Decreto-ley 5/2023, de 20 de junio, por el que se deroga el Decreto 103/2022, de 14 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Autorizaci髇 administrativa, Declaraci髇 responsable, Comunicaci髇, Acreditaci髇 y Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andaluc韆, y se modifica el r間imen transitorio del Decreto-ley 1/2020, de 10 de febrero, para el impulso del proceso de justificaci髇, comprobaci髇, adecuaci髇 de la informaci髇 y reintegro de los libramientos con justificaci髇 posterior

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Sumario

V閍se la Res.�19 julio 2023, de la Secretar韆 General del Parlamento de Andaluc韆, por la que se ordena la publicaci髇 del acuerdo de convalidaci髇 del D.-ley 5/2023, de 20 de junio, por el que se deroga el D. 103/2022, de 14 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Autorizaci髇 administrativa, Declaraci髇 responsable, Comunicaci髇, Acreditaci髇 y Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andaluc韆, y se modifica el r間imen transitorio del D.-ley 1/2020, de 10 de febrero, para el impulso del proceso de justificaci髇, comprobaci髇, adecuaci髇 de la informaci髇 y reintegro de los libramientos con justificaci髇 posterior (獴.O.J.A.� 25 julio).LE0000768738_20230726

I

La Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, de conformidad con el art韈ulo 61.1.a) del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, tiene competencia exclusiva en materia de servicios sociales que, en todo caso, incluye, entre otros aspectos, la regulaci髇, ordenaci髇 y gesti髇 de los servicios sociales.

En su desarrollo se promulg� la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andaluc韆, cuyo art韈ulo 83 determina los supuestos en los que los servicios y centros de servicios sociales precisan de autorizaci髇 administrativa, justificando el sometimiento a dicho r間imen en funci髇 de las prestaciones que desarrollan, algunas ligadas a la salud p鷅lica, as� como a razones imperiosas de inter閟 general, como son la seguridad y la protecci髇 de las personas usuarias de los servicios y centros respecto de los cuales es exigible la autorizaci髇 administrativa. En dicho art韈ulo se establece de forma expresa que, reglamentariamente, se determinen las condiciones de la autorizaci髇 administrativa y los supuestos, las condiciones y el procedimiento de tramitaci髇 del r間imen de declaraci髇 responsable y comunicaci髇 administrativa. Por su parte, el art韈ulo 84 dispone que las entidades que pretendan concertar plazas o servicios con la administraci髇 de servicios sociales deber醤 contar con la correspondiente acreditaci髇 administrativa, en los t閞minos que reglamentariamente se determine y finalmente, el art韈ulo 86.2 de la citada Ley 9/2016, de 27 de diciembre, establece que el contenido, estructura y organizaci髇 del Registro se regular� mediante Decreto del Consejo de Gobierno.

Con el fin de desarrollar lo establecido en los art韈ulos 83 y siguientes de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, as� como la necesidad de adecuar la normativa existente a los nuevos enfoques incorporados al ordenamiento jur韉ico espa駉l por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, con fecha 21 de junio de 2022 se publica en el Bolet韓 Oficial de la Junta de Andaluc韆, n鷐ero 117, el Decreto 103/2022, de 14 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Autorizaci髇 administrativa, Declaraci髇 responsable, Comunicaci髇, Acreditaci髇 y Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andaluc韆.

Entre las principales novedades que introduce el citado decreto cabe destacar la reserva, con car醕ter general, del r間imen de autorizaci髇 administrativa para la puesta en funcionamiento y la modificaci髇 sustancial de centros y servicios de d韆, de noche y de atenci髇 residencial, determinando la aplicaci髇 del r間imen de declaraci髇 responsable y comunicaci髇 previa al resto de supuestos. Asimismo establece la equiparaci髇 de los requisitos materiales y funcionales para las autorizaciones administrativas de funcionamiento y de modificaci髇 sustancial a los de la acreditaci髇 de la calidad, por lo que estas autorizaciones tendr醤 la consideraci髇 de acreditaci髇 para el concierto de plazas o servicios con la administraci髇 de servicios sociales y para la prestaci髇 de servicios a personas beneficiarias de prestaciones econ髆icas vinculadas al servicio.

El Reglamento que aprueba el citado Decreto prev� en su art韈ulo 5 que, mediante orden de la Consejer韆 competente en materia de servicios sociales, se regular醤 los requisitos materiales y funcionales necesarios para el funcionamiento de cada centro y servicio, de acuerdo a su sector, tipolog韆 y subtipolog韆, estableciendo para ello su disposici髇 final primera del Decreto 103/2022, de 14 de junio, un plazo de seis meses desde su entrada en vigor.

Por otro lado, el decreto establece en su disposici髇 final segunda que su entrada en vigor se producir� a los doce meses de su publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial de la Junta de Andaluc韆, es decir, el pr髕imo d韆 21 de junio, contempl醤dose en sus disposiciones transitorias distintos per韔dos de adaptaci髇 a la nueva normativa, espec韋icamente para la aplicaci髇 de los requisitos materiales y funcionales hasta la aprobaci髇 de las 髍denes de funcionamiento (disposici髇 transitoria primera), para los procedimientos en tramitaci髇 (disposici髇 transitoria segunda) y el r間imen transitorio de la autorizaciones y acreditaciones de car醕ter provisional (disposici髇 transitoria tercera).

La comunicaci髇 mantenida con el sector de la dependencia y las iniciativas llevadas a cabo para lograr su familiarizaci髇 con las reformas que introduce el nuevo decreto, evidencian que la aplicaci髇 de 閟te con su redacci髇 actual situar韆 en una posici髇 muy desfavorable a un gran n鷐ero de ellas, debido a que su regulaci髇 contrasta enormemente con la realidad del sector, no obstante el esfuerzo realizado por 閟te para ajustar su actividad a las necesidades cambiantes que exige la atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia.

Ante la manifiesta dificultad de los distintos centros y servicios para hacer efectivas las exigencias de adaptaci髇 requeridas por la norma, as� como la afectaci髇, incidencia e impacto que el r間imen transitorio establecido en la misma, podr韆 tener en algunos sectores y en los colectivos que se atienden con esos servicios o centros, es necesaria la adopci髇 de medidas urgentes, que pal韊n las consecuencias que la entrada en vigor del decreto representa para el sector y para las personas usuarias de los centros y servicios que el mismo presta.

Todo ello en un contexto en el que Andaluc韆, al igual que otras Comunidades Aut髇omas, registra un d閒icit de plazas en residencias de personas mayores, que puede agravarse como consecuencia del marco de acreditaci髇 com鷑 impuesto por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia, en el proceso de transici髇 hacia un nuevo modelo de atenci髇 centrada en la persona.

El art韈ulo 34 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia, establece que, sin perjuicio de las competencias de cada una de las Comunidades Aut髇omas y de la Administraci髇 General del Estado, se establecer醤, en el 醡bito del Consejo Territorial, la fijaci髇 de criterios comunes de acreditaci髇 de centros y planes de calidad del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia, dentro del marco general de calidad de la Administraci髇 General del Estado.

En virtud de lo anterior, con posterioridad a la aprobaci髇 del citado Decreto 103/2022, de 14 de junio, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia aprob�, en su reuni髇 extraordinaria de 28 de junio de 2022, el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditaci髇 y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia (SAAD), publicada mediante Resoluci髇 de 28 de julio de 2022, de la Secretar韆 de Estado de Derechos Sociales en el Bolet韓 Oficial del Estado n鷐ero 192, de 11 de agosto de 2022.

El mencionado acuerdo, al que la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 se ha adherido el pasado mes de marzo, impone requisitos comunes de acreditaci髇 aplicables, entre otros, a los centros residenciales, en los 醡bitos relativos a los recursos materiales y equipamientos, personal y a la dignidad de trato y del ejercicio de derechos de las personas usuarias, a fin de garantizar la prestaci髇 del servicio adaptada a las necesidades y preferencias de las personas en situaci髇 de dependencia, a su contexto, a las intensidades de apoyo requeridas, a la seguridad y a la accesibilidad universal, incluyendo requisitos y est醤dares sobre personal y calidad en el empleo, tanto en n鷐ero de profesionales, como en su cualificaci髇, formaci髇 y condiciones laborales, y estableciendo mecanismos y requisitos para garantizar la participaci髇, la autonom韆 y la preservaci髇 de los derechos a las personas usuarias, as� como la personalizaci髇 de los apoyos que reciben.

El tr醤sito del actual modelo de cuidados asistenciales y uniformes hacia el modelo de cuidado y apoyos centrado en cada persona y con enfoque comunitario y de proximidad conlleva importantes modificaciones a nivel estructural, de instalaciones, de recursos humanos y de funcionamiento de estos centros, con los plazos y adaptaciones establecidos, que requieren de la oportuna aprobaci髇 de las disposiciones normativas que, en su caso, resulten necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el mismo.

Por todo lo anterior, se considera desde la Consejer韆 de Inclusi髇 Social, Juventud, Familias e Igualdad absolutamente necesaria la redacci髇 de un nuevo decreto que no colisione con la realidad de un sector esencial en la sociedad andaluza, haciendo posible que los servicios y centros de servicios sociales contin鷈n con su actividad dentro de un marco jur韉ico adecuado, estable, realista y que no suponga una merma para las personas en situaci髇 de dependencia y sus familias, todo ello sin renunciar a incrementar los niveles de exigencia en cuanto a requisitos materiales y funcionales, as� como de calidad , y sin que ello suponga, asimismo, la p閞dida de actividad econ髆ica y puestos de trabajo.

Adem醩, es necesario tener en consideraci髇 los anteriores criterios en la elaboraci髇 de la orden contemplada en el art韈ulo 5 del citado Reglamento, que afectan a los espacios y equipamientos, estableciendo limitaciones al n鷐ero m醲imo de plazas, la obligatoriedad de implantar determinados cupos de habitaciones individuales, as� como la de configurar la atenci髇 en torno a las denominadas unidades estables de convivencia, con un m醲imo de 15 personas en cada una de ellas, todo ello en un contexto caracterizado por el progresivo envejecimiento de la poblaci髇, con el consiguiente aumento de la poblaci髇 potencialmente dependiente y de la necesidad de plazas residenciales.

En virtud de ello, a fin de evitar estos efectos indeseados y dadas las importantes modificaciones a llevar a cabo, en aras del principio de seguridad jur韉ica, que impele a establecer un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensi髇, se considera imprescindible proceder a la derogaci髇 del Decreto 103/2022, de 14 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Autorizaci髇 administrativa, Declaraci髇 responsable, Comunicaci髇, Acreditaci髇 y Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andaluc韆, con car醕ter urgente dado que su entrada en vigor est� prevista con car醕ter inminente, e iniciar los tr醡ites para la aprobaci髇, con car醕ter de urgencia, de un nuevo Reglamento de Autorizaci髇 administrativa, Declaraci髇 responsable, Comunicaci髇, Acreditaci髇 y Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andaluc韆, acorde a la realidad de un sector esencial en la sociedad andaluza, haciendo posible que los servicios y centros de servicios sociales contin鷈n con su actividad dentro de un marco jur韉ico adecuado y estable.

II

Por otro lado, la competencia para resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de las deudas de naturaleza p鷅lica no tributaria en periodo voluntario ha sido objeto de modificaci髇 por diversas disposiciones normativas en los 鷏timos a駉s, atribuy閚dose a la Agencia Tributaria de Andaluc韆 la competencia para su resoluci髇 en la mayor韆 de los casos, por razones de eficacia recaudatoria y de organizaci髇 administrativa.

En particular, respecto a los reintegros de subvenciones, resulta relevante la modificaci髇 del art韈ulo 127 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda P鷅lica de la Junta de Andaluc韆, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, introducida en el art韈ulo 7 del Decreto-ley 1/2020, de 10 de febrero, para el impulso del proceso de justificaci髇, comprobaci髇, adecuaci髇 de la informaci髇 contable y reintegro de los libramientos con justificaci髇 posterior. En el citado precepto se atribuye a la Agencia Tributaria de Andaluc韆 la gesti髇 recaudatoria del reintegro frente a los obligados al mismo, as� como la resoluci髇, o inadmisi髇 en su caso, de las solicitudes de compensaci髇 y de aplazamiento y fraccionamiento a que se refiere el art韈ulo 124 ter, a diferencia del r間imen establecido en el ya derogado Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organizaci髇 y el funcionamiento de la Tesorer韆 General de la Junta de Andaluc韆 y la gesti髇 recaudatoria, que atribu韆 esta competencia a los 髍ganos gestores cuando la deuda por el reintegro estuviera en periodo voluntario.

El objetivo de la citada modificaci髇 era mejorar la eficacia administrativa de la gesti髇 recaudatoria, concentrando en la Agencia Tributaria de Andaluc韆 la resoluci髇 de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pr醕ticamente la totalidad de los ingresos de Derecho P鷅lico tanto de naturaleza tributaria como no tributaria.

Como consecuencia de dicha modificaci髇 normativa, los diferentes 髍ganos gestores han dejado de tramitar y resolver pr醕ticamente la totalidad de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de los ingresos de Derecho P鷅lico que gestionan, reordenando sus recursos a sus competencias efectivas.

Asimismo, tras la modificaci髇 operada en el art韈ulo 127 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda P鷅lica de la Junta de Andaluc韆, se han ido dictando Instrucciones y modificaciones normativas para actuar de manera coordinada en el ejercicio de las competencias de la Agencia Tributaria de Andaluc韆 en materia de aplazamientos y fraccionamientos de ingresos de Derecho P鷅lico, procurando una actuaci髇 especializada en la tramitaci髇 de los procedimientos.

Del mismo modo, la Agencia Tributaria de Andaluc韆 dispone de informaci髇 para analizar de manera integral la situaci髇 econ髆ico-financiera de los solicitantes, pudiendo tener en cuenta en la tramitaci髇 de estos procedimientos otras solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento que pudieran haber presentado con posterioridad y que hayan podido ser denegadas o pudieran afectar a la viabilidad de las solicitudes de modificaci髇 de condiciones presentadas.

De acuerdo con todo lo expuesto y teniendo en cuenta el r間imen transitorio previsto en el apartado 4 de la disposici髇 transitoria primera del citado Decreto-ley 1/2020, de 10 de febrero, que establece que lo dispuesto en el art韈ulo 7 del mismo solo ser� de aplicaci髇 a los procedimientos de reintegro en tramitaci髇 cuya resoluci髇 se dicte con posterioridad a la entrada en vigor del citado art韈ulo, por razones de eficacia, eficiencia y seguridad jur韉ica, resulta necesario, con car醕ter urgente y mediante norma con rango de ley, modificar el mismo para establecer como excepci髇 que las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento o modificaci髇 de los ya concedidos que se presenten o est閚 pendientes de resolver bajo la vigencia del citado Decreto-ley se regir醤 por lo establecido en el art韈ulo 127. 2 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda P鷅lica de la Junta de Andaluc韆, en su nueva redacci髇. De esta manera, la Agencia Tributaria de Andaluc韆 ser� la competente para tramitar y resolver todas las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas que se encuentren en periodo voluntario de pago derivadas de los procedimientos de reintegro de subvenciones de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y sus agencias, cualquiera que sea la fecha en que se haya dictado el acuerdo del reintegro, salvo las gestionadas por el Organismo Pagador de Andaluc韆 de los Fondos Europeos Agrarios, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 127.3 del citado texto refundido.

Asimismo, resulta necesario determinar la competencia de la Agencia Tributaria de Andaluc韆 para resolver las solicitudes de modificaci髇 de las condiciones de los aplazamientos y fraccionamientos ya concedidos respecto de las deudas derivadas del reintegro de subvenciones, con independencia del 髍gano que en su d韆 hubiese dictado la resoluci髇 de aplazamiento y fraccionamiento. Ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo con el art韈ulo 52.3 del Reglamento General de Recaudaci髇, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si una vez concedido un aplazamiento y fraccionamiento el deudor solicitase una modificaci髇 en sus condiciones, la tramitaci髇 y resoluci髇 de estas solicitudes se regir� por las mismas normas que las establecidas para las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento con car醕ter general. Es decir, se trata de una nueva solicitud, por lo que resulta coherente y acorde con los principios de eficacia y eficiencia que la competencia para resolver las solicitudes de modificaci髇 de las condiciones corresponda a la Agencia Tributaria de Andaluc韆, por tener atribuida, con car醕ter general, la competencia para resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas derivadas del reintegro de subvenciones.

De acuerdo con el principio de seguridad jur韉ica, y a los efectos de garantizar que a todas las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas derivadas de reintegros de subvenciones, con independencia de la fecha en que se haya dictado el acuerdo del reintegro, se les va a aplicar el mismo r間imen jur韉ico; evitar la disfunci髇 en la gesti髇 de las deudas derivadas de estos procedimientos; y considerando que la Agencia Tributaria de Andaluc韆 dispone de la informaci髇 econ髆ico-financiera necesaria para resolver estas solicitudes, resulta imprescindible determinar la competencia de la misma para resolver estos procedimientos.

Adem醩, esta medida pretende dotar de mayor coherencia a la normativa auton髆ica en esta materia, al establecer que solo la Agencia Tributaria de Andaluc韆 sea la competente para resolver estos procedimientos, eliminando las asimetr韆s o disfunciones existentes hasta ahora derivadas de la aplicaci髇 de lo dispuesto en el apartado 4 de la citada disposici髇 transitoria a las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas por reintegros.

En cuanto a la situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad que motiva la adopci髇 de esta medida por decreto-ley, ha de se馻larse que, si bien las pol韙icas del Gobierno de la Junta de Andaluc韆 est醤 promoviendo la regeneraci髇 econ髆ica e institucional, aportando confianza en los agentes econ髆icos y sociales, es necesario continuar con las medidas de mejora de la regulaci髇. Estas medidas desempe馻n un importante papel en la recuperaci髇 econ髆ica, pues es necesario contar con un marco regulatorio eficaz y eficiente que favorezca la seguridad jur韉ica y que pueda promover el desarrollo de las actividades econ髆icas. En la actual situaci髇 econ髆ica provocada por las consecuencias del conflicto b閘ico en Ucrania, que afecta a la ciudadan韆 en diferentes 醡bitos, se est醤 recibiendo un gran n鷐ero de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de las deudas pendientes, as� como modificaciones de las condiciones de los ya concedidos, dirigidas a distintos 髍ganos de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆. En este marco, resulta imprescindible unificar en la Agencia Tributaria la competencia para resolver todas las solicitudes, con independencia del momento en que la resoluci髇 fue dictada, as� como del 髍gano que hubiere resuelto. La utilizaci髇 del instrumento del decreto-ley para la adopci髇 de esta medida deviene imprescindible para que resulte beneficiosa para la ciudadan韆 de la forma m醩 inmediata posible ya que, de optarse por la v韆 de la tramitaci髇 ordinaria de una ley, dado el tiempo medio de aprobaci髇 de las leyes, esta no podr韆 aprobarse en un breve plazo. Ello supondr韆 demorar los efectos de esta medida de simplificaci髇 y mejora regulatoria, y no se estar韆 dando una respuesta normativa a una situaci髇 extraordinaria y urgente. Todo ello justifica la medida adoptada en este decreto-ley en materia de aplazamientos y fraccionamientos de deudas de Derecho P鷅lico, garantizando la seguridad jur韉ica en esta materia, y asegurando la eficacia y eficiencia en la gesti髇 de los recursos de la Hacienda P鷅lica.

III

La regulaci髇 del decreto-ley en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 se contempla en el art韈ulo 110 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆 que establece que en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Consejo de Gobierno podr� dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos-leyes, que no podr醤 afectar a los derechos establecidos en este Estatuto, al r間imen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andaluc韆. No podr醤 aprobarse por decreto-ley los presupuestos de Andaluc韆.

En base a la previsi髇 contenida en el art韈ulo 110 del Estatuto de Autonom韆 de Andaluc韆, el decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 de un proyecto de Reglamento.

La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este decreto-ley se inscribe en el juicio pol韙ico o de oportunidad que corresponde a este Gobierno (STC 93/2015, de 14 de mayo, FJ 6) y esta decisi髇, sin duda, supone una ordenaci髇 de prioridades de actuaci髇 que la situaci髇 acreditada demanda.

Como se馻la el Tribunal Constitucional, generalmente se ha venido admitiendo el uso del Decreto-ley en situaciones que se han calificado como 玞oyunturas econ髆icas problem醫icas�, para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente l韈ito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecuci髇 del fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, que no es otro que subvenir a 玸ituaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones dif韈iles de prever requieran una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes� (STC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).

En el presente caso, el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, ante la manifiesta dificultad de los distintos centros y servicios para hacer efectivas las exigencias de adaptaci髇 requeridas por la norma, as� como la afectaci髇, incidencia e impacto que el r間imen establecido en el mismo, podr韆 tener en algunos sectores y en los colectivos que se atienden con esos servicios o centros, justifica dentro de los objetivos gubernamentales, una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 de un proyecto de reglamento.

En consonancia con lo expuesto, se puede asegurar que existe una conexi髇 directa entre la urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, teniendo en cuenta que los 醡bitos a los que afectan las mismas requieren de una intervenci髇 inmediata. Estas medidas que se adoptan no podr韆n abordarse mediante tramitaci髇 ordinaria o de urgencia, teniendo en cuenta las materias a las que afectan.

En consecuencia, se puede asegurar que existe una conexi髇 directa entre la urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella puesto que los efectos ser韆n demasiado gravosos en caso de retraso. La inmediatez de la entrada en vigor de este decreto-ley resulta tambi閚 oportuna, puesto que otra alternativa requerir韆 de un plazo muy superior en el tiempo (STC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7).

Por 鷏timo, este decreto-ley cumple con los l韒ites fijados por las competencias auton髆icas para acometer una regulaci髇 legal en esta materia. Cuando concurre, como en este caso, una situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad todos los poderes p鷅licos que tengan asignadas facultades de legislaci髇 provisional y competencias sustantivas en el 醡bito material en que incide tal situaci髇 de necesidad pueden reaccionar normativamente para atender dicha situaci髇, siempre, claro est�, que lo hagan dentro de su espectro competencial. (STC 93/2015, de 14 de mayo, FJ 11).

En el presente caso, estas medidas que se adoptan no pueden esperar a una tramitaci髇 ordinaria o de urgencia.

Estas mismas razones que determinan la urgente necesidad son las que conducen a que el presente instrumento normativo se erija en el instrumento de que dispone este Gobierno para dar respuesta, en tiempo, a una situaci髇 que requiere de una actuaci髇 inmediata, dando con ello cumplimiento a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En este sentido, esta regulaci髇 es necesaria y eficaz por cuanto es preciso introducir en este momento esta medida para subvenir a estas necesidades y no existe otro mecanismo m醩 que el de una norma con rango de ley. En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un decreto-ley, su tramitaci髇 se encuentra exenta de consulta p鷅lica previa y de los tr醡ites de audiencia e informaci髇 p鷅licas. Asimismo, resulta proporcional y transparente porque esta modificaci髇 introduce solo los elementos necesarios para la salvaguarda del inter閟 p鷅lico en este momento, e igualmente se garantiza el principio de seguridad jur韉ica al asegurar un correcto encaje del conjunto de medidas en el ordenamiento jur韉ico aplicable. Finalmente, el principio de eficiencia se considera cumplido toda vez que no se imponen nuevas cargas administrativas que no sean imprescindibles frente a las previstas en la regulaci髇 actual.

Debe se馻larse tambi閚 que este decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I de la Constituci髇, tampoco afecta a los derechos establecidos en el Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, al r間imen electoral, a las instituciones ni a los presupuestos de la Junta de Andaluc韆.

Por todo ello, en ejercicio de la facultad conferida por el art韈ulo 110 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, a propuesta de la Consejera de Inclusi髇 Social, Juventud, Familias e Igualdad y de la Consejera de Econom韆, Hacienda y Fondos Europeos, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, previa deliberaci髇 del Consejo de Gobierno, en su reuni髇 celebrada el d韆 20 de junio de 2023,

DISPONGO

Art韈ulo 1 Derogaci髇 normativa

Queda derogado el Decreto 103/2022, de 14 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Autorizaci髇 administrativa, Declaraci髇 responsable, Comunicaci髇, Acreditaci髇 y Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andaluc韆.

LE0000731634_20230620

Art韈ulo 2 Modificaci髇 del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorizaci髇, registro, acreditaci髇 e inspecci髇 de los Servicios Sociales de Andaluc韆

Se modifica la disposici髇 transitoria octava del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorizaci髇, registro, acreditaci髇 e inspecci髇 de los Servicios Sociales de Andaluc韆, con la siguiente redacci髇:

獶isposici髇 transitoria octava Ampliaci髇 de la vigencia de las acreditaciones administrativas de servicios y centros de servicios sociales

Sin perjuicio de lo que, sobre el periodo de validez temporal de las acreditaciones de servicios y centros de servicios sociales, establece el art韈ulo 29, se entender醤 expresamente renovadas hasta el 31 de diciembre de 2023 aquellas solicitudes de renovaci髇 de la acreditaci髇 de los centros de d韆, de noche y los centros de atenci髇 residencial que no tengan resoluci髇 expresa con anterioridad a la citada fecha.

Para la debida renovaci髇, ser� necesaria la presentaci髇, por el representante legal de la entidad, de declaraci髇 responsable indicando el cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales necesarios para la renovaci髇.�

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DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 del Decreto-ley 1/2020, de 10 de febrero, para el impulso del proceso de justificaci髇, comprobaci髇, adecuaci髇 de la informaci髇 contable y reintegro de los libramientos con justificaci髇 posterior

Uno. Se modifica el apartado 4 de la disposici髇 transitoria primera, del Decreto-ley 1/2020, de 10 de febrero, para el impulso del proceso de justificaci髇, comprobaci髇, adecuaci髇 de la informaci髇 contable y reintegro de los libramientos con justificaci髇 posterior, que queda redactado como sigue:

�4. Lo dispuesto en el art韈ulo 7 del presente decreto-ley ser� de aplicaci髇 a los procedimientos de reintegro en tramitaci髇 cuya resoluci髇 se dicte con posterioridad a la entrada en vigor del citado art韈ulo, salvo para las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento o modificaci髇 de las condiciones de los ya concedidos, que se presenten o est閚 pendientes de resolver bajo la vigencia del presente decreto-ley, que se regir醤 por lo establecido en el art韈ulo 127.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda P鷅lica de la Junta de Andaluc韆, en su nueva redacci髇.�

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Dos. Lo previsto en el apartado anterior producir� efectos a partir de la entrada en vigor del presente decreto-ley y ser� de aplicaci髇 a los procedimientos ya iniciados antes de dicho momento que se encuentren pendientes de resolver, as� como a los que se inicien con posterioridad al mismo, con independencia del 髍gano que hubiera dictado la resoluci髇 de reintegro.

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