Sumario

Exposición de motivos

La Ley 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2017, establece el importe de los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Asimismo, consigna la cuantía definitiva de la participación de las comunidades en el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), dedicado a corregir los desequilibrios económicos interterritoriales.

En virtud de lo señalado, la Comunidad Autónoma de Galicia tiene asignadas para el año 2017 unas entregas a cuenta correspondientes a los rendimientos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), del impuesto sobre el valor añadido (IVA), de los impuestos especiales (IIEE), de las transferencias del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y del Fondo de Suficiencia Global y una liquidación del sistema de financiación correspondiente al año 2015, que, en su conjunto, superan en 218.258.179 euros las previsiones contempladas en el estado de ingresos de la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2017.

Por el contrario, el FCI asignado a nuestra comunidad autónoma en el Comité de Inversiones Públicas fue de 44.343.360 euros, inferior por tanto en 1.632.852 euros al contemplado en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, en la sesión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del día 26 de abril de 2017 se adoptó por unanimidad acordar, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional 9/2017, de 19 de enero, dictada en el conflicto de competencias C-4777, que el futuro modelo de gestión del 0,7 % del IRPF sea un modelo mixto gestionado por la Administración general del Estado y las comunidades autónomas. Para posibilitar el desarrollo de dicho acuerdo, la Orden SSI/596/2017, de 23 de junio, publica el acuerdo del Consejo de Ministros de esa misma fecha en el que se contempla la correspondiente transferencia de fondos finalistas.

Estos recursos adicionales son los que financian las actuaciones de apoyo al crecimiento económico y refuerzo del gasto social contempladas en el articulado de la presente ley, que implican una modificación del articulado de la Ley 1/2017, de 8 de febrero.

En lo que se refiere a las medidas de impulso, pueden clasificarse en tres grandes grupos.

En primer lugar, la aprobación de la Ley 3/2017, de 27 junio, supone, en relación con el título II de la Ley 1/2017, de 8 de febrero, la concreción de los importes retributivos máximos que debe percibir el personal del sector público autonómico. En este aspecto, la norma estatal contempla que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 % respeto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos periodos, fijando, en consecuencia, el porcentaje máximo a que se refiere la disposición adicional decimocuarta de la Ley 1/2017, de 8 de febrero. Se procede, así, en la presente ley a la dotación de los recursos adicionales dedicados a dar cobertura al referido incremento.

En este contexto, también resulta necesario habilitar las dotaciones precisas en las transferencias a las universidades integrantes del Sistema universitario de Galicia para que en su fondo de financiación estructural se incorporen los incrementos señalados. Del mismo modo, los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros educativos concertados han de recoger los incrementos derivados de la aplicación de la misma variación porcentual contemplada en la Ley 3/2017, de 27 de junio, tal y como señala la disposición adicional novena de dicha Ley 1/2017, de 8 de febrero.

El segundo bloque de medidas resulta dedicado a reforzar las políticas de gasto social, en una serie de actuaciones prioritarias que habrían contemplado los presupuestos si hubiesen contado en el momento de su aprobación con la dotación suficiente. Estamos hablando, en el campo sanitario, de un aumento de la financiación de la farmacia hospitalaria y el refuerzo de las dotaciones de personal del Servicio Gallego de Salud (Sergas) para la consolidación y buen funcionamiento de nuevas unidades asistenciales, así como del refuerzo del programa de actividad quirúrgica, pruebas y consultas. En el campo de las políticas sociales, se contempla el diseño y ejecución de las actuaciones de fomento para la realización de programas de interés general para atender a fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del IRPF a gestionar por las comunidades autónomas, el aumento de la cobertura de servicios del SAAD autonómico, el aumento de la dotación de las prestaciones de la renta de integración social de Galicia (Risga) y una orden de empleo dirigida a la incorporación al mercado de trabajo de los perceptores de dicha renta, el aumento de las dotaciones para paliar la difícil situación que están viviendo los gallegos de Venezuela y, por último, relacionando empleo y cohesión territorial, el impulso de actuaciones de fomento del empleo en el rural.

El tercer bloque va dedicado a las políticas de crecimiento económico, mediante la dotación de los créditos precisos para el desarrollo de las líneas prioritarias del Plan estratégico de Galicia. Podemos agrupar estos en tres tipos.

En primer lugar, las inversiones en las personas: desarrollo del plan de idiomas, contratación de investigadores y tecnólogos, proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del Sistema universitario de Galicia, equipamiento de centros de formación profesional, desarrollo del libro digital, obras de mejora en centros educativos e inversión en cultura.

En segundo lugar, incluye este bloque determinadas políticas sectoriales, concretamente, las dirigidas a la promoción y potenciación del turismo, aceleración de las actuaciones de movilización de tierras por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader) y refuerzo de las políticas de prevención contra incendios ante el año especialmente seco que estamos viviendo. Asimismo, se contemplan las principales partidas que posibilitarán el lanzamiento de las acciones de fomento de la nueva Agencia Gallega de la Industria Forestal.

Por último, integran este bloque las inversiones en infraestructuras, conservación y explotación de carreteras, actuaciones en suelo industrial, mejoras de las infraestructuras portuarias y equipamiento del auditorio de Lugo.

Cierran la ley tres disposiciones finales. La primera modifica diversos preceptos de la Ley 1/2017, de 8 de febrero. Estas modificaciones están determinadas por la integración de las medidas anteriormente descritas en el marco presupuestario de la Comunidad Autónoma.

Al respecto, el artículo 12 de la Ley 2/2011, de 16 de junio, de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera, establece la posibilidad de modificar el límite de gasto no financiero en función de la variación de los ingresos del sistema de financiación y fondos finalistas que incorpore la Ley de presupuestos generales del Estado.

La exposición de motivos de la Ley 1/2017, de 8 de febrero, ya indicaba la incertidumbre que entrañaba trabajar con datos estimativos del sistema de financiación y el carácter prudente de los mismos y de las correlativas partidas de gastos. En efecto, de cara a garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad del documento presupuestario, no se contemplan ingresos no aprobados por los presupuestos del Estado y que, por tanto, no podrían ingresarse efectivamente ni emplearse en pagar las obligaciones contraídas.

Esta situación extraordinaria finaliza con la aprobación de la Ley 3/2017, de 27 de junio, y la confirmación de los ingresos a percibir definitivamente en el presente ejercicio correspondientes a los pagos a cuenta del sistema de financiación autonómica.

Por tanto, de forma extraordinaria, se asignan estos recursos adicionales a dotaciones de crédito que reflejan necesidades adicionales inaplazables a las que muestran los actuales estados presupuestarios.

En garantía del principio de universalidad presupuestaria, se contemplan los estados consolidados de ingresos y gastos presupuestarios, tras la incorporación de las partidas de ingresos y gastos a que se refiere la presente ley.

Hay que señalar, por último, que las previsiones de ingreso y límites de gasto dimanantes de lo establecido en la presente normativa garantizan el cumplimiento de las reglas fiscales a que están sujetas las finanzas de la Comunidad Autónoma en virtud de la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria.

Las dos disposiciones finales restantes regulan, respectivamente, la habilitación normativa y la entrada en vigor.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de autonomía de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del rey la Ley de impulso al crecimiento económico y refuerzo del gasto social y de modificación de la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017.

DISPOSICIONES FINALES