Sumario

Pre醡bulo

I

Catalu馻 cuenta con 580 kil髆etros de costa, que tradicionalmente han ocupado un lugar preeminente en su proyecci髇 mediterr醤ea.

Los puertos de Catalu馻, en un principio destinados al comercio y a la actividad pesquera, se han ido transformando como resultado de una serie de procesos econ髆icos y sociales, condicionados por la propia funci髇 que desarrollan, con el consiguiente resultado que comporta la configuraci髇 de unas infraestructuras portuarias con car醕ter multifuncional a lo largo de nuestra costa.

Por otra parte, la larga tradici髇 de la pr醕tica de los deportes n醬ticos en Catalu馻, propiciada principalmente por los clubs n醬ticos, y el incremento progresivo del n鷐ero de aficionados a la n醬tica deportiva, signific� en una primera etapa la utilizaci髇 y el aprovechamiento de las infraestructuras de los puertos comerciales para la construcci髇 de d醨senas destinadas a embarcaciones deportivas, que evolucion� en una etapa posterior hacia la construcci髇 de puertos espec韋icamente destinados a la navegaci髇 deportiva y de recreo. En este sentido, la pr醕tica deportiva, que inicialmente se situ� dentro de los puertos comerciales y pesqueros, con cuyas actividades todav韆 se compagina en muchos de 閟tos, se ha ido consolidando con la construcci髇 de puertos expresamente destinados a esta finalidad, fruto de la creciente utilizaci髇 de embarcaciones menores.

El conjunto de los puertos y de las instalaciones n醬ticas de nuestro litoral constituye un sistema portuario que cubre las necesidades del transporte mar韙imo en la triple vertiente, comercial, pesquera y deportiva, y que se puede configurar b醩icamente en dos grupos de acuerdo con la gesti髇 correspondiente: Los puertos gestionados directamente por la Administraci髇 de la Generalidad y los puertos y las d醨senas construidos y explotados en r間imen de concesi髇 administrativa, fruto de la promoci髇 y de la inversi髇 privadas.

Desde esta perspectiva, la presente Ley pretende dar respuesta a las necesidades reales que piden los destinatarios del servicio portuario, ya sean usuarios de los puertos gestionados por la propia Administraci髇, ya lo sean de los puertos que gestionan los titulares de con cesiones administrativas, con las especificidades propias de cada sector.

Se crea la entidad de derecho p鷅lico Puertos de la Generalidad, a la cual corresponden las funciones asignadas por la presente Ley.

Por lo que respecta a los puertos de promoci髇 privada, construidos y gestionados a trav閟 de concesi髇 administrativa y que se destinan principalmente a las embarcaciones deportivas y de recreo, la Ley pretende incidir de una forma significativa no solamente en la obra p鷅lica que ellos mismos implican, sino tambi閚 en la prestaci髇 del servicio al que la obra sirve de soporte. Las funciones administrativas encaminadas al otorgamiento de la concesi髇 y tambi閚 a su control y su tutela se mantienen a favor del Departamento de Pol韙ica Territorial y Obras P鷅licas mediante la Direcci髇 General competente en materia de puertos.

En la regulaci髇 del procedimiento de otorgamiento de concesiones para la construcci髇 y la explotaci髇 de los puertos, las d醨senas y las instalaciones mar韙imas, se establece la coordinaci髇 necesaria entre las diferentes administraciones con competencias concurrentes, y tambi閚 los mecanismos que garanticen la viabilidad de la construcci髇 y explotaci髇 de la obra.

Con relaci髇 a los usos permitidos en las zonas de servicio portuarias, la Ley reconoce la singularidad que reviste su gesti髇. Los puertos constituyen una realidad econ髆ica y social y un elemento dinamizador de la econom韆 del municipio y de su 醨ea de influencia y, en este sentido, han ido incorporando una considerable oferta complementaria que, estrechamente vinculada y complementaria de la actividad principal, contribuye a su rentabilidad.

Por otra parte, se ha considerado necesario regular las urbanizaciones mar韙imo-terrestres equipar醤dolas a los puertos convencionales, con las especificaciones propias de una instalaci髇 de estas caracter韘ticas.

Finalmente, se regula el r間imen de polic韆 tipificando las infracciones y las sanciones en el 醡bito portuario.

II

El art韈ulo 9.15 del Estatuto de Autonom韆 atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de puertos, sin perjuicio de lo que dispone el art韈ulo 149.1.20 de la Constituci髇, que reserva al Estado la competencia exclusiva en relaci髇 a los puertos de inter閟 general, la marina mercante, el abanderamiento de buques, la iluminaci髇 de costas y las se馻les mar韙imas. Asimismo, corresponde a la Generalidad la potestad de ejecuci髇 de la legislaci髇 estatal con relaci髇 a los puertos de inter閟 general cuando el Estado no se reserve su gesti髇 directa, en virtud del art韈ulo 11.8 del Estatuto de Autonom韆.

De acuerdo con las disposiciones constitucionales y estatutarias, mediante el Real Decreto 2876/1980, de 12 de diciembre, se procedi� a los traspasos de funciones y de servicios de la Administraci髇 del Estado a la Generalidad en materia de puertos, y se transfiri� la titularidad de todos los puertos, sujetos o no a r間imen de concesi髇, existentes en el litoral catal醤, salvo los puertos de Barcelona y de Tarragona. Tambi閚 se traspas� todo el resto de instalaciones portuarias menores de car醕ter deportivo existentes en Catalu馻.

Mediante la Ley 4/1982, de 5 de abril, se cre� la Comisi髇 de Puertos de Catalu馻, organismo aut髇omo encargado de la gesti髇 del servicio p鷅lico portuario. Esta Ley fue desarrollada posteriormente mediante el Decreto 325/1992, que aprobaba el Reglamento de gesti髇 de los puertos adscritos a la Comisi髇 de Puertos de Catalu馻.

La necesidad de regular de una forma unitaria la competencia asumida estatutariamente avala la oportunidad de elaborar una normativa propia que regule tanto los puertos gestionados directamente por la Administraci髇 de la Generalidad como los puertos y las d醨senas construidos y explotados en r間imen de concesi髇 administrativa.