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Sumario

I.

El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina que se entenderán como organismos competentes para la ejecución de la Ley «los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico».

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo con el artículo 3.3, la titular de la Consejería de Cultura el órgano competente para proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de Bien de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1, a este último dicha declaración.

II.

Mediante Decreto 2692/66, de 8 de octubre, fue declarada Conjunto Histórico Artístico la ciudad de Ronda, incluyéndose una zona histórico artística propiamente dicha, que debía ser conservada en todo su carácter, y una zona de respeto, en la cual únicamente se regularía el volumen de las edificaciones.

III.

Tras la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y los análisis realizados sobre el Conjunto se cuestionó la validez de la delimitación contemplada en el expediente aconsejando una nueva definición menos genérica y siguiendo criterios más homogéneos y globalizadores, de acuerdo con lo especificado en el artículo 15 de la referida Ley de Patrimonio Histórico Español en este sentido. Estos supuestos motivaron a la Dirección General de Bienes Culturales a dictar la Resolución de 22 de marzo de 1991 (publicada en el BOJA núm. 34, de 10 de mayo de 1991, y notificada al Ayuntamiento de Ronda), por la que se incoa expediente de declaración de Interés Cultural a favor de la ampliación del Conjunto Histórico de Ronda, figurando la descripción y delimitación en el correspondiente Anexo. Procediéndose a su tramitación según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, para su desarrollo (modificado parcialmente por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero).

En la tramitación del expediente y de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, ha emitido informe favorable a la declaración la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los trámites preceptivos abriéndose un período de información pública (BOJA núm. 67, de 12 de junio de 2001) y concediéndose trámite de audiencia al Ayuntamiento el 30 de mayo de 2001.

Dentro del plazo legalmente concedido fueron presentadas alegaciones por un particular, don Rafael Aguilera Hormigo, en el siguiente sentido:

Primero. Se alega la tardanza en resolver el expediente que según su parecer se debería concluir en 20 meses. Sin embargo, el artículo 9.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se refiere a los Bienes de Interés Cultural declarados por Real Decreto de forma individualizada o por ministerio de la Ley antes mencionada, y tiene que producirse la denuncia de mora para la caducidad del mismo. Según el artículo 9.4 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, los plazos y condiciones son las mismas.

Segundo. Sé hacen apreciaciones sobre la diligencia en resolver el expediente tras la denuncia de mora que no tiene incidencia sobre su validez.

Tercero. Denuncia la existencia de errores formales en el expediente que no se concretan; se argumenta que no se tiene en cuenta la realidad actual de la ciudad sobre la que han incidido legislación estatal y autonómica que se han aprobado desde la incoación del expediente. Sobre ello repetir que el expediente se tramita de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico Español y que la normativa que se relaciona en su alegación no afecta a la tramitación.

Cuarto. Se aduce que el expediente está mal tramitado por varios motivos. Por no contar con informe de instituciones consultivas y no haberse practicado información pública; por no cumplirse el régimen transitorio de protección; faltar la delimitación de entorno; y por no tenerse en cuenta las relaciones con el área territorial.

Consta en el expediente informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y trámite de información pública como queda expuesto en el ordinal-tercero. La posible disfunción en la aplicación del régimen transitorio de protección no afecta a la resolución del expediente. No se juzga necesaria la delimitación de entorno al encontrase en el ámbito definido como Conjunto Histórico la totalidad del territorio que, en base a los estudios y análisis realizados debe ser objeto de tutela. En los trabajos llevados a cabo para justificar el ámbito del Conjunto Histórico se obordó el estudio del área territorial sobre la que se asienta el Conjunto, como reclama el artículo 17 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, si bien tras su evaluación se optó por delimitar el ámbito que figura en el expediente por ser ese recinto donde se concentran los valores históricos, territoriales, artísticos, arqueológicos..., que motivan y fundamentan su declaración.

Por todo ello no se aceptan las alegaciones fomuladas(sic)

En el trámite de audiencia concedido al Ayuntamiento, la corporación municipal presentó escrito en el que manifiesta su oposición y desacuerdo a la ampliación del Conjunto Histórico por entender, básicamente, que algunas de las zonas que se incluyen dentro del ámbito de la delimitación, resultan «absolutamente injustificada, por no responder, en modo alguno, a una tipología edificatoria del Casco Histórico, y no reunir elementos que justifiquen su protección, por ser zonas de la ciudad que han evolucionado urbanística mente amparada en otros criterios arquitectónicos, en cambio, consideramos debe ser ampliado en alguna zona».

Se solicita la ampliación del perímetro en una parcela, sita en calle San Vicente, que no se apoya en razones históricas o de otro tipo que avalen su pertenencia al Conjunto Histórico.

Se propone dejar fuera del ámbito del Conjunto Histórico tres áreas, dos en situación de borde y una que queda en medio del borde del Tajo, como una isla o discontinuidad en el conjunto histórico.

La primera de estas zonas supone un recorte en calle Portichuelo, siendo otra la de C/ Almendra, y la tercera la correspondiente a una zona ocupada por una implantación de «Ciudad-jardín» en pleno casco urbano de Ronda.

Se trata de zonas que tienen incidencia en la percepción del Conjunto Histórico tanto interior como exteriormente. Además, en la segunda de las zonas se encuentran aún edificios del siglo XVIII y la tercera supone el reflejo de un modo de crecimiento de la ciudad que debe ser objeto de valoración patrimonial.

Por lo expuesto se desestima la propuesta de modificación del ámbito de Conjunto Histórico planteada por el Ayuntamiento.

Terminada la instrucción del expediente, según lo previsto en el artículo 14.2 del último texto legal citado, procede la declaración de Bien de Interés Cultural de dicho inmueble, con la categoría de Conjunto Histórico, así como, y de conformidad con lo prevenido en la Disposición Adicional Primera del citado texto legal, en relación con el artículo 8 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclusión del mismo en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 9.1 y 2 de la Ley 16/1985, en relación con el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico Andaluz, a propuesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de septiembre de 2001,

ACUERDA

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural la ampliación del Conjunto Histórico de Ronda (Málaga), cuya descripción figura en el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Establecer una delimitación del espacio afectado por la declaración de Bien de Interés Cultural, que abarcaría los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles, y elementos comprendidos dentro de la delimitación que figura en el Anexo y, gráficamente, en el plano de Delimitación del Conjunto Histórico.

Tercero. Incluir este Bien de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrán interponer, desde el día siguiente al de su notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.