LEY 1/2022, de 3 de marzo, de modificaci髇 de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda

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Sumario

V閍se Acuerdo GOV/193/2022,�4爋ctubre, para la creaci髇 del Programa para la tramitaci髇 y gesti髇 de los expedientes derivados de la aplicaci髇 de la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de modificaci髇 de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda (獶.O.G.C.� 6 octubre).LE0000739009_20221006

El presidente de la Generalitat de Catalunya

Los art韈ulos 65 y 67 del Estatuto prev閚 que las leyes de Catalu馻 son promulgadas, en nombre del rey, por el presidente o presidenta de la Generalitat. De acuerdo con lo anterior promulgo la siguiente

LEY

Pre醡bulo

I

Catalu馻 es una de las comunidades aut髇omas m醩 afectadas por la crisis econ髆ica que el Estado espa駉l sufre desde 2008. Seg鷑 los datos de la Encuesta de poblaci髇 activa del Instituto de Estad韘tica de Catalu馻 correspondiente al segundo trimestre de 2021, en este per韔do la tasa de paro era del 12,3%, con 477.100 personas desempleadas, un 70% de las cuales no recib韆 ning鷑 subsidio ni prestaci髇, y m醩 de 144.600 hogares ten韆n a todos sus miembros en paro. En el a駉 2020, un 34% del paro hab韆 sido entre la poblaci髇 de diecis閕s a veinticuatro a駉s y 97.100 hogares no percib韆n ning鷑 ingreso.

Esta situaci髇 de emergencia social ha sido y es especialmente grave en el 醡bito de la vivienda. Las estad韘ticas oficiales desde 2008 con relaci髇 a los efectos de la crisis econ髆ica sobre el poder judicial del Consejo General del Poder Judicial muestran que, tras los miles de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias entre 2008 y 2012 –a los que se sum� el sobreendeudamiento–, emergi� una nueva oleada de lanzamientos de arrendatarios impulsada por las reformas legislativas llevadas a cabo entre los a駉s 2009 y 2013 –principalmente, la aceleraci髇 del procedimiento judicial y la reducci髇 de la duraci髇 de los contratos–, lo cual desemboc� en un pico de desalojos en torno al 2013. La cantidad total de desalojos en el per韔do de 2013 a 2019 fue muy superior a la del per韔do de 2008 a 2013, y desde entonces se ha mantenido alta, sostenida, entre otros factores, por la subida del precio de los alquileres, el incremento del acceso a los arrendamientos de las unidades familiares hipotecadas despu閟 de ser desalojadas y el aumento de casos de personas expulsadas durante las primeras oleadas que, ante la falta de alternativas p鷅licas, accedieron sin t韙ulo a las viviendas vac韆s acumuladas por las entidades financieras como resultado de los miles de lanzamientos ejecutados. Los lanzamientos aumentaron un 308% –de 3.926 en 2008, a 16.008 en 2013–, y en el per韔do de 2013 a 2019 la cantidad total de lanzamientos fue muy superior a la del per韔do de 2008 a 2012, y la cantidad anual se mantuvo siempre por encima de los 12.000.

Paralelamente, seg鷑 los datos publicados por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y de acuerdo con la explotaci髇 estad韘tica de las fianzas de alquiler del Instituto Catal醤 del Suelo, el aumento del precio del alquiler ha sido constante y muy notable: de 2008 a 2020 aument� un 8,3% y en los 鷏timos siete a駉s de este per韔do aument� un 35,5%, de modo que en el segundo trimestre de 2021 el alquiler medio era de 713,15 euros en Catalu馻 –812,94 euros en el 醡bito metropolitano de Barcelona y 903,28 euros en la ciudad de Barcelona–. En 2019 el 68% de los lanzamientos fueron derivados del impago de alquileres y el 21% de hipotecas; no existen datos oficiales sobre la p閞dida de la vivienda habitual a la que se ha accedido sin t韙ulo, con la precariedad y la inseguridad que ello conlleva. En el per韔do analizado, las unidades familiares de Catalu馻 que ingresaban cantidades menores a 2,5 veces el indicador de renta de suficiencia en Catalu馻 (1.747,4 euros) –que es la cantidad fijada como l韒ite legal por debajo del cual una unidad familiar se encuentra en exclusi髇 residencial– deb韆n destinar un 42% de sus ingresos a pagar el alquiler medio de 2020, mientras que las que dispon韆n, por ejemplo, de un salario y medio referenciado al salario m韓imo interprofesional de 2020 (1.425 euros) ten韆n que hacer un sobreesfuerzo, ya que deb韆n destinar un 51,5% de los ingresos, en contra de las recomendaciones internacionales y del art韈ulo 8 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica de Catalu馻.

El mantenimiento de esta situaci髇 de emergencia en el 醡bito de la vivienda y la insuficiencia del acompa馻miento p鷅lico en forma de ayudas o vivienda social destinada a las personas afectadas contrastan con los beneficios que, todav韆 en el momento de la aprobaci髇 de la presente ley, declaraban las entidades financieras y con las cifras del rescate bancario. Seg鷑 el Tribunal de Cuentas, a 31 de diciembre de 2018 el importe de los recursos comprometidos en la reestructuraci髇 bancaria entre 2009 y 2018 era de 122.754.000 euros, y el coste se calculaba en 66.577.000 euros. El informe 獷mergencia habitacional en el Estado espa駉l�, publicado en 2013 por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio de Derechos Econ髆icos, Sociales y Culturales (DESC), pon韆 de manifiesto que algunas de las entidades financieras que m醩 deudas hipotecarias ejecutaban eran precisamente las que hab韆n concentrado la mayor parte de ayudas p鷅licas, y esta tendencia se mantuvo en los a駉s posteriores. Asimismo, los fondos de inversi髇 o grandes tenedores que hab韆n adquirido el patrimonio inmobiliario de las entidades financieras rescatadas ten韆n un protagonismo muy significativo en los procesos de p閞dida de vivienda habitual. Seg鷑 el Ministerio de Fomento, a 31 de diciembre de 2019 en Catalu馻 se manten韆n vac韔s 75.685 pisos nuevos por estrenar, una cantidad solamente superada por la Comunidad Valenciana, y que representaba un 16,56% del stock total de viviendas nuevas sin vender en todo el Estado. En 2020 el Departamento de Territorio y Sostenibilidad cifraba en 27.558 las viviendas de Catalu馻 en manos de grandes tenedores –personas f韘icas titulares de m醩 de quince viviendas o personas jur韉icas titulares de m醩 de diez viviendas– que llevaban m醩 de dos a駉s desocupadas.

Por otra parte, la pandemia de Covid-19 ha impactado la situaci髇 de exclusi髇 residencial en Catalu馻 y es previsible que le afecte en el futuro. Aunque el impacto principal de la Covid-19 ha sido sobre la salud, la necesidad de restringir la actividad para detener los contagios ha derivado en impactos muy importantes sobre la econom韆 y la sociedad. Son ejemplos de ello la ca韉a del producto interior bruto, en 2020, del 11% en el 醡bito estatal y del 11,4% en Catalu馻, o la afectaci髇 de 172.735 trabajadores catalanes por un expediente de regulaci髇 temporal de empleo, seg鷑 los datos del Ministerio de Inclusi髇, Seguridad Social y Migraciones, por el cierre de 2020, con la consiguiente atenuaci髇 del paro derivada de esta medida de protecci髇. En Catalu馻 los despidos afectaron a 7.936 personas en 2020 y a 6.238 trabajadores tan solo durante el primer cuatrimestre de 2021. Esta tendencia puede agravarse con el levantamiento de las suspensiones de contrato o las reducciones de jornada vinculadas a causas de fuerza mayor (sobre todo, expedientes de regulaci髇 temporal de empleo).

El acceso y el mantenimiento de la vivienda habitual se han visto afectados notablemente por los impactos econ髆icos de la pandemia, ya que tienen una conexi髇 directa con los ingresos de las familias, afectadas por la recesi髇 econ髆ica y el paro. A pesar de las medidas normativas espec韋icas, en los 醡bitos de Catalu馻 y del Estado, aprobadas para detener temporalmente la p閞dida de la vivienda habitual durante la pandemia, seg鷑 el Consejo General del Poder Judicial en 2020 se realizaron 5.737 lanzamientos, en plena emergencia sanitaria, el 73% de los cuales fueron por el impago de alquileres; el porcentaje de los lanzamientos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias se mantuvo en un 21%, igual que en 2019. Son cifras relevantes, sobre todo teniendo en cuenta que el 14 de marzo, y durante casi tres meses, la pr醕tica de los lanzamientos qued� detenida debido a la suspensi髇 de los plazos procesales establecida por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti髇 de la situaci髇 de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. El 4 de junio se reanud� mediante el Real decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real decreto 463/2020. En pleno estado de alarma, y en el contexto del llamamiento que las autoridades sanitarias hac韆n a la poblaci髇 para que se confinara, en Catalu馻 se practicaron 220 lanzamientos en el segundo trimestre (de abril a junio), 707 en el tercer trimestre (de julio a septiembre) y 1.495 en el cuarto trimestre (de octubre a diciembre).

El impacto de la pandemia genera el riesgo, especialmente en el 醡bito de la vivienda, de un empeoramiento no coyuntural de la situaci髇 de emergencia, de forma que la crisis precedente se alargue en el tiempo y se llegue a consolidar. Adem醩, parad骿icamente, la situaci髇 de pandemia y de confinamiento ha forzado a la poblaci髇 a centrar su atenci髇 en la vivienda y sus condiciones, y ha empeorado la situaci髇 de las personas que no disponen de vivienda y de las que, aunque dispongan de ella, est醤 en riesgo de perderla por un desalojo inminente. Seg鷑 afirmaron altos responsables de Naciones Unidas, la primera l韓ea de acci髇 para garantizar los derechos fundamentales ante el brote de Covid-19 es la defensa del derecho a la vivienda.

De 2008 a 2020 se han practicado, como m韓imo, 135.739 lanzamientos en Catalu馻, lo que equivale a 336.633 personas desalojadas en trece a駉s –25.895 al a駉–, seg鷑 el tama駉 est醤dar de los hogares catalanes. Las crisis econ髆icas se asocian hist髍icamente a crisis en relaci髇 con la vivienda, pero la exclusi髇 residencial se ha convertido en un problema social de primer orden y de dimensiones desconocidas en la historia reciente, al menos con esta magnitud, tan solo comparable a las condiciones residenciales precarias resultantes de la ola migratoria del per韔do de 1950 a 1975, concentrada sobre todo en Barcelona, el 醨ea metropolitana y las grandes ciudades.

Trece a駉s despu閟 del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis, la emergencia con relaci髇 a la vivienda, que ha tomado rasgos estructurales de crisis profunda, se ha agravado mucho m醩 a鷑, de forma sobrevenida, a causa de la pandemia, y por ello es necesario intervenir con determinaci髇. Las consecuencias econ髆icas y sociales de la pandemia sobre el derecho a la vivienda –y, concretamente, los procesos de p閞dida de la vivienda– hacen a鷑 m醩 perentorio actuar. As�, por ejemplo, como consecuencia del estado de alarma, en 2020 se ejecutaron 6.709 lanzamientos menos que en 2019, los cuales son susceptibles de ser ejecutados y, si no se detienen con medidas extraordinarias, pueden provocar el mayor pico de desahucios desde 2008, ya que podr韆n producirse aproximadamente 19.000 desahucios anuales.

II

La Generalidad de Catalu馻, haciendo uso de la competencia exclusiva que le atribuye el art韈ulo 137.1 del Estatuto de autonom韆 de Catalu馻 en materia de vivienda, aprob� la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. Esta ley constituye el eje vertebrador de las pol韙icas p鷅licas en materia de vivienda. La posterior actividad legislativa y reglamentaria se ha orientado a poner en marcha instrumentos ya establecidos por esta ley y a regular nuevas herramientas jur韉icas para dar una respuesta adecuada a los nuevos requerimientos derivados de los cambios producidos en materia de acceso a la vivienda, provocados fundamentalmente por el impacto de la crisis econ髆ica iniciada poco despu閟 de la entrada en vigor de dicha ley. Por ello, esta actividad normativa se ha centrado muy especialmente en la atenci髇 de las personas en situaci髇 de riesgo de exclusi髇 residencial y de emergencia social en esta materia.

Su principal exponente es la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, en especial por las medidas para detener los desalojos de personas en situaci髇 de exclusi髇 residencial y dotar de seguridad en la permanencia en el hogar de las unidades familiares que han afrontado situaciones de riesgo de p閞dida de la vivienda habitual mediante alquileres sociales, ya sea con arrendamientos a precios tasados por parte de grandes tenedores o con realojos por parte de las administraciones p鷅licas. Esta norma, surgida de una iniciativa legislativa popular y aprobada por unanimidad en el Parlamento de Catalu馻, fue ampliada a los cuatro a駉s de haber entrado en vigor mediante el Decreto ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, para adaptarla a nuevos supuestos de p閞dida de la vivienda habitual. Sin embargo, ha tenido una trayectoria compleja, derivada de la impugnaci髇 ante el Tribunal Constitucional, que ha obstaculizado su plena aplicaci髇. Una impugnaci髇 que afecta a la renovaci髇 de los alquileres sociales que se extinguen y a los alquileres sociales obligatorios para grandes tenedores por extinciones de contrato de arrendamiento y, en algunos casos, de ocupaciones de viviendas de entidades financieras o similares, introducidos por el citado decreto ley y, en todos los casos, aplicados sobre vivienda habitual, unidades familiares en situaci髇 de exclusi髇 residencial y viviendas de grandes tenedores o entidades financieras. En cualquier caso, se trata de medidas ampliamente reclamadas y reconocidas por los profesionales, por la ciudadan韆 y por las administraciones p鷅licas, especialmente los ayuntamientos.

Pese a las medidas legales adoptadas, el acceso a una vivienda digna y adecuada para una parte significativa de la poblaci髇 sigue siendo extremadamente dificultoso, sobre todo despu閟 de los impactos –a鷑 desconocidos– de la pandemia. A esta incertidumbre, se a馻de la de la evoluci髇 de la coyuntura econ髆ica. En efecto, seg鷑 el criterio del legislador, expresado en el pre醡bulo del Decreto ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, 玪os instrumentos ordinarios que ofrece la legislaci髇 en materia de vivienda y tambi閚 de urbanismo se muestran insuficientes para resolver la situaci髇 extrema que se sufre actualmente en este 醡bito. Estos instrumentos deben reforzarse, redefinirse o ampliarse de forma urgente para encararla con diversos elementos que permitan, en conjunto, incrementar de forma efectiva la oferta general de viviendas a precios moderados y, en especial, de viviendas de protecci髇 p鷅lica en r間imen de alquiler, as� como facilitar su acceso a la poblaci髇 con recursos econ髆icos insuficientes�.

En este sentido, hay muy poca promoci髇 de vivienda protegida existente desde el a駉 2007, tanto de promotores p鷅licos como de promotores privados, y la poca promoci髇 de vivienda protegida contrasta con una demanda muy elevada: el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protecci髇 Oficial (RSHPO), de la Generalidad y de Barcelona, recibe un incremento constante de solicitantes; as�, en junio de 2021 el Registro de solicitantes de vivienda de protecci髇 oficial de Catalu馻 aument� hasta 59.854 inscritos.

Asimismo, y m醩 all� de la promoci髇 de viviendas de protecci髇 p鷅lica, disminuyen las posibilidades de las administraciones de ampliar el parque p鷅lico de viviendas; por ejemplo, mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, regulado por el Decreto ley 1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilizaci髇 de las viviendas provenientes de procesos de ejecuci髇 hipotecaria. Lo corrobora el an醠isis de los datos del Registro de viviendas vac韆s y de viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante, que, en tan solo cuatro a駉s, ha pasado de casi 50.000 viviendas registradas a 30.719 en el mes de junio de 2021. A pesar de que el parque de vivienda destinado a pol韙icas sociales se ha incrementado ligeramente en los 鷏timos a駉s, el conjunto se sit鷄 en torno al 2% del parque de vivienda existente en Catalu馻 y, por tanto, lejos de la media de los principales pa韘es de la Uni髇 Europea. El d閒icit acumulado de vivienda disponible con un precio asequible justifica la necesidad de adoptar sin demora medidas de choque inmediatas para afrontar la p閞dida de la vivienda.

La saturaci髇 de la Mesa de Emergencias de Catalu馻 y de las mesas locales de valoraci髇 de situaciones de emergencia econ髆ica y social, as� como los largos per韔dos de espera para las adjudicaciones o los realojos temporales, constituyen un indicador esencial de la necesidad de recuperar las medidas legales para detener los desahucios y estabilizar la situaci髇 de la poblaci髇 en exclusi髇 residencial mediante alquileres sociales. En el momento de la aprobaci髇 de la presente ley hab韆 cientos de adjudicaciones pendientes de las mesas de emergencia en toda Catalu馻. Seg鷑 los datos de la Agencia de la Vivienda de Catalu馻, m醩 de tres mil unidades familiares no pudieron firmar sus correspondientes alquileres sociales a causa de los efectos de la Sentencia 16/2021 del Tribunal Constitucional en respuesta a la impugnaci髇 del Decreto ley 17/2019 promovida por ochenta y seis diputados del Grupo Parlamentario Popular en 2019. Estas unidades familiares se ven abocadas a procesos de desalojo, a los que est� previsto que se sumen los procesos que se detuvieron con el estado de alarma.

Por otra parte, desde una 髉tica retrospectiva y a la vista de la situaci髇 actual, los presupuestos p鷅licos destinados a las pol韙icas de vivienda son insuficientes. Seg鷑 Eurostat, en 2018 los estados miembros de la Uni髇 Europea gastaron, por una parte, 78.333.000 euros del gasto de las administraciones p鷅licas en vivienda y servicios comunitarios (el equivalente al 0,6% del producto interior bruto de la Uni髇 Europea) y, por otra parte, casi 47.048.000 euros en gastos de protecci髇 social relacionados con la vivienda (el equivalente al 0,3% del producto interior bruto); en total, se destin� a las pol韙icas de vivienda un 0,9% del producto interior bruto de la Uni髇 Europea. Francia encabezaba el porcentaje sobre el producto interior bruto de gasto p鷅lico en esta materia, con un 2%; en la cola estaban Espa馻, Italia, Malta y Eslovaquia, con un 0,5%, y Austria, Eslovenia, Estonia, Grecia y Suiza, con valores del 0,4% al 0,2%. Francia, por tanto, destinaba a este concepto cuatro veces m醩 que Espa馻 y diez veces m醩 que Grecia. Asimismo, el gasto p鷅lico total en la Uni髇 Europea tras la crisis de 2008 ha crecido de 98,4 euros por habitante en 2008 a 115 euros por habitante en 2018, mientras que en el Estado espa駉l se ha reducido de 45,3 a 27,3 euros por habitante. Existe un amplio consenso sobre la necesidad de invertir esta tendencia a medio y largo plazo, pero este objetivo requiere tiempo y no permite responder a la emergencia actual.

Paralelamente, las administraciones locales, m醩 cercanas a las problem醫icas emergentes de la ciudadan韆, han desarrollado nuevos servicios, oficinas y dispositivos municipales para prevenir o detener los desahucios. Sin embargo, debido a las dimensiones de la problem醫ica, constantemente est醤 desbordadas e infradotadas de herramientas y recursos para afrontar la crisis relativa a la vivienda y para revertir la exclusi髇 residencial.

En cuanto a las din醡icas generales del mercado de la vivienda, por efecto de la crisis econ髆ica y de sus crudas consecuencias, se constata una ca韉a del n鷐ero de cr閐itos hipotecarios y, por consiguiente, del acceso a la vivienda mediante el endeudamiento y en r間imen de propiedad. En este contexto, el acceso a la vivienda en r間imen de alquiler, o cualquier otra forma equivalente de cesi髇 del uso, adquiere mayor relevancia en una situaci髇 desfavorable, en la que el precio del alquiler es elevado y sigue creciendo. Sobre esta cuesti髇, el legislador ha planteado tambi閚 en otras normativas la necesidad de aplicar medidas inmediatas para moderar estos precios con el aumento general de la oferta asequible o con la contenci髇 de rentas.

El Plan territorial debe ser la hoja de ruta que inspire las pol韙icas de vivienda en Catalu馻 de los pr髕imos quince a駉s desde la aprobaci髇 de esta ley, con el fin de garantizar el derecho a la vivienda a las nuevas generaciones de j髒enes y en los nuevos hogares que se formen. Por ello, propone sentar las bases para cumplir tres objetivos ambiciosos: incrementar hasta el 15% el parque de vivienda social en ciento cincuenta y dos municipios con una fuerte demanda residencial, donde vive cerca del 80% de la poblaci髇 de Catalu馻; ayudar a las personas y familias potencialmente excluidas del mercado de la vivienda a acceder a ella en unas condiciones asumibles; y destinar a alquiler social el 5% de las viviendas de primera residencia de todo el pa韘, para acercar Catalu馻 a las medias de pa韘es europeos similares en poblaci髇 y potencial econ髆ico. Sin embargo, se trata de un instrumento de planificaci髇 de las pol韙icas p鷅licas con un efecto a largo plazo y, por tanto, no resuelve la emersi髇 de los procesos de p閞dida de vivienda que necesitan ser resueltos con inmediatez y con medidas excepcionales.

Junto a la nueva normativa para atender a la exclusi髇 residencial, las administraciones de Catalu馻 han desarrollado una serie de pol韙icas p鷅licas para apaciguar los efectos de la crisis de la vivienda e intentar remontar las necesidades coyunturales y las carencias estructurales del modelo de vivienda propia, muy distante de los sistemas de protecci髇 que ofrecen los modelos m醩 avanzados en el 醡bito europeo. Al mismo tiempo, a la crisis de la vivienda presente en Catalu馻 hace m醩 de una d閏ada, se suman los efectos de la recesi髇 y los impactos de la pandemia, que deben prevenirse con pol韙icas p鷅licas para superar la crisis de la vivienda.

III

La falta de satisfacci髇 de necesidades de vivienda y energ閠icas b醩icas contradice numerosos compromisos internacionales.

En congruencia con la Declaraci髇 Universal de los Derechos Humanos, el art韈ulo 11 del Pacto Internacional de Derechos Econ髆icos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para s� y su familia, incluyendo alimentaci髇, vestido y vivienda, as� como a una mejora constante de sus condiciones de vida.

El derecho a la vivienda comprende, de acuerdo con la observaci髇 general n鷐ero 4 del Comit� de Derechos Econ髆icos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en el PIDESC, el acceso permanente a recursos naturales y comunes, agua potable y energ韆 para la cocina, la calefacci髇 y la luz; de acuerdo con la observaci髇 general n鷐ero 15, el derecho al agua y al saneamiento, y de acuerdo con la observaci髇 general n鷐ero 7, la protecci髇 contra los desalojos forzosos y la obligaci髇 de los poderes p鷅licos de garantizar el realojamiento adecuado de las personas sin recursos afectadas por un desahucio.

El Comit� de Derechos Econ髆icos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, encargado de velar por la salvaguarda de los derechos reconocidos en el PIDESC, ha emitido una serie de dict醡enes mediante los cuales insta al Estado espa駉l y a todos sus poderes y administraciones a garantizar derecho a la vivienda, y condena espec韋icamente los desalojos sin alternativa de colectivos vulnerables. Destacan los dict醡enes E/C12/61/D/5/2015 y E/C12/66/D/37/2018.

Estos derechos espec韋icos generan distintos tipos de obligaciones para las administraciones p鷅licas. En este sentido, la observaci髇 general n鷐ero 3 determina que las administraciones deben realizar todos los esfuerzos, hasta el m醲imo de recursos disponibles, para garantizar estos derechos, priorizando a los colectivos m醩 vulnerables, no solamente ante la Administraci髇, sino tambi閚 frente a los abusos que puedan cometer particulares.

Muchos de estos derechos y obligaciones est醤 amparados tambi閚 por la Constituci髇 espa駉la y por el Estatuto de autonom韆 de Catalu馻.

El art韈ulo 47 de la Constituci髇 reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, y lo vincula a la obligaci髇 de los poderes p鷅licos de impedir la especulaci髇; el art韈ulo 33 impone a los poderes p鷅licos el deber de garantizar que el derecho de propiedad no se ejerza de forma antisocial, y el art韈ulo 128 subordina toda la riqueza, con independencia de su titularidad, al inter閟 general. Esta obligaci髇 es especialmente relevante en el caso de las entidades financieras y las empresas que prestan servicios econ髆icos de inter閟 general, sobre todo si han sido beneficiarias de ayudas y subvenciones de car醕ter p鷅lico.

Asimismo, el art韈ulo 5 del Estatuto de autonom韆 establece que todas las personas tienen derecho a vivir libres de situaciones de explotaci髇 y malos tratos, como las que, en la pr醕tica, conllevan la falta de una vivienda digna, sobreendeudamiento o la imposibilidad del acceso a suministros b醩icos de agua, luz y gas; el art韈ulo 30 determina que todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a los servicios de inter閟 general, y, en los mismos t閞minos que el Pacto internacional de los derechos econ髆icos, sociales y culturales, el art韈ulo 42.3 obliga a los poderes p鷅licos a velar por la dignidad, la seguridad y la protecci髇 integral de las personas, especialmente las m醩 vulnerables. En este sentido, el art韈ulo 148.1.3 de la Constituci髇 otorga a las comunidades aut髇omas la potestad de asumir competencias en materia de vivienda; el art韈ulo 137 del Estatuto atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva en esta materia y el art韈ulo 123 le atribuye la competencia exclusiva en materia de consumo. Estas competencias hacen posible que Catalu馻 pueda delimitar el derecho a la propiedad, tal como establece el art韈ulo 33 de la Constituci髇, para dar cumplimiento a la funci髇 social que de ella se deriva, mediante el desarrollo legislativo.

En el marco de la legislaci髇 catalana, la protecci髇 del derecho a la vivienda y la obligaci髇 de erradicar sus usos an髆alos, incluyendo las viviendas vac韆s, son objeto de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. El art韈ulo 4 de esta ley establece que el conjunto de actividades vinculadas con la provisi髇 de viviendas destinadas a pol韙icas sociales se configura como un servicio de inter閟 general para asegurar una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos.

La Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, origina la figura del alquiler social obligatorio para familias en situaci髇 de riesgo de exclusi髇 residencial en los casos de viviendas que son propiedad de grandes tenedores.

El Decreto ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, ampl韆 los supuestos de acceso a esta figura del alquiler social, incluyendo expiraciones del plazo contractual en los casos de arrendamiento y algunas situaciones de ocupaci髇 sin t韙ulo habilitante y la renovaci髇 de los alquileres sociales que llegan al final del plazo marcado. La presente ley recupera los art韈ulos anulados por la Sentencia del Tribunal Constitucional 16/2021 e introduce algunas mejoras t閏nicas orientadas a agilizar la solicitud y la gesti髇 de los alquileres sociales obligatorios. Las medidas legales que ha adoptado el legislador en el 醡bito de Catalu馻 y del Estado con el fin de evitar la p閞dida de la vivienda habitual a consecuencia de la pandemia son totalmente excepcionales.

Seis a駉s despu閟 de la aprobaci髇 por unanimidad de la Ley 24/2015, es necesario responder a este contexto y actualizar la norma mediante un nuevo acuerdo parlamentario, social y municipal que proteja a los colectivos m醩 vulnerables de la sociedad.

Las prescripciones de esta ley emanan, a su vez, de varios mandatos del Parlamento de Catalu馻, como la Moci髇 4/XII, sobre pol韙icas de vivienda, aprobada por el Pleno del Parlamento el 5 de julio de 2018; la Resoluci髇 92/XII, sobre la priorizaci髇 de la agenda social y la recuperaci髇 de la convivencia, aprobada por el Pleno del Parlamento el 11 de octubre de 2018; la Moci髇 13/XII, sobre la pobreza infantil, aprobada por el Pleno del Parlamento el 25 de octubre de 2018, o la Resoluci髇 133/XII, sobre la ocupaci髇 de viviendas, aprobada por la Comisi髇 de Territorio del Parlamento de Catalu馻 el 31 de octubre de 2018.

La presente ley afronta los retos inmediatos, que no admiten demora, atendiendo a la gravedad de la situaci髇 descrita, mediante medidas de refuerzo urgentes para evitar la inminente p閞dida de la vivienda habitual de miles de familias en Catalu馻, fundamentalmente, mediante alquileres sociales.

IV

La presente ley se estructura en quince art韈ulos –distribuidos en tres cap韙ulos–, una disposici髇 adicional, una disposici髇 transitoria y una disposici髇 final. Las medidas de ampliaci髇 en materia de vivienda requieren la modificaci髇 de algunas disposiciones de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda; de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, y de la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protecci髇 del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusi髇 residencial.

El cap韙ulo I modifica algunos preceptos de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, en cuanto a las medidas ante la desocupaci髇 permanente de viviendas, para regular esta situaci髇 constitutiva de un incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad de la vivienda. En este sentido, ajusta los supuestos de vivienda vac韆 y regula las competencias para declarar la utilizaci髇 o situaci髇 an髆ala de las viviendas y para requerir a las personas responsables para que adopten las medidas necesarias para corregirlas y ordenar su ejecuci髇 forzosa en caso de incumplimiento del requerimiento y, en su caso, para sancionar la utilizaci髇 o la situaci髇 an髆ala si es constitutiva de una infracci髇 administrativa en la materia.

El cap韙ulo II, mediante la modificaci髇 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, pasa a considerar grandes tenedores de vivienda a las personas jur韉icas que tienen la titularidad de m醩 de diez viviendas, a diferencia de las m醩 de quince viviendas establecidas hasta ahora; de este modo, la norma se adapta a las medidas aprobadas en el 醡bito estatal. Tambi閚 extiende el plazo del mecanismo de la cesi髇 obligatoria regulado por el art韈ulo 7 de la Ley para adaptarlo a la legislaci髇 sobre arrendamientos urbanos.

Asimismo, establece que los contratos de alquiler social deben renovarse obligatoriamente si, una vez finalizada su duraci髇 m醲ima, los ocupantes de la vivienda todav韆 se encuentran dentro de los par醡etros legales de exclusi髇 residencial.

Por otra parte, se hace extensiva la obligaci髇 de realizar una propuesta de alquiler social antes de interponer una demanda judicial con relaci髇 a cualquier acci髇 ejecutiva derivada de la reclamaci髇 de una deuda hipotecaria y otras demandas de desahucio por vencimiento de la duraci髇 m醲ima del t韙ulo que legitima la ocupaci髇 o por la falta de dicho t韙ulo en determinadas circunstancias. Por 鷏timo, se ampl韆 la duraci髇 m韓ima de los contratos de alquiler social.

Finalmente, tras la experiencia de los servicios municipales en la gesti髇 de las solicitudes de alquiler social obligatorio de los ciudadanos beneficiados por la norma desde que entr� en vigor hasta el momento de la aprobaci髇 de la presente ley, se incluyen tres nuevos elementos orientados a garantizar el acceso de las personas beneficiadas por la norma al derecho a un alquiler social y facilitar la gesti髇 y tramitaci髇 de las solicitudes de alquiler social.

El cap韙ulo III modifica la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protecci髇 del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusi髇 residencial, con el objetivo de alcanzar una mayor eficacia en la expropiaci髇 temporal de viviendas vac韆s por causa de inter閟 social.

V閍se la Res. de 15 de diciembre de 2022, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 2 de diciembre de 2022, de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado, en relaci髇 con la Ley de Catalu馻 1/2022, de 3 de marzo, de modificaci髇 de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda (獴.O.E.� 11 enero 2023).LE0000745589_20230111

Cap韙ulo I
Modificaci髇 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda

Art韈ulo 1 Modificaci髇 del art韈ulo 5 de la Ley 18/2007

1. Se modifica la letra b del apartado 2 del art韈ulo 5 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, que queda redactada del siguiente modo:

• 玝) La vivienda o el edificio de viviendas est閚 desocupados de forma permanente e injustificada durante un per韔do de m醩 de dos a駉s. Ni la ocupaci髇 de estas viviendas sin t韙ulo habilitante ni la transmisi髇 de su titularidad a favor de una persona jur韉ica alteran la situaci髇 de incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad.�

LE0000253994_20230318

2. Se modifica la letra d del apartado 2 del art韈ulo 5 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, que queda redactada del siguiente modo:

• 玠) No se destine a residencia habitual y permanente de personas, si es una vivienda de protecci髇 oficial o una vivienda reservada para el planeamiento urban韘tico a este tipo de residencia.�

LE0000253994_20230318

3. Se modifica la letra f del apartado 2 del art韈ulo 5 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, que queda redactada del siguiente modo:

• 玣) Se incumpla la obligaci髇 de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer una demanda judicial en los t閞minos que establece la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica.�

LE0000253994_20230318

T閚gase en cuenta que, conforme establece la Sentencia TC (Sala Pleno) de 8 octubre 2024 N鷐. rec.: 3955/2022, N鷐. sent.: 120/2024, se declaran爄nconstitucionales y nulos, con los efectos previstos en el fundamento jur韉ico 9, los siguientes preceptos: arts. 1.3, que modifica la letra f) del art. 5.2 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda ; 7, que a馻de el apartado 5 al art韈ulo 126 de la Ley 18/2007; 11, que a馻de el art. 10, a la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica; y 12, que a馻de la disposici髇 adicional primera a la Ley 24/2015, afectando la declaraci髇 de inconstitucionalidad y nulidad a los apartados 1, 2 e inciso “y, en cualquier caso, no inferior a cinco a駉s si el titular de la vivienda es una persona f韘ica y no inferior a siete a駉s si es una persona jur韉ica” del apartado 3; y disposici髇 transitoria.JU0010604404

4. Se a馻de un apartado, el 2 bis, al art韈ulo 5 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, con el siguiente texto:

�2 bis. Los supuestos a los que se refieren las letras b y d del apartado 2 constituyen un incumplimiento del deber de los propietarios de las edificaciones de dedicarlas a usos compatibles con la ordenaci髇 territorial y urban韘tica.�

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5. Se a馻de un apartado, el 3 bis, al art韈ulo 5 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, con el siguiente texto:

�3 bis. Las administraciones competentes en materia de vivienda pueden declarar el incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad de las viviendas en caso de que los propietarios hayan sido requeridos para adoptar las medidas necesarias para cumplir la funci髇 social de la propiedad y hayan incumplido el requerimiento en el plazo establecido. La declaraci髇 del incumplimiento de la funci髇 social puede comportar la adopci髇 de las medidas de ejecuci髇 forzosa que determina la legislaci髇 en materia de vivienda y, en los supuestos del apartado 2 bis, las establecidas por la legislaci髇 en materia de suelo, incluida la expropiaci髇 forzosa en los casos establecidos por ley.�

LE0000253994_20230318El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 13 de septiembre de 2022, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 4038-2022, contra los art韈ulos 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 7, 10 -en cuanto da nueva redacci髇 al art. 7.1.c) Ley 24/2015-, 11, 12, 15 y la disposici髇 transitoria de la Ley del Parlamento de Catalu馻 1/2022, de 3 de marzo (獴.O.E.� 21 septiembre).LE0000737893_20220921

Art韈ulo 2 Modificaci髇 del art韈ulo 41 de la Ley 18/2007

Se modifica la letra a del apartado 1 del art韈ulo 41 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, que queda redactada del siguiente modo:

• 玜) La desocupaci髇 permanente e injustificada a la que se refiere el art韈ulo 5.2.b. Se asimila a esta utilizaci髇 an髆ala la de los edificios inacabados que est閚 destinados a vivienda, con m醩 del 80% de sus obras de construcci髇 ejecutadas, despu閟 de que hayan transcurrido m醩 de dos a駉s desde la finalizaci髇 del plazo para terminarlos.�

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 13 de septiembre de 2022, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 4038-2022, contra los art韈ulos 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 7, 10 -en cuanto da nueva redacci髇 al art. 7.1.c) Ley 24/2015-, 11, 12, 15 y la disposici髇 transitoria de la Ley del Parlamento de Catalu馻 1/2022, de 3 de marzo (獴.O.E.� 21 septiembre).LE0000737893_20220921LE0000253994_20230318

Art韈ulo 3 Modificaci髇 del art韈ulo 42 de la Ley 18/2007

Se a馻den dos apartados, el 6 y el 7, al art韈ulo 42 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, con el siguiente texto:

�6. En el caso de viviendas de titularidad de personas jur韉icas privadas, si la Administraci髇 requiere a la persona responsable para que adopte las medidas necesarias para ocupar legal y efectivamente una o varias viviendas para que constituyan la residencia de personas, debe advertirle en la misma resoluci髇 de que, si la vivienda no se ocupa legal y efectivamente en el plazo que establezca, se podr� exigir la ejecuci髇 forzosa de las medidas requeridas mediante la imposici髇 de una multa coercitiva. En la situaci髇 asimilada relativa a los edificios de viviendas inacabadas, el mencionado requerimiento debe incluir las medidas necesarias para terminar previamente las obras de edificaci髇.

7. En los supuestos establecidos legalmente, la advertencia a la que se refiere el apartado 6 debe incluir la posibilidad de declarar el incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad al efecto de iniciar el procedimiento para su expropiaci髇 forzosa.�

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 13 de septiembre de 2022, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 4038-2022, contra los art韈ulos 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 7, 10 -en cuanto da nueva redacci髇 al art. 7.1.c) Ley 24/2015-, 11, 12, 15 y la disposici髇 transitoria de la Ley del Parlamento de Catalu馻 1/2022, de 3 de marzo (獴.O.E.� 21 septiembre).LE0000737893_20220921LE0000253994_20230318

Art韈ulo 4 Modificaci髇 del art韈ulo 113 de la Ley 18/2007

Se a馻de un apartado, el 2 bis, al art韈ulo 113 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, con el siguiente texto:

�2 bis. La multa coercitiva a la que se refiere el art韈ulo 42.6 tiene un importe de mil euros por cada vivienda por lapsos de tiempo de un mes mientras permanezcan desocupados, con un importe m醲imo total del 50% del precio estimado de la vivienda.�

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 13 de septiembre de 2022, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 4038-2022, contra los art韈ulos 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 7, 10 -en cuanto da nueva redacci髇 al art. 7.1.c) Ley 24/2015-, 11, 12, 15 y la disposici髇 transitoria de la Ley del Parlamento de Catalu馻 1/2022, de 3 de marzo (獴.O.E.� 21 septiembre).LE0000737893_20220921LE0000253994_20230318

Art韈ulo 5 Modificaci髇 del art韈ulo 123 de la Ley 18/2007

Se modifica la letra h del apartado 1 del art韈ulo 123 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, que queda redactada del siguiente modo:

• 玥) Incumplir un requerimiento para que se ocupe legal y efectivamente una vivienda para que constituya la residencia de personas.�

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 13 de septiembre de 2022, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 4038-2022, contra los art韈ulos 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 7, 10 -en cuanto da nueva redacci髇 al art. 7.1.c) Ley 24/2015-, 11, 12, 15 y la disposici髇 transitoria de la Ley del Parlamento de Catalu馻 1/2022, de 3 de marzo (獴.O.E.� 21 septiembre).LE0000737893_20220921LE0000253994_20230318

Art韈ulo 6 Modificaci髇 del art韈ulo 124 de la Ley 18/2007

1. Se modifica la letra f del apartado 1 del art韈ulo 124 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, que queda redactada del siguiente modo:

• 玣) Negarse a suministrar datos a la Administraci髇, obstruir o no facilitar las funciones de informaci髇, control o inspecci髇, o incumplir las obligaciones de comunicaci髇 veraz de los datos que deben ser objeto de inscripci髇 en el Registro de viviendas vac韆s y de viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante y en el Registro de grandes tenedores de vivienda.�

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2. Se modifica la letra j del apartado 2 del art韈ulo 124 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, que queda redactada del siguiente modo:

• 玧) Incumplir, en la formulaci髇 de la propuesta obligatoria de alquiler social, los requisitos legales vigentes en el momento que corresponda formalizarla.�

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 13 de septiembre de 2022, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 4038-2022, contra los art韈ulos 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 7, 10 -en cuanto da nueva redacci髇 al art. 7.1.c) Ley 24/2015-, 11, 12, 15 y la disposici髇 transitoria de la Ley del Parlamento de Catalu馻 1/2022, de 3 de marzo (獴.O.E.� 21 septiembre).LE0000737893_20220921

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Art韈ulo 7Modificaci髇 del art韈ulo 126 de la Ley 18/2007

Se a馻de un apartado, el 5, al art韈ulo 126 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, con el siguiente texto:

�5. En caso de transmisi髇 de la vivienda, si el nuevo propietario es una persona jur韉ica, este se subroga en la posici髇 del anterior al efecto de asumir las consecuencias del incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad, con independencia de cu醤do se inici� la desocupaci髇.�

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T閚gase en cuenta que, conforme establece la Sentencia TC (Sala Pleno) de 8 octubre 2024 N鷐. rec.: 3955/2022, N鷐. sent.: 120/2024, se declaran inconstitucionales y nulos, con los efectos previstos en el fundamento jur韉ico 9, los siguientes preceptos: arts. 1.3, que modifica la letra f) del art. 5.2 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda ; 7, que a馻de el apartado 5 al art韈ulo 126 de la Ley 18/2007; 11, que a馻de el art. 10, a la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica; y 12, que a馻de la disposici髇 adicional primera a la Ley 24/2015, afectando la declaraci髇 de inconstitucionalidad y nulidad a los apartados 1, 2 e inciso “y, en cualquier caso, no inferior a cinco a駉s si el titular de la vivienda es una persona f韘ica y no inferior a siete a駉s si es una persona jur韉ica” del apartado 3; y disposici髇 transitoria.JU0010604404

Art韈ulo 8 Adici髇 de una disposici髇 adicional a la Ley 18/2007

Se a馻de una disposici髇 adicional, la vig閟ima s閜tima, a la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, con el siguiente texto:

玍ig閟ima s閜tima Registro de grandes tenedores de vivienda

1. Se crea el Registro de grandes tenedores de vivienda, con car醕ter administrativo, que depende de la Agencia de la Vivienda de Catalu馻, en el que deben inscribirse las personas jur韉icas que sean grandes tenedores de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 5 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica.

2. La inscripci髇 en el Registro debe realizarse en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente ley o desde el cumplimiento de los requisitos que originan la obligaci髇 de inscribirse en el Registro.

3. Los grandes tenedores que sean personas jur韉icas deben comunicar a la Agencia de la Vivienda de Catalu馻 el n鷐ero y la relaci髇 de viviendas de las que son titulares.

4. La Agencia de la Vivienda de Catalu馻 debe colaborar con los entes locales, comarcales y supramunicipales y con la Administraci髇 de justicia para facilitar la consulta de los datos recogidos.�

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Cap韙ulo II
Modificaci髇 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica

Art韈ulo 9 Modificaci髇 del art韈ulo 5 de la Ley 24/2015

1. Se modifica el apartado 4 del art韈ulo 5 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, que queda redactado del siguiente modo:

�4. Las personas obligadas a ofrecer una propuesta de alquiler social deben notificar al ayuntamiento del municipio donde est� ubicada la vivienda y a la Agencia de la Vivienda de Catalu馻 la comunicaci髇 que efect鷈n a los afectados con relaci髇 a su derecho a un alquiler social obligatorio, as� como la oferta concreta a la que se refieren los apartados 1 y 2, en el plazo de tres d韆s h醔iles desde que la hayan efectuado.�

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2. Se modifica la letra b del apartado 9 del art韈ulo 5 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, que queda redactada del siguiente modo:

玝) Las personas jur韉icas que, por s� solas o a trav閟 de un grupo de empresas, sean titulares de m醩 de diez viviendas ubicadas en territorio del Estado, con las siguientes excepciones:

• 1.� Los promotores sociales a los que se refieren las letras a y b del art韈ulo 51.2 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
• 2.� Las personas jur韉icas que tengan m醩 de un 15% de la superficie habitable de la propiedad calificado como viviendas de protecci髇 oficial destinadas a alquiler.
• 3.� Las entidades privadas sin 醤imo de lucro que proveen de vivienda a personas y familias en situaci髇 de vulnerabilidad residencial.

9 bis. A los efectos de la presente ley, se entiende por grupo de empresas lo que determina el art韈ulo 42.1 del C骴igo de comercio, aprobado por el Real decreto de 22 de agosto de 1885.�

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Art韈ulo 10 Modificaci髇 del art韈ulo 7 de la Ley 24/2015

Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 7 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, que queda redactado del siguiente modo:

�1. La Administraci髇 puede resolver la cesi髇 obligatoria de viviendas, por un per韔do de siete a駉s, para incorporarlas al Fondo de viviendas de alquiler para pol韙icas sociales, en el caso de viviendas vac韆s que sean propiedad de personas jur韉icas y siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

• a) Que el propietario de la vivienda sea sujeto pasivo, no exento, obligado al pago del impuesto sobre las viviendas vac韆s, de acuerdo con lo que establece la ley que regula este impuesto.
• b) Que este sujeto pasivo disponga de viviendas vac韆s en un municipio en el que exista, como m韓imo, una unidad familiar en una de las situaciones de riesgo de exclusi髇 residencial definidas por esta ley sin soluci髇 en lo que respecta a la vivienda.
• c) Que el propietario haya incumplido el requerimiento relativo a la obligaci髇 de que la vivienda sea ocupada legalmente para constituir la residencia de las personas, el cual advierte de que, si el propietario no acredita la ocupaci髇 de la vivienda en el plazo de un mes, puede declararse el incumplimiento de la funci髇 social de la vivienda a efectos de iniciar el procedimiento para la cesi髇 obligatoria en los t閞minos establecidos por este art韈ulo.�El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 13 de septiembre de 2022, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 4038-2022, contra los art韈ulos 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 7, 10 -en cuanto da nueva redacci髇 al art. 7.1.c) Ley 24/2015-, 11, 12, 15 y la disposici髇 transitoria de la Ley del Parlamento de Catalu馻 1/2022, de 3 de marzo (獴.O.E.� 21 septiembre).LE0000737893_20220921

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Art韈ulo 11Adici髇 del art韈ulo 10 a la Ley 24/2015

Se a馻de un art韈ulo, el 10, a la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, con el siguiente texto:

獳rt韈ulo 10Renovaci髇 de los contratos de alquiler social obligatorio

Las personas o unidades familiares afectadas por contratos de alquiler social que llegan al final del plazo fijado tienen derecho a formalizar un nuevo contrato, por una 鷑ica vez y de acuerdo con las condiciones que determina la presente ley, siempre que acrediten que siguen cumpliendo los requisitos de exclusi髇 residencial establecidos por el art韈ulo 5.7. A tal efecto, el titular de la vivienda debe requerir a los afectados, al menos cuatro meses antes de la fecha de expiraci髇 del contrato, para que presenten la documentaci髇 acreditativa.�

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T閚gase en cuenta que, conforme establece la Sentencia TC (Sala Pleno) de 8 octubre 2024 N鷐. rec.: 3955/2022, N鷐. sent.: 120/2024, se declaran inconstitucionales y nulos, con los efectos previstos en el fundamento jur韉ico 9, los siguientes preceptos: arts. 1.3, que modifica la letra f) del art. 5.2 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda ; 7, que a馻de el apartado 5 al art韈ulo 126 de la Ley 18/2007; 11, que a馻de el art. 10, a la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica; y 12, que a馻de la disposici髇 adicional primera a la Ley 24/2015, afectando la declaraci髇 de inconstitucionalidad y nulidad a los apartados 1, 2 e inciso “y, en cualquier caso, no inferior a cinco a駉s si el titular de la vivienda es una persona f韘ica y no inferior a siete a駉s si es una persona jur韉ica” del apartado 3; y disposici髇 transitoria.JU0010604404

Art韈ulo 12Adici髇 de una disposici髇 adicional a la Ley 24/2015

Se a馻de una disposici髇 adicional, la primera, a la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, con el siguiente texto:

玃rimeraOfrecimiento de propuesta de alquiler social

1. La obligaci髇 establecida por el art韈ulo 5.2 de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer determinadas demandas judiciales se hace extensiva, en los mismos t閞minos, a cualquier acci髇 ejecutiva derivada de la reclamaci髇 de una deuda hipotecaria y a las demandas de desahucio siguientes:

• a) Por vencimiento de la duraci髇 del t韙ulo jur韉ico que habilita la ocupaci髇 de la vivienda. La propuesta de alquiler social es exigible durante un per韔do de cinco a駉s en caso de que el gran tenedor sea una persona f韘ica; de siete a駉s en caso de que el gran tenedor sea una persona jur韉ica de acuerdo con el art韈ulo 5.9.b y d, y de doce a駉s en caso de que el gran tenedor sea una persona jur韉ica de acuerdo con el art韈ulo 5.9.a y c. En todos los casos, estos per韔dos son contados a partir de la entrada en vigor de la Ley de modificaci髇 de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda.
• b) Por falta de t韙ulo jur韉ico que habilite la ocupaci髇 de la vivienda, si la falta de t韙ulo proviene de un proceso instado por un gran tenedor, ya sea de ejecuci髇 hipotecaria o de cualquier acci髇 ejecutiva derivada de la reclamaci髇 de una deuda hipotecaria contra el actual ocupante de la vivienda.
• c) Por falta de t韙ulo jur韉ico que habilite la ocupaci髇 de la vivienda, si el demandante tiene la condici髇 de gran tenedor de acuerdo con el art韈ulo 5.9.a y c, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
  • 1.� Que la vivienda est� inscrita en el Registro de viviendas vac韆s y de viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante o sea susceptible de estar inscrita en 閘.�
  • 2.� Que los ocupantes acrediten, por cualquier medio admitido en derecho, que la ocupaci髇 sin t韙ulo se inici� antes del 1 de junio de 2021.
  • 3.� Que en los 鷏timos dos a駉s los ocupantes no hayan rechazado ninguna opci髇 de realojamiento social adecuado que les haya ofrecido cualquier administraci髇 p鷅lica o de acuerdo con el art韈ulo 5.2.
  • 4.� Que los servicios municipales emitan informe favorable sobre el cumplimiento de los par醡etros de riesgo de exclusi髇 residencial por parte de los ocupantes y sobre su arraigo y convivencia en el entorno vecinal.
  El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 24 de enero de 2023, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 8118-2022, contra el art韈ulo 12 de la Ley de la Generalitat de Catalu馻 1/2022, de 3 de marzo, 鷑icamente en cuanto a la disposici髇 adicional primera, apartado 1.c, que se a馻de a la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica (獴.O.E.� 1 febrero).LE0000746814_20230201

2. Los procedimientos iniciados en los que no se haya acreditado la formulaci髇 de la oferta de alquiler social deben interrumpirse para que la oferta pueda formularse y acreditarse. Una vez se hayan efectuado alegaciones o haya transcurrido el plazo concedido, si no se ha acreditado el ofrecimiento del alquiler social obligatorio o si existe discusi髇 entre las partes sobre si la oferta cumple, o no, los requisitos legales, el juzgado debe dar traslado de la situaci髇 a la administraci髇 competente en materia de alquiler social obligatorio, y el procedimiento debe continuar de acuerdo con los tr醡ites correspondientes. La informaci髇 que debe remitirse es toda la relevante en caso de que el juzgado tenga el consentimiento de la parte demandada; en caso de que no la tenga, debe limitarse a la identidad del gran tenedor, la identificaci髇 del inmueble y si la situaci髇 es de falta de acreditaci髇 del ofrecimiento o de discusi髇 sobre si se cumplen o no los requisitos legales.

3. Los contratos de alquiler social obligatorio que se suscriban de acuerdo con lo establecido por la presente ley deben tener una duraci髇 m韓ima igual que la fijada por la normativa vigente en materia de arrendamientos urbanos y, en cualquier caso, no inferior a cinco a駉s si el titular de la vivienda es una persona f韘ica y no inferior a siete a駉s si es una persona jur韉ica.�

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T閚gase en cuenta que, conforme establece la Sentencia TC (Sala Pleno) de 8 octubre 2024 N鷐. rec.: 3955/2022, N鷐. sent.: 120/2024, se declaran inconstitucionales y nulos, con los efectos previstos en el fundamento jur韉ico 9, los siguientes preceptos: arts. 1.3, que modifica la letra f) del art. 5.2 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda ; 7, que a馻de el apartado 5 al art韈ulo 126 de la Ley 18/2007; 11, que a馻de el art. 10, a la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica; y 12, que a馻de la disposici髇 adicional primera a la Ley 24/2015, afectando la declaraci髇 de inconstitucionalidad y nulidad a los apartados 1, 2 e inciso “y, en cualquier caso, no inferior a cinco a駉s si el titular de la vivienda es una persona f韘ica y no inferior a siete a駉s si es una persona jur韉ica” del apartado 3; y disposici髇 transitoria.JU0010604404

Art韈ulo 13 Adici髇 de una disposici髇 adicional a la Ley 24/2015

Se a馻de una disposici髇 adicional, la cuarta, a la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, con el siguiente texto:

獶isposici髇 adicional cuarta Medidas de fomento y concertaci髇 de alquiler social

1. La Generalidad debe arbitrar v韆s positivas de fomento y concertaci髇 con los grandes tenedores de las viviendas en las que vivan unidades familiares en riesgo de exclusi髇 residencial para evitar que estas unidades familiares pierdan su vivienda habitual.

2. Los grandes tenedores a los que se refiere el art韈ulo 5.9.b y d que est閚 obligados a ofrecer el alquiler social de una vivienda de su propiedad pueden solicitar que la vivienda sea arrendada por la Agencia de la Vivienda de Catalu馻, en los siguientes t閞minos:

• a) La Agencia de la Vivienda de Catalu馻 debe arrendar la vivienda por el per韔do que resulte de la aplicaci髇 de la normativa vigente en materia de arrendamientos urbanos, en funci髇 del car醕ter de persona f韘ica o jur韉ica del propietario de la vivienda.
• b) La Agencia de la Vivienda de Catalu馻 debe satisfacer al gran tenedor, en concepto de renta, el equivalente al m骴ulo de las viviendas de protecci髇 oficial, teniendo en cuenta que hasta que no se apruebe la orden a la que se refiere el apartado 5 del art韈ulo 83 bis de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, debe aplicarse la renta correspondiente a las viviendas de protecci髇 oficial de r間imen especial. En caso de que este importe sea superior al resultante de aplicar el 韓dice medio de referencia, para el c醠culo de la renta debe utilizarse este nuevo valor.

3. Los grandes tenedores a los que se refiere el art韈ulo 5.9.b no pueden solicitar que sus viviendas sean arrendadas por la Agencia de la Vivienda de Catalu馻 si forman parte de un grupo de empresas o tienen v韓culos de subordinaci髇 o coordinaci髇 con los grandes tenedores a los que se refiere el art韈ulo 5.9.a y c.

4. En caso de que un gran tenedor solicite el arrendamiento de la vivienda de acuerdo con lo establecido por esta disposici髇 adicional, mantiene la obligaci髇 de renovar el contrato de acuerdo con lo que determina el art韈ulo 10. Una vez finalizado el contrato con la Agencia de la Vivienda de Catalu馻, el gran tenedor podr� optar entre formalizar un nuevo contrato de alquiler social por cuenta propia o solicitar a la Agencia de la Vivienda de Catalu馻 que lo formalice en las condiciones establecidas por esta disposici髇 adicional.

5. Las solicitudes de arrendamiento de viviendas a la Agencia de la Vivienda de Catalu馻 a las que se refiere esta disposici髇 adicional deben presentarse antes de la interposici髇 de la demanda judicial correspondiente, salvo en el supuesto al que se refiere la disposici髇 transitoria de la Ley de modificaci髇 de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda, en cuyo caso se puede solicitar el arrendamiento a pesar de que el procedimiento judicial est� en tr醡ite. El gran tenedor, mediante declaraci髇 responsable, debe comprometerse a solicitar la suspensi髇 del procedimiento judicial cuando la Agencia Catalana de la Vivienda le reconozca el arrendamiento regulado por esta disposici髇.

6. La Agencia de la Vivienda de Catalu馻 puede denegar las solicitudes de arrendamiento de viviendas realizadas con anterioridad a la interposici髇 de las demandas judiciales en caso de que considere que la situaci髇 de impagos puede resolverse con el otorgamiento de las ayudas al inquilino que tenga establecidos.

7. Las solicitudes de alquiler a la Agencia de la Vivienda de Catalu馻 reguladas por el apartado 2 pueden referirse tanto a viviendas que queden sujetas a alquiler social obligatorio a partir de la entrada en vigor de esta disposici髇 adicional, como a viviendas que ya tengan contratos de alquiler social obligatorio en vigor. En este 鷏timo caso, la formalizaci髇 del contrato entre la Agencia de la Vivienda de Catalu馻 y el gran tenedor requiere el consentimiento de la parte arrendataria.

8. Si la Agencia de la Vivienda de Catalu馻 estima la solicitud de arrendamiento regulada por esta disposici髇 y el propietario de la vivienda no firma el contrato en el plazo de dos meses desde el momento en que le haya sido notificado, se inicia de oficio el procedimiento sancionador por incumplimiento de la realizaci髇 de la oferta de alquiler social contenida en el art韈ulo 5.�

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Art韈ulo 14 Adici髇 de una disposici髇 transitoria a la Ley 24/2015

Se a馻de una disposici髇 transitoria, la cuarta, a la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, con el siguiente texto:

獵uarta Acreditaci髇 de la situaci髇 de riesgo de exclusi髇 residencial para formalizar los contratos de alquiler social obligatorio

1. Mientras no se regule por reglamento la forma de acreditar la situaci髇 de riesgo de exclusi髇 residencial, los afectados deben presentar a las personas obligadas a formular la oferta de alquiler social la documentaci髇 acreditativa de su identidad, sus ingresos, la falta de alternativa de vivienda propia y su situaci髇 de empadronamiento efectivo en la vivienda.

2. La documentaci髇 acreditativa de la situaci髇 de riesgo de exclusi髇 residencial puede ser entregada, en nombre de los afectados, por los servicios que las administraciones p鷅licas hayan habilitado al efecto, tales como el Servicio Ofideute de la Generalidad.

3. Mientras esta ley no se desarrolle por reglamento, las personas obligadas a ofrecer un alquiler social a las personas en situaci髇 de riesgo de exclusi髇 residencial disponen de un mes para presentarles la oferta, a contar desde el momento en que hayan recibido la documentaci髇 acreditativa a la que se refiere el apartado 1. Si, una vez aceptada la oferta de alquiler social, el contrato de alquiler no puede formalizarse hasta la obtenci髇 de la c閐ula de habitabilidad, la oferta sigue vigente hasta la concesi髇 de la c閐ula.�

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Cap韙ulo III
Modificaci髇 de la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protecci髇 del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusi髇 residencial

Art韈ulo 15 Modificaci髇 del art韈ulo 15 de la Ley 4/2016

Se modifican los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del art韈ulo 15 de la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protecci髇 del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusi髇 residencial, que quedan redactados del siguiente modo:

�1. Puede aplicarse la expropiaci髇 forzosa por causa de inter閟 social a efectos de dotar a las administraciones competentes en la materia de un parque social de viviendas asequibles de alquiler para atender con car醕ter preferente las necesidades de vivienda de las personas que se encuentran en situaci髇 de exclusi髇 residencial o que est醤 en riesgo de encontrarse en esta situaci髇. Con este fin, es causa de inter閟 social el incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad, relativa a la ocupaci髇 legal y efectiva de la vivienda para que constituya la residencia de las personas. Si la expropiaci髇 forzosa es solo del uso de la vivienda, la duraci髇 debe ser por un per韔do de siete a駉s como m醲imo.

2. Para aplicar la expropiaci髇 forzosa por incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad a la que se refiere el apartado 1, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

• a) Que los inmuebles est閚 ubicados en las 醨eas indicadas por el art韈ulo 12.5 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, o en los municipios que el Gobierno declare por decreto, atendiendo a las necesidades de vivienda y el parque de viviendas disponibles. Para determinar estos municipios, debe darse audiencia a las entidades locales afectadas y tener en cuenta la participaci髇 del Consejo de Gobiernos Locales o de las organizaciones asociativas de los entes locales m醩 representativas.
• b) Que las viviendas est閚 inscritas en el Registro de viviendas vac韆s y de viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante, o sean susceptibles de estar inscritas, o pertenezcan a personas jur韉icas que las hayan adquirido de un titular de viviendas inscritas en el Registro en primera o ulteriores transmisiones, aunque el titular actual sea un fondo de titulizaci髇 de activos o la adquisici髇 se haya efectuado mediante la transmisi髇 de acciones o participaciones de sociedades mercantiles.

3. En el supuesto al que se refiere el apartado 1, son administraciones expropiantes los municipios y el departamento competente en materia de vivienda. Pueden ser beneficiarias las entidades de derecho p鷅lico que gestionen el parque social de viviendas y las entidades privadas sin 醤imo de lucro que, de acuerdo con la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, gestionen viviendas de inserci髇 o tengan la condici髇 de promotor social de viviendas. Las administraciones expropiantes o, en su caso, las beneficiarias quedan obligadas a cumplir la funci髇 social de las viviendas adquiridas en el plazo de un mes a partir del momento en que se encuentren en condiciones de uso efectivo y adecuado.

4. Es requisito para iniciar el procedimiento de expropiaci髇 al que se refiere el apartado 2 requerir previamente al titular de la vivienda afectada para que cumpla la obligaci髇 de que sea ocupada legalmente para constituir la residencia de las personas, con la advertencia de que, si no acredita su ocupaci髇 en el plazo de un mes, puede declararse el incumplimiento de la funci髇 social de la vivienda a efectos de iniciar el procedimiento para la expropiaci髇 y de que, de conformidad con el art韈ulo 49.3 del texto refundido de la Ley del suelo y de rehabilitaci髇 urbana, el contenido del derecho de propiedad se reduce en un 50% de su valor, cuya diferencia corresponde a la Administraci髇 expropiante. La Administraci髇 y la persona titular de la vivienda pueden convenir la adquisici髇 de la vivienda o de su uso temporal libremente y por mutuo acuerdo para destinarla al alquiler social en el plazo de tres meses, en cuyo supuesto concluye el procedimiento de expropiaci髇 que se hubiera iniciado y la cesi髇 se convierte en amistosa.

5. Atendiendo a la necesidad urgente a satisfacer, la resoluci髇 de inicio del expediente de expropiaci髇 forzosa lleva impl韈ita la declaraci髇 de urgente ocupaci髇, a los efectos de lo establecido por el art韈ulo 52 de la Ley sobre expropiaci髇 forzosa.

6. Para determinar el justiprecio mediante el acuerdo de las partes, deben tenerse en cuenta los criterios de alquiler social establecidos por el art韈ulo 5.7 de la Ley 24/2015. Si no hay acuerdo, el justiprecio debe ser fijado por el Jurado de Expropiaci髇 de Catalu馻 de acuerdo con su normativa reguladora. En la determinaci髇 del justiprecio debe tenerse en cuenta el coste de la adecuaci髇 de la vivienda para conservarla en las condiciones exigibles, de acuerdo con el art韈ulo 30 de la Ley 18/2007.�

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Disposici髇 transitoriaObligaciones de ofrecer y de renovar un alquiler social

Las obligaciones de ofrecer y renovar un alquiler social al que se refieren la disposici髇 adicional primera y el art韈ulo 10 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, son aplicables tambi閚 en caso de que los correspondientes procedimientos judiciales se hayan iniciado antes de la entrada en vigor de la presente ley y todav韆 est閚 en tramitaci髇.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 13 de septiembre de 2022, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 4038-2022, contra los art韈ulos 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 7, 10 -en cuanto da nueva redacci髇 al art. 7.1.c) Ley 24/2015-, 11, 12, 15 y la disposici髇 transitoria de la Ley del Parlamento de Catalu馻 1/2022, de 3 de marzo (獴.O.E.� 21 septiembre).LE0000737893_20220921

T閚gase en cuenta que, conforme establece la Sentencia TC (Sala Pleno) de 8 octubre 2024 N鷐. rec.: 3955/2022, N鷐. sent.: 120/2024, se declaran inconstitucionales y nulos, con los efectos previstos en el fundamento jur韉ico 9, los siguientes preceptos: arts. 1.3, que modifica la letra f) del art. 5.2 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda ; 7, que a馻de el apartado 5 al art韈ulo 126 de la Ley 18/2007; 11, que a馻de el art. 10, a la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica; y 12, que a馻de la disposici髇 adicional primera a la Ley 24/2015, afectando la declaraci髇 de inconstitucionalidad y nulidad a los apartados 1, 2 e inciso “y, en cualquier caso, no inferior a cinco a駉s si el titular de la vivienda es una persona f韘ica y no inferior a siete a駉s si es una persona jur韉ica” del apartado 3; y disposici髇 transitoria.JU0010604404