Sumario

El Reglamento CEE 1836/93, del Consejo, de 29 de junio, prevé un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental al que pueden adherirse, con carácter voluntario, las empresas del sector industrial.

De acuerdo con este Reglamento, los estados miembros han de designar a los organismos competentes y han de establecer un sistema de acreditación de verificadores medioambientales independientes.

Mediante el Real decreto 85/1996, de 26 de enero, se han establecido normas para la aplicación del mencionado Reglamento CEE 1836/93, entre las cuales consta la designación de los organismos competentes por parte de las comunidades autónomas, que, además, también pueden designar a entidades de acreditación de verificadores medioambientales, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el Real decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial.

Los organismos competentes recibirán las declaraciones medioambientales, comprobarán el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Reglamento comunitario y decidirán sobre la inscripción de los centros que lo soliciten en el registro oficial que tendrán a su cargo. Por su parte, las entidades de acreditación decidirán, indistintamente, sobre las solicitudes que les presenten los verificadores medioambientales para actuar en este campo, y supervisarán aquellos que desarrollen esta actividad en su territorio.

Las comunidades autónomas han de notificar a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda los organismos competentes y entidades de acreditación que hayan designado para su posterior comunicación a la Comisión Europea mediante el procedimiento correspondiente.

Por todo esto, a propuesta del consejero de Medio Ambiente, previa deliberación del Gobierno,

DECRETO: