Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y econ髆ico-administrativas

玊韙ulo III
Base de datos de subvenciones, publicidad y registro de solicitantes

1. En cumplimiento de lo previsto en el art韈ulo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se crea una base de datos de subvenciones y ayudas p鷅licas, que ha de permitir el suministro a la Administraci髇 del Estado de la informaci髇 sobre las subvenciones y ayudas otorgadas en el 醡bito de la comunidad aut髇oma.

2. La informaci髇 incluida en la base de datos tiene car醕ter reservado, sin que pueda ser cedida o comunicada a terceras personas, salvo que la cesi髇 tenga por objeto alguno de los supuestos previstos en el apartado 4 del art韈ulo 20 de la Ley general de subvenciones. Con car醕ter general, esta informaci髇 podr� ser utilizada para el ejercicio de las funciones de control interno que corresponde efectuar a la Intervenci髇 General de la comunidad aut髇oma.

Asimismo, corresponde a este 髍gano facilitar a la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado la informaci髇 contenida en la base de datos, en cumplimiento de la obligaci髇 legal a que se refiere el apartado anterior de este art韈ulo.

3. En todo caso, la Intervenci髇 General de la comunidad aut髇oma constituye el 髍gano responsable del mantenimiento, la custodia y la gesti髇 de la informaci髇 contenida en la base de datos de subvenciones de la comunidad aut髇oma.

4. La organizaci髇, el funcionamiento y, en general, el desarrollo del r間imen jur韉ico de la base de datos deben establecerse reglamentariamente.�

1. La base de datos de subvenciones ha de permitir el cumplimiento de los siguientes objetivos:

• a) Facilitar las actuaciones que ha de llevar a cabo la Intervenci髇 General de la comunidad aut髇oma, en el ejercicio de su funci髇 de control interno.
• b) La remisi髇 de informaci髇 y la coordinaci髇 con las bases de datos establecidas por la Uni髇 Europea, la Administraci髇 del Estado y otros entes p鷅licos. En todo caso, debe permitir la remisi髇 de informaci髇 a la base de datos estatal de subvenciones en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 20 de la Ley general de subvenciones y en la normativa reglamentaria de desarrollo.
• c) La colaboraci髇 con los 髍ganos y las instituciones de control de la actividad de subvenci髇.
• d) La planificaci髇 y el seguimiento de las subvenciones y ayudas por parte de los 髍ganos y entes concedentes.
• e) El control de la concurrencia de subvenciones y ayudas.
• f) La elaboraci髇 de estudios, an醠isis y estad韘ticas sobre la actividad de subvenci髇.

2. Asimismo, la publicidad de las subvenciones a que se refiere el art韈ulo 34 de esta ley, debe efectuarse a partir de los datos que consten en la base de datos de subvenciones.�

1. Est醤 obligados a facilitar informaci髇 sobre las subvenciones que concedan a la base de datos de subvenciones:

• a) Los 髍ganos y las entidades enumerados en las letras a) y b) del art韈ulo 3.1 de esta ley.
• b) El resto de entidades de derecho p鷅lico a que se refiere la letra c) del art韈ulo 3.1 de esta ley y los consorcios sometidos al ordenamiento auton髆ico con respecto a las subvenciones que concedan estas entidades como consecuencia del ejercicio de potestades administrativas.

2. Por otra parte, est醤 obligados a facilitar informaci髇 a la base de datos de subvenciones, con respecto a las entregas dinerarias sin contraprestaci髇 que puedan efectuar en r間imen de derecho privado:

• a) Las entidades de derecho p鷅lico y los consorcios a que se refiere la letra b) del apartado 1 anterior de este art韈ulo.
• b) Las fundaciones del sector p鷅lico auton髆ico.

3. Asimismo, los 髍ganos y las entidades a los que se refieren los apartados anteriores de este art韈ulo est醤 obligados a suministrar la informaci髇 que proceda con respecto a cualquier otra ayuda que no constituya una subvenci髇 ni una entrega dineraria sin contraprestaci髇, en los t閞minos que prev� la disposici髇 adicional quinta del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.�

1. Los 髍ganos y las entidades a los que se hace referencia en el art韈ulo anterior est醤 obligados a remitir a la Intervenci髇 General de la comunidad aut髇oma la informaci髇 sobre las subvenciones, las entregas dinerarias sin contraprestaci髇 y el resto de ayudas que, en su caso, gestionen, con el fin de poder mantener permanentemente actualizada la base de datos de subvenciones.

2. La cesi髇 de los datos de car醕ter personal que, en aplicaci髇 de lo previsto en el apartado anterior de este art韈ulo, deba efectuarse a la Intervenci髇 General de la comunidad aut髇oma no requiere el consentimiento del afectado.�

1. La base de datos de subvenciones debe contener, como m韓imo, informaci髇 sobre:

• a) Las bases reguladoras o el instrumento jur韉ico que, en sustituci髇 de estas bases, constituya la normativa reguladora de la subvenci髇.
• b) Las resoluciones por las que se aprueben las convocatorias.
• c) Las resoluciones de concesi髇 de subvenciones y los acuerdos convencionales, as� como los pagos realizados y su justificaci髇.
• d) Los datos que permitan la identificaci髇 de los beneficiarios de las subvenciones.
• e) Los acuerdos formalizados con las entidades colaboradoras.
• f) Las resoluciones de anulaci髇, de modificaci髇 o de reintegro y, en su caso, la recaudaci髇 que se derive.
• g) Las resoluciones firmes de los procedimientos sancionadores.
• h) Los datos identificativos de las personas que est閚 incluidas dentro de alguna de las prohibiciones para poder ser beneficiario de subvenciones o entidad colaboradora, as� como el per韔do durante el cual no se puede obtener la condici髇 de beneficiario y/o de entidad colaboradora.

2. Asimismo, la base de datos de subvenciones debe recoger la informaci髇 sobre las entregas dinerarias sin contraprestaci髇 y sobre el resto de ayudas que, en su caso, realicen los sujetos mencionados en el art韈ulo 31 de esta ley, con el alcance previsto, respectivamente, en el art韈ulo 37.2 y en la disposici髇 adicional quinta del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.�

1. Reglamentariamente puede crearse un registro en el que pueden inscribirse voluntariamente los solicitantes de subvenciones, mediante la aportaci髇 de la documentaci髇 acreditativa de su personalidad y capacidad de obrar, as� como, si procede, la que acredite la representaci髇 de quienes act鷈n en su nombre.

2. Los certificados expedidos por dicho registro eximir醤 de presentar, en cada convocatoria concreta, los documentos acreditativos de los requisitos se馻lados en el apartado anterior, siempre que no se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos inscritos.

3. La organizaci髇, el funcionamiento y, en general, el desarrollo del r間imen jur韉ico de este registro debe establecerse mediante el reglamento a que se refiere el apartado 1 anterior.�

Las resoluciones sancionadoras impuestas por infracciones graves o muy graves que hayan adquirido firmeza en v韆 judicial deben publicarse en el Butllet� Oficial de les Illes Balears. Asimismo, deben comunicarse a la Intervenci髇 General de la comunidad aut髇oma para su inclusi髇 en la base de datos de subvenciones y al registro de contratistas de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma.�

�2. La aprobaci髇 de las ordenanzas fiscales ha de ajustarse al procedimiento establecido en la legislaci髇 estatal reguladora de las haciendas locales.�

�1. Los alcaldes o presidentes de las entidades locales o, en su caso, un miembro electo del gobierno de estas entidades que cumplan los requisitos establecidos reglamentariamente, entre los cuales deben incluirse los de poblaci髇 y presupuesto, pueden ser retribuidos por medio de las ayudas finalistas que se otorguen con cargo al Fondo de colaboraci髇 econ髆ica a que se refiere la letra a) del art韈ulo 205.3 de esta ley, en la forma y la cuant韆 que disponga el reglamento o, si procede, la resoluci髇 del Gobierno que lo regule, y siempre que ejerzan su cargo con la dedicaci髇 y en los t閞minos fijados en la misma disposici髇. La percepci髇 de esta retribuci髇 con cargo a los presupuestos de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears es voluntaria y renunciable.�

1. Los fondos de colaboraci髇 econ髆ica con las entidades locales tienen como objetivo contribuir al equilibrio econ髆ico de las entidades locales de las Illes Balears, as� como colaborar en la consecuci髇 de los principios de autonom韆 y suficiencia financiera interna y en la realizaci髇 del principio de solidaridad.

2. Estos fondos se dotar醤 anualmente y estar醤 constituidos por las aportaciones presupuestarias de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears destinadas a los municipios y a las entidades locales menores. El importe total de los fondos debe ser como m韓imo del 0,7% del total de los ingresos propios de la comunidad aut髇oma, asignaci髇 a la cual se llegar� gradualmente de la siguiente forma: el 87,5% en el a駉 2008 y el cien por cien en el a駉 2009 y siguientes.

3. Los fondos de colaboraci髇 econ髆ica con las entidades locales son los siguientes:

• a) Fondo de ayudas de car醕ter finalista destinado al pago de las retribuciones de los alcaldes o presidentes de las entidades locales o, en su caso, de un miembro electo del gobierno de estas entidades a que se refiere el art韈ulo 74.1 de esta ley.
• b) Fondo de cooperaci髇 local, el cual debe repartirse anualmente entre los municipios y los otros entes locales de acuerdo con las siguientes reglas:
  • 1a. La cuant韆 de este fondo ser� la cantidad resultante de restar del importe total al que hace referencia el apartado 2 de este art韈ulo las ayudas a que se refiere la letra a) anterior.
  • 2a. Las aportaciones econ髆icas a los municipios y a los otros entes locales que se hagan con cargo a este fondo no tienen car醕ter finalista y, por tanto, corresponde a cada ente local determinar la finalidad concreta a que se aplica.
  • 3a. El reparto de este fondo se llevar� a cabo de conformidad con el r間imen jur韉ico y los criterios de distribuci髇 y funcionamiento que se establezcan reglamentariamente, previa consulta con la representaci髇 de las entidades locales de las Illes Balears.
  • 4a. Ning鷑 municipio recibir� una participaci髇 anual que sea inferior a la recibida por el mismo municipio en el a駉 anterior.
  • 5a. Con cargo a este fondo pueden formalizarse convenios de colaboraci髇 con municipios y otros entes locales para objetivos determinados, los cuales no estar醤 sometidos a los criterios de distribuci髇 antes mencionados. Estos convenios de colaboraci髇 podr醤 ser de car醕ter plurianual siempre que quede debidamente justificado en el expediente de aprobaci髇 del convenio, en atenci髇 al objetivo determinado al cual se destina la ayuda y el coste econ髆ico de su ejecuci髇. A los entes locales que hayan suscrito los mencionados convenios, se les detraer� el importe anual que prevea el convenio de las aportaciones que les correspondan.
  • 6a. Los municipios que est閚 dotados de uno de los reg韒enes especiales previstos en el cap韙ulo V del t韙ulo II de esta ley participar醤 del Fondo de cooperaci髇 local en la forma que establezca su ley espec韋ica. La cuant韆 del Fondo de cooperaci髇 local que corresponda a estos municipios de r間imen especial formar� parte de la cantidad total establecida para su financiaci髇 especial.

4. La gesti髇 de los fondos de colaboraci髇 econ髆ica con las entidades locales corresponde a la consejer韆 competente en materia de r間imen local.

5. No es de aplicaci髇 a estos fondos la legislaci髇 en materia de subvenciones de las administraciones p鷅licas.�

1. La regulaci髇 de los fondos a que se refiere el art韈ulo 205 de esta ley tendr� efectos a partir del 1 de enero de 2008.

2. Hasta que no se apruebe el reglamento que ha de desarrollar el Fondo de cooperaci髇 local a que se refiere la letra b) del art韈ulo 205.3 de esta ley es de aplicaci髇 el Decreto 22/2005, de 4 de marzo, por el que se regulan el r間imen jur韉ico, los criterios de distribuci髇 y el funcionamiento del Fondo de cooperaci髇 municipal.�

獶isposici髇 transitoria segunda

1. El Fondo de cooperaci髇 local a que se refiere la letra a) del art韈ulo 141 de esta ley se corresponde con el fondo regulado en la letra b) del art韈ulo 205.3 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de r間imen local de las Illes Balears.

2. El porcentaje m醲imo de participaci髇 del municipio de Palma en el Fondo de cooperaci髇 local no podr� superar el 20% de la cantidad que se destine cada a駉 a este fondo.�

�3. Destino

Los bienes y derechos de contenido econ髆ico que integran el patrimonio local del suelo de conformidad con lo previsto en los instrumentos de ordenaci髇 territorial, deber醤 destinarse a alguno de los siguientes usos de inter閟 social:

• a) Preferentemente, a la construcci髇 de viviendas sujetas a alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica para su puesta en el mercado, ya sea en venta, en alquiler, en derecho de superficie o concesi髇 administrativa, o en otras formas de acceso a la vivienda, que permita establecer precios m醲imos.
• b) Operaciones de iniciativa p鷅lica de rehabilitaci髇 de vivienda protegida.
• c) Conservaci髇, gesti髇 o ampliaci髇 de los propios patrimonios p鷅licos de suelo.
• d) Ejecuci髇 de dotaciones urban韘ticas p鷅licas, incluidos los sistemas generales.
• e) Compensaci髇 a propietarios a los que corresponda un aprovechamiento superior al permitido por el planeamiento, en la unidad de actuaci髇 en la que est閚 incluidos sus terrenos, as� como a los propietarios cuyos terrenos hayan sido objeto de ocupaci髇 directa o expropiaci髇.
• f) Adquisici髇 y rehabilitaci髇 de bienes inmuebles declarados de inter閟 cultural, y catalogados, conforme a la legislaci髇 vigente en materia de patrimonio hist髍ico, as� como de los bienes catalogados seg鷑 el planeamiento municipal.
• g) Adquisici髇 y mejora de 醨eas naturales, y la adopci髇 de medidas de mejora y conservaci髇 del medio ambiente.�

�1. De conformidad con lo previsto en la disposici髇 adicional quinta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, el Gobierno de las Illes Balears puede establecer, reglamentariamente, procedimientos para la integraci髇 directa y voluntaria, en la condici髇 de personal estatutario fijo y en la categor韆 y titulaci髇 equivalente, del personal funcionario de carrera o laboral fijo que est� adscrito o preste sus servicios en los centros, servicios y establecimientos del Servicio de Salud de las Illes Balears o de las empresas p鷅licas o fundaciones del sector p鷅lico auton髆ico adscritas al Servicio de Salud, que se relacionen en el correspondiente decreto.

2. Asimismo, el Gobierno de las Illes Balears puede establecer, reglamentariamente, procedimientos para la integraci髇 directa, en la condici髇 de personal estatutario temporal, en la categor韆, titulaci髇 y modalidad que correspondan, del personal laboral temporal y funcionario interino que preste sus servicios en los centros, servicios y establecimientos del Servicio de Salud de las Illes Balears o de las empresas p鷅licas o fundaciones del sector p鷅lico auton髆ico adscritas al Servicio de Salud, que se relacionen en el correspondiente decreto.�

• 玝) Contra los actos del director general o del 髍gano de direcci髇 del Servicio de Salud puede interponerse recurso de alzada ante el Consejo General, excepto los actos dictados en materia de responsabilidad patrimonial y de personal estatutario, los cuales agotan la v韆 administrativa.�

• 玠) En el supuesto de que para la autorizaci髇 de una nueva oficina de farmacia se computen plazas tur韘ticas y/o viviendas de segunda residencia en la forma establecida en las letras b) y c) anteriores, la persona titular de la direcci髇 general competente en materia de farmacia, una vez atendidas las necesidades de atenci髇 farmac閡tica de la zona de farmacia correspondiente, puede delimitar el lugar donde ha de ubicarse la nueva oficina de farmacia, la cual, en tal caso, se establecer� dentro de dicha zona delimitada, respetando, en todo caso, las distancias m韓imas a que se refiere el art韈ulo 19 de la presente ley.�

獵ap韙ulo V
De la atenci髇 farmac閡tica en los centros hospitalarios, penitenciarios y sociosanitarios, y en los centros de cirug韆 ambulatoria, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y centros de interrupci髇 voluntaria del embarazo

玈ecci髇
3 bis De los servicios de farmacia y dep髎itos de medicamentos en los centros de cirug韆 ambulatoria, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y centros de interrupci髇 voluntaria del embarazo

�1. En los centros de cirug韆 ambulatoria, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y centros de interrupci髇 voluntaria del embarazo a los que se refiere el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorizaci髇 de centros, servicios y establecimientos sanitarios, se puede autorizar la existencia de un servicio de farmacia o de un dep髎ito de medicamentos.

2. Los servicios de farmacia de los centros citados en el punto anterior tienen por objeto la adquisici髇, custodia, conservaci髇 y dispensaci髇 de medicamentos y productos sanitarios 鷑icamente para su aplicaci髇 en el centro correspondiente o en los centros pertenecientes a una misma instituci髇, y deben estar bajo la responsabilidad de un farmac閡tico.�

La organizaci髇 y el r間imen de funcionamiento de los servicios de farmacia y servicios farmac閡ticos de los centros hospitalarios, penitenciarios y sociosanitarios, y de los centros de cirug韆 ambulatoria, mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y centros de interrupci髇 voluntaria del embarazo a los que se refiere el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorizaci髇 de centros, servicios y establecimientos sanitarios, debe asegurar la disponibilidad de los medicamentos, para lo que deber醤 disponer de la presencia, como m韓imo, de un farmac閡tico durante todo el tiempo de funcionamiento de los servicios, adem醩 del personal sanitario, t閏nico y administrativo necesario para su buen funcionamiento.�

�1. Para asegurar la adecuada coordinaci髇 entre el Gobierno de las Illes Balears y los consejos insulares y articular el desarrollo y la revisi髇 del sistema de financiaci髇 regulado en esta ley, se crea el Consejo Financiero Interinsular, que estar� constituido por cuatro representantes del Gobierno de las Illes Balears y un representante por cada uno de los consejos insulares de Mallorca, de Menorca, de Eivissa y de Formentera.�

玁o obstante, las actividades para las que el apartado 3 del art韈ulo 3 de esta ley prev� un desarrollo reglamentario, deber醤 regularizar su situaci髇 antes del 31 de diciembre de 2008.�

1. Puertos de las Illes Balears ha de someterse, en cuanto a su actividad, al ordenamiento jur韉ico privado. No obstante lo anterior, ha de someterse a las normas administrativas en los siguientes aspectos:

• a) Las relaciones con la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma y otros entes p鷅licos.
• b) El r間imen de funcionamiento de los 髍ganos colegiados.
• c) Las relaciones jur韉icas que impliquen el ejercicio de potestades p鷅licas y, en especial, las de car醕ter demanial, la de polic韆, la sancionadora y la tributaria.
• d) Las actuaciones de car醕ter presupuestario.
• e) Cualquier otra funci髇 que est� prevista en normas legales o reglamentarias.

2. La actividad contractual de Puertos de las Illes Balears se regir�, seg鷑 los casos, por la legislaci髇 de contratos de las administraciones p鷅licas o del sector p鷅lico, por la Ley de contrataci髇 en los sectores del agua, la energ韆, los transportes y las telecomunicaciones, o por el derecho privado. En este 鷏timo caso, deben aplicarse los principios de publicidad, libre concurrencia y salvaguarda del inter閟 p鷅lico.

3. El r間imen patrimonial de Puertos de las Illes Balears ser� el previsto en la legislaci髇 de patrimonio de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, sin perjuicio de las especialidades previstas en la presente ley.�

�2. A partir del d韆 siguiente de la publicaci髇 en el Butllet� Oficial de les Illes Balears del acta mencionada en el apartado anterior, quedar醤 adscritos a Puertos de las Illes Balears los bienes y derechos titularidad de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma que estuvieran adscritos a la Direcci髇 General de Puertos de la Consejer韆 de Obras P鷅licas, Vivienda y Transportes.�

• 玱) Medidas correctoras: conjunto de actuaciones que tienen por objeto la reducci髇, la eliminaci髇 o la modificaci髇 de los efectos ambientales negativos significativos de un proyecto o de una actividad, de un plan o de un programa, tanto por lo que se refiere al dise駉 y a la ubicaci髇, como a los procedimientos de anticontaminaci髇, depuraci髇 y dispositivos gen閞icos de protecci髇 del medio ambiente.
• p) Medidas protectoras: conjunto de actuaciones que tienen por objeto evitar los efectos ambientales negativos significativos de un proyecto o de una actividad, de un plan o de un programa, modificando algunos de los elementos o procesos del proyecto, plan o programa.
• q) Medidas compensatorias: conjunto de actuaciones que, en relaci髇 con los efectos ambientales negativos inevitables de un proyecto o de una actividad, de un plan o de un programa, no admite correcci髇, consistente en compensar dichos efectos negativos por medio de otros de signo positivo, si es posible con acciones de restauraci髇 o de la misma naturaleza y efecto contrario al de la acci髇 o empresa.�

�1. Antes de la iniciaci髇 del procedimiento de evaluaci髇 de impacto ambiental de proyectos, ser� obligatoria una fase previa de consultas, mediante la presentaci髇 por parte del promotor de una memoria-resumen del proyecto, cursada a trav閟 del 髍gano sustantivo al 髍gano ambiental.

Esta memoria-resumen contendr�, como m韓imo:

• a) La definici髇, las caracter韘ticas y la ubicaci髇 del proyecto.
• b) Las principales alternativas que se consideren y el an醠isis de los impactos potenciales de cada una.
• c) Un diagn髎tico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.�

• 玞) Cometer m醩 de dos infracciones graves en el plazo de dos a駉s. En tal caso, la tercera y las siguientes ser醤 consideradas muy graves.�

• 玧) Cometer m醩 de dos infracciones leves en el plazo de dos a駉s. En tal caso, la tercera y las siguientes ser醤 consideradas graves.�

�2. En caso de discrepancia entre el 髍gano promotor y el 髍gano ambiental, antes de la aprobaci髇 o remisi髇 a la administraci髇 p鷅lica competente para la aprobaci髇 definitiva o al Parlamento de las Illes Balears para su tramitaci髇 por el procedimiento correspondiente, o entre la administraci髇 p鷅lica competente para su aprobaci髇 definitiva y el 髍gano ambiental, se aplicar� el procedimiento de resoluci髇 de discrepancias previsto en el art韈ulo 36 de esta ley.�

1. En la tramitaci髇 de normas territoriales cautelares previas a la formulaci髇, revisi髇 o modificaci髇 de un instrumento de ordenaci髇 territorial, es preceptivo que, tras los plazos de informaci髇 p鷅lica y de consulta a las administraciones p鷅licas posteriores a su aprobaci髇 inicial y antes de su aprobaci髇 definitiva, se someta el documento a dictamen del 髍gano ambiental.

A tal fin, el documento incorporar� una memoria-an醠isis relativa a los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de las referidas normas territoriales cautelares.

La decisi髇 del 髍gano ambiental deber� formularse en el plazo m醲imo de un mes, a contar desde la entrada de la solicitud y de la totalidad de documentaci髇 en el registro del 髍gano competente para emitirla.

2. En la tramitaci髇 de normas de planeamiento dictadas como consecuencia de la suspensi髇, en todo su 醡bito o en una parte de 閟te, de un plan de ordenaci髇 urban韘tica municipal, que lo suplan hasta que no se apruebe su modificaci髇 o revisi髇, es preceptivo que, tras los plazos de informaci髇 p鷅lica posterior a su aprobaci髇 inicial y antes de su aprobaci髇 definitiva, se someta el documento a dictamen del 髍gano ambiental.

A tal fin, el documento incorporar� una memoria-an醠isis relativa a los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de las referidas normas de planeamiento.

La decisi髇 del 髍gano ambiental deber� formularse en el plazo m醲imo de un mes, a contar desde la entrada de la solicitud y de la totalidad de la documentaci髇 en el registro del 髍gano competente para emitirla.�

�4. En el caso que el 髍gano ambiental decida la inviabilidad de la sujeci髇 a la evaluaci髇 ambiental estrat間ica, el plan o programa ser� sometido a evaluaci髇 ambiental de acuerdo con el Decreto 4/1986, de 23 de enero, de implantaci髇 y regulaci髇 de los estudios de evaluaci髇 de impacto ambiental.�

Quedan derogadas todas las disposiciones del mismo rango o inferior que se opongan a lo establecido en esta ley y, expresamente, el Decreto 4/1986, de 23 de enero, de implantaci髇 y regulaci髇 de los estudios de evaluaci髇 de impacto ambiental, sin perjuicio de lo que establecen las disposiciones transitorias segunda y tercera de la presente ley.�

• 玤) Instalaciones de conducci髇 de agua en suelo r鷖tico cuando la longitud sea superior a 2 kil髆etros y, en todo caso, las situadas dentro de ANEI de alto nivel de protecci髇.�

• 玝) Proyectos de urbanizaci髇, incluida la construcci髇 de centros comerciales y aparcamientos de veh韈ulos.�

�6. El ejercicio de la caza con armas de fuego por parte de menores de edad requiere que 閟tos, adem醩 de estar en posesi髇 de la autorizaci髇 especial para el uso de armas, vayan acompa馻dos de otro cazador mayor de edad que est� en posesi髇 de la licencia de armas y del resto de documentaci髇 preceptiva para la pr醕tica de la caza, que los controle y se responsabilice sin alejarse; esta persona, hasta la edad de 16 a駉s del menor, tiene que ser su padre, su madre, su tutor o su tutora.�

�8. Las superficies indicadas en esta ley en relaci髇 con los cotos tienen que ser continuas, excepci髇 hecha de lo que dispone el art韈ulo 13.8, aunque los cursos de agua y las v韆s de comunicaci髇 no suponen, a tal efecto, discontinuidad. No se pueden contabilizar, como superficie del coto, los terrenos urbanos o deportivos.�

�8. Los cotos de sociedades locales podr醤 incluir, bajo la misma matr韈ula, diferentes terrenos no continuos sometidos al aprovechamiento de la sociedad de cazadores local, con una superficie m韓ima de 20 hect醨eas.�

�5. El arrendamiento de los derechos de aprovechamiento de un coto particular de caza puede ser inscrito por sus titulares en el registro habilitado al efecto en la consejer韆 competente en materia de caza. En este registro tienen que figurar: n鷐ero del coto, titular en calidad de arrendador, per韔do de arrendamiento, datos personales de los cazadores arrendatarios y del que quede designado como responsable del coto por el per韔do de arrendamiento.�

�7. La transmisi髇 de titularidad de un coto particular, en caso de que 閟te coincida con el titular de los terrenos, se efect鷄 a petici髇 del nuevo con la presentaci髇 de los documentos acreditativos de la transmisi髇. Si el coto est� integrado por fincas de distinta titularidad, el cambio de titularidad se tendr� que acreditar con la voluntad de la mayor韆 o, en su defecto, la titularidad se transferir� a favor del que acredite mayor representaci髇.�

�17. Transportar, comercializar o soltar piezas de caza vivas, incluidos los huevos de aves, sin autorizaci髇, si su valor comercial es inferior a 500,00 euros y superior a 100,00 euros, o comercializar o publicitar ofertas de caza no ajustadas a la normativa vigente.�

• 玡) Los peces vivos como cebo, as� como esparcir alimento en el agua antes o durante la pesca, excepto para la pesca de cipr韓idos, para lo cual se requerir� autorizaci髇 de la direcci髇 general competente en materia de pesca fluvial.�

�26. No restituir a las aguas las piezas cuya captura no se derive del simple mordisco del cebo, sino del enganche del anzuelo en cualquier otra parte del cuerpo del pez.�

�5. Plan director sectorial de saneamiento de las Illes Balears.�

獵ap韙ulo
V bis El Plan director sectorial de saneamiento de las Illes Balears

1. Para la ordenaci髇 de las instalaciones de saneamientos y depuraciones de aguas residuales de las Illes Balears se redactar� un plan director sectorial de saneamiento de las Illes Balears, cuya elaboraci髇 y aprobaci髇 corresponden al Gobierno de las Illes Balears.

2. Para la redacci髇 del Plan director sectorial de saneamiento de las Illes Balears se deber醤 tener en cuenta los siguientes criterios:

• a) La realizaci髇 de un diagn髎tico de la situaci髇 actual y de las necesidades.
• b) La recogida de la totalidad de instalaciones p鷅licas existentes que conforma los sistemas de saneamiento y depuraci髇 en alta.
• c) El establecimiento de las nuevas infraestructuras necesarias en materia de saneamiento y depuraci髇 en alta.
• d) La previsi髇 de ampliaci髇, remodelaci髇 y/o mejora de las infraestructuras existentes para optimizar y adaptar su funcionamiento a las condiciones reales.
• e) La previsi髇 de la adaptaci髇 de las instalaciones existentes y las de nueva creaci髇 a la normativa vigente, y muy especialmente a las Directrices Marco del Agua, de aguas residuales y de aguas de ba駉, al Plan Hidrol骻ico de las Illes Balears, a la legislaci髇 auton髆ica de zonas sensibles, y, en su caso, a la normativa b醩ica estatal que determine las condiciones b醩icas para la reutilizaci髇 de las aguas depuradas.
• f) El fomento de las actuaciones de investigaci髇, desarrollo e innovaci髇 (I+D+i) como instrumento previo para conseguir los objetivos fijados y definir nuevas perspectivas.
• g) El fomento de las medidas de eficiencia y ahorro energ閠ico y la utilizaci髇 de fondos energ閠icos renovables.
• h) El establecimiento de medidas correctoras a fin de minimizar los impactos medioambientales de las instalaciones, la contaminaci髇 lum韓ica, la contaminaci髇 del suelo y, en su caso, la contaminaci髇 por ruido.
• i) El impulso de la realizaci髇 de los estudios de viabilidad t閏nica y econ髆ica necesarios para fomentar los proyectos de reutilizaci髇 de aguas regeneradas.�

獷l Consejo de Gobierno, en el plazo de seis meses desde el momento en que entre en vigor la ley por la cual se adapte a la normativa b醩ica estatal la Ley de cuerpos y escalas de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, regular� mediante decreto las especialidades que corresponden a cada una de las escalas y a cada uno de los cuerpos especiales.�

�3. No obstante lo que dispone el punto anterior, puede contratarse personal de duraci髇 determinada, con independencia de las funciones del puesto de trabajo a cubrir, en los siguientes supuestos:

• a) Para sustituir personal laboral en caso de jubilaci髇 anticipada o de jubilaci髇 parcial.
• b) Para sustituir personal laboral cuando, como consecuencia de excedencias, permisos u otras circunstancias, tengan derecho a la reserva de su puesto de trabajo.
• c) Para sustituir reducciones de jornada del personal laboral, cuando las necesidades del servicio as� lo requieran. En este caso, la contrataci髇 puede realizarse a tiempo parcial.
• d) Para contratar personas con discapacidad mediante contratos temporales de fomento de la ocupaci髇, de acuerdo con la legislaci髇 laboral aplicable.
• e) Para contratar mujeres que tengan acreditada la condici髇 de v韈timas de la violencia de g閚ero, en los t閞minos de la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protecci髇 integral contra la violencia de g閚ero, de acuerdo con la legislaci髇 laboral aplicable.�