Sumario

Decreto-Ley [EXTREMADURA] 1/2012, 25 junio rectificado por Correcci髇 de errores (獶.O.E.� 3 octubre). V閍se Res [EXTREMADURA] 6 julio 2012, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del Decreto-ley 1/2012, de 25 de junio, de medidas urgentes para contenci髇 del gasto p鷅lico y la adaptaci髇 del funcionamiento de los servicios p鷅licos a la realidad econ髆ica y social en Extremadura (獶.O.E.� 13 julio).

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Consejo de Gobierno ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 33 del Estatuto de Autonom韆 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, vengo a promulgar el siguiente decreto-ley.

PRE罬BULO

El art韈ulo 37 del Estatuto de Autonom韆 de la Comunidad Aut髇oma, reformado por Ley Org醤ica 1/2011, de 28 de enero, exige a la Administraci髇 regional que procure satisfacer con eficacia y eficiencia las necesidades p鷅licas; para ello, el propio Estatuto impone, en su art韈ulo 39, entre otras medidas de buena administraci髇, la necesaria calidad en la prestaci髇 de los servicios p鷅licos. Por su parte, el gasto p鷅lico de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, por mandato del art韈ulo 79 de la norma institucional b醩ica, realizar� una asignaci髇 equitativa de los recursos p鷅licos y su programaci髇 y ejecuci髇 responder醤 a los criterios de transparencia, eficiencia y econom韆.

Esta exigencia de satisfacer con eficacia y eficiencia las necesidades p鷅licas, procurando la calidad en la prestaci髇 de servicios p鷅licos y realizando una asignaci髇 equitativa de los recursos p鷅licos bajo criterios de transparencia, eficiencia y econom韆, debe tener necesariamente presente la situaci髇 en la que se desarrollan las pol韙icas p鷅licas, para adaptarse a la misma.

La escasez de recursos p鷅licos hace inevitable graduar las necesidades p鷅licas de conformidad con los principios constitucionales y estatutarios, como exige el art韈ulo 37 de la norma institucional b醩ica; pero tambi閚 exige que los poderes p鷅licos, sin merma de la calidad en la prestaci髇 de los servicios, erradiquen aquellos elementos que pudieran distorsionar el sistema.

La adopci髇 de las medidas que se afrontan vienen impuestas, entre otras causas, por la fijaci髇 de un l韒ite de gasto por las instituciones europeas y por el Gobierno de Espa馻, en el seno del Consejo de Pol韙ica Fiscal y Financiera, y acarrea que las mismas sean inevitables e inminentes.

As�, en el Cap韙ulo I, art韈ulos 1 y 2, en la disposici髇 transitoria 鷑ica y en la derogatoria 鷑ica del presente decreto-ley se eliminan los privilegios reconocidos a nivel reglamentario para un determinado colectivo del funcionariado, en concreto, aquellos que hayan obtenido con car醕ter definitivo un puesto de libre designaci髇 y que, tras haber sido cesados, acreditaran m醩 de dos a駉s de servicios efectivos e ininterrumpidos en dicho puesto o en otro similar de libre designaci髇, con anterioridad inmediata al cese. A este colectivo de funcionarios la Administraci髇 deb韆 asignarles un puesto vacante disponible cuyo nivel de complemento de destino fuera acorde con el grado personal que ten韆 reconocido.

Este r間imen se aleja de los principios de consolidaci髇 que operan en nuestro sistema de funci髇 p鷅lica: se consolidan los niveles y los complementos a ellos vinculados, pero no los puestos de trabajo ni, por ende, los complementos espec韋icos. Al mismo tiempo, este r間imen acarreaba la obligaci髇 de crear un puesto de trabajo ad hoc, que se asignaba al funcionario cesado y del que no se pod韆 mover. Con ello podr韆n vulnerarse, al menos tres intereses p鷅licos: equidad retributiva, pues no se retribu韆 al funcionario de acuerdo a sus responsabilidades; aumento del gasto p鷅lico, dado que se deb韆n crear puestos de trabajo que no eran necesarios; y derecho a la movilidad, en la medida en que el funcionario deb韆 permanecer durante toda su vida administrativa en dicho puesto.

Se trata de una medida extraordinaria y transitoria, en tanto en cuanto se redise馻 un nuevo esquema de la Funci髇 P鷅lica de Extremadura para adaptar la regulaci髇 existente a los principios y criterios de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, pero que debe adoptarse de forma urgente, pues la Administraci髇 auton髆ica no puede soportar, ni organizativa, ni econ髆icamente esta situaci髇.

Por su parte, en el art韈ulo 3 del presente decreto-ley, y pretendiendo dar la ejemplaridad que la sociedad reclama de los miembros del Gobierno de Extremadura, de los altos cargos y asimilados de la Administraci髇 auton髆ica, as� como de su personal directivo, 閟tos ver醤 reducidas sus retribuciones anuales en un 5% con efectos econ髆icos desde el 1 de julio de 2012.

Razones de equidad retributiva, as� como de la necesaria contenci髇 del gasto p鷅lico, aconsejan limitar las retribuciones totales del personal directivo del sector p鷅lico auton髆ico a las establecidas para los Directores Generales de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, pues el nivel de responsabilidad de estos 鷏timos es asimilable al de los primeros y, en consecuencia, sus retribuciones deben ser parejas. Asimismo, se establece que en el caso de que el personal directivo cesado sea nombrado personal funcionario, estatutario, laboral o docente de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, no tendr醤 derecho a ninguna indemnizaci髇 por extinci髇 del contrato por desistimiento empresarial.

Finalmente, en materia de reordenaci髇 del tiempo de trabajo de los empleados p鷅licos se dispone en el art韈ulo 5 que, en el supuesto de que la jornada general de trabajo del personal al servicio de la Administraci髇 auton髆ica, cualquiera que sea su naturaleza, se ampl韊 por aplicaci髇 directa de la normativa b醩ica del Estado a la fijada reglamentariamente en la actualidad en Extremadura, dicho personal podr� solicitar voluntariamente la reducci髇 de su jornada diaria, con la correspondiente reducci髇 proporcional de retribuciones, con el l韒ite m醲imo de un tercio de la jornada efectiva, teniendo en cuenta siempre las necesidades del servicio. La concesi髇 de dicha reducci髇, en caso de autorizarse la misma, corresponder� al 髍gano que desempe馿, en su caso, las competencias en materia de personal.

El Cap韙ulo II regula otras medidas econ髆icas y sociales que afectan al funcionamiento de los servicios p鷅licos.

Se modifica la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernizaci髇 del turismo de Extremadura, dado que la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, ha sido traspuesta parcialmente por el Estado al ordenamiento jur韉ico espa駉l mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci髇 de diversas leyes para su adaptaci髇 a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Por otro lado, tanto la Constituci髇 Espa駉la como el Estatuto de Autonom韆 de Extremadura atribuyen a la Comunidad Aut髇oma de Extremadura la competencia exclusiva en materia de turismo y por tanto, le corresponde adaptar sus normas a la Directiva Comunitaria citada y a la legislaci髇 b醩ica estatal en dicha materia.

Al objeto de adaptar la normativa auton髆ica a la Directiva Comunitaria 2006/123/CE y a la normativa estatal de trasposici髇 se馻lada se dicta la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernizaci髇 del turismo de Extremadura, en orden a suprimir las barreras y obst醕ulos que restringen el acceso a actividades tur韘ticas y su ejercicio

Sin embargo, el art韈ulo 50 de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernizaci髇 del turismo de Extremadura, en lo relativo a los puntos 1, 2 y 4, en su redacci髇 actual conculcan los principios generales que han de regir el ejercicio de actividades tur韘ticas y que no son otros que el principio de libertad de prestaci髇 de servicios y el principio de libertad de establecimiento, siendo dichos puntos objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado.

En virtud de lo expuesto anteriormente se hace necesaria la modificaci髇 del art韈ulo 50, en lo relativo a los puntos 1, 2 y 4, con el fin de garantizar tanto a los prestadores de servicios ya establecidos en otra Comunidad Aut髇oma como los prestadores de servicios establecidos en otros Estados Miembros, la libre prestaci髇 de dichos servicios sin la imposici髇 a los mismos de requisitos adicionales previstos en la legislaci髇 sectorial aplicable as� como el cumplimiento del principio de no discriminaci髇 de los prestadores de servicios consagrado en la normativa estatal aplicable.

Las razones expuestas fundamentan la adopci髇 de esta modificaci髇 no ya solo en orden a facilitar la libre concurrencia y el acceso a la prestaci髇 de servicios tur韘ticos, por profesionales y empresas tur韘ticas, en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, sino para dar cumplimiento al Acuerdo alcanzado por la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 de la Administraci髇 General del Estado- Comunidad Aut髇oma de Extremadura, en su reuni髇 de 18 de octubre de 2011, publicado en el DOE n.� 230, de 30 de noviembre de 2011, en el que se acuerda otorgar validez a las autorizaciones de otras Comunidades Aut髇omas y otros Estados Miembros, garantizando as� la libre prestaci髇 de servicios que la Ley 17/2009, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, determina, dando por resueltas las discrepancias manifestadas y concluida la controversia planteada, con el fin de evitar la interposici髇 del recurso de inconstitucionalidad.

En el art韈ulo 7 se incluye una medida referida a la adaptaci髇 a lo dispuesto en Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura; adaptaci髇 que debe llevarse a cabo de forma urgente, lo que justifica asimismo la inclusi髇 en esta norma, dada la situaci髇 de inseguridad jur韉ica en que se encuentran las mancomunidades afectadas por la disposici髇 transitoria primera de esa Ley. Debido a que en el a駉 2011 se ha producido un relevo en la composici髇 de los 觬ganos Plenarios o Asambleas de las Mancomunidades no ha existido tiempo material para adoptar acuerdos de modificaci髇 de los Estatutos y aprobarlos definitivamente antes del 31 de diciembre de 2011. Si se aplicase la disposici髇 transitoria primera antes mencionada y sobre la base del 鷏timo apartado, todas las Mancomunidades perder韆n los efectos de su calificaci髇 y, en consecuencia, no podr韆n ser beneficiarias de convenios y programas de actuaci髇 dirigidos a las mancomunidades integrales, lo que justifica que la medida se lleve a cabo a trav閟 del presente decreto-ley.

La disposici髇 transitoria 鷑ica regula el r間imen transitorio aplicable a los funcionarios de libre designaci髇 en procedimiento de reasignaci髇 de efectivos, en consonancia con los art韈ulos 1 y 2 y la disposici髇 derogatoria 鷑ica del presente decreto-ley.

La disposici髇 derogatoria, adem醩 de contener la cl醬sula gen閞ica de derogaci髇 de normas de igual o inferior rango, dispone la derogaci髇 expresa del apartado 3.� de la Orden de 28 de julio de 1998, por la que se dictan normas aplicables a determinados procedimientos en materia de reingreso al servicio activo y de asignaci髇 de puestos de trabajo por reasignaci髇 de efectivos, relativo al procedimiento de reasignaci髇 de efectivos del personal cesado por remoci髇 en puestos de libre designaci髇, en consonancia con los art韈ulos 1 y 2 y la disposici髇 transitoria 鷑ica del presente decreto-ley.

Asimismo, se deroga el apartado i) del art韈ulo 35. Cuatro de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura para 2012, eliminando la necesidad de incluir en la memoria aprobada por el 髍gano encomendante en las encomiendas de gesti髇, la disponibilidad por parte de la entidad encomendada de medios humanos y materiales necesarios para la realizaci髇 del encargo, con el fin de dotar de mayor operatividad y agilidad a los instrumentos de gesti髇 con los que cuentan los 髍ganos administrativos para la realizaci髇 de sus funciones.

La disposici髇 final primera habilita al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecuci髇 de este decreto-ley y la disposici髇 final segunda dispone la entrada en vigor.

Finalmente, en todos los casos en que este decreto-ley utiliza sustantivos de g閚ero gramatical masculino para referirse a diversos sujetos debe entenderse que se emplea para designar a individuos de ambos sexos y que se refiere de forma gen閞ica, tanto a mujeres como a hombres, con estricta igualdad en cuanto a sus efectos jur韉icos y sin que dicho uso comporte intenci髇 discriminatoria alguna. Esta opci髇 lingstica tiene como 鷑ica finalidad facilitar la lectura de la norma y lograr una mayor econom韆 en la expresi髇.

O韉o el Consejo Consultivo de Extremadura, el Consejo de Gobierno de Extremadura aprob� el presente decreto-ley.

CAP蚑ULO I

Medidas de contenci髇 del gasto en materia de personal

CAP蚑ULO II

Otras medidas econ髆icas y sociales que afectan al funcionamiento de los servicios p鷅licos

DISPOSICIONES FINALES