de febrero -seg鷑 el cual la Comunidad Aut髇oma tiene la competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1 de la Constituci髇, en materia de coordinaci髇 y otras facultades en relaci髇 con las polic韆s locales, en los t閞minos que establece la citada Ley Org醤ica 2/1986-, el Parlamento de las Illes Balears aprob� la Ley 4/2013, de 17 de julio, de Coordinaci髇 de las Polic韆s Locales de las Illes Balears, cuyo art韈ulo 41 prev� la existencia de polic韆s locales interinos, a los que corresponde, de acuerdo con las condiciones y circunstancias del art韈ulo 10 del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, el desarrollo de funciones propias de funcionarios de carrera. Este precepto legal auton髆ico es plenamente vigente, en la medida que ni ha sido derogado por el legislador auton髆ico ni ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, y, en consecuencia, se tiene que seguir aplicando en el 醡bito de las Illes Balears.

En cuanto al personal funcionario al servicio de las entidades locales, el art韈ulo 3.1 del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico dispone que dicho personal se rige por la legislaci髇 estatal que le sea de aplicaci髇, de la que forma parte el mismo Estatuto B醩ico, y por la legislaci髇 de las comunidades aut髇omas, con respeto a la autonom韆 local.

De acuerdo con este precepto legal, en relaci髇 con el art韈ulo 92.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R間imen Local -seg鷑 la redacci髇 dada por la Ley 27/2013-, los funcionarios al servicio de la Administraci髇 Local se rigen, en todo aquello no previsto espec韋icamente en la Ley Reguladora de las Bases del R間imen Local, por el Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, por el resto de legislaci髇 del Estado en materia de funci髇 p鷅lica y por la legislaci髇 de las comunidades aut髇omas. Esta 鷏tima legislaci髇, en el 醡bito de las Illes Balears y en virtud de los apartados 3 y 13 del art韈ulo 31 del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears -seg鷑 los cuales corresponden a la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears, en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecuci髇 en materia del estatuto de los funcionarios de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma y de la Administraci髇 Local y en materia de r間imen local- est� constituida por la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de R間imen Local de las Illes Balears, y por la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Funci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears.

V

Pues bien, el t韙ulo VII de la citada Ley 7/1985, relativo al personal al servicio de las entidades locales, no prev� la figura del funcionario interino -m醩 all� de una breve referencia en el apartado 7 del art韈ulo 92 bis respecto de los funcionarios con habilitaci髇 de car醕ter nacional, de la que en ning鷑 caso se desprende un eventual car醕ter excepcional para el colectivo al que hace referencia, sino m醩 bien al contrario, dado que da por hecho la posibilidad de nombramientos interinos en este 醡bito. No obstante, de acuerdo con lo expuesto hasta ahora y de conformidad con el art韈ulo 92.1 de la misma Ley 7/1985, hay que entender que es plenamente aplicable al personal al servicio de las entidades locales la previsi髇 contenida en el art韈ulo 10 del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico en relaci髇 con el posible nombramiento, por razones justificadas de necesidad y urgencia, de funcionarios interinos para ejercer funciones propias de funcionarios de carrera -a las que hace referencia tambi閚, como ya se ha indicado antes, el art韈ulo 9.2 del Estatuto B醩ico en t閞minos muy similares y en armon韆, como no puede ser de otro modo, con las funciones fijadas en el art韈ulo 92.3 de la Ley Reguladora de las Bases del R間imen Local. Como tambi閚 ya se ha dicho, tales funciones se reservan a este tipo de personal -funcionario- 鷑icamente para excluir expresamente la posibilidad de que las puedan ejercer otros tipos de personal, como el personal laboral o el personal eventual.

Visto todo ello y al amparo de lo dispuesto en el apartado 19 del art韈ulo 30 y en los apartados 3 y 13 del art韈ulo 31 del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears, razones de seguridad jur韉ica aconsejan modificar puntualmente la legislaci髇 auton髆ica en materia del estatuto de los funcionarios de la Administraci髇 Local, incluidos los cuerpos de polic韆s locales, con la finalidad de reforzar el contenido actual de estas normas auton髆icas generales en la l韓ea indicada a lo largo de esta exposici髇 de motivos, a saber, dejar bien clara la aplicaci髇 preferente o vis atractiva del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico tambi閚 en el 醡bito local -y con ello del alcance y r間imen jur韉ico propio de todos los funcionarios interinos sometidos al 醡bito de aplicaci髇 de dicho Estatuto B醩ico-, de modo que no quede ninguna duda respecto de la posibilidad de nombrar funcionarios interinos al servicio de las entidades locales de las Illes Balears, de acuerdo con la legislaci髇 estatal b醩ica aplicable a todo este personal.

Por ello, mediante el presente decreto ley, se modifica, en el art韈ulo primero, el art韈ulo 190 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de R間imen Local de las Illes Balears, relativo al r間imen jur韉ico aplicable al personal al servicio de las entidades locales, y en el art韈ulo segundo se modifica el art韈ulo 3.2 a de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Funci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears, relativo a la aplicaci髇 de la citada ley al personal al servicio de las entidades locales de las Illes Balears.

VI

Junto con las modificaciones que se proponen, resulta imprescindible tambi閚 adoptar medidas que tiendan a dar estabilidad a las plantillas de polic韆 local de las diversas administraciones municipales de las Illes Balears, potenciando y promoviendo la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir las plazas vacantes mediante personal funcionario de carrera.

Para ello, se considera oportuno, mediante la inclusi髇 en el presente decreto ley de dos disposiciones transitorias, regular un procedimiento extraordinario de acceso a las plantillas de las polic韆s locales de las Illes Balears y la constituci髇 de nuevas bolsas de interinos, con dos objetivos fundamentales: por una parte, facilitar el tr醤sito en el cambio de modelo policial que el Gobierno de las Illes Balears pretende efectuar mediante la modificaci髇 de la Ley 4/2013 -a estas alturas en una fase previa al inicio del procedimiento de elaboraci髇 del correspondiente anteproyecto de ley- y reducir a la m韓ima expresi髇 el n鷐ero de polic韆s locales interinos en las Illes Balears, para dar estabilidad a las plantillas de las polic韆s locales con la implantaci髇 del nuevo modelo policial mencionado; y, por otra, regular la constituci髇 de nuevas bolsas de funcionarios interinos de los ayuntamientos y de la consejer韆 competente en materia de coordinaci髇 de polic韆s locales, cuando las existentes se hayan agotado o tengan una antig黣dad superior a dos a駉s, hasta que se haya completado el procedimiento extraordinario de acceso a las plantillas de las polic韆s locales de las Illes Balears, previsto para facilitar el tr醤sito en el cambio de modelo policial mencionado.

En este contexto, las restricciones relativas a las tasas de reposici髇 de efectivos de estos 鷏timos a駉s que resultan de las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado no han permitido convocar los procesos selectivos correspondientes a todos los puestos de trabajo cubiertos interinamente con el fin de satisfacer las necesidades m醩 urgentes en la dotaci髇 de los servicios p鷅licos esenciales, lo cual explica la existencia de todo un colectivo de polic韆s locales interinos, entre otros colectivos funcionariales tanto del 醡bito auton髆ico como del 醡bito local. En todo caso, lo que tienen que hacer las administraciones p鷅licas de las Illes Balears es, respetando las tasas de reposici髇 de efectivos acumuladas de todos estos a駉s, ofrecer y convocar efectivamente las correspondientes plazas.

En este 鷏timo sentido tiene que entenderse que la adecuada interpretaci髇 de las normas estatales en esta materia tanto del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico como de las leyes anuales de presupuestos generales del Estado permite -o incluso exige- que las tasas de reposici髇 de efectivos de a駉s anteriores no sacadas a oferta p鷅lica de empleo o con ofertas publicadas pero todav韆 no convocadas puedan formar parte tambi閚 de la oferta p鷅lica de empleo del a駉 2017, de modo que se cumpla de manera efectiva, aunque sea con retraso, lo dispuesto en el art韈ulo 10.4 del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico en relaci髇 con la cobertura definitiva de las plazas vacantes ocupadas por interinos, hasta el l韒ite en el que las tasas acumuladas de reposici髇 de efectivos de estos 鷏timos a駉s lo permitan. De este modo, se concilia el mandato del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico respecto del car醕ter excepcional y temporal del personal funcionario interino y la necesaria cobertura definitiva de las plazas correspondientes mediante oferta p鷅lica de empleo, con las limitaciones de las leyes de presupuestos generales del Estado -con fundamento en este caso en la ordenaci髇 general de la econom韆- respecto del peso del gasto p鷅lico en la demanda agregada de la econom韆 espa駉la, la cual no queda as� afectada en t閞minos agregados.

VII

De acuerdo con el art韈ulo 49 del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears, aprobado por la Ley Org醤ica 1/2007, de 28 de febrero, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno puede dictar medidas legislativas provisionales en forma de decreto ley, siempre que dichas medidas no afecten a los derechos establecidos en el mismo Estatuto, las materias que tienen que ser objeto de leyes de desarrollo b醩ico del Estatuto, los presupuestos generales de la Comunidad Aut髇oma, la reforma del Estatuto, el r間imen electoral ni el ordenamiento de las instituciones b醩icas de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears. Pues bien, en este caso, ninguna de estas materias excluidas del 醡bito potencial de intervenci髇 de los decretos ley por el Estatuto de Autonom韆 queda afectada y, al contrario, se verifica la extraordinaria y urgente necesidad en la adopci髇 de la medida legislativa que contiene el presente decreto ley desde el momento en que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears ya ha dictado una sentencia -la Sentencia n.� 608/2016, de 30 de noviembre- susceptible de ejecuci髇 provisional mientras se tramita y se resuelve el pertinente recurso de casaci髇, que considera que no es posible el nombramiento de funcionarios locales interinos, y particularmente de polic韆s locales interinos, con la inseguridad jur韉ica que ello supone en todo el territorio de las Illes Balears, en un 醡bito tan relevante como es el relativo a las funciones p鷅licas que ejercen y tienen que seguir ejerciendo dichos cuerpos funcionariales, mediante funcionarios de carrera y, en su caso, funcionarios interinos.

De este modo, esta medida legislativa, sin afectar a la situaci髇 jur韉ica derivada de la citada sentencia o incidir en ella directamente, refuerza abiertamente el derecho auton髆ico vigente en este 醡bito de los funcionarios locales interinos y, especialmente, de los polic韆s locales interinos, lo cual se entiende primordial y urgente. En este sentido, aunque es cierto que la funci髇 de interpretaci髇 jur韉ica y aplicaci髇 del derecho corresponde a los tribunales y, en general, a todos los operadores jur韉icos, no es menos cierto que con el presente decreto ley se hace patente, claramente, la voluntad del legislador auton髆ico, y ello es innegable que tiene que contribuir, y mucho, a dar seguridad jur韉ica en este campo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS