• Expandir / Contraer índice sistemático
• INTRODUCCION
• CAPÍTULO I.  Disposiciones generales
  • Artículo 1  Ámbito de aplicación
  • Artículo 2  Objeto
  • Artículo 3  Definiciones
  • Artículo 4  Garantías generales de carácter sustantivo
  • Artículo 5  Principios de funcionamiento
  • Artículo 6  Portal www.andaluciajunta.es
• CAPÍTULO II.  Servicios de información y de atención al ciudadano de la Administración de la Junta de Andalucía a través de medios electrónicos (Internet)
  • Artículo 7  Servicios de información y de atención al ciudadano
  • Artículo 8  Reclamaciones, sugerencias y peticiones concretas de documentación o información
• CAPÍTULO III.  Registro y archivo de documentos electrónicos
  • Artículo 9  Creación, gestión y régimen general de funcionamiento del Registro telemático
  • Artículo 10  Archivo de documentos electrónicos
  • Artículo 11  Acceso a documentos electrónicos y copias
• CAPÍTULO IV.  Requisitos y eficacia de los documentos y comunicaciones electrónicas
  • Artículo 12  Requisitos del sistema
  • Artículo 13  Firma electrónica avanzada
  • Artículo 14  Validez y eficacia de los actos y escritos electrónicos o informáticos
  • Artículo 15  Notificaciones mediante medios electrónicos o informáticos
• CAPÍTULO V.  Procedimientos administrativos electrónicos
  • Artículo 16  Iniciación y tramitación de procedimientos administrativos electrónicos
  • Artículo 17  Relación de procedimientos administrativos electrónicos
• CAPÍTULO VI.  Aplicaciones, programas, medios y soportes
  • Artículo 18  Aprobación y homologación de aplicaciones, programas, medios y soportes
  • Artículo 19  Órgano técnico en materia electrónica e informática
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición Adicional Primera  Aplicación del Decreto a otros órganos, instituciones y entidades
  • Disposición Adicional Segunda  Puesta en funcionamiento del Registro telemático
  • Disposición Adicional Tercera  Registro telemático tributario
  • Disposición Adicional Cuarta  Puesta en marcha de la tramitación electrónica de determinados procedimientos
  • Disposición Adicional Quinta  Servicios de información y atención al ciudadano disponibles en red
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición Transitoria Primera  Homologaciones provisionales
  • Disposición Transitoria Segunda  Aplicación del Decreto a los procedimientos en curso
  • Disposición Transitoria Tercera  Aplicación de medidas para accesibilidad de ciertos colectivos
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición Derogatoria Única  Derogación de disposiciones
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición Final Primera  Adaptación de disposiciones
  • Disposición Final Segunda  Desarrollo y ejecución
  • Disposición Final Tercera  Entrada en vigor
• ANEXO I .  PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CUYA TRAMITACIÓN PUEDE HACERSE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (INTERNET)
• ANEXO II .  SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO QUE PUEDEN OBTENERSE EN RED
• ANEXO III .  PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE USUARIO X.509.V3 EXPEDIDO POR LA FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO SUSCRITO POR LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA EL 26 DE JULIO DE 2002

Artículo 1 Ámbito de aplicación

1. El presente Decreto será de aplicación a todos los órganos y unidades de la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos. Igualmente será aplicable, en cuanto ejerciten potestades administrativas, a los consorcios en los que sea mayoritaria la representación, directa o indirecta, de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Asimismo, será de aplicación a las demás entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía, contempladas en los artículos 6 y 6 bis de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en tanto ejerciten potestades administrativas.

Artículo 2 Objeto

1. La presente disposición regula la prestación de servicios de información y de atención al ciudadano por los órganos, unidades y entidades a las que se refiere el artículo 1, así como la tramitación de procedimientos administrativos a través de redes abiertas de telecomunicación, incluyéndose en la presente regulación las relaciones con las demás Administraciones y entidades públicas cuando actúen como usuarios de los servicios o como interesados en los procedimientos a los que resulte de aplicación este Decreto. Asimismo, regula la utilización de medios y técnicas electrónicas e informáticas relacionados con el objeto del presente Decreto, en particular el Registro telemático y los sistemas de acreditación y firma electrónica que permitan garantizar la autenticidad, seguridad y confidencialidad de las relaciones a las que se refiere este Decreto.

2. También es objeto de este Decreto la regulación de las relaciones internas entre los órganos, unidades y entidades descritos en el artículo 1, incluidos los que se realicen a través de redes internas (intranet). Ello sin perjuicio de las relaciones interadministrativas por medios electrónicos, informáticos o telemáticos que puedan institucionalizarse a través de los oportunos Convenios.

Artículo 3 Definiciones

Además de las definiciones contenidas en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, a los efectos del presente Decreto serán de aplicación las que se establecen a continuación:

• a) «Medios electrónicos»: mecanismo, equipo, instalación o sistema de tratamiento de la información que permite producir, almacenar o transmitir datos o información susceptible de incorporarse a un documento electrónico.
• b) «Documento electrónico»: entidad identificada y estructurada producida por medios informáticos que contiene texto, gráficos, sonido, imágenes o cualquier otra clase de información que puede ser visualizada, editada, almacenada, transmitida, extraída e intercambiada entre los usuarios de redes abiertas de telecomunicación como unidad diferenciada.
• c) «Redes abiertas de telecomunicación»: infraestructura de telecomunicación libremente accesible por cualquier usuario de los servicios que permiten la transmisión e intercambio de datos y el acceso a la información disponible en Internet mediante su conexión a medios informáticos.
• d) «Soporte informático»: medio informático en el que es posible grabar y recuperar documentos electrónicos.
• e) «Aplicación»: programa o conjunto de programas informáticos que tienen por objeto el tratamiento electrónico de la información.
• f) «Consignación electrónica de fecha y hora»: sistema o servicio proporcionado por un prestador de esta clase de servicios que permite acreditar el momento exacto en que la comunicación de un documento electrónico se produce y se accede a él por parte del destinatario.

Artículo 4 Garantías generales de carácter sustantivo

1. La prestación de los servicios y las relaciones que mantengan los órganos, unidades y entidades a las que se refiere el artículo 1 a través de redes abiertas de telecomunicación se desarrollará de conformidad con la legislación que regula el tratamiento automatizado de la información y, en especial, con respeto a las normas sobre intimidad y confidencialidad de las relaciones en los términos establecidos por la legislación sobre protección de datos y derechos sobre la propiedad intelectual, así como la relativa a los servicios de la sociedad de la información.

2. Los datos de carácter personal que la Administración obtenga por el solo hecho de que los ciudadanos realicen consultas o reciban información a través de redes abiertas de telecomunicación no podrán formar parte de un fichero o base de datos administrativa, salvo autorización expresa del interesado, sin perjuicio de que se puedan utilizar datos que no tengan carácter personal con fines estadísticos.

Artículo 5 Principios de funcionamiento

1. Los principios que rigen las relaciones que mantengan los órganos, unidades y entidades a las que se refiere el artículo 1 con los ciudadanos y con otras Administraciones Públicas a través de redes abiertas de telecomunicación son los de simplificación y agilización de los trámites, gratuidad, libre acceso, confidencialidad, y de seguridad y autenticidad en orden a la identificación de las partes y el objeto de la comunicación.

2. No obstante, la regla general de gratuidad no excluye la posible exigencia de tasas o precios públicos por la prestación de servicios o la tramitación de procedimientos a través de redes abiertas de telecomunicación siempre que así se contemple en normas que resulten de aplicación, ni tampoco la posibilidad de explotar a través de dichas redes documentos electrónicos o bases de datos generados por los órganos y entidades referidos en el artículo 1 en el ejercicio de sus competencias.

3. La regla general de la accesibilidad quedará restringida en los supuestos de peticiones de información o de documentación que no haya sido previamente puestas a disposición del público en la red en aquellos casos en que la divulgación de un documento o información pueda afectar a la seguridad pública, al honor, la intimidad y seguridad de las personas de acuerdo con la legislación aplicable en materia de archivos, bases de datos públicas y protección de datos personales.

4. Las Consejerías, organismos y entidades, incluidas en el ámbito de aplicación de este Decreto, competentes para la gestión de procedimientos administrativos deberán promover la aplicación del principio de simplificación en la presentación de escritos y documentos y en la tramitación de los expedientes que se realicen a través de redes abiertas de telecomunicación.

5. Las distintas Consejerías, organismos y entidades comprendidas en la presente disposición deberán actualizar permanentemente la información puesta a disposición del público a través de redes abiertas de telecomunicación, con expresa indicación de la última fecha de actualización en cada caso.

Artículo 6 Portal www.andaluciajunta.es

El acceso a todos los servicios contemplados en el presente Decreto se realizará a través del portal de la Administración de la Junta de Andalucía http://www.andaluciajunta.es, en el que se ubicarán a su vez los accesos a las páginas de las distintas Consejerías, organismos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta disposición.

Artículo 7 Servicios de información y de atención al ciudadano

1. La información y documentación puesta a disposición del público por la Administración de la Junta de Andalucía a través de redes abiertas de telecomunicación, para cuyo acceso no será preciso utilizar ninguna modalidad de firma electrónica, no implica sustitución ni detrimento de la atención personalizada a prestar en las oficinas públicas dependientes de la Junta de Andalucía, o por cualquier otro medio, que continuará rigiéndose en todo lo no dispuesto en la presente norma por lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos.

2. La información y documentación a la que se refiere el apartado anterior comprenderá, como mínimo, la relativa a la organización, competencias y actividades de las Consejerías, organismos y entidades de la Administración de la Junta de Andalucía; las guías de funciones y cartas de servicios que se aprueben en el ámbito de las competencias de dichos órganos y entidades; la normativa que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la posibilidad de su descarga a través de la red; y la información de interés general que se considere oportuna, ya sea de carácter ocasional o permanente, referida, esta última, a determinados sectores de la actividad administrativa de especial incidencia social en el ámbito de la sanidad, la educación o la cultura.

Asimismo, la información puesta a disposición del público comprenderá la relativa a los procedimientos administrativos que se tramitan por la Administración de la Junta de Andalucía, con indicación del plazo de resolución y del sentido del silencio; los principales formularios que en los mismos sean de aplicación y de cuáles de esos procedimientos, y qué fases de los mismos, pueden tramitarse a través de la red; así como la información sobre contratación administrativa en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, con inclusión de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, generales y particulares, y de los anuncios de licitación que se produzcan.

3. La difusión de información o documentación a través de redes abiertas de telecomunicación no eximirá del deber de publicar en los diarios oficiales correspondientes los actos jurídicos y disposiciones normativas cuando así esté legalmente establecido.

Artículo 8 Reclamaciones, sugerencias y peticiones concretas de documentación o información

1. Los órganos, unidades y entidades incluidos en el artículo 1 atenderán a través de la red las peticiones concretas de documentación o información que no hayan sido previamente puestas a disposición del público y que puedan formular los ciudadanos y las distintas Administraciones públicas u otros organismos. Estas peticiones dirigidas por medios electrónicos a los órganos, organismos o entidades competentes en la materia se enviarán a través de las respectivas direcciones electrónicas que a tal efecto figuren señaladas en el portal oficial de la Junta de Andalucía al que se refiere el artículo 6 de este Decreto.

2. La formulación de reclamaciones y sugerencias por medios electrónicos se rige, en cuanto a su tramitación, por lo dispuesto en el Decreto 262/1988, de 2 de agosto, por el que se establece el Libro de sugerencias y reclamaciones de la Junta de Andalucía y demás normativa que resulte de aplicación.

3. La presentación de sugerencias y de peticiones concretas de documentos o de información podrá requerir de alguna modalidad de firma electrónica que sea acreditativa de la identidad de quien la formule en los términos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de este Decreto. La presentación de reclamaciones deberá acompañarse, en todo caso, de algún tipo de firma electrónica por parte del reclamante.

Artículo 9 Creación, gestión y régimen general de funcionamiento del Registro telemático

1. Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en esta norma y la prestación de los servicios que en ella se contemplan se crea un Registro telemático único, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional tercera. Dicho Registro sólo estará habilitado para la recepción o transmisión de documentos electrónicos relativos a las actividades, servicios o procedimientos contemplados en la presente disposición y permitirá la entrada y salida de documentos electrónicos a través de cualquier soporte reconocido según lo previsto en el artículo 18.

2. La administración de usuarios y el mantenimiento de los medios técnicos correspondientes al servidor central del Registro telemático es competencia de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Las cuestiones relativas a las dudas o discrepancias que se produzcan acerca de la emisión o recepción de documentos electrónicos en este Registro las resolverá el órgano, organismo o entidad competente para la tramitación del documento electrónico de que se trate.

3. El Registro telemático permitirá la entrada de documentos electrónicos a través de redes abiertas de telecomunicación todos los días del año durante las veinticuatro horas. La fecha de entrada o salida de los documentos electrónicos en el Registro se acreditará mediante un servicio de consignación electrónica de fecha y hora. Dicha fecha producirá los efectos que la legislación sobre procedimiento administrativo común le atribuya en orden al cómputo de los términos y plazos en el seno del procedimiento administrativo. A efectos del cómputo de dichos términos y plazos, se entenderá que la recepción de documentos electrónicos en un día inhábil en el ámbito territorial del órgano competente para tramitarlo surtirá sus efectos el primer día hábil siguiente, siendo ésta la fecha en la que el documento ha tenido entrada en el Registro del órgano competente para su tramitación.

4. La recepción de documentos electrónicos en el Registro telemático se producirá automáticamente: Los asientos de entrada practicados en el Registro telemático especificarán, para cada documento electrónico, un número de referencia, el asunto al que se refiere, la fecha de recepción del documento, el epígrafe expresivo de la naturaleza, órgano administrativo al que se dirige, hora de presentación y una descripción sucinta del asunto. Asimismo, si el interesado hubiese elegido la notificación electrónica como medio de notificación preferente, se realizará el correspondiente asiento de salida en la misma forma.

5. El Registro telemático emitirá automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos presentados por los interesados en el que se dará constancia del asiento de entrada que se asigne al documento. Dicho justificante se hará llegar al destinatario a la dirección electrónica que éste haya indicado en el momento inmediatamente posterior al que tenga lugar el asiento del documento recibido.

6. Los documentos electrónicos transmitidos a través del Registro telemático serán válidos a todos los efectos legales. siempre que quede acreditada su autenticidad, integridad, conservación, identidad del autor y, en su caso, la recepción por el interesado, en la forma prevista para cada caso o tipo de actuación en el artículo 12 de este Decreto.

Artículo 10 Archivo de documentos electrónicos

1. Los documentos electrónicos que se reciban y transmitan a través del Registro telemático único serán archivados y custodiados en medios o soportes electrónicos por los responsables de la gestión de los servidores de dicho Registro. Para su archivo podrá utilizarse el mismo formato o soporte en el que se originó el documento electrónico originario o cualquier otro que asegure la identidad e integridad de la información que el documento contenga.

2. Los Archivos dependientes de los Registros generales de cada Consejería, organismo o entidad almacenarán los documentos en soporte informático que no se reciban a través del Registro telemático único. Los documentos comunes podrán ser convertidos en documentos electrónicos para su depósito en los archivos dependientes de cada uno de los Registro señalados.

3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores, lo es sin perjuicio de la obligación del órgano que tramite el procedimiento de archivar la copia del documento electrónico que se le haga llegar, así como de las obligaciones de transferencia de estos documentos a los archivos centrales en los supuestos que dispone la normativa de archivos aplicable.

4. En todo caso, los medios o soportes en que se almacenen los documentos electrónicos contarán con las medidas de seguridad que garanticen la integridad, protección y conservación de los documentos almacenados y, en particular, la identificación de los usuarios y el control de acceso de los mismos.

Artículo 11 Acceso a documentos electrónicos y copias

1. El acceso a los documentos almacenados por medios o en soportes electrónicos o informáticos, ya se encuentren archivados en el Registro telemático único, ya en los Registros generales de cada Consejería, organismo o entidad, se regirá por lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

2. El derecho de acceso conlleva el derecho a obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por órgano, organismo o entidad competente, previo pago, en su caso, de las exacciones legalmente establecidas. La emisión de copias y certificados en forma de documentos o soportes electrónicos deberá contar, para su validez, con la firma electrónica avanzada del titular del órgano que la expide.

Artículo 12 Requisitos del sistema

1. La transmisión y recepción de información en red o de documentos electrónicos entre los órganos, unidades y entidades a los que refiere el artículo 1 o entre éstos y los ciudadanos u otras Administraciones Públicas podrá realizarse a través de los medios y soportes electrónicos a los que se refiere este Decreto siempre que se garantice, en todo caso, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• a) la garantía de la disponibilidad y acceso de los referidos medios y soportes y de las aplicaciones informáticas en las condiciones que en cada caso se establezcan;
• b) la compatibilidad técnica de los medios, aplicaciones y soportes utilizados por el emisor y el destinatario; y,
• c) la existencia de medidas de seguridad que eviten el que se intercepten y alteren las comunicaciones, así como los accesos no autorizados.

2. Cuando la relación que se establezca consista en la solicitud de información personalizada a los órganos, unidades y entidades a los que se refiere el artículo 1 sobre documentos y datos que no hayan sido previamente puestos a disposición del público se exigirá, además:

• a) que exista constancia de la transmisión y recepción de la comunicación;
• b) que se identifique fidedignamente al remitente y destinatario de la comunicación.

3. Cuando los medios, documentos y soportes electrónicos a los que se refiere el Decreto vayan a ser utilizados en las relaciones jurídico-administrativas que contempla esta disposición y, concretamente, en las comunicaciones entre el interesado y los órganos, unidades y entidades a los que se refiere el artículo 1 que se deban producir en la tramitación de procedimientos administrativos a través de redes de telecomunicación, se exigirá, además de todo lo anterior:

• a) Que el destinatario y el remitente utilicen una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y producida por un dispositivo seguro de creación de firma;
• b) Que dicha firma se acompañe de un dispositivo o servicio de consignación de fecha y hora que permita acreditar el momento exacto en la que la comunicación se produce y que, a su vez, permita evitar el rechazo de dicha comunicación por el remitente o el destinatario.

4. La Administración velará para que el funcionamiento de los sistemas se realice de acuerdo a unas políticas adecuadas de seguridad, de autenticación, de firma electrónica, emisión de sellos de tiempo y recibos electrónicos. Igualmente, los servidores informáticos funcionarán bajo el uso de un certificado de componente emitido por un proveedor de servicios de certificación electrónica habilitado de conformidad con el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica.

Artículo 13 Firma electrónica avanzada

1. Para entablar alguna de las relaciones a las que se refiere el apartado 3 del artículo 12 de este Decreto las partes intervinientes tendrán que disponer de un certificado reconocido de usuario que les habilite para utilizar una firma electrónica avanzada. De conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y en el Real Decreto 1317/2001, de 30 de noviembre, que desarrolla dicho precepto, los interesados podrán solicitar dichos certificados siguiendo el procedimiento establecido en el Anexo III del Decreto. No obstante, los certificados que pueden expedirse por la entidad acreditada en dicho Anexo no excluye que los servicios de certificación y expedición de firmas electrónicas avanzadas sean prestados por cualquier otro proveedor de servicios de certificación electrónica habilitado de conformidad con el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica.

2. Previo informe favorable del Consejo Interdepartamental de Informática, la Consejería de Justicia y Administración Pública publicará mediante Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el portal al que se refiere el artículo 6 de este Decreto la relación de entidades acreditadas para la prestación de servicios de certificación en el ámbito de aplicación de la presente norma y, asimismo, hará público los procedimientos de obtención, renovación y revocación de dichos certificados.

3. En los documentos electrónicos producidos por la Administración de la Junta de Andalucía que se acompañen de una firma electrónica avanzada se garantizará, mediante el oportuno sistema de protección de códigos, que dicha firma sólo pueda ser empleada por los signatarios o sistemas debidamente autorizados en razón de sus competencias o funciones.

4. La Consejería de Justicia y Administración Pública, previo informe del Consejo Interdepartamental de Informática, podrá aprobar las condiciones adicionales que se consideren necesarias para salvaguardar las garantías de cada procedimiento administrativo en el que se utilice la firma electrónica avanzada, así como el régimen o los regímenes especiales de utilización de la firma en las relaciones que afecten a la seguridad pública. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, dichas condiciones serán objetivas, razonables y no discriminatorias, y no obstaculizarán la prestación de servicios a los ciudadanos cuando en dicha prestación intervengan distintas Administraciones Públicas, nacionales o extranjeras.

Artículo 14 Validez y eficacia de los actos y escritos electrónicos o informáticos

1. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos o informáticos por los órganos, organismos o entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este Decreto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, serán válidos siempre que garanticen su autenticidad, integridad, conservación y demás garantías y requisitos exigidos por la normativa aplicable. Desplegarán su eficacia cuando sean recibidos por sus destinatarios.

2. Serán igualmente válidas las copias de documentos originales almacenados por dichos medios siempre que se cumplan los requisitos relacionados en el apartado anterior.

Artículo 15 Notificaciones mediante medios electrónicos o informáticos

1. Para que las notificaciones administrativas que resulten de la aplicación de las actuaciones contempladas en este Decreto puedan llevarse a cabo mediante medios o soportes informáticos y electrónicos, de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, será preciso que el interesado haya señalado o consentido expresamente dicho medio de notificación como preferente mediante la identificación de una dirección electrónica al efecto. Dicha manifestación podrá producirse tanto en el momento de iniciación del procedimiento como en cualquier otra fase de tramitación del mismo. Asimismo, el interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar una nueva dirección donde practicar las notificaciones.

2. La notificación telemática se entenderá practicada a todos los efectos legales en el momento en que se produzca el acceso a su contenido en la dirección electrónica, de modo que pueda comprobarse fehacientemente por el remitente tal acceso. Cuando, existiendo constancia de la recepción de la notificación en la dirección electrónica señalada, transcurrieran diez días naturales sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancias del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Artículo 16 Iniciación y tramitación de procedimientos administrativos electrónicos

1. Las solicitudes de los procedimientos administrativos que se tramiten a través de redes abiertas de telecomunicación se cursarán por los interesados al Registro telemático regulado en esta disposición. Dichas solicitudes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 12 de la misma. Se entenderá que el documento que incluya la firma electrónica avanzada, siempre que ésta esté basada en un certificado reconocido en la forma descrita en el artículo 13 del presente Decreto producirá, respecto a los datos y documentos consignados de forma electrónica, los mismos efectos jurídicos que las solicitudes formuladas de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cualquier otro trámite evacuado por el interesado, así como las resoluciones que dicte la Administración en un procedimiento tramitado electrónicamente, requerirán igualmente de los mismos requisitos de firma electrónica avanzada y de su emisión o recepción a través del Registro telemático único.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta, las Órdenes de las respectivas Consejerías mediante las cuales se establezca la tramitación telemática de los distintos procedimientos arbitrarán los medios necesarios para avanzar en la reducción y simplificación de su tramitación. A tal efecto, evitarán a los interesados la aportación de documentos que obren en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones Públicas. A tal fin, dichas Órdenes podrán prever la obtención de datos de los órganos administrativos en que se hallasen previo consentimiento del interesado, a cuyo efecto se suscribirán los Convenios necesarios con las demás Administraciones para el acceso y consulta de sus bases de datos. Asimismo, propiciarán la sustitución de la aportación de documentos acreditativos del cumplimiento de requisitos por una declaración responsable del interesado que exprese la concurrencia de dichos requisitos y el compromiso de aportar los justificantes a requerimiento de la Administración, todo ello en la medida en que lo permitan las disposiciones reguladoras de los respectivos procedimientos.

3. La norma que establezca la tramitación telemática de un procedimiento deberá señalar la posibilidad de que el interesado, una vez iniciado un procedimiento bajo un concreto sistema, pueda practicar actuaciones o trámites a través de otro distinto. En todo caso, en el momento de la aportación de documentos o datos en los Registros deberá indicarse expresamente si la iniciación del procedimiento o alguno de los trámites del mismo se ha efectuado en forma electrónica o telemática.

4. Las Ordenes mencionadas en el apartado 2 de este artículo deberán prever, asimismo, el modo y forma en que los interesados puedan obtener información personalizada por vía telemática del estado de tramitación del procedimiento y, en general, para el ejercicio de los derechos contemplados en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 17 Relación de procedimientos administrativos electrónicos

1. Las Órdenes de las Consejerías a las que se refiere el artículo anterior, que serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, determinarán los procedimientos administrativos de su competencia, o de los organismos y entidades a ellas adscritos, que se incorporen al sistema regulado por el presente Decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta.

2. Dichas disposiciones indicarán el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de cada procedimiento y los efectos del silencio, que no podrán ser distintos a los establecidos para su tramitación ordinaria.

3. Además de las previsiones del artículo anterior, dichas Ordenes especificarán en cada caso, y en relación con cada uno de los procedimientos contemplados, los trámites susceptibles de ser cumplimentados telemáticamente y los que no pueden serlo y la posibilidad, en su caso, de satisfacer el pago de las tasas o exacciones que correspondan por vía electrónica.

4. La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía coordinará el proceso de incorporación de procedimientos al sistema contemplado en el presente Decreto mediante la evacuación del informe preceptivo al que se refiere el artículo 2.c) del Decreto 260/1988, de 2 de agosto, por el que se desarrollan atribuciones para la racionalización administrativa de la Junta de Andalucía, y asimismo, establecerá los estándares de obligado cumplimiento para homogeneizar la aplicación de dicho sistema.

Artículo 18 Aprobación y homologación de aplicaciones, programas, medios y soportes

1. Las aplicaciones y programas informáticos que constituyan las infraestructuras básicas, así como los medios y soportes electrónicos que se homologuen y reconozcan en el ámbito de aplicación de este Decreto tenderán a ser comunes para todas las personas, órganos, organismos y entidades comprendidos en dicho ámbito.

2. Tales aplicaciones, programas, medios y soportes serán homologados y aprobados por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía previo informe del Consejo Interdepartamental de Informática y sin perjuicio de las competencias de la Consejería de la Presidencia. Dicho Consejo evaluará, al menos, los siguientes aspectos:

• a) Adecuación de los medios, soportes, programas y aplicaciones a la finalidad perseguida en cada caso.
• b) Evaluación de la seguridad de la aplicación.
• c) Especificaciones técnicas sobre códigos y formatos.
• d) Condiciones de conservación de los soportes.
• e) Régimen de actualización de las aplicaciones.

3. Las aplicaciones y programas que se aprueben u homologuen en el ámbito de aplicación del Decreto habrán de garantizar, en todo caso, la normalización y la compatibilidad de los medios, códigos y formatos de acceso.

4. No será precisa la aprobación u homologación de las nuevas versiones o modificaciones que se efectúen de los programas y aplicaciones homologados siempre que no se hayan producido alteraciones que puedan afectar a los resultados de los tratamientos de información.

Artículo 19 Órgano técnico en materia electrónica e informática

Corresponden al Consejo Interdepartamental de Informática a que se refiere el artículo 3 del Decreto 104/1992, de 9 de junio, sobre coordinación de la elaboración y desarrollo de la Política Informática de la Junta de Andalucía, las funciones de asesoramiento, control y propuesta en los aspectos técnicos relativos a las aplicaciones y programas informáticos y a los soportes y medios electrónicos que se requieren para el funcionamiento del sistema regulado en el presente Decreto.

Disposición Adicional Primera Aplicación del Decreto a otros órganos, instituciones y entidades

La presente norma será de aplicación a las Universidades públicas y Entidades Locales de Andalucía en la medida que determinen los Convenios de colaboración que para estos fines puedan suscribir con la Consejería competente de la Junta de Andalucía. A tal efecto, también se podrán suscribir este tipo de Convenios con el Parlamento de Andalucía, el Defensor, del Pueblo y la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Disposición Adicional Segunda Puesta en funcionamiento del Registro telemático

1. El Registro telemático único que regula esta disposición entrará en funcionamiento a las cero horas del día siguiente al de la entrada en vigor del presente Decreto.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 y la Disposición Adicional Primera del presente Decreto, el Registro telemático único sólo funcionará para los procedimientos administrativos que sean competencia directa de las Consejerías y Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía, excepto para los procedimientos tributarios competencia de la Consejería de Economía y Hacienda conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Tercera.

Por Orden de la Consejería correspondiente podrá disponerse que aquellos procedimientos administrativos que se tramiten por los consorcios y entidades a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 1 puedan llevarse a cabo a través del Registro telemático único.

Disposición Adicional Tercera Registro telemático tributario

Se crea el Registro telemático tributario dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda para la recepción o salida de declaraciones, solicitudes, comunicaciones y demás escritos de carácter tributario que se transmitan por medios telemáticos a través de redes de telecomunicación. Su regulación, entrada en funcionamiento y aplicación a los procedimientos tributarios se efectuará mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda.

Disposición Adicional Cuarta Puesta en marcha de la tramitación electrónica de determinados procedimientos

1. Desde las cero horas del día siguiente al de la entrada en vigor del presente Decreto, los procedimientos de la Administración de la Junta de Andalucía que pueden tramitarse a través de redes de telecomunicación en la forma prevista en el artículo 16 del mismo son los que se relacionan en el Anexo I de esta disposición.

2. La normativa y los requisitos técnicos necesarios para la tramitación de estos procedimientos estarán disponibles en la página web correspondiente de cada Consejería u Organismo Autónomo.

Disposición Adicional Quinta Servicios de información y atención al ciudadano disponibles en red

Sin perjuicio de los servicios que ya se encuentran disponibles en red a través de las correspondientes páginas web de cada Consejería, Organismo Autónomo u otras entidades, desde la cero horas del día siguiente al de la entrada en vigor del presente Decreto, estarán disponibles en red los servicios de información y atención al ciudadano que se relacionan en el Anexo II de esta disposición.

Disposición Transitoria Primera Homologaciones provisionales

Las aplicaciones y programas informáticos, medios y soportes de los procedimientos y servicios de información y atención al ciudadano incluidos en los Anexos I y II de esta disposición, se entienden homologados provisionalmente a los efectos de lo previsto en el artículo 18, hasta tanto se proceda a su homologación definitiva o sustitución.

Disposición Transitoria Segunda Aplicación del Decreto a los procedimientos en curso

El presente Decreto no será aplicable a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor. Esta misma regla se aplicará a los procedimientos que se incorporen al sistema con posterioridad a la presente disposición en virtud de lo que dispongan las Ordenes de las Consejerías referidas en los artículos 16 y 17.

Disposición Transitoria Tercera Aplicación de medidas para accesibilidad de ciertos colectivos

Los órganos, unidades y demás entidades referidos en el artículo 1 deberán implantar progresivamente, y antes del 31 de diciembre de 2004, las técnicas que hagan posible la accesibilidad de los colectivos de discapacitados y de las personas de edad avanzada a los servicios contemplados en el presente Decreto. Asimismo dichos órganos, unidades y entidades podrán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien apliquen los criterios de accesibilidad mencionados.

Disposición Derogatoria Única Derogación de disposiciones

Quedan derogadas las disposiciones de rango reglamentario en lo que se opongan o contradigan lo dispuesto en el presente Decreto y, en particular, el artículo 28 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos.

Disposición Final Primera Adaptación de disposiciones

Las referencias que se hacen a la Consejería de Gobernación en los Decretos 260/1988, de 2 de agosto, por el que se desarrollan atribuciones para la racionalización administrativa de la Junta de Andalucía; Decreto 262/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía; Decreto 104/1992, de 9 de junio, sobre coordinación de la elaboración y desarrollo de la Política Informática de la Junta de Andalucía; y, Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, se entenderán referidas a la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Disposición Final Segunda Desarrollo y ejecución

Se faculta al titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública para dictar las normas de desarrollo y ejecución de este Decreto.

Disposición Final Tercera Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.