Sumario

Desde el a駉 2012, y de manera continuada, las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado han venido estableciendo importantes limitaciones a la incorporaci髇 de personal al sector p鷅lico. Estas limitaciones han consistido, por un lado, en la regulaci髇 de una tasa de reposici髇 de efectivos aplicable en las Ofertas de Empleo P鷅lico, tasa que durante cuatro a駉s, desde 2012 a 2015, fue del 0%, salvo en determinados sectores de la actividad p鷅lica considerados prioritarios, en los que ha podido aplicarse una tasa superior, siendo inicialmente s髄o del 10%, y, por otro lado, dichas limitaciones tambi閚 se han hecho efectivas en la contrataci髇 o nombramiento de personal de car醕ter temporal, que s髄o se ha permitido si se verificaba el cumplimiento de determinadas condiciones.

Actualmente, la tasa de reposici髇 de efectivos sigue siendo de aplicaci髇 necesaria y, si bien se han incrementado los porcentajes permitidos, que son del 100% en los sectores prioritarios y del 50% en el resto de sectores, su mantenimiento no permite la sostenibilidad de las plantillas de personal, deficiencia que se ha paliado con empleo p鷅lico temporal, pero s髄o en la medida en que ha sido posible, al seguir vigentes las limitaciones legales que afectan a la realizaci髇 de dichas contrataciones y nombramientos.

Estas circunstancias han generado un elevado 韓dice de temporalidad en el sector p鷅lico andaluz, para evitar el impacto negativo de la reducci髇 progresiva de personal en la prestaci髇 universal, continuada y de calidad de los servicios p鷅licos.

Desde esta perspectiva, el Gobierno andaluz ha mantenido una defensa constante y activa de la necesidad de suprimir las referidas limitaciones, tambi閚 en el marco de la negociaci髇 colectiva, como muestra de su compromiso con el empleo p鷅lico, en cuanto instrumento imprescindible para la prestaci髇 de los servicios p鷅licos, y con la calidad del mismo, que mejora y aporta valor a dicha prestaci髇. Una muestra de ello es que, en todo caso, en las sucesivas Ofertas de Empleo P鷅lico siempre se ha agotado la tasa de reposici髇 de efectivos aplicable en cada ejercicio. As� se ha llevado a cabo en las tres Ofertas ordinarias aprobadas en este a駉 2017 por el Consejo de Gobierno: la del sector de Administraci髇 General ( Decreto 179/2017, de 7 de noviembre), la del sector Docente (Decreto 50/2017, de 28 de marzo), y la del sector Sanitario ( Decreto 130/2017, de 1 de agosto).

No obstante, la vigente Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2017, al regular en su art韈ulo 19 la Oferta de Empleo P鷅lico u otro instrumento similar de gesti髇 de la provisi髇 de necesidades de personal, vuelve a sujetar la incorporaci髇 de personal al sector p鷅lico a los mismos l韒ites, manteniendo la tasa de reposici髇 de efectivos, distinguiendo entre sectores prioritarios y no prioritarios, sin que los considerados prioritarios alcancen a todos los 醡bitos de la actividad p鷅lica en los que existen necesidades estructurales de empleo p鷅lico, y estableciendo diferentes porcentajes para la aplicaci髇 de la tasa de reposici髇 en funci髇 del sector concreto de que se trate: el 100% en los sectores prioritarios enumerados en su apartado Uno.2, y el 50% en el resto de sectores. Al mismo tiempo, tambi閚 mantiene los requisitos a los que debe ce駃rse la contrataci髇 o nombramiento de personal de car醕ter temporal. Pero esta Ley incluye una novedad respecto a regulaciones precedentes, consistente en una autorizaci髇 a las Administraciones P鷅licas para ofertar tambi閚, en orden a su provisi髇, un conjunto de plazas adicionales a las anteriores.

Esta autorizaci髇 se instrumenta principalmente a trav閟 de dos medios, que se regulan en el apartado Uno.6 del mencionado art韈ulo 19. Por un lado, se prev� que determinadas Administraciones y sectores puedan disponer en los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para estabilizaci髇 de empleo temporal, que incluir� el 90% de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres a駉s anteriores a 31 de diciembre de 2016; en concreto, son los sectores regulados en las letras A) (Administraciones P鷅licas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇), B) (Administraciones P鷅licas con competencias sanitarias respecto de las plazas de personal estatutario), G) (plazas de los Cuerpos de Letrados de la Administraci髇 de Justicia y de funcionarios al servicio de la Administraci髇 de Justicia), O) (plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales), P) (plazas de personal que realiza la gesti髇 de prestaciones y pol韙icas activas en materia de empleo), y Polic韆 Local, del art韈ulo 19. Uno.2, as� como tambi閚 el personal docente e investigador comprendido en la letra J) del mismo art韈ulo, el personal que preste servicios en materia de gesti髇 tributaria y recaudaci髇, y de inspecci髇 y sanci髇 de servicios y actividades, el personal del Servicio P鷅lico de Empleo Estatal y entidades auton髆icas equivalentes que preste servicios en materia de gesti髇 y control de prestaciones de desempleo y actividades dirigidas a la formaci髇 para el empleo, y el personal de la escala de M閐icos-Inspectores del Cuerpo de Inspecci髇 Sanitaria de la Administraci髇 de la Seguridad Social del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Por otro lado, se establece, adem醩, que las Administraciones P鷅licas podr醤 disponer en los mismos ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para la estabilizaci髇 de empleo temporal de aquellas plazas que est閚 dotadas presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal, en los t閞minos previstos en la Disposici髇 Transitoria Cuarta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico.

A ello se suma la previsi髇 del art韈ulo 19.Uno.4 de la misma Ley 3/2017, de 27 de junio, de que no computar醤 dentro del l韒ite m醲imo de plazas derivado de la tasa de reposici髇 de efectivos las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial.

En este escenario, el Consejo de Gobierno considera prioritario iniciar las actuaciones que son necesarias para implementar las medidas previstas en la Ley 3/2017, de 27 de junio, con el objetivo de estabilizar el empleo p鷅lico de car醕ter estructural existente en la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆. La cifra total de las plazas que se ofertar醤 en el marco de la estabilizaci髇 del empleo p鷅lico asciende a 37.115 plazas, incluyendo los sectores de Administraci髇 General, Docente y Sanitario, as� como tambi閚 las plazas que corresponden al sector instrumental y al personal de la Administraci髇 de Justicia que es competencia de la Junta de Andaluc韆.

La puesta en marcha de este proceso exige la aprobaci髇 por el Consejo de Gobierno de la correspondiente Oferta de Empleo P鷅lico, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, que la configura como el instrumento mediante el que habr� de articularse la incorporaci髇 de personal de nuevo ingreso.

La competencia para la aprobaci髇 de dicha Oferta corresponde, de acuerdo con el mencionado art韈ulo, a los 髍ganos de gobierno de las Administraciones P鷅licas. En concreto, en el 醡bito de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, el art韈ulo 35.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenaci髇 de la Funci髇 P鷅lica de la Junta de Andaluc韆, establece que ser醤 objeto de Oferta de Empleo P鷅lico, como instrumento de planificaci髇 de recursos humanos, las vacantes presupuestariamente dotadas cuya cobertura se considere necesaria y que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes, siendo objeto de aprobaci髇 por el Consejo de Gobierno. Por su parte, el art韈ulo 3 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisici髇 de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇, y se regula el r間imen transitorio de ingreso a que se refiere la Disposici髇 Transitoria Decimos閜tima de la citada Ley, exige, como requisito previo a las convocatorias para la provisi髇 de plazas de personal funcionario de los cuerpos docentes, la publicaci髇 de las correspondientes Ofertas de Empleo P鷅lico. Y, asimismo, el art韈ulo 4 del Decreto 136/2001, de 12 de junio, por el que se regulan los sistemas de selecci髇 del personal estatutario y de provisi髇 de plazas b醩icas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, establece que la Oferta de Empleo P鷅lico de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud determinar� el n鷐ero de plazas que vayan a ser objeto de provisi髇 mediante los sistemas selectivos de personal estatutario.

Consciente, asimismo, de la necesidad de llevar a cabo una actuaci髇 coordinada en esta materia, el Consejo de Gobierno aprueba en este Decreto una Oferta de Empleo P鷅lico de car醕ter extraordinario que comprende a los sectores que son de su competencia en el 醡bito de nuestra Comunidad Aut髇oma: Administraci髇 General, docente y sanitario. Con ello agiliza y simplifica la puesta en marcha de los correspondientes procesos, a la vez que garantiza, dentro de los l韒ites de la referida legislaci髇 b醩ica estatal, que la estabilizaci髇 del empleo p鷅lico estructural existente en Andaluc韆 abarque a estos tres sectores.

En concreto, el total de las plazas que se incluyen en este Decreto, por el que se aprueba la primera Oferta de Empleo P鷅lico extraordinaria, asciende a 25.520 plazas, de las cuales, 902 corresponden al sector de Administraci髇 General, 6.000 al sector Docente y 18.618 al sector Sanitario.

Respecto al sector de la Administraci髇 General, este Decreto aprueba una Oferta de 902 plazas. Estas plazas son todas las que cumplen los requisitos previstos en el art韈ulo 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio. No obstante, es previsible el incremento de este n鷐ero, de un lado, porque el proceso de verificaci髇 no ha culminado, de otro, porque se est� llevando a cabo un proceso de negociaci髇 sindical con la Administraci髇 del Estado, con la participaci髇 activa de la Junta de Andaluc韆, para ampliar la posibilidad de estabilizaci髇 a todas las plazas correspondientes al sector de Administraci髇 General, y no s髄o a las que pertenecen al 醡bito de sectores prioritarios; en cuyo caso, estas plazas ser韆n objeto de una Oferta adicional.

Por otro lado, existen en el mismo 613 plazas que se encuentran ocupadas por personal indefinido no fijo declarado por sentencia judicial. Como se ha indicado anteriormente, la Ley 3/2017, de 27 de junio, establece que tales plazas no computan a efectos de la tasa de reposici髇, sin que se fije un l韒ite temporal para esta autorizaci髇. No obstante, en esta clase de personal concurren singularidades, que tambi閚 afectan a las plazas que ocupan, raz髇 por la cual no se han incluido en este Decreto, considerando la conveniencia de que se adopten criterios comunes en la Comisi髇 de Coordinaci髇 de Empleo P鷅lico; si bien, se llevar� a cabo una Oferta posterior y diferenciada de las mismas.

Y, en relaci髇 con el sector Docente, el total de plazas que pueden ser objeto de estabilizaci髇 asciende a 12.603. Pero estas plazas no van a ser objeto de una Oferta 鷑ica, sino fraccionada, dentro del l韒ite temporal que habilita el referido art韈ulo 19.Uno, y que se extiende hasta el a駉 2019. Las plazas del personal docente pertenecen a Cuerpos que son de car醕ter nacional, lo que conlleva la sujeci髇 de los procesos selectivos a las disposiciones de la legislaci髇 b醩ica del Estado. La ejecuci髇 de estos procesos se caracteriza por la alternancia anual de los que corresponden al personal docente del Cuerpo de Maestros, por una parte, y de los Cuerpos de Secundaria, de Formaci髇 Profesional, de Ense馻nzas Art韘ticas y de Idiomas, por otra, as� como por su concentraci髇 durante dos meses en cada a駉. Tales circunstancias justifican que en este Decreto no se apruebe la totalidad de la Oferta de Empleo P鷅lico de car醕ter extraordinario que corresponde al sector docente, sino s髄o una parte de la misma, que es la que afecta a las plazas de los Cuerpos de Profesores de Ense馻nza Secundaria, de Profesores T閏nicos de Formaci髇 Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de M鷖ica y Artes Esc閚icas y de Profesores y Maestros de Taller de Artes Pl醩ticas y Dise駉, y que ascienden a 6.000 en total; las restantes 6.603 plazas se incluir醤 en dos Ofertas posteriores: una en el a駉 2018, que comprender� 4.500 plazas del Cuerpo de Maestros, y otra 鷏tima en el a駉 2019, donde se ofertar醤 las 2.103 plazas restantes. Asimismo, las caracter韘ticas propias de los cuerpos de personal docente, que engloban m醩 de 200 Especialidades en total, as� como la incidencia directa sobre la Oferta de Empleo P鷅lico de la planificaci髇 educativa anual, conllevan que, a este momento concreto, de las 6.000 plazas que se ofertan en este Decreto, s髄o es posible determinar los Cuerpos y Especialidades a que corresponden las 3.000 plazas que se incluir醤 en la convocatoria a realizar en el a駉 2018. Por esta raz髇, el Decreto habilita a la persona titular de la Consejer韆 competente en materia de Educaci髇 para que determine las Especialidades y el n鷐ero de plazas de los Cuerpos del Anexo II.2 que corresponden a las restantes 3.000 plazas que, dentro del marco temporal del art韈ulo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, ser醤 objeto de convocatoria en los ejercicios posteriores.

Por lo que se refiere a las plazas del sector Sanitario, este Decreto aprueba una Oferta de 18.618 plazas, que son el total de las que pueden ser objeto de estabilizaci髇, aplicando los requisitos exigidos por el art韈ulo 19.Uno de la Ley 3/2017, de 27 de junio.

En cuanto a las plazas del personal de la Administraci髇 de Justicia que es competencia de la Junta de Andaluc韆, corresponde a la Administraci髇 del Estado la aprobaci髇 de la Oferta de Empleo P鷅lico extraordinaria. En todo caso, la Junta de Andaluc韆 propondr� la necesaria inclusi髇 en la misma de las 388 plazas que hasta el momento cumplen los requisitos legales, a fin de que formen parte de los procesos de estabilizaci髇 de empleo temporal en este sector de la actividad p鷅lica.

Y, respecto de las plazas del personal laboral propio de las entidades instrumentales de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, una vez analizados los sistemas de informaci髇 correspondientes, ser醤 objeto de estabilizaci髇 3.991 plazas pertenecientes a las entidades que prestan servicios en el 醡bito de los sectores prioritarios, de las cuales 869 corresponden a las agencias p鷅licas empresariales sanitarias. Para la ejecuci髇 por dichas entidades de los correspondientes procesos de estabilizaci髇 se seguir� el procedimiento de autorizaci髇 establecido en la legislaci髇 presupuestaria andaluza respecto de la aplicaci髇 por las mismas de su tasa de reposici髇.

En cumplimiento del art韈ulo 59 del citado Texto Refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, y de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 42.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusi髇 Social, en el art韈ulo 28 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atenci髇 a las Personas con Discapacidad en Andaluc韆, en el art韈ulo 30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, en el art韈ulo 10.1.a) del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Accesos y Adquisici髇 de Nuevas Especialidades en los Cuerpos Docentes a que se refiere la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇, y en el art韈ulo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el Ingreso, la Promoci髇 Interna y la Provisi髇 de Puestos de Trabajo de las Personas con Discapacidad en la Funci髇 P鷅lica de la Administraci髇 General de la Junta de Andaluc韆, la presente Oferta de Empleo P鷅lico establece una reserva de plazas para personas con discapacidad.

Asimismo, el presente Decreto cumple con los principios de buena regulaci髇 a los que se refiere el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia y eficiencia. Y no conlleva la restricci髇 de derechos de las personas, al tiempo que establece las medidas imprescindibles para cumplir su finalidad, sin generar nuevas cargas administrativas, quedando justificados suficientemente los objetivos que persigue.

Tambi閚 tiene en cuenta el principio de transversalidad en la igualdad de g閚ero, conforme al art韈ulo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoci髇 de la Igualdad de G閚ero en Andaluc韆, seg鷑 el cual los poderes p鷅licos integrar醤 la perspectiva de g閚ero en la elaboraci髇, ejecuci髇 y seguimiento de las disposiciones normativas, con el objeto de eliminar los efectos discriminatorios que pudieran causar y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.

Y, con el objetivo de mejorar la tramitaci髇 de los procedimientos administrativos, profundizando en la agilizaci髇 de los mismos a trav閟 del uso de los medios electr髇icos, se contempla la posibilidad de que las propias convocatorias de los procesos selectivos puedan establecer la obligatoriedad de que las personas participantes formalicen las correspondientes solicitudes, la presentaci髇 de los autobaremos y alegaciones, y las peticiones de destino utilizando exclusivamente dichos medios electr髇icos, siempre que quede garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnol骻icos precisos.

En su virtud, previa negociaci髇 con las Organizaciones Sindicales m醩 representativas en la Mesa General de Negociaci髇 Com鷑 del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral al servicio de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, as� como en la Mesa Sectorial de Negociaci髇 de la Administraci髇 General de la Junta de Andaluc韆, la Mesa Sectorial de Negociaci髇 de Sanidad de la Junta de Andaluc韆, la Mesa Sectorial de Negociaci髇 de Educaci髇 de la Junta de Andaluc韆, y la Comisi髇 del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, y de acuerdo con lo establecido en los art韈ulos 4.2.f) y 35 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, a propuesta conjunta de la Consejera de Hacienda y Administraci髇 P鷅lica, de la Consejera de Educaci髇 y de la Consejera de Salud, y previa deliberaci髇 del Consejo de Gobierno en su reuni髇 del d韆 26 de diciembre de 2017,

DISPONGO

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES FINALES