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Sumario

V閍se la Res 25 junio 2020, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del Decreto-ley 11/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia tributaria para responder al impacto econ髆ico del COVID-19 en la Comunidad Aut髇oma de Extremadura y otras medidas adicionales (獶.O.E.� 25 junio).LE0000669095_20200625

I

El Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de car醕ter tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Aut髇oma de Extremadura se dict� como respuesta a la situaci髇 de emergencia generada por la crisis sanitaria y estableci�, entre otras medidas, la ampliaci髇 en tres meses adicionales a lo establecido en la normativa espec韋ica del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el plazo para la presentaci髇 y pago de todas aquellas autoliquidaciones y declaraciones cuyo plazo finalice desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto que declara el estado de alarma y hasta el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive. Asimismo, se prorrogaron los plazos de presentaci髇 de autoliquidaciones, declaraciones e ingreso de las deudas de derecho p鷅lico cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del estado de alarma, hasta el mismo d韆 del segundo mes siguiente a su vencimiento.

Las medidas expuestas se decidieron y adoptaron con una previsi髇 temporal limitada del estado de alarma y con anterioridad a la publicaci髇 de diversa normativa estatal, administrativa y tambi閚 espec韋icamente tributaria que resulta de aplicaci髇 a la Administraci髇 auton髆ica.

Ese nuevo marco normativo, unido a las dudas interpretativas en cuanto a la aplicaci髇, vigencia e integraci髇 de las medidas de ampliaci髇 de los plazos, as� como el hecho de advertir, durante el estado de alarma, la existencia de situaciones no contempladas en el Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, antes citado, han llevado a considerar conveniente dictar una nueva norma que clarifique todas estas cuestiones y atienda a otras no previstas inicialmente, proporcionando al obligado tributario mayor flexibilidad en los plazos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Por otra parte, el cierre de los centros escolares est� ocasionando problemas a las personas que tienen a su cargo hijos menores de edad para poder conciliar el trabajo con su cuidado y custodia.

En este sentido, los tributos, adem醩 de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos p鷅licos, podr醤 servir como instrumentos de la pol韙ica econ髆ica general y as� se recoge en el art韈ulo 2 de la Ley General Tributaria.

En el delicado momento actual, la primera inquietud y preocupaci髇 de los poderes p鷅licos la constituye la salud de los ciudadanos, pero sin olvidar el problema de desempleo existente en nuestra Comunidad, por lo que es obligaci髇 de las instituciones adoptar medidas, dentro de su capacidad competencial, entre las que se encuentran las tributarias, que puedan paliar este grave problema social.

II

En cuanto a su contenido, por lo que se refiere a determinados tributos cedidos se establece la ampliaci髇 de los plazos para la presentaci髇 y pago de las autoliquidaciones y declaraciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados y de los Tributos sobre el Juego, que pudieran verse afectados por la situaci髇 antes indicada. Asimismo, por coherencia con la ampliaci髇 del plazo para la presentaci髇 de la autoliquidaci髇 y declaraci髇 por el concepto Sucesiones, procede tambi閚 adaptar, en el mismo sentido, el plazo de solicitud de pr髍roga para la presentaci髇 de la misma, habida cuenta de que dicha pr髍roga no comienza hasta la finalizaci髇 del plazo de presentaci髇 que ahora resulta ampliado.

Asimismo, en el Impuesto sobre la Renta de las personas F韘icas, con efectos de 1 de enero de 2020, se regula un nuevo beneficio tributario. Esta nueva deducci髇 en el IRPF se ha concebido para mejorar las condiciones de vida y persigue facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de los padres en Extremadura, adem醩 de incentivar el empleo de los cuidadores. As�, para los contribuyentes que tengan hijos menores de hasta 14 a駉s inclusive, se crea una deducci髇 por los gastos en que, por motivos laborales, tengan que dejarlos al cuidado de otra persona, ya sea una persona empleada de hogar o en guarder韆s, centros de ocio, campamentos urbanos, centros deportivos, ludotecas o similares. Con esta medida, se persigue el efecto de realizar actividades generadoras de empleo.

Tambi閚, al igual que ocurri� con la tasa fiscal sobre el juego sobre m醧uinas en el segundo trimestre de 2020, como medida adicional y dado que los establecimientos de juego deben permanecer cerrados durante la vigencia del estado de alarma y por determinaci髇 en alguna de sus pr髍rogas, se vuelve a establecer una bonificaci髇 de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a m醧uinas recreativas y de azar correspondiente al tercer trimestre de 2020, entre el 1 de julio y 30 de septiembre, siempre que se mantenga de alta en el censo la m醧uina a que se refiere y durante los dos trimestres posteriores a la fecha del citado devengo.

En este aspecto, debe destacarse que para los establecimientos de hosteler韆 las m醧uinas recreativas son una fuente de ingresos importante, en especial en los locales m醩 peque駉s a cuyo frente se encuentran los aut髇omos, por lo que la bonificaci髇 de la tasa fiscal sobre m醧uinas pretende coadyuvar a su permanencia, circunstancia que beneficiar� a los peque駉s empresarios. Si bien a partir de la Fase 2 del plan de desescalada est醤 abiertos los establecimientos de hosteler韆, por disposici髇 del Ministro de Sanidad, no es posible la utilizaci髇 de las m醧uinas recreativas. La bonificaci髇 de la tasa fiscal es un incentivo para mantener de alta las m醧uinas incluidas en el padr髇, que de otro modo causar韆n baja y los hosteleros dejar韆n de percibir el canon que les abonan los operadores de juego, lo que conlleva una merma en los ingresos de estos peque駉s empresarios.

Por 鷏timo, en cumplimiento de la normativa comunitaria, es necesario modificar las tasas por inspecci髇 y controles sanitarios de animales y sus productos y por inspecciones y controles sanitarios de los productos pesqueros destinados al consumo humano. Dichas tasas, en lo referente a sus tarifas, han sido modificadas por aplicaci髇 directa, desde el 14 de diciembre de 2019, del Reglamento (UE) 217/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017. El mencionado Reglamento establece un marco legislativo 鷑ico para la organizaci髇 de los controles oficiales con la finalidad de comprobar que se cumple la legislaci髇 de la Uni髇 Europea en todos los 醡bitos a las que 閟ta se aplica. No obstante, aunque dicha norma de Derecho comunitario tenga alcance general y eficacia directa, se considera necesario su transposici髇 a nuestra normativa auton髆ica, mediante la modificaci髇 correspondiente de la vigente Ley de Tasas y Precios P鷅licos.

Razones de urgencia y necesidad justifican la modificaci髇 de las citadas tasas sanitarias, por afectar directamente al sector de la sanidad alimentaria. Dicho sector es especialmente sensible y requiere la adopci髇 de medidas urgentes y extraordinarias por parte de las Administraciones P鷅licas para hacer frente al impacto econ髆ico y social originado por la crisis sanitaria del COVID-19. En este contexto se advierte ahora, la necesidad urgente de abordar la transposici髇 del Reglamento europeo a la vigente Ley de Tasas y Precios P鷅licos, dado que por su exigencia legal no se pudo incluir en la Resoluci髇 de 6 de febrero de 2020, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios p鷅licos de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura para 2020.

Asimismo, haciendo uso de la potestad que establece el art韈ulo 79.3 del citado Reglamento (UE) 2017/625, se considera necesario establecer una serie de deducciones sobre los importes de las tasas, correspondiente al coste suplido de medios materiales y humanos auxiliares, u otras actuaciones precisas para el desempe駉 de la inspecci髇 sanitaria, estando condicionada su aplicaci髇 a la verificaci髇 y control por parte del centro gestor, del cumplimiento por parte de los titulares de los establecimiento dedicados al sacrificio de ganado, de los criterios establecidos en el art韈ulo 79.3 del citado Reglamento.

En la disposici髇 adicional 鷑ica se establece la concesi髇 de pr髍roga del plazo de duraci髇 de la minoraci髇 total o parcial de la renta de alquiler de las viviendas protegidas de promoci髇 p鷅lica adjudicadas en r間imen de arrendamiento o arrendamiento con opci髇 de compra, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 115/2006, de 27 de junio, o normativa anterior.

La crisis sanitaria ha provocado que muchas personas hayan perdido su trabajo o hayan visto significativamente reducidos los ingresos que perciben, lo que dificulta o impide el pago de la renta de alquiler.

Tal y como dispone el Decreto 115/2006, la renta establecida en el contrato de arrendamiento puede ser objeto de minoraci髇, parcial o del 100% por alteraci髇 significativa de los ingresos de la unidad familiar, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en el mismo. Si, con anterioridad a la crisis sanitaria actual, los arrendatarios de viviendas protegidas de promoci髇 p鷅lica eran beneficiarios de esta minoraci髇 y, durante el per韔do de vigencia del estado de alarma, vence el plazo m醲imo establecido para la misma, se prorrogar� autom醫icamente dicho plazo por el per韔do de un a駉.

La crisis sanitaria ha provocado un fuerte impacto en el 醡bito econ髆ico. Tras la declaraci髇 del estado de alarma, muchos ciudadanos han visto reducida su jornada de trabajo o han sufrido una p閞dida de empleo o la suspensi髇 temporal de su contrato de trabajo, a trav閟 de expedientes de regulaci髇 temporal de empleo (ERTE), con la consiguiente situaci髇 de desempleo de los trabajadores.

Ello determina la necesidad de otorgar mayor protecci髇 a los arrendatarios que ya sufr韆n una alteraci髇 significativa de sus ingresos, para que tampoco se vea afectado su derecho a la vivienda. En esta situaci髇 extraordinaria, la Administraci髇 no puede consentir que los arrendatarios, finalizado el plazo m醲imo de duraci髇 de la minoraci髇, hagan un esfuerzo econ髆ico para el pago de la renta de alquiler que, en situaci髇 de normalidad, no ha permitido con la concesi髇 de dicha medida.

La disposici髇 derogatoria contiene la cl醬sula gen閞ica de derogaci髇 de normas de igual o inferior rango y la derogaci髇 expresa del art韈ulo 5 del Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de car醕ter tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, puesto que su contenido ha perdido virtualidad pr醕tica tras la aprobaci髇 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19, que ha extendido el 醡bito de aplicaci髇 de la medida establecida en el art韈ulo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, a los procedimientos tramitados por las Administraciones tributarias de las Comunidades Aut髇omas.

La disposici髇 final primera contiene una modificaci髇 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperaci髇 del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.

As�, el Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, publicado en Suplemento DOE n.� 80, de 27 de abril, fue aprobado en Consejo de Gobierno Extraordinario de 24 de abril, ante la necesidad de establecer medidas extraordinarias de sostenimiento del empleo y reactivaci髇 del mercado de trabajo tendentes a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de la Naci髇 sobre las microempresas, las sociedades cooperativas, las sociedades laborales, las personas trabajadoras aut髇omas, personas trabajadoras por cuenta ajena y empresas del sector tur韘tico de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, tras la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti髇 de la situaci髇 de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus pr髍rogas.

Estas ayudas urgentes vienen justificadas como medidas de protecci髇 y soporte al tejido productivo y social de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura para lograr que, una vez levantado el estado de alarma declarado por el Gobierno de Espa馻, se produzca lo antes posible una reactivaci髇 de la actividad econ髆ica.

El Cap韙ulo II del T韙ulo I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril regula ayudas urgentes para personas trabajadoras aut髇omas y para microempresas, a trav閟 de varios programas, entre ellos:

Programa I, L韓ea I.2: ayudas al mantenimiento del autoempleo de personas trabajadoras aut髇omas que no se haya acogido durante el estado de alarma al cese de actividad establecido en el citado Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19

Programa II: Ayudas para la reactivaci髇 y mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras asalariadas a cargo de personas trabajadoras aut髇omas o de microempresas, incluidas en expedientes de regulaci髇 temporal de empleo.

Entre los requisitos espec韋icos de las personas trabajadoras aut髇omas beneficiarias del Programa I, L韓ea I.2, se establece, estar afiliadas y en situaci髇 de alta en el RETA en la fecha de la declaraci髇 del estado de alarma y haber mantenido esa situaci髇 hasta la solicitud de ayuda y en el Programa II estar afiliadas y en situaci髇 de alta en el RETA y tener contratada por cuenta ajena, al menos, a una persona trabajadora asalariada, en la fecha de la declaraci髇 del Estado de Alarma habiendo mantenido esta situaci髇 hasta el momento de la solicitud de la ayuda.

Distintos Colegios Profesionales han solicitado la inclusi髇 entre las personas beneficiarias del Programa I, L韓ea I.2 y del Programa II a las personas trabajadoras por cuenta ajena que ejercen actividades profesionales y que se encuentran inscritas en Mutualidades alternativas al RETA reconocidas por la Ley. As�, se considera que, la situaci髇 econ髆ica de los profesionales libres adscritos a Mutualidades alternativas al RETA, personas trabajadoras por cuenta propia, tiene una notable incidencia en la situaci髇 laboral de otras personas, dado que la situaci髇 laboral de 閟tas 鷏timas va a depender en buena medida de que el profesional adscrito a la Mutualidad alternativa pueda seguir desarrollando su actividad.

La condici髇 de determinadas Mutualidades de previsi髇 social como alternativa al RETA deriva (y contin鷄 hoy en las diversas modificaciones normativas de afiliaci髇 a la Seguridad Social) de lo previsto en la disposici髇 adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de Ordenaci髇 de los Seguros Privados, en su redacci髇 dada por la Ley 50/1998, que dispon韆 que quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, en las condiciones establecidas en dicha ley y por el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, que requiera la incorporaci髇 obligatoria a un Colegio Profesional cuyo colectivo no hubiera sido integrado en el R間imen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut髇omos, quedando exentos de la obligaci髇 de alta en el R間imen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut髇omos los colegiados que opten o hubieren optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsi髇 Social que pudiera tener establecida el correspondiente Colegio Profesional, siempre que la citada Mutualidad sea alguna de las constituidas con anterioridad al 10 de noviembre de 1995 al amparo del apartado 2 del art韈ulo 1 del Reglamento de Entidades de Previsi髇 Social , aprobado por el Real Decreto 2615/1985, de 4 de diciembre.

El trabajador por cuenta propia o aut髇omo es la persona f韘ica que realiza de forma habitual, personal y directa, una actividad econ髆ica a t韙ulo lucrativo, sin sujeci髇 a contrato de trabajo (en los t閞minos que se define en el Estatuto de los Trabajadores) y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas. As�, pues, el concepto engloba a todas las profesiones, tengan obligaci髇 de afiliaci髇 al RETA o a la respectiva Mutualidad alternativa.

Estos profesionales tienen una indudable intervenci髇 en el mercado laboral, ya que son generadores de empleo tanto directa como indirectamente, habida cuenta que para la realizaci髇 de las actividades profesionales contratan a otras personas que depende del desarrollo de las respectivas actividades profesionales.

La finalidad de las medidas contempladas en los Programas referidos es la de contribuir al sostenimiento del empleo en la Comunidad Aut髇oma de Extremadura para la reactivaci髇 econ髆ica, y as� paliar el terrible impacto de la paralizaci髇 de las actividades econ髆icas producida por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por lo que las ayudas previstas en tales programas deben dirigirse a todos los trabajadores por cuenta propia, como un colectivo que representa un motor en la generaci髇 de empleo y de riqueza entre los que se encuentran los que desarrollan actividades profesionales, que tambi閚 han visto afectada su actividad como consecuencia de la emergencia sanitaria, sin la gravedad del cese de la actividad, pero s� para muchos con una suspensi髇 o reducci髇 muy significativa de su actividad y correlativos ingresos, derivando ello directa o indirectamente de la aplicaci髇 de las normas que necesariamente se han dictado con ocasi髇 de la declaraci髇 del estado de alarma.

Es por ello que, las medidas de protecci髇 social previstas en el Programa I, L韓ea 1.2 y Programa II del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril para las personas trabajadoras aut髇omas deben incluir en su 醡bito de aplicaci髇 a las personas trabajadoras por cuenta propia que, ostentando la misma condici髇 de aut髇omos, est醤 asociadas a alguna de las diez mutualidades que el Ministerio de Inclusi髇 Seguridad Social y Migraciones, reconoce como alternativas al RETA.

En otro orden de cosas, el T韙ulo IV de la citada norma prev� una serie de medidas de apoyo a la mejora de la profesionalizaci髇 de las entidades de econom韆 social, a trav閟 del fomento de la creaci髇 de empleo mediante nuevas contrataciones de personal cualificado y de gesti髇 administrativa, as� como el mantenimiento de los puestos de trabajo del citado personal cualificado y de gesti髇 ya existentes en las sociedades cooperativas y sociedades laborales de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura. El objetivo de estas ayudas es contribuir a que las peque馻s cooperativas de la regi髇 puedan mantenerse en su actividad diaria y a paliar las necesidades que puedan tener del personal antes referido durante el periodo de reconstrucci髇 econ髆ica de la regi髇 que siga a esta crisis sanitaria.

En estos momentos, resulta necesario abordar su modificaci髇 a fin de adecuar estas bases a lo dispuesto en la normativa comunitaria reguladora del Fondo Social Europeo; en este sentido, la principal novedad, consiste en la modificaci髇 de la letra c) del art韈ulo 88, en el que se requiere que las nuevas contrataciones se realicen a personas que se encuentren inscritas como demandantes de empleo en el SEXPE.

Por otra parte, el Decreto-ley que se modifica contempla que la financiaci髇 de las ayudas para el fomento de nuevas contrataciones de personal cualificado y de gesti髇 administrativa y el mantenimiento de los puestos de trabajo ya existentes en entidades de la econom韆 social en Extremadura para paliar los efectos que est� causando la pandemia del COVID-19 se pueda realizar por el Fondo Social Europeo, a trav閟 del programa operativo regional, siendo preciso en estos momentos definir la posibilidad de que la cofinanciaci髇 se realice a trav閟 de las L韓eas I y II dentro del Programa Operativo FSE Extremadura 2020.

Mediante el contenido de la disposici髇 final segunda se persigue posibilitar que las Sociedades Cooperativas de nuestra Comunidad Aut髇oma puedan beneficiarse de medidas de flexibilizaci髇 temporal del Fondo de Educaci髇 y Promoci髇 regulado en el art韈ulo 84 de la Ley 9/2018, de 30 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Extremadura, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 13 del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la econom韆 y el empleo.

La disposici髇 final tercera establece la habilitaci髇 al Consejo de Gobierno para el desarrollo normativo y la disposici髇 final cuarta se refiere a la entrada en vigor del decreto-ley.

III

El decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, m醲ime cuando la determinaci髇 de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

Como se ha manifestado por el Estado, ninguna duda ofrece que la situaci髇 que afronta nuestro pa韘 por la declaraci髇 de emergencia de salud p鷅lica de importancia internacional, unida a la declaraci髇 de estado de alarma y sus sucesivas pr髍rogas, generan la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar diversas medidas. En el actual escenario de contenci髇 y prevenci髇 del COVID-19 es urgente y necesario atajar la epidemia y evitar su propagaci髇 para proteger la salud p鷅lica a la vez que se adoptan medidas de contenido econ髆ico para afrontar sus consecuencias.

As�, la Organizaci髇 Mundial de la Salud elev� el pasado 11 de marzo de 2020 la situaci髇 de emergencia de salud p鷅lica ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evoluci髇 de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopci髇 de medidas complementarias a las hasta ahora tomadas que sean inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado n鷐ero de personas afectadas como por el extraordinario riesgo para sus derechos.

Para limitar la propagaci髇 del virus se han tomado decisiones que procuraban limitar los contactos y, desde el punto de vista tributario, ello se ha conseguido adoptando medidas que evitaran el desplazamiento de los ciudadanos hasta las dependencias administrativas. Ahora, tras la apertura de las oficinas p鷅licas, se pretende que la afluencia de personas sea escalonada y progresiva y ello se favorece con medidas como las contempladas en este decreto-ley.

El escenario descrito sigue constituyendo una situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad que justifica una acci髇 normativa de la Junta de Extremadura al amparo del art韈ulo 86.1 de la Constituci髇 Espa駉la y del art韈ulo 33 del Estatuto de Autonom韆 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, reformado por Ley Org醤ica 1/2011, de 28 de enero.

Como se expuso anteriormente, el fundamento y el objetivo de la modificaci髇, a los que se acaba de aludir, son de un inequ韛oco y extraordinario inter閟 p鷅lico: existe un nuevo marco normativo aprobado por el Estado y se ha advertido durante el estado de alarma, la existencia de situaciones no contempladas en el Decreto-ley 2/2020, de 25 de mayo, antes citado, circunstancia que debe ser resuelta. Se deben contemplar, asimismo, nuevas situaciones como el cierre prolongado de los centros escolares.

Para dotar de eficacia inmediata a las medidas instadas por la excepcional situaci髇 que vivimos, es necesario utilizar el medio que el ordenamiento jur韉ico otorga a la Junta de Extremadura para llevarlas a cabo de forma 醙il y en閞gica y este no es otro que el instrumento normativo del decreto-ley.

Bastar韆 hacer un repaso a la normativa aprobada recientemente por el Estado para ser conscientes de esa extraordinaria y urgente necesidad. En pocas semanas se han aprobado varios reales decretos-leyes; adem醩, por primera vez desde la aprobaci髇 de la Constituci髇, se ha acudido a declarar el estado de alarma de forma generalizada para todo el territorio nacional en aplicaci髇 de lo dispuesto en su art韈ulo 116.2 y su normativa de desarrollo, esto es, la Ley Org醤ica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepci髇 y sitio.

Con base en todo lo expuesto, se precisa una respuesta normativa con rango de ley en la medida en que resulta necesario modificar los plazos de ingreso y del cumplimiento de obligaciones tributarias, en especial, la presentaci髇 de declaraciones y autoliquidaciones. Igualmente es preciso una norma con rango de Ley para establecer los beneficios fiscales que se regulan.

Este decreto-ley es coherente con los principios de buena regulaci髇 establecidos en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. De lo expuesto en los p醨rafos anteriores se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El decretoley es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulaci髇 imprescindible para la consecuci髇 de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jur韉ica. En cuanto al principio de transparencia, no se ha realizado el tr醡ite de consulta p鷅lica, ni el tr醡ite de audiencia e informaci髇 p鷅lica, pues el instrumento normativo elegido, por su urgencia, no permite realizar los tr醡ites indicados, sin perjuicio de que se haga antes de su sometimiento a la Asamblea. Por 鷏timo, el principio de eficiencia, queda garantizado porque si bien puede implicar un aumento de las cargas administrativas posteriormente cuando finalice su vigencia, 閟tas son imprescindibles y en ning鷑 caso innecesarias.

En virtud de todo ello, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 33 del Estatuto de Autonom韆 de Extremadura, a propuesta de la Vicepresidenta Primera y Consejera de

Hacienda y Administraci髇 P鷅lica, previa deliberaci髇 del Consejo de Gobierno, en su reuni髇 del d韆 29 de mayo de 2020,

DISPONGO:

Art韈ulo 3 Impuesto sobre la Renta de las personas f韘icas

Se modifica el art韈ulo 6 del Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura en materia de Tributos Cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, que queda redactado de la siguiente forma:

獳rt韈ulo 6 Deducci髇 auton髆ica por cuidado de hijos menores de hasta 14 a駉s inclusive

Los contribuyentes que por motivos de trabajo, por cuenta propia o ajena, tengan que dejar a sus hijos menores de hasta 14 a駉s inclusive al cuidado de una persona empleada del hogar o en guarder韆s, centros de ocio, campamentos urbanos, centros deportivos, ludotecas o similares, autorizados por la administraci髇 auton髆ica o local competente, podr醤 deducir de la cuota 韓tegra auton髆ica el 10% de las cantidades satisfechas en el per韔do, con el l韒ite m醲imo de 400 euros por unidad familiar, siempre que concurran los siguientes requisitos:

• a) Que en la fecha de devengo del impuesto los hijos tengan 14 o menos a駉s de edad.
• b) Que ambos padres realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la que est閚 dados de alta en el r間imen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad.
• c) Que, en el caso de que la deducci髇 sea aplicable por gastos de una persona empleada del hogar, esta est� dada de alta en el r間imen correspondiente de la Seguridad Social.
• d) Que en el caso de que la deducci髇 sea aplicable por gastos en guarder韆s, centros de ocio, campamentos urbanos, centros deportivos, ludotecas o similares, se disponga de la correspondiente factura.
• e) Que se tenga derecho a aplicar el m韓imo por descendiente regulado en el art韈ulo 58 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y de modificaci髇 parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio por cada uno de los hijos por los que se vaya a aplicar la deducci髇 auton髆ica.
• f) Que la base imponible total a efectos del IRPF no exceda de 28.000 euros en tributaci髇 individual o 45.000 euros en tributaci髇 conjunta.

Cuando m醩 de un contribuyente tenga derecho a la aplicaci髇 de esa deducci髇 con respecto a los mismos descendientes, su importe ser� prorrateado entre ellos�.

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Art韈ulo 5 Tasa por inspecci髇 y controles sanitarios de animales y sus productos

Por aplicaci髇 del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, (Diario Oficial de la Uni髇 Europea de fecha 7 de abril de 2017), se modifica la Tasa por inspecci髇 y controles sanitarios de animales y sus productos y la Tasa por inspecciones y controles sanitarios de los productos pesqueros destinados al consumo humano, del Anexo: 玊asas de la Consejer韆 de Sanidad y Consumo�, en la actualidad, 獵onsejer韆 de Sanidad y Servicios Sociales� de la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, de Tasas y Precios P鷅licos de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, en lo referente a las Bases y Tipos de Gravamen o Tarifas, as� como al establecimiento de determinadas deducciones sobre la cuota tributaria, en los siguientes t閞minos:

�1.

I. Cuota tributaria de la Tasa por inspecciones y controles de carnes frescas y carnes de conejo y caza�, que por aplicaci髇 del citado Reglamento se fijan los siguientes importes:

玊asas o grav醡enes aplicables por los controles oficiales en mataderos, salas de despiece, salas de procesamiento de caza, producci髇 de leche, producci髇 e introducci髇 en el mercado de productos de la pesca y la acuicultura�.

1. TASAS O GRAV罬ENES APLICABLES POR LOS CONTROLES OFICIALES EN MATADEROS.

• - CARNE DE VACUNO:
  • - Vacunos pesados: 5 euros por animal.
  • - Vacunos j髒enes: 2 euros por animal.
• - CARNE DE SOL蚉EDOS/蒕UIDOS: 3 euros por animal.
• - CARNE DE PORCINO. animales cuyo peso en canal sea:
  • - Inferior a 25 kg: 0,5 euros por animal.
  • - Igual o superior a 25 kg: 1 euros por animal.
• - CARNE DE OVINO Y DE CAPRINO. animales cuyo peso en canal sea:
  • - Inferior a 12 kg: 0,15 euros por animal.
  • - Igual o superior a 12 kg: 0,25 euros por animal.
• - CARNE DE AVES DE CORRAL:
  • - Aves del g閚ero Gallus y pintadas: 0,005 euros por animal.
  • - Patos y ocas: 0,01 euros por animal.
  • - Pavos: 0,025 euros por animal.
  • - Carne de conejo de granja: 0,005 euros por animal.
  • - Codornices y perdices: 0,002 euros por animal.

2. TASAS O GRAV罬ENES APLICABLES POR LOS CONTROLES OFICIALES EN SALAS DE DESPIECE.

Por tonelada de carne:

• a) De vacuno, porcino, sol韕edos/閝uidos, ovino y caprino: 2 euros.
• b) De aves de corral y de conejos de granja: 1,5 euros.
• c) De caza, silvestre y de cr韆:
  • - de caza menor de pluma y de pelo: 1,5 euros.
  • - de ratites (avestruz, em�, 馻nd�): 3 euros.
  • - de verracos y rumiantes: 2 euros.

3. TASAS O GRAV罬ENES APLICABLES POR LOS CONTROLES OFICIALES EN SALAS DE PROCESAMIENTO DE CAZA.

• a) Caza menor de pluma: 0,005 euros por animal.
• b) Caza menor de pelo: 0,01 euros por animal.
• c) Ratites: 0,5 euros por animal.
• d) Mam韋eros terrestres:
  • - Verracos: 1,5 euros por animal.
  • - Rumiantes: 0,5 euros por animal.

4. TASAS O GRAV罬ENES APLICABLES POR LOS CONTROLES OFICIALES DE LA PRODUCCI覰 DE LECHE.

• a) 1 euro por las primeras 30 toneladas.
• b) 0,5 euros por tonelada a continuaci髇.

5. TASAS O GRAV罬ENES APLICABLES POR LOS CONTROLES OFICIALES DE LA PRODUCCI覰 Y LA INTRODUCCI覰 EN EL MERCADO DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA.

• a) Primera comercializaci髇 de productos de la pesca y de la acuicultura:
  • - 1 euro por tonelada para las primeras 50 toneladas de cada mes.
  • - 0,5 euros por tonelada a continuaci髇.
• b) Primera venta en la lonja:
  • - 1 euro por tonelada para las primeras 50 toneladas de cada mes.
  • - 0,25 euros por tonelada a continuaci髇.
• c) Primera venta en caso de falta o de gradaci髇 insuficiente de frescura o tama駉:
  • - 1 euro por tonelada para las primeras 50 toneladas de cada mes.
  • - 0,5 euros por tonelada a continuaci髇.

2. Deducciones y suplidos aplicables a las tasas o grav醡enes por los controles oficiales en mataderos, salas de despiece, salas de procesamiento de caza, producci髇 de leche, producci髇 e introducci髇 en el mercado de productos de la pesca y la acuicultura.

Los titulares de los establecimientos dedicados al sacrificio de ganado podr醤 deducir de la cuota tributaria, el coste suplido de medios materiales y humanos auxiliares, u otras actuaciones precisas para el desempe駉 de la inspecci髇 sanitaria, en los supuestos y porcentajes que se especifican:

• 1. Por tener implantado un Sistema de Autocontrol: .................................... 15 %
• 2. Actividades planificadas estables: ......................................................... 10 %
• 3. Horario regular diurno: ........................................................................ 10 %
• 4. Personal auxiliar de apoyo al control oficial: ........................................... 15 %
• 5. Apoyo instrumental, material, equipos y tecnol骻icos: ............................. 10 %
• 6. Historial de cumplimiento: ................................................................... 15 %

Para la aplicaci髇 de dichas deducciones, ser� necesario la verificaci髇 y control por parte del centro gestor, del cumplimiento de los criterios regulados en el art韈ulo 79.3 del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017, donde se establece que 獿os Estados miembros podr醤, en relaci髇 con las actividades contempladas en el anexo IV, cap韙ulo II, sobre una base objetiva y no discriminatoria, reducir el importe de las tasas o grav醡enes teniendo en cuenta:

• a) Los intereses de los operadores con un volumen de negocios reducidos.
• b) Los m閠odos tradicionales de producci髇, transformaci髇 y distribuci髇.
• c) Las necesidades de los operadores situados en regiones con condicionantes geogr醘icos espec韋icos, y
• d) El historial de los operadores en cuanto al cumplimiento de las normas contempladas en el art韈ulo 1, apartado 2, tal como se determine mediante controles oficiales.�

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Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo establecido en el presente decreto-ley y espec韋icamente el art韈ulo 5 del Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de car醕ter tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Aut髇oma de Extremadura.

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DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 del Decreto-Ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperaci髇 del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19

El Decreto-Ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperaci髇 del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 queda modificado en los siguientes t閞minos:

Uno. Se modifica la denominaci髇 del Programa I recogido en el art韈ulo 3, que queda con la siguiente redacci髇:

玃rograma I: Ayudas al Mantenimiento del empleo por cuenta propia de personas aut髇omas inscritas en el R間imen Especial de Trabajadores Aut髇omos o en la mutualidad alternativa correspondiente afectados directamente por el cese de la actividad o disminuci髇 significativa de sus ingresos �.

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Dos. Se modifica el p醨rafo primero del art韈ulo 10 que queda con la siguiente redacci髇:

獿as ayudas reguladas en el presente T韙ulo son compatibles con cualesquiera otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 閟ta u otras Administraciones P鷅licas, as� como con suspensiones, reducciones o bonificaciones de cuotas de la Seguridad Las ayudas reguladas en el presente T鞸ocial que se establezcan como medidas de fomento del empleo y con las prestaciones extraordinarias por cese de actividad, derivadas de la declaraci髇 del estado de alarma y reguladas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19. No obstante, las ayudas previstas en el Programa I, L韓ea I.2 ser醤 incompatibles con la prestaci髇 extraordinaria regulada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y con cualquier otra ayuda a cargo de las mutualidades con la misma finalidad que la prevista para esta l韓ea en el presente decreto ley�

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Tres. Se modifica el p醨rafo primero del apartado 1.� del art韈ulo 14, que queda con la siguiente redacci髇:

�1. Programa I: Ayudas al Mantenimiento del empleo por cuenta propia de personas aut髇omas inscritas en el R間imen Especial de Trabajadores Aut髇omos o en la mutualidad alternativa correspondiente, afectados directamente por el cese de la actividad o disminuci髇 significativa de sus ingresos que se subdivide en dos:�.

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Cuatro. Se modifica el p醨rafo segundo del apartado 1.� del art韈ulo 15, que queda con la siguiente redacci髇:

獿韓ea I.2: las personas trabajadoras aut髇omas en situaci髇 de alta en el R間imen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut髇omos, RETA, con anterioridad a la declaraci髇 del estado de alarma y que, aun habiendo sufrido una reducci髇 de ingresos importante, no han alcanzado el m韓imo exigido para acogerse al cese de actividad recogido en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, as� como las personas trabajadoras aut髇omas en situaci髇 de alta en la mutualidad alternativa correspondiente con anterioridad a la declaraci髇 del estado de alarma que hayan sufrido un reducci髇 de ingresos importante�.

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Quinto. Se modifica la letra a) del apartado 2.� del art韈ulo 15, que queda con la siguiente redacci髇:

• 玜) Las personas trabajadoras en situaci髇 de alta en el RETA o en la mutualidad alternativa correspondiente con anterioridad a la declaraci髇 del estado de alarma y que tengan personas trabajadoras asalariadas a su cargo, en el R間imen General de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Ajena, afectadas por un ERTE�

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Sexto. Se modifica las letras a) y b) del apartado 2.� del art韈ulo 16, que queda con la siguiente redacci髇:

• 玜) Estar afiliadas y en situaci髇 de alta en el RETA o en la mutualidad alternativa correspondiente en la fecha de la declaraci髇 del estado de alarma y haber mantenido esa situaci髇 hasta la solicitud de ayuda.
• b) Que su actividad no haya sido directamente suspendida en aplicaci髇 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti髇 de la situaci髇 de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus pr髍rogas, y que su facturaci髇 durante el periodo comprendido entre el inicio de la vigencia del estado de alarma y su solicitud de ayuda se haya reducido, en relaci髇 con la efectuada en el periodo de igual duraci髇 inmediatamente anterior, en un porcentaje igual o superior al 40 % e inferior al 75 % en el caso de las personas trabajadoras aut髇omas en situaci髇 de alta en el R間imen Especial de Trabajadores Aut髇omos de la Seguridad Social, o en un porcentaje igual o superior al 40 % en el caso de personas trabajadoras aut髇omas en situaci髇 de alta en la mutualidad alternativa correspondiente�.

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S閜timo. Se modifica la letra a) del apartado 3.� del art韈ulo 16, que queda con la siguiente redacci髇:

• 玜) En el caso de personas trabajadoras aut髇omas, estar afiliadas y en situaci髇 de alta en el RETA o en la mutualidad alternativa correspondiente y tener contratada por cuenta ajena, al menos, a una persona trabajadora asalariada, en la fecha de la declaraci髇 del Estado de Alarma, habiendo mantenido esta situaci髇 hasta el momento de la solicitud de la ayuda�.

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Octavo. Se modifica la letra a) del apartado 2.� del art韈ulo 18, que queda con la siguiente redaccci髇:

• 玜) Programa I: 玀antenimiento del empleo de Aut髇omos registrados en el RETA o en la mutualidad alternativa correspondiente�, se financiar� con imputaci髇 a la anualidad 2020 aplicaci髇 presupuestaria 13008/242A/470.00 Fondo CAG0000001, C骴igo de Proyecto 20200196. 獳ut髇omos. Mantenimiento del empleo�.

Este programa podr� financiarse con fondos procedentes del FSE�.

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Noveno. Se modifica la letra a) del art韈ulo 21, que queda con la siguiente redacci髇:

• 玜) En la L韓ea I.1 del Programa I las beneficiarias est醤 obligadas a mantener el alta en el RETA y el ejercicio de la actividad durante al menos 3 meses contados desde la fecha en que se autorice el reinicio de su actividad, y en la L韓ea I.2 del Programa I las beneficiarias est醤 obligadas a mantener el alta en el RETA o en la mutualidad alternativa correspondiente y el ejercicio de la actividad durante al menos 1 mes desde la fecha de la concesi髇 de la presente subvenci髇�.

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D閏imo. Se modifican las letras b) y c) del art韈ulo 88 del Decreto-Ley 8/2020, de 24 de abril, que quedan con la siguiente redacci髇:

• 玝) Personal de gesti髇 administrativa: Es el personal contratado correspondiente a los grupos de cotizaci髇 1, 2, 3 y 4, que realice tareas propias de gesti髇 o de administraci髇.
• c) Nueva contrataci髇: Se considerar�, a los efectos de las presentes bases reguladoras, que se produce una nueva contrataci髇 cuando se contrate a una persona que se encuentre inscrita como demandante de empleo en el SEXPE al menos con anterioridad a la fecha de publicaci髇 de la convocatoria de ayudas y cuando el contrato de trabajo se celebre con posterioridad a la publicaci髇 de la convocatoria y con anterioridad a que se presente la solicitud de ayuda. La persona contratada no puede haber finalizado una relaci髇 laboral con la entidad que solicita la ayuda en los seis meses anteriores a la publicaci髇 de la convocatoria.�.

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Und閏imo. Se modifica el apartado 2, las letras d) y g) del apartado 3 y el apartado 4 del art韈ulo 91 del Decreto-Ley 8/2020, de 24 de abril, que queda con la siguiente redacci髇:

�2. Las solicitudes para la obtenci髇 de las ayudas previstas en cada convocatoria se formalizar醤 de acuerdo con el modelo normalizado de anexo I que estar� a disposici髇 de las entidades solicitantes en las siguientes p醙inas web: https://ciudadano.gobex.es/ y en http://www.juntaex.es/con03/direccion-general-decooperativas-y-economia-social.

3. Junto a la solicitud, las entidades solicitantes deber醤 aportar la siguiente documentaci髇:

• d) Certificaci髇 de estar al corriente con la Agencia Estatal de la Administraci髇 Tributaria, en el caso de que la representaci髇 legal de la entidad no autorice expresamente en la solicitud de la ayuda para que el 髍gano instructor la recabe de oficio, de conformidad con el art韈ulo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
• g) Vida laboral de la entidad y de la persona contratada, referidas a los seis meses anteriores a la fecha de publicaci髇 de convocatoria, as� como, para solicitantes de la L韓ea I, certificado del Servicio Extreme駉 P鷅lico de Empleo en el que figure que la persona contratada se encontraba inscrita como demandante de empleo con anterioridad a la fecha de publicaci髇 de la convocatoria hasta la fecha de celebraci髇 del contrato de trabajo.

4. No obstante, si la representaci髇 legal de la entidad se opone expresamente o no autoriza a que el 髍gano instructor recabe los documentos referidos, quedar� obligada a aportarlos junto con la solicitud de ayuda. En los supuestos de imposibilidad material de obtener los anteriores documentos, el 髍gano instructor del procedimiento podr� requerir su presentaci髇 a la solicitante�

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Duod閏imo. Se modifican las letras d), g), i) y se a馻den las letras j), k) y l) al art韈ulo 99 del Decreto-Ley 8/2020, de 24 de abril, que queda con la siguiente redacci髇:

• 玠) Someterse a las actuaciones de comprobaci髇 que realice la Direcci髇 General competente en Cooperativas y Econom韆 Social, y a las de control financiero que correspondan a la Intervenci髇 General de la Junta de Extremadura, a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado o de sus Intervenciones Delegadas, el Tribunal de Cuentas, los 髍ganos de control de la Comisi髇 Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gesti髇 de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta informaci髇 le sea requerida.
• g) Acreditar, junto con la solicitud de abono del segundo pago, contenida en el anexo II, el cumplimiento del objeto de la ayuda concedida, esto es, el mantenimiento del puesto de trabajo subvencionado durante el tiempo comprometido en la resoluci髇 de concesi髇. El anexo II estar� a disposici髇 de las entidades solicitantes en las siguientes p醙inas web: https://ciudadano.gobex.es/ y en http://www.juntaex.es/con03/direccion-generaldecooperativas-y-economia-social.
• i) Adoptar las medidas de difusi髇 y publicidad del car醕ter p鷅lico de la financiaci髇 de las actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de ayuda, en los t閞minos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 abril, sobre medidas adicionales de gesti髇 de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el R間imen General de Concesi髇 de Subvenciones. As� como lo establecido en el anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre las actividades de informaci髇 y publicidad.
• j) Conservar los documentos justificativos de la aplicaci髇 de los fondos recibidos, incluidos los documentos electr髇icos, en cuanto puedan ser objeto de las actividades de comprobaci髇 y control. Esta documentaci髇 deber� obrar en poder del beneficiario al menos cuatro a駉s, para poder ser consultada en caso de inspecci髇 o auditor韆 de la Administraci髇 correspondiente.
• k) De conformidad con cuanto dispone el art韈ulo 125.4 b) del Reglamento (UE) n.� 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesi髇 y el art韈ulo 16 i) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, los beneficiarios vendr醤 obligados a mantener un sistema de contabilidad separado o un c骴igo contable adecuado en relaci髇 con todas las transacciones realizadas con la operaci髇 a fin de garantizar la adecuada justificaci髇 de la subvenci髇, todo ello sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional. La concesi髇 de la subvenci髇 implica la aceptaci髇 por parte del beneficiario a ser incluido en la lista de operaciones a que se refiere el art韈ulo 115.2 del Reglamento (UE) n.� 1303/2013, de 17 de diciembre, as� como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
• l) Informar sobre el nivel de logro de los indicadores de productividad al mismo tiempo que justifica gastos para ser declarados en solicitudes de reembolso�.

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D閏imo tercero. Se modifica el apartado 3 del art韈ulo 104 del Decreto-Ley 8/2020, de 24 de abril, que queda con la siguiente redacci髇:

�3. Las subvenciones reguladas en las presentes bases podr醤 ser objeto de cofinanciaci髇 dentro del Programa Operativo FSE Extremadura 2020, la l韓ea I en la prioridad de inversi髇 8.i 獷l acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duraci髇 y las personas alejadas del mercado laboral, as� como las iniciativas de empleo locales y el fomento de la movilidad� y objetivo espec韋ico (OE) 08.01.05 玀ejorar la empleabilidad de las personas demandantes de empleo, especialmente de aqu閘las con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, por medio de la adquisici髇 de experiencia profesional, incluidas las iniciativas locales de empleo� y la l韓ea II en la prioridad de inversi髇 8.v 獳daptaci髇 al cambio de trabajadores, empresas y emprendedores� y objetivo espec韋ico 08.05.01 獳daptar la cualificaci髇 de las personas trabajadoras a las necesidades del mercado laboral, as� como mejorar su situaci髇 contractual para garantizar su mantenimiento en el empleo y permitir su progresi髇 profesional�.

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