Ley Foral 17/2000, de 29 de diciembre, reguladora de la aportación económica de los usuarios a la financiación de los servicios por estancia en centros para la tercera edad

Artículo 9 Concepto de prestación económica

Son prestaciones económicas a los efectos de esta Ley Foral aquellas cantidades entregadas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a los usuarios de centros ajenos de atención a la Tercera Edad para el pago de los servicios recibidos en los mismos.

Estas cantidades deberán ser reintegradas en los términos establecidos por esta Ley Foral teniendo este reintegro la consideración de ingreso de derecho público.

Artículo 10 Determinación de la prestación

La determinación de la cuantía de la prestación individual corresponde al Instituto Navarro de Bienestar Social.

Para la determinación de la cuantía de la prestación mensual se tendrá en cuenta la diferencia entre la aportación efectiva de la persona usuaria, calculada conforme al apartado tercero de este artículo y el precio máximo fijado por esta Ley Foral en el apartado tercero del artículo 4. Esta prestación en ningún caso superará la cantidad equivalente a 1'6 veces el Salario Mínimo Interprofesional mensual, para plazas de asistidos y 0,7 veces el Salario Mínimo Interprofesional mensual para plazas de válidos.

La aportación que la persona usuaria pueda hacer al pago de los servicios que recibe será calculada en base a su renta, capital mobiliario e inmobiliario, siempre que produzcan unos rendimientos anuales y del número de personas que compongan la unidad familiar.

Artículo 11 Obligaciones económicas de las personas perceptoras

Las personas perceptoras de esta prestación estarán obligadas a reintegrar al Instituto Navarro de Bienestar Social, en la forma establecida en esta norma, la cantidad resultante de la diferencia entre su aportación y el precio fijado por este organismo para sus centros propios o concertados. El resto de la cantidad prestada, en consecuencia, no deberá reintegrarse.

Para asegurar este reintegro, se les exigirá la constitución de garantías reales o personales, en cualquiera de las formas establecidas en derecho. En el cálculo del patrimonio sobre el que se aportarán garantías se exceptuará una cantidad equivalente a 12 veces el Salario Mínimo Interprofesional mensual.

Estas garantías podrán ser revisadas periódicamente de oficio o a solicitud de parte.