Atención norma derogada, ver regulación posterior

Decreto 103/2022, de 14 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Autorización administrativa, Declaración responsable, Comunicación, Acreditación y Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía

Artículo 1 Objeto

El Reglamento tiene por objeto establecer las normas, supuestos, condiciones y procedimientos de tramitación para la ordenación de las entidades, centros y servicios que intervienen en la prestación de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a cuyos efectos son objeto de regulación:

• a) El régimen de autorización administrativa, declaración responsable, comunicación y acreditación.
• b) El contenido, la estructura y organización del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

El Reglamento será de aplicación a las entidades, centros y servicios sociales, públicos y privados, con o sin ánimo de lucro, que actúen o proyecten actuar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se encuentren recogidos en el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, a excepción de los centros de adicciones, que se rigen por lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

Artículo 3 Definiciones

A efectos de este Reglamento las definiciones sobre entidades, centros y actuaciones son las previstas en el Anexo I.

Artículo 4 Régimen jurídico

1. Los centros y servicios sociales quedan sujetos:

• a) Al régimen de autorización administrativa, declaración responsable, comunicación y acreditación en los términos establecidos en este Reglamento.
• b) Al cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales, tanto generales como específicos, que se establezcan en la Orden de funcionamiento referida en el artículo 5.
• c) Al régimen de inscripción y actualización de datos del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía.
• d) Al control, evaluación e inspección de la Administración, de conformidad con lo dispuesto en su normativa reguladora.

Las entidades de servicios sociales quedarán sujetas a lo establecido en los epígrafes c) y d).

2. El régimen de autorización administrativa establecido en el Reglamento será exigible, en los supuestos de puesta en funcionamiento o modificación sustancial, a los centros y servicios de día y de noche, y a los centros y servicios de atención residencial.

3. El régimen de declaración responsable establecido en este Reglamento será exigible en los supuestos de cambio de titularidad de cualquier centro y servicio, renovación de la autorización administrativa de funcionamiento y en los supuestos de puesta en funcionamiento o modificación sustancial de centros de servicios sociales comunitarios y comedores sociales para personas en situación o riesgo de exclusión social.

4. El régimen de comunicación establecido en este Reglamento será exigible en aquellos supuestos en los que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente los datos relativos a la creación, construcción o modificación no sustancial de cualquier centro y servicio, el cierre de centro o cese de servicio por cualquier causa, así como su reapertura y la puesta en funcionamiento o modificación sustancial de los centros sociales para personas con enfermedad mental, centros socioculturales gitanos y los centros de participación activa de personas mayores.

Artículo 5 Orden de funcionamiento

1. Mediante orden la Consejería competente en materia de servicios sociales regulará los requisitos materiales y funcionales necesarios para el funcionamiento de cada centro y servicio, de acuerdo a su sector, tipología y subtipología, atendiendo a las características y necesidades de la población destinataria, y siempre de manera complementaria a las autorizaciones, licencias o inspecciones técnicas que además se necesiten en virtud de la normativa general.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83.4. de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, la Orden de funcionamiento también podrá desarrollar, entre otros, aquellos aspectos relacionados con la documentación administrativa y la actuación asistencial.

3. Cuando dos o más servicios confluyan en un mismo centro, los espacios que se compartan se adaptarán al servicio de máximos requerimientos materiales.

4. El cumplimiento de los requisitos recogidos en la Orden de funcionamiento permitirá la acreditación de aquellos centros y servicios sociales susceptibles de la misma, independientemente de cualquier otro tipo de requisitos que se establezcan en los convenios, conciertos o contratos respectivos.

Artículo 6 Competencia

1. La competencia para otorgar, denegar, revocar, suspender temporalmente, extinguir y renovar las autorizaciones administrativas será atribuida a los órganos directivos que se determinen en el decreto de estructura de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

2. Estos mismos órganos serán también competentes para la tramitación de las declaraciones responsables y las comunicaciones reguladas en este Reglamento, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 7 Presentación de solicitudes para la autorización administrativa, declaraciones responsables y comunicaciones

1. La solicitud de autorización, acompañada de la documentación exigida, la declaración responsable o la comunicación, acompañada de la documentación de aportación exigida en el caso de la primera, se presentarán obligatoriamente mediante los modelos que figuran en los Anexos II, III y IV, en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, excepto en los supuestos contemplados en el artículo 8.2.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas interesadas tendrán derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. Podrán manifestar su oposición expresa a que se consulten esos documentos, o bien suministrar la información precisa para poder recabarlos, indicando el documento, Administración Pública, Consejería o Agencia y órgano que lo emitió o ante el que se presentó, así como el procedimiento o la fecha.

3. Para la acreditación de la representación legal de las personas interesadas, se estará a los dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 8 Relaciones electrónicas

1. Las personas físicas podrán elegir realizar sus comunicaciones a través de medios electrónicos, o no, en sus relaciones con la Consejería competente en materia de servicios sociales. En todo caso el medio elegido podrá ser modificado por aquéllas en cualquier momento.

2. El resto de sujetos determinados en el artículo 14.2 a), b), c) y d), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos.

3. Para los medios y recursos que intervengan en las relaciones electrónicas con la Administración como los medios de identificación y firma electrónica, sistemas de notificación electrónica, Catálogo de Procedimientos y Servicios y Registro Electrónico Único, entre otros, se estará a lo dispuesto en el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, así como la normativa que sobre dicha materia se dicte al efecto.

Artículo 9 Comprobación del cumplimiento de la Orden de funcionamiento

La Consejería competente en materia de servicios sociales podrá en cualquier momento comprobar, a través de la Inspección de Servicios Sociales, con el apoyo del personal técnico, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Orden de funcionamiento correspondiente para cualquier centro y servicio, y de manera independiente a si su funcionamiento está amparado por autorización administrativa, declaración responsable o comunicación.

Artículo 10 Deber de información a la Administración de servicios sociales

1. Las entidades, los servicios y los centros de servicios sociales estarán obligados a facilitar la información sobre las condiciones materiales, funcionales, económicas, estadísticas y de resultado que le sea requerida por la Consejería competente en materia de servicios sociales, así como toda aquella información, que periódicamente deban de remitir conforme se establezca en la Orden de funcionamiento y, en su caso, en el artículo 4 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de la Andalucía, siempre que no obren ya en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración.

2. Para cumplir la obligación de facilitar la información señalada en el apartado 1, los centros de personas mayores, de personas con discapacidad, de menores y otros centros de servicios sociales, deberán utilizar la Plataforma de Gestión de Datos de Centros de Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de servicios sociales, en la cual incorporarán toda la información solicitada en los diferentes apartados, y la mantendrán actualizada de manera permanente, para poder conocer en tiempo real la situación de la red de centros en Andalucía.

3. Tanto la determinación de la información a aportar, como el tratamiento de la información referida en los apartados anteriores deberá realizarse conforme al régimen establecido en el artículo 48 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), para el supuesto de que la información aportada implicase tratamiento de categorías especiales de datos.

Artículo 11 Actuaciones sujetas al régimen de autorización administrativa

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 83.1 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, los centros y servicios de día y de noche, y los centros y servicios de atención residencial, precisarán autorización administrativa en los siguientes supuestos:

• a) El funcionamiento, ya sea con carácter inicial o como consecuencia de un traslado o cambio de tipología de centro.
• b) La modificación sustancial que afecte a la estructura física o funcional de un centro y servicio.

2. Su otorgamiento no sustituye ni presupone la concesión de otro tipo de permisos o licencias preceptivas para el inicio de la actividad, ni tampoco presupone el cumplimiento, por el servicio o centro, de otra normativa que resulte aplicable.

3. La autorización administrativa de funcionamiento podrá ser provisional o definitiva, en los términos que se recogen en el artículo 16, pero ambas permitirán al centro y servicio ejercer su actividad.

Artículo 12 Carácter del silencio administrativo en los procedimientos de autorización administrativa

La persona titular del órgano referido en el artículo 6 dictará y notificará la resolución de los procedimientos de autorización administrativa en el plazo establecido en su artículo 17 desde que la solicitud hubiese tenido entrada en el registro electrónico del órgano competente para resolver, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior sin haberse notificado la resolución expresa correspondiente, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes, de conformidad con el artículo 85.1 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre.

Artículo 13 La acreditación exigida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia

1. A efectos del presente Reglamento se determina la equiparación de los requisitos materiales y funcionales para las autorizaciones administrativas de funcionamiento definitivo y de las de modificación sustancial a los de la acreditación de calidad necesarios para prestar o gestionar centros y servicios de atención y promoción para la autonomía personal de las personas en situación de dependencia, cuya observancia se garantizará mediante las actuaciones contempladas en el artículo 78.2.e) de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, en el marco de las directrices establecidas en el Plan General de Inspección contemplado en el artículo 94. La concesión de las referidas autorizaciones administrativas estará condicionada al cumplimiento de los requisitos recogidos en la correspondiente Orden de funcionamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 5.4.

2. La autorización administrativa de funcionamiento y la de modificación sustancial tendrán la consideración de acreditación en todos aquellos centros y servicios que la necesiten para concertar plazas o servicios con la Administración de servicios sociales. Asimismo, dicha equiparación será de aplicación respecto a aquellos centros y servicios privados no concertados que presten servicios para personas en situación de dependencia o en los que atiendan a personas perceptoras de prestaciones económicas vinculadas al servicio derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 85.bis de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, para la equiparación de los requisitos exigidos en las autorizaciones administrativas de funcionamiento y de modificaciones sustanciales con los necesarios para las acreditaciones en los supuestos previstos en el apartado 2, se establece un procedimiento común para la tramitación, resolución e inscripción de aquellas.

Artículo 14 Inicio del procedimiento, presentación y subsanación de solicitudes para la autorización administrativa de funcionamiento

1. El procedimiento para la obtención de la autorización administrativa se iniciará a instancia de la entidad titular del centro y servicio con la presentación de una solicitud que se ajustará obligatoriamente al modelo que figura como Anexo II acompañada de la documentación correspondiente.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si las solicitudes no reúnen los requisitos exigidos en este Reglamento, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Desde que se notifique el requerimiento hasta que se cumplimente en forma debida la solicitud, o bien hasta que finalice el plazo concedido para subsanar, quedará suspendido el plazo máximo para resolver.

3. En el caso de los sujetos contemplados en el artículo 8.2 se estará a lo establecido en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 15 Documentación y requisitos para la autorización administrativa de funcionamiento

1. A la solicitud de autorización administrativa de funcionamiento se acompañará la siguiente documentación:

• a) Certificado final de obra, en su caso.
• b) Proyecto con estado final de obra o documentación técnica preceptiva según la intervención ejecutada, firmado por personal técnico competente.
• c) Certificación del cumplimiento de los requisitos materiales establecidos en la Orden de funcionamiento correspondiente, suscrita por personal técnico competente.
• d) Certificación del cumplimiento de los requisitos funcionales establecidos en la Orden de funcionamiento correspondiente, excepto la ratio de personal que se contratará a partir de la concesión de la autorización, suscrita por el personal técnico competente.
• e) Memoria explicativa de la actividad a desarrollar, que contendrá, como mínimo, el perfil de las personas destinatarias, los objetivos, los programas de intervención, la metodología y la plantilla de personal con especificación del organigrama, horarios, cualificaciones profesionales y descripción de las funciones. Se especificará, en su caso, los servicios que tiene previsto subcontratar.
• f) Plan de Autoprotección para los centros y servicios de día y de noche, y los centros y servicios de atención residencial, en las condiciones que se establezcan en la Orden de funcionamiento.
• g) Documento acreditativo de la propiedad del inmueble o del derecho que se ostente sobre el mismo.

Artículo 16 Instrucción del procedimiento de autorización administrativa de funcionamiento de un centro y servicio

1. La resolución de autorización administrativa de funcionamiento provisional estará motivada y sustentada en informes técnicos previos del cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales exigidos, basados en la documentación presentada por la entidad solicitante.

2. Recibida la solicitud, la Administración autonómica elaborará informes técnicos previos basados en la documentación presentada por la entidad solicitante, y si de la misma se deduce el cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales de la Orden de funcionamiento, se concederá al centro y servicio una autorización administrativa de funcionamiento provisional, en un plazo no superior a treinta días a contar desde la fecha en que la mencionada solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía. En el caso de que en la documentación presentada se observase un incumplimiento de los requisitos materiales y funcionales aludidos con anterioridad se procederá conforme a lo previsto en el apartado 5 para el otorgamiento de la autorización administrativa de funcionamiento definitivo, pudiendo, en caso de que se concluyese que dichos requisitos no han concurrido, no otorgar la autorización administrativa provisional.

3. De la resolución de autorización administrativa de funcionamiento provisional se dará traslado al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía para la práctica del asiento correspondiente.

4. Tras la autorización administrativa de funcionamiento provisional, la Administración autonómica procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos mediante la realización de visita a las instalaciones o cualquier otro medio que lo permita, y emitirá los correspondientes informes técnicos de verificación.

5. En el caso de que los informes técnicos de verificación observasen deficiencias o falta de cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la autorización administrativa de funcionamiento, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días, proceda a la subsanación de las deficiencias observadas o realice la aportación de los documentos o de otros elementos de juicio necesarios, entendiéndose que el plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución de autorización administrativa definitiva permanecerá suspendido por el tiempo que medie entre la notificación del referido requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

6. Concedida la autorización administrativa de funcionamiento, provisional o definitiva, la entidad titular podrá iniciar la actividad sin perjuicio de las restantes autorizaciones o licencias que en cada caso deban otorgarse y cuya obtención es responsabilidad del titular del centro.

Artículo 17 Resolución de la autorización administrativa de funcionamiento definitiva

1. La resolución de autorización administrativa de funcionamiento definitiva estará motivada y sustentada en informes técnicos de verificación del cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales exigidos y comprobados mediante la realización de visita a las instalaciones o cualquier otro medio que lo permita.

2. El órgano competente para dictar la resolución de autorización administrativa de funcionamiento resolverá y notificará, en el plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud, concediendo al centro y servicio la autorización administrativa de funcionamiento definitiva o denegando la misma, quedando en este caso sin efecto la autorización administrativa provisional anteriormente concedida.

3. La autorización administrativa de funcionamiento definitiva se otorgará por un periodo de cinco años, y su vigencia estará condicionada al cumplimiento permanente de los requisitos y condiciones exigidos para su obtención.

4. El órgano competente para resolver dictará y notificará a la entidad una única resolución con la autorización administrativa de funcionamiento definitiva y la acreditación, si procede, y la inscripción del centro y servicio en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía, asignándole el correspondiente número registral.

Artículo 18 Renovación de la autorización administrativa de funcionamiento

1. La autorización administrativa de funcionamiento deberá ser renovada cada cinco años, mediante presentación de declaración responsable ajustada obligatoriamente al modelo establecido en el Anexo III en los tres meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de vigencia de dicha autorización. En la declaración responsable suscrita por la persona titular o representante de la entidad titular, deberá constar que el centro, servicio y, en su caso, la entidad, cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que le sea de aplicación para el otorgamiento de la autorización administrativa de funcionamiento, así como estar en posesión de las correspondientes licencias, permisos y autorizaciones establecidas en la Orden de funcionamiento correspondiente.

2. En el ejercicio de las facultades de comprobación, control e inspección establecidas en el artículo 25.1, el órgano competente requerirá al titular los documentos que acrediten los extremos contemplados en el apartado 1. En el supuesto en que en el ejercicio de las facultades anteriormente aludidas sea necesaria visita por parte de los técnicos en la misma deberá estar presente de forma inexcusable la representación del personal en materia de prevención de riesgos laborales.

3. La inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato o información esencial que se incorpore a la declaración responsable, o la no presentación de la documentación que sea requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, en el ejercicio de las facultades contempladas en el apartado 2, producirá los efectos referidos en el artículo 25.2.

4. La inscripción de la renovación de la autorización administrativa de funcionamiento se realizará conforme a lo establecido en el artículo 24.3.

Artículo 19 Extensión de la autorización administrativa de funcionamiento

1. En el caso de centros en los que se presten varios servicios, la autorización administrativa de funcionamiento deberá ser concedida para cada uno de los servicios que constituyan su oferta asistencial, pudiendo cumplimentarse una única solicitud, con expresa mención de todos los servicios que se prestan en un mismo centro.

2. La incorporación de servicios distintos de los inicialmente autorizados supondrá una modificación sustancial, por lo que requerirá de la correspondiente autorización administrativa.

3. La autorización de un servicio que no disponga o requiera inicialmente de un centro no abarca a los inmuebles que con posterioridad pueda ocupar o necesitar, los cuales precisarán de la correspondiente autorización administrativa de funcionamiento, declaración responsable o comunicación.

4. En el caso de edificios en los que se encuentran varios centros, la autorización administrativa de funcionamiento deberá ser concedida para cada uno de ellos, debiendo cumplimentar una solicitud para cada uno de los centros, aunque con expresa mención de todos los centros que se encuentran en el mismo edificio.

Artículo 20 Revocación de la autorización administrativa de funcionamiento

1. La autorización administrativa de funcionamiento concedida quedará sin efecto si se alteraran de modo sustancial las condiciones que fundamentaron su otorgamiento. La revocación será acordada por el órgano competente para su otorgamiento, previo expediente instruido al efecto con audiencia de la persona interesada, conforme a lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La resolución que declare la revocación podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de cuatro años a contar desde la fecha de notificación de la mencionada resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 85.4 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre.

2. En el procedimiento de revocación podrán adoptarse las medidas provisionales que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y demás normativa de aplicación.

3. El plazo para resolver el procedimiento de revocación será de tres meses a contar desde la fecha de adopción del acuerdo de iniciación del mismo. Transcurrido el citado plazo sin que se haya notificado su resolución a la persona interesada se producirá la caducidad del mismo.

4. La revocación se acordará sin perjuicio del ejercicio, en su caso, de la potestad sancionadora, de acuerdo con los artículos 124 y siguientes de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre.

5. De la resolución de revocación se dará traslado al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía para la práctica del asiento correspondiente.

Artículo 21 Extinción de la autorización administrativa de funcionamiento

1. La autorización administrativa de funcionamiento se extinguirá, mediante resolución dictada en expediente instruido al efecto con audiencia de la persona interesada, conforme a lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por las siguientes causas:

• a) Por caducidad, si transcurrido un año desde la notificación de su otorgamiento no se hubiera iniciado la actividad objeto de la misma.
• b) Cese de la actividad del servicio o cierre temporal del centro durante un período superior a doce meses, sin que conste en el órgano directivo competente para su conocimiento, la comunicación de cierre o cese.
• c) Cese definitivo de la prestación del servicio o cierre del centro en el que se presta el mismo.
• d) El transcurso del plazo de vigencia, sin que conste solicitud de renovación.
• e) El no cumplimiento permanente de las condiciones materiales y funcionales establecidas para esa tipología de centro.

2. Las autorizaciones administrativas extinguidas no podrán ser objeto de rehabilitación, debiendo solicitarse una nueva autorización administrativa de funcionamiento.

3. De la resolución de extinción de la autorización administrativa de funcionamiento se dará traslado al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía para la práctica del asiento correspondiente.

Artículo 22 Documentación y requisitos para la autorización administrativa para la modificación sustancial

1. A la solicitud de autorización administrativa para la modificación sustancial que afecte a la estructura física del centro se acompañará la documentación especificada en las letras a), b), c) y f) del artículo 15.1.

2. A la solicitud de autorización administrativa para modificación sustancial de carácter funcional se acompañará la documentación descrita en las letras d) y e) del artículo 15.1.

Artículo 23 Instrucción del procedimiento de autorización administrativa para la modificación sustancial

1. Recibida la solicitud y su documentación pertinente, la Administración autonómica realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos mediante la realización de visita al centro o cualquier otro medio que lo permita, y emitirá los correspondientes informes técnicos de verificación.

2. En el caso de que los informes técnicos de verificación observasen deficiencias o falta de cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la autorización administrativa de modificación sustancial, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días, proceda a la subsanación de las deficiencias observadas o realice la aportación de los documentos o de otros elementos de juicio necesarios, entendiéndose que el plazo establecido en el apartado 3 permanecerá suspendido por el tiempo que medie entre la notificación del referido requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. La Administración autonómica resolverá, en el plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud, concediendo al centro y servicio la autorización administrativa de modificación sustancial o denegando la misma.

4. La resolución referida en el apartado 3 será comunicada por el órgano competente al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía para su inscripción.

5. La resolución de autorización administrativa de modificación sustancial no alterará el plazo de vigencia establecido en la autorización administrativa de funcionamiento otorgada en su día.

Artículo 24 Régimen general de la declaración responsable

1. Todos los centros y servicios sociales precisan declaración responsable en los supuestos de cambio de la titularidad.

2. Igualmente precisa declaración responsable la puesta en funcionamiento y modificación sustancial de los centros de servicios sociales comunitarios, los comedores sociales para personas en situación o riesgo de exclusión social y el supuesto contemplado en el artículo 18.

3. La declaración responsable se dirigirá al órgano directivo que sea competente para su conocimiento, el cual una vez recibida aquella, lo comunicará al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía para su asiento correspondiente.

Artículo 25 Alcance y limitaciones de la declaración responsable

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 69.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la declaración responsable permite el ejercicio de un derecho desde el día de su presentación, que tendrá lugar bajo la responsabilidad exclusiva de la persona que haya suscrito la declaración, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración autonómica para el conocimiento de aquella y que tendrán lugar en un plazo no superior a tres meses desde el inicio de la actividad.

2. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, de la documentación que en su caso sea requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, de acuerdo con el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al ejercicio del derecho correspondiente, procediéndose a la cancelación de la inscripción en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía.

3. En el cambio de titularidad, cuando exista convenio, concierto o contrato con la administración competente o sus entidades instrumentales, así como cuando exista concesión de subvenciones o ayudas, se estará a la normativa de aplicación del convenio, concierto, contrato, subvención o ayuda en cuestión.

4. La declaración responsable no exime a las entidades, servicios y centros de servicios sociales de la obligación de disponer de cualesquiera otras autorizaciones o licencias que en virtud de la normativa general o por la Administración local se pudieran requerir.

5. La declaración responsable tampoco exime del cumplimiento de la normativa reguladora del régimen de convenios, conciertos, contratos, concesión de subvenciones o de ayudas públicas, así como de los compromisos contraídos por las entidades en cualquiera de estas materias.

Artículo 26 Declaración responsable de cambio de titularidad

1. Cuando se produzca el cambio de titularidad de un centro y servicio, la nueva persona titular o representante dirigirá una declaración responsable ajustada obligatoriamente al modelo establecido en el Anexo III, al centro directivo competente en el plazo máximo de diez días, a contar desde la inscripción en el Registro de la Propiedad del cambio de la titularidad o en su defecto desde la formalización del documento que acredite la disponibilidad sobre el centro servicio si no es obligatoria su inscripción.

2. En el ejercicio de las facultades de comprobación, control e inspección establecidas en el artículo 25.1, el centro directivo competente requerirá al nuevo titular el documento que acredite su propiedad o derecho que legitime su disponibilidad sobre el centro y servicio.

3. Con anterioridad a la formalización del cambio de titularidad, la nueva entidad deberá de estar inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.

4. En el supuesto de afectar el cambio de titularidad al régimen de convenios, conciertos, contratos, concesiones de subvenciones o de ayudas públicas, la declaración responsable de cambio de titularidad se realizará con una antelación mínima de 20 días a la fecha en que se tenga previsto que se produzca dicho cambio.

5. La declaración responsable de cambio de titularidad no alterará el plazo de vigencia establecido en la autorización administrativa de funcionamiento otorgada en su día.

Artículo 27 Declaración responsable para la puesta en funcionamiento y modificaciones sustanciales de los centros de servicios sociales comunitarios y los comedores sociales para personas en situación o riesgo de exclusión social

La persona física o jurídica que pretenda poner en funcionamiento un centro de servicios sociales comunitarios o un comedor social de personas en situación o riesgo de exclusión social o realizar una modificación sustancial en alguno de estos centros ya existentes, se dirigirá al centro directivo competente mediante declaración responsable ajustada obligatoriamente al modelo establecido en el Anexo III, en la que se manifieste la posesión de la documentación establecida en el artículo 15, que podrá ser requerida por el centro directivo competente en el ejercicio de las facultades contempladas en el artículo 25.1.

Artículo 28 Caducidad de la declaración responsable

1. El procedimiento de caducidad de una declaración responsable se iniciará de oficio cuando se tenga conocimiento o concurran indicios de que no se hubiese llevado a efecto el objeto de la declaración, en los plazos siguientes:

• a) Desde la fecha de presentación de las declaraciones responsables, seis meses para las de puesta en funcionamiento y de modificación sustancial de los centros de servicios sociales comunitarios y los comedores sociales para personas en situación o riesgo de exclusión social.
• b) Desde la fecha de presentación de las declaraciones responsables, tres meses para las de cambio de titularidad.

2. Iniciado el procedimiento, se llevará a cabo la notificación del acuerdo de inicio a la entidad titular, concediéndole un plazo de quince días, a partir del siguiente al de la notificación, para que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

3. La resolución sobre la caducidad se dictará y notificará en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de adopción del acuerdo de inicio, entendiéndose producidos los efectos de la caducidad a partir de la fecha en que se notifique aquella, sin perjuicio de las posibles medidas cautelares que pudieran resultar adecuadas al acordarse la incoación del procedimiento. De dicha resolución se dará traslado al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía para la práctica del asiento correspondiente.

Articulo 29 Régimen general de la comunicación administrativa

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 83.3 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, se establece que precisa comunicación administrativa los siguientes supuestos:

• a) Para llevar a cabo la creación o construcción de un centro de servicios sociales, de cualquier sector y tipología.
• b) Para la puesta en funcionamiento y modificaciones sustanciales de los Centros sociales para personas con enfermedad mental, Centro sociocultural gitano y Centros de participación activa de personas mayores.
• c) Para llevar a cabo modificaciones no sustanciales de cualquier tipo de centro de servicios sociales.
• d) Para llevar a cabo el cese de un servicio o el cierre de cualquier tipo de centro de servicios sociales, sea temporal, por traslado o definitivo, así como la reapertura de los mismos.

2. La comunicación se dirigirá al órgano directivo que sea competente para su conocimiento, el cual, dentro del plazo establecido en el artículo 30.1, efectuará las acciones de comprobación que procedan, con los efectos contemplados en su artículo 30.3.

3. El órgano competente informará de la comunicación al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía para su asiento correspondiente.

Artículo 30 Alcance y limitaciones de la comunicación

1. La comunicación permite el ejercicio de un derecho desde el día de su presentación, que tendrá lugar bajo la responsabilidad exclusiva de la persona que haya suscrito la misma, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración autonómica. Dichas actuaciones tendrán lugar en un plazo no superior a tres meses desde el inicio de las actuaciones contempladas en el artículo 29.1.

2. La comunicación deberá presentarse ante la Administración autonómica para su conocimiento con antelación al inicio de la actuación o reconocimiento de un derecho.

3. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información que se incorpore a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Asimismo, la resolución del órgano competente que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al ejercicio del derecho correspondiente.

4. En el cierre de un centro o cese de un servicio, cuando exista convenio, concierto o contrato con la administración competente o sus entidades instrumentales, así como cuando exista concesión de subvenciones o ayudas, se estará a la normativa de aplicación del convenio, concierto, contrato, subvención o ayuda en cuestión.

5. La comunicación no exime a las entidades sociales de la obligación de disponer de las autorizaciones o licencias que, en virtud de la normativa general vigente, se pudieran requerir.

6. La comunicación tampoco exime del cumplimiento de la normativa reguladora del régimen de convenios, conciertos, contratos, concesión de subvenciones o de ayudas públicas, así como de los compromisos contraídos por las entidades en cualquiera de estas materias.

Artículo 31 Comunicación para la creación o construcción de un centro de servicios sociales

Las personas físicas o jurídicas que pretendan crear o construir un centro de servicios sociales, de cualquier sector y tipología, presentarán comunicación que se ajustará obligatoriamente al modelo del Anexo IV con carácter previo al inicio de las obras.

Artículo 32 Comunicación para la puesta en funcionamiento y modificaciones sustanciales de los Centros Sociales para personas con enfermedad mental, Centro sociocultural gitano y Centros de Participación Activa para personas mayores

Las personas físicas o jurídicas que pretendan poner en funcionamiento un centro social para personas con enfermedad mental, centro sociocultural gitano o un centro de participación activa para personas mayores, o realizar una modificación sustancial a uno ya existente, presentarán comunicación que se ajustará obligatoriamente al modelo del Anexo IV.

Artículo 33 Comunicación para llevar a cabo modificaciones no sustanciales de cualquier tipo de centro de servicios sociales

1. Las personas físicas o jurídicas que pretendan llevar a cabo modificaciones no sustanciales de cualquier tipo de centro de servicios sociales presentarán comunicación que se ajustará obligatoriamente al modelo del Anexo IV.

2. Recibida dicha comunicación, si el órgano competente para su conocimiento advirtiese, en el marco de sus facultades de comprobación, control e inspección, que la modificación pretendida tiene carácter sustancial, la resolución que al efecto se dicte determinará, en el caso de que no se hubiese dado comienzo a dicha modificación, la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad indicando el trámite que, según la tipología del centro de que se trate, correspondería seguir y en el caso de que se hubiese dado comienzo a la modificación, además de la paralización de la misma, se aprobarán las medidas establecidas en el segundo párrafo del artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Artículo 34 Comunicación para llevar a cabo el cese de un servicio o el cierre de un centro de servicios sociales

1. Las personas físicas o jurídicas que pretendan llevar a cabo el cese de un servicio o el cierre de cualquier tipo de centro de servicios sociales, sea temporal o definitivo, presentarán comunicación que se ajustará obligatoriamente al modelo del Anexo IV.

2. La comunicación se presentará dentro del mes en que tenga lugar el cierre o el cese, informando de las fases previstas para su realización, así como de las medidas a llevar a cabo en relación al estado y situación de las personas usuarias afectadas, con alternativas y calendario de medidas que garanticen su atención.

3. En el caso de cierre o cese sobrevenido y no previsible, la comunicación se realizará en el plazo referido en el apartado 2 desde que este ocurra.

4. En el caso de cierre por traslado de un servicio o centro o cambio de tipología del mismo, la comunicación irá acompañada, en función del tipo de centro, de la solicitud de autorización administrativa, declaración responsable o comunicación de puesta en funcionamiento del nuevo centro.

5. En el caso de que el cese o el cierre temporal sea inferior a doce meses, los efectos de la autorización, de la declaración responsable, o en su caso de la comunicación, quedarán suspendidos durante el mismo periodo a que se refiera, debiendo dictarse, en el caso de la autorización, la correspondiente resolución de cese o cierre temporal. De dicha resolución, o en su caso, de la declaración responsable o comunicación, se dará traslado al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía para la práctica del asiento correspondiente. Excepcionalmente y justificando las causas que lo motiven, podrá solicitarse que el cese o cierre temporal tenga lugar por un periodo superior a doce meses.

6. Una vez concluido el cese o cierre temporal, la reapertura del servicio o centro deberá ser comunicada a la Administración autonómica en el plazo de un mes después de haberse producido la misma. Si se han producido modificaciones sustanciales durante el cierre se deberá realizar la correspondiente solicitud de autorización o declaración responsable según proceda, conforme a lo establecido en los Capítulos III y IV.

7. Para el caso de entidades de iniciativa social que prestan sus servicios a través del instrumento del concierto social, se actuará acorde con lo recogido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de cada concierto social, así como en lo dispuesto en el Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el concierto social para la prestación de servicios sociales.

Artículo 35 Caducidad de la comunicación administrativa

1. Se podrá iniciar de oficio el procedimiento de caducidad de las comunicaciones administrativas cuando desde la fecha de presentación de la misma se tenga conocimiento o concurran indicios de que no se hubiese llevado a efecto el objeto de la comunicación en los siguientes plazos:

• a) Veinticuatro meses para la comunicación de creación o construcción de un centro.
• b) Seis meses para la comunicación de puesta en funcionamiento y de modificación sustancial en centros de participación activa para personas mayores.
• c) Tres meses para la comunicación de modificación no sustancial.
• d) Tres meses para la comunicación de cese de un servicio o cierre de un centro.

2. Iniciado el procedimiento, se procederá a la notificación del acuerdo de inicio a la entidad titular, concediéndole un plazo de quince días, a partir del siguiente al de la notificación, para que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

3. La resolución sobre la caducidad se dictará y notificará en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de adopción del acuerdo de inicio, entendiéndose producidos los efectos de la caducidad a partir de la fecha en que se notifique aquella, sin perjuicio de las posibles medidas cautelares que pudieran resultar adecuadas al acordarse la incoación del procedimiento. De dicha resolución se dará traslado al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía para la práctica del asiento correspondiente.

Artículo 36 Objeto

1. La Consejería competente en materia de servicios sociales contará con un Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía.

2. Serán objeto de inscripción registral tanto las entidades titulares o prestadoras de servicios sociales como aquellas que desarrollen programas o intervenciones de servicios sociales y los servicios y centros dependientes de las mismas, que hayan obtenido la autorización administrativa de funcionamiento, o hayan sido objeto de declaración responsable o de comunicación administrativa.

Artículo 37 Naturaleza jurídica y funciones

1. El Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía, en adelante el Registro, es de carácter público, y único para toda la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. El Registro tiene carácter instrumental e informativo. Asimismo, constituye un instrumento de conocimiento, planificación, ordenación y publicidad de los servicios sociales existentes en Andalucía, cuyas funciones son las siguientes:

• a) Proporcionar un conocimiento exacto de los servicios sociales que se prestan en Andalucía, mediante su publicidad.
• b) Facilitar información básica para la planificación de la actividad de los servicios sociales y contribuir a la ordenación racional y eficiente de los medios y recursos con que cuenta el Sistema de Servicios Sociales de Andalucía.

Artículo 38 Efectos

1. La inscripción en el Registro no tendrá efectos constitutivos, ni conferirá a las personas interesadas más derechos que la constancia de los actos y datos de los que trae causa, conforme a lo establecido en el artículo 86.3 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre.

2. Los actos de inscripción y de cancelación tendrán efectos desde la fecha de la resolución de la autorización o de la presentación de la declaración responsable o comunicación.

3. La inscripción de las entidades, centros y servicios sociales será requisito para la celebración de conciertos, concesión de subvenciones o cualquier clase de ayuda de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de servicios sociales, conforme a lo establecido en el artículo 86.4 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre.

Artículo 39 Soporte informático y tratamiento de datos del Registro

1. El Registro se constituye como una base de datos informatizada, cuyo tratamiento, a efectos de lo preceptuado en los artículos 6.1.c) y e) y 6.3, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), tiene su fundamento jurídico en el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 86 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, y a los efectos, de interés público, determinados en dicho precepto.

2. La Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería competente en materia de servicios sociales participará en el diseño y, en su caso, implantación de los ficheros del Registro, que recojan información administrativa susceptible de explotación estadística y cartográfica.

Artículo 40 Colaboración con el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía

Con objeto de impulsar la necesaria colaboración entre el Registro y el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, se establecerán los circuitos de información necesarios para la elaboración de las actividades estadísticas y cartográficas oficiales incluidas en los planes estadísticos y cartográficos de Andalucía y sus programas anuales. La información del Registro que se utilice en la confección de estadísticas oficiales quedará sometida a la preservación del secreto estadístico en los términos establecidos en los artículos 9 al 13 y 25 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 41 Adscripción y competencia

El Registro se adscribe orgánica y funcionalmente al órgano directivo que se determine en la correspondiente norma reguladora de la estructura orgánica de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

Artículo 42 Estructura del Registro

1. El Registro se estructura materialmente en tres secciones:

• a) Sección Primera de Entidades.
• b) Sección Segunda de Centros.
• c) Sección Tercera de Servicios.

2. Cada sección tendrá su propio libro registro. El libro registro de cada una de las secciones contará con una ficha y un folio registral para cada una de las entidades, centros y servicios sociales inscritos, según corresponda, que contendrá el número registral, la identificación, características y asientos con la información susceptibles de inscripción o anotación.

Artículo 43 El número registral

A cada entidad, centro y servicio que se inscriba se le asignará un número registral correlativo y diferenciado, en función de la sección del Registro en la que se practique la inscripción, que permanecerá invariable en los sucesivos asientos.

Artículo 44 Inscripción de Entidades

1. La inscripción de las entidades de servicios sociales se efectuará de oficio con motivo de la inscripción registral de la autorización, declaración responsable o comunicación administrativa de puesta en funcionamiento del servicio o centro cuya titularidad ostente la entidad.

2. También se realizará de oficio la inscripción de las entidades que efectúen la comunicación del artículo 31.

3. La inscripción de las entidades de servicios sociales a instancia de parte que desarrollen o proyecten desarrollar programas e intervenciones en materia de servicios sociales se realizará mediante solicitud ajustada obligatoriamente al Anexo V, dirigida al órgano competente para su tramitación, debidamente cumplimentada y firmada por la persona que ejerce la representación legal o por la persona titular si se trata de una persona física. Las solicitudes de inscripción se presentarán en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, excepto en los supuestos contemplados en el artículo 8.2.

4. También se realizará a instancia de parte la inscripción de las entidades en el supuesto del cambio de titularidad establecido en el artículo 26.3.

5. Para la inscripción en el Registro de las entidades de servicios sociales será necesaria la siguiente documentación:

• a) NIF de la entidad solicitante.
• b) Estatutos vigentes diligenciados por su correspondiente Registro, en los que se recojan las necesidades sociales a las que se va a dar respuesta y el sector de población destinataria que va a ser atendida.
• c) Documentación que acredite la representación legal o voluntaria de quien actúe en nombre, en su caso, de la correspondiente entidad de servicios sociales.
• d) Copia de su DNI, o no oposición a la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
• e) Solo en caso de inscripciones a instancia de parte, resumen de las actividades que se están desarrollando o se proyectan desarrollar en materia de Servicios Sociales en el ámbito territorial de Andalucía, identificando los sectores de población destinataria de las citadas actividades, y, en el caso, de cambio de titularidad de un centro y servicio, la denominación y número registral del mismo.

6. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de inscripción en el Registro será de tres meses desde que la solicitud tenga entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación, considerándose estimada la petición si no recae resolución expresa en el plazo indicado.

Artículo 45 Inscripción de Centros y Servicios Sociales

1. La inscripción de los centros y servicios se realizará de oficio, con ocasión de la autorización administrativa de funcionamiento, declaración responsable o comunicación, conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. En el supuesto de la autorización administrativa de funcionamiento provisional, la inscripción del centro y servicio se realizará con carácter provisional.

3. En la resolución única del procedimiento común que otorgue la autorización administrativa de funcionamiento definitiva y la acreditación, se procederá a la inscripción del centro y servicio, asignándole el correspondiente número registral.

4. El órgano que otorgue la autorización administrativa o trámite la declaración responsable o la comunicación deberá trasladar dicha circunstancia al Registro, junto con la documentación relativa a la entidad titular que se detalla en el artículo 44.4, para su inscripción de oficio.

Artículo 46 Obligación de actualizar los datos registrales relativos a entidades, centros y servicios sociales

1. Las entidades inscritas deberán comunicar al Registro todas las variaciones que se produzcan en relación con los datos aportados y que afecten a la propia entidad, al servicio o al centro del que sea titular, al objeto de mantener actualizados sus datos registrales, de conformidad con el artículo 86.5 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre.

2. A tal efecto, comunicarán, en el plazo máximo de un mes, cualquier variación que se produzca en relación con los datos aportados al Registro, siempre que no supongan una modificación sustancial que precise una nueva autorización administrativa, declaración responsable o comunicación del servicio o centro.

Artículo 47 Cancelación de la inscripción

1. La cancelación de la inscripción de las entidades, centros y servicios sociales se producirá por alguna de las siguientes causas:

• a) Extinción o pérdida de la personalidad jurídica de la entidad.
• b) Fallecimiento, declaración de incapacidad o inhabilitación judicial de la persona física.
• c) Petición expresa de la entidad. Esta petición únicamente podrá llevarse a cabo si la inscripción se ha realizado a instancia de parte y la entidad no es titular de un centro y servicio.
• d) Comunicación del cese del servicio o cierre del centro de servicios sociales con carácter definitivo.
• e) Revocación o extinción de la autorización para la puesta en funcionamiento del centro y servicio social.
• f) Resolución firme recaída en procedimiento sancionador que disponga el cierre o cese total y definitivo del centro y servicio social.
• g) La resolución de caducidad de las comunicaciones administrativas o declaraciones responsables.
• h) Incumplimiento sobrevenido de las condiciones exigidas para la inscripción.
• i) La no actualización de los datos consignados en el Registro. No obstante, el órgano competente podrá prorrogar de oficio la inscripción en atención al interés general.
• j) Cualquier otra causa que determine la imposibilidad física o jurídica, de continuar en la prestación de la actividad.

2. La resolución de cancelación, en los supuestos del apartado 1.h), i) y j), se adoptará previa audiencia de la persona interesada, conforme a lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La cancelación tendrá efectos desde la fecha de la resolución que la ordene.