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Ley 4/2023, de 27 de abril, del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias

Ficha:
  • 觬ganoPRESIDENCIA DEL GOBIERNO VASCO
  • Publicado en BOPV n鷐. 87 de 10 de Mayo de 2023 y BOE n鷐. 135 de 07 de Junio de 2023
  • Vigencia desde 11 de Mayo de 2023
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
LE0000752724_20230511Ir a NormaBOPV 17 Mayo. Correcci髇 de errores de la L 4/2023, de 27 Abr. CA Pa韘 Vasco (Estatuto de las personas consumidoras y usuarias)
Ley 4/2023, 27 abril rectificada por Correcci髇 de errores (獴.O.P.V. 17 mayo).LE0000752724_20230511Ir a Norma correctora

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 4/2023, de 27 de abril, del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

Han pasado m醩 de 15 a駉s desde la entrada en vigor, el 31 de diciembre de 2003, del Estatuto Vasco de las Personas Consumidoras y Usuarias, aprobado por la Ley 6/2003, de 22 de diciembre. Durante este tiempo, la perspectiva de la protecci髇 de los derechos en materia de consumo ha cambiado sustancialmente, tanto por la modificaci髇 de la realidad social sobre la que tal producci髇 normativa ha de actuar como por la importante ampliaci髇 del acervo jur韉ico producido en los 鷏timos a駉s, especialmente, en el entorno de la Uni髇 Europea.

De un lado, es indudable que la sociedad reclama la consideraci髇 y el fomento de un consumo responsable, en l韓ea con el objetivo n.12, 玃roducci髇 y consumo responsables, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. Se trata de potenciar nuevos h醔itos y actitudes que faciliten relaciones de consumo ajustadas a criterios de racionalidad y sostenibilidad, propiciando un consumo moderado, informado, reflexivo y consciente, con especial atenci髇 a la preservaci髇 del medio ambiente, la calidad de vida, la especificidad cultural, el endeudamiento familiar, la igualdad de mujeres y hombres, los riesgos admisibles y los dem醩 factores que determinan un desarrollo socioecon髆ico individual y colectivo responsable. Al mismo tiempo, la experiencia de la crisis econ髆ica sufrida en los 鷏timos a駉s ha puesto de manifiesto la necesidad de prestar especial protecci髇 a las personas consumidoras o usuarias vulnerables y a los colectivos o grupos de personas que se encuentren en situaci髇 de inferioridad, subordinaci髇, indefensi髇 o discriminaci髇, en su condici髇 de consumidoras o usuarias.

A tales circunstancias hay que a馻dir el cambio sustancial de los h醔itos de consumo que se ha producido en los 鷏timos tiempos. En efecto, hoy en d韆 asistimos a un mercado con tipos de productos y formas de uso muy novedosas, en gran medida de car醕ter tecnol骻ico, ofrecidos usualmente en p醙inas web, a trav閟 de empresas diferentes, lo que dificulta identificar en cada caso el car醕ter de la intervenci髇, la posici髇 y la responsabilidad jur韉ica de cada una de ellas. A ello se une el incremento considerable de las contrataciones a distancia o fuera de establecimiento mercantil, la relajaci髇 documental en las contrataciones, el aumento tanto de contratos verbales o sin formalizaci髇 escrita como de contratos de adhesi髇, as como la aparici髇 de nuevas formas de publicitar y comercializar los productos a distancia, sobre todo en el 醡bito de la prestaci髇 de servicios, lo que conlleva una sucesi髇 de distintas empresas prestadoras que concurren en la misma relaci髇 de consumo.

De otro lado, el cambio del marco normativo de referencia exige tambi閚 una labor de adaptaci髇 y actualizaci髇 normativa en nuestro 醡bito. En este sentido, la Uni髇 Europea ha dictado gran n鷐ero de normas de protecci髇 en materia de consumo, regulando numerosos sectores y estableciendo mecanismos de protecci髇 tendentes a facilitar la ejecuci髇 real y efectiva de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, a los que m醩 adelante nos referiremos. As mismo, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, refundi la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y las normas de transposici髇 de las directivas comunitarias dictadas en materia de protecci髇 de las personas consumidoras y usuarias que incid韆n en los aspectos regulados en ella. La disposici髇, que ha sido objeto de varias modificaciones posteriores, se馻la entre sus preceptos los que tienen car醕ter b醩ico y los que se dictan al amparo de competencias exclusivas del Estado, estableciendo un marco a partir del cual ha de desarrollarse el Estatuto vasco de las Personas Consumidoras y Usuarias.

En el 醡bito organizativo interno, la creaci髇 de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, mediante la Ley 9/2007, de 29 de junio, marca un hito que naturalmente ha de ser considerado en la nueva regulaci髇. Dicho organismo aut髇omo, que tiene como objetivos definir, planificar, impulsar y ejecutar las pol韙icas del Gobierno Vasco en materia de defensa y protecci髇 de las personas consumidoras y usuarias, asume con car醕ter general todas las competencias y funciones que con anterioridad correspond韆n al 髍gano del Gobierno Vasco competente en materia de consumo. Esta nueva estructura organizativa facilita una mejor y m醩 r醦ida respuesta a las exigencias sociales cada vez mayores para asesorar y encauzar los conflictos que surgen en relaci髇 con el consumo.

II

La protecci髇 de los intereses de las personas consumidoras y usuarias es uno de los principios rectores de la pol韙ica social y econ髆ica, que exige disponer de un marco jur韉ico adecuado para garantizar la seguridad, la salud y los leg韙imos intereses econ髆icos, con especial atenci髇 a la informaci髇 y a la educaci髇; en virtud de lo dispuesto por el art韈ulo 51 de la Constituci髇, es una obligaci髇 de todos los poderes p鷅licos, que, en consecuencia, alcanza tanto al Estado como a las comunidades aut髇omas y a la Administraci髇 local.

La materia 玞onsumo, entendida como el conjunto de reglas jur韉icas que tienen por objeto proteger a las personas consumidoras y usuarias, tiene car醕ter pluridisciplinar o trasversal y se articula a trav閟 de distintos sectores de la actividad administrativa, como la ordenaci髇 sanitaria, la industria, el comercio o los transportes. El Tribunal Constitucional ha puesto de relieve la dificultad de deslindar esta competencia, pues la defensa de las personas consumidoras 玡s un concepto de tal amplitud y de contornos tan imprecisos que supone encontrarnos ante una 玬ateria que se caracteriza ante todo por su contenido pluridisciplinar, en la que se concita una amplia variedad de materias y es frecuente que una norma pueda estar comprendida en m醩 de una de las reglas definitorias de competencias. En efecto, la regulaci髇 atinente a la protecci髇 del consumo puede ser parte de la legislaci髇 civil o mercantil, del derecho procesal, del r間imen sobre determinados productos (farmac閡ticos, explosivos, entre otros) o del comercio interior; adem醩 de ello, es susceptible de integrar las bases y la coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la econom韆, las bases y coordinaci髇 general de la sanidad o la regulaci髇 de las condiciones b醩icas que garanticen la igualdad de todos los espa駉les en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes.

En todo caso, la jurisprudencia constitucional ha ido elaborando una serie de reglas competenciales que han de ser consideradas, entre otras, de un lado, la reserva al Estado de las determinaciones legales que afecten al contenido de los contratos, as como el r間imen de responsabilidad civil, el r間imen de garant韆s, mediante el establecimiento de un servicio de posventa obligatorio, el r間imen de la tutela judicial y las reglas de legitimaci髇 en orden al acceso de las personas consumidoras y usuarias a los tribunales y la regulaci髇 del arbitraje y las cl醬sulas abusivas; de otro lado, la atribuci髇 al 醡bito legislativo auton髆ico de los aspectos jur韉ico-administrativos de las relaciones de consumo, en especial, de determinados tipos de ventas, de las normas preventivas contra las cl醬sulas abusivas y de aquellas que abordan aspectos administrativos sobre la condici髇 y capacidad jur韉ica de las personas comerciantes, as como el derecho de informaci髇 de las personas consumidoras y usuarias, a lo que hay que a馻dir el desarrollo de las bases estatales, en las materias citadas.

III

La presente ley contiene 163 art韈ulos, dos disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y una disposici髇 final. La ley, que se estructura en siete t韙ulos, contiene una regulaci髇 completa y sistem醫ica de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y de las actuaciones administrativas encaminadas a su promoci髇 y garant韆, de cuyo contenido, por su car醕ter novedoso, podemos destacar las siguientes cuestiones:

  • – La declaraci髇, en el art韈ulo 17, del principio de consumo responsable, que orientar las relaciones de consumo hacia criterios de racionalidad y sostenibilidad; y, m醩 concretamente, con la finalidad de evitar el despilfarro alimentario, la regulaci髇 en el art韈ulo 18 de dos medidas referidas a los establecimientos que presten servicios de restauraci髇, sin coste alguno para la clientela: de un lado, el ofrecimiento de agua de grifo para su consumo, y, de otro, poder llevarse los alimentos que no se hayan consumido, tras informarla de esta posibilidad de manera clara y visible, a trav閟 de la carta o men o de avisos colocados en el establecimiento.
  • – La obligaci髇, que se recoge en el art韈ulo 23.1, de que los servicios m閐icos, tanto de Osakidetza-Servicio vasco de salud como de car醕ter privado, comuniquen los riesgos derivados del uso o consumo de un producto, que conozcan por raz髇 de la atenci髇 prestada.
  • – La prohibici髇, recogida en el art韈ulo 30, de vender bienes y servicios a domicilio, salvo que la visita haya sido aceptada previa y expresamente por las personas interesadas, correspondiendo a la empresa acreditar dicha aceptaci髇.
  • – La protecci髇 contra abusos contractuales a trav閟 de la difusi髇 de cl醬sulas y pr醕ticas empresariales abusivas, informando sobre su contenido y caracter韘ticas y las empresas que las realizan, cuando hayan sido objeto de sanci髇 administrativa o declaraci髇 judicial en tal concepto, de conformidad con la previsi髇 del art韈ulo 35.2.
  • – En los suministros a las viviendas habituales de servicios de car醕ter b醩ico de inter閟 general, tales como agua, electricidad, gas, tel閒ono o Internet, la obligaci髇 de las empresas de ofrecer un plazo de subsanaci髇 a la persona usuaria, antes de interrumpir la prestaci髇, de conformidad con el art韈ulo 36.
  • – La regulaci髇, en el art韈ulo 37, de los servicios de atenci髇 a la clientela de las personas empresarias, las cuales deber醤 poner a disposici髇 de las personas consumidoras y usuarias una direcci髇 postal y, as mismo, una direcci髇 electr髇ica o un n鷐ero de tel閒ono de tipo geogr醘ico; y, en el caso de grandes establecimientos comerciales, su personal habr de contar con formaci髇 acreditada en materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.
  • – El impulso de c骴igos de buenas pr醕ticas empresariales y la posibilidad de que Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo participe en su elaboraci髇, en los t閞minos del art韈ulo 40.
  • – La previsi髇 contenida en los art韈ulos 42.3 y 155, que permite que la resoluci髇 sancionadora en materia de consumo pueda acordar igualmente la obligaci髇 de resarcir por los da駉s y perjuicios ocasionados y determinar el importe de la correspondiente indemnizaci髇, que ser ejecutiva por la v韆 de apremio.
  • – La obligaci髇 establecida por el art韈ulo 49, a cuyo tenor, los parques o espacios recreativos, autopistas y cualesquiera otras empresas que ofrezcan al p鷅lico un servicio o actividad cuyo disfrute pueda verse afectado por obras de mantenimiento o reparaci髇, afluencia de un elevado n鷐ero de personas, previsi髇 de condiciones meteorol骻icas adversas u otras circunstancias que puedan afectar al desarrollo de la actividad, deber醤 facilitar dicha informaci髇 para que pueda ser tenida en cuenta por las personas consumidoras y usuarias antes de su contrataci髇.
  • – La exigencia, establecida por el art韈ulo 50, de que las ofertas en l韓ea de servicios t閏nicos, asistencia al hogar, reparaci髇 u otros similares, informen con claridad a las personas consumidoras y usuarias acerca de la identidad de la empresa con la que vaya a celebrarse el contrato y de la responsabilidad que sobre tal contrataci髇 corresponde a las oferentes.
  • – La previsi髇 del art韈ulo 52, que permite a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo dar difusi髇 de las reclamaciones planteadas, sus motivos, las empresas y los sectores afectados, cuando sea conveniente para garantizar la salud, la seguridad o los intereses econ髆icos y sociales de las personas consumidoras y usuarias o su derecho a la informaci髇.
  • – Una regulaci髇 completa y sistem醫ica, en el cap韙ulo VII del t韙ulo III, de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, estableciendo sus principios de actuaci髇 y los requerimientos de independencia y transparencia exigibles para poder utilizar tal denominaci髇, as como los requisitos necesarios para ser consideradas asociaciones representativas.
  • – La apuesta clara, en el t韙ulo IV de la ley, por la promoci髇 de los sistemas alternativos de resoluci髇 de conflictos, a trav閟 de la regulaci髇 de la mediaci髇; la consideraci髇 de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo como autoridad competente para la acreditaci髇 de entidades de resoluci髇 alternativa de conflictos en materia de consumo en el 醡bito de Euskadi; y la introducci髇 de la adhesi髇 al arbitraje como regla general en el sector p鷅lico y en el 醡bito de la contrataci髇 p鷅lica, as como su valoraci髇 en los premios de calidad y en el otorgamiento de ayudas y subvenciones.
  • – La inclusi髇 en el t韙ulo V de una regulaci髇 completa y sistem醫ica y con car醕ter general –no solo en el 醡bito del procedimiento sancionador– de las actuaciones administrativas de vigilancia y control de bienes y servicios y, entre ellas, las medidas provisionales a adoptar en caso de riesgo, la toma de muestras, incluidas las compras de prueba, y la pr醕tica de an醠isis, en concordancia con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas y en la normativa de la Uni髇 Europea.
  • – Al abordar la regulaci髇 de la inspecci髇 de consumo, la autorizaci髇, en el art韈ulo 118.2, al personal inspector a no identificarse, cuando por tal motivo pueda frustrarse la finalidad de su actuaci髇 o en aquellos supuestos en los que 閟ta se realice en entornos incompatibles con la identificaci髇; la previsi髇 expresa, en el art韈ulo 122.h), de la toma de muestras y compras de prueba bajo identidad encubierta, cuando sea necesario para comprobar el cumplimiento de la normativa afectada; previsiones que se completan con la posibilidad, reflejada en el art韈ulo 118.2, de realizar inspecciones sin presencia de la persona objeto de las actuaciones cuando no haya obligaci髇 de identificarse, todo ello en l韓ea con los criterios establecidos en las 鷏timas normas de la Uni髇 Europea.
  • – La inclusi髇 en la regulaci髇 de la potestad sancionadora de un extenso cat醠ogo de infracciones, en los art韈ulos 135 a 142, ajustado al panorama normativo actual, as como, la posibilidad de publicar, sin car醕ter de sanci髇, una relaci髇 sucinta de las infracciones cometidas en los 鷏timos tres a駉s, con objeto de que las personas consumidoras y usuarias puedan conocerlas y prevenir la continuidad de las conductas il韈itas, seg鷑 establece el art韈ulo 154.

IV

Por lo que ata馿 a las competencias municipales, la nueva regulaci髇 no se propone innovar el dise駉 que ha venido funcionando con plena satisfacci髇 hasta la fecha, al amparo de la normativa vigente. As, se parte de lo establecido por el art韈ulo 17.1.11) de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, a cuyo tenor los municipios podr醤 ejercer competencias propias en el 醡bito material de ordenaci髇 y gesti髇 de la defensa y protecci髇 de las personas consumidoras y usuarias. En tal marco, la presente ley, tras atribuir a los ayuntamientos la funci髇 de velar por la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en el 醡bito de su territorio, concretamente establece que, cuando dispongan de personal inspector, podr醤 ejercer funciones de vigilancia y control de bienes y servicios, as como la potestad sancionadora, en los t閞minos se馻lados por el art韈ulo 134.d), siempre que se trate de empresas y establecimientos domiciliados en su t閞mino municipal y la infracci髇 se haya cometido en tal 醡bito. El precepto citado delimita la competencia municipal a la imposici髇 de sanciones de multa de hasta 50.000 euros por la comisi髇 de infracciones leves y graves.

De otro lado, la ley atribuye igualmente a los ayuntamientos funciones de fomento y apoyo de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, actuaciones de informaci髇 y formaci髇 de las personas consumidoras y usuarias y de tramitaci髇 de quejas, reclamaciones y denuncias. Y dispone que dichos cometidos se desarrollar醤 a trav閟 de las oficinas municipales de informaci髇 a las personas consumidoras y usuarias, cuando los ayuntamientos, en ejercicio de su potestad de autoorganizaci髇, se doten de ellas. En tales casos, las oficinas de informaci髇 podr醤 tramitar quejas, reclamaciones y denuncias, as como realizar las funciones de mediaci髇 que se regulan en el t韙ulo IV.

En definitiva, la opci髇 del legislador permite complementar la actuaci髇 de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, de car醕ter m醩 especializado y con una visi髇 m醩 global de las pol韙icas p鷅licas en materia de consumo, con la de los distintos municipios, que cuentan con una mayor cercan韆 a las personas consumidoras y usuarias, as como la aplicaci髇, en el caso de concurrencia de actuaciones administrativas, de los principios de especialidad, subsidiariedad, cooperaci髇, coordinaci髇 y unidad de acci髇, tal y como establece el art韈ulo 7 de la ley, con el objetivo de ofrecer una mejor y m醩 eficaz protecci髇 a las personas consumidoras y usuarias.

V

El t韙ulo I de la ley, sobre disposiciones generales, aborda su objeto y 醡bito de aplicaci髇 y establece un principio general de protecci髇 de las personas consumidoras y usuarias, as como las definiciones m醩 relevantes utilizadas en el texto normativo.

El t韙ulo II, que se estructura en dos cap韙ulos, contempla las competencias de las administraciones p鷅licas de Euskadi. El cap韙ulo I se馻la las competencias en materia de protecci髇 de las personas consumidoras y usuarias que corresponden al Gobierno Vasco y a sus distintos departamentos, a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, as como a los ayuntamientos; igualmente, regula los principios aplicables a los supuestos de concurrencia de actuaciones administrativas y la cooperaci髇 administrativa.

El cap韙ulo II, dedicado a la Comisi髇 Consultiva de Consumo de Euskadi, establece su naturaleza, funciones, composici髇 y funcionamiento.

El t韙ulo III de la ley se dedica a los derechos de las personas consumidoras y usuarias, y se divide en ocho cap韙ulos, con el contenido que se indica a continuaci髇. El cap韙ulo I, sobre disposiciones generales, tras enumerar los derechos de las personas consumidoras y usuarias –que son objeto de desarrollo en los cap韙ulos siguientes–, establece los 醡bitos o las situaciones a las que deber orientarse con car醕ter preferente la actuaci髇 protectora; as mismo, recoge el principio de irrenunciabilidad de los derechos en materia de consumo, de interpretaci髇 favorable a las personas consumidoras y usuarias, de buena fe y equilibrio de las posiciones jur韉icas, as como el principio de consumo responsable; y regula, en concreto, dos medidas contra el despilfarro alimentario, a las que ya nos hemos referido al se馻lar las novedades de esta ley. En coherencia con lo expuesto, finaliza el cap韙ulo condicionando las actuaciones en materia de consumo a la asunci髇 por las personas consumidoras y usuarias de las responsabilidades que enumera.

El cap韙ulo II regula el derecho a la protecci髇 frente a riesgos que afecten a la salud y la seguridad; en tal sentido, declara el deber general de seguridad, a cuyo tenor, los bienes y servicios puestos a disposici髇 de las personas consumidoras o usuarias han de ser seguros, por remisi髇 al Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos, y al resto de la normativa que sea de aplicaci髇; as mismo, establece el deber de informar sobre los riesgos, as como de comunicaci髇 de riesgos por parte de los servicios m閐icos, antes se馻lada.

El cap韙ulo III aborda el derecho a la protecci髇 de los intereses econ髆icos y sociales, en cuatro secciones. La secci髇 primera regula el derecho a la conformidad de los bienes y servicios y las pr醕ticas comerciales, establece el contenido de las ofertas comerciales y obliga a reprimir las pr醕ticas comerciales il韈itas o agresivas; proh韇e, como se ha dicho, la venta a domicilio sin previa cita y declara el derecho a que consten por escrito las condiciones de las ofertas realizadas verbalmente antes de interrumpir la prestaci髇 de que se trate.

La secci髇 segunda, sobre el principio de no discriminaci髇 y la protecci髇 contra abusos contractuales, recoge el derecho a acceder sin discriminaci髇 a los bienes y servicios, dentro de las disponibilidades del oferente, y proh韇e que se establezca una diferenciaci髇 en los precios en funci髇 del g閚ero; igualmente, establece la necesidad de actuar preventivamente contra los abusos contractuales y prev la obligaci髇 –antes citada– que incumbe a las empresas de servicios de car醕ter b醩ico de inter閟 general en vivienda habitual, de ofrecer un plazo a la persona interesada antes de interrumpir la prestaci髇.

La secci髇 tercera regula los servicios de atenci髇 a la clientela en las empresas, estableciendo –como ya se ha se馻lado– la obligaci髇 de poner a disposici髇 de las personas consumidoras y usuarias una direcci髇 postal y, as mismo, una direcci髇 electr髇ica o un n鷐ero de tel閒ono, que ser de tipo geogr醘ico. Proclama tambi閚 la atenci髇 diligente de las personas empresarias en la satisfacci髇 de las quejas y reclamaciones que se pudieran formular y establece unas normas m韓imas de obligado cumplimiento. Finalmente, en el caso de grandes establecimientos comerciales, exige que el servicio sea atendido por personal con formaci髇 acreditada en la materia; as mismo, en servicios de car醕ter b醩ico de inter閟 general en las viviendas, requiere que haya un tel閒ono de atenci髇 urgente.

La secci髇 cuarta, finalmente, ordena promover los c骴igos de buenas pr醕ticas como instrumento para la protecci髇 de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y de mejora de la regulaci髇 del mercado; y atribuye a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y a los ayuntamientos en su caso el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes para hacer cesar las actividades lesivas para los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias.

El cap韙ulo IV, dedicado al derecho a la reparaci髇 del da駉 derivado de bienes y servicios, contiene uno de los aspectos novedosos de esta ley –que ya se ha anticipado–, que permite contemplar en la propia resoluci髇 sancionadora el importe de la indemnizaci髇 de da駉s y perjuicios ocasionados a la persona consumidora o usuaria.

El cap韙ulo V, relativo al derecho a la informaci髇 de las personas consumidoras y usuarias, est estructurado en tres secciones. La primera, que establece el contenido del derecho a la informaci髇 sobre los bienes y servicios, regula la informaci髇 m韓ima del etiquetado y la presentaci髇 de los bienes y servicios; la publicidad de las ofertas promocionales; y, adem醩, la informaci髇 sobre precios y otras informaciones, entre las que destaca la obligaci髇 –ya citada– de las empresas que desarrollen determinadas actividades o servicios de indicar, antes de la contrataci髇, las incidencias que puedan afectar a su 髉timo disfrute. La secci髇 segunda, sobre actuaciones administrativas de informaci髇, tras enumerar los tipos de actuaciones, prev, de un lado, la difusi髇 de las reclamaciones planteadas, a la que ya se ha hecho alusi髇; y, de otro, las campa馻s espec韋icas de informaci髇. Finalmente, la secci髇 tercera tiene por objeto las oficinas de informaci髇 a las personas consumidoras y usuarias, previendo su creaci髇 y coordinaci髇, as como sus funciones.

El cap韙ulo VI, que regula el derecho a la educaci髇 y a la formaci髇 en materia de consumo, establece una serie de actuaciones y responsabilidades de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo en orden a su promoci髇.

El cap韙ulo VII, sobre derecho de representaci髇, participaci髇 y consulta, se estructura en cuatro secciones, que ofrecen una regulaci髇 completa de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias. En la secci髇 primera se incluyen las disposiciones generales sobre el reconocimiento y fomento del asociacionismo, la definici髇 del concepto de asociaciones de personas consumidoras y usuarias, vinculado a su inscripci髇 en el registro espec韋ico, y la fijaci髇 de los requisitos de las asociaciones representativas en el 醡bito de Euskadi, a quienes se otorga legitimaci髇 para representar los intereses generales o difusos de las personas consumidoras y usuarias en este 醡bito.

En la secci髇 segunda se establecen los principios de actuaci髇 y los requisitos de independencia y transparencia que deben cumplir todas las asociaciones de personas consumidoras y usuarias para poder utilizar esa denominaci髇, y se dispone la obligaci髇 de depositar sus cuentas anuales en Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

En la secci髇 tercera se regulan las funciones y los derechos de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y la colaboraci髇 entre asociaciones de personas consumidoras y usuarias y organizaciones empresariales.

Finalmente, en la secci髇 cuarta se ordena el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi y se prev la baja de la inscripci髇, por una duraci髇 no inferior a cinco a駉s de aquellas asociaciones que incumplan los requisitos exigibles, realicen actividades prohibidas o divulguen, dolosa o negligentemente, informaci髇 err髇ea de la que se deriven da駉s o perjuicios para personas terceras. La baja de la inscripci髇 tendr una duraci髇 entre dos y cinco a駉s en el caso de aquellas asociaciones que no puedan acreditar haber desarrollado durante el periodo de un a駉 las actividades que les son propias.

El cap韙ulo VIII aborda la regulaci髇 de los derechos lingsticos de las personas consumidoras y usuarias, partiendo de los principios que inspiraron la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, b醩ica de normalizaci髇 del uso del Euskera y la Ley 2/2012, de 9 de febrero, de modificaci髇 de la Ley 6/2003, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, en el sentido de entender que, en el 醡bito de la utilizaci髇 de los idiomas oficiales por las personas particulares no integradas en la Administraci髇 p鷅lica, es preferible la disposici髇 de medidas de fomento y est韒ulo que refuercen la oportunidad de facilitar a la ciudadan韆 el uso de cualquiera de las lenguas cooficiales en los diferentes 醡bitos en que se desenvuelve.

Por ello, partiendo de la configuraci髇 del derecho de toda persona consumidora y usuaria a expresarse en la lengua oficial que escoja, la ley ofrece distintas respuestas seg鷑 la relaci髇 de aquellas se trabe con las entidades p鷅licas o el sector privado. Con respecto a las primeras, la ley define su posici髇 en t閞minos an醠ogos a los vigentes con anterioridad, de forma que, adem醩 de la puesta a disposici髇 de las personas consumidoras y usuarias de una serie de documentos y otros elementos en euskera o en castellano o de forma biling黣, comprende tambi閚 el derecho de disponibilidad lingstica de dichas personas, esto es, el derecho a ser atendidas por las entidades p鷅licas en la lengua oficial que elijan.

Junto a ello, la ordenaci髇 del sector privado se ci馿 a establecer ciertas obligaciones en relaci髇 con los documentos y otros elementos que han de facilitarse en los idiomas oficiales, por parte de las empresas de sectores de car醕ter b醩ico de inter閟 general, as como por los grandes establecimientos comerciales, para cuya efectividad la disposici髇 adicional primera concede el plazo de un a駉.

En coherencia con ese planteamiento, la ley hace un llamamiento a las administraciones p鷅licas con competencias en la materia para que de forma coordinada articulen las medidas y los programas de promoci髇 y fomento que permitan avanzar en la efectividad del ejercicio de los derechos lingsticos que la ley reconoce a las personas consumidoras y usuarias. Para facilitar el conocimiento de esa efectividad, la disposici髇 adicional segunda prev la cumplimentaci髇 voluntaria peri骴ica de cuestionarios.

El t韙ulo IV, sobre actuaciones administrativas en el 醡bito de la resoluci髇 de conflictos de consumo, se enmarca en la regulaci髇 vigente, constituida fundamentalmente por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediaci髇 en asuntos civiles y mercantiles y la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jur韉ico espa駉l la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resoluci髇 alternativa de litigios en materia de consumo. El t韙ulo est dividido en cuatro cap韙ulos:

En el cap韙ulo I, sobre disposiciones generales, se establece la obligaci髇 de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo de llevar a cabo las actuaciones necesarias para que las personas consumidoras y usuarias y las empresas puedan disponer de sistemas alternativos de resoluci髇 de conflictos.

En el cap韙ulo II se regulan las quejas, reclamaciones y denuncias, as como las hojas de reclamaciones a disposici髇 de las personas consumidoras o usuarias, respecto de las que se prev la utilizaci髇 de medios electr髇icos.

En el cap韙ulo III se regula la mediaci髇, estableciendo los principios de actuaci髇 y el procedimiento, as como la consideraci髇 de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo como autoridad competente para la acreditaci髇 de entidades de resoluci髇 alternativa de conflictos en materia de consumo, en el 醡bito territorial de Euskadi.

Finalmente, en el cap韙ulo IV se contempla el arbitraje y se encomienda a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo articular el sistema arbitral de consumo, en coordinaci髇 con los ayuntamientos, a trav閟 de la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi. Como novedad –ya se馻lada–, se establece la adhesi髇 al arbitraje en el sector p鷅lico y en las empresas que contraten con las administraciones p鷅licas vascas, as como su valoraci髇 en el otorgamiento de premios de calidad y ayudas y subvenciones.

El t韙ulo V regula las actuaciones administrativas de vigilancia y control, en tres cap韙ulos. En el cap韙ulo I, sobre medidas de car醕ter general, se establecen los principios de actuaci髇 y se atribuyen a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo facultades de control y vigilancia de bienes y servicios, que ser醤 igualmente aplicables a los ayuntamientos que dispongan de personal inspector.

En el cap韙ulo II se regula expresamente, por primera vez con car醕ter general –y no solo en el 醡bito del procedimiento sancionador, como ya se ha se馻lado–, las medidas provisionales que pueden adoptarse en caso de riesgo, con arreglo al principio de proporcionalidad y siguiendo el procedimiento que se establece.

Igualmente, en el cap韙ulo III se abordan –con igual car醕ter general para todas las actuaciones– la toma de muestras y las compras de prueba, incluso en la venta a distancia, as como la pr醕tica de an醠isis, con previsi髇 de la responsabilidad por los gastos derivados de tales operaciones y los distintos supuestos que pueden darse.

El t韙ulo VI contempla la inspecci髇 de consumo. Destaca, por su novedad, como ya se ha dicho, la previsi髇 expresa que autoriza al personal inspector a no identificarse cuando por tal circunstancia pueda frustrarse la finalidad de su actuaci髇. As mismo, se regulan el 醡bito, los criterios y los principios de actuaci髇, los deberes, la condici髇 de autoridad, las funciones y facultades del personal inspector, las obligaciones de las personas objeto de inspecci髇, el deber de colaboraci髇, las modalidades de actuaci髇 y su documentaci髇.

Finalmente, el t韙ulo VII de la ley regula la potestad sancionadora, en seis cap韙ulos. En el cap韙ulo I, sobre disposiciones generales, se establece su 醡bito de aplicaci髇, la validez de documentos admitidos por otras administraciones y los 髍ganos competentes para sancionar.

El cap韙ulo II contiene una extensa tipificaci髇 de las infracciones, que se ajusta al panorama normativo vigente, distinguiendo entre infracciones en materia de protecci髇 de la salud y seguridad de las personas consumidoras y usuarias; infracciones por alteraci髇, adulteraci髇, fraude o enga駉; infracciones en materia de informaci髇, comercializaci髇 y condiciones de venta y suministro de bienes y servicios; infracciones en materia de informaci髇 precontractual; infracciones en materia de contratos con personas consumidoras y usuarias; infracciones en materia de garant韆 y servicio posventa; infracciones en relaci髇 con las actuaciones de vigilancia, control e inspecci髇 y otras infracciones.

En el cap韙ulo III se regula la calificaci髇 de las infracciones, partiendo, como criterio general, de considerarlas como leves, salvo que concurra una o m醩 de las circunstancias que establece: como criterio espec韋ico, se califican como graves o muy graves los incumplimientos que se se馻lan expresamente, y que hacen referencia al r間imen de contrataci髇 fuera del establecimiento o a distancia; a la falta de ofrecimiento de determinada informaci髇 en relaci髇 con la resoluci髇 alternativa de litigios; a la negativa, tras un segundo o posterior requerimiento, a facilitar datos o informaciones expresamente solicitadas; as como la comisi髇 de otra infracci髇 en los dos a駉s anteriores.

El cap韙ulo IV se estructura en tres secciones y regula las sanciones principales y accesorias y su graduaci髇, de acuerdo con las circunstancias que establece. Como novedades, ya se馻ladas, hay que citar la posibilidad de publicar las infracciones cometidas, que no tiene car醕ter de sanci髇, y la previsi髇 en la propia resoluci髇 sancionadora de la indemnizaci髇 de da駉s y perjuicios a la persona perjudicada. El t韙ulo se cierra con los cap韙ulos V, sobre responsabilidad, y VI, sobre prescripci髇 y caducidad.

Finalmente, las disposiciones transitorias primera y segunda mantienen la vigencia de los actuales decretos que establecen, respectivamente, los requisitos de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias representativas, as como la regulaci髇 de las hojas de reclamaciones, hasta que se desarrollen reglamentariamente los preceptos que en la presente ley contemplan dichas cuestiones. La disposici髇 transitoria tercera establece para las m醧uinas autom醫icas dispensadoras de bienes o servicios un plazo de adaptaci髇 de dos a駉s para el cumplimiento de la obligaci髇 recogida en el art韈ulo 25.3. La disposici髇 derogatoria deja sin vigor la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, as como el Decreto 123/2008, de 1 de julio, sobre los derechos lingsticos de las personas consumidoras y usuarias, en aquellos de sus contenidos que no encuentren acomodo en la ley. Por 鷏timo, la disposici髇 final regula la entrada en vigor de la ley al d韆 siguiente de su publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial del Pa韘 Vasco.

T蚑ULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art韈ulo 1.– Objeto y 醡bito de aplicaci髇

1.– La presente ley tiene por objeto la protecci髇, defensa y promoci髇 de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Euskadi.

2.– Quedan excluidas del 醡bito de aplicaci髇 de esta ley las relaciones entre las administraciones p鷅licas o los entes del sector p鷅lico y las personas consumidoras y usuarias, cuando lleven a cabo actividades de servicio p鷅lico por las que no haya de pagarse contraprestaci髇 o esta sea de naturaleza tributaria.

Art韈ulo 2.– Principio general de protecci髇 de las personas consumidoras y usuarias

La defensa y protecci髇 de las personas consumidoras y usuarias guiar醤 la actuaci髇 de las administraciones p鷅licas de la Comunidad Aut髇oma de Euskadi y, en particular, de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

Art韈ulo 3.– Definiciones

A los efectos de esta ley, se entiende por:

  • a) Brecha digital: diferencias entre colectivos sociales en el acceso, uso o impacto de las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇 (TIC). Estos colectivos se definen en funci髇 de criterios socioecon髆icos, geogr醘icos, de g閚ero, edad y diversidad funcional.
  • b) C骴igo de buenas pr醕ticas: conjunto de normas de car醕ter voluntario en el marco de la autorregulaci髇 empresarial, que definen el comportamiento de personas empresarias que se comprometen a cumplirlas en relaci髇 con una o m醩 pr醕ticas comerciales o sectores econ髆icos y cuyo objeto es mejorar la informaci髇, protecci髇 y defensa de las personas consumidoras y usuarias.
  • c) Consumo responsable: Se entiende por consumo responsable aquel que se realiza de forma moderada y reflexiva y basado en la libre, consciente e informada toma de decisiones en funci髇 de criterios econ髆icos, sociales, laborales y medioambientales.
  • d) Denuncia: comunicaci髇 ante la Administraci髇 de unos determinados hechos relativos a una relaci髇 de consumo, que pueden ser constitutivos de infracci髇 administrativa. La denuncia deber expresar la identidad de la persona que la formule, la fecha en que se produjeron los hechos y, cuando sea posible, la identificaci髇 de los presuntos responsables.
  • e) Distintivo de calidad: signo externo o visible que pueden otorgar las administraciones p鷅licas o los organismos legalmente acreditados a las personas empresarias que se adhieran a determinados c骴igos de buenas pr醕ticas o a los bienes o servicios que tengan marcas de garant韆.
  • f) Establecimiento comercial: toda instalaci髇 inmueble en la que se practique la venta al por menor o en la que se ejerza una profesi髇 u oficio de forma permanente, o toda instalaci髇 m髒il en la que la persona empresaria ejerce su actividad de forma habitual.
  • g) Queja: manifestaci髇 que realiza una persona consumidora o usuaria, expresando su disconformidad sobre un bien o servicio objeto de una relaci髇 de consumo, sin ejercer otras pretensiones.
  • h) Mediaci髇 de consumo: procedimiento a trav閟 del cual la intervenci髇 de una tercera persona imparcial, neutral y experta intenta ayudar a las partes de una relaci髇 de consumo en la consecuci髇, por ellas mismas, de un acuerdo satisfactorio para ambas.
  • i) Personas consumidoras y usuarias: las personas f韘icas que act鷈n con un prop髎ito ajeno a una actividad comercial, empresarial, oficio o profesi髇. En todo caso, se presume que las personas f韘icas ostentan la condici髇 de consumidoras o usuarias, salvo prueba en contrario.

    Son tambi閚 personas consumidoras o usuarias las personas jur韉icas y las entidades sin personalidad jur韉ica que act鷈n sin 醤imo de lucro en un 醡bito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

  • j) Personas consumidoras y usuarias vulnerables: aquellas personas f韘icas que, de forma individual o colectiva, respecto de relaciones concretas de consumo, por sus caracter韘ticas, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situaci髇 de subordinaci髇, indefensi髇 o desprotecci髇 que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras o usuarias en condiciones de igualdad.

    Lo indicado en este art韈ulo se aplicar sin perjuicio de la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicaci髇.

  • k) Persona empresaria: toda persona f韘ica o jur韉ica, ya sea privada o p鷅lica, que act鷈 directamente o a trav閟 de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un prop髎ito relacionado con su actividad comercial o empresarial, oficio o profesi髇.
  • l) Persona o entidad productora: quien fabrica el bien o presta el servicio o su persona intermediaria, o quien importa el bien o servicio en el territorio de la Uni髇 Europea, as como cualquier persona que se presente como tal al indicar en el bien –ya sea en el envase, en el envoltorio o en cualquier otro elemento de protecci髇 o presentaci髇– o servicio su nombre, marca u otro signo distintivo.
  • m) Persona o entidad proveedora o distribuidora: la persona empresaria que suministra o distribuye bienes en el mercado, cualquiera que sea el t韙ulo o contrato en virtud del cual realice dicha distribuci髇, con inclusi髇 de las personas minoristas.
  • n) Pr醕tica comercial: todo acto, omisi髇, conducta, manifestaci髇 o comunicaci髇 comercial, incluida la publicidad y la comercializaci髇, directamente relacionado con la promoci髇, la venta o el suministro de bienes o servicios, incluidos los inmuebles, con independencia de que sea realizada antes, durante o despu閟 de una operaci髇 comercial.

    No tienen la consideraci髇 de pr醕ticas comerciales las relaciones de naturaleza contractual.

  • o) Precio: cualquier contraprestaci髇, dineraria o de otro tipo, que deban realizar las personas consumidoras y usuarias para la adquisici髇 de un bien o la prestaci髇 de un servicio, con independencia de que se presente bajo la denominaci髇 de puntos, canon, matr韈ula u otras an醠ogas.
  • p) Reclamaci髇: manifestaci髇 que realiza una persona consumidora o usuaria, poniendo en conocimiento de la Administraci髇 su disconformidad sobre un bien o servicio objeto de una relaci髇 de consumo, unida a la solicitud de que se cumplimente correctamente o se sustituya la prestaci髇 y en su caso se le resarza de los da駉s y perjuicios sufridos.
  • q) Relaci髇 de consumo: relaci髇 jur韉ica establecida entre una persona consumidora o usuaria y una persona empresaria, que comprende la informaci髇, oferta, promoci髇, publicidad, comercializaci髇, utilizaci髇, venta y suministro de bienes o servicios, incluidos aquellos de car醕ter digital, y cuantas obligaciones se deriven de tales aspectos.
  • r) Resoluci髇 alternativa de conflictos: cualquier procedimiento distinto del jurisdiccional que permita poner fin a las controversias surgidas en el marco de una relaci髇 de consumo.
  • s) Riesgo: probabilidad de que la salud, la seguridad o los intereses econ髆icos de las personas consumidoras o usuarias sufran un da駉 o perjuicio derivado de la utilizaci髇, el consumo o la presencia de un producto, bien o servicio.
  • t) Servicios de car醕ter b醩ico de inter閟 general: los de suministro de agua, gas, electricidad, servicios de telefon韆, financieros y de seguros, postales, transporte a閞eo, ferroviario y por carretera, protecci髇 de la salud, saneamiento y residuos, as como aquellos que legalmente se determinen.
  • u) Empresa de servicios b醩icos: aquellas que atienden los servicios esenciales para la ciudadan韆 y empresas, tales como agua, energ韆, telefon韆 o seguros.

T蚑ULO II
COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES P贐LICAS DE EUSKADI

CAP蚑ULO I
COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES

Art韈ulo 4.– Competencias de la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma de Euskadi

1.– Corresponden al Gobierno Vasco las siguientes competencias:

  • a) Dise馻r la planificaci髇 general de la pol韙ica de protecci髇 de las personas consumidoras y usuarias en su 醡bito territorial y promover planes de actuaci髇 interdepartamentales que afecten a aquella.
  • b) Aprobar los reglamentos en desarrollo y aplicaci髇 de esta ley.
  • c) Ejercer la potestad sancionadora en esta materia, en los t閞minos establecidos en la presente ley.

2.– Corresponde al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de consumo desarrollar las funciones previstas en la presente ley, y en particular, al menos, las siguientes actuaciones:

  • a) Realizar la inspecci髇 y control de mercado de bienes y productos y adoptar las medidas administrativas oportunas para la protecci髇 de las personas consumidoras frente a cada tipo de riesgo.
  • b) Fomentar y desarrollar los sistemas de resoluci髇 extrajudicial de conflictos de consumo.
  • c) Fomentar el asociacionismo de consumo.
  • d) Ejercer la potestad sancionadora, en los t閞minos se馻lados en esta ley.
  • e) La resoluci髇 de los recursos de alzada contra los actos de naturaleza administrativa dictados por la Direcci髇 de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

3.– Sin perjuicio de las atribuciones que en virtud de esta ley corresponden a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, los departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia de salud, vivienda, agroalimentaci髇, medio ambiente, turismo y otras 醨eas espec韋icas, ejercer醤 las funciones que expresamente les atribuya la normativa sectorial aplicable, de acuerdo con el principio de especialidad.

Art韈ulo 5.– Competencias de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo

Corresponde a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo el ejercicio de las funciones en materia de protecci髇 a las personas consumidoras y usuarias no atribuidas expresamente en la presente ley a otros 髍ganos o administraciones y, en particular, las establecidas por el art韈ulo 4 de la Ley 9/2007, de 29 de junio, de creaci髇 de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

Art韈ulo 6.– Competencias de los ayuntamientos

1.– Corresponde a los ayuntamientos velar por la protecci髇 y defensa de las personas consumidoras y usuarias, en el 醡bito de su territorio, con el alcance y contenido que les atribuye la presente ley y el resto de normas jur韉icas que sean de aplicaci髇, de conformidad con los principios de descentralizaci髇 y de m醲ima proximidad de la gesti髇 administrativa a la poblaci髇.

2.– Cuando dispongan de personal inspector, los ayuntamientos podr醤 ejercer las siguientes funciones:

  • a) Adoptar las medidas de vigilancia y control de bienes y servicios previstas en el t韙ulo V de esta ley.
  • b) Ejercer la potestad sancionadora en la materia, en los t閞minos se馻lados en el art韈ulo 134.d) de esta ley, cuando se trate de personas empresarias domiciliadas o establecimientos instalados en su t閞mino municipal y la infracci髇 se haya cometido en dicho t閞mino.

3.– Igualmente corresponde a los ayuntamientos:

  • a) Fomentar y apoyar en su 醡bito territorial a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.
  • b) Llevar a cabo actuaciones de informaci髇 y formaci髇 dirigidas a las personas consumidoras y usuarias.
  • c) Recibir las quejas, reclamaciones y denuncias de las personas consumidoras y usuarias o de las asociaciones que las representen cuando est閚 legitimadas para interponerlas.

4.– Las funciones se馻ladas en el apartado precedente se desarrollar醤 a trav閟 de las oficinas municipales de informaci髇 a las personas consumidoras y usuarias, cuando los ayuntamientos, en ejercicio de su potestad de autoorganizaci髇, se doten de ellas.

En tal caso, dichas oficinas podr醤 tramitar quejas, reclamaciones y denuncias, y realizar funciones de mediaci髇, de conformidad con lo dispuesto en el t韙ulo IV de esta ley.

Art韈ulo 7.– Concurrencia de actuaciones administrativas

1.– En los supuestos de concurrencia de varias administraciones, se actuar bajo los principios de especialidad, subsidiariedad, cooperaci髇, coordinaci髇 y unidad de acci髇, a fin de garantizar una eficaz protecci髇 de las personas consumidoras y usuarias.

2.– Con objeto de evitar disfunciones, los ayuntamientos que ejerzan la potestad sancionadora en materia de consumo lo comunicar醤 a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo. Igualmente, remitir醤 las 髍denes de incoaci髇 de expedientes sancionadores y las resoluciones sancionadoras que dicten, cuando sean definitivas en v韆 administrativa.

3.– Cuando, por la naturaleza y gravedad de la infracci髇, haya de superarse la cuant韆 m醲ima de la multa que puedan imponer los ayuntamientos, estos remitir醤 lo actuado a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, el cual deber, a su vez, comunicarles cuantas actuaciones se deriven de su intervenci髇.

Art韈ulo 8.– Cooperaci髇 administrativa

1.– Las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, promover醤 un elevado nivel de protecci髇 de las personas consumidoras y usuarias y ajustar醤 su actuaci髇 a los principios de colaboraci髇 y cooperaci髇, conforme a las reglas generales de las relaciones interadministrativas.

2.– El Gobierno Vasco podr establecer convenios de colaboraci髇 con la Administraci髇 del Estado, las comunidades aut髇omas y las regiones de Europa, con objeto de mejorar el nivel de protecci髇 de las personas consumidoras y usuarias.

3.– Igualmente, el Gobierno Vasco y Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr醤 acordar con las diversas administraciones las medidas que se estimen oportunas con objeto de optimizar la dedicaci髇 de los recursos humanos y materiales de que disponen y hacer efectivo y eficaz el control del cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de protecci髇 de las personas consumidoras y usuarias.

4.– Los ayuntamientos y las diputaciones forales facilitar醤 a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, cuando este lo solicite, informaci髇 actualizada sobre la titularidad y localizaci髇 de las empresas y los establecimientos comerciales de su 醡bito territorial.

CAP蚑ULO II
LA COMISI覰 CONSULTIVA DE CONSUMO DE EUSKADI

Art韈ulo 9.– Naturaleza del 髍gano

La Comisi髇 Consultiva de Consumo de Euskadi, adscrita a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, es un 髍gano asesor, de participaci髇 y de fomento de la colaboraci髇 y coordinaci髇 entre los agentes sociales involucrados en el consumo y con las distintas administraciones p鷅licas competentes en la tutela de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

Art韈ulo 10.– Funciones

Corresponden a la Comisi髇 Consultiva de Consumo de Euskadi las siguientes funciones:

  • a) Ser consultada en el procedimiento de elaboraci髇 de las disposiciones de car醕ter general dictadas en desarrollo de esta ley y, en general, en todos los dem醩 casos en que se regulen materias que afecten a los intereses de las personas consumidoras y usuarias.
  • b) Proponer aquellas asociaciones de personas consumidoras y usuarias, de entre las incluidas en el art韈ulo 62, que deban formar parte de 髍ganos colegiados, organismos y entidades p鷅licas o privadas, de 醡bito auton髆ico, en los que deban estar representadas las personas consumidoras y usuarias.
  • c) Formular cuantas propuestas sean consideradas de inter閟 en materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y asesorar a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.
  • d) Solicitar informaci髇 a las administraciones p鷅licas competentes sobre materias de inter閟 general o sectorial que afecten a las personas consumidoras y usuarias.
  • e) Ser o韉a en la elaboraci髇 de los c骴igos de buenas pr醕ticas promovidos por Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.
  • f) Proponer a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo la elaboraci髇 de estudios espec韋icos sobre consumo, mercados y abastecimiento de productos y servicios.

Art韈ulo 11.– Composici髇 y funcionamiento

1.– La Comisi髇 Consultiva de Consumo de Euskadi ser presidida por quien ostente la Direcci髇 de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y estar integrada por representantes de los intereses sociales, profesionales y econ髆icos, de las administraciones p鷅licas con competencias en las materias que afecten al sector del consumo y de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias. En su composici髇, se promover que los representantes designados sean conocedores y puedan expresarse tanto en euskera como en castellano.

2.– Reglamentariamente se desarrollar su composici髇 y r間imen de funcionamiento.

T蚑ULO III
DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS

CAP蚑ULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art韈ulo 12.– Derechos de las personas consumidoras y usuarias

1.– Las personas consumidoras y usuarias son titulares de los siguientes derechos:

  • a) A la protecci髇 frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad, concebida aquella de forma integral, incluyendo, por tanto, los riesgos que amenacen al medio ambiente.
  • b) A la protecci髇 de sus intereses econ髆icos y sociales, en particular frente a pr醕ticas comerciales desleales y la inclusi髇 de cl醬sulas abusivas en los contratos.
  • c) A la reparaci髇 del da駉 sufrido como consecuencia de la adquisici髇 o el uso de bienes o servicios.
  • d) A la informaci髇 correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educaci髇 y divulgaci髇 para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute, as como la toma de decisiones 髉timas para sus intereses.
  • e) A la educaci髇 y a la formaci髇 en las cuestiones que puedan afectarlas como personas consumidoras y usuarias, con atenci髇 al principio de consumo responsable.
  • f) A la audiencia en consulta, la participaci髇 en el procedimiento de elaboraci髇 de las disposiciones generales que las afectan directamente y la representaci髇 de sus intereses a trav閟 de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de personas consumidoras y usuarias legalmente constituidas.
  • g) Al uso de las lenguas oficiales, en los t閞minos de la presente ley.

2.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo proporcionar a las personas consumidoras y usuarias la protecci髇 administrativa que proceda, con arreglo a lo dispuesto en los t韙ulos IV y V de esta ley, especialmente cuando la relaci髇 de consumo afecte a las personas consumidoras y usuarias vulnerables.

Art韈ulo 13.– Derechos objeto de especial protecci髇

1.– La actuaci髇 de los poderes p鷅licos se orientar preferentemente a proteger los derechos de las personas consumidoras y usuarias en las siguientes situaciones:

  • a) Cuando guarden relaci髇 directa con bienes o servicios de uso o consumo com鷑, ordinario y generalizado.
  • b) Cuando afecten a las personas consumidoras y usuarias vulnerables.

2.– Con tal finalidad, se pondr especial atenci髇 a:

  • a) La idoneidad de los bienes destinados a las personas menores de edad.
  • b) Las necesidades espec韋icas de las personas mayores.
  • c) La integraci髇 social como personas consumidoras y usuarias de las personas con discapacidad.
  • d) El etiquetado, la informaci髇, la publicidad, la composici髇 y la calidad de los productos.
  • e) La seguridad de los aparatos y las instalaciones del hogar.
  • f) Las relaciones de consumo en los servicios de telefon韆, Internet y otros servicios de comunicaciones electr髇icas, as como los contratos celebrados a distancia y fuera del establecimiento comercial y los vinculados a financiaci髇 a las personas consumidoras y usuarias.

Art韈ulo 14.– Irrenunciabilidad de los derechos

1.– Ser nula la renuncia previa al ejercicio de los derechos reconocidos a las personas consumidoras y usuarias por esta ley, de acuerdo con la norma b醩ica estatal. As mismo, ser醤 nulos los actos realizados en fraude de ley, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 6 del C骴igo Civil.

2.– Cuando la renuncia del derecho se produzca con posterioridad a su adquisici髇, se podr exigir a quien la alegue que acredite que se ha otorgado, as como su car醕ter libre. La renuncia de una persona consumidora o usuaria no afectar a otras personas que se encuentren en an醠oga situaci髇.

Art韈ulo 15.– Interpretaci髇 favorable a las personas consumidoras y usuarias

1.– Las normas de protecci髇 a las personas consumidoras y usuarias se interpretar醤 a favor de estas.

2.– Las dudas o diferencias interpretativas a que d lugar cualquier tipo de publicidad, comunicaci髇 comercial, oferta, pr醕tica o cl醬sula que sean aplicables a una relaci髇 de consumo se resolver醤 a favor de las personas consumidoras o usuarias.

3.– Cuando con la presente ley concurra en su aplicaci髇 otra disposici髇 propia de la Comunidad Aut髇oma de Euskadi, el conflicto se resolver por aplicaci髇 del principio de condici髇 m醩 beneficiosa para las personas consumidoras y usuarias.

Art韈ulo 16.– Buena fe y equilibrio de las posiciones jur韉icas

Se promover la aplicaci髇 del principio de buena fe y justo equilibrio de las posiciones jur韉icas de las partes en las relaciones de consumo, con interdicci髇 de las pr醕ticas comerciales desleales o abusivas y de la inserci髇 de cl醬sulas abusivas en los contratos.

Art韈ulo 17.– Principio de consumo responsable

1.– Las actuaciones p鷅licas se orientar醤 a que las relaciones de consumo se ajusten a criterios de racionalidad y sostenibilidad que propicien un consumo moderado, informado, reflexivo y consciente, en relaci髇 con la preservaci髇 del medio ambiente, la calidad de vida, la especificidad cultural, el endeudamiento familiar, el objetivo de la igualdad de mujeres y hombres, los riesgos admisibles y dem醩 factores que determinan un desarrollo socioecon髆ico individual y colectivo responsable.

2.– En especial, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo fomentar el consumo de bienes de comercio justo, sostenible, de cercan韆 (km 0) y de temporada, de los que favorezcan la reducci髇 del impacto de materiales pl醩ticos y otros envases y recipientes de un solo uso y de los que utilicen materiales reutilizables o que sean reciclables.

Art韈ulo 18.– Evitaci髇 del despilfarro alimentario

1.– Con la finalidad de evitar el despilfarro alimentario, los establecimientos que presten servicios de restauraci髇 deber醤 ofrecer a su clientela agua de grifo para su consumo, sin coste econ髆ico alguno por tal concepto.

2.– Dichos establecimientos deber醤 informar a la clientela, de manera clara y visible, a trav閟 de la carta o men, de avisos colocados en el establecimiento o de viva voz, de la posibilidad de llevarse los alimentos que no haya consumido.

Para ello, podr醤 utilizarse envases aptos para el uso alimentario o los que lleven las propias personas consumidoras con esta finalidad.

Art韈ulo 19.– Responsabilidad de las personas consumidoras y usuarias

Las actuaciones p鷅licas en materia de consumo estar醤 encaminadas igualmente a que las personas consumidoras y usuarias asuman las responsabilidades que les correspondan y, en especial:

  • a) En la exigencia y el reconocimiento de los derechos de que son titulares, mediante la solicitud de las facturas y otros documentos acreditativos de las relaciones de consumo.
  • b) Evitando la adquisici髇 y el uso de bienes y servicios producidos o comercializados de forma irregular o il韈ita.
  • c) Haciendo un uso adecuado de los bienes y servicios que adquieran y atendiendo cuantas indicaciones y advertencias reciban al respecto.
  • d) Poniendo en conocimiento de las autoridades la existencia de riesgos para la salud y la seguridad de las personas consumidoras y usuarias, as como para sus derechos e intereses.
  • e) Colaborando con las administraciones competentes en materia de consumo, en orden a la resoluci髇 de conflictos y al control y cumplimiento de la normativa vigente.

CAP蚑ULO II
DERECHO A LA PROTECCI覰 FRENTE A RIESGOS QUE AFECTEN A LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Art韈ulo 20.– Deber general de seguridad

1.– Los bienes y servicios puestos a disposici髇 de las personas consumidoras o usuarias han de ser seguros, en los t閞minos establecidos por la normativa espec韋ica que resulte de aplicaci髇.

2.– El car醕ter gratuito de un producto o servicio facilitado a una persona consumidora o usuaria no excluye la exigencia de su seguridad.

3.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo fomentar la inclusi髇 del sistema braille en el etiquetado, especialmente cuando sean susceptibles de afectar a la salud y la seguridad de las personas consumidoras o usuarias.

Art韈ulo 21.– Deber de informar sobre los riesgos

Las personas o entidades productoras, proveedoras o distribuidoras proporcionar醤, por medios apropiados, dentro de los l韒ites de sus respectivas actividades, informaci髇 previa sobre los riesgos que puedan provenir de un uso previsible de los bienes o servicios, de conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente.

Art韈ulo 22.– Costes de requerimientos documentales

En los procedimientos derivados del deber de seguridad, ser醤 de cuenta de las personas empresarias los costes derivados del cumplimiento de los requerimientos documentales, como los de traducci髇 de los documentos que se presenten en un idioma distinto a las lenguas oficiales de la Comunidad Aut髇oma de Euskadi.

Art韈ulo 23.– Obligaci髇 de comunicaci髇 de riesgos

1.– Osakidetza-Servicio vasco de salud y las empresas de servicios m閐icos de car醕ter privado, cuando, por raz髇 de la atenci髇 prestada, tengan conocimiento de que la utilizaci髇, el consumo o la presencia de un determinado producto de consumo pueda producir da駉s de car醕ter grave para la salud o seguridad de las personas consumidoras o usuarias, han de comunicarlo a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

2.– Igualmente, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias han de poner en conocimiento de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo los accidentes comprobados de los que tuviesen conocimiento, derivados de la existencia de un riesgo en un producto de consumo.

3.– Asimismo, las personas consumidoras y usuarias afectadas por los hechos de que se trate, podr醤 ponerlos en conocimiento de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

4.– Se excluyen de la obligaci髇 regulada en el presente art韈ulo los supuestos referidos a alimentos, as como a medicamentos, productos sanitarios, productos cosm閠icos y productos de cuidado personal que sean objeto de comunicaci髇 a la red de alerta alimentaria o al sistema de vigilancia de medicamentos y productos sanitarios, respectivamente.

CAP蚑ULO III
DERECHO A LA PROTECCI覰 DE LOS INTERESES ECON覯ICOS Y SOCIALES

SECCI覰 1
CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS Y PR罜TICAS COMERCIALES

Art韈ulo 24.– Conformidad de los bienes y servicios

1.– Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a exigir que los bienes y servicios tengan la calidad, idoneidad y conformidad derivadas de la oferta, la promoci髇 y la publicidad que se realicen, as como del contrato y de la normativa aplicable.

2.– Concretamente ostentan los siguientes derechos:

  • a) La adecuaci髇 de los bienes y servicios a las expectativas de uso, calidad y caracter韘ticas de consumo que ofrecen.
  • b) Como m韓imo, la calidad y las prestaciones que consten en el contrato, presupuesto, publicidad, comunicaci髇 comercial o cualquier otro documento que vincule a la persona empresaria en las relaciones de consumo.
  • c) Conocer el peso y la medida correctos de los bienes y la prestaci髇 correcta de los servicios.
  • d) La existencia de repuestos, en su caso, y el disfrute de un servicio t閏nico y de atenci髇 a la clientela adecuado sin demoras o retrasos injustificados, cuando sea obligatorio, de conformidad con la normativa espec韋ica aplicable.
  • e) La informaci髇 sobre los derechos que les corresponden como adquirentes de bienes o servicios, especialmente en cuanto a la conformidad y garant韆 de los bienes de naturaleza duradera.
  • f) La informaci髇 del origen de los bienes y servicios.

Art韈ulo 25.– Documento justificativo de la relaci髇 de consumo

1.– Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a la entrega en papel de la factura u otro documento acreditativo de la relaci髇 de consumo, en el que consten la identificaci髇 de la persona empresaria, las condiciones esenciales de la operaci髇, el bien o servicio contratado, la fecha y el precio final completo, desglosando, cuando as lo exija la legislaci髇 aplicable, la cuota tributaria y el tipo impositivo aplicado.

2.– Dicha obligaci髇 ser exigible en la adquisici髇 de bienes y servicios a trav閟 de cualquier medio, incluidas las m醧uinas autom醫icas.

3.– Podr sustituirse la entrega de la factura o documento a que se refiere el apartado 1 del presente art韈ulo, por la factura electr髇ica o documento acreditativo previa manifestaci髇 expresa de la persona consumidora y usuaria de su conformidad a la sustituci髇.

4.– En ning鷑 caso la recepci髇 de la factura o documento acreditativo de la relaci髇 de consumo, sea en formato en papel o digital, podr estar condicionada al pago de cantidad econ髆ica alguna.

Art韈ulo 26.– Resguardo de dep髎ito

1.– Cuando, en el marco de una relaci髇 de consumo, la persona consumidora o usuaria entregue un bien para que se realice alguna verificaci髇, comprobaci髇, reparaci髇, sustituci髇 o cualquier otra intervenci髇, en el resguardo de dep髎ito que la persona empresaria entregue a la persona consumidora o usuaria constar醤 los datos necesarios que permitan una correcta identificaci髇 de las partes intervinientes, la identificaci髇 del bien, el motivo de la entrega, estado en el que se encuentra el bien, la fecha y el plazo en que ser devuelto, el lugar en que se devolver en caso de ser distinto al de la entrega, as como los extremos que al respecto exija la normativa espec韋ica aplicable.

2.– Se presume que el bien se entrega en buenas condiciones, salvo que se indique otra cosa de forma expresa y detallada en el resguardo de dep髎ito o ello sea incompatible con el motivo de la entrega.

3.– La presentaci髇 del resguardo de dep髎ito permitir la recogida del bien depositado. En el caso de no disponerse del resguardo, la retirada quedar condicionada a la acreditaci髇, por cualquiera de las formas admitidas en derecho, de la titularidad del bien.

Art韈ulo 27.– Pr醕ticas comerciales

1.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo adoptar las medidas oportunas para que las pr醕ticas comerciales de los bienes o servicios se ajusten a su naturaleza, caracter韘ticas, condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones sobre publicidad.

2.– En especial, se atender a las pr醕ticas comerciales que se dirijan a las personas consumidoras y usuarias vulnerables.

Art韈ulo 28.– Contenido de las ofertas comerciales

1.– Las ofertas comerciales han de contener, al menos, la siguiente informaci髇:

  • a) Nombre, raz髇 social y domicilio completo de la persona empresaria responsable de la oferta comercial y, en su caso, nombre, raz髇 social y direcci髇 completa de la empresa por cuya cuenta act鷄.
  • b) Las caracter韘ticas esenciales del bien o servicio de una forma adecuada a su naturaleza y al medio de comunicaci髇 utilizado.
  • c) El precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicaci髇 a la oferta y los gastos adicionales que se repercutan a la persona consumidora o usuaria.

    Cuando, por la naturaleza del bien o servicio, no pueda fijarse con exactitud el precio, deber informarse sobre la base de c醠culo utilizado, que permita su comprobaci髇.

    Cuando los gastos adicionales no puedan ser calculados de antemano por razones objetivas, ha de informarse de que existen dichos gastos adicionales y, si se conoce, de su importe estimado.

  • d) Los procedimientos de pago, plazos de entrega y ejecuci髇 del contrato, cuando se aparten de la diligencia profesional, entendiendo por tal el nivel de competencia y cuidados especiales que caben esperar de una persona empresaria conforme a las pr醕ticas honestas del mercado.
  • e) En su caso, existencia del derecho de desistimiento.
  • f) En el caso de bienes y servicios ofrecidos en mercados en l韓ea, si el tercero que ofrece el bien o servicio tiene la condici髇 de empresario o no, con arreglo a su declaraci髇 al proveedor del mercado en l韓ea.

2.– A efectos del cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, y sin perjuicio de la normativa sectorial que en su caso resulte de aplicaci髇, la informaci髇 necesaria a incluir en la oferta comercial deber facilitarse a las personas consumidoras o usuarias, principalmente cuando se trate de personas consumidoras y usuarias vulnerables, en t閞minos claros, comprensibles, veraces y en un formato que garantice su accesibilidad, de forma que aseguren su adecuada comprensi髇 y permitan la toma de decisiones 髉timas para sus intereses.

3.– Las pr醕ticas comerciales consistentes en ofrecer a las personas consumidoras y usuarias la posibilidad de buscar bienes y servicios ofertados por distintas personas empresarias o personas consumidoras y usuarias sobre la base de una consulta en forma de palabra clave, expresi髇 u otro tipo de dato introducido, independientemente de d髇de se realicen las transacciones en 鷏timo t閞mino, deber醤 contener, en una secci髇 espec韋ica de la interfaz en l韓ea que sea f醕il y directamente accesible desde la p醙ina en la que se presenten los resultados de la b鷖queda, la siguiente informaci髇:

  • a) Informaci髇 general relativa a los principales par醡etros que determinan la clasificaci髇 de los bienes y servicios presentados a las personas consumidoras y usuarias como resultado de la b鷖queda.
  • b) La importancia relativa de dichos par醡etros frente a otros.

El presente apartado no se aplicar a proveedores de motores de b鷖queda en l韓ea, tal como se definen en el art韈ulo 2.6 del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediaci髇 en l韓ea.

Art韈ulo 29.– Pr醕ticas comerciales il韈itas

1.– Las ofertas comerciales de bienes y servicios destinados a las personas consumidoras y usuarias, sean cuales sean los soportes utilizados, se realizar醤 de forma que no induzcan a error sobre sus caracter韘ticas y condiciones de adquisici髇, en el marco de la legislaci髇 general sobre publicidad il韈ita y pr醕ticas comerciales desleales.

2.– Se consideran il韈itas las pr醕ticas comerciales agresivas, entendiendo como tales las que puedan limitar la libertad de elecci髇 de la persona consumidora y usuaria, en especial de las consideradas vulnerables, mediante la utilizaci髇 de la coacci髇, el acoso o la influencia indebida o desproporcionada, con 醤imo de captar clientes y comercializar el producto o servicio, a trav閟 del tel閒ono, los medios telem醫icos, las visitas a domicilio o cualquier otro medio.

3.– Igualmente, se consideran il韈itas las pr醕ticas comerciales que persistan, a pesar de que la persona consumidora y usuaria haya manifestado expresamente, por los medios generalmente admitidos, su voluntad de no recibir comunicaciones comerciales.

Art韈ulo 30.– Venta a domicilio

1.– La venta de productos o servicios en el domicilio de la persona consumidora o usuaria que no haya sido solicitada por 閟ta exige su autorizaci髇 previa. Dicha autorizaci髇 deber obtenerse, al menos, 48 horas antes de la visita de venta y contener:

  • a) Fecha y hora de la visita.
  • b) Producto o servicio que quiere vender.
  • c) Raz髇 y domicilio social de la empresa que vende el producto o servicio.
  • d) Nombre de la persona que realizar la visita.

2.– Es responsabilidad de las personas empresarias acreditar la informaci髇 y la autorizaci髇 y presentarla ante las autoridades de consumo, si fuesen requeridas para ello.

Art韈ulo 31.– Contratos celebrados a distancia y contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil

En todo lo referente a venta telef髇ica, telem醫ica o contratos celebrados a distancia y/o fuera del establecimiento mercantil, se atender al libro II, Contratos celebrados a distancia y contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil, del Real Decreto Legislativo 1/2007.

Art韈ulo 32.– Constancia de las condiciones de las ofertas realizadas verbalmente

Cualquier oferta, modificaci髇 contractual o condici髇 realizada verbalmente por una persona empresaria en la venta de bienes o la prestaci髇 de servicios, deber ser formalizada por escrito, en papel o en cualquier otro soporte duradero y de manera inmediata.

SECCI覰 2
PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACI覰 Y PROTECCI覰 CONTRA ABUSOS CONTRACTUALES

Art韈ulo 33.– Acceso sin discriminaci髇 a los bienes y servicios

Las personas empresarias que suministren bienes o presten servicios tienen obligaci髇 de atender las demandas de las personas consumidoras o usuarias cuando su satisfacci髇 est dentro de sus disponibilidades. Queda prohibida cualquier discriminaci髇 por motivos de g閚ero, raza, religi髇, lugar de nacimiento, lugar de residencia, discapacidad o cualquiera otra circunstancia personal o social, sin perjuicio de la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso directamente justificadas por criterios objetivos.

Art韈ulo 34.– No discriminaci髇 en los precios en funci髇 del g閚ero

No podr醤 asignarse diferentes precios a id閚ticos productos o servicios puestos a disposici髇 de las personas consumidoras y usuarias en funci髇 del g閚ero de la persona destinataria.

Art韈ulo 35.– Protecci髇 contra los abusos contractuales

1.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo adoptar las medidas necesarias para conseguir un cumplimiento efectivo de la legislaci髇 vigente en orden a la protecci髇 contra las cl醬sulas y las pr醕ticas abusivas en las relaciones de consumo.

2.– Con tal finalidad, podr difundir dichas pr醕ticas y cl醬sulas abusivas, informando sobre su contenido y caracter韘ticas y las empresas que las realizan, cuando as se haya determinado por sanci髇 administrativa firme o declaraci髇 judicial.

Art韈ulo 36.– Servicios de car醕ter b醩ico de inter閟 general en vivienda habitual

1.– Cuando no exista normativa espec韋ica aplicable, las personas empresarias que suministren en la vivienda habitual de las personas f韘icas servicios de car醕ter b醩ico de inter閟 general, antes de proceder a interrumpir la prestaci髇 de que se trate, por alg鷑 motivo justificado que afecte a las obligaciones de la persona usuaria, han de darle a esta un plazo de un mes para que pueda proceder a su subsanaci髇.

2.– Corresponde a las empresas acreditar que la persona usuaria ha recibido la notificaci髇 a que se refiere el apartado anterior.

3.– Se excluyen de dicha obligaci髇 los cortes de suministro generales motivados por aver韆s, reparaciones u otros an醠ogos, as como los cortes de suministro de car醕ter individual, en caso de fraude flagrante o de riesgo para la seguridad.

SECCI覰 3
SERVICIOS DE ATENCI覰 A LA CLIENTELA

Art韈ulo 37.– Servicios de atenci髇 a la clientela

1.– Las personas empresarias que produzcan, comercialicen u ofrezcan bienes y servicios deben poner a disposici髇 de las personas consumidoras y usuarias una direcci髇 postal y, as mismo, una direcci髇 electr髇ica o un n鷐ero de tel閒ono, que permita ponerse en contacto con ellas de forma r醦ida, con objeto de que puedan, si lo consideran necesario:

  • a) Solicitar asesoramiento o informaci髇 sobre el bien o servicio objeto de la relaci髇 de consumo.
  • b) Formular las quejas o reclamaciones.

2.– En el caso de que se ponga a disposici髇 de la clientela una l韓ea telef髇ica, esta no podr suponer para la persona consumidora un coste superior al coste de una llamada a una l韓ea telef髇ica fija geogr醘ica o m髒il est醤dar. No obstante, las personas empresarias prestadoras de servicios de car醕ter b醩ico de inter閟 general pondr醤 a disposici髇 de las personas consumidoras o usuarias un tel閒ono de atenci髇 a la clientela de car醕ter gratuito.

3.– Si el servicio de atenci髇 se presta a trav閟 de medios telef髇icos o electr髇icos, deber garantizarse una atenci髇 personal directa, m醩 all de que puedan utilizarse complementariamente otros medios t閏nicos.

4.– Los establecimientos calificados como grandes establecimientos comerciales, as como las grandes empresas dedicadas a la prestaci髇 de servicios, por la legislaci髇 vigente en materia de actividad comercial, dispondr醤 de personal afecto al servicio de atenci髇 a la clientela que habr de contar con formaci髇 acreditada en materia de mediaci髇 y arbitraje, as como en la defensa de los derechos de las personas consumidoras o usuarias.

5.– Los servicios de informaci髇 a la clientela se adecuar醤 al principio de accesibilidad universal.

Art韈ulo 38.– Atenci髇 a quejas y reclamaciones

Las personas empresarias deben actuar diligentemente para encontrar una soluci髇 satisfactoria a las quejas y reclamaciones presentadas y, concretamente, est醤 obligadas a:

  • a) Acusar recibo de las quejas y reclamaciones, asign醤doles un n鷐ero o clave, y entregar a la persona interesada un justificante de su presentaci髇, en papel o en otro soporte duradero.
  • b) Dar respuesta en el plazo m醩 breve posible, que no exceder de un mes desde la presentaci髇 de la queja o reclamaci髇.
  • c) En caso de no resolverse satisfactoriamente la reclamaci髇 en el plazo indicado, cuando la empresa est adherida a un sistema alternativo de resoluci髇 de litigios, o venga obligada por una norma o c骴igo de conducta a aceptar su intervenci髇, deber ofrecer a la persona consumidora o usuaria la informaci髇 establecida por el art韈ulo 40 de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, que incorpora al ordenamiento jur韉ico espa駉l la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resoluci髇 alternativa de litigios en materia de consumo.

Art韈ulo 39.– Tel閒ono de atenci髇 urgente en servicios de car醕ter b醩ico de inter閟 general en las viviendas

Las personas empresarias que presten en las viviendas servicios de car醕ter b醩ico de inter閟 general pondr醤 a disposici髇 de las personas consumidoras o usuarias un tel閒ono gratuito para la atenci髇 de aver韆s y avisos de car醕ter urgente, que estar en funcionamiento veinticuatro horas al d韆 todos los d韆s del a駉.

SECCI覰 4
C覦IGOS DE BUENAS PR罜TICAS Y EJERCICIO DE ACCIONES

Art韈ulo 40.– Impulso de buenas pr醕ticas

1.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo promover las buenas pr醕ticas como instrumento para la protecci髇 de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y de mejora de la regulaci髇 del mercado.

2.– A tal fin, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr firmar convenios con entidades p鷅licas o privadas de car醕ter independiente, con objeto de colaborar en la efectividad y el control de los sistemas de autorregulaci髇 publicitaria y otros c骴igos de buenas pr醕ticas, en garant韆 de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

3.– La adopci髇 por parte de las personas empresarias de c骴igos de buenas pr醕ticas tendr car醕ter voluntario y ser independiente de las actividades de inspecci髇, control y verificaci髇 que desarrollen las administraciones p鷅licas competentes.

4.– Sin perjuicio de su car醕ter voluntario, reglamentariamente se establecer醤 los requisitos y las condiciones para el reconocimiento oficial de los c骴igos de buenas pr醕ticas.

Art韈ulo 41.– Ejercicio de acciones

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y los ayuntamientos, en su caso, en los t閞minos previstos por la legislaci髇 procesal vigente, ejercer醤 las acciones judiciales pertinentes para hacer cesar las actividades lesivas para los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias, especialmente cuando afecten a las personas consumidoras y usuarias vulnerables.

CAP蚑ULO IV
DERECHO A LA REPARACI覰 DEL DA袿

Art韈ulo 42.– Reparaci髇 de da駉s causados por bienes y servicios

1.– Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a la indemnizaci髇 de los da駉s y perjuicios que hayan sufrido como consecuencia de la adquisici髇 o del uso de los bienes y servicios que se pongan a su disposici髇 en el mercado, de conformidad con la legislaci髇 vigente.

2.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, as como los ayuntamientos, en su caso, informar醤 a las personas consumidoras y usuarias perjudicadas por la comisi髇 de infracciones en materia de consumo, sobre los medios a su disposici髇 para obtener el pleno resarcimiento de los da駉s y perjuicios que hayan sufrido.

3.– De conformidad con lo previsto por el art韈ulo 156 de esta ley, la resoluci髇 sancionadora que en su caso se dicte podr acordar la obligaci髇 de resarcir los da駉s y perjuicios ocasionados.

Art韈ulo 43.– Apoyo t閏nico

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y los ayuntamientos, en el 醡bito de sus competencias, promover醤 la celebraci髇 de convenios con universidades, colegios profesionales u otras instituciones o entidades p鷅licas o privadas, con el objetivo de facilitar el acceso de las personas consumidoras y usuarias a los servicios t閏nicos necesarios para acreditar la existencia y el importe de los da駉s y perjuicios causados en su patrimonio como consecuencia del consumo de bienes o de la utilizaci髇 de servicios.

Art韈ulo 44.– Da駉s derivados de la prestaci髇 de servicios p鷅licos

Los da駉s derivados de la prestaci髇 de un servicio p鷅lico ser醤 exigibles de conformidad con las reglas aplicables sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones p鷅licas.

CAP蚑ULO V
DERECHO A LA INFORMACI覰 DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS

SECCI覰 1
CONTENIDO DEL DERECHO A LA INFORMACI覰 SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS

Art韈ulo 45.– Informaci髇 del etiquetado y presentaci髇 de los bienes y servicios

1.– Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a recibir, de forma cierta y objetiva, una informaci髇 veraz, eficaz, correcta, suficiente, comprensible, de f醕il acceso y transparente sobre los bienes y servicios puestos a su disposici髇 de tal forma que puedan realizar una elecci髇 consciente y racional y utilizarlos de manera segura y satisfactoria.

2.– Sin perjuicio del cumplimiento de los reglamentos de etiquetado y presentaci髇, todos los bienes y servicios puestos a disposici髇 de las personas consumidoras y usuarias deber醤 facilitar o permitir la siguiente informaci髇, de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio y con la legislaci髇 vigente:

  • a) Nombre y direcci髇 completa de la persona empresaria productora del bien o suministradora del servicio.
  • b) Origen, naturaleza, composici髇 y finalidad de los productos.
  • c) Calidad, cantidad, categor韆 y denominaci髇 usual o comercial, si la tienen.
  • d) Fecha de producci髇 o suministro y lote, cuando sea exigible reglamentariamente, y plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de caducidad.
  • e) Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles.
  • f) Informaci髇 sobre los servicios de informaci髇 y atenci髇 al cliente, as como los procedimientos de interposici髇 de quejas y reclamaciones.

3.– La informaci髇 ofrecida no ha de inducir a error sobre las caracter韘ticas de los bienes y servicios puestos a su disposici髇, en particular, sobre su naturaleza, identidad, cualidades, composici髇, cantidad, duraci髇, origen o procedencia y modo de fabricaci髇 o de obtenci髇, ni resultar ambigua sobre su contenido, en especial, respecto a los al閞genos alimentarios, debiendo ser el etiquetado claro y riguroso en la informaci髇 exacta del contenido, ni atribuir al bien o servicio efectos o propiedades que no posea, ni sugerir que tiene caracter韘ticas particulares, cuando todos los bienes o servicios similares posean estas mismas caracter韘ticas.

4.– La obligaci髇 de informar ser exigible a las personas empresarias responsables de la producci髇, importaci髇, comercializaci髇, distribuci髇 y venta de bienes o servicios.

5.– Con excepci髇 de los supuestos en los que as se prevea expresamente, el secreto de fabricaci髇 no podr ser invocado para incumplir la obligaci髇 de informaci髇 regulada en esta ley.

6.– A las personas consumidoras deber facilitarse un documento resumen que, de forma legible, clara, sencilla y suficiente, incluya las condiciones esenciales del producto o servicio que se ofrece y especialmente aquellas que tengan una afectaci髇 econ髆ica.

7.– En los casos en los que se ofrezca financiaci髇 para la adquisici髇 de un producto o servicio, deber facilitarse un documento en el que se informe de forma clara y completa la comparativa del coste final del producto o servicio con y sin financiaci髇.

Art韈ulo 46.– Publicidad de las ofertas promocionales

La publicidad de las ofertas promocionales o el ofrecimiento de condiciones especiales m醩 beneficiosas para la persona consumidora, en relaci髇 con las practicadas habitualmente por la empresa o el establecimiento, debe contener, al menos, las siguientes informaciones:

  • a) La fecha de inicio de la oferta promocional.
  • b) La duraci髇 de la oferta promocional, el n鷐ero de unidades disponibles o el n鷐ero de personas consumidoras o usuarias que pueden beneficiarse de aquella.
  • c) Los requisitos que deben cumplir las personas consumidoras o usuarias para beneficiarse de la oferta.
  • d) Las condiciones, la calidad y las prestaciones de los bienes o servicios ofertados en promoci髇.
  • e) Las ventajas que supone la oferta promocional.
  • f) La persona empresaria responsable de la oferta promocional, con indicaci髇 del nombre o la raz髇 social y la direcci髇 de los establecimientos donde pueda hacerse efectiva.

Art韈ulo 47.– Informaci髇 sobre precios

1.– Antes de que la persona consumidora o usuaria quede vinculada por un contrato u oferta, tiene derecho a conocer los precios de los bienes o las tarifas de los servicios. Tal informaci髇 debe ofrecerse con claridad, de forma tal que no induzca a error o confusi髇.

2.– Los precios o tarifas deber醤 comprender la cantidad final total que la persona consumidora o usuaria deba satisfacer como contraprestaci髇, con inclusi髇 de los tributos y de los recargos o descuentos aplicados.

3.– El precio de los bienes en establecimientos comerciales deber facilitarse de modo que sea accesible por su simple lectura, sin necesidad de solicitar informaci髇 complementaria. En especial:

  • a) Si los bienes se muestran en un escaparate, los precios habr醤 de ser visibles desde el exterior, sin necesidad de entrar en el establecimiento comercial.
  • b) Cuando se trate de bienes iguales, expuestos en forma conjunta, a un mismo precio unitario, el precio podr indicarse de forma gen閞ica, para todos ellos.
  • c) Cuando se trate de bienes heterog閚eos pero vendidos en forma conjunta, la indicaci髇 del precio expresar, como m韓imo, el valor total del conjunto.
  • d) En los productos que se vendan a granel, se indicar el precio por unidad de medida. Cuando habitualmente se vendan a granel y se presenten a la venta en cantidades o vol鷐enes preestablecidos, se expondr醤 a la venta con indicaci髇 del precio por unidad de medida habitual, la medida del producto y el precio resultante.

4.– No proceder la exigencia o el cobro de un precio superior al anunciado. Cuando exista discordancia entre los precios anunciados para un mismo producto o servicio, solo podr exigirse el menor de ellos, salvo que se acredite error manifiesto de alguna de las partes o mala fe de la persona consumidora o usuaria.

Art韈ulo 48.– Otras informaciones sobre establecimientos y empresas de prestaci髇 de servicios

Los establecimientos y las empresas de prestaci髇 de servicios deber醤 informar sobre:

  • a) El horario de atenci髇 al p鷅lico, de forma que sea visible desde el exterior del establecimiento, incluso cuando permanezca cerrado.
  • b) Si se encuentran adheridos a c骴igos de buenas pr醕ticas o a sistemas alternativos de resoluci髇 de conflictos.

Art韈ulo 49.– Informaci髇 sobre las condiciones de desarrollo de las actividades o servicios

Los parques o espacios recreativos, autopistas y cualesquiera otras empresas que ofrezcan al p鷅lico un servicio o actividad cuyo disfrute pueda verse afectado por obras de mantenimiento o reparaci髇, afluencia de un elevado n鷐ero de personas, previsi髇 de condiciones meteorol骻icas adversas u otras circunstancias que puedan afectar al desarrollo de la actividad deber醤 facilitar informaci髇 sobre estas, cuando concurran, para que puedan ser tenidas en cuenta por las personas consumidoras y usuarias antes de su contrataci髇.

Art韈ulo 50.– Informaci髇 sobre la identidad de las personas empresarias en las ofertas en l韓ea de servicios

Quienes oferten en l韓ea a las personas consumidoras la posibilidad de adquirir bienes o contratar servicios deber醤 informar con claridad y de forma permanentemente visible a las personas consumidoras y usuarias acerca de la identidad de la empresa con la que vaya a celebrarse el contrato o la adquisici髇 del producto y de la responsabilidad que sobre tal contrataci髇 corresponde a las oferentes.

SECCI覰 2
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE INFORMACI覰

Art韈ulo 51.– Tipos de actuaciones

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y los ayuntamientos deber醤 llevar a cabo las siguientes actuaciones:

  • a) Impulsar la difusi髇 de la informaci髇 a las personas consumidoras y usuarias sobre sus derechos y la forma de ejercerlos, con especial atenci髇 a las personas consumidoras y usuarias vulnerables y a los colectivos especialmente protegidos y con necesidades espec韋icas.
  • b) Realizar estudios sobre din醡icas de consumo, para fijar los instrumentos que permitan la elecci髇 de los bienes y servicios m醩 adecuados a las necesidades de las personas consumidoras y usuarias.
  • c) Concertar f髍mulas de participaci髇 en las campa馻s informativas con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, las organizaciones empresariales y las c醡aras de comercio.
  • d) Promover espacios divulgativos sobre consumo en los medios de comunicaci髇, ferias y otras manifestaciones p鷅licas, resaltando especialmente el consumo responsable.
  • e) Fomentar distintivos de calidad para bienes y servicios del 醡bito de Euskadi, en colaboraci髇 con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, organizaciones empresariales y c醡aras de comercio.
  • f) Informar a las personas consumidoras y usuarias sobre los productos peligrosos detectados en el mercado, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
  • g) Impulsar la utilizaci髇 de s韒bolos relativos a las cualidades medioambientales generalmente aceptadas, en la comercializaci髇 de bienes o servicios.

Art韈ulo 52.– Difusi髇 de reclamaciones

Cuando la garant韆 de la salud, la seguridad o los intereses econ髆icos y sociales de las personas consumidoras y usuarias o su derecho a la informaci髇 lo aconsejen, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr dar difusi髇 de las reclamaciones planteadas en ese sentido, sus motivos, las personas empresarias objeto de reclamaci髇 y los sectores afectados, con respeto al derecho a la protecci髇 de datos personales, en los t閞minos que se deriven de la legislaci髇 aplicable en la materia.

Art韈ulo 53.– Campa馻s espec韋icas de informaci髇

1.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, directamente o en colaboraci髇 con los ayuntamientos o con las organizaciones y asociaciones de personas consumidoras y usuarias, o con las organizaciones empresariales organizar campa馻s informativas, especialmente en relaci髇 con los siguientes bienes y servicios:

  • a) Los de uso o consumo com鷑, ordinario o generalizado.
  • b) Los que sean objeto de un especial n鷐ero de reclamaciones o quejas.
  • c) Los que sean objeto de programas espec韋icos de investigaci髇.
  • d) Aquellos otros que, debido a su r間imen o proceso de producci髇 y comercializaci髇, puedan ser m醩 f醕ilmente objeto de fraude o adulteraci髇.

2.– Estas campa馻s ir醤 dirigidas a:

  • a) Conseguir un mayor conocimiento por parte de las personas consumidoras y usuarias de los modos de consumo o empleo de los bienes o servicios y la defensa de sus derechos.
  • b) Prevenir los riesgos que puedan derivarse del uso inadecuado de productos eventualmente peligrosos, fundamentalmente los que puedan afectar en mayor grado a la salud, a la seguridad de las personas y al medio ambiente.
  • c) Evitar los fraudes en el proceso de comercializaci髇 de los bienes.
  • d) Evitar las situaciones de indefensi髇 o inferioridad en que se puedan encontrar las personas consumidoras y usuarias, tanto en la contrataci髇 como durante la ejecuci髇 del contrato.

3.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo facilitar a las personas consumidoras y usuarias el acceso al contenido b醩ico de la legislaci髇 vigente europea, estatal y auton髆ica sobre consumo, de manera sencilla, pr醕tica y 鷗il.

SECCI覰 3
OFICINAS DE INFORMACI覰 A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS

Art韈ulo 54.– Creaci髇 y coordinaci髇 de oficinas de informaci髇

1.– Con el fin de facilitar a las personas consumidoras y usuarias la informaci髇 y orientaci髇 precisas para el adecuado ejercicio de sus derechos, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo promover la creaci髇 de oficinas de informaci髇 a las personas consumidoras y usuarias municipales o de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, facilit醤doles asesoramiento t閏nico para su implantaci髇 si en su caso fuera solicitado.

2.– La creaci髇 de oficinas municipales de informaci髇 se ajustar al criterio de mayor proximidad a las personas consumidoras y usuarias, procurando que, al menos, exista una oficina en todos los municipios de m醩 de 15.000 habitantes, prestando el servicio de forma directa o mancomunada.

3.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo coordinar la labor de las oficinas de informaci髇 p鷅licas y privadas, con la finalidad de mejorar su eficacia y evitar disfunciones. En especial, posibilitar el funcionamiento en red de las oficinas de informaci髇, con la finalidad de facilitar la circulaci髇 醙il de la informaci髇, evitar duplicidades en la tramitaci髇 de las reclamaciones y favorecer la identificaci髇 de los problemas y la planificaci髇 de las actuaciones.

4.– Queda prohibida toda forma de publicidad, expresa o encubierta, de bienes o servicios en las oficinas de informaci髇 a las personas consumidoras y usuarias a las que se refiere el presente art韈ulo.

Art韈ulo 55.– Funciones de las oficinas de informaci髇

Las oficinas de informaci髇 a las personas consumidoras y usuarias podr醤 asumir las siguientes funciones:

  • a) Informar y orientar a las personas consumidoras y usuarias para el adecuado ejercicio de sus derechos, as como tramitar y, en su caso, mediar en las reclamaciones de consumo dentro de su 醡bito territorial de actuaci髇.
  • b) Acusar recibo de las denuncias que presenten las personas consumidoras y usuarias, remitirlas a las entidades u 髍ganos competentes para su tramitaci髇 y mantener a aquellas informadas sobre su curso.
  • c) Acusar recibo de las quejas presentadas por las personas consumidoras y usuarias, y tramitarlas.
  • d) Realizar tareas de educaci髇 y formaci髇 en materia de consumo.
  • e) Facilitar a las personas consumidoras y usuarias los datos referentes al registro y la autorizaci髇 de los bienes o servicios puestos a su disposici髇 en el mercado y los de aquellos que se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su peligrosidad, as como informar sobre la regulaci髇 de los precios y las condiciones de los bienes o servicios de uso o de consumo com鷑, ordinario y generalizado.
  • f) En el caso de oficinas de titularidad p鷅lica, prestar apoyo a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias de su 醡bito de actuaci髇 y facilitar a las personas consumidoras y usuarias toda la informaci髇 necesaria sobre la existencia y actividades de dichas asociaciones, potenciando el asociacionismo en materia de consumo.
  • g) Trasladar las solicitudes de arbitraje a la junta arbitral municipal que corresponda o, en su defecto, a la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi.
  • h) Trasladar a los 髍ganos competentes las peticiones concretas que reciban, en relaci髇 con los servicios que prestan.
  • i) Proponer a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo la elaboraci髇 de informes y estudios sobre consumo, mercados y suministro de productos y servicios.

CAP蚑ULO VI
DERECHO A LA EDUCACI覰 Y A LA FORMACI覰 EN MATERIA DE CONSUMO

Art韈ulo 56.– Promoci髇 de la educaci髇 y formaci髇 de las personas consumidoras y usuarias

1.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo velar por el acceso de las personas consumidoras y usuarias a la educaci髇 y formaci髇 en materia de consumo.

2.– La formaci髇 de las personas consumidoras y usuarias estar orientada al conocimiento de sus derechos y la manera de ejercerlos y a se馻lar pautas de consumo que tiendan hacia la utilizaci髇 racional de los recursos y el consumo responsable.

3.– Los medios de comunicaci髇 de titularidad p鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de Euskadi dedicar醤 espacios no publicitarios, en bandas horarias adecuadas, que ofrezcan informaci髇 de su inter閟 a las personas consumidoras y usuarias. Se garantizar la participaci髇 en dichos programas de las administraciones p鷅licas con competencia en materia de consumo, as como de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

Art韈ulo 57.– Colaboraci髇 con otras administraciones

1.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo colaborar con los ayuntamientos y las instituciones competentes en el 醡bito educativo para el desarrollo de programas de formaci髇 de especialistas en consumo.

2.– As mismo, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo colaborar con las entidades p鷅licas y privadas auton髆icas, estatales, comunitarias e internacionales, con objeto de llevar a cabo planes y programas formativos y educativos en materia de consumo.

3.– Con objeto de desarrollar las actuaciones de colaboraci髇 previstas en este art韈ulo, se podr醤 suscribir convenios con las correspondientes administraciones.

Art韈ulo 58.– Objetivos de las actuaciones de educaci髇 y formaci髇

1.– La educaci髇 y la formaci髇 de las personas consumidoras y usuarias est orientada a favorecer los siguientes objetivos:

  • a) Facilitar la comprensi髇 y la utilizaci髇 de la informaci髇 en materia de consumo.
  • b) Difundir el conocimiento de los derechos y deberes de las personas consumidoras y usuarias, as como las formas m醩 adecuadas de ejercerlos.
  • c) Fomentar la prevenci髇 de los riesgos que puedan derivarse del consumo de bienes o de la utilizaci髇 de servicios.
  • d) Adecuar las pautas de consumo al principio de consumo responsable, de conformidad con lo previsto por el art韈ulo 17 de esta ley.
  • e) Fomentar la econom韆 circular de los bienes de consumo.
  • f) La formaci髇 de las personas consumidoras y usuarias en las relaciones de consumo digitales y en los nuevos medios de pago.

2.– Para la consecuci髇 de los objetivos previstos en el apartado anterior, el sistema educativo incorporar en los curr韈ulos de las diferentes etapas y niveles de ense馻nza reglada, contenidos en materia de consumo, adecuados para favorecer el tratamiento de la educaci髇 para el consumo, en la forma que mejor se ajuste a la finalidad pedag骻ica de cada uno de ellos.

Art韈ulo 59.– Programas de educaci髇 y formaci髇

1.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo organizar programas de educaci髇 y formaci髇 de las personas consumidoras y usuarias, con los siguientes objetivos:

  • a) Formar a las personas consumidoras y usuarias para que en sus actos de consumo conozcan sus derechos y mantengan una actitud responsable que contribuya a un consumo sostenible y a la creaci髇 de una sociedad responsable y concienciada.
  • b) Potenciar la formaci髇 de su personal, especialmente de quienes desarrollen funciones de control de mercado e informaci髇 y orientaci髇 a las personas consumidoras y usuarias, as como del personal de los ayuntamientos y de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, en colaboraci髇 con ellas.
  • c) Promover la implicaci髇 del personal docente en el desarrollo de la educaci髇 en materia de consumo, en los diferentes niveles educativos, as como proporcionar el material did醕tico necesario para ello.
  • d) Promocionar y desarrollar, en colaboraci髇 con las organizaciones empresariales, la formaci髇 en materia de consumo de los distintos sectores empresariales, as como de sus personas trabajadoras.

2.– En la organizaci髇 de los citados programas de formaci髇 y educaci髇 y en la elaboraci髇 del correspondiente material did醕tico, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo propiciar el uso paritario de las lenguas oficiales de la Comunidad Aut髇oma de Euskadi.

Art韈ulo 60.– Otras actuaciones en materia de educaci髇 y formaci髇

As mismo, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr desarrollar las siguientes actuaciones en materia de educaci髇 y formaci髇 de las personas consumidoras y usuarias:

  • a) Dise駉, elaboraci髇 y desarrollo de acciones formativas orientadas a promocionar los principios de responsabilidad, sostenibilidad y solidaridad y dirigidas, entre otros, a:
    • – Personas consumidoras y usuarias.
    • – Centros de educaci髇 y de formaci髇.
    • – Personas profesionales del mundo del consumo y agentes econ髆icos.
    • – Personas profesionales del mundo de la comunicaci髇.
  • b) Dise駉, elaboraci髇 y publicaci髇 de material did醕tico de apoyo a la educaci髇 y formaci髇 de las personas consumidoras y usuarias, en especial dirigido a la infancia, adolescencia y otros colectivos de especial protecci髇.
  • c) Dise駉 y desarrollo de campa馻s informativas y formativas sobre consumo responsable y sostenible.
  • d) Cualquier otra acci髇 que contribuya a la formaci髇 en consumo y a la construcci髇 de una sociedad de personas consumidoras y usuarias responsables y activas.

CAP蚑ULO VII
DERECHO DE REPRESENTACI覰, PARTICIPACI覰 Y CONSULTA

SECCI覰 1
DISPOSICIONES GENERALES

Art韈ulo 61.– Reconocimiento y fomento del asociacionismo

1.– Se reconoce a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias que desarrollen su actividad en el 醡bito de Euskadi como el cauce de representaci髇 y participaci髇 para la defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias.

2.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y los ayuntamientos fomentar醤, en sus respectivos 醡bitos, el asociacionismo de las personas consumidoras y usuarias, y asegurar醤 su participaci髇 en todos los 醡bitos de la vida p鷅lica en los que se vean afectados, directa o indirectamente, sus derechos o intereses.

Art韈ulo 62.– Concepto de asociaciones de personas consumidoras y usuarias

1.– Tienen la consideraci髇 de asociaciones de personas consumidoras y usuarias las entidades sin 醤imo de lucro constituidas al amparo de la legislaci髇 sobre asociaciones cuya finalidad sea la protecci髇 y defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias, incluyendo su informaci髇, formaci髇 y educaci髇, bien con car醕ter general, bien en relaci髇 con bienes o servicios determinados, cuando tengan su domicilio o una delegaci髇 en Euskadi, siempre que cumplan los requisitos establecidos en los art韈ulos siguientes y figuren inscritas como tales en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi.

2.– As mismo, tienen la consideraci髇 de asociaciones de personas consumidoras y usuarias las entidades constituidas por personas consumidoras y usuarias con arreglo a la legislaci髇 de cooperativas, entre cuyos fines figure necesariamente la educaci髇 y formaci髇 de sus personas asociadas y est閚 obligadas a constituir un fondo con tal objeto, seg鷑 su legislaci髇 espec韋ica, cuando tengan su domicilio o una delegaci髇 en la Comunidad Aut髇oma de Euskadi, y cumplan adem醩 los requisitos establecidos en los art韈ulos siguientes y figuren inscritas como tales en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi.

3.– Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias podr醤 integrarse en uniones, federaciones o confederaciones que tengan id閚ticos fines y cumplan los requisitos espec韋icos exigidos por esta norma.

4.– Las asociaciones u organizaciones que no cumplan los requisitos exigidos por esta ley no podr醤 utilizar, en su actuaci髇 en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Euskadi, la denominaci髇 de asociaci髇 de personas consumidoras y usuarias o cualquier otra expresi髇 similar que induzca a error o confusi髇 sobre su naturaleza o su legitimidad para la defensa de los derechos e intereses de aquellas.

Art韈ulo 63.– Requisitos de las asociaciones representativas de personas consumidoras y usuarias

Tendr醤 la consideraci髇 de asociaciones representativas las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, as como las federaciones y confederaciones constituidas por ellas, que cumplan los requisitos de implantaci髇 territorial en Euskadi, n鷐ero de personas asociadas y programa de actividades que se establezcan reglamentariamente y sean inscritas con tal car醕ter en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi.

Art韈ulo 64.– Representaci髇 de intereses generales o difusos

1.– La representaci髇 de los intereses generales de las personas consumidoras y usuarias corresponde en exclusiva a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias constituidas conforme a lo previsto en este t韙ulo.

Las asociaciones que no re鷑an los requisitos exigidos en este t韙ulo solo podr醤 representar los intereses de sus asociados o de la asociaci髇, pero no los intereses generales, colectivos o difusos, de las personas consumidoras o usuarias.

2.– A efectos de lo previsto en el art韈ulo 11.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tendr醤 la consideraci髇 legal de asociaciones de personas consumidoras y usuarias representativas las que se regulan en el art韈ulo 63.

SECCI覰 2
PRINCIPIOS DE ACTUACI覰 Y REQUISITOS DE INDEPENDENCIA Y TRANSPARENCIA DE LAS ASOCIACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS

Art韈ulo 65.– Principios de actuaci髇

1.– Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias deben actuar para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con los criterios de independencia frente a los operadores del mercado y a los poderes p鷅licos, as como de transparencia, en los t閞minos se馻lados en esta secci髇.

2.– Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias ajustar醤 sus actuaciones a los principios de buena fe, lealtad y diligencia, no pudiendo divulgar datos que no se encuentren respaldados por acreditaciones, resultados anal韙icos o controles de calidad suficientemente contrastados, sin perjuicio de su derecho a presentar las denuncias que estimen oportunas.

Art韈ulo 66.– Requisitos de independencia

1.– No se considera falta de independencia con respecto a los poderes p鷅licos la obtenci髇 de subvenciones u otros recursos p鷅licos concedidos sobre la base de criterios objetivos.

2.– Con objeto de asegurar su independencia respecto a los operadores del mercado, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias tendr醤 que abstenerse de realizar las siguientes actuaciones:

  • a) Incluir como asociados a personas jur韉icas con 醤imo de lucro.
  • b) Percibir ayudas econ髆icas o financieras de las empresas o grupos de empresas que suministren bienes o servicios a las personas consumidoras o usuarias.

    No tendr醤 la consideraci髇 de ayudas econ髆icas las aportaciones que se realicen a trav閟 de convenios o acuerdos de colaboraci髇, en las condiciones de transparencia establecidas en esta secci髇, siempre que efectivamente no mermen la independencia de la asociaci髇.

  • c) Realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios.

    A estos efectos, se entiende por comunicaci髇 comercial todo acto, conducta o manifestaci髇, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione directamente con la promoci髇 o venta de bienes y servicios.

  • d) Autorizar el uso de su denominaci髇, imagen o cualquier otro signo representativo en la publicidad comercial realizada por los operadores del mercado u omitir las actuaciones tendentes a impedir dicha utilizaci髇, a partir del momento en que se tenga conocimiento de esta conducta.

    No se considerar醤 operadores de mercado las sociedades mercantiles en las que participen las asociaciones de personas consumidoras en los t閞minos contemplados en el art韈ulo siguiente.

  • e) Dedicarse a actividades distintas de la defensa de los intereses de las personas consumidoras o usuarias.

3.– Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias constituidas con arreglo a la legislaci髇 de cooperativas deber醤 cumplir los requisitos de independencia recogidos en el apartado precedente exclusivamente en relaci髇 con su actuaci髇 como tales asociaciones, sin tener en cuenta la actividad econ髆ica propia de la entidad cooperativa.

Art韈ulo 67.– Participaci髇 en sociedades mercantiles

1.– Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias podr醤 participar en sociedades mercantiles, siempre que 閟tas re鷑an los siguientes requisitos:

  • a) Tener como objeto social exclusivo el desarrollo de actividades instrumentales concretamente delimitadas que sirvan a los fines de informaci髇, formaci髇 y defensa de las personas consumidoras y usuarias.
  • b) Que su capital social corresponda 韓tegramente a asociaciones de personas consumidoras y usuarias que re鷑an los requisitos exigidos por esta ley y cuyos beneficios solo se repartan entre aquellas.
  • c) Ajustarse a los requisitos de independencia y transparencia regulados para las asociaciones de personas consumidoras y usuarias en la presente ley, incluida la obligaci髇 de depositar sus cuentas en Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

2.– El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior por parte de las sociedades mercantiles se considerar imputable a las propias asociaciones de personas consumidoras y usuarias que participen en su capital social, pudiendo derivarse de ello la p閞dida de su consideraci髇 como asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

Art韈ulo 68.– Definici髇 del marco de colaboraci髇 con los operadores del mercado

1.– Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias definir醤 estatutariamente o mediante acuerdo de su asamblea general y con pleno respeto a lo establecido en esta ley:

  • a) El marco leg韙imo de su colaboraci髇 con los operadores del mercado en defensa de los derechos de personas consumidoras y usuarias y la leal competencia.
  • b) Los supuestos en que puedan celebrar convenios o acuerdos de colaboraci髇 con los operadores del mercado, su alcance y modo de instrumentarlos.

2.– Los estatutos o acuerdos de la asamblea general en los que se establezca el citado marco de colaboraci髇 se depositar醤 en Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

Art韈ulo 69.– Convenios o acuerdos de colaboraci髇

Los convenios o acuerdos de colaboraci髇, de duraci髇 temporal o indefinida, entre las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las empresas, agrupaciones o asociaciones de empresas, fundaciones o cualquier organizaci髇 sin 醤imo de lucro deber醤 cumplir los siguientes requisitos:

  • a) Tener como finalidad exclusiva el desarrollo de proyectos espec韋icos de informaci髇, formaci髇 y defensa de las personas consumidoras y usuarias, mejorando su posici髇 en el mercado.
  • b) Respetar los principios de independencia y transparencia.
  • c) Consistir en la realizaci髇 de actuaciones, trabajos, estudios o publicaciones de inter閟 general para las personas consumidoras y usuarias.
  • d) Ser depositados en Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

Art韈ulo 70.– Dep髎ito de las cuentas anuales

Las cuentas anuales de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias se depositar醤 en Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo en el plazo de un mes desde que sean aprobadas por los 髍ganos estatutarios correspondientes.

Art韈ulo 71.– Publicidad de la informaci髇 depositada por las asociaciones de personas consumidoras y usuarias

1.– La informaci髇 depositada por las asociaciones de personas consumidoras y usuarias a que se refieren los art韈ulos precedentes ser p鷅lica.

2.– Reglamentariamente podr醤 establecerse los plazos, condiciones y requisitos adicionales de las obligaciones de dep髎ito reguladas en esta secci髇.

SECCI覰 3
FUNCIONES Y DERECHOS DE LAS ASOCIACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS

Art韈ulo 72.– Funciones de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias

Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias constituidas de conformidad con lo dispuesto en esta ley tendr醤 las siguientes funciones:

  • a) La informaci髇 a las personas consumidoras y usuarias sobre sus derechos y obligaciones.
  • b) La educaci髇 y la formaci髇 de las personas consumidoras y usuarias.
  • c) La protecci髇 jur韉ica de las personas consumidoras y usuarias, dirigida a la reparaci髇 e indemnizaci髇 de los da駉s y perjuicios que sufran como consecuencia de la adquisici髇 o el uso de bienes y servicios.
  • d) La gesti髇 de los conflictos en materia de consumo, especialmente a trav閟 de la mediaci髇.
  • e) El ejercicio de acciones en defensa de sus personas asociadas, de la organizaci髇 y de los intereses generales o difusos de las personas consumidoras y usuarias, cuando ostenten la correspondiente legitimaci髇, de conformidad con la legislaci髇 procesal vigente.
  • f) La consulta, el informe y el asesoramiento a los poderes p鷅licos en defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias.
  • g) Cualquier otra funci髇 que, legal o convencionalmente, pueda derivarse de las relaciones de consumo en defensa de las personas consumidoras y usuarias.

Art韈ulo 73.– Derechos de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias

1.– Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias constituidas de conformidad con esta ley tendr醤 derecho a:

  • a) Utilizar la denominaci髇 de asociaci髇 de personas consumidoras y usuarias y actuar, en general, en defensa y representaci髇 de sus intereses.
  • b) Representar a las personas consumidoras y usuarias ante las administraciones p鷅lica y obtener informaci髇 sobre ellas en los t閞minos que reglamentariamente se establezcan.
  • c) Promover sistemas de resoluci髇 alternativa de conflictos.
  • d) Ser consideradas parte interesada en los procedimientos administrativos de car醕ter sancionador promovidos por ellas mismas, en relaci髇 con la protecci髇 de los intereses de las personas consumidoras y usuarias.
  • e) Ejercer acciones judiciales y extrajudiciales en defensa de los socios y de las socias, as como de la asociaci髇.
  • f) Exigir la rectificaci髇 p鷅lica de las comunicaciones e informaciones publicitarias enga駉sas o il韈itas, y ejercer, si procede, el correspondiente derecho de r閜lica, de acuerdo con las leyes.
  • g) Representar a las personas consumidoras y usuarias en los medios de comunicaci髇 p鷅licos y privados.
  • h) Disfrutar del beneficio de justicia gratuita en los t閞minos legalmente establecidos.
  • i) Ser declaradas de utilidad p鷅lica cuando re鷑an los requisitos establecidos para ello, y gozar de las correspondientes exenciones y bonificaciones fiscales legalmente establecidas.

2.– Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias que tengan la condici髇 de representativas podr醤 adem醩 ejercer los siguientes derechos:

  • a) Formar parte de los 髍ganos colegiados de participaci髇 y representaci髇 de car醕ter general y sectorial que aborden cuestiones que puedan afectar a la defensa de las personas consumidoras y usuarias, en los t閞minos que reglamentariamente se establezca.
  • b) Formar parte de la Comisi髇 Consultiva de Consumo de Euskadi, en el modo en que reglamentariamente se determine, y participar, a trav閟 de ella, en el procedimiento de elaboraci髇 de disposiciones de car醕ter general que afecten directamente a los derechos e intereses que representan.
  • c) Participar en la elaboraci髇 y aprobaci髇 de los modelos de contrato de prestaci髇 de servicios a las personas consumidoras y usuarias, cuando sean prestados por las administraciones p鷅licas a trav閟 de empresas p鷅licas o privadas.
  • d) Participar en el sistema arbitral de consumo, de acuerdo con las disposiciones que lo regulan, adhiri閚dose a este y nombrando 醨bitros que representen los intereses generales de las personas consumidoras y usuarias en los tribunales arbitrales.
  • e) Percibir las ayudas y subvenciones que oportunamente se aprueben para el desarrollo de sus fines, en los t閞minos de las correspondientes convocatorias.
  • f) Ejercer acciones judiciales y extrajudiciales en defensa de los intereses generales o difusos de las personas consumidoras y usuarias en general, de conformidad con la legislaci髇 procesal aplicable.

Art韈ulo 74.– Colaboraci髇 entre asociaciones de personas consumidoras y usuarias y organizaciones empresariales

1.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo fomentar la colaboraci髇 entre las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las organizaciones empresariales del 醡bito de Euskadi.

2.– A tal efecto, promover el desarrollo de las siguientes actuaciones:

  • a) Fomentar el sistema arbitral de consumo.
  • b) Colaborar en la comunicaci髇 de los posibles riesgos, cuando por su amplitud sea necesaria una actuaci髇 p鷅lica para garantizar la eficacia de la medida.
  • c) Promover el desarrollo de s韒bolos de calidad empresarial en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Euskadi.
  • d) Desarrollar actuaciones de informaci髇 y formaci髇 con las personas consumidoras y usuarias sobre bienes y servicios de uso y consumo generalizado, y en especial con respecto a las personas con necesidades espec韋icas.
  • e) Impulsar la autorregulaci髇 de los sectores empresariales por medio de la promoci髇 de c骴igos de buenas pr醕ticas y de otros mecanismos que puedan constituirse con estas finalidades.
  • f) Estimular las pr醕ticas de un consumo socialmente responsable y ecol骻icamente sostenible, impulsando el consumo de bienes y servicios respetuosos con el medio ambiente.
  • g) Fomentar el cooperativismo de consumo.
  • h) Apoyar las iniciativas para promocionar la protecci髇 de las personas consumidoras y usuarias en los pa韘es en desarrollo.

SECCI覰 4
REGISTRO DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS DE EUSKADI

Art韈ulo 75.– Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi

1.– Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias que tengan su domicilio o una delegaci髇 en la Comunidad Aut髇oma de Euskadi deber醤 inscribirse en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi para ejercer los derechos conferidos por la presente ley.

2.– En el plazo de tres meses desde la solicitud, Kontsumobide resolver sobre la procedencia de la inscripci髇 y el car醕ter representativo de la asociaci髇, en su caso.

3.– Reglamentariamente se desarrollar el procedimiento para la inscripci髇 y el funcionamiento del Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi.

4.– El registro estar adscrito a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

Art韈ulo 76.– Control de cumplimiento de requisitos

1.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr requerir a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias que act鷈n en el 醡bito de Euskadi la documentaci髇 e informaci髇 precisa para verificar el cumplimiento de los requisitos que se regulan en esta ley.

2.– Asimismo, podr realizar, por s o mediante la contrataci髇 con entidades externas e independientes, auditor韆s de cuentas con id閚tica finalidad.

Art韈ulo 77.– Baja de la inscripci髇 en el registro

1.– Podr acordarse la baja de la inscripci髇 en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

  • a) Que la asociaci髇 incumpla los requisitos y condiciones exigibles o lleve a cabo actuaciones prohibidas por esta ley o por la normativa que se dicte en su desarrollo y, en especial, cuando divulgue, por dolo o negligencia, informaci髇 err髇ea en el 醡bito de consumo, de la que se deriven da駉s o perjuicios para terceros.
  • b) Cuando, a requerimiento de la Administraci髇, no pueda acreditar, durante el per韔do de un a駉, haber llevado a cabo las actividades que le son propias.

2.– La resoluci髇 de baja en el registro se adoptar tras la tramitaci髇 de un procedimiento administrativo en el que se garantice el derecho de audiencia de la asociaci髇.

3.– La declaraci髇 de baja en el registro tendr una duraci髇 no inferior a cinco a駉s, en los supuestos contemplados en el p醨rafo a) del apartado uno de este art韈ulo, y de entre uno y dos a駉s, en el supuesto del p醨rafo b) del mismo apartado.

4.– Transcurrido el plazo para el que se haya acordado la baja en el registro, la asociaci髇 podr instar nuevamente su inscripci髇.

Art韈ulo 78.– Colaboraci髇 con otros registros

1.– A los exclusivos efectos de publicidad, en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi podr figurar informaci髇 sobre las asociaciones inscritas tanto en el registro estatal como en los registros que, con tal finalidad, puedan crearse en otras comunidades aut髇omas.

2.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo cooperar con la Administraci髇 general del Estado y con las administraciones auton髆icas en orden a facilitar la informaci髇 precisa que haya de constar en los registros de cada administraci髇, de conformidad con sus respectivas competencias.

CAP蚑ULO VIII
DERECHOS LING芡STICOS

Art韈ulo 79.– Derechos lingsticos de las personas consumidoras y usuarias

Con arreglo a lo establecido en la presente ley, las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a recibir en euskera o en castellano la informaci髇 sobre bienes y servicios y a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en sus relaciones de consumo.

Art韈ulo 80.– Informaci髇 sobre bienes y servicios

1.– Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a recibir en euskera y castellano la informaci髇 sobre bienes y servicios en los t閞minos contemplados en el art韈ulo 45 de esta ley.

2.– Se garantizar la presencia de las dos lenguas oficiales en las relaciones con las personas consumidoras y usuarias, mediante la puesta a disposici髇 en euskera y en castellano o de forma biling黣, de los siguientes elementos:

  • a) Los r髏ulos, avisos y, en general, las comunicaciones, escritas o verbales, dirigidas al p鷅lico en general de los establecimientos radicados en Euskadi.
  • b) La oferta, promoci髇 y publicidad de los bienes y servicios destinados a las personas consumidoras y usuarias, cualesquiera que sean los soportes utilizados.
  • c) Los impresos o modelos oficiales que se confeccionen, en papel o en formato electr髇ico, para su cumplimentaci髇 por las personas consumidoras y usuarias.
  • d) Los contratos de adhesi髇, con cl醬sulas tipo, contratos normados, las condiciones generales y la documentaci髇 que se refiera estos o que se desprenda de la realizaci髇 de los citados contratos, salvo que la persona consumidora o usuaria opte expresamente a favor de la utilizaci髇 de una de las dos lenguas oficiales.
  • e) Las comunicaciones escritas dirigidas a las personas consumidoras y usuarias en particular, as como las facturas, los presupuestos y otros documentos an醠ogos, salvo que la persona consumidora y usuaria elija expresamente la utilizaci髇 de una de las dos lenguas oficiales.
  • f) Los manuales de instrucciones de uso y mantenimiento, documentos de garant韆, etiquetaje y envasado de los productos o servicios de los bienes producidos o elaborados en la Comunidad Aut髇oma de Euskadi deber醤 redactarse, al menos, en euskera y castellano.

Art韈ulo 81.– Presentaci髇 y etiquetado de bienes y servicios

1.– Sin perjuicio de la exigencia de utilizar el castellano en la presentaci髇 y el etiquetado de determinados bienes y servicios, por raz髇 de la protecci髇 de la salud y la seguridad, en los t閞minos establecidos en la normativa vigente, la informaci髇 que se facilite en los bienes y servicios distribuidos en el 醡bito territorial de Euskadi, incluyendo la contenida en etiquetas, envases e impresos o indicaciones sobre las instrucciones de uso, se expresar en euskera, en castellano, o en euskera y en castellano conjuntamente, seg鷑 el deseo de la persona oferente.

2.– En el caso de bienes con denominaci髇 de origen o denominaci髇 de calidad y productos artesanales regulados en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Euskadi, se promover el uso del euskera en su presentaci髇 y etiquetado.

3.– En los dem醩 supuestos, se promover la utilizaci髇 de forma conjunta del euskera y el castellano en la informaci髇 que se ofrezca sobre los bienes y servicios.

Art韈ulo 82.– Entidades p鷅licas

1.– A los efectos de lo dispuesto en la presente ley, tienen la consideraci髇 de entidades p鷅licas:

  • a) Las administraciones p鷅licas de Euskadi y la Administraci髇 del Estado radicada en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma, incluyendo los entes sujetos a derecho p鷅lico o privado dependientes de aquellas o que integran su administraci髇 institucional.
  • b) Las entidades de cualquier naturaleza que gestionan servicios p鷅licos cuya titularidad corresponda a las administraciones mencionadas en el apartado anterior, cuando act鷈n en el 醡bito de prestaci髇 de estos servicios.
  • c) Las entidades de cualquier naturaleza participadas mayoritariamente o controladas por las administraciones y entes mencionados en el apartado a). Se entender a estos efectos que existe una relaci髇 de control cuando se disponga de la mayor韆 de los derechos de voto de la entidad o se tenga derecho a nombrar a la mayor韆 de los miembros de los 髍ganos de gobierno.

2.– Las entidades p鷅licas garantizar醤 la presencia de las dos lenguas oficiales en sus relaciones con las personas consumidoras y usuarias, mediante la puesta a disposici髇 en euskera y en castellano o de forma biling黣 de los elementos se馻lados en los art韈ulos 80.2 y 81.1.

3.– En sus relaciones con las entidades p鷅licas, las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a ser atendidas en la lengua oficial que elijan, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, b醩ica de normalizaci髇 del uso del Euskera.

4.– Las disposiciones de esta ley aplicables a la Administraci髇 del Estado se entienden sin perjuicio de la competencia estatal para ordenar sus servicios.

Art韈ulo 83.– Servicios de car醕ter b醩ico de inter閟 general, grandes establecimientos comerciales y otras personas empresarias privadas

1.– Las entidades que presten servicios de car醕ter b醩ico de inter閟 general y los establecimientos calificados como grandes establecimientos comerciales por la legislaci髇 vigente en materia de actividad comercial pondr醤 a disposici髇 de las personas consumidoras y usuarias, en euskera y en castellano o de forma biling黣, los elementos se馻lados en los art韈ulos 80.2 y 81.1.

2.– Las administraciones p鷅licas de Euskadi, desde los departamentos correspondientes por raz髇 de la materia y en uso de las competencias que tengan atribuidas, actuar醤 coordinadamente, a fin de facilitar el acceso y la extensi髇 progresiva de lo establecido en el apartado anterior a las dem醩 personas o entidades privadas proveedoras o distribuidoras de bienes o servicios, mediante la implementaci髇 de medidas de apoyo y promoci髇 del uso del euskera, en los elementos se馻lados en los art韈ulos 80.2 y 81.1.

Art韈ulo 84.– Lengua de la atenci髇 al p鷅lico en las relaciones de consumo

1.– Las entidades que reciban subvenciones destinadas espec韋icamente a la integraci髇 del euskera en el 醡bito de las relaciones laborales y en el de la atenci髇 al p鷅lico deber醤 poder atender a las personas consumidoras y usuarias en la lengua oficial en que estas se expresen o soliciten.

2.– Las administraciones p鷅licas competentes, articular醤 coordinadamente las medidas de fomento que resulten necesarias para garantizar el derecho de las personas consumidoras y usuarias para usar y ser atendidas en sus relaciones de consumo cualquiera que sea la lengua oficial en que se expresen.

Art韈ulo 85.– Actuaci髇 p鷅lica de fomento

1.– De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, b醩ica de normalizaci髇 del uso del Euskera, las administraciones p鷅licas competentes adoptar醤 las medidas oportunas para impulsar el uso del euskera en el 醡bito de las relaciones de consumo.

2.– Ser醤 objeto de preferente atenci髇 las medidas de fomento que propicien la extensi髇 del uso del euskera en el 醡bito de relaciones de consumo entre particulares, entre ellas:

  • a) la oferta, promoci髇 y publicidad de bienes y servicios,
  • b) la puesta a disposici髇 de documentos o manuales de uso o instrucciones,
  • c) la lengua de atenci髇 a las personas consumidoras y usuarias.

3.– As mismo, las administraciones p鷅licas vascas fomentar醤 activamente que en la atenci髇 y asesoramiento que presten las oficinas de informaci髇 y atenci髇 que no sean de titularidad p鷅lica a las personas consumidoras y usuarias, se garantice que puedan relacionarse en el idioma de su elecci髇.

4.– Los planes sectoriales cuyo 醡bito de actuaci髇 alcance las actividades derivadas de las relaciones de consumo promover醤 l韓eas espec韋icas de fomento que faciliten la presencia de las dos lenguas oficiales en el ejercicio de esta actividad.

5.– Igualmente, las administraciones p鷅licas vascas, en el 醡bito de sus competencias, impulsar醤 la difusi髇 de materiales con lenguaje especializado que faciliten el uso del euskera en el 醡bito de consumo.

T蚑ULO IV
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL 罬BITO DE LA RESOLUCI覰 DE CONFLICTOS DE CONSUMO

CAP蚑ULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art韈ulo 86.– Promoci髇 y desarrollo de sistemas alternativos de resoluci髇 de conflictos

1.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo facilitar el acceso de las personas consumidoras y usuarias y de las personas empresarias a sistemas alternativos de resoluci髇 de conflictos derivados de las relaciones de consumo, en colaboraci髇 con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y con las asociaciones empresariales.

2.– Lo dispuesto en este t韙ulo con respecto a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo ser de aplicaci髇 igualmente a los ayuntamientos que, a trav閟 de las oficinas municipales de informaci髇 a las personas consumidoras y usuarias, tramiten quejas, reclamaciones y denuncias y desarrollen funciones de mediaci髇, de conformidad con lo dispuesto por el art韈ulo 6.4.

Art韈ulo 87.– Procedencia de los sistemas alternativos de resoluci髇 de conflictos

1.– La resoluci髇 alternativa de conflictos derivados de las relaciones de consumo se canalizar a trav閟 de la mediaci髇 y el arbitraje de consumo, sin perjuicio de otros procedimientos espec韋icos previstos para determinados sectores de la actividad.

2.– Las personas consumidoras y usuarias, as como las personas empresarias, podr醤 someterse, con car醕ter voluntario, a los sistemas alternativos de resoluci髇 de conflictos derivados de las relaciones de consumo, siempre que afecten a materias sobre las que puedan disponer libremente.

Art韈ulo 88.– Utilizaci髇 de medios electr髇icos y telem醫icos

Se promover la implantaci髇 de sistemas electr髇icos para la presentaci髇 y resoluci髇 de quejas, reclamaciones y denuncias y el desarrollo de la mediaci髇 y el arbitraje de consumo. Se garantizar que las personas consumidoras y usuarias puedan seguir planteando estos temas de forma presencial o telef髇ica, para evitar la brecha digital.

CAP蚑ULO II
TRAMITACI覰 DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y DENUNCIAS

Art韈ulo 89.– Quejas, reclamaciones y denuncias

1.– Las personas consumidoras y usuarias, directamente o por medio de las asociaciones que las representan, tienen derecho a hacer llegar a la Administraci髇 quejas, reclamaciones y denuncias en materia de consumo.

2.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo o los servicios municipales competentes, en su caso, trasladar醤 el resultado de la tramitaci髇 a las personas que hayan presentado una queja o reclamaci髇.

3.– Las reclamaciones podr醤 dar lugar a la iniciaci髇 de un procedimiento de mediaci髇, de conformidad con lo dispuesto en el siguiente cap韙ulo.

4.– Cuando a consecuencia de la presentaci髇 de una denuncia se incoe procedimiento sancionador, se comunicar tal circunstancia a la persona denunciante.

5.– Reglamentariamente se establecer el procedimiento de tramitaci髇 de las quejas, reclamaciones y denuncias que se presenten.

Art韈ulo 90.– Hojas de reclamaciones

1.– Con objeto de facilitar la presentaci髇 de quejas, reclamaciones y denuncias, en todos los establecimientos comerciales se pondr a disposici髇 de las personas consumidoras y usuarias, hayan o no contratado con la persona empresaria, hojas de reclamaciones, en papel o formato electr髇ico, con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

2.– Dicha obligaci髇 abarca a todas las personas f韘icas o jur韉icas, titulares de establecimientos comerciales o de prestaci髇 de servicios, p鷅licos o privados, situados en la Comunidad Aut髇oma de Euskadi.

3.– As mismo, la obligaci髇 incluye a las personas empresarias que no dispongan de establecimiento f韘ico y las que operen a trav閟 de medios electr髇icos, siempre que suministren bienes o servicios directamente a las personas consumidoras y usuarias, y tengan su domicilio social o fiscal en la Comunidad Aut髇oma de Euskadi.

4.– La existencia de hojas de reclamaciones no impedir la presentaci髇 de quejas, reclamaciones o denuncias a trav閟 de otros medios.

5.– Reglamentariamente se establecer醤 los requisitos y la forma de presentaci髇 de las hojas de reclamaciones.

CAP蚑ULO III
MEDIACI覰

Art韈ulo 91.– Principios de actuaci髇

1.– La actividad de mediaci髇 se ajustar a los principios de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad.

2.– Las partes ser醤 libres para acogerse a la mediaci髇, as como de desistir de ella en cualquier momento.

3.– Se ha de garantizar la igualdad de oportunidades de las partes y el equilibrio de sus posiciones, sin que la persona mediadora pueda actuar en perjuicio o inter閟 de cualquiera de ellas.

4.– La funci髇 de mediaci髇 ha de desarrollarse con neutralidad y, en consecuencia, la persona mediadora debe intentar ayudar a las partes a alcanzar por s mismas los acuerdos pertinentes, sin imponer ninguna soluci髇 ni medida concreta.

5.– La persona mediadora se abstendr de intervenir cuando concurra un conflicto de intereses con alguna de las partes.

6.– Tanto la persona mediadora como las partes asumen un deber de confidencialidad y se comprometen a mantener el secreto sobre la mediaci髇, de modo que no podr醤 revelar la informaci髇 que hayan podido obtener como consecuencia de su participaci髇 en la mediaci髇.

Art韈ulo 92.– Procedimiento de mediaci髇

1.– El procedimiento de mediaci髇 se iniciar por solicitud de una de las partes, con el acuerdo de la otra, o en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediaci髇.

2.– El procedimiento se tramitar de acuerdo con la voluntad de las partes, con respeto a los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo.

3.– La persona mediadora podr pertenecer a los servicios correspondientes de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo o de los ayuntamientos, cuando estos dispongan de oficina municipal de informaci髇 a las personas consumidoras y usuarias, o estar acreditada para tales funciones.

4.– El procedimiento de mediaci髇 ser gratuito para las personas consumidoras y usuarias.

5.– El procedimiento de mediaci髇 podr ser aplicado a cualquier relaci髇 de consumo, salvo que exista una regulaci髇 sectorial espec韋ica.

Art韈ulo 93.– Naturaleza de los acuerdos

1.– Los acuerdos a los que lleguen las partes tras el procedimiento de mediaci髇 ser醤 vinculantes en los t閞minos que las propias partes hayan fijado.

2.– Dichos acuerdos se deber醤 formalizar por escrito suscrito por las partes y la persona mediadora.

3.– Los acuerdos ser醤 ejecutivos con arreglo a la legislaci髇 vigente.

Art韈ulo 94.– Acreditaci髇 de entidades de resoluci髇 alternativa de conflictos

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo tendr la consideraci髇 de autoridad competente para la acreditaci髇 de entidades de resoluci髇 alternativa de conflictos en materia de consumo, establecidas en el 醡bito territorial de Euskadi, en relaci髇 con los procedimientos de mediaci髇 regulados en este t韙ulo.

CAP蚑ULO IV
ARBITRAJE

Art韈ulo 95.– Junta Arbitral de Consumo de Euskadi

1.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo ejercer las funciones de fomento, gesti髇 y desarrollo del sistema arbitral de consumo a trav閟 de la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi y coordinar su funcionamiento con los ayuntamientos.

2.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo promover la adhesi髇 a la Junta Arbitral de Consumo de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, de las personas empresarias y profesionales y de sus respectivas organizaciones, con las que podr suscribir convenios de colaboraci髇 con tal finalidad.

3.– El Gobierno Vasco impulsar la firma de convenios para el establecimiento de colegios arbitrales, dependientes de la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi, en aquellos municipios o mancomunidades que, debido a su poblaci髇 o n鷐ero de solicitudes de arbitraje, as lo soliciten.

Art韈ulo 96.– Adhesi髇 al arbitraje en el sector p鷅lico y la contrataci髇 p鷅lica

1.– Las empresas del sector p鷅lico vasco deber醤 acordar, de conformidad con las normas que regulen su actuaci髇, su adhesi髇 al sistema arbitral de consumo.

Se except鷄n de esta obligaci髇 las empresas p鷅licas que cuenten con un sistema espec韋ico de resoluci髇 de reclamaciones establecido normativamente.

2.– Cuando cualquiera de las entidades p鷅licas de Euskadi enumeradas en el art韈ulo 82.1 de esta ley celebre un contrato de concesi髇 de obras, concesi髇 de servicios o de los previstos en el art韈ulo 312 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, con un operador econ髆ico que ofrezca bienes o servicios a la persona consumidora y usuaria mediante una relaci髇 de consumo incluir, como condici髇 especial de ejecuci髇 en los pliegos de contrataci髇, la adhesi髇 de la empresa adjudicataria al sistema arbitral de consumo como m閠odo de resoluci髇 de conflictos entre la contratista y las personas consumidoras y usuarias.

Art韈ulo 97.– Valoraci髇 de la adhesi髇 al arbitraje

1.– La adhesi髇 al sistema arbitral de consumo se considerar como m閞ito objetivo en la valoraci髇 de los premios a la calidad que otorguen las administraciones p鷅licas vascas a aquellas personas empresarias que ofrezcan bienes y servicios a las personas consumidoras y usuarias.

2.– Las normas reguladoras de las ayudas o subvenciones valorar醤 la procedencia de la inclusi髇 de dicha adhesi髇 entre los criterios objetivos de adjudicaci髇 de las ayudas o subvenciones.

T蚑ULO V
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE VIGILANCIA Y CONTROL

CAP蚑ULO I
MEDIDAS DE CAR罜TER GENERAL

Art韈ulo 98.– Principios de actuaci髇

1.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y los ayuntamientos llevar醤 a cabo las actuaciones de vigilancia y control necesarias para garantizar la protecci髇 efectiva de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, en los t閞minos que se recogen en los art韈ulos siguientes.

2.– Con tal finalidad, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr dirigirse a las dem醩 administraciones p鷅licas, colegios profesionales y, en general, cualquier autoridad, proponiendo las medidas que en su caso puedan ser adoptadas en aplicaci髇 de la legislaci髇 sectorial correspondiente.

3.– Lo dispuesto en este t韙ulo con respecto a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo ser de aplicaci髇 igualmente a los ayuntamientos que dispongan de personal inspector, de conformidad con el art韈ulo 6.2 de esta ley.

Art韈ulo 99.– Vigilancia y control de bienes y servicios

1.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo llevar a cabo las actuaciones necesarias para prevenir, detectar, impedir y, en su caso, sancionar la producci髇, fabricaci髇, elaboraci髇, almacenamiento, distribuci髇 y comercializaci髇 de bienes o servicios que no cumplan las condiciones exigidas para garantizar los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias.

2.– Las labores de vigilancia y control podr醤 desarrollarse en la forma y momento que mejor permitan conocer la realidad, y por los medios que en cada caso se consideren m醩 adecuados.

3.– En particular, podr醤 realizarse, directamente o en colaboraci髇 con otras entidades p鷅licas o privadas, estudios, controles, ensayos, an醠isis y comprobaciones, referidas a cualquier fase del proceso de producci髇, fabricaci髇, elaboraci髇, almacenamiento, distribuci髇 o comercializaci髇 de bienes o prestaci髇 de servicios dirigidos a las personas consumidoras y usuarias.

4.– Dichas actuaciones podr醤 recaer tanto sobre los bienes y servicios destinados a la comercializaci髇 directa o indirecta en el mercado como sobre los locales y establecimientos mercantiles utilizados para su producci髇, fabricaci髇, elaboraci髇, almacenamiento, distribuci髇 o comercializaci髇.

5.– Se excluyen de las actuaciones de vigilancia y control reguladas en este t韙ulo los supuestos de riesgos para la salud derivados de medicamentos, productos sanitarios, productos cosm閠icos, productos de cuidado personal y de alimentos, que sean objeto de procedimientos espec韋icos de vigilancia y control por parte de las autoridades sanitarias.

Art韈ulo 100.– Advertencias y requerimientos

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr advertir de su situaci髇 a las personas empresarias que incumplan alguno de los deberes que afecten a los derechos de las personas consumidoras y usuarias, as como requerirles su cumplimiento, en un plazo adecuado a la 韓dole de la obligaci髇 y al riesgo detectado, sin perjuicio de las dem醩 medidas contempladas en esta ley, incluida la incoaci髇 de expedientes sancionadores.

Art韈ulo 101.– Plan anual de campa馻s

1.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo elaborar un plan anual de campa馻s de control de mercado, a fin de garantizar una protecci髇 homog閚ea de las personas consumidoras y usuarias.

2.– Las actuaciones desarrolladas en ejecuci髇 del plan anual, as como su resultado, ser醤 objeto de publicidad con la finalidad de mejorar el funcionamiento de los sectores afectados y de reforzar la protecci髇 de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

CAP蚑ULO II
MEDIDAS PROVISIONALES

Art韈ulo 102.– 羗bito y supuestos

1.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr adoptar, de oficio o a instancia de parte, mediante acuerdo motivado, las medidas provisionales oportunas que sean imprescindibles para asegurar la eficacia de la resoluci髇 que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

2.– Estas medidas, que no tendr醤 car醕ter sancionador, podr醤 adoptarse en el curso de un procedimiento de tal naturaleza o de cualquier otro.

3.– Por razones de urgencia, cuando haya indicios racionales de riesgo para la salud y seguridad de las personas consumidoras y usuarias o puedan lesionarse de forma grave los intereses econ髆icos y sociales de aquellas, las medidas provisionales podr醤 ser adoptadas antes de la iniciaci髇 del procedimiento administrativo por el personal inspector de consumo, mediante el levantamiento de la correspondiente acta, en la que se justifique el motivo de las medidas y la urgencia de su adopci髇.

Art韈ulo 103.– Proporcionalidad

Las medidas provisionales ser醤 proporcionadas a la gravedad de los riesgos, y se ajustar醤 a las siguientes reglas:

  • a) Se adoptar醤 las medidas menos restrictivas que sea posible para la libre circulaci髇 de mercanc韆s y la libertad de empresa.
  • b) Se mantendr醤 durante el tiempo que sea estrictamente necesario para realizar las comprobaciones necesarias y eliminar los riesgos que hayan surgido o, cuando ello fuera posible, para eliminar el hecho que motiv la medida.

Art韈ulo 104.– Tipos de medidas

Se podr醤 adoptar los siguientes tipos de medidas provisionales:

  • a) Suspender o prohibir temporalmente la oferta, promoci髇, comercializaci髇 o venta de un bien o la prestaci髇 de un servicio, que se realice a trav閟 de cualquier medio, incluidos los servicios de la sociedad de la informaci髇.
  • b) Imponer condiciones previas en cualquier fase de comercializaci髇 de bienes o prestaci髇 de servicios, con el fin de que se subsanen las deficiencias detectadas.
  • c) Inmovilizaci髇 o intervenci髇 de determinados bienes, de forma que quede prohibida su disposici髇 sin expresa autorizaci髇.
  • d) Inmovilizaci髇 o retirada de determinados bienes del mercado y, en su caso, recuperaci髇 de los que est閚 en manos de las personas consumidoras y usuarias.
  • e) Destrucci髇 de los bienes en condiciones adecuadas.
  • f) Clausura temporal de establecimientos o instalaciones.
  • g) Obligaci髇 de informar, incluso mediante la publicaci髇 de avisos especiales, a las personas que puedan verse afectadas, sobre la existencia del riesgo, de forma inmediata y por los medios m醩 adecuados para asegurar su conocimiento.
  • h) Cualquier otra medida que se prevea expresamente en las leyes o que se estime necesaria para la desaparici髇 del riesgo.

Art韈ulo 105.– Procedimiento a seguir tras la adopci髇 de las medidas

1.– En el plazo de 15 d韆s h醔iles desde que se hubieran adoptado, las medidas provisionales deber醤 ser confirmadas, modificadas o levantadas mediante acuerdo de inicio del procedimiento, que dicte el 髍gano competente.

Antes del transcurso de dicho plazo, las medidas provisionales podr醤 dejarse sin efecto cuando se constate la desaparici髇 de la circunstancia que haya justificado su adopci髇.

2.– El acuerdo al que se refiere el apartado precedente se notificar a las personas interesadas, que podr醤 formular los recursos que procedan.

3.– En caso de no dictarse en plazo el acuerdo de inicio del procedimiento o cuando en 閘 no se contuviera un pronunciamiento expreso sobre las medidas adoptadas, estas quedar醤 sin efecto por el transcurso de dicho plazo.

4.– Las medidas provisionales se extinguir醤 cuando surta efectos la resoluci髇 administrativa que ponga fin al procedimiento.

5.– Los gastos ocasionados por las medidas provisionales y definitivas ser醤 a cargo de quien, por acci髇 u omisi髇, haya dado lugar a su adopci髇, sin perjuicio de lo dispuesto en los art韈ulos 109 y 115.

6.– La resoluci髇 que ponga fin al procedimiento deber notificarse a las personas interesadas en el plazo de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciaci髇.

7.– Con la finalidad de evitar que se produzcan da駉s, podr acordarse la tramitaci髇 de urgencia del procedimiento.

8.– Lo dispuesto en este cap韙ulo no impedir, en su caso, la incoaci髇 de un procedimiento sancionador si concurren hechos constitutivos de infracci髇 administrativa.

Art韈ulo 106.– Ejecuci髇 forzosa

Para la exacci髇 de los gastos en los supuestos contemplados en los art韈ulos 105.5, 109.2 y 115.2 podr utilizarse el procedimiento administrativo de apremio.

Art韈ulo 107.– Servicio de alerta e informaci髇 de riesgos

1.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo dispondr de un servicio de alerta de bienes de consumo, con objeto de coordinar las actuaciones con los municipios y con las dem醩 administraciones y de facilitar el intercambio r醦ido de informaci髇 y la reacci髇 ante situaciones de riesgo para la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias.

2.– En caso de que sea necesario para la protecci髇 de las personas consumidoras y usuarias, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr informar sobre los riesgos o las irregularidades detectadas, los bienes o servicios y las empresas afectadas, las medidas provisionales y definitivas adoptadas y, en su caso, las precauciones que deban adoptarse.

CAP蚑ULO III
TOMA DE MUESTRAS Y PR罜TICA DE AN罫ISIS

Art韈ulo 108.– Supuestos

1.– La inspecci髇 de consumo, en el ejercicio de sus funciones, podr tomar muestras y efectuar cualquier control o an醠isis sobre los bienes y servicios en cualquier fase de comercializaci髇, a fin de comprobar su adecuaci髇 a la normativa aplicable sobre funcionalidad, composici髇, etiquetado, presentaci髇, publicidad, seguridad y cualquier otro aspecto que pueda afectar a las personas consumidoras o usuarias.

2.– Con la misma finalidad, la inspecci髇 de consumo podr adquirir bienes o servicios como compras de prueba, incluso en la venta a distancia.

3.– Lo dispuesto en este cap韙ulo tendr car醕ter supletorio cuando sea de aplicaci髇 otra normativa espec韋ica por raz髇 del tipo de producto o procedimiento de que se trate.

Art韈ulo 109.– Costes derivados de la toma de muestras y compras de prueba

1.– La Administraci髇 no deber abonar a la persona empresaria el valor de las muestras o compras de prueba cuando en los an醠isis que realice se constate cualquier irregularidad.

2.– En tal supuesto, si se hubiera hecho el abono anticipadamente, la Administraci髇 exigir su reembolso mediante resoluci髇 motivada.

Art韈ulo 110.– Efectos de los an醠isis practicados

1.– Cuando, a consecuencia de una prueba anal韙ica, se detecte una irregularidad, se presumir que el incumplimiento afecta a toda la producci髇, salvo en el caso de que el responsable del bien pueda acreditar que se limita a un lote o a un n鷐ero determinado de unidades o que se trata de un fallo puntual del control de calidad.

2.– A tal efecto, la persona empresaria deber aportar, en el plazo de un mes desde la recepci髇 de la notificaci髇 de los resultados anal韙icos, la acreditaci髇 de tales extremos.

Art韈ulo 111.– Pr醕tica de la toma de muestras

1.– La toma de muestras ser documentada mediante acta de inspecci髇, en la que se dejar constancia de todos los datos y circunstancias que sean necesarios para la correcta identificaci髇 del acto y del contenido e identidad de las muestras.

2.– La muestra reglamentaria constar de tres ejemplares homog閚eos, que ser醤 precintados y etiquetados, de tal forma que quede garantizada la integridad de su contenido y la trazabilidad de cada ejemplar.

Art韈ulo 112.– Pr醕tica de las pruebas anal韙icas

1.– Las pruebas anal韙icas se realizar醤 en laboratorios oficiales, en laboratorios privados acreditados o en los que sean designados al efecto por Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

2.– Cuando del resultado del an醠isis inicial se deduzcan incumplimientos y la persona empresaria no acepte los resultados, podr solicitar la realizaci髇 del an醠isis contradictorio.

3.– Si se producen desacuerdos entre los dict醡enes de los an醠isis inicial y contradictorio, el 髍gano competente designar otro laboratorio para que, a la vista de los antecedentes de los anteriores an醠isis y utilizando la tercera muestra, realice un tercer an醠isis, que tendr car醕ter dirimente.

Art韈ulo 113.– Realizaci髇 de an醠isis en un 鷑ico acto

1.– Se podr醤 realizar los an醠isis en un 鷑ico acto, en los siguientes supuestos:

  • a) Cuando se trate de bienes perecederos o de dif韈il conservaci髇.
  • b) Cuando concurran razones de urgencia, por los peligros que puedan derivarse para la seguridad de las personas consumidoras o usuarias.
  • c) Cuando concurran otras circunstancias t閏nicas que as lo aconsejen y se hagan constar expresamente en el acta.

2.– A tal efecto, se citar醤 en un 鷑ico laboratorio a tres personas peritas, dos de ellas nombradas por la Administraci髇 y la tercera, por la persona interesada, y se practicar醤 los an醠isis inicial, contradictorio y, en su caso, dirimente, sin soluci髇 de continuidad.

Art韈ulo 114.– An醠isis de una 鷑ica muestra

1.– Bastar el resultado anal韙ico obtenido de una muestra compuesta por un 鷑ico ejemplar, en los siguientes casos:

  • a) Cuando se trate de productos sometidos a certificaci髇 u homologaci髇 para determinar su seguridad o aptitud funcional.
  • b) Cuando, por la escasa cantidad o n鷐ero de unidades disponibles de producto, su elevado valor econ髆ico o por otras circunstancias justificadas, que se har醤 constar en el acta, no sea posible o proporcionada la obtenci髇 de muestras por triplicado.

2.– En estos casos, la realizaci髇 de las pruebas se notificar a las personas responsables del producto.

Art韈ulo 115.– Costes derivados de la realizaci髇 de an醠isis

1.– Los gastos derivados de la realizaci髇 del an醠isis contradictorio ser醤 por cuenta de quien lo promueva.

2.– Los gastos originados por la realizaci髇 del an醠isis inicial y, en su caso, dirimente ser醤 por cuenta de la persona empresaria cuando su resultado acredite alguna irregularidad. En otro caso, ser醤 por cuenta de la Administraci髇.

T蚑ULO VI
LA INSPECCI覰 DE CONSUMO

Art韈ulo 116.– 羗bito de actuaci髇

1.– Corresponde a la inspecci髇 de consumo llevar a cabo las actuaciones necesarias para prevenir, detectar, impedir y, en su caso, sancionar el incumplimiento de la normativa vigente en materia de consumo, en defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, en los t閞minos que se establecen en el presente t韙ulo.

2.– La inspecci髇 de consumo ejercer sus funciones en relaci髇 con los bienes y servicios puestos a disposici髇 de las personas consumidoras y usuarias en cualquier fase de su comercializaci髇.

3.– Las referencias de esta ley a la inspecci髇 de consumo o a su personal se entender醤 hechas tanto a la que dependa de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo como de los ayuntamientos, en caso de que existan servicios de inspecci髇 municipal, sin perjuicio de la normativa que les sea de aplicaci髇 en el 醡bito municipal.

Art韈ulo 117.– Criterios y principios de actuaci髇

1.– El personal inspector ejercer sus funciones con independencia, imparcialidad y objetividad, sin perjuicio de su dependencia org醤ica y funcional con respecto a las autoridades administrativas.

2.– El desarrollo de las funciones de inspecci髇 se ajustar a los criterios de profesionalizaci髇, coordinaci髇, especializaci髇 y sujeci髇 a los principios de legalidad, proporcionalidad y eficacia.

3.– La organizaci髇 y el funcionamiento de la inspecci髇 de consumo de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo se determinar reglamentariamente.

Art韈ulo 118.– Identificaci髇 de la persona inspectora

1.– Con car醕ter general, cuando la persona inspectora se encuentre en el ejercicio de su funci髇, se identificar como tal e informar a la persona inspeccionada del objeto de las actuaciones, as como de los derechos y deberes que le corresponden en dichas actuaciones.

2.– Se except鷄n de lo anterior aquellos supuestos en los que la inspecci髇 se realice en entornos incompatibles con la identificaci髇 (telem醫icos, telef髇icos, etc閠era) o cuando la finalidad de aquella pueda frustrarse por motivo de la identificaci髇. En el acta o informe que elabore dejar constancia de las causas y circunstancias que justifican su modo de actuaci髇.

3.– La identificaci髇 de la persona inspectora podr hacerse mediante un c骴igo identificativo, que sustituir a la indicaci髇 de su nombre y apellidos.

Art韈ulo 119.– Deberes del personal inspector

En el desarrollo de las actuaciones propias de las funciones de inspecci髇, el personal inspector tendr los siguientes deberes espec韋icos:

  • a) Observar el m醲imo respeto y consideraci髇 con las personas objeto de la inspecci髇.
  • b) Guardar secreto y sigilo profesional respecto a los asuntos que conozca por raz髇 de sus funciones.
  • c) Guardar confidencialidad respecto a los datos personales, quedando prohibida su cesi髇 o comunicaci髇 a personas terceras.
  • d) Llevar a cabo sus actuaciones de forma que afecten lo menos posible a la actividad normal de las personas f韘icas o jur韉icas objeto de inspecci髇.

Art韈ulo 120.– Condici髇 de autoridad

El personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, tendr la condici髇 de autoridad a todos los efectos.

Art韈ulo 121.– Funciones de la inspecci髇 de consumo

La inspecci髇 de consumo llevar a cabo la vigilancia y control de los bienes y servicios objeto de su actuaci髇, a trav閟 de las siguientes funciones:

  • a) Vigilar, verificar y constatar el cumplimiento de la normativa que pueda afectar, directa o indirectamente, a los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la comercializaci髇 de bienes y la prestaci髇 de servicios puestos a su disposici髇.
  • b) Informar a las empresas durante la realizaci髇 de sus actuaciones, sobre las exigencias, cumplimiento y aplicaci髇 de la normativa vigente en materia de protecci髇 y defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.
  • c) Realizar las actuaciones previas a un eventual procedimiento sancionador cuando lo estime necesario el 髍gano competente para su incoaci髇.
  • d) Elaborar los informes que le sean requeridos por los 髍ganos competentes en materia de mediaci髇 o arbitraje de consumo o en la tramitaci髇 de procedimientos sancionadores.
  • e) Participar en el estudio de los sectores del mercado para determinar los bienes y servicios de los que pudieran derivarse riesgos para la salud, seguridad y los intereses econ髆icos de las personas consumidoras y usuarias, con la finalidad de incluirlos como objetivos prioritarios de las actividades de vigilancia y control.
  • f) Elaborar informes sobre la adecuaci髇 de los distintos sectores a la normativa protectora de los derechos de las personas consumidoras.
  • g) Ejecutar las 髍denes dictadas por las autoridades competentes en materia de consumo.
  • h) Cualquier otra funci髇 que se le atribuya legal o reglamentariamente.

Art韈ulo 122.– Facultades de la inspecci髇 de consumo

En el ejercicio de sus funciones el personal de la inspecci髇 de consumo podr:

  • a) Acceder sin previo aviso a los establecimientos industriales o comerciales abiertos al p鷅lico y a cualquier dependencia u oficina en las que se realicen actividades que puedan afectar a las personas consumidoras y usuarias.
  • b) En caso de apreciar indicios de irregularidad que lo justifique, o cuando ello fuera necesario por razones de urgencia, acceder a cualquier lugar o recinto, aunque no est閚 abiertos al p鷅lico en general.

    Cuando el inmueble constituya el domicilio de una persona f韘ica o jur韉ica y esta no preste el consentimiento para la entrada del personal inspector, deber solicitarse previamente autorizaci髇 judicial, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que puedan derivarse de la negativa o resistencia a permitir el acceso a los locales e instalaciones.

  • c) Exigir la exhibici髇 de los documentos que deban estar en disposici髇 de la persona empresaria y obtener copias y reproducciones de ellos, aunque contengan datos de car醕ter personal.
  • d) Examinar toda la documentaci髇 mercantil, industrial o contable de la persona empresaria y, en particular, requerir a las personas intermediarias de servicios de la sociedad de la informaci髇 que les informen sobre los datos transmitidos, las actividades realizadas y la identificaci髇 de los destinatarios de sus servicios.
  • e) Requerir el env韔 a las dependencias administrativas de la documentaci髇 solicitada que no se haya podido facilitar en el momento de la visita inspectora.
  • f) Solicitar de terceros datos o antecedentes 鷗iles para la investigaci髇.
  • g) Tomar fotograf韆s y realizar mediciones y todo tipo de pruebas, investigaciones o ex醡enes necesarios para comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de consumo, as como tomar muestras para la realizaci髇 de an醠isis y comprobaciones en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente.
  • h) Realizar tomas de muestras y compras de prueba bajo una identidad encubierta, cuando ello sea necesario para comprobar el cumplimiento de la normativa en materia de protecci髇 a las personas consumidoras y usuarias.
  • i) Requerir la comparecencia y colaboraci髇 de cualquier persona f韘ica o jur韉ica que de forma directa o indirecta pudiera tener alguna relaci髇 con el objeto de la inspecci髇.
  • j) Realizar advertencias a las personas objeto de inspecci髇, indic醤doles la situaci髇 irregular en la que se encuentren, y requerirles para que realicen las adecuaciones necesarias.
  • k) Adoptar las medidas provisionales previstas en esta ley.
  • l) Proponer al 髍gano competente la adopci髇 de las medidas que procedan para subsanar las irregularidades constatadas y colaborar en su ejecuci髇.
  • m) Recabar la asistencia de personas con conocimientos t閏nicos especializados para la realizaci髇 de sus funciones.

Art韈ulo 123.– Obligaciones de las personas objeto de inspecci髇

Quienes sean objeto de una inspecci髇 de consumo deber醤 colaborar con el personal inspector, cumplir las obligaciones y facilitar todas aquellas actuaciones que se derivan de lo dispuesto en el art韈ulo precedente.

Art韈ulo 124.– Colaboraci髇 y auxilio a la inspecci髇 de consumo

1.– Las administraciones p鷅licas y cuantas personas ejerzan funciones p鷅licas prestar醤 a la inspecci髇 de consumo la colaboraci髇 que les sea solicitada cuando sea necesaria para el ejercicio de la funci髇 inspectora.

2.– Las empresas del sector p鷅lico de Euskadi, las organizaciones empresariales y corporativas, as como las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, facilitar醤 cualquier informaci髇 que les solicite la inspecci髇 de consumo en el ejercicio de sus funciones, incluidos datos de car醕ter personal cuando sean imprescindibles, con respeto al derecho a la protecci髇 de datos personales, en los t閞minos que se deriven de la legislaci髇 aplicable a la materia.

3.– El incumplimiento de la obligaci髇 recogida en el apartado anterior supondr infracci髇 en materia de consumo.

4.– El personal inspector podr recabar el auxilio y la colaboraci髇 de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando sea preciso para la ejecuci髇 de sus cometidos.

Art韈ulo 125.– Modalidades de actuaci髇 y su documentaci髇

1.– La inspecci髇 de consumo desarrollar sus funciones a trav閟 de las siguientes actuaciones:

  • a) Visitas de inspecci髇, que se realizar醤 tanto en los establecimientos f韘icos como en los medios digitales, electr髇icos o del comercio a distancia.
  • b) Comparecencias u otro tipo de actuaciones que se lleven a cabo en las dependencias de la inspecci髇.

2.– Las visitas de inspecci髇 se documentar醤 mediante actas; las comparecencias y las dem醩 actuaciones, hechos y circunstancias de las que haya que dejar constancia se formalizar醤 mediante diligencias.

3.– Los hechos constatados por el personal de la inspecci髇 de consumo, que se formalicen en las actas de inspecci髇 y en las diligencias, observando los requisitos legales pertinentes, tendr醤 presunci髇 de certeza, sin perjuicio de las pruebas en contrario que pueden aportar las personas interesadas.

4.– El personal inspector elaborar igualmente los informes necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Art韈ulo 126.– Actas de inspecci髇

1.– Las visitas de inspecci髇 se documentar醤 mediante actas en las que se har constar, como m韓imo:

  • a) Identificaci髇 de la persona empresaria o establecimiento en el que se realiza la inspecci髇 o la actividad sobre la que esta se efect鷄.
  • b) Identificaci髇 de la persona o personas que atiendan a la inspecci髇, con expresi髇 de la calidad en que act鷈n salvo si concurren los supuestos se馻lados en el art韈ulo 118.2.
  • c) Identificaci髇 y firma de la persona inspectora actuante.
  • d) Lugar, fecha y hora de la actuaci髇.
  • e) Objeto de la actuaci髇 inspectora.
  • f) Hechos, actos y negocios constatados.

2.– Quien atienda la inspecci髇 podr formular las manifestaciones que estime oportunas en relaci髇 con el contenido del acta.

En los supuestos en los que no sea necesaria la participaci髇 en la elaboraci髇 del acta de una persona que atienda a la inspecci髇, las personas interesadas podr醤 formular las manifestaciones que estimen oportunas en relaci髇 con el acta una vez hayan sido puestos a su disposici髇 los documentos elaborados por la inspecci髇, seg鷑 lo establecido en el art韈ulo 128.

3.– La firma del acta de inspecci髇 por la persona que atiende a la inspecci髇 no supone el reconocimiento de los presuntos incumplimientos e irregularidades descritos, ni la aceptaci髇 de las responsabilidades que se deriven.

La negativa a firmar el acta no invalida su contenido ni el procedimiento administrativo a que d lugar, ni desvirt鷄 el valor probatorio a que se refiere. Si esta negativa se produce, se comunicar a la persona compareciente que puede firmar a los 鷑icos efectos de recepci髇 del documento, lo cual se har constar.

4.– Constar醤 en acta las actuaciones realizadas por parte de la inspecci髇, tales como: controles de documentos, retirada de muestras, mediciones, pruebas practicadas, verificaciones, comprobaciones, medidas cautelares adoptadas, as como los requerimientos de documentaci髇.

5.– Al acta podr醤 adjuntarse los documentos, en papel o en otro soporte duradero, que el personal inspector estime pertinentes para asegurar el buen fin de las actuaciones.

Art韈ulo 127.– Diligencias

1.– La inspecci髇 de consumo formalizar mediante diligencia los hechos y las circunstancias que constate, en relaci髇 con una actuaci髇 en el 醡bito de sus funciones, as como, en su caso, las manifestaciones que realice la persona que haya comparecido a tal efecto.

2.– Cuando sea necesario citar a una persona para realizar alguna actuaci髇 en las dependencias de la inspecci髇 de consumo, se le indicar el lugar, fecha y hora y objeto de la comparecencia, evitando perturbar, en la medida de lo posible, sus obligaciones laborales o profesionales.

3.– Quienes sean citados en representaci髇 de las personas empresarias podr醤 comparecer acompa馻dos de otras personas que les asesoren y tendr醤 derecho a que se recojan en la diligencia las manifestaciones que realicen en relaci髇 con lo actuado.

Art韈ulo 128.– Puesta a disposici髇 de los documentos elaborados por la inspecci髇

Las actas de inspecci髇 y diligencias elaboradas por la inspecci髇 de consumo deber醤 ser puestas a disposici髇 de la persona empresaria una vez finalizadas las actuaciones, salvo que los medios t閏nicos utilizados en estas no lo permitan. En tal caso, dichos documentos se facilitar醤 en el plazo m醲imo de tres d韆s h醔iles.

T蚑ULO VII
POTESTAD SANCIONADORA

CAP蚑ULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art韈ulo 129.– Administraci髇 competente para sancionar

En sus respectivos 醡bitos, corresponde a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Euskadi y a los ayuntamientos, en los t閞minos que se se馻lan en el art韈ulo 6.2.b) y en este cap韙ulo, el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otra 韓dole que puedan concurrir.

Art韈ulo 130.– 羗bito objetivo

1.– Los 髍ganos competentes en materia de consumo previstos en esta ley sancionar醤 las infracciones tipificadas como infracciones en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias.

2.– Asimismo, sancionar醤 las conductas tipificadas como infracciones en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias de las que resulten responsables las personas empresarias de los sectores que cuenten con regulaci髇 espec韋ica y las pr醕ticas comerciales desleales con las personas consumidoras y usuarias, as como el incumplimiento por las empresas de la obligaci髇 de suministrar las condiciones generales de la contrataci髇, cuando sean requeridas para ello por Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

Art韈ulo 131.– 羗bito territorial

1.– La potestad sancionadora objeto de regulaci髇 en este t韙ulo se ejercer en relaci髇 con las infracciones que se cometan en el 醡bito territorial de Euskadi. As mismo, se ejercer en relaci髇 con las infracciones que sean consecuencia de pr醕ticas comerciales dirigidas a las personas consumidoras y usuarias de dicho 醡bito, cualquiera que sea la nacionalidad o el domicilio de las personas responsables o el lugar en que se ubiquen los establecimientos.

2.– Las infracciones se entender醤 cometidas en cualquiera de los lugares en que se desarrollen las acciones u omisiones constitutivas de estas infracciones y, adem醩, salvo en el caso de infracciones relativas a los requisitos de los establecimientos e instalaciones o del personal, en todos aquellos en que se manifieste la lesi髇 o riesgo para los intereses de las personas consumidoras y usuarias protegidos por la norma sancionadora.

En concreto, en relaci髇 con el lugar de manifestaci髇 de la lesi髇 o riesgo indicado en el p醨rafo anterior, las infracciones cometidas a trav閟 de Internet se considerar醤 cometidas en el lugar en el que la persona consumidora o usuaria tenga su residencia habitual tanto en el caso de que la infracci髇 se produzca en el marco de un contrato de consumo como cuando la infracci髇 derive de una pr醕tica comercial no vinculada a un contrato de consumo pero haya sido dirigida de forma activa por parte de la persona empresaria a dicha persona consumidora o usuaria.

3.– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr incoar expediente sancionador por infracciones en materia de consumo cuando resulten afectados los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias residentes en Euskadi, a pesar de que los mismos hechos hayan sido objeto de sanci髇 en otra comunidad aut髇oma, siempre que en la infracci髇 objeto de sanci髇 no se haya tenido en cuenta la afecci髇 a dichas personas.

Art韈ulo 132.– Principios generales

1.– Las infracciones en materia de consumo ser醤 objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucci髇 del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan corresponder.

2.– En los supuestos en que las infracciones tipificadas en esta ley pudieran ser constitutivas de delito, el 髍gano competente en materia de consumo comunicar tal extremo a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal. De no haberse estimado la existencia de il韈ito penal, o en el caso de haberse dictado resoluci髇 de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, podr iniciarse o proseguir el procedimiento sancionador. En todo caso, el 髍gano competente quedar vinculado por los hechos declarados probados en v韆 judicial.

3.– La instrucci髇 de causa penal ante los tribunales de justicia suspender la tramitaci髇 del expediente administrativo sancionador que haya sido incoado por los mismos hechos y, en su caso, la eficacia de los actos administrativos de imposici髇 de sanci髇. No obstante, la instrucci髇 de causa penal no ser obst醕ulo para que la Administraci髇 adopte las medidas necesarias para salvaguardar la salud, seguridad y otros intereses de las personas consumidoras y usuarias en virtud de las potestades no sancionadoras que tenga conferidas.

4.– En ning鷑 caso se producir una doble sanci髇 por los mismos hechos y en funci髇 de los mismos intereses p鷅licos protegidos, si bien deber醤 exigirse las dem醩 responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.

5.– Cuando el mismo hecho y en funci髇 de id閚tico ataque a los intereses p鷅licos pueda ser calificado como infracci髇 con arreglo a dos o m醩 preceptos de esta ley o de otras normas sancionadoras, se aplicar el que prevea m醩 espec韋icamente la conducta realizada y, si todos ofrecieran los mismos caracteres, el que establezca mayor sanci髇, sin perjuicio de que prevalezcan y sean de aplicaci髇 preferente las disposiciones sectoriales respecto de aquellos aspectos expresamente previstos en las disposiciones del derecho de la Uni髇 Europea de las que traigan causa.

6.– Cuando de la comisi髇 de una infracci髇 derive necesariamente la comisi髇 de otra u otras, se deber imponer 鷑icamente la sanci髇 correspondiente a la infracci髇 m醩 grave cometida, sin perjuicio de que, al calificar la infracci髇 o al fijar la extensi髇 de la sanci髇, se tengan en cuenta todas las circunstancias.

7.– Cuando se trate de hechos concurrentes constitutivos de infracci髇, proceder la imposici髇 de todas las sanciones o multas previstas en esta y otras leyes aplicables para cada una de las infracciones. No obstante, al imponer las sanciones, se tendr醤 en cuenta, a efectos de su graduaci髇, las otras sanciones reca韉as para que conjuntamente resulten proporcionadas a la gravedad de la conducta del infractor.

Se considerar que hay hechos concurrentes constitutivos de infracci髇 cuando el mismo sujeto haya incumplido diversos deberes que supongan diferentes lesiones del mismo o de distintos intereses p鷅licos, sin que una de las infracciones conlleve necesariamente la otra, aunque haya servido para facilitarla o encubrirla, y ello con independencia de que se refieran a los mismos productos o servicios, o que esos incumplimientos sean sancionables conforme al mismo tipo de infracci髇.

8.– No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se sancionar como 鷑ica infracci髇, aunque valorando la totalidad de la conducta, la pluralidad continuada de acciones u omisiones id閚ticas o similares realizadas por un sujeto en relaci髇 con una serie de productos o prestaciones del mismo tipo.

9.– Cuando se vean afectados los intereses generales, colectivos o difusos de las personas consumidoras y usuarias, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias constituidas conforme a lo previsto en esta ley tendr醤 la consideraci髇 de partes interesadas en el procedimiento administrativo sancionador correspondiente cuando el objeto de las actuaciones administrativas coincida con los fines establecidos en sus respectivos estatutos.

Art韈ulo 133.– Validez de documentos emitidos por otras administraciones

En los procedimientos sancionadores que se incoen en materia de consumo, las actas de inspecci髇 u otros documentos emitidos v醠idamente por las autoridades competentes o sus agentes, tanto de otras comunidades aut髇omas como de otros estados miembros de la Uni髇 Europea, tendr醤 la misma validez que si hubieran sido emitidos por los servicios de inspecci髇 de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo o de los ayuntamientos.

Art韈ulo 134.– 觬ganos competentes para sancionar

En el marco de las atribuciones reguladas por esta ley, son 髍ganos competentes:

  • a) El Consejo de Gobierno, para decretar el cierre temporal de los establecimientos.
  • b) La persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de consumo, para imponer sanciones por infracciones muy graves.
  • c) La Direcci髇 de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, para la imposici髇 de sanciones por infracciones graves y leves.
  • d) Los 髍ganos correspondientes de los ayuntamientos, seg鷑 la legislaci髇 de r間imen local, para la imposici髇 de sanciones de multa de hasta 50.000 euros por la comisi髇 de infracciones leves y graves.

CAP蚑ULO II
TIPIFICACI覰 DE LAS INFRACCIONES

Art韈ulo 135.– Infracciones en materia de protecci髇 de la salud y seguridad de las personas consumidoras y usuarias

Constituyen infracciones en materia de protecci髇 de la salud y seguridad de las personas consumidoras y usuarias:

1.– El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones en materia de salud y seguridad de los bienes y servicios puestos a disposici髇 de las personas consumidoras y usuarias, establecidos legal o reglamentariamente.

2.– Las acciones u omisiones que, aunque no supongan incumplimiento formal de ninguna disposici髇, produzcan riesgos o da駉s efectivos para la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias, ya sea en forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalaci髇 de que se trate.

3.– El incumplimiento o desatenci髇 de los requerimientos o advertencias que concretamente formulen las autoridades competentes para situaciones espec韋icas, al objeto de corregir o evitar situaciones o circunstancias que puedan resultar perjudiciales para la salud o seguridad de las personas consumidoras o usuarias.

4.– El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad en cuanto afecten o puedan suponer un riesgo para las personas consumidoras y usuarias.

Art韈ulo 136.– Infracciones por alteraci髇, adulteraci髇, fraude o enga駉

Constituyen infracciones por alteraci髇, adulteraci髇, fraude o enga駉:

1.– La alteraci髇, adulteraci髇 o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por adici髇 o sustracci髇 de cualquier sustancia o elemento, alteraci髇 de su composici髇 o calidad o incumplimiento de las condiciones que correspondan a su naturaleza.

2.– La elaboraci髇, distribuci髇, suministro o venta de bienes cuando su composici髇 o calidad no se ajuste a las disposiciones vigentes o a la correspondiente autorizaci髇 administrativa o difiera de la declarada y anotada en el registro correspondiente y, en general, cualquier situaci髇 que induzca a enga駉 o confusi髇 o que impida reconocer la verdadera naturaleza del bien o servicio.

3.– El incumplimiento, en cualquiera de las fases de la distribuci髇 de bienes o en la prestaci髇 de servicios, de las normas relativas al origen, naturaleza, calidad, precio, plazo, composici髇, cantidad, peso, tama駉 y presentaci髇 por medio de envases, etiquetas, letreros, cierres, precintos u otros elementos relevantes.

4.– Ofrecer bienes o servicios, por cualquier medio de publicidad o de suministro de informaci髇, atribuy閚doles cualidades, caracter韘ticas, comprobaciones, certificaciones o resultados que difieran de los que realmente tienen o pueden obtener, o que induzca o pueda inducir a error, enga駉 o confusi髇 a las personas a quienes se dirige, o que silencie datos fundamentales que impidan conocer las verdaderas caracter韘ticas o naturaleza de los bienes o servicios.

5.– Anunciar bienes o servicios sin advertir su contenido publicitario.

6.– Otorgar, utilizar, exhibir o hacer publicidad de cualquier distintivo, oficial o no, marca de calidad o menci髇 que por su apariencia o configuraci髇 pueda inducir a error a las personas consumidoras y usuarias, o hacerlo sin cumplir los presupuestos para ello.

7.– Incumplir las obligaciones hacia las personas consumidoras y usuarias derivadas de c骴igos de conducta, a los que la persona empresaria se haya adherido voluntariamente.

8.– Manipular los aparatos o sistemas de medici髇 de los bienes o servicios suministrados a las personas consumidoras y usuarias.

9.– Publicitar, exhibir o utilizar el distintivo de adhesi髇 al sistema arbitral de consumo, cuando no se encuentre adherido a este o el de adhesi髇 sin limitaciones a dicho sistema, cuando existieran.

10.– Sustituir piezas, cuando no est justificado, en la prestaci髇 de servicios de instalaci髇 o reparaci髇 de bienes y servicios a domicilio y de asistencia en el hogar para conseguir un aumento del precio, aunque la persona consumidora y usuaria haya dado su consentimiento; facturar trabajos no realizados, utilizar materiales de calidad inferior a la indicada en la prestaci髇 de dichos servicios y facturar por ellos un importe superior al de su precio de venta al p鷅lico.

11.– Ofrecer como premio o regalo bienes o servicios, cuando su coste se repercuta en el precio de la transacci髇, cuando por ello se reduzca la calidad o cantidad del objeto principal de la transacci髇 y cuando, de cualquier otro modo, la persona consumidora y usuaria no reciba, de forma real y efectiva, lo que se le haya prometido en la oferta.

Art韈ulo 137.– Infracciones en materia de informaci髇, comercializaci髇 y condiciones de venta y suministro de bienes y servicios

Constituyen infracciones en materia de informaci髇, comercializaci髇 y condiciones de venta y suministro de bienes y servicios:

1.– El incumplimiento de las normas o resoluciones administrativas que establezcan prohibiciones de venta, comercializaci髇 o distribuci髇 de determinados bienes o de prestaci髇 de servicios en determinados establecimientos o en relaci髇 con tipos espec韋icos de personas consumidoras y usuarias.

2.– Vender, comercializar o distribuir sin autorizaci髇 administrativa bienes o servicios, cuando sea exigible.

3.– El incumplimiento de las normas sobre envasado, marcado, etiquetado y presentaci髇 de productos.

4.– Tener dispuestos para la venta bienes con fecha de consumo preferente o caducidad sobrepasada.

5.– El incumplimiento de las normas relativas a la informaci髇 y publicidad de los precios en los bienes y servicios.

6.– Omitir la informaci髇 exigible sobre el horario de atenci髇 al p鷅lico de los establecimientos comerciales y las personas prestadoras de servicios.

7.– Omitir la informaci髇 sobre la adhesi髇 a c骴igos de buenas pr醕ticas o a sistemas alternativos de resoluci髇 de conflictos, en los casos en que el establecimiento o la persona empresaria resulten obligados a facilitarla.

8.– No facilitar informaci髇 a las personas consumidoras y usuarias, antes de su contrataci髇, sobre obras de mantenimiento o reparaci髇, afluencia de un elevado n鷐ero de personas, previsi髇 de condiciones meteorol骻icas adversas o las dem醩 circunstancias que puedan afectar al disfrute del servicio o actividad, cuando concurran.

9.– Enviar comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electr髇ico u otro medio de comunicaci髇 electr髇ica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por la persona destinataria.

10.– Incluir en el contrato la oferta, la promoci髇 o la publicidad de bienes y servicios, formatos, tama駉s de letras o contrastes que incumplan la normativa aplicable al respecto.

11.– Incumplir las normas relativas a la documentaci髇, informaci髇 o registros obligatorios para el r間imen y funcionamiento del establecimiento, empresa, instalaci髇 o servicio, cuando afecte a los derechos e intereses de las personas consumidoras o usuarias.

12.– Incumplir las condiciones establecidas legal o reglamentariamente sobre las pr醕ticas comerciales.

13.– Incumplir la normativa o las condiciones convenidas sobre la entrega y el cambio de bienes y servicios promocionales o promocionados.

14.– Acaparar y retirar del mercado bienes y servicios con la finalidad de incrementar sus precios o esperar los aumentos previsibles, en perjuicio de las personas consumidoras y usuarias.

15.– No formalizar los seguros, avales y dem醩 garant韆s impuestas normativamente en beneficio de las personas consumidoras y usuarias.

16.– Asignar diferentes precios a bienes o servicios puestos a disposici髇 de las personas consumidoras y usuarias que solo se diferencien por el g閚ero de la persona destinataria.

Art韈ulo 138.– Infracciones en materia de informaci髇 precontractual

Constituyen infracciones en materia de informaci髇 precontractual:

1.– Poner a disposici髇 de las personas consumidoras o usuarias bienes o servicios sin la informaci髇 m韓ima o relevante, veraz, correcta, suficiente y transparente sobre sus caracter韘ticas esenciales, as como sobre sus condiciones de utilizaci髇.

2.– No proporcionar gratuitamente la informaci髇 precontractual que debe facilitarse a la persona consumidora o usuaria.

3.– Utilizar cualquier m閠odo de venta que no informe, no posibilite o dificulte la obtenci髇 de los descuentos a los que tengan derecho las personas consumidoras o usuarias.

4.– No entregar presupuesto cuando sea preceptivo, entregarlo sin los requisitos legal o reglamentariamente previstos o cobrar por su elaboraci髇, cuando est prohibido.

5.– No obtener el consentimiento previo de la persona consumidora o usuaria, cuando se modifique o se incremente el precio de los servicios presupuestados.

6.– Realizar ofertas comerciales o modificaciones contractuales en la que se considere que la falta de respuesta de la persona destinataria de una oferta o de publicidad equivale a la aceptaci髇 del bien o servicio ofrecidos o la modificaci髇 del contrato, salvo que la norma espec韋ica aplicable le d tal efecto.

7.– No hacer constar en las comunicaciones comerciales realizadas a distancia, de modo inequ韛oco, el car醕ter comercial de la comunicaci髇 y la identidad de la empresa.

8.– Realizar una visita a domicilio con el prop髎ito de vender bienes o servicios sin que haya sido aceptada previa y expresamente por la persona consumidora o usuaria.

9.– Ofrecer en l韓ea la contrataci髇 de servicios t閏nicos, de asistencia al hogar, reparaci髇 o cualesquiera otros, sin informar con claridad a las personas consumidoras y usuarias acerca de la identidad de la persona empresaria con la que vaya a celebrarse el contrato o de la responsabilidad que sobre tal contrataci髇 corresponde a las oferentes.

Art韈ulo 139.– Infracciones en materia de contratos con personas consumidoras y usuarias

Constituyen infracciones en materia de contratos con personas consumidoras y usuarias:

1.– La inclusi髇 de cl醬sulas abusivas en los contratos que suscriban las personas consumidoras o usuarias o la realizaci髇 de pr醕ticas abusivas.

2.– Incluir en los contratos cl醬sulas o realizar pr醕ticas que excluyan o limiten los derechos de las personas consumidoras o usuarias reconocidos legal o reglamentariamente.

3.– Incumplir los requisitos establecidos legalmente sobre las cl醬sulas no negociadas individualmente.

4.– No enviar inmediatamente a la persona consumidora o usuaria justificaci髇 de la contrataci髇 o modificaci髇 contractual efectuada telef髇ica o electr髇icamente, incluyendo las condiciones generales y particulares.

5.– No facilitar a la persona consumidora o usuaria, de manera inmediata, copia, en papel o cualquier otro soporte duradero, de cualquier oferta, modificaci髇 contractual o condici髇 realizada verbalmente.

6.– Vender al p鷅lico bienes o prestar servicios a precios superiores a los m醲imos legalmente establecidos o a los precios comunicados o anunciados.

7.– Imponer la condici髇, expresa o t醕ita, de comprar una cantidad m韓ima del bien solicitado o de contratar bienes o servicios accesorios no deseados, que no son objeto de la transacci髇, o vincular la formalizaci髇 de otro contrato a la contrataci髇 realmente deseada, salvo que se trate de una unidad de venta o haya una relaci髇 funcional entre ellos, aprovechando la persona empresaria su posici髇 de superioridad o prevali閚dose de una situaci髇 en la que se encuentre mermada la libertad de elecci髇 de la persona consumidora o usuaria.

8.– Utilizar cualquier m閠odo de venta que induzca a pagar bienes o servicios accesorios que vienen predeterminados en la oferta, sin que la persona consumidora o usuaria los haya solicitado expresamente o cuando se induzca a la persona consumidora o usuaria a que los solicite.

9.– Comercializar bienes y prestar servicios sin que la persona consumidora o usuaria pueda, en cualquiera de sus fases, identificar, localizar y contactar con la persona empresaria o profesional.

10.– No prever o no informar los prestadores de servicios o de suministros de tracto sucesivo o continuado sobre el procedimiento para darse de baja del servicio, limitar injustificadamente este derecho u obstaculizar su ejercicio.

11.– Suspender el suministro de servicios de car醕ter b醩ico de inter閟 general en vivienda habitual sin ofrecer la informaci髇 o el plazo de subsanaci髇 que sea exigible contractual o normativamente en tales supuestos.

12.– No informar a las personas consumidoras o usuarias, en los servicios cuyo consumo se calcule mediante contador, sobre el procedimiento de medici髇 y sobre si se aplica el sistema de lectura real o estimada, cuando ello sea obligatorio; o aplicar un sistema de facturaci髇 de consumo incumpliendo los requisitos legal o reglamentariamente exigibles.

13.– No entregar a la persona consumidora o usuaria la factura o el documento acreditativo de la relaci髇 de consumo, emitirlo incumpliendo los requisitos preceptivos, o cobrar o incrementar el precio por su entrega.

14.– No entregar a la persona consumidora o usuaria el resguardo de dep髎ito, cuando proceda, o emitirlo con incumplimiento de los requisitos preceptivos.

15.– No facilitar a la persona consumidora o usuaria, gratuitamente y en soporte duradero, recibo justificante, copia o documento acreditativo de las condiciones esenciales del contrato en el que se incluyan todos los datos exigidos legal o reglamentariamente, junto con las condiciones generales de contrataci髇, en su caso, aceptadas y firmadas por la persona consumidora o usuaria.

16.– No integrar en el contrato las condiciones establecidas en la oferta, la promoci髇 y la publicidad de bienes, productos y servicios, as como no ajustarse estos a las descripciones realizadas en la oferta, publicidad, presentaci髇 o a lo dispuesto en el contrato.

17.– No facilitar a las personas consumidoras o usuarias, junto con el contrato, las instrucciones de uso y mantenimiento o cualquier otro documento exigido por la normativa, al efecto de poder utilizar, ocupar, mantener y conservar un bien.

18.– Incluir en los contratos, en las instrucciones de uso o en las condiciones de utilizaci髇, formatos, tama駉s de letras o contrastes que incumplan la normativa aplicable al respecto.

19.– Toda actuaci髇 discriminatoria contra personas consumidoras y usuarias vulnerables, independientemente del motivo, o contra cualquier persona consumidora o usuaria por el ejercicio de los derechos que confiere esta ley o sus normas de desarrollo, ya sea no atendiendo sus demandas, neg醤doles el acceso a los establecimientos o dispens醤doles un trato o imponi閚doles unas condiciones desiguales, as como el incumplimiento de las prohibiciones de discriminaci髇 previstas en el Reglamento (UE) 2018/302, cuando dicha actuaci髇 no sea constitutiva de delito.

20.– Las conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y la prestaci髇 de los servicios, y en especial las previstas como tales en legislaci髇 sobre igualdad de mujeres y hombres.

21.– El incumplimiento del r間imen legalmente establecido en materia de contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles.

22.– El incumplimiento de las obligaciones que la regulaci髇 de contratos celebrados a distancia impone en materia de plazos de ejecuci髇 y de devoluci髇 de cantidades abonadas; el env韔 o suministro a la persona consumidora o usuaria de cualquier tipo de bienes, contenido digital o prestaci髇 de servicios no solicitados por ella, cuando dichos env韔s o suministros incluyan una pretensi髇 de pago de cualquier naturaleza; el uso de t閏nicas de comunicaci髇 que requieran el consentimiento expreso previo o la falta de oposici髇 de la persona consumidora y usuaria, cuando no concurra la circunstancia correspondiente; as como la negativa u obstrucci髇 al ejercicio del derecho de desistimiento.

23.– El incumplimiento de las obligaciones que la regulaci髇 de contratos celebrados a distancia impone en materias no recogidas en el apartado anterior.

24.– El uso de t閏nicas de comunicaci髇 comercial que requieran el consentimiento expreso previo o la ausencia de oposici髇 de la persona consumidora o usuaria, sin ajustarse a estos requisitos.

25.– Incumplir la obligaci髇 de anular, a solicitud de la persona consumidora o usuaria, los cargos derivados de un uso fraudulento o indebido de la tarjeta de cr閐ito, en los t閞minos establecidos por la normativa vigente.

26.– Imponer a la persona consumidora o usuaria la realizaci髇 de una prestaci髇 o pago que normativa o contractualmente corresponda la persona empresaria.

27.– Realizar o facturar trabajos de reparaci髇, instalaci髇 o similares que no hayan sido solicitados o autorizados expresamente por la persona consumidora o usuaria.

28.– Exigir cualquier tipo de contraprestaci髇, precio o pago por bienes o servicios no entregados o no prestados.

29.– Restringir o limitar la cantidad o calidad real de las prestaciones, o causar cualquier tipo de discriminaci髇 por raz髇 de las condiciones, los medios o las formas de pago de los bienes o servicios.

30.– La realizaci髇 de transacciones en las que se impongan injustificadamente a la persona consumidora o usuaria condiciones, recargos o cobros indebidos, as como la no aceptaci髇 de los medios de pago admitidos legalmente u ofertados.

31.– Cobrar por la utilizaci髇 de medios de pagos, cantidades superiores a las permitidas legal o reglamentariamente.

32.– El incumplimiento del plazo o los plazos acordados para la entrega de los bienes comprados o del plazo m醲imo fijado normativamente.

33.– El retraso injustificado en la devoluci髇 de las cantidades abonadas por la persona consumidora o usuaria en caso de resoluci髇 del contrato por incumplimiento de las obligaciones de la persona empresaria previstas legalmente o establecidas en el contrato.

34.– La obstrucci髇 o negativa a suministrar las condiciones generales de la contrataci髇 que establece el art韈ulo 81.1 del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios o cualquier otra informaci髇 requerida por la Administraci髇 competente en el ejercicio de sus competencias de acuerdo con esta ley.

Art韈ulo 140.– Infracciones en materia de garant韆 y servicio posventa

Constituyen infracciones en materia de garant韆 y servicio posventa:

1.– Incumplir las obligaciones que se derivan de la falta de conformidad o del derecho de garant韆 legalmente establecido en la compra de bienes o en la prestaci髇 de servicios, o imponer injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos para el cumplimiento de dichas obligaciones, incluidos los bienes que se ofrecen como premio o regalo.

2.– No asumir o incumplir la garant韆 comercial publicitada o entregada a la persona consumidora y usuaria en el momento de la adquisici髇 de bienes o servicios.

3.– Poner a disposici髇 de las personas consumidoras o usuarias bienes de naturaleza duradera sin garantizar un servicio de asistencia t閏nica adecuado para su reparaci髇 y piezas de repuesto en la forma obligada o exigida, o no disponer de ellos en los supuestos y plazos establecidos por la normativa aplicable.

4.– Comprometerse a proporcionar un servicio posventa a las personas consumidoras o usuarias sin advertirles claramente antes de contratar que el idioma en el que este servicio estar disponible no es el utilizado en la operaci髇 comercial.

5.– Crear la impresi髇 falsa de que el servicio posventa del bien o servicio promocionado est disponible en un Estado miembro distinto de aquel en el que se ha contratado.

6.– Inducir a error sobre el car醕ter oficial de los servicios de asistencia t閏nica.

7.– En general, cualquier incumplimiento de las disposiciones normativas sobre los servicios de asistencia t閏nica.

Art韈ulo 141.– Infracciones en relaci髇 con las actuaciones de vigilancia, control e inspecci髇

Constituyen infracciones en relaci髇 con las actuaciones de vigilancia, control e inspecci髇:

1.– La resistencia, negativa u obstrucci髇 a facilitar las labores de inspecci髇 o a suministrar datos o informaciones solicitadas por las autoridades competentes o sus agentes en el desarrollo de sus funciones, as como el suministro de informaci髇 inexacta o incompleta o documentaci髇 falsa.

2.– Impedir o dificultar el acceso del personal inspector a los locales y dependencias para desarrollar su labor de inspecci髇 y control.

3.– No permitir o dificultar a la inspecci髇 el acceso a la documentaci髇 industrial, mercantil, contable o de cualquier otro tipo de las personas empresarias inspeccionadas.

4.– Coaccionar o amenazar al personal encargado de las funciones de vigilancia, control e inspecci髇, a los particulares, a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias o a otras personas o entidades productoras, proveedoras o distribuidoras que hayan iniciado o pretendan iniciar una acci髇 legal, que hayan presentado una denuncia o que participen en procedimientos ya incoados, o bien ejercer represalias o cualquier otra forma de presi髇.

5.– Carecer de la documentaci髇 que sea exigible legal o reglamentariamente, o tenerla de modo defectuoso, cuando tal circunstancia afecte a la determinaci髇 o calificaci髇 de los hechos imputados.

6.– La manipulaci髇, traslado o disposici髇 en cualquier forma no autorizada de las muestras depositadas, o de las mercanc韆s decomisadas o sujetas a medidas provisionales.

7.– El incumplimiento de los requerimientos y las medidas provisionales adoptadas de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

8.– La excusa reiterada, la negativa o la resistencia a la comparecencia ante las dependencias propias o de las autoridades competentes, cuando se haya hecho el oportuno requerimiento.

Art韈ulo 142.– Otras infracciones

Adem醩 de las infracciones tipificadas en los art韈ulos anteriores, se considerar醤 tambi閚 como infracciones en materia de consumo:

1.– Realizar cualquier tipo de pr醕tica comercial desleal, en los t閞minos se馻lados por la legislaci髇 vigente.

2.– No ofrecer los establecimientos que prestan servicios de restauraci髇, a su clientela, agua de grifo para su consumo, sin coste econ髆ico alguno, o hacerlo cobrando alguna cantidad por tal concepto.

3.– No facilitar los establecimientos que prestan servicios de restauraci髇, a su clientela, que pueda llevarse, sin coste adicional, los alimentos que no haya consumido; o hacerlo cobrando alguna cantidad por tal concepto; o no informar de esta posibilidad de manera clara y visible.

4.– No poner a disposici髇 de las personas consumidoras y usuarias hojas de reclamaciones, en papel o formato electr髇ico, o no hacerlo con los requisitos que se establezcan reglamentariamente; negar su entrega a las personas que lo soliciten, hayan o no contratado con la persona empresaria; o no exhibir, de modo visible, la informaci髇 sobre su existencia.

5.– No dar respuesta a las reclamaciones de las personas consumidoras o usuarias o hacerlo fuera de plazo.

6.– Incumplir la normativa en materia de establecimiento, gratuidad, condiciones, contenido o funcionamiento de los servicios de atenci髇 a la clientela.

7.– En los establecimientos calificados como grandes establecimientos comerciales por la legislaci髇 vigente en materia de actividad comercial, no ser atendido el servicio de atenci髇 a la clientela por personal con formaci髇 acreditada en materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

8.– No ofrecer a las personas consumidoras o usuarias la informaci髇 establecida por el art韈ulo 40 de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, que incorpora al ordenamiento jur韉ico espa駉l la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resoluci髇 alternativa de litigios en materia de consumo.

9.– No facilitar los comerciantes que celebren contratos de compraventa o de prestaci髇 de servicios en l韓ea, a las personas consumidoras y usuarias, la informaci髇 recogida por el art韈ulo 14 del Reglamento (UE) n.524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resoluci髇 de litigios en l韓ea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Reglamento sobre resoluci髇 de litigios en l韓ea en materia de consumo).

10.– En los servicios de car醕ter b醩ico de inter閟 general a las viviendas, no facilitar la atenci髇 telef髇ica gratuita para aver韆s y avisos de car醕ter urgente durante veinticuatro horas todos los d韆s del a駉.

11.– Imponer a las personas consumidoras o usuarias el deber de comparecer personalmente para ejercer sus derechos o para realizar pagos, cobros o tr醡ites similares; exigir la formalizaci髇 de impresos y la aportaci髇 de datos innecesarios, y, en general, obstaculizar, impedir o dificultar el ejercicio de sus derechos.

12.– No cumplir el acuerdo a que se haya llegado con la persona consumidora o usuaria en un proceso de mediaci髇 o no cumplir el laudo arbitral en plazo.

13.– El incumplimiento relativo a los deberes y las prohibiciones impuestos por la Administraci髇 mediante 髍denes o como medidas cautelares o provisionales dictadas con el fin de evitar la producci髇 o continuaci髇 de riesgos o lesiones para las personas consumidoras y usuarias, as como el incumplimiento de los compromisos adquiridos para poner fin a la infracci髇 y corregir sus efectos.

14.– Cualquier otro incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la presente ley o en las dem醩 disposiciones en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias, salvo las referentes a los derechos lingsticos regulados en el cap韙ulo VIII del t韙ulo III de la ley.

CAP蚑ULO III
CALIFICACI覰 DE LAS INFRACCIONES

Art韈ulo 143.– Calificaci髇 y graduaci髇 de las infracciones

1.– Las infracciones en materia de protecci髇 de la salud y seguridad de las personas consumidoras y usuarias recogidas en el art韈ulo 135, apartados 1, 2 y 3, se calificar醤 de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 35 de la Ley 14/1986, General de Sanidad. Las mismas reglas, adaptando las referencias al bien jur韉ico protegido, se aplicar醤 respecto a las infracciones lesivas de la seguridad de las personas consumidoras y usuarias.

2.– Cuando no sea de aplicaci髇 lo previsto en el apartado anterior, las infracciones se calificar醤 inicialmente por los caracteres de la acci髇 u omisi髇 y de la culpabilidad del responsable conforme a las siguientes reglas:

  • 1. Se calificar醤 como graves, salvo que tengan la consideraci髇 de muy graves de acuerdo con el apartado tercero de este art韈ulo, las infracciones tipificadas en:
    • a) el art韈ulo 135, apartado 4,
    • b) el art韈ulo 136, apartado 1,
    • c) el art韈ulo 138, apartados 6 y 8,
    • d) el art韈ulo 139, apartados 1, 21 y 22,
    • e) el art韈ulo 140,
    • f) el art韈ulo 142, apartado 8, 9 y 13.
  • 2. Las restantes infracciones en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias tipificadas en la presente ley se califican inicialmente como leves, salvo que tengan la consideraci髇 de graves de acuerdo con el apartado tercero de este art韈ulo.

3.– Las infracciones que, de acuerdo con el apartado anterior, merezcan en principio la calificaci髇 de leve o grave ser醤 calificadas respectivamente como graves o muy graves si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

  • a) Haber sido realizadas aprovechando situaciones de necesidad de determinados bienes, productos o servicios de uso o consumo ordinario y generalizado, as como originar igual situaci髇.
  • b) Haberse realizado explotando la especial inferioridad, subordinaci髇 o indefensi髇 de determinadas personas consumidoras o grupos de ellas.
  • c) Cometerse con incumplimiento total de los deberes impuestos o con una habitualidad, duraci髇 u otras circunstancias cualitativas o cuantitativas que impliquen desprecio manifiesto de los intereses p鷅licos protegidos por esta ley.
  • d) Producir una alteraci髇 social grave, injustificada y previsible en el momento de la comisi髇, originando alarma o desconfianza en las personas consumidoras o usuarias o incidiendo desfavorablemente en un sector econ髆ico.
  • e) Realizarse prevali閚dose de la situaci髇 de predominio del infractor en un sector del mercado.
  • f) Ser reincidente el responsable por la comisi髇 de cualesquiera delitos o infracciones lesivas de los intereses de las personas consumidoras o usuarias en las condiciones y plazos previstos en el art韈ulo 29.3.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico.

4.– Las infracciones que, de acuerdo con los apartados anteriores, merezcan en principio la calificaci髇 de grave o muy grave se considerar醤 respectivamente como leve o grave si antes de iniciarse el procedimiento sancionador el responsable corrige diligentemente las irregularidades en que consista la infracci髇 siempre que no haya causado perjuicios directos, devolviera voluntariamente las cantidades cobradas, colaborara activamente para evitar o disminuir los efectos de la infracci髇 u observara espont醤eamente cualquier otro comportamiento de an醠ogo significado.

No obstante, no se tendr en cuenta lo dispuesto en el p醨rafo anterior, y se impondr la sanci髇 en su grado m醲imo, cuando se acredite alguna de las siguientes circunstancias:

  • a) Que se trate de una infracci髇 continuada o de una pr醕tica habitual.
  • b) Que la infracci髇 comporte un riesgo para la salud o la seguridad de las personas consumidoras y usuarias, salvo que el riesgo forme parte del tipo infractor.

5– Cuando concurrieran circunstancias del apartado 3 con las del apartado 4 se podr醤 compensar para la calificaci髇 de la infracci髇.

CAP蚑ULO IV
SANCIONES

SECCI覰 1
CLASIFICACI覰 DE LAS SANCIONES

Art韈ulo 144.– Sanciones a imponer

Por la comisi髇 de las infracciones tipificadas en esta ley podr醤 imponerse las siguientes sanciones:

  • a) Como sanci髇 principal, multa..
  • b) Adem醩 de las sanciones principales, podr acordarse tambi閚, como sanciones accesorias, el decomiso y la destrucci髇 de la mercanc韆, la publicidad de las sanciones y el cierre del establecimiento, instalaci髇 o servicio, seg鷑 se dispone en los art韈ulos siguientes.

Art韈ulo 145.– Sanci髇 de multa

1.– La imposici髇 de sanciones deber garantizar, en cualquier circunstancia, que la comisi髇 de una infracci髇 no resulte m醩 beneficiosa para la parte infractora que el cumplimiento de las normas infringidas. Sobre esta base, las infracciones ser醤 sancionadas con multa comprendida entre los siguientes importes m醲imos y m韓imos:

  • a) Para las infracciones leves, multa comprendida entre 150 y 10.000 euros, en los grados que se indican, pudi閚dose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio il韈ito obtenido:
    • – Grado m韓imo: entre 150 y 3.000 euros.
    • – Grado medio: entre 3.001 y 7.000 euros.
    • – Grado m醲imo: entre 7.001 y 10.000 euros.
  • b) Para las infracciones graves, multa comprendida entre 10.001 y 100.000 euros, en los grados que se indican, pudi閚dose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio il韈ito obtenido:
    • – Grado m韓imo: entre 10.001 y 30.000 euros.
    • – Grado medio: entre 30.001 y 70.000 euros.
    • – Grado m醲imo: entre 70.001 y 100.000 euros.
  • c) Para las infracciones muy graves, multa comprendida entre 100.001 y 1.000.000 euros, en los grados que se indican, pudi閚dose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio il韈ito obtenido:
    • – Grado m韓imo: entre 100.001 y 300.000 euros.
    • – Grado medio: entre 300.001 y 650.000 euros.
    • – Grado m醲imo: entre 650.001 y 1.000.000 euros.

2.– La imposici髇 de sanciones deber garantizar, en cualquier circunstancia, que la comisi髇 de una infracci髇 no resulte m醩 beneficiosa para la parte infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.

3.– El beneficio il韈ito se calcular, cuando no pueda ser determinado exactamente, con criterios estimativos e incluir el aumento de ingresos y el ahorro de gastos que haya supuesto directa o indirectamente la infracci髇 sin descontar multas, perjuicios de los comisos o cierres, ni las cantidades que por cualquier concepto haya tenido que abonar el responsable a la Administraci髇 o a las personas consumidoras y usuarias como consecuencia de la infracci髇.

Art韈ulo 146.– Sanci髇 de cierre del establecimiento, instalaci髇 o servicio

1.– Cuando se hayan cometido infracciones muy graves y el establecimiento, la instalaci髇 o el servicio radiquen en territorio de Euskadi, la resoluci髇 sancionadora podr proponer al Consejo de Gobierno que, adem醩 de la sanci髇 pecuniaria, acuerde su cierre temporal, por un plazo m醲imo de cinco a駉s, as como las medidas complementarias que aseguren la plena eficacia de la decisi髇.

2.– Cuando la infracci髇 afecte a entidades prestadoras de servicios de la sociedad de la informaci髇, podr醤 adoptarse las medidas necesarias para la interrupci髇 de la prestaci髇, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci髇 y de comercio electr髇ico o norma que la sustituya.

3.– Del acuerdo de cierre deber darse traslado al ayuntamiento del t閞mino en que se ubique el establecimiento, instalaci髇 o servicio.

4.– La clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensi髇 de su funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad y la retirada del mercado precautoria o definitiva de bienes o servicios por razones de salud y seguridad no tienen el car醕ter de sanci髇.

Art韈ulo 147.– Sanci髇 accesoria de decomiso de mercanc韆s

1.– En la misma resoluci髇 sancionadora, podr acordarse como sanci髇 accesoria, el decomiso de las mercanc韆s adulteradas, deterioradas, falsificadas, fraudulentas, no identificadas o que puedan suponer riesgo para las personas consumidoras o usuarias. Cuando, pudiendo resultar de l韈ito comercio tras las modificaciones que procedan, su valor, sumado a la multa, no guarde proporci髇 con la gravedad de la infracci髇, podr no acordarse tal medida o acordarse solo parcialmente para que sea proporcional.

2.– La resoluci髇 acordar el destino final que deba darse a las mercanc韆s decomisadas. En todo caso, dichas mercanc韆s deber醤 destruirse si su utilizaci髇 o su consumo constituyen un peligro para la salud.

Art韈ulo 148.– Sanci髇 accesoria de publicidad

1.– Por razones de ejemplaridad y en evitaci髇 de futuras conductas infractoras y siempre que concurra riesgo para la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias, reincidencia en infracciones de naturaleza an醠oga o acreditada intencionalidad en la infracci髇, la resoluci髇 sancionadora podr acordar, como sanci髇 accesoria, la publicidad de las sanciones impuestas.

2.– La publicidad har referencia a los nombres y apellidos o raz髇 social de la persona responsable de la infracci髇, los hechos y el tipo de infracci髇 cometida.

3.– La publicaci髇 de estos datos se realizar, una vez que la resoluci髇 sancionadora sea firme en v韆 administrativa, a trav閟 de los medios de comunicaci髇 social que se estimen m醩 adecuados a la finalidad de la sanci髇.

4.– El coste de dicha publicaci髇 ser sufragado por la persona empresaria sancionada.

SECCI覰 2
GRADUACI覰 DE LAS SANCIONES

Art韈ulo 149.– Criterios de graduaci髇

1.– Para determinar la cuant韆 y extensi髇 de las sanciones que hay que imponer se tendr醤 en cuenta las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas contempladas en los art韈ulos siguientes.

2.– La concurrencia de dichas circunstancias no supondr醤 un cambio en la calificaci髇 jur韉ica de la infracci髇.

3.– Cuando no concurra ninguna circunstancia agravante ni atenuante, se impondr la sanci髇 en su grado medio.

4.– Si concurre una o varias circunstancias agravantes, se impondr la sanci髇 en su grado m醲imo.

5.– Si concurren una o m醩 circunstancias atenuantes, se impondr la sanci髇 en su grado m韓imo.

6.– Se podr醤 compensar las circunstancias agravantes con las atenuantes.

7.– No se tendr醤 en cuenta, para graduar la sanci髇, las circunstancias agravantes o atenuantes que ya hayan sido consideradas en la definici髇 del tipo infractor o en su calificaci髇.

8.– La imposici髇 de las sanciones pecuniarias se har de manera que la comisi髇 de las infracciones no resulte m醩 beneficiosa que el cumplimiento de las normas infringidas, con respeto del principio de proporcionalidad.

Art韈ulo 150.– Circunstancias agravantes

Son circunstancias agravantes:

  • a) Aprovecharse de la posici髇 relevante de la persona infractora en el mercado.
  • b) La afecci髇 directa a personas especialmente vulnerables, cuando tal condici髇 tenga relaci髇 con los hechos constitutivos de infracci髇.
  • c) La utilizaci髇 de m閠odos, sistemas de contrataci髇 o interpretaciones normativas con el fin de eludir la aplicaci髇 de una norma protectora de las personas consumidoras y usuarias.
  • d) La voluntad manifiesta de no reparar los perjuicios causados a las personas consumidoras y usuarias.
  • e) Aprovecharse de una posici髇 de poder respecto de una persona consumidora o usuaria o de una situaci髇 en la que la libertad de elecci髇 de esta se encuentre mermada por cualquier circunstancia.

Art韈ulo 151.– Circunstancias atenuantes

Son circunstancias atenuantes las siguientes:

  • a) Que la infracci髇 se haya cometido por simple inobservancia de las normas derivada de error o ignorancia.
  • b) Que la persona responsable de la infracci髇 colabore activamente con la Administraci髇 competente en materia de consumo, con la finalidad de disminuir o reparar las consecuencias derivadas de la comisi髇 de la infracci髇.
  • c) El sometimiento de los hechos al arbitraje de consumo o a otro arbitraje institucional.

Art韈ulo 152.– Circunstancias mixtas

Son aquellas circunstancias que, en funci髇 de la naturaleza, motivos o efectos de la infracci髇, pueden agravar o atenuar la responsabilidad. Son circunstancias mixtas las siguientes:

  • a) El volumen de negocio en relaci髇 con los hechos objeto de la infracci髇 y la capacidad econ髆ica de la persona empresaria.
  • b) La cuant韆 del beneficio il韈ito obtenido.
  • c) Los da駉s o perjuicios causados a las personas consumidoras o usuarias.
  • d) El n鷐ero de personas consumidoras o usuarias afectadas.
  • e) El grado de intencionalidad.

Art韈ulo 153.– Reducci髇 de sanciones pecuniarias

1.– En caso de que la sanci髇 propuesta consista 鷑icamente en la imposici髇 de una multa, su importe se reducir en un 20 por ciento cuando la persona responsable de la infracci髇 reconozca su responsabilidad, mostrando su conformidad con el contenido de la resoluci髇 de inicio del procedimiento sancionador y renuncie a la presentaci髇 de recursos en v韆 administrativa.

2.– El importe de la sanci髇 propuesta se reducir adem醩 en otro 20 por ciento cuando la persona responsable de la infracci髇 realice el pago voluntario de la sanci髇 antes de dictarse la resoluci髇 sancionadora y renuncie a la presentaci髇 de recursos en v韆 administrativa.

3.– Se aplicar una reducci髇 del 40 por ciento sobre el importe de la sanci髇 propuesta, cuando la persona responsable de la infracci髇 acredite haber compensado satisfactoriamente los da駉s y perjuicios ocasionados a las personas consumidoras y usuarias. La reducci髇, en su caso, tendr car醕ter acumulativo a las se馻ladas en los apartados 1 y 2 de este art韈ulo y no proceder cuando se hayan producido intoxicaci髇, da駉s personales, enfermedad o muerte o concurran indicios racionales de la comisi髇 de delitos.

4.– La interposici髇 de recursos administrativos supondr la p閞dida de la reducci髇 realizada.

SECCI覰 3
OTRAS DISPOSICIONES

Art韈ulo 154.– Publicaci髇 de infracciones cometidas

1.– Con la finalidad de que las personas consumidoras y usuarias conozcan las infracciones cometidas en materia de consumo y puedan prevenir la continuidad de las conductas il韈itas, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr dar a conocer p鷅licamente una relaci髇 sucinta de las infracciones que hayan sido objeto de resoluci髇 firme en v韆 administrativa durante los tres a駉s anteriores.

2.– Dicha relaci髇 podr contener la indicaci髇 de los nombres y apellidos o raz髇 social de las personas responsables de la infracci髇, los hechos y el tipo de infracciones cometidas y la cuant韆 de la sanci髇 impuesta.

3.– La publicaci髇 a que se refiere el presente art韈ulo no tendr car醕ter de sanci髇.

Art韈ulo 155.– Rectificaciones p鷅licas

Si la sanci髇 se impone por infracciones en materia de publicidad, podr exigirse a la persona responsable de la infracci髇, de oficio o a instancia de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, que publique a sus expensas y en condiciones an醠ogas a las iniciales, una rectificaci髇 p鷅lica, que no tendr car醕ter de sanci髇.

Art韈ulo 156.– Indemnizaci髇 de da駉s y perjuicios

1.– Con independencia de las sanciones establecidas por la presente ley, en la misma resoluci髇 sancionadora podr preverse, como obligaci髇 de la persona responsable de la infracci髇, la reposici髇 de la situaci髇 alterada por la infracci髇 a su estado original y, en su caso, la devoluci髇 de las cantidades indebidamente percibidas y el importe de los dem醩 da駉s y perjuicios que hayan sido acreditados.

2.– En tales supuestos, cuando la persona consumidora o usuaria perjudicada no tenga la condici髇 de parte interesada en el procedimiento sancionador, se le dar audiencia con objeto de que pueda acreditar los da駉s y perjuicios sufridos y formular las alegaciones que tenga por conveniente.

3.– De no satisfacerse la indemnizaci髇 en el plazo que al efecto se determine, se proceder a su cobro por la v韆 de apremio.

4.– El importe de la indemnizaci髇, una vez que sea cobrado por la Administraci髇, se reintegrar a la persona consumidora o usuaria perjudicada.

5.– Contra la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento podr醤 interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales que procedan.

Art韈ulo 157.– Efectos de las sanciones sobre la concesi髇 de subvenciones

Podr denegarse la concesi髇 de una ayuda o subvenci髇 con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma cuando la empresa haya sido sancionada en los dos a駉s anteriores a su convocatoria por la comisi髇 de una infracci髇 grave o muy grave de las reguladas en esta ley.

CAP蚑ULO V
RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

Art韈ulo 158.– Sujetos responsables

1.– Ser醤 responsables de las infracciones tipificadas en esta ley aquellas personas f韘icas o jur韉icas a las que, por acci髇 u omisi髇, les sean imputables.

2.– En particular, ser醤 responsables, salvo prueba que acredite la responsabilidad de un tercero:

  • a) De las infracciones cometidas en productos envasados, etiquetados o cerrados con cierre 韓tegro:
    • – La firma o raz髇 social que figure en el envase o etiqueta, presentaci髇 o publicidad. Dicha persona empresaria podr eximirse de su responsabilidad si acredita su falsificaci髇 o incorrecta manipulaci髇 por terceras personas, a quienes se imputar la infracci髇.
    • – Quien distribuya, comercialice y envase dichos productos.
    • – Cuando la infracci髇 consista en no utilizar el idioma exigible legal o reglamentariamente en el etiquetado o presentaci髇 del producto, quien lo distribuya o comercialice.
    • – De las infracciones cometidas en relaci髇 con los productos comercializados con marca propia, gen閞ica o de distribuci髇, tanto la persona titular de la marca como quien los fabrique.
  • b) De las infracciones cometidas en productos que carezcan de etiquetado, cuando en la etiqueta no conste la identificaci髇 de la persona empresaria, o se vendan a granel, la persona tenedora.
  • c) De las infracciones relacionadas con la falta de conformidad de los productos, la persona o entidad proveedora o distribuidora.

    Cuando a la persona consumidora o usuaria le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente a la persona o entidad proveedora o distribuidora, podr reclamar directamente a la persona o entidad productora, la cual responder por la falta de conformidad cuando 閟ta se refiera al origen, la identidad o la idoneidad de los productos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan.

  • d) De las infracciones cometidas por incumplimiento del r間imen establecido en materia de garant韆s, as como del derecho de desistimiento reconocido legal o contractualmente, responder la persona o entidad proveedora o distribuidora, salvo que no sea posible dirigirse contra ella, o ello constituya una carga excesiva, en cuyo caso, ser responsable quien produzca los bienes.
  • e) De las infracciones cometidas en la prestaci髇 de servicios, la persona f韘ica o jur韉ica con la que se contrat la prestaci髇 del servicio o la que resulte legalmente obligada a prestarlo.

3.– En el supuesto de infracciones cometidas en bienes procedentes de otros pa韘es de la Uni髇 Europea o de estados que no formen parte de esta, se considerar responsable a la persona f韘ica o jur韉ica que en primer lugar introduzca o ponga en circulaci髇 el producto en el mercado espa駉l.

4.– Cuando una infracci髇 sea imputada a una persona jur韉ica, podr醤 ser consideradas responsables tambi閚 las personas f韘icas que integren sus 髍ganos rectores o de direcci髇, as como las personas t閏nicas responsables de la elaboraci髇 y el control de los productos o servicios en relaci髇 con los cuales se ha producido la infracci髇, de acuerdo con la legislaci髇 vigente en materia societaria.

Quedar exonerada de responsabilidad quien, formando parte de los 髍ganos rectores o de direcci髇 de la persona jur韉ica infractora, acredite su negativa o voto en contra en relaci髇 con las actuaciones constitutivas de la infracci髇.

5.– La actuaci髇 infractora de una persona empresaria podr ser imputada tambi閚 a las personas f韘icas o jur韉icas que la controlen o mantengan con ella un contrato de franquicia o de venta o comercializaci髇 en exclusiva de sus productos y servicios.

6.– Las personas prestadoras de servicios de la sociedad de la informaci髇 ser醤 responsables de las acciones u omisiones que les sean imputables, en los t閞minos establecidos por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci髇 y de comercio electr髇ico o norma que la sustituya.

7.– Si en la comisi髇 de la infracci髇 concurren varias personas, responder醤 solidariamente todas ellas.

Art韈ulo 159.– Responsabilidad por representaci髇

Quien se presente en el mercado como representante, act鷈 en nombre de otra empresa, haga ostentaci髇 p鷅lica de esta condici髇 o act鷈 como si la tuviera, ser responsable solidario con la empresa representada, salvo que se acredite ausencia de vinculaci髇 entre ellas.

Art韈ulo 160.– Responsabilidad del receptor de la contraprestaci髇

Sin perjuicio de lo establecido en los preceptos anteriores, ser tambi閚 responsable de las infracciones cometidas en el marco de una relaci髇 de consumo, quien reciba una contraprestaci髇 de la persona consumidora o usuaria, sin perjuicio de su derecho de repetici髇 frente a quien considere responsable.

CAP蚑ULO VI
PRESCRIPCI覰 Y CADUCIDAD

Art韈ulo 161.– Prescripci髇 de las infracciones

1.– Las infracciones tipificadas en esta ley prescribir醤:

  • a) A los cinco a駉s, las infracciones muy graves.
  • b) A los tres a駉s, las infracciones graves.
  • c) Al a駉, las infracciones leves.

2.– El plazo de prescripci髇 de las infracciones no comenzar a computar hasta que esta se manifieste o exteriorice y, en el caso de infracciones continuadas, solo cuando finalice la acci髇 infractora o el 鷏timo acto con que la infracci髇 se consume.

En los supuestos de concurrencia de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripci髇 ser el que corresponda a la infracci髇 m醩 grave.

3.– Interrumpir醤 la prescripci髇 las actuaciones judiciales en el 醡bito penal sobre los mismos hechos o sobre otros hechos conexos cuya separaci髇 de los constitutivos de la infracci髇 de la normativa de consumo sea jur韉icamente imposible, de manera que la sentencia que pudiera recaer vincular a la Administraci髇 actuante.

4.– Igualmente interrumpir la prescripci髇 de las infracciones la iniciaci髇 de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora por los mismos hechos, con conocimiento de la persona interesada, sobre la base de normativa sectorial si, finalmente, apreci醤dose identidad de fundamento, procediese la aplicaci髇 preferente de la normativa de consumo. En estos supuestos, se reiniciar el c髆puto del plazo de prescripci髇 si el expediente sancionador estuviera paralizado durante m醩 de un mes por causa no imputable a la presunta persona responsable.

Art韈ulo 162.– Caducidad del procedimiento

1.– Se producir la caducidad del procedimiento sancionador en caso de no haber reca韉o resoluci髇 transcurridos nueve meses desde su iniciaci髇.

2.– Si se acuerda la acumulaci髇 en un 鷑ico procedimiento de infracciones que hasta entonces se tramitaban separadamente, el plazo para dictar resoluci髇 se contar desde el acuerdo de iniciaci髇 del 鷏timo de los procedimientos incoados.

Art韈ulo 163.– Prescripci髇 de las sanciones

1.– Las sanciones establecidas en aplicaci髇 de esta ley prescribir醤 al t閞mino de los siguientes plazos: leves, al a駉; graves, a los tres a駉s; y muy graves, a los cinco a駉s.

2.– El plazo de prescripci髇 de las sanciones comenzar a contarse desde el d韆 siguiente a aquel en que sea ejecutable la resoluci髇 por la que se impone la sanci髇 o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpir la prescripci髇 en estos supuestos la iniciaci髇, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecuci髇, volviendo a transcurrir el plazo si aqu閘 est paralizado durante m醩 de un mes por causa no imputable a la persona infractora. En el caso de desestimaci髇 presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resoluci髇 por la que se impone la sanci髇, el plazo de prescripci髇 de la sanci髇 comenzar a contarse desde el d韆 siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resoluci髇 de dicho recurso.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICI覰 ADICIONAL PRIMERA.– Plazo de adaptaci髇 de las obligaciones del art韈ulo 83.1

La puesta a disposici髇 de las personas consumidoras y usuarias de los elementos indicados el art韈ulo 83.1 se efectuar antes de transcurrido un a駉 desde la entrada en vigor de la ley tanto por las entidades que presten servicios de car醕ter b醩ico de inter閟 general como por los establecimientos calificados como grandes establecimientos comerciales por la legislaci髇 vigente en materia de actividad comercial.

DISPOSICI覰 ADICIONAL SEGUNDA.– Cuestionario sobre el cumplimiento de los derechos lingsticos

Las entidades que presten servicios de car醕ter b醩ico de inter閟 general y los establecimientos calificados como grandes establecimientos comerciales por la legislaci髇 vigente remitir醤 al departamento competente en materia de consumo, cada cinco a駉s o con la periodicidad que aquel determine, un cuestionario que les ser facilitado a fin de identificar las actuaciones efectuadas en materia de derechos lingsticos contemplados en este estatuto.

La confecci髇 del cuestionario, as como la evaluaci髇 de la informaci髇 recibida, ser realizada conjuntamente con el 髍gano competente en materia de pol韙ica lingstica, y servir de base para identificar la activaci髇 de las pol韙icas necesarias para impulsar el cumplimiento de los derechos lingsticos de las personas consumidoras y usuarias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICI覰 TRANSITORIA PRIMERA.– Requisitos de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias representativas

Hasta que se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto por el art韈ulo 62, se entender que los requisitos de implantaci髇 territorial, n鷐ero de personas asociadas y programa de actividades de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias representativas, en todo lo que no sea contario a la presente ley, son los regulados por el Decreto 249/1985, de 30 de julio, por el que se modifica el Decreto de 17 de agosto de 1981, sobre creaci髇 del Censo de Asociaciones de Consumidores, seg鷑 lo establecido en la Ley sobre el Estatuto del Consumidor o disposici髇 que la sustituya.

T閚gase en cuenta que el Decreto 249/1985, a que se refiera la presente disposici髇 transitoria, ha sido derogado por la disposici髇 derogatoria del Decreto 262/2021,28 diciembre, de registro de asociaciones de personas consumidoras y usuarias de Euskadi (獴.O.P.V. 10 marzo 2022).LE0000721573_20220311Ir a Norma

DISPOSICI覰 TRANSITORIA SEGUNDA.– Hojas de reclamaciones

1.– Hasta que no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto por el art韈ulo 90 sobre hojas de reclamaciones, continuar vigente, en todo lo que no sea contrario a la presente ley, el Decreto 142/2014, de 1 de julio, de hojas de reclamaciones de consumo y del procedimiento de atenci髇 de quejas, reclamaciones y denuncias de las personas consumidoras y usuarias.

2.– En ausencia de regulaci髇 espec韋ica, las hojas de reclamaciones electr髇icas se ajustar醤, en cuanto a su contenido, al modelo de hojas de reclamaciones del Anexo I de dicho decreto.

DISPOSICI覰 TRANSITORIA TERCERA.– Documento justificativo de consumo

Las personas proveedoras de bienes o servicios mediante m醧uinas autom醫icas y que no hagan uso de la posibilidad prevista en el art韈ulo 25.3, dispondr醤 de un plazo de dos a駉s a partir de la entrada en vigor de la presente ley para la adecuaci髇 de estas, de cara al cumplimiento de la entrega de documento acreditativo de la relaci髇 de consumo.

DISPOSICI覰 DEROGATORIA.– Derogaci髇 normativa

Quedan derogados:

DISPOSICI覰 FINAL.– Entrada en vigor

La presente ley entrar en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial del Pa韘 Vasco.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.