• Expandir / Contraer índice sistemático
• INTRODUCCION
• Artículo 1  Definiciones y ámbito de aplicación
• Artículo 2  Requisitos técnicos de las viviendas de uso turístico
• Artículo 3  Régimen jurídico
• Artículo 4  Categorización de las viviendas de uso turístico
• Artículo 5  Derechos y deberes de las personas titulares de la propiedad, de las personas intermediarias y de las personas usuarias
• Artículo 6  Licencia municipal
• Artículo 7  Colaboración interadministrativa
• Artículo 8  Vivienda de uso turístico ilegal
• Artículo 9  Régimen sancionador
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final

Artículo 1 Definiciones y ámbito de aplicación

1.1 Vivienda de uso turístico es aquella cuyo uso los propietarios, con la autorización de la administración competente, ceden a terceros en condiciones de inmediata disponibilidad para una estancia de temporada, en régimen de alquiler o bajo cualquier otra forma que implique contraprestación económica. Los cesionarios no pueden convertir la vivienda en su domicilio principal ni secundario.

1.2 Las viviendas de uso turístico se ceden unitariamente, en su totalidad. No se permite su cesión de forma segregada.

1.3 A efectos del presente Decreto, se considera estancia de temporada toda ocupación de la vivienda por un periodo de tiempo continuo igual o inferior a tres meses.

1.4 Quedan sometidas al ámbito de aplicación del presente Decreto todas las viviendas que se cedan a terceros de forma reiterada, en el periodo de un año, en las condiciones definidas en el apartado 1.

Artículo 2 Requisitos técnicos de las viviendas de uso turístico

2.1 Las viviendas de uso turístico deben disponer de la cédula de habitabilidad y cumplir en todo momento las condiciones técnicas y de calidad exigibles a las viviendas. Las viviendas no pueden ocuparse con más plazas de las indicadas en la cédula.

2.2 Las viviendas deben estar suficientemente amuebladas y dotadas de los aparatos y utensilios necesarios para la correcta prestación del servicio de alojamiento en relación con la totalidad de las plazas de que dispongan.

Artículo 3 Régimen jurídico

3.1 La persona titular de toda vivienda donde se produzcan estancias de temporada debe estar habilitada por el ayuntamiento correspondiente. Los propietarios o propietarias son las personas titulares de la habilitación.

3.2 La condición de vivienda de uso turístico impide al propietario o propietaria alegar la condición de domicilio a efectos de impedir la actuación inspectora de las autoridades competentes.

3.3 No es posible destinar una vivienda a uso turístico si está prohibido por la ordenación de usos del sector donde se encuentre o si está limitada por los estatutos de la comunidad en edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal, conforme al artículo 553-11 de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a derechos reales.

3.4 El propietario o propietaria es responsable de la destinación de su vivienda, a todos los efectos. También es responsable de las obligaciones y limitaciones derivadas del régimen de propiedad horizontal ante la comunidad de propietarios y de terceros, de acuerdo con lo establecido en los artículos 553-37, 553-40 y 553-47 del Código civil de Cataluña.

Artículo 4 Categorización de las viviendas de uso turístico

De acuerdo con su consideración de actividad de interés turístico, las viviendas de uso turístico podrán categorizarse de acuerdo con los sistemas voluntarios de categorización y calidad turística que disponga la Administración turística a los efectos oportunos.

Artículo 5 Derechos y deberes de las personas titulares de la propiedad, de las personas intermediarias y de las personas usuarias

5.1 El propietario o propietaria de la vivienda debe facilitar a usuarios, vecinos y administraciones competentes un teléfono de contacto, propio o de una tercera persona que pueda atender de forma inmediata comunicaciones relativas a la actividad de vivienda de uso turístico.

5.2 La persona titular de la propiedad o, en su caso, la persona intermediaria, debe garantizar un servicio de asistencia y mantenimiento de la vivienda.

5.3 Los ayuntamientos, en atención a la especial incidencia de la actividad y a las características de su municipio, pueden aumentar las exigencias y garantías del cumplimiento de los deberes reflejados en los apartados 1 y 2 del presente artículo.

5.4 Todas las viviendas de uso turístico deben disponer de hojas oficiales de reclamación/denuncia del órgano competente en materia de consumo de la Administración de la Generalidad. Estas hojas deben estar a disposición de las personas usuarias en un lugar adecuado dentro de la vivienda de uso turístico. En cualquier caso, las viviendas de uso turístico deben exhibir en un lugar fácilmente visible para las personas usuarias un cartel informativo sobre la disponibilidad de las hojas oficiales de reclamación/denuncia.

5.5 Las personas usuarias pueden aportar, en caso de reclamación o queja, ante las administraciones públicas competentes, los documentos que consideren pertinentes, especialmente las copias de las comunicaciones que se hubiesen dirigido a la persona o personas titulares de la propiedad o a sus intermediarios comercializadores.

5.6 Las viviendas deben exhibir en un lugar visible una copia de la habilitación prevista en el artículo 3.1.

5.7 Las personas propietarias o, en su caso, las personas intermediarias deben registrar a las personas usuarias alojadas y remitir a la Dirección General de la Policía, por medios telemáticos, la información relativa a la estancia de las personas alojadas, de acuerdo con la normativa de seguridad ciudadana aplicable a todos los establecimientos que facilitan, mediante precio, alojamiento a las personas.

5.8 En el supuesto de que la persona usuaria de una vivienda de uso turístico atente contra las reglas básicas de la convivencia o incumpla ordenanzas municipales dictadas al respecto, la persona titular de la propiedad o la persona intermediaria responsable de la comercialización de la vivienda debe requerir al cesionario, en el plazo de 24 horas, para que abandone la vivienda.

Artículo 6 Licencia municipal

6.1 Los ayuntamientos deben regular por ordenanza municipal el procedimiento de concesión de la licencia de vivienda de uso turístico. Para solicitar la licencia, la persona propietaria debe aportar, como mínimo, los datos y la documentación siguiente:

• a) Los datos de la vivienda y de su capacidad legal máxima.
• b) Los datos de la persona propietaria.
• c) Los datos de la persona intermediaria, en el supuesto de que la vivienda de uso turístico se comercialice a través de intermediario.
• d) El número de teléfono de contacto previsto en el artículo 5.1.
• e) La dirección de correo electrónico del propietario o propietaria o de la persona intermediaria, en su caso.
• f) La identificación de la empresa de asistencia y mantenimiento de la vivienda.
• g) Declaración responsable conforme dispone de la cédula de habitabilidad y de la licencia de primera ocupación, si procede, así como de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el municipio.

6.2 La vigencia de la licencia municipal excluye el uso de la vivienda como residencia habitual.

6.3 La falsedad o inexactitud de los datos aportados, así como el hecho de no poner en conocimiento del ayuntamiento la alteración de los datos previstos en el apartado 1, conlleva las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de la normativa de procedimiento administrativo común y municipal de aplicación.

6.4 Las actuaciones administrativas previstas en este artículo son independientes y sin perjuicio de los procedimientos sancionadores que se puedan incoar de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.

Artículo 7 Colaboración interadministrativa

7.1 Los ayuntamientos remiten a la Administración de la Generalidad de Cataluña las altas de viviendas de uso turístico habilitadas en su término municipal, así como las bajas producidas, con carácter inmediato. En todo caso, los datos de transmisión obligada son los referentes a los apartados a) y b) del artículo 6.1.

7.2 Las comunicaciones y los envíos de documentación entre la Administración de la Generalidad de Cataluña y los ayuntamientos derivados del cumplimento del presente Decreto se realizan preferentemente a través de la extranet de las administraciones públicas catalanas, gestionada por el Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña, de acuerdo con lo previsto por el Decreto 56/2009, de 7 de abril, para el impulso y el desarrollo de los medios electrónicos en la Administración de la Generalidad.

7.3 Los datos proporcionados por los ayuntamientos se inscriben en el Registro de Turismo de Cataluña, a efectos estadísticos, de planificación y coordinación turística.

7.4 Las administraciones competentes deben colaborar entre sí para optimizar las labores de inspección y control de la actividad de la vivienda de uso turístico. A estos efectos, los ayuntamientos pueden solicitar el auxilio de la Generalidad de Cataluña en labores de inspección relacionadas con la actividad de vivienda de uso turístico.

Artículo 8 Vivienda de uso turístico ilegal

8.1 Se considera ilegal la vivienda de uso turístico que no esté amparada por la preceptiva habilitación municipal. Una vez constatada la existencia de una vivienda de uso turístico ilegal, y sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador, se ordenará el cese de la actividad hasta que se obtenga la pertinente habilitación municipal.

8.2 El cese de la actividad de vivienda de uso turístico ilegal como sanción debe resolverse de acuerdo con la Ley del derecho a la vivienda, el procedimiento sancionador aplicable de la Administración de la Generalidad y, en su caso, los procedimientos sancionadores que en materia de regulación de actividades tengan establecidos los propios municipios.

8.3 En la detección de la explotación de una vivienda de uso turístico debe tenerse en cuenta:

• a) Con carácter general, lo establecido en el artículo 41 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
• b) La publicidad de comercialización y oferta de viviendas para realizar estancias de temporada, de acuerdo con la definición del artículo 1.3.
• c) La existencia de consumos por encima de los mínimos de los suministros en viviendas sin que se pueda acreditar la concurrencia de alguna de las siguientes condiciones:
  • 1) Ocupación para residencia habitual.
  • 2) Ocupación para la realización de una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente.
  • 3) Alquiler por plazos superiores a tres meses.
  • 4) Cesión gratuita de la vivienda.
• d) La cesión a más de un usuario en el periodo de un año.
• e) Cualquier otro testimonio o prueba que permita acreditar la ocupación de la vivienda para una estancia de temporada.

8.4 Las administraciones competentes deben impulsar políticas orientadas a evitar la utilización ilegal de las viviendas de uso turístico. Con este fin deben aprobar programas de inspección y deben velar porque las viviendas de uso turístico dispongan de la preceptiva habilitación municipal.

Artículo 9 Régimen sancionador

9.1 Toda persona que comercialice viviendas, ya sea la persona titular de la propiedad o no, para realizar estancias de temporada, de acuerdo con la definición del artículo 1, es responsable, en su caso, de las infracciones tipificadas en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, con especial atención a la determinada en su artículo 124.1.i).

9.2 Las sanciones que puedan imponer las administraciones competentes por incumplimiento del presente Decreto deben atender al procedimiento sancionador aplicable de la Administración de la Generalidad y, si procede, a los procedimientos sancionadores que tengan establecidos los propios municipios.

Disposición transitoria

Las actividades sometidas al presente Decreto que se encuentren en funcionamiento al amparo de habilitaciones municipales concedidas con anterioridad a su entrada en vigor deberán obtener la habilitación municipal prevista en el artículo 3.1 en el plazo máximo de cuatro años desde la entrada en vigor de este Decreto. Transcurrido este plazo, deberán cesar las actividades que no hayan obtenido la correspondiente habilitación municipal adecuada al presente Decreto.

Disposición final

Los ayuntamientos deben regular la actividad de vivienda de uso turístico en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del presente Decreto, sin perjuicio de las restricciones o limitaciones al respecto que puedan determinar en ejercicio de sus facultades de ordenación urbanística.