Sumario

Ley [LA RIOJA] 10/1998, 2 julio, derogada por el n鷐ero 1 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de Ley [LA RIOJA] 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo de La Rioja (獴.O.L.R.� 4 mayo) el 4 de noviembre de 2006.

Exposici髇 de Motivos

1.

La presente Ley de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo de La Rioja tiene su origen en la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, que dej� sentado el alcance y los l韒ites de la competencia sobre el 玼rbanismo�, atribuida por el art韈ulo 148.1.3 de la Constituci髇 a todas las Comunidades Aut髇omas. Como consecuencia de la doctrina constitucional sobre la supletoriedad del Derecho estatal y de los escasos t韙ulos competenciales que permiten al legislador estatal incidir en esta materia, la referida sentencia ha declarado inconstitucionales una buena parte de los preceptos del texto refundido de la Ley sobre el R間imen del Suelo y Ordenaci髇 Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se reg韆 el urbanismo en esta Comunidad Aut髇oma. El vac韔 normativo que se iba a producir por no disponer al tiempo de dictarse la sentencia de legislaci髇 urban韘tica propia, ha sido evitado por el propio Tribunal Constitucional al ordenar la inconstitucionalidad y subsiguiente nulidad de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del texto refundido de 1992, y consecuentemente la vigencia renacida del texto refundido de 1976, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, as� como de los Reales Decretos-leyes 3/1980 de 14 de marzo, sobre promoci髇 del suelo y agilizaci髇 de la gesti髇 urban韘tica y el Real Decreto-ley 16/1981, de 16 de octubre, de adaptaci髇 de Planes Generales de Ordenaci髇 Urbana. 蓅tas son, pues, las normas actualmente vigentes en la Comunidad Aut髇oma, a las que se deben a馻dir algunos preceptos de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y de Colegios Profesionales, y los no declarados inconstitucionales del texto refundido de 1992.

Dentro de las coordenadas que definen la situaci髇 de que dimana esta Ley hay que tener presente asimismo la reciente publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado� de la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, sobre r間imen del suelo y valoraciones. Dicha Ley regula entre otras cosas la clasificaci髇 y el r間imen del suelo, cuyos rasgos b醩icos debe definir el Estado para garantizar la igualdad de los espa駉les en el ejercicio de las facultades relativas al derecho de propiedad, as� como los deberes que le son inherentes, en los t閞minos definidos por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 61/1997, y de acuerdo con el art韈ulo 149.1.1 de la CE. Regula asimismo la citada Ley otras materias como las valoraciones del suelo, las expropiaciones, y los supuestos indemnizatorios, dando cumplimiento en definitiva al deslinde competencial entre el Estado y las Comunidades Aut髇omas.

En materia de urbanismo, la STC 61/1997 desencadena, por tanto, un proceso de intenso protagonismo legislativo de las Comunidades Aut髇omas. No -claro es porque se les otorguen m醩 competencias de las que tienen atribuidas en sus Estatutos, sino por raz髇 de que dichas competencias legislativas han de ser efectivamente asumidas por las Comunidades sin que puedan cobijarse en el recurso a la legislaci髇 estatal con car醕ter supletorio.

La Ley pretende resolver la situaci髇 de complejidad normativa, codificando y armonizando, dentro del aclarado marco competencial, el conjunto de preceptos reguladores del urbanismo. Para ello se desarrolla la legislaci髇 b醩ica estatal; sin embargo, quedan fuera de esta Ley las materias de competencia exclusiva del Estado (valoraciones, r間imen jur韉ico, Registro de la Propiedad...), sin perjuicio de que se haga puntual referencia a ellas, en virtud de la notable relaci髇 que existe entre las disciplinas urban韘ticas.

La Rioja, como se ha dicho, no dispone de legislaci髇 urban韘tica propia, ni de un texto con pretensi髇 de globalidad, ni siquiera de una normativa parcial o fragmentaria que regule las cuestiones m醩 relevantes, como sucede en otras Comunidades Aut髇omas. El mismo proceso de indefinici髇 competencial en que ha estado sumido el Derecho urban韘tico espa駉l pr醕ticamente desde la Constituci髇 y hasta la referida STC tampoco ha alentado a la Comunidad Aut髇oma a dise馻r una pol韙ica legislativa propia, que en un momento posterior pudiera entrar en contradicci髇 con la normativa estatal. En estas condiciones, la STC 61/1997 ha servido de acicate a la Comunidad Aut髇oma para encarar de forma decidida la elaboraci髇 de una normativa propia en materia urban韘tica.

Es evidente que el texto refundido de 1976 y restantes normas citadas s髄o han podido servir como soluci髇 transitoria. Se trata de una norma preconstitucional que tanto en sus aspectos organizativos o competenciales como en su propio contenido sustantivo estaba en todo caso necesitada de una profunda revisi髇 y puesta al d韆, sin mengua de la bondad de sus conceptos b醩icos.

Por ello, el Gobierno de La Rioja, desde la publicaci髇 de la STC 61/1997, tuvo presente la necesidad de acometer la elaboraci髇 de un texto legal que diera cumplida respuesta a los problemas urban韘ticos de la regi髇. No pareci� conveniente la adopci髇 de una legislaci髇 provisional que paliara la incertidumbre generada a ra韟 de la STC 61/1997, entre otras razones para evitar en el futuro la acumulaci髇 de situaciones transitorias que a la postre har韆n m醩 compleja la situaci髇 urban韘tica de la regi髇. Se estim�, por el contrario, que el camino correcto era la elaboraci髇 de una Ley urban韘tica en el m醩 breve plazo posible.

Por otra parte, la Comunidad Aut髇oma cuenta con instrumentos de ordenaci髇 territorial en aplicaci髇 desde hace una d閏ada, cuya articulaci髇 con la pol韙ica urban韘tica es a todas luces necesaria. La imbricaci髇 de ambas materias -ordenaci髇 del territorio y urbanismo-, la regulaci髇 de los usos en el suelo no urbanizable de capital importancia en la regi髇, as� como la ocasi髇 deparada por la necesidad de dictar una Ley urban韘tica, han aconsejado acometer al mismo tiempo y en un mismo texto legal la regulaci髇 de los instrumentos de ordenaci髇 territorial, estableciendo as� el marco legal de la pol韙ica territorial cuya definici髇 corresponde a la Comunidad Aut髇oma.

Ejercidas, en suma, por el Estado sus competencias, y habiendo definido sobre todo el r間imen b醩ico de la propiedad del suelo, procede que la Comunidad Aut髇oma, sobre estos principios firmes, aborde la regulaci髇 de los distintos instrumentos y t閏nicas de planificaci髇, gesti髇, disciplina, etc., que tradicionalmente en nuestro Derecho componen la materia 玼rbanismo�. Es evidente que las competencias estatales sobre clasificaci髇 y r間imen b醩ico del suelo condicionan de manera notoria la legislaci髇 urban韘tica, y aunque no se pueda hablar en rigor de una relaci髇 bases-desarrollo (tal como ha afirmado el TC en la sentencia referida), desde el punto de vista de la t閏nica legislativa no se puede negar que las competencias del Estado en estos temas imponen l韒ites evidentes que el legislador auton髆ico no puede soslayar. De este modo, se ha considerado asimismo precipitado proceder a la elaboraci髇 de una Ley urban韘tica sin el s髄ido respaldo de la legislaci髇 estatal. Producida 閟ta, como se ha dicho, la Comunidad Aut髇oma debe abordar con resoluci髇 y hasta urgencia la tarea de asentar y dar fijeza al Derecho urban韘tico de la regi髇.

2.

La situaci髇 descrita en el punto anterior en la que se encuadra el texto legal condiciona, como no pod韆 ser de otra manera, los rasgos b醩icos del mismo. Ante todo, no se pretende en absoluto una creaci髇 ex novo de conceptos, t閏nicas o instrumentos urban韘ticos, sino que muy al contrario la Ley se atiene a los principios y a los instrumentos conceptuales que dimanan de la Ley del Suelo de 1956, y se plasman sucesivamente en los textos refundidos de 1976 y 1992. Cualquier otra orientaci髇 ir韆 en detrimento de la seguridad jur韉ica, que es un objetivo primordial de la Ley. Por esto mismo, luce en ella un af醤 de codificaci髇 y s韓tesis del Derecho urban韘tico. Debe tenerse en cuenta a este respecto que la complejidad del deslinde competencial entre el Estado y las Comunidades Aut髇omas aboca a una dispersi髇 normativa que dificulta la aplicaci髇 de esta ya de por s� compleja legislaci髇. A esta raz髇 obedece por ejemplo la cita o remisi髇 a preceptos de la normativa estatal.

Por otra parte, la Ley procura simplificar y aligerar las t閏nicas urban韘ticas, teniendo sobre todo en cuenta las caracter韘ticas de los asentamientos de poblaci髇 en la regi髇.

Salvo la capital, Logro駉, ning鷑 n鷆leo de poblaci髇 rebasa los veinte mil habitantes, y la inmensa mayor韆 se encuentran claramente por debajo de esa cifra.

El mantenimiento de los principios del Derecho urban韘tico espa駉l no ha impedido incorporar algunas innovaciones, ya contrastadas, de la legislaci髇 auton髆ica dictada desde comienzos de los a駉s 1980, y en particular de aquellas Comunidades Aut髇omas pr髕imas o con rasgos similares a La Rioja. En 鷏timo t閞mino, el marco legal no es un instrumento neutro, est� orientado -que duda cabe- a la obtenci髇 de ciertos objetivos o finalidades. Entre ellas preocupan especialmente al legislador la protecci髇 del patrimonio hist髍ico riojano, el medio ambiente y, no en 鷏timo lugar, la preservaci髇 de los terrenos agr韈olas que constituyen s髄ido cimiento de la econom韆 regional. Todo ello encuentra su cauce adecuado en el articulado de la Ley, en particular en los apartados relativos a la planificaci髇 y al suelo no urbanizable.

3.

Las observaciones anteriores no reflejar韆n en su totalidad el contenido de la Ley si no hici閞amos alusi髇 a otro rasgo muy caracter韘tico, en el que se ha puesto especial empe駉: la adaptaci髇 a las singularidades de la regi髇. Este d閒icit de adaptaci髇 a la realidad regional constitu韆, por razones en parte inevitables, uno de los flancos d閎iles de la legislaci髇 estatal, y era por tanto el aspecto en el que la Comunidad Aut髇oma sent韆 la necesidad de una regulaci髇 m醩 precisa y ajustada a sus caracter韘ticas.

Debe tenerse en cuenta que La Rioja presenta, desde el punto de vista de los asentamientos de poblaci髇, singularidades que a la fuerza condicionan la legislaci髇 urban韘tica y su aplicaci髇. De los 174 municipios de la regi髇 s髄o uno, la capital -Logro駉-, supera los veinticinco mil habitantes -123.841, seg鷑 datos del Censo de 1996-; cinco municipios se sit鷄n entre los cinco mil y los quince mil habitantes (a los que hay que a馻dir Calahorra que supera dicha cifra: 18.926); veinte municipios se sit鷄n entre los mil y los cinco mil habitantes; y por 鷏timo, los restantes 147 municipios no superan los mil habitantes.

De los datos expuestos se deduce la dificultad que, en esta regi髇, ha tenido la aplicabilidad de las disposiciones estatales en materia de ordenaci髇 del territorio y urbanismo. La legislaci髇 auton髆ica que se propone, parte de la idea de superar todas las dificultades anteriores creando una legislaci髇 adaptada a las diversas peculiaridades regionales con el 鷑ico fin de lograr una norma de efectiva aplicaci髇 en toda la Comunidad Aut髇oma de La Rioja.

La Ley hace, por tanto, un especial esfuerzo a la hora de ajustar sus disposiciones a las caracter韘ticas de los distintos municipios. En esta l韓ea se crean dos tipos de instrumentos de planeamiento municipal: el Plan General Municipal y el Plan de Ordenaci髇 de Suelo Urbano, con el fin de que cada municipio pueda optar, en funci髇 de su propia idiosincrasia, por el m醩 acorde a sus expectativas de futuro. Asimismo, se establece una divisi髇 de los municipios en funci髇 del n鷐ero de habitantes, lo que permite acomodar diferentes cuestiones reguladas por la Ley a las necesidades reales del t閞mino municipal en concreto.

La Ley se estructura en ocho t韙ulos, adem醩 del Preliminar, cinco disposiciones adicionales y seis transitorias, junto con la derogatoria y dos disposiciones finales.

4.

En el t韙ulo preliminar, que sintetiza importantes aspectos del contenido de la Ley, se ha buscado un equilibrio entre las competencias auton髆icas y municipales, por un lado, y entre el 醡bito de lo p鷅lico y lo privado, por otro, disponiendo en la misma l韓ea del legislador estatal el respeto a la iniciativa de los propietarios y dem醩 interesados en el proceso de transformaci髇 del suelo y gesti髇 urban韘tica.

5.

El t韙ulo I est� dedicado a la clasificaci髇 y r間imen del suelo, debiendo destacarse, en cuanto a la primera, la plena concordancia con la legislaci髇 estatal a la que anteriormente se ha hecho referencia. Dentro del suelo urbano se distinguen dos categor韆s, consolidado y no consolidado, comprendiendo esta 鷏tima los terrenos remitidos por el planeamiento a procesos integrales de urbanizaci髇 o edificaci髇. Dentro del suelo no urbanizable se distinguen, a su vez, dos categor韆s, el gen閞ico y el de especial protecci髇, entendiendo por el primero los terrenos que, conforme a la estrategia territorial adoptada en el plan, deban excluirse del proceso urbanizador, previa la debida justificaci髇. En cuanto al suelo urbanizable se distingue a su vez entre el delimitado, que incluye los sectores previstos por el plan para garantizar un desarrollo urbano racional, y el no delimitado.

Por lo que se refiere al suelo urbano y urbanizable, y dentro de los m醨genes de la legislaci髇 estatal, se ha procurado ajustar las cesiones de dotaciones y de aprovechamiento a las caracter韘ticas de los municipios de la regi髇, en la l韓ea ya indicada. Del m醲imo exigible a los municipios mayores de veinticinco mil habitantes (10 por 100 de cesi髇 de aprovechamiento en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, y el 25 por 100 de la superficie del sector con destino a dotaciones), se desciende a los municipios con poblaci髇 situada entre mil y veinticinco mil habitantes, en que la cesi髇 para dotaciones se reduce al 15 por 100 de la superficie del sector y la cesi髇 de aprovechamiento de suelo urbanizable a la Administraci髇 actuante se sit鷄 en el 10 por 100 con posibilidad de reducci髇 hasta el 5 por 100, a petici髇 de los Ayuntamientos y previa autorizaci髇 de la Comunidad Aut髇oma. En este tema la Ley ha querido cohonestar la flexibilidad y adaptaci髇 a la realidad municipal, sin mengua del establecimiento de un criterio uniforme asegurado por la intervenci髇 en todo caso de la Administraci髇 auton髆ica. Por 鷏timo, en los municipios con poblaci髇 inferior a mil habitantes la cesi髇 para dotaciones alcanza el 10 por 100 de la superficie del sector, y la cesi髇 de aprovechamiento en suelo urbanizable se fija sin excepciones en el 5 por 100. Tanto en esta categor韆 de municipios como en la anterior, por tanto, hasta el entorno de los veinticinco mil habitantes, se ha desechado la posibilidad de exigir cesi髇 de aprovechamiento en el suelo urbano no consolidado.

En cuanto al suelo no urbanizable, la Ley regula con precisi髇 el r間imen de su uso, distinguiendo las actividades permitidas, autorizables y prohibidas en esta clase de suelo, otorgando a los Ayuntamientos con Plan General competencia para autorizar ciertos usos.

6.

El t韙ulo II regula los instrumentos de ordenaci髇 del territorio. En este punto la Ley se ha limitado, fundamentalmente, a establecer el marco legal de los instrumentos de ordenaci髇 territorial vigentes desde el 30 de junio de 1988. Se trata de las Normas Urban韘ticas Regionales, que como su propio nombre indica tienen un contenido urban韘tico bastante preciso, dando orientaciones para el planeamiento municipal, complement醤dolo en su caso, y regulando de manera especial los usos de suelo no urbanizable para los municipios que cuenten s髄o con Plan de Ordenaci髇 de Suelo Urbano; y del Plan Especial de Protecci髇 del Medio Ambiente Natural, aplicable a la protecci髇 del medio f韘ico, cuyas determinaciones se impondr醤 al planeamiento municipal si son m醩 restrictivas y por tanto m醩 protectoras.

Se recogen finalmente las Directrices de Ordenaci髇 Territorial, de reciente elaboraci髇, que definen el modelo y orientan la pol韙ica territorial de la Comunidad Aut髇oma. Por 鷏timo se incluyen asimismo los Proyectos de Inter閟 Supramunicipal, cuyo objeto son infraestructuras o dotaciones cuyo inter閟 o trascendencia sea supramunicipal.

7.

El t韙ulo III regula las actuaciones de inter閟 regional que permitir醤 a la Comunidad Aut髇oma desarrollar actuaciones industriales, residenciales, terciarias, etc., que excedan de las posibilidades ordinarias de actuaci髇 de las Corporaciones locales. En estos casos la iniciativa de la actuaci髇 ser� en todo caso p鷅lica, lo cual no empece para que en una fase posterior la gesti髇 se lleve a cabo en forma privada por los mecanismos ordinarios previstos en la Ley.

8.

El t韙ulo IV est� dedicado a la regulaci髇 de los instrumentos de planificaci髇 urban韘tica. Siguiendo una vez m醩 el criterio de adaptaci髇 a la realidad regional, se distinguen dos tipos de planes municipales: el Plan General Municipal, obligatorio para los municipios que cuenten con m醩 de mil habitantes, y el Plan de Ordenaci髇 de Suelo Urbano, para los de menos de mil habitantes. El primero, pensado para los municipios con expectativas de crecimiento urbano, ha de contener unas determinaciones generales, y otras espec韋icas para cada una de las clases y categor韆s de suelo. Por el contrario, el Plan de Ordenaci髇 de Suelo Urbano se limita a la regulaci髇 detallada de los usos en este tipo de suelo, si bien podr� establecer zonas para la edificaci髇 colindante con el suelo urbano y delimitar con una serie de cautelas ciertas 醨eas con fines agr韈olas, industriales o ganaderos. Por el contrario, en el suelo no urbanizable ser� de aplicaci髇, en estos casos, las Normas Urban韘ticas Regionales a las que hemos hecho menci髇 anteriormente.

En cuanto al planeamiento de desarrollo municipal, la Ley mantiene los criterios habituales en el Derecho urban韘tico espa駉l de distinci髇 entre los planes parciales y especiales, haciendo especial 閚fasis en los planes de iniciativa particular, cuya presentaci髇 por los propietarios afectados expresamente se reconoce.

Se ha procurado tambi閚 simplificar y reducir los plazos en la medida de lo posible, y en cuanto a la aprobaci髇 del planeamiento se ha seguido el criterio de que la aprobaci髇 o tutela auton髆ica ha de limitarse a un control de legalidad. Por lo dem醩 se utiliza nuevamente la distinci髇 entre municipios mayores y menores de veinticinco mil habitantes a los efectos de la apro- baci髇 tanto del planeamiento municipal como del de desarrollo. As�, la aprobaci髇 definitiva del planeamiento de desarrollo en los mayores de veinticinco mil habitantes corresponde al Ayuntamiento. En todos estos procedimientos tiene una presencia relevante la Comisi髇 de Ordenaci髇 del Territorio y Urbanismo.

9.

El t韙ulo V trata de la ejecuci髇 del planeamiento, o gesti髇 urban韘tica, combinando instrumentos tradicionales de nuestro Derecho y ciertas innovaciones introducidas en los 鷏timos a駉s en la legislaci髇 auton髆ica. Parte la Ley del principio de que la ejecuci髇 debe realizarse mediante unidades de ejecuci髇, tanto en suelo urbanizable como en suelo urbano no consolidado, procediendo en otro caso la actuaci髇 individualizada.

El desarrollo de las unidades de ejecuci髇 se realizar� mediante los sistemas consagrados en el Derecho urban韘tico espa駉l (compensaci髇, cooperaci髇 y expropiaci髇), si bien se ha a馻dido la concesi髇 de obra urbanizadora. En cuanto a la elecci髇 del sistema de actuaci髇, la Ley recupera la preferencia a favor del sistema de compensaci髇, que parece lo m醩 acorde con una regulaci髇 en la que el propietario y su iniciativa se sit鷄n en el centro de la actividad urban韘tica, si bien, por razones de urgencia o necesidad o para la construcci髇 de viviendas de protecci髇 p鷅lica, la Administraci髇 actuante puede decantarse inicialmente por cualquiera de los otros sistemas. La Ley introduce, en el marco de los criterios ya dichos sobre la elecci髇 del sistema de actuaci髇, el sistema de concesi髇 de obra urbanizadora, por el cual un concesionario asume la realizaci髇 de las obras de urbanizaci髇 as� como la distribuci髇 de los beneficios y cargas entre los propietarios.

En este mismo t韙ulo se regulan tambi閚 los convenios urban韘ticos, si bien por su contenido en algunos casos puede exceder de lo que propiamente se entiende por gesti髇 urban韘tica. Mediante los convenios se pretende agilizar y flexibilizar la gesti髇 urban韘tica, acortando sobre todo plazos de tramitaci髇, y si bien su aplicaci髇 puede extenderse a todo tipo de suelo, debe encontrar en el urbanizable no delimitado su campo natural de aplicaci髇. No existe por lo tanto otro l韒ite al convenio que el incumplimiento de normas imperativas legales o reglamentarias, o la planificaci髇 urban韘tica y territorial.

Dentro de la obtenci髇 de terrenos dotacionales la Ley regula la ocupaci髇 directa, introducida en nuestro Derecho por la Ley de Valoraciones de 1990, y que ha demostrado ser un eficaz instrumento de gesti髇, combinando la facilidad en la obtenci髇 de terrenos dotacionales y las garant韆s para el particular, a trav閟 del reconocimiento de su derecho en una unidad de ejecuci髇 excedentaria; se admite incluso que en el suelo urbano consolidado pueda utilizarse la ocupaci髇 directa previa valoraci髇 pericial de los terrenos y de los aprovechamientos que les correspondan.

10.

El t韙ulo VI regula la intervenci髇 en el mercado del suelo, en la que se incluye la creaci髇 de los Patrimonios Municipales de Suelo, con car醕ter potestativo por entender que muchos de los municipios que dispongan de planeamiento municipal no necesitar醤 constituir este tipo de patrimonio. Tambi閚 se prev� la creaci髇 de un Patrimonio Regional del Suelo, vinculado naturalmente a las zonas de inter閟 regional reguladas en el t韙ulo III.

Para los municipios con poblaci髇 superior a veinticinco mil habitantes se prev� tambi閚 el posible ejercicio de los derechos de tanteo y retracto con la finalidad de facilitar la gesti髇 urban韘tica y en general, intervenir en el mercado inmobiliario.

11.

El t韙ulo VII regula la edificaci髇 y uso del suelo, debiendo destacarse el establecimiento de un procedimiento para el otorgamiento de licencias urban韘ticas, as� como la exigencia de creaci髇 de un Registro de Solares, con la consiguiente venta forzosa, para los municipios con poblaci髇 superior a veinticinco mil habitantes.

12.

El t韙ulo VIII regula la disciplina urban韘tica, con un cap韙ulo referido a la protecci髇 de la legalidad urban韘tica y otro sobre infracciones urban韘ticas. En cuanto a 閟tas, se han tipificado en tres grandes grupos: muy graves, graves y leves, previendo la subrogaci髇 auton髆ica para el caso de inactividad municipal en el caso de las graves y muy graves. En este caso el importe de la multa corresponder� a la Comunidad Aut髇oma.

13.

De las disposiciones adicionales y transitorias debe destacarse la creaci髇 de un Servicio de Inspecci髇 Urban韘tica en la Consejer韆 competente en la materia para el control de las infracciones urban韘ticas graves y muy graves; asimismo, se exige la adaptaci髇 del planeamiento a los t閞minos de esta Ley, aplicando mientras tanto unos criterios de equivalencia entre las distintas clases de suelo, que facilite la ejecuci髇 de los planes. Una vez m醩 se singulariza la situaci髇 de los municipios con poblaci髇 superior a veinticinco mil habitantes, exigi閚doles la delimitaci髇 de su suelo urbano no consolidado. Por 鷏timo, la transitoria sexta prev� los Planes Especiales de Regularizaci髇 Urban韘tica, cuya finalidad es legalizar ocupaciones de suelo desarrolladas al margen de la legalidad que sean susceptibles de ajustarse a 閟ta, y contando con la colaboraci髇 de los particulares afectados, que deben instar a la Administraci髇 la tramitaci髇 del expediente de regularizaci髇.

14.

El texto se completa con una disposici髇 derogatoria y dos finales, debiendo destacarse la remisi髇 a los Reglamentos de Planeamiento Urban韘tico, Gesti髇 Urban韘tica, Disciplina Urban韘tica y Edificaci髇 Forzosa, mientras no se apruebe el Reglamento de ejecuci髇 de esta Ley.

En consecuencia, esta Ley se dicta de acuerdo con el art韈ulo 8.1.8 del Estatuto de Autonom韆 de La Rioja, que atribuye competencia exclusiva a la Comunidad Aut髇oma en materia de urbanismo.