Sumario

Preámbulo

Estando próxima la conclusión del palacio de festivales, resulta imprescindible y urgente la liberación de su entorno, que en el plan general de ordenación urbana de Santander está declarado como zona de parques y jardines.

Con respecto a la mencionada finca, existen una serie de problemas de carácter jurídico interaccionado, para cuya solución más justa y equitativa será sin duda el proceder a su expropiación, toda vez que en el trámite de justiprecio de la misma habrá de obtenerse, merced al jurado de Expropiación Forzosa y en definitiva de los Tribunales de Justicia, una valoración lo más ajustada a la realidad posible.

Con tal procedimiento en modo alguno se producirán perjuicios de tipo económico o de otra clase en los intereses de particulares ni de la actividad industrial que hasta hace algun tiempo venía desarrollándose en ella. La actividad febril ha cesado y los problemas laborales, de una manera u otra, solucionados.

Por otra parte, es de señalar que de siempre, y ya en el anterior Plan de Ordenación Urbana de la Comarca de Santander, la zona se encontraba calificada como zona de tolerancia industrial a extinguir.

Delimitado el objeto de la figura «Expropiación Forzosa», como (forma de privación singular de la propiedad privada (...) cualesquiera que fueran las personas o entidades a que pertenezcan (...)) (Artículo 1.º de la Ley de Expropiación forzosa), resulta evidente que los bienes de referencia pueden ser objeto de Expropiación siempre que exista causa justificada de utilidad pública o interés social.

El artículo 34 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, reconoce a la Diputación regional, en el ejercicio de sus competencias, los mismos privilegios y potestades de que goza la Administración del Estado, entre los que se encuentra la potestad de expropiación y el ejercicio de las restantes competencias que la legislación expropiatoria atribuye a dicha Administración.

En este caso concreto, y conforme preceptúa la vigente Ley de Expropiación Forzosa, el interés social y la utilidad pública, a efectos de la expropiación, han de declararse mediante Ley, expresa y singular.