EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El contrato de obligación de servicio público es un instrumento que dentro del esquema de la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo es excepcional, al que sólo cabe acudir cuando una línea que atienda necesidades básicas de transporte no sea servida por ningún operador. Puede ocurrir que, mientras se tramita, convoca y adjudica ese contrato, la línea permanezca sin servicio regular, algo que puede resultar inaceptable cuando suponga la incomunicación por vía marítima de una isla, incluso aunque lo sea de modo transitorio hasta la adjudicación del contrato. Esta situación es la que se pretende evitar con la previsión de que, en caso de incomunicación, la Administración pueda otorgar una autorización provisional con compensación económica al armador o armadores que estén dispuestos a prestar el servicio regular en ese período de tiempo, evitando, con ello, la falta de comunicación marítima. En el caso de que sean varios los posibles prestadores, el armador podrá ser elegido por los mecanismos de la legislación de contratos.

Se trata de una fórmula que traslada a la contratación de obligación de servicio público el mecanismo ya previsto para igual situación transitoria con ocasión de la implantación del régimen de autorización previa, entronca con la autorización legal al Gobierno para establecer obligaciones específicas singulares con compensación económica por los costes que les acarree y, porque persigue la misma finalidad que las medidas de salvaguardia previstas en los artículos 4.2 y 5 del Reglamento (CEE) 3577/1992.