Sumario

Decreto-Ley [EXTREMADURA] 1/2012, 25 junio rectificado por Corrección de errores («D.O.E.» 3 octubre). Véase Res [EXTREMADURA] 6 julio 2012, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 1/2012, de 25 de junio, de medidas urgentes para contención del gasto público y la adaptación del funcionamiento de los servicios públicos a la realidad económica y social en Extremadura («D.O.E.» 13 julio).

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Consejo de Gobierno ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, vengo a promulgar el siguiente decreto-ley.

PREÁMBULO

El artículo 37 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma, reformado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, exige a la Administración regional que procure satisfacer con eficacia y eficiencia las necesidades públicas; para ello, el propio Estatuto impone, en su artículo 39, entre otras medidas de buena administración, la necesaria calidad en la prestación de los servicios públicos. Por su parte, el gasto público de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por mandato del artículo 79 de la norma institucional básica, realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de transparencia, eficiencia y economía.

Esta exigencia de satisfacer con eficacia y eficiencia las necesidades públicas, procurando la calidad en la prestación de servicios públicos y realizando una asignación equitativa de los recursos públicos bajo criterios de transparencia, eficiencia y economía, debe tener necesariamente presente la situación en la que se desarrollan las políticas públicas, para adaptarse a la misma.

La escasez de recursos públicos hace inevitable graduar las necesidades públicas de conformidad con los principios constitucionales y estatutarios, como exige el artículo 37 de la norma institucional básica; pero también exige que los poderes públicos, sin merma de la calidad en la prestación de los servicios, erradiquen aquellos elementos que pudieran distorsionar el sistema.

La adopción de las medidas que se afrontan vienen impuestas, entre otras causas, por la fijación de un límite de gasto por las instituciones europeas y por el Gobierno de España, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y acarrea que las mismas sean inevitables e inminentes.

Así, en el Capítulo I, artículos 1 y 2, en la disposición transitoria única y en la derogatoria única del presente decreto-ley se eliminan los privilegios reconocidos a nivel reglamentario para un determinado colectivo del funcionariado, en concreto, aquellos que hayan obtenido con carácter definitivo un puesto de libre designación y que, tras haber sido cesados, acreditaran más de dos años de servicios efectivos e ininterrumpidos en dicho puesto o en otro similar de libre designación, con anterioridad inmediata al cese. A este colectivo de funcionarios la Administración debía asignarles un puesto vacante disponible cuyo nivel de complemento de destino fuera acorde con el grado personal que tenía reconocido.

Este régimen se aleja de los principios de consolidación que operan en nuestro sistema de función pública: se consolidan los niveles y los complementos a ellos vinculados, pero no los puestos de trabajo ni, por ende, los complementos específicos. Al mismo tiempo, este régimen acarreaba la obligación de crear un puesto de trabajo ad hoc, que se asignaba al funcionario cesado y del que no se podía mover. Con ello podrían vulnerarse, al menos tres intereses públicos: equidad retributiva, pues no se retribuía al funcionario de acuerdo a sus responsabilidades; aumento del gasto público, dado que se debían crear puestos de trabajo que no eran necesarios; y derecho a la movilidad, en la medida en que el funcionario debía permanecer durante toda su vida administrativa en dicho puesto.

Se trata de una medida extraordinaria y transitoria, en tanto en cuanto se rediseña un nuevo esquema de la Función Pública de Extremadura para adaptar la regulación existente a los principios y criterios de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, pero que debe adoptarse de forma urgente, pues la Administración autonómica no puede soportar, ni organizativa, ni económicamente esta situación.

Por su parte, en el artículo 3 del presente decreto-ley, y pretendiendo dar la ejemplaridad que la sociedad reclama de los miembros del Gobierno de Extremadura, de los altos cargos y asimilados de la Administración autonómica, así como de su personal directivo, éstos verán reducidas sus retribuciones anuales en un 5% con efectos económicos desde el 1 de julio de 2012.

Razones de equidad retributiva, así como de la necesaria contención del gasto público, aconsejan limitar las retribuciones totales del personal directivo del sector público autonómico a las establecidas para los Directores Generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pues el nivel de responsabilidad de estos últimos es asimilable al de los primeros y, en consecuencia, sus retribuciones deben ser parejas. Asimismo, se establece que en el caso de que el personal directivo cesado sea nombrado personal funcionario, estatutario, laboral o docente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no tendrán derecho a ninguna indemnización por extinción del contrato por desistimiento empresarial.

Finalmente, en materia de reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos se dispone en el artículo 5 que, en el supuesto de que la jornada general de trabajo del personal al servicio de la Administración autonómica, cualquiera que sea su naturaleza, se amplíe por aplicación directa de la normativa básica del Estado a la fijada reglamentariamente en la actualidad en Extremadura, dicho personal podrá solicitar voluntariamente la reducción de su jornada diaria, con la correspondiente reducción proporcional de retribuciones, con el límite máximo de un tercio de la jornada efectiva, teniendo en cuenta siempre las necesidades del servicio. La concesión de dicha reducción, en caso de autorizarse la misma, corresponderá al órgano que desempeñe, en su caso, las competencias en materia de personal.

El Capítulo II regula otras medidas económicas y sociales que afectan al funcionamiento de los servicios públicos.

Se modifica la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura, dado que la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, ha sido traspuesta parcialmente por el Estado al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Por otro lado, tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía de Extremadura atribuyen a la Comunidad Autónoma de Extremadura la competencia exclusiva en materia de turismo y por tanto, le corresponde adaptar sus normas a la Directiva Comunitaria citada y a la legislación básica estatal en dicha materia.

Al objeto de adaptar la normativa autonómica a la Directiva Comunitaria 2006/123/CE y a la normativa estatal de trasposición señalada se dicta la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura, en orden a suprimir las barreras y obstáculos que restringen el acceso a actividades turísticas y su ejercicio

Sin embargo, el artículo 50 de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura, en lo relativo a los puntos 1, 2 y 4, en su redacción actual conculcan los principios generales que han de regir el ejercicio de actividades turísticas y que no son otros que el principio de libertad de prestación de servicios y el principio de libertad de establecimiento, siendo dichos puntos objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado.

En virtud de lo expuesto anteriormente se hace necesaria la modificación del artículo 50, en lo relativo a los puntos 1, 2 y 4, con el fin de garantizar tanto a los prestadores de servicios ya establecidos en otra Comunidad Autónoma como los prestadores de servicios establecidos en otros Estados Miembros, la libre prestación de dichos servicios sin la imposición a los mismos de requisitos adicionales previstos en la legislación sectorial aplicable así como el cumplimiento del principio de no discriminación de los prestadores de servicios consagrado en la normativa estatal aplicable.

Las razones expuestas fundamentan la adopción de esta modificación no ya solo en orden a facilitar la libre concurrencia y el acceso a la prestación de servicios turísticos, por profesionales y empresas turísticas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sino para dar cumplimiento al Acuerdo alcanzado por la Comisión Bilateral de Cooperación de la Administración General del Estado- Comunidad Autónoma de Extremadura, en su reunión de 18 de octubre de 2011, publicado en el DOE n.º 230, de 30 de noviembre de 2011, en el que se acuerda otorgar validez a las autorizaciones de otras Comunidades Autónomas y otros Estados Miembros, garantizando así la libre prestación de servicios que la Ley 17/2009, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, determina, dando por resueltas las discrepancias manifestadas y concluida la controversia planteada, con el fin de evitar la interposición del recurso de inconstitucionalidad.

En el artículo 7 se incluye una medida referida a la adaptación a lo dispuesto en Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura; adaptación que debe llevarse a cabo de forma urgente, lo que justifica asimismo la inclusión en esta norma, dada la situación de inseguridad jurídica en que se encuentran las mancomunidades afectadas por la disposición transitoria primera de esa Ley. Debido a que en el año 2011 se ha producido un relevo en la composición de los Órganos Plenarios o Asambleas de las Mancomunidades no ha existido tiempo material para adoptar acuerdos de modificación de los Estatutos y aprobarlos definitivamente antes del 31 de diciembre de 2011. Si se aplicase la disposición transitoria primera antes mencionada y sobre la base del último apartado, todas las Mancomunidades perderían los efectos de su calificación y, en consecuencia, no podrían ser beneficiarias de convenios y programas de actuación dirigidos a las mancomunidades integrales, lo que justifica que la medida se lleve a cabo a través del presente decreto-ley.

La disposición transitoria única regula el régimen transitorio aplicable a los funcionarios de libre designación en procedimiento de reasignación de efectivos, en consonancia con los artículos 1 y 2 y la disposición derogatoria única del presente decreto-ley.

La disposición derogatoria, además de contener la cláusula genérica de derogación de normas de igual o inferior rango, dispone la derogación expresa del apartado 3.º de la Orden de 28 de julio de 1998, por la que se dictan normas aplicables a determinados procedimientos en materia de reingreso al servicio activo y de asignación de puestos de trabajo por reasignación de efectivos, relativo al procedimiento de reasignación de efectivos del personal cesado por remoción en puestos de libre designación, en consonancia con los artículos 1 y 2 y la disposición transitoria única del presente decreto-ley.

Asimismo, se deroga el apartado i) del artículo 35. Cuatro de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012, eliminando la necesidad de incluir en la memoria aprobada por el órgano encomendante en las encomiendas de gestión, la disponibilidad por parte de la entidad encomendada de medios humanos y materiales necesarios para la realización del encargo, con el fin de dotar de mayor operatividad y agilidad a los instrumentos de gestión con los que cuentan los órganos administrativos para la realización de sus funciones.

La disposición final primera habilita al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este decreto-ley y la disposición final segunda dispone la entrada en vigor.

Finalmente, en todos los casos en que este decreto-ley utiliza sustantivos de género gramatical masculino para referirse a diversos sujetos debe entenderse que se emplea para designar a individuos de ambos sexos y que se refiere de forma genérica, tanto a mujeres como a hombres, con estricta igualdad en cuanto a sus efectos jurídicos y sin que dicho uso comporte intención discriminatoria alguna. Esta opción lingüística tiene como única finalidad facilitar la lectura de la norma y lograr una mayor economía en la expresión.

Oído el Consejo Consultivo de Extremadura, el Consejo de Gobierno de Extremadura aprobó el presente decreto-ley.

CAPÍTULO I

Medidas de contención del gasto en materia de personal

CAPÍTULO II

Otras medidas económicas y sociales que afectan al funcionamiento de los servicios públicos

DISPOSICIONES FINALES