Sumario

Exposición de Motivos

Una de las finalidades primordiales que impulsaron a Enric Prat de La Riba a crear en el año 1907 el Instituto de Estudios Catalanes fue la de instituir una autoridad académica que fijase y actualizase la normativa general de la lengua catalana, lo que determinó el establecimiento de la sección filológica, que comenzó a difundir sus trabajos normativos en el año 1913. Esta ha sido desde entonces una función destacada del instituto, reconocida por las instituciones y las personalidades culturales, por el conjunto de la comunidad lingüística catalana, y por el D. 3118/1976, de 26 de Noviembre, de alcance a todo el ámbito territorial de la lengua catalana.

En el momento de reconocer la tarea del Instituto de Estudios Catalanes también debe considerarse la tarea realizada por los asesores lingüísticos de los medios de comunicación y de instituciones diversas, dada la importancia social y el valor de sus actuaciones en los momentos dificiles de la historia reciente de Cataluña.

Pero la normativa fijada por el Instituto de Estudios Catalanes constituye el marco para el funcionamiento de la lengua y asegura su desarrollo con la coherencia indispensable en todo el dominio lingüístico y a cualquier nivel.

Salvada así la integridad de la lengua dentro del marco de la normativa, ésta es suficientemente flexible para permitir que los diversos colectivos afectados por el cultivo de aquella establezcan bajo su responsabilidad opciones y concreciones de realización lingüística, en forma de modelos, con la finalidad de acercarse con más eficacia a los objetivos que persiguen.

En cuanto al ámbito de Cataluña, una de las primeras disposiciones del primer Gobierno elegido al ser restablecida la generalidad, el D. 90/1980, de 27 de junio, estableció que el asesoramiento lingüístico que debía ejercer la dirección general de política lingüística tenía que seguir las normas del Instituto de Estudios Catalanes.

Más recientemente, el Instituto de Estudios Catalanes aprobó, en el pleno extraordinario de 25 de abril de 1988, unos nuevos estatutos, que mantienen como una de las finalidades de dicha institución académica el establecimiento de la normativa de la lengua. Por una Resolución de 17 de mayo de 1989, publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 5 de junio, el Director General de Derecho y de Entidades Jurídicas de la Generalidad declaró la adecuación a la legalidad de dichos estatutos y dispusó su inscripción en el registro de academias y su publicación en el «Diario Oficial».

Considerando la importancia y el alcance social de la función normativa del Instituto de Estudios Catalanes, es conveniente conferir rango de Ley al reconocimiento oficial de esta función.