Decreto ley 4/2026, de 28 de abril, de medidas urgentes en el ámbito de la dependencia

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• Exposición de motivos
• Artículo 1 Tramitación prioritaria de la valoración del grado de dependencia
• Artículo 2 Reconocimiento de la dependencia para usuarios con potencial grado III según criterio clínico
• Artículo 3 Tramitación abreviada de las prestaciones económicas
• Artículo 4 Abono de un importe mínimo a partir del reconocimiento del grado
• Artículo 5 Régimen excepcional de los créditos de la hacienda pública de la Generalitat de Catalunya derivados de la gestión de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
• Artículo 6 Fecha de efectos de la revisión de los expedientes de prestaciones sociales de carácter económico
• Artículo 7 Equipos de valoración de la discapacidad y de la dependencia
• Artículo 8 Coordinación de procedimientos de valoración de dependencia y discapacidad
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera Dotación de recursos
  • Segunda Régimen de incompatibilidad con otras prestaciones
  • Tercera Actualización del importe de las prestaciones
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Primera Solicitud de prestación económica del sistema de la dependencia
  • Segunda Abono de un importe mínimo para las solicitudes de reconocimiento de la dependencia pendientes de resolver a la entrada en vigor de este Decreto ley
  • Tercera Solicitudes de prestación del sistema de la autonomía personal y la dependencia para usuarios con potencial grado III de dependencia según criterio clínico pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del Decreto ley y abono de un importe mínimo
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera Rango normativo
  • Segunda Modificación del Decreto 142/2010, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Cartera de servicios sociales 2010-2011
  • Tercera Modificación del Decreto 66/1999, de 9 de marzo, sobre el acceso a la función pública de las personas con discapacidad y de los equipos de valoración multiprofesional
  • Cuarta Entrada en vigor

Artículo 1 Tramitación prioritaria de la valoración del grado de dependencia

1. Los procedimientos de valoración del grado de dependencia se inician y tramitan por orden de entrada de las solicitudes correspondientes a expedientes de naturaleza homogénea ante el órgano competente, sin perjuicio de la especialización de los órganos de valoración.

No obstante, el órgano competente deberá priorizar la tramitación de los expedientes en los que concurran las siguientes circunstancias:

• a) Valoración de grado III+ de dependencia, de acuerdo con la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.
• b) Evidencias clínicas y una limitación funcional grave con potencial grado III, acreditadas por el Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña.

2. Se podrán priorizar otros expedientes cuando concurran circunstancias de urgencia o de extrema necesidad debidamente acreditadas. Corresponde a la dirección general competente en materia de discapacidad y dependencia establecer, mediante resolución, los criterios concretos de priorización en la tramitación de las solicitudes.

Artículo 2 Reconocimiento de la dependencia para usuarios con potencial grado III según criterio clínico

1. La Administración de la Generalitat de Catalunya, mediante el departamento competente en materia de dependencia y el departamento competente en materia de salud, deberá identificar -entre los expedientes pendientes de resolver la situación de dependencia- aquellos que presentan indicios fundamentados de que a las personas solicitantes les puede corresponder el grado III de dependencia, de acuerdo con el baremo aplicable.

Cuando, a partir de la documentación clínica del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña, se determine que la persona cumple las condiciones para tener un grado III según el baremo, esta consideración -exclusivamente a efectos de priorización- es directa, y el programa individual de atención puede ser elaborado por el órgano competente del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión.

2. La resolución del reconocimiento de la situación de dependencia de este grado III deberá incorporar los puntos obtenidos como resultado de la aplicación del baremo de la dependencia.

Artículo 3 Tramitación abreviada de las prestaciones económicas

1. Las previsiones que establece este artículo se aplican a las personas que soliciten una prestación económica, tanto en el momento de realizar la solicitud como en el momento de la valoración del grado.

2. En los casos indicados en el apartado anterior, corresponderá al departamento competente en materia de dependencia elaborar el programa individual de atención en el mismo momento de la valoración del grado de dependencia y, siempre que sea posible, en un único acto.

3. El órgano competente en materia de dependencia deberá comunicar, a las áreas básicas que correspondan, el reconocimiento de las prestaciones económicas del sistema de dependencia reconocidas a favor de sus usuarios con la finalidad de realizar el seguimiento asistencial.

4. Las personas que han solicitado una prestación económica del sistema de la dependencia que se tramita de manera abreviada de acuerdo con este artículo no tienen derecho a la prestación que regula el artículo 4 mientras esta solicitud esté en tramitación.

Artículo 4 Abono de un importe mínimo a partir del reconocimiento del grado

1. Las personas que tengan pendiente de resolución el programa individual de atención y el reconocimiento de las prestaciones correspondientes al grado de dependencia reconocido tienen derecho a percibir el importe mínimo establecido en el apartado 2, en función de su grado, siempre que cumplan acumulativamente los siguientes requisitos:

• a) Tener reconocido un grado de dependencia.
• b) No disponer de resolución de reconocimiento de alguna de las prestaciones económicas que regula la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

El derecho indicado en este apartado se percibe desde el primer día del mes natural siguiente a la fecha de reconocimiento del grado y hasta que se dicte la resolución de aprobación del programa individual de atención y de reconocimiento de las prestaciones que corresponden al grado de dependencia reconocido.

2. El importe que se abonará cada mes hasta que se notifique la resolución de reconocimiento de las prestaciones económicas del sistema de la dependencia se determina en función del grado reconocido:

• a) Grado I: 100 euros.
• b) Grado II: 150 euros.
• c) Grado III: 200 euros.

Las personas que reúnen indicios fundamentados de que les puede corresponder el grado III de dependencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1, también tienen derecho a percibir el importe indicado en el apartado c) anterior.

3. En caso de que las personas que han solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia quieran optar por una prestación de servicios, tendrán derecho a percibir la prestación económica que prevé este artículo hasta la fecha en que puedan acceder a la prestación de servicio solicitada, siempre que no estén percibiendo una prestación económica del sistema de la dependencia de entre las reguladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

El órgano competente no deberá reclamar a la persona usuaria ni a sus causahabientes ningún importe abonado en aplicación de este apartado, en caso de que finalmente se reconozca el derecho a percibir una prestación de servicio del sistema de la dependencia.

4. Cuando las prestaciones económicas reconocidas sean efectivas, de acuerdo con la resolución de aprobación del programa individual de atención y de reconocimiento de las prestaciones económicas que corresponden al grado de dependencia reconocido, se deberá abonar la diferencia que, en su caso, corresponda a las personas interesadas, con la finalidad de regularizar el derecho de acceso a las prestaciones.

5. El reconocimiento del derecho a la percepción del importe previsto en este artículo se lleva a cabo mediante un procedimiento iniciado de oficio que debe resolver el órgano competente para el otorgamiento de las prestaciones del sistema de la dependencia.

Téngase en cuenta que, conforme establece el número 2 de la disposición final cuarta del presente Decreto ley, las prestaciones reguladas en este artículo empezarán a abonarse en un plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor, el 30 de abril de 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de mayo de 2026.LE0000997413_20260430

Artículo 5 Régimen excepcional de los créditos de la hacienda pública de la Generalitat de Catalunya derivados de la gestión de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

1. Excepcionalmente, no son exigibles por la hacienda pública de la Generalitat de Catalunya los créditos vencidos y no satisfechos hasta la entrada en vigor de este Decreto ley que deriven de la obligación que prevé el apartado segundo del artículo 30 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, de la obligación que prevé el apartado tercero del artículo 9 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, y del apartado tercero del artículo 17 del Decreto 24/1998, de 4 de febrero, por el que se regula el Programa de ayudas de atención social a personas con discapacidad, cuando afecten a personas que sean o hayan sido beneficiarias de estas prestaciones con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este Decreto ley.

2. La financiación de esta medida en el caso de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia corre a cargo del nivel adicional de protección que establece la Generalitat de Catalunya.

3. La resolución que declara la no exigibilidad de los créditos a la que se refiere este artículo, así como la prevista en el Decreto ley 11/2024, de 17 de diciembre, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria, de incremento del indicador de renta de suficiencia de Cataluña y de medidas en el ámbito de las prestaciones sociales, y en el Decreto ley 20/2025, de 30 de septiembre, sobre el régimen excepcional de los créditos de la hacienda pública de la Generalitat de Catalunya derivados de la gestión de prestaciones sociales de carácter económico en el ámbito de la infancia y la adolescencia, no requiere la determinación ni la cuantificación de las deudas que se declaran no exigibles.

Artículo 6 Fecha de efectos de la revisión de los expedientes de prestaciones sociales de carácter económico

La modificación del importe o la extinción de las prestaciones sociales de carácter económico que se prevé en la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, y en la Ley 14/2017, del 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía, o que formen parte de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, como consecuencia de una revisión del expediente, de la defunción de la persona titular o de cualquier modificación de las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de la prestación, producirá efectos en los siguientes términos:

• a) A partir del primer día del mes natural siguiente a la fecha en que la Administración tiene conocimiento de la circunstancia que provoca la modificación del importe o la extinción, en caso de que sea perjudicial al titular.
• b) A partir de la fecha en que se produce el hecho que motiva la revisión del expediente, cuando la modificación sea favorable al titular.

En el caso de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la financiación de esta medida corre a cargo del nivel adicional de protección que establece la Generalitat de Catalunya.

Artículo 7 Equipos de valoración de la discapacidad y de la dependencia

1. Los equipos de valoración de la discapacidad y de la dependencia son los órganos técnicos competentes para valorar y calificar el tipo y el grado de discapacidad, así como la situación de dependencia. Estos equipos prestan el servicio de valoración de la discapacidad y de la dependencia que prevé la Cartera de servicios sociales, como servicio social especializado, y elaboran el documento previo a la propuesta del programa individual de atención.

2. Los equipos de valoración de la discapacidad y de la dependencia se encargan de emitir los dictámenes técnico-facultativos para el reconocimiento del grado de discapacidad y del grado de dependencia, de acuerdo con los baremos de valoración respectivos.

Los equipos pueden ejercer las funciones en el ámbito de la valoración de la discapacidad y/o en el de la valoración de la dependencia en función del alcance de la solicitud presentada.

3. Los equipos deben ser multiprofesionales e interadministrativos. Deben integrar profesionales de los ámbitos de la salud y social, con una titulación mínima de grado universitario o equivalente y con formación especializada en la valoración de la dependencia y la discapacidad.

4. Los equipos de valoración están bajo la coordinación y la dependencia funcional de la dirección general competente en materia de discapacidad y dependencia.

Artículo 8 Coordinación de procedimientos de valoración de dependencia y discapacidad

1. A efectos de garantizar la máxima celeridad en la tramitación y una gestión eficiente, los sistemas de información de los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad y del grado de dependencia estarán integrados para compartir la información necesaria para la tramitación. Esta información incluye los informes sociales, los datos económicos de la persona solicitante y de los convivientes, los datos de empadronamiento y convivencia, los informes de salud y el resultado de la aplicación de los baremos establecidos para el reconocimiento del grado de dependencia, así como para la valoración de la discapacidad.

Los sistemas de información de la historia clínica y de los servicios sociales serán interoperables con los de los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad y de la situación de dependencia.

La integración de los sistemas de información apoyará el procedimiento de reconocimiento de grados de discapacidad, de dependencia y de determinadas prestaciones, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa básica estatal y con las instrucciones aprobadas por el departamento competente en materia de servicios sociales.

2. El reconocimiento para valorar el grado de dependencia y de discapacidad se podrá realizar por medios telemáticos en los supuestos previstos en la normativa vigente, siempre que se garantice la accesibilidad universal y se puedan tener en cuenta los factores contextuales y ambientales en el entorno habitual de residencia de la persona, de acuerdo con el baremo que corresponda.

En el caso de que los datos de la resolución de inicio del procedimiento no sean suficientes para conocer con certeza el entorno en el que vive la persona interesada y sea necesario verificar de forma presencial sus características, tal verificación se realizará de forma simultánea al reconocimiento de la persona, siempre que sea posible.

Primera Dotación de recursos

1. El Gobierno adoptará las actuaciones necesarias para asegurar la ejecución de las medidas previstas en este Decreto ley mediante la dotación de los recursos humanos y de los medios económicos y técnicos oportunos, incluida la incorporación de personal mediante la aprobación de programas temporales o de cualquier otra medida de carácter organizativo.

2. El Gobierno autoriza la tramitación urgente de los expedientes de contratación necesarios para implementar las medidas reguladas en este Decreto ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Segunda Régimen de incompatibilidad con otras prestaciones

La prestación prevista en el artículo 4 es compatible con las pensiones contributivas, las pensiones no contributivas, la renta garantizada de ciudadanía y el ingreso mínimo vital. Es incompatible con cualquier otra prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Tercera Actualización del importe de las prestaciones

Los importes de las prestaciones reguladas en el artículo 4 de este Decreto ley se actualizan de acuerdo con la evolución del indicador de renta de suficiencia de Cataluña vigente en cada momento.

Primera Solicitud de prestación económica del sistema de la dependencia

Las personas que hayan solicitado el reconocimiento de la dependencia antes de la entrada en vigor de este Decreto ley pueden comunicar que optan por percibir la prestación económica mediante instancia genérica dirigida a la Dirección General de la Autonomía Personal y la Discapacidad del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión. A estas personas les resulta de aplicación lo establecido en el artículo 3 de este Decreto ley.

Segunda Abono de un importe mínimo para las solicitudes de reconocimiento de la dependencia pendientes de resolver a la entrada en vigor de este Decreto ley

A las personas que hayan solicitado el reconocimiento de la dependencia antes de la entrada en vigor del Decreto ley y que tengan pendiente la valoración del grado de dependencia o la resolución de aprobación del programa individual de atención y de las prestaciones correspondientes les resulta de aplicación lo establecido en el artículo 4 de este Decreto ley.

Téngase en cuenta que, conforme establece el número 2 de la disposición final cuarta del presente Decreto ley, las prestaciones reguladas en esta disposición transitoria empezarán a abonarse en un plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor, el 30 de abril de 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de mayo de 2026.LE0000997413_20260430

Tercera Solicitudes de prestación del sistema de la autonomía personal y la dependencia para usuarios con potencial grado III de dependencia según criterio clínico pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del Decreto ley y abono de un importe mínimo

1. La Administración de la Generalitat de Catalunya, mediante el departamento competente en materia de dependencia y el departamento competente en materia de salud, identificará cuáles de los expedientes pendientes de resolución del reconocimiento de la situación de dependencia o de su revisión a la fecha de entrada en vigor de este Decreto ley reúnen indicios fundamentados de que a las personas solicitantes les puede corresponder el grado III de dependencia de conformidad con lo previsto en el artículo 2.

2. Estos expedientes se tramitarán con carácter prioritario y de conformidad con las especialidades del procedimiento regulado en el artículo 2 de este Decreto ley.

3. Las personas a las que hace referencia el apartado primero tendrán derecho a percibir el importe mínimo de las prestaciones para grado III regulado en el apartado 2 del artículo 4, con efectos desde el primer día del mes natural siguiente a la fecha de entrada en vigor de este Decreto ley y hasta la fecha en que se dicte la resolución definitiva que reconozca la situación de dependencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de este Decreto ley.

La financiación de esta medida en el caso de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia correrá a cargo del nivel adicional de protección que establece la Generalitat de Catalunya, en la parte que corresponda.

Téngase en cuenta que, conforme establece el número 2 de la disposición final cuarta del presente Decreto ley, las prestaciones reguladas en este apartado de la disposición transitoria tercera empezarán a abonarse en un plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor, el 30 de abril de 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de mayo de 2026.LE0000997413_20260430

4. En el caso de que la resolución definitiva de reconocimiento del grado o su revisión, de acuerdo con el baremo de la dependencia, no otorgue un grado III a la persona solicitante, el órgano competente no podrá reclamar al usuario o a sus causahabientes ningún importe abonado en aplicación de esta disposición transitoria.

5. En el caso de que la valoración definitiva reconozca un grado III a una persona no identificada inicialmente como persona con indicios fundamentados de grado III, se le abonarán las cantidades correspondientes a la prestación a la que se refiere el apartado 3 desde la fecha en que otras personas en circunstancias equivalentes empezaron a percibir la prestación.

Disposición derogatoria

Se deroga el apartado 2.2.6, relativo a los servicios de valoración y orientación, de la segunda parte del anexo al Decreto 284/1996, de 23 de julio, titulada «Tipología de los servicios sociales del Sistema Catalán de Servicios Sociales».

LE0000010067_20260430

Primera Rango normativo

Las previsiones de los artículos 1 y 7 y las disposiciones finales segunda y tercera de este Decreto ley tienen rango reglamentario.

Segunda Modificación del Decreto 142/2010, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Cartera de servicios sociales 2010-2011

Se modifican las fichas del servicio de valoración (código 1.2.6.1.1.2) y del servicio de valoración de la dependencia (código 1.2.2.1.2) del anexo 1 del Decreto 142/2010, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Cartera de servicios sociales 2010-2011, cuya redacción pasa a ser la siguiente:

Tercera Modificación del Decreto 66/1999, de 9 de marzo, sobre el acceso a la función pública de las personas con discapacidad y de los equipos de valoración multiprofesional

Se añade un apartado 3 al artículo 5 del Decreto 66/1999, 9 de marzo, sobre el acceso a la función pública de las personas con discapacidad y de los equipos de valoración multiprofesional, cuya redacción es la siguiente:

LE0000013291_20260430

Cuarta Entrada en vigor

1. Este Decreto ley entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. Las prestaciones reguladas en el artículo 4, la disposición transitoria segunda y el apartado tercero de la disposición transitoria tercera del presente Decreto ley empezarán a abonarse en un plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de su entrada en vigor, con efectos retroactivos desde el primer día del mes natural siguiente a la fecha de entrada en vigor del Decreto ley.