Sumario

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente ley.

Exposición de Motivos

Castilla-La Mancha desde su constitución como CC.AA se dotó de un exigente régimen de incompatibilidades para sus Altos Cargos que fue inicialmente fijado en la Ley 2/1984, de 28 de marzo, de Funciones e Incompatibilidades de Altos Cargos. Posteriormente, mediante la Ley 3/1984, de 25 de abril, se aprobó la norma que definía el Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Junta de Comunidades.

Ese marco normativo diseñado en el principio de la autonomía de Castilla-La Mancha, que se mantuvo inalterado en lo esencial hasta 1995, cuando se aprueba la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo, pretendía entre otros asuntos conseguir una Administración y unos cargos públicos que hicieran de la transparencia una de sus principales señas de identidad.

Se completa esta regulación normativa de rigor y transparencia con la Ley de 26 de junio de 1985, sobre Designación de Senadores en representación de Castilla-La Mancha; el Reglamento de las Cortes que, entre otros asuntos, regula los derechos, prerrogativas y deberes de los Diputados; y la Ley de 22 de diciembre de 1994, de publicidad en el Diario Oficial de los bienes, rentas y actividades de los gestores públicos de Castilla-La Mancha, con las obligaciones que se imponen a los representantes y gestores públicos en nuestra Región.

Estas referencias de la regulación normativa en esta materia en Castilla-La Mancha, son la ilustración de una línea seguida desde su misma institucionalización por la Comunidad Autónoma; una línea que ha sido impulsada por el principio de transparencia, apoyada por las demandas sociales identificadas con el interés público, y enriquecida por la experiencia.

En este sentido, teniendo en cuenta que la ética debe guiar la conducta de los responsables políticos, servidores y cargos públicos, y dada la sensibilidad que sobre estos temas tiene la ciudadanía, especialmente en estos momentos de austeridad, es propósito de esta Ley regular el procedimiento para percibir retribuciones aquellos Diputados de las Cortes Regionales que, sean propuestos para representar a Castilla-La Mancha en las Cortes Generales.