Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica

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Sumario

Véase la Res. 15 julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del R.D.-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica («B.O.E.» 18 julio).LE0000671136_20200719

I

A raíz de la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional provocada por el COVID-19, el pasado 11 de marzo, numerosos países, y entre ellos España, han tenido que reaccionar de manera urgente ante la rápida propagación de la citada pandemia, impulsando diversas medidas que amortigüen su impacto económico en todos los sectores productivos del país, así como en su ámbito social, especialmente en la protección del empleo, el mantenimiento de las rentas en la unidad familiar y la atención de los ciudadanos en situación más vulnerable.

A su vez, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que incluye, entre otras cuestiones, importantes limitaciones a la libertad de circulación, con los efectos inherentes que conlleva en los trabajadores, tanto autónomos como por cuenta ajena, sector empresarial y ciudadanos.

En estas circunstancias excepcionales, la política energética debe estar orientada, teniendo en cuenta su objeto y ámbito de aplicación en la actual Transición Energética, a impulsar una serie de medidas que favorezcan la recuperación económica, la movilización de recursos financieros tanto nacionales como de la Unión Europea, la creación de empleo sostenible, y la necesaria colaboración entre las políticas presupuestarias, monetarias, financieras y estructurales.

En el contexto de la emergencia sanitaria y su determinante impacto económico, debemos analizar la situación climática actual, que pretende impulsar el proceso de transición del sistema energético español hacia uno climáticamente neutro, descarbonizado, con un impacto social que sea justo y beneficie a los ciudadanos más vulnerables. En este sentido, se ha presentado recientemente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2019 (Cumbre del Clima COP 25) el Pacto Verde Europeo «Green Deal», que se configura como la hoja de ruta climática en la Unión Europea para los próximos años, y comprenderá todos los sectores de la economía, especialmente los del transporte, la energía, la agricultura, los edificios y las industrias, como las de la siderurgia, el cemento, las TIC, los textiles y los productos químicos.

Los efectos del COVID-19 sobre la economía y sobre el sistema energético, lejos de suponer una amenaza para la necesaria descarbonización de las economías, representan una oportunidad para acelerar dicha transición energética, de manera que las inversiones en renovables, eficiencia energética y nuevos procesos productivos, con la actividad económica y el empleo que estas llevarán asociadas, actúen a modo de palanca verde para la recuperación de la economía española.

La necesidad de impulsar la agenda de descarbonización y sostenibilidad como respuesta a la crisis es compartida en el ámbito europeo y, en este contexto, España está en condiciones de liderar este proceso, aprovechando las ventajas competitivas de nuestro país en ámbitos como la cadena de valor industrial de las energías renovables, la eficiencia energética o la digitalización.

A su vez, debido al papel fundamental de la electricidad en el proceso de descarbonización de la economía, es condición indispensable garantizar el equilibrio y la liquidez del sistema eléctrico, que se han visto amenazados en los últimos tiempos por factores coyunturales, como la caída brusca de la demanda y los precios como consecuencia de la crisis del COVID-19.

Es por ello necesario adoptar con carácter urgente las medidas regulatorias que permitan superar las barreras advertidas en el proceso de transición energética y dotar de un marco atractivo y cierto para las inversiones, impulsando el proceso de reactivación económica y su electrificación y la implantación masiva de energías renovables, al tiempo que se respeta el principio de sostenibilidad del sistema eléctrico.

Las medidas contenidas en esta norma se configuran con la finalidad de garantizar una transición energética, limpia, justa, fiable, y económicamente competitiva, especialmente importante en el escenario que se plantea una vez superado el estado de alarma. Por lo tanto, es ineludible abordar con carácter inmediato diversas medidas que se exponen a continuación, y para una adecuada explicación sistemática, las materias reguladas en este real decreto ley se dividen en cuatro grandes bloques, que comprenden los títulos I a III, junto con las disposiciones de la parte final que completan este marco.

Por otra parte, el título IV comprende una serie de medidas para la reactivación de la actividad económica y el empleo en diferentes ámbitos.

II

El presente real decreto-ley consta de un preámbulo y una parte dispositiva estructurada en cuatro títulos que comprenden doce artículos, seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, nueve disposiciones finales y un anexo.

El primer bloque se refiere a diversas medidas para el desarrollo ordenado e impulso de las energías renovables, que incluye la regulación del acceso y conexión, para ordenar una cantidad muy elevada de solicitudes de acceso a la red eléctrica por instalaciones de energías renovables, que están absorbiendo la capacidad de evacuación de la red, con los riesgos inherentes a esta situación. En concreto, se ha convertido en el recurso escaso que limita y condiciona el despliegue de la nueva generación renovable.

De este modo, el artículo 1 regula las condiciones para mantener el acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad, atendiendo a la viabilidad técnica y a la solidez de los proyectos, en función del cumplimiento de los sucesivos hitos administrativos que son necesarios para la autorización y ejecución de los mismos.

A estos efectos, los plazos máximos que se establecen para el cumplimiento de los distintos hitos tienen en cuenta, por un lado, la antigüedad del permiso y, por otro, la naturaleza del trámite administrativo de que se trate. Así, se distinguen cuatro cohortes de permisos de acceso: los concedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los concedidos desde la entrada en vigor de esta y hasta el 31 de diciembre de 2017, los concedidos desde el 1 de enero de 2018 y hasta la entrada en vigor de este real decreto-ley y, por último, los que se concedan tras la entrada en vigor de esta norma.

Para el primer bloque de permisos se ha optado por no establecer ningún hito administrativo ya que la disposición transitoria octava de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, ya regula su caducidad.

Para el segundo conjunto, que constituyen los permisos de mayor antigüedad carentes en la actualidad de una regulación expresa y clara sobre su caducidad, se establecen unos hitos con un primer plazo más exigente, que permitirá liberar casi inmediatamente aquella capacidad que no esté vinculada a un proyecto mínimamente maduro, pero no impedirá continuar con la tramitación de aquellos proyectos firmes y viables. A estos efectos, la norma establece para estos permisos una vigencia total máxima de cinco años a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, en coherencia con lo anticipado en el artículo 33.8 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

Para el tercer y cuarto bloque de permisos se establecen los mismos hitos y plazos, si bien estos plazos computarán desde momentos distintos: para los permisos obtenidos antes de la entrada en vigor del real decreto-ley, lo harán desde esta fecha; para los que se concedan después, los plazos computarán desde la fecha de obtención del permiso.

El incumplimiento de los hitos supondrá la caducidad automática de los permisos y la ejecución inmediata de las garantías económicas presentadas para la tramitación de la solicitud de acceso a las redes de transporte y distribución, si bien se exceptúan de lo anterior aquellos casos en los que, por causas no imputables al promotor, no se produjese una declaración de impacto ambiental favorable.

Se trata de una regulación proporcional y ponderada al fin perseguido y que tiene en cuenta las circunstancias distintas de las distintas cohortes de permisos, lo que justifica que los plazos que se exigen no sean los mismos para un permiso otorgado a finales de 2013 –por el que ya han transcurrido más de 6 años desde su concesión– que para un permiso concedido apenas unos días antes de la entrada en vigor de esta norma.

No obstante, en todos los casos se da la opción a los titulares de los permisos de renunciar a los mismos en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, procediéndose a la devolución de las garantías económicas presentadas.

Con esta regulación se evitará retrasar o paralizar un elevado número de proyectos solventes, y en particular, impedir el acompañamiento de las nuevas inversiones a los procesos de cierre de centrales.

En este bloque también se aborda un nuevo mecanismo de concurrencia competitiva para proyectos de energía renovable, que permitirá dotar a estas tecnologías de un marco retributivo predecible y estable. De este modo, las futuras subastas cumplirán un triple objetivo, ya que permitirán avanzar hacia la descarbonización de la economía, impulsando las inversiones y reduciendo el coste de la energía eléctrica, objetivos estos últimos, de especial interés en la situación económica generada por el COVID-19.

Se habilita al Gobierno a establecer otro marco retributivo, alternativo al régimen retributivo específico, al objeto de favorecer la previsibilidad y estabilidad en los ingresos y financiación de las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable que se construyan, lo que es imprescindible para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos renovables con la urgencia, que resulta necesaria para alcanzar los compromisos comunitarios e internacionales asumidos por España en esta materia.

Adicionalmente, este nuevo marco retributivo se constituye como el mejor mecanismo para dar traslado a los consumidores, de forma directa, de los ahorros asociados a la incorporación al sistema eléctrico de nueva potencia renovable con bajos costes de generación. Para ello, el referido marco retributivo se otorgará mediante un mecanismo de concurrencia competitiva en el que la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de la energía.

En aras de mantener un parque de generación equilibrado, que maximice la penetración de tecnologías renovables no gestionables sin riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico, así como una correcta programación en la senda de penetración de renovables, los procedimientos de concurrencia competitiva que se convoquen, que deberán estar orientados a la eficiencia en costes, podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada. Igualmente, se podrán establecer mecanismos al objeto de considerar las particularidades de las comunidades de energías renovables y de las instalaciones de pequeña magnitud y proyectos de demostración a efectos del otorgamiento del nuevo marco retributivo.

En la Unión Europea se han fijado objetivos en materia de energías renovables como parte de su política de Acción Climática en dos horizontes temporales, 2020 y 2030. Estos horizontes han sido desarrollados con objetivos específicos en distintos marcos:

• – El Paquete Clima y Energía 2020 que contiene legislación vinculante que garantizará el cumplimiento de los objetivos climáticos y de energía asumidos por la UE para 2020. En materia de energías renovables el objetivo vinculante es del 20 % en 2020.
• – El Marco Energía y Clima 2030, que contempla una serie de metas y objetivos políticos para toda la UE durante el periodo 2021-2030. Cada Estado miembro debe presentar su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, donde también es necesario incluir objetivos en materia de energías renovables en hitos intermedios 2022, 2025, 2027 y 2030.

El próximo PNIEC 2021-2030 establece como objetivo para el año 2030 que las energías renovables representen un 42 % del consumo de energía final en España. De forma congruente con dicho objetivo, el plan define una serie de objetivos intermedios para la cuota de participación de las energías renovables, situándola en un 24 % para el año 2022 y un 30 % para el año 2025. Esto supone que la generación renovable eléctrica deberá aumentar, según los datos recogidos en el plan, en unas 2.200 ktep en el periodo 2020–2022 y en aproximadamente en 3.300 ktep en el periodo 2022-2025, para lo que será necesario un rápido aumento de la potencia del parque de generación a partir de fuentes de energía renovable. En el periodo 2020-2022 el parque renovable deberá aumentar en aproximadamente 12.000 MW y para el periodo 2020-2025 en el entorno de 29.000 MW, de los que aproximadamente 25.000 MW corresponden a tecnología eólica y fotovoltaica.

Por otra parte, en los últimos tiempos se han implementado en países de nuestro entorno mecanismos de concurrencia competitiva similares a los planteados en este real decreto-ley, con resultados satisfactorios, que reflejan un precio por unidad de energía generada notablemente inferior a los precios registrados en el mercado eléctrico. La traslación de estos ahorros económicos al consumidor en general y a la industria en particular, resulta urgente a efectos de no poner obstáculos en la competitividad de la economía española.

El artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, establece que, excepcionalmente, el Gobierno podrá establecer un régimen retributivo específico para fomentar la producción a partir de fuentes de energía renovables mediante una retribución adicional a los ingresos por la venta de la energía en el mercado. Este régimen retributivo se apoya en la premisa de que el coste de generación de las instalaciones renovables es superior a los ingresos que obtienen por la venta de la energía que generan. Sin embargo, el desarrollo tecnológico ha permitido que ciertas tecnologías generen energía eléctrica con costes inferiores al precio de mercado. En estos casos, el régimen retributivo específico existente no permite trasladar a los consumidores la reducción de los costes de generación.

Por lo anterior, es necesaria una norma con rango legal, que habilite expresamente al Gobierno a establecer nuevos sistemas de apoyo para las tecnologías renovables, coherente con la evolución tecnológica y económica de estas tecnologías y que traslade directamente los ahorros al consumidor de electricidad.

A la vista de los objetivos definidos en el PNIEC 2021-2030 y teniendo en cuenta el largo periodo de maduración de los proyectos de tecnologías renovables, así como la reducción de costes experimentada por estas tecnologías, se evidencia la urgente necesidad de establecer nuevos mecanismos de impulso que permitan dotar a las instalaciones renovables de un marco retributivo predecible y estable, de forma que se favorezca su desarrollo.

Entre las medidas incluidas en el primer bloque también se encuentran varias disposiciones que tienen como finalidad la mejora y simplificación en la tramitación de los procedimientos de autorización de la construcción, ampliación, modificación y explotación de las instalaciones eléctricas de producción, transporte y distribución, según lo previsto en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Las medidas referidas en los ámbitos de la regulación del acceso y conexión y del marco retributivo para las renovables van a permitir, como se ha explicado, impulsar la inversión en nuevas instalaciones, generando actividad económica y empleo en la cadena de valor industrial.

En esta reforma también se incluye el concepto de modificación no sustancial de instalaciones de generación que hayan obtenido autorización administrativa, conforme al artículo 53.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, debiendo únicamente obtener la autorización de explotación, previa acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y del equipo asociado, las que cumplan las características previstas en el real decreto ley. A su vez, y también con el fin de dotar firmeza a los permisos de acceso solicitados y concedidos, se incorporan los criterios para la consideración de una misma instalación de generación a efectos de los permisos de acceso y conexión.

III

El segundo bloque contiene una serie de medidas para el impulso de nuevos modelos de negocio que van a ser muy relevantes en la transición energética, a la vez que permitirán el desarrollo y la ejecución de inversiones y la creación de empleo sostenible y de calidad.

Las medidas citadas implican la modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con la finalidad de eliminar barreras administrativas, implementado al mismo tiempo un nuevo marco jurídico que permita impulsar la actividad económica, la competitividad del sector, el empleo, la digitalización, la descarbonización y neutralidad climática en el contexto de la Transición Energética. De este modo, se incorporan disposiciones relativas al almacenamiento, agregadores independientes, comunidades de energías renovables, hibridación, infraestructuras de recarga de alta capacidad >250kW, autorización simplificada de proyectos de I+D+i, bancos de prueba regulatorios, autorización simplificada de instalaciones de red móviles, así como la optimización del uso de la capacidad de acceso concedida.

De este modo, la implantación masiva de generación renovable no gestionable y el cierre de las centrales térmicas están provocando una pérdida de gestionabilidad del sistema, lo que puede poner en riesgo la seguridad del suministro. Por ello, debe introducirse urgentemente en la legislación la figura del almacenamiento, en línea con lo previsto en la Directiva 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE y en el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad. Mediante el apartado Uno del artículo 4, se introduce una modificación a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, para incluir la definición de instalaciones de almacenamiento, las cuales podrán ser titularidad de distintos sujetos del sistema eléctrico. Esta definición se realiza sin perjuicio de la titularidad de los bombeos de dichos sistemas previsto en la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

Por otra parte, y en relación al uso de los permisos de acceso y conexión y con el objetivo de incrementar la utilización y gestión de energía renovable que conduzca al cumplimiento de los objetivos del próximo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC 2021-2030), se hace necesario con carácter urgente maximizar la utilización de las redes ya existentes y minimizar los impactos ambientales.

Para este fin, el artículo 4 habilita la hibridación, esto es, el acceso a un mismo punto de la red de instalaciones que empleen distintas tecnologías de generación siempre que esto resulte técnicamente posible. Con este mismo fin, el apartado cinco de la disposición final primera modifica la redacción actual de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, para permitir la autorización de instalaciones con una potencia instalada superior a la potencia de acceso y conexión otorgada, siempre que se respeten estos límites de evacuación en la operación de la planta. Se elimina así una restricción normativa injustificada que evitaba el diseño eficiente de las instalaciones para un aprovechamiento óptimo del recurso renovable. En este sentido, con respecto al régimen de autorizaciones, toda referencia a instalaciones de generación deberá entenderse tanto a aquellas que sean titularidad de un productor como a las que sean titularidad de otros sujetos del sistema eléctrico. De esta manera, con las dos medidas señaladas, se permite instalar más potencia de la que se puede evacuar en un momento dado tanto si se hace hibridando tecnologías como si se realiza con la misma tecnología de generación. Puesto que el recurso no tiene por qué coincidir temporalmente, permitirá optimizar la evacuación de energía, logrando así un mayor aprovechamiento de la red existente, una mejor utilización del recurso renovable y unas mayores sinergias ambientales.

Se trata, en ambos casos, de medidas que permitirán el desarrollo rápido y eficiente de un gran número de proyectos renovables, optimizando la red ya construida, minimizando el coste para los consumidores, aliviando la presión sobre nuevas solicitudes de acceso y generando efectos positivos e inmediatos sobre la actividad y el empleo industrial, dotando a su vez de seguridad jurídica al marco normativo aplicable.

A su vez, entre las nuevas figuras que se recogen en la Directiva y el Reglamento del mercado interior arriba señalados, se encuentra la definición de la agregación y de la figura del agregador independiente, que son aquellos sujetos que prestan servicios de agregación y que no está relacionado con el suministrador del cliente, entendiendo por agregación combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o de varios generadores para su venta, compra o subasta en cualquier mercado de electricidad. Esta figura introducirá en el mercado un mayor dinamismo en un momento en que están entrando un gran número de nuevos sujetos. En los apartados uno, tres y cuatro de la disposición final primera se introducen los cambios necesarios para el desarrollo de dichas figuras.

Adicionalmente, parte de las funciones que se entienden por agregación y que, por tanto, pueden ser realizadas por un agregador independiente, ya se encontraban recogidas en la Directiva 2012/27 relativa a la eficiencia energética, concretamente en el artículo 15.8 de dicha norma en el que se señala que «Los Estados miembros velarán por que las autoridades reguladoras nacionales de la energía propicien la participación de los recursos de la parte de la demanda, como la respuesta de la demanda, junto con la parte de la oferta en los mercados mayoristas y minoristas».

A este respecto, la Comisión Europea en su dictamen motivado relativo a la infracción n.º 2018/2255 menciona, en su punto 5, la aplicación incorrecta por parte del Reino de España del artículo 15.8 de la Directiva 2012/27 relativa a la eficiencia energética. Como consecuencia de lo anterior, se considera urgente la incorporación al ordenamiento jurídico español de la definición de agregación y de la figura del agregador independiente, lo que impulsará la respuesta dinámica de la demanda y con ello se podrá dar por traspuesto el precitado artículo 15.8 de la Directiva 2012/27.

También en relación a las nuevas figuras introducidas procedentes de las directivas europeas, se incorpora la definición de las comunidades de energías renovables, tal y como están previstas en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Esta figura, de acuerdo con dicha directiva, tiene como fin la participación de los ciudadanos y autoridades locales en los proyectos de energías renovables, lo que permitirá una mayor aceptación local de estas energías y una participación mayor de los ciudadanos en la transición energética.

Por otra parte, y con el fin de permitir que la red de transporte goce de cierta flexibilidad y de evitar que el hecho de ser una red planificada se convierta en un obstáculo de cara a lograr una mayor electrificación de la economía, se permite que, de forma excepcional, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros se puedan introducir en la planificación de la red de transporte determinadas instalaciones que se haya demostrado que puedan resultar críticas para la electrificación de la economía y transición energética.

Al mismo tiempo, se habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial de autorización de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i, de manera que se tengan en cuenta las singularidades de los proyectos piloto y de demostración que, por su naturaleza, tienen un grado de indefinición elevado y unos plazos de desarrollo y operación específicos. Este tipo de proyectos, en un momento de cambio tecnológico como el actual, representan una oportunidad tecnológica, energética e industrial en ámbitos como el almacenamiento, las energías marinas o la gestión de las redes, entre otros, que se constituyen en un factor estratégico para el impulso económico, tanto a corto como a medio plazo.

En el mismo ámbito de la I+D+i, mediante esta norma también se introduce una habilitación al Gobierno para que pueda establecer bancos de pruebas regulatorios. Estos bancos de pruebas, o «sandboxes regulatorios», permitirán que se introduzcan novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias que contribuyan a facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico.

En el artículo 4 también se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución que, por su naturaleza y singularidad, no se justifica que deban someterse al procedimiento general de autorización. Este tipo de instalaciones móviles, tales como transformadores, reactancias u otros elementos basados en la electrónica de potencia, van a desempeñar un papel cada vez más relevante para la transición energética, al permitir maximizar las renovables en un sistema eléctrico en constante evolución y que, por tanto, requiere de elementos móviles que doten de flexibilidad y agilidad a su operación. Asimismo, ante situaciones de reparación de averías, por ejemplo, a causa de eventos meteorológicos adversos, puede ser necesaria la instalación transitoria de elementos tales como posiciones móviles, las cuales también podrán acogerse a este tipo de autorización.

Por otra parte, uno de los motivos que se presenta como una barrera a la electrificación de la automoción es la insuficiencia de estaciones de recarga en las vías interurbanas, especialmente en los puntos de las vías de alta capacidad que están alejados de los núcleos urbanos. Este hecho hace que los compradores que se plantean la posibilidad de adquirir un vehículo eléctrico para todo uso –no solo urbano- sufran la llamada «ansiedad de rango» o «ansiedad de autonomía», lo que desincentiva la adquisición de este tipo de vehículos. Con el fin de facilitar el despliegue de una red suficiente de estaciones de recarga de alta potencia se introduce la necesidad de autorización de estas y se les otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW). Esta medida, que ha sido solicitada reiteradamente por el sector de la automoción eléctrica, viene motivada por la necesidad de construir líneas eléctricas de media o elevada longitud para alimentar los puntos de recarga de vías interurbanas.

IV

El tercer bloque regula las medidas para el fomento de la eficiencia energética, que se concreta en una modificación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, para extender la vigencia del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética hasta 2030, adaptando el procedimiento de cálculo de las obligaciones de ahorro de cada sujeto obligado para dotar al sistema de una mayor transparencia y previsibilidad para los sujetos obligados, así como de una mayor flexibilidad en la gestión, para que una modificación de las ventas de cualquier índole no suponga un necesario recálculo de las contribuciones de todos los sujetos obligados. La extensión de la vigencia del sistema de obligaciones se lleva a cabo sin perjuicio del desarrollo futuro de un mecanismo complementario para el cumplimiento de las obligaciones de ahorro mediante la ejecución directa de proyectos de eficiencia energética y la presentación de los correspondientes Certificados de Ahorro Energético.

La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, creó un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión y estableció acciones concretas a fin de alcanzar un notable ahorro de energía acumulado en el periodo 2014-2020.

De acuerdo con el artículo 7 de la citada Directiva 2012/27/UE, cada Estado miembro debía justificar una cantidad de ahorro de energía acumulado para el periodo 2014-2020. Por otra parte, el citado artículo 7 determinaba que cada Estado miembro establecería un sistema de obligaciones de eficiencia energética mediante el cual los distribuidores de energía y/o las empresas minoristas de venta de energía quedarían obligados a alcanzar en el año 2020 el objetivo de ahorro indicado mediante la consecución anual, a partir del año 2014, de un ahorro equivalente al 1,5 % de sus ventas anuales de energía.

Asimismo, el artículo 20 de la Directiva permitió a los Estados miembros crear un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, como respaldo de las iniciativas nacionales de eficiencia energética.

En consecuencia, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, estableció un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética en virtud del cual se asigna a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor, en adelante sujetos obligados del sistema de obligaciones, una cuota anual de ahorro energético denominada obligación de ahorro.

A raíz del establecimiento de este sistema, anualmente se ha definido mediante Orden ministerial el objetivo de ahorro anual, los porcentajes de reparto entre los correspondientes sujetos obligados y las cuotas u obligaciones de ahorro resultantes y su equivalencia financiera.

Considerando que, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 18/2014, el periodo de duración del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética finalizará el 31 de diciembre de 2020, y que la citada Directiva 2012/27/UE ha sido revisada mediante la Directiva (UE) 2018/2002, ampliando el alcance del sistema de obligaciones de eficiencia energética a un nuevo período de obligación, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2030, para que la UE logre sus objetivos de eficiencia energética para 2030 y cumpla su compromiso de situar a los consumidores en el centro de la Unión de la Energía, es necesario extender la vigencia del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética. A este respecto, cabe señalar el carácter urgente con el que hay que extender la citada vigencia, dado que la mencionada Directiva (UE) 2018/2002 indica, en su artículo 2, que los Estados miembros adoptarán, a más tardar el 25 de junio de 2020, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en ella. Con la entrada en vigor, las modificaciones del artículo 7 y 7 bis tienen un impacto en la aplicación de la obligación de ahorro de energía para el período de obligación de 2014 a 2020.

Además, se adapta el procedimiento de cálculo de las obligaciones de ahorro de cada sujeto obligado para dotar al sistema de una mayor transparencia y previsibilidad para los sujetos obligados, así como de una mayor flexibilidad en la gestión, para que una modificación de las ventas de cualquier índole no suponga un necesario recálculo de las contribuciones de todos los sujetos obligados.

V

Finalmente, en el cuarto bloque, parte final del real decreto-ley, se adoptan una serie de medidas sectoriales que complementan la regulación prevista en el articulado de este real decreto ley, entre las que destacan aquellas que tienen como objetivo principal mitigar los efectos negativos de la situación provocada por la crisis del COVID-19 sobre los sujetos que operan en los mercados energéticos y las destinadas a asegurar el equilibrio y la liquidez en el sistema eléctrico, requisito necesario para la continuidad de la actividad y el impulso de nuevas inversiones y, por tanto, el éxito de la transición energética.

En los últimos dos años se está produciendo el cierre de las centrales térmicas de carbón, este hecho tiene un fuerte impacto en la situación económica de determinadas comarcas de España en la que sus ciudadanos dependen de los puestos de trabajo generados directa o indirectamente por estas centrales de producción. Para favorecer la generación de actividad económica alternativa, en el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, se introdujo una disposición adicional en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre que permite regular procedimientos y establecer requisitos para la concesión de la totalidad o de parte de la capacidad de acceso de evacuación de los nudos de la red afectados por dichos cierres que, además de los requisitos técnicos y económicos, ponderen los beneficios medioambientales y sociales. Para poder diseñar esos procedimientos, resulta necesario conocer en esos nudos concretos la capacidad de acceso existente, tomando en consideración la evolución de la tecnología y de los criterios técnicos y de seguridad. Por este motivo, en la disposición adicional primera se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas a la petición al operador del sistema para que informe de la capacidad de los nudos de transición justa que se detallan en el anexo aplicando criterios asociados a la potencia de cortocircuito y a la estabilidad estática y dinámica de la red.

Los límites máximos de inversión en las redes eléctricas de transporte y distribución se encuentran establecidos en función del PIB, por lo que un descenso en este indicador supondrá un descenso en la inversión. Con el fin de compensar la caída que se produciría en términos absolutos en la inversión en las redes motivada por el fuerte descenso del PIB causado por el COVID-19, en la disposición adicional segunda se aumentan excepcionalmente los límites máximos expresados como porcentaje del PIB para así mantener el ritmo inversor previsto originalmente y poder acometer las inversiones necesarias para la integración de la nueva generación renovable. Asimismo, y con el fin de incrementar el nivel de interconexiones de la red de transporte tanto con países del mercado interior como con terceros países, sin que a su vez esto suponga una restricción a las inversiones necesarias en la red de transporte del interior al país, durante el periodo 2021-2026, en el cálculo del volumen anual de inversión sujeto a la limitación de cantidad de la red de transporte no se computará el volumen de inversión motivado por interconexiones internacionales.

La Estrategia de Transición Justa del Marco Estratégico de Energía y Clima, constituye el instrumento de ámbito estatal dirigido a la optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo hacia la transición ecológica de la economía, y a la identificación y adopción de medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a trabajadores y territorios en dicha transición. Para aquellas zonas donde la transición energética y ecológica pueda poner en dificultades a las empresas y actividades económicas de dichas áreas, se establecerán Convenios de Transición Justa que propongan un plan de acción territorial integral para tales zonas, con vistas a la creación de actividad y empleo en la zona, a la fijación de población en los territorios y a una diversificación y especialización coherente con el contexto socio-económico.

Estas nuevas dinámicas van a afectar, con carácter general pero no exclusivamente, a territorios con características similares a las de las tradicionales zonas mineras del carbón (municipios con riesgo de despoblación en lugares lejanos a las grandes aglomeraciones urbanas) y las soluciones, en muchos casos, presentan similitudes con las medidas ya adoptadas en las zonas mineras; especialmente en lo que respecta a las metodologías de trabajo a aplicar.

La gobernanza de la Estrategia de Transición Justa requiere la adaptación del objeto del antiguo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y del Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, creado por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, administrativas y del orden social, a esta política pública y, a la vez, mantiene todos los proyectos y actuaciones que se venían desarrollando hasta ahora de forma relevante en las zonas mineras, tras el cambio de denominación a Instituto para la Transición Justa, O.A., aprobado por el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Esta transformación del objeto del Instituto para la Transición Justa, O.A., se realiza en la disposición final segunda..

La disposición adicional tercera aborda las medidas necesarias para asegurar el equilibrio y la liquidez del sistema eléctrico en el corto plazo. En concreto, se habilita a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al uso del superávit de ingresos del sistema eléctrico para cubrir los costes del sistema de 2019 y 2020, tanto los desajustes temporales que se producen en el cierre del ejercicio, con carácter preferente, como las desviaciones transitorias que puedan aparecer en las liquidaciones mensuales, realizadas a cuenta de la de cierre del ejercicio.

La disposición adicional cuarta adopta medidas de acompañamiento para las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible, al objeto de garantizar la viabilidad económica de este tipo de instalaciones en un contexto muy negativo para sus condiciones de operación, concretamente por la fuerte caída del precio del mercado eléctrico ocurrida desde la declaración del estado de alarma, situación que les afecta especialmente debido a que se caracterizan por tener altos costes de explotación y alta exposición de sus ingresos al precio del mercado eléctrico.

En este sentido, se establece la revisión del valor de la retribución a la operación que será de aplicación durante el periodo de vigencia del estado de alarma. Para su cálculo se consideran los valores del precio del mercado eléctrico y del precio de los derechos de emisión de CO2 durante el estado de alarma. Adicionalmente, se reducen un 50 % los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables al año 2020, respecto de los valores establecidos en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, ya que como consecuencia del COVID-19 la producción industrial ha disminuido sensiblemente y, por lo tanto, también ha disminuido la producción de energía eléctrica de las instalaciones asociadas a esas industrias.

Resulta pertinente destacar que la estructura de ingresos y costes de las instalaciones cuyos costes dependen esencialmente del precio de combustible presentan características específicas que las hacen más vulnerables a situaciones excepcionales, como la derivada del COVID-19.

La notoria diferencia existente entre el valor del precio del mercado eléctrico para el año 2020 recogido en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, y el precio medio de dicho mercado registrado durante el periodo de vigencia del estado de alarma, supone una fuerte merma sobre los ingresos previstos por la venta de energía en el mercado. Dicha reducción afecta especialmente a aquellas instalaciones tipo con una mayor exposición al precio de mercado, como son las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible y que presentan altos costes de explotación.

Igualmente, resulta apropiado destacar que las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible son el subconjunto de instalaciones, de entre las acogidas al régimen retributivo específico, cuyos ingresos totales dependen en mayor medida de los ingresos provenientes de la retribución a la operación. Ello es debido a que este tipo de instalaciones presentan unos costes de explotación superiores, al encontrarse entre los mismos el coste del combustible, a diferencia del resto de instalaciones. Adicionalmente, el grueso de la potencia de las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible carecen de retribución a la inversión o es muy reducida.

Las características diferenciales en la estructura de ingresos y costes de las instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible quedan reconocidas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que prevé un mecanismo de revisión de retribución específico para estas tecnologías.

La combinación de estos tres efectos, la caída del precio de mercado, la alta exposición al mismo y los altos costes de explotación asociados a la utilización de combustible, provoca que las instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible sean las más afectadas en el escenario actual generado por el COVID-19.

En cuanto a las disposiciones de contenido transitorio, la primera se refiere a las nuevas solicitudes de permisos de acceso, que introduce una moratoria de nuevos permisos de acceso, con excepciones, en tanto no se desarrolla el marco reglamentario del acceso y conexión. En consecuencia, no se admitirán nuevas solicitudes sobre la capacidad de acceso que pueda existir a la entrada en vigor de este real decreto-ley o la que pueda liberarse posteriormente como consecuencia de caducidades, renuncias o cualquier otra circunstancia sobrevenida. Esta disposición resulta imprescindible, ya que no hacerlo conduciría a la pérdida de eficacia del artículo que establece los hitos administrativos, puesto que podría suceder que aquellos sujetos que renunciasen en el plazo de dos meses a sus permisos y recuperasen las garantías automáticamente con carácter inmediato, presentasen una nueva solicitud de acceso en el mismo nudo de la red sin un proyecto firme.

Por tanto, debe establecerse una moratoria en las solicitudes de acceso hasta la aprobación de la nueva normativa de otorgamientos de permisos de acceso, la cual deberá exigir a los solicitantes una mayor maduración de los proyectos y estudios necesarios antes de solicitar el acceso a un nudo de la red. De esta manera se evitarán las solicitudes masivas especulativas que no vayan respaldadas por proyectos firmes. Con el objeto de que dicha moratoria sea limitada en el tiempo, la disposición final relativa al desarrollo reglamentario contiene un mandato al Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que aprueben en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Por otra parte, con el objetivo de apoyar a las empresas del sector energético para impulsar la salida del estado de alarma, se presenta una nueva medida en el ámbito de la eficiencia energética, por la que se establece una moratoria de las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2020. Dada la situación actual, y de manera excepcional, la disposición transitoria segunda establece una moratoria en el cumplimiento de ciertas obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, determinadas en la Orden TED/287/2020, de 23 de marzo.

El objetivo es otorgar tiempo a las empresas comercializadoras, que son sujetos obligados con la configuración de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES), de acuerdo con el Anexo I, Definición de PYME, del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, para que puedan recuperar liquidez después de la situación creada por el Estado de Alarma debido al COVID-19. La moratoria se extiende hasta el 28 de febrero de 2021 y la condición de PYME deberá ser acreditada ante la Dirección General de Política Energética y Minas, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, antes del 31 de diciembre de 2020.

La disposición final primera tiene relación con el ejercicio de la función de liquidación de costes del sistema eléctrico, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ostenta al amparo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2013, de 4 de junio, en relación con la disposición adicional octava, apartado 1.d), de dicha ley. En su virtud, esa Comisión debe gestionar varias cuentas bancarias, a través de las cuales se pueden llevar a cabo los cobros y los pagos de los diferentes conceptos que se han de liquidar en relación con el sector eléctrico.

Debido al estado actual de los mercados financieros, la gestión de esas cuentas, que han sido abiertas conforme a la normativa de contratación del sector público, va a empezar a implicar gastos de mantenimiento. Existen diferentes casos en los que el régimen económico aplicable al coste del sistema de que se trata no prevé la financiación de los costes de mantenimiento de las cuentas bancarias destinadas a atender su retribución, por lo que se hace necesario contar con una disposición específica que prevea su financiación por el sistema eléctrico, como un coste liquidable del sistema.

A tal efecto, se introduce una nueva letra en el artículo 13.3 de la citada Ley 24/2013 a fin de especificar como coste del sistema eléctrico los gastos ocasionados por las cuentas gestionadas por el organismo encargado de las liquidaciones para realizar la liquidación de los costes regulados del sector eléctrico, salvo en los casos en que esté previsto que tales costes sean deducidos de los saldos que existan en la cuenta en favor de los titulares del derecho de que se trate. Específicamente, los gastos ocasionados por la cuenta específica relativa al superávit de ingresos serán deducidos del saldo existente en dicha cuenta.

El resto de disposiciones finales se refieren a los títulos competenciales, incorporación del Derecho de la Unión Europea, así como el desarrollo reglamentario y habilitación normativa. Finalmente, el real decreto ley contiene un anexo que incluye el listado de nudos de transición justa.

VI

En cuanto a otras medidas de impulso de la actividad económica y el empleo, el título IV prevé en primer lugar, que las entidades locales podrán destinar en 2020, como máximo, el 7 por ciento del saldo positivo correspondiente al año 2019 que resulte de la aplicación de las reglas al efecto de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos puros o con etiqueta ambiental CERO, salvo en el caso que se acredite que no existen vehículos CERO que cumplan con las necesidades mínimas de servicio, en cuyo caso podrán sustituirse por vehículos con la etiqueta ECO, y en infraestructuras de recarga para el uso de los vehículos adquiridos, que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios y de transporte de viajeros.

Con el objeto de fomentar inversiones en innovación en procesos en la cadena de valor de la industria del automóvil en España, el artículo 7 incrementa, para los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2020 y 2021, el porcentaje de la deducción en innovación en procesos en el Impuesto de Sociedades, del 12 % actual hasta el 25 %.

Por otra parte, se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para dotar al procedimiento de evaluación ambiental de una mayor agilidad y seguridad jurídica, facilitando la tramitación de proyectos que permitan impulsar la reactivación económica al tiempo que se garantiza la protección del medioambiente.

Para ello, se modifican los artículos 34, 43 y 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con objeto de regular la prórroga de vigencia de las declaraciones de impacto, evitando así el vacío jurídico existente, así como agilizar el procedimiento para la determinación de alcance del estudio de impacto ambiental y el relativo a la evaluación ambiental simplificada, equiparándola al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria.

Las medidas que afectan al sector ferroviario son dos. En primer lugar, la limitación normativa en la oferta de plazas aprobada por razones sanitarias, debe tenerse en cuenta a efectos de la liquidación del canon por utilización de las líneas ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General. La naturaleza y características del canon supondría que, de no efectuarse ajuste alguno en la liquidación, se estaría gravando una cuantía que no se corresponde con las limitaciones normativas establecidas en la oferta, adoptadas por razones de profilaxis sanitaria. En efecto, se trata de evitar que el operador tenga que pagar un canon al administrador de infraestructuras por unas plazas sobre las que no puede obtener ingreso alguno, no por una hipotética falta de demanda, sino por una novedosa limitación impuesta por graves motivos sanitarios. Tratándose de un tributo, la seguridad jurídica aconseja que este criterio de aplicación totalmente razonable se plasme en una norma de rango legal.

El cierre de establecimientos comerciales y de otro tipo acordado en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus disposiciones posteriores de desarrollo, así como las restricciones a la libre circulación de las personas, han afectado notablemente a los locales comerciales sitos en las estaciones de ferrocarril y a otros inmuebles (locales, edificios, instalaciones logísticas y terrenos) arrendados por las entidades públicas empresariales administradoras de infraestructuras ferroviarias. En el marco de las políticas públicas del Gobierno para proteger y dar soporte al tejido productivo y social se posibilita una moratoria o reducción de la renta de estos locales previa solicitud del arrendatario.

Por su parte, en el ámbito sectorial del empleo público, la crisis sanitaria declarada y las medidas de contención aprobadas como consecuencia del estado de alarma como es la interrupción de los términos y suspensión de los plazos administrativos ya citados, han alterado el normal desenvolvimiento de la actuación de las distintas administraciones públicas, condicionando, en consecuencia, la posibilidad de iniciar nuevos procesos selectivos de empleados públicos y, en particular, la actividad precisa para gestionar y publicar las convocatorias de acceso a los diferentes cuerpos y escalas, incluidas las necesarias para llevar a cabo los procesos de estabilización del empleo previstos en las últimas leyes de presupuestos generales del Estado.

La pandemia ocasionada por la COVID-19 también ha tenido una clara incidencia en el proceso de liberación del segundo dividendo digital. Hasta el inicio de la crisis sanitaria, en nuestro país se habían venido cumpliendo con los plazos establecidos para llevar a cabo la liberación de la banda del segundo dividendo digital (banda de frecuencias 694-790 MHz o banda de frecuencias de 700 MHz) de sus usos actuales para el servicio de televisión digital terrestre, a efecto de posibilitar su disponibilidad efectiva para los sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica. En consecuencia, se estaba en disposición de cumplir la fecha de liberación de dicha banda del 30 de junio de 2020, establecida en la Decisión (UE) 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, y en el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital.

No obstante, la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, introdujo necesarias restricciones a la movilidad de las personas y al ejercicio de numerosas actividades económicas y comerciales. Adicionalmente, la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales dictó un conjunto de instrucciones, con el objetivo de garantizar que la recepción de un servicio tan importante como la televisión digital terrestre no pudiera verse afectada en esos momentos, evitando la necesidad de realizar resintonizaciones en los televisores de los ciudadanos, a fin de no ocasionar movimientos innecesarios de personas y visitas de los instaladores a los domicilios de los ciudadanos.

Todo ello trajo consigo una ralentización significativa en el proceso de cambios de frecuencias en los centros emisores que tienen que emitir en nuevos canales radioeléctricos como consecuencia de la liberación del segundo dividendo digital, así como en las adaptaciones de los sistemas de recepción del servicio de comunicación audiovisual televisiva digital en los edificios. En consecuencia, se concluyó la imposibilidad de finalizar el proceso de liberación del segundo dividendo digital en la fecha programada del 30 de junio de 2020.

El aplazamiento del mencionado plazo se hizo de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo segundo, del apartado 1, del artículo 1 de la Decisión (UE) 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, y fue comunicado por las autoridades españolas a la Comisión Europea con fecha 30 de marzo de 2020.

Procede fijar, por tanto, una nueva fecha para la finalización del proceso del segundo dividendo digital. Una vez que se está reactivando la actividad social y económica y se ha impulsado la transición hacia una nueva normalidad, se está reanudando el proceso de adaptación de los sistemas de recepción colectiva de la televisión digital de los edificios, y en función de los últimos datos disponibles sobre el grado de dicha adaptación y la previsión de evolución de los mismos, se estima el 30 de septiembre de 2020 como fecha en la que podrá completarse dicha adaptación.

Con el fin de poder completar el resto de actuaciones necesarias, y en particular los cambios de frecuencias en los transmisores de baja potencia, se fija como nueva fecha la del 31 de octubre de 2020 para alcanzar la liberación del segundo dividendo digital.

VII

Asimismo, con el fin de evitar que la limitación de movilidad y actividades establecida durante este periodo y la suspensión de plazos administrativos, se amplía el plazo de adaptación de las Sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP) establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052), por un periodo de dos meses. La oportunidad de la norma se basa también en el hecho de que el plazo citado ha finalizado el 14 de mayo de 2020, por lo que es necesario proceder a su actualización de modo urgente.

En materia de controles sanitarios, la importancia de detectar de manera rápida la presencia de casos importados de COVID-19 que pudieran generar brotes en nuestro país, así como localizar a los contactos estrechos de los casos, supone la necesidad de poner en marcha medidas de índole sanitaria en los puertos y aeropuertos españoles. Dichas medidas forman parte de un sistema global de detección de casos importados, cuyo éxito vendrá determinado por la identificación precoz de los mismos y la inmediata adopción de las oportunas medidas de control que impidan la difusión incontrolada de la enfermedad.

Por tanto, en el ámbito aeroportuario, en línea a lo contemplado en las Directrices EASA/ECDC (siglas en inglés de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, respectivamente) y en base a las recomendaciones internacionales de salud pública en el marítimo se deben establecer los necesarios controles sanitarios en puertos y aeropuertos, que podrán incluir la toma de la temperatura, un control documental y un control visual sobre el estado del pasajero.

El control documental se realizará a través de un formulario de salud pública, que tiene como finalidad evaluar el estado del pasajero en relación al COVID-19 y servir como instrumento para la localización de los pasajeros en caso de iniciarse una búsqueda de contactos de un caso confirmado de COVID-19.

Así, con la adopción de medidas higiénico sanitarias y de control en el entorno portuario y aeroportuario, se avanzará en la consecución de un entorno seguro desde el punto de vista sanitario y que ofrezca seguridad y confianza a los viajeros, limitando el riesgo de trasmisión del COVID-19.

En materia de investigación científica, la cooperación internacional ha tenido un crecimiento intenso en los últimos años y muy especialmente en el entorno de la Unión Europea gracias al fortalecimiento de un Espacio Europeo de Investigación e Innovación (ERA), capaz de afrontar las necesidades de la sociedad y abierto al mundo, en el que los investigadores, los conocimientos científicos y las tecnologías circulan libremente.

Durante el actual programa marco de investigación e innovación, Horizonte 2020 (2014-2020), el crecimiento de iniciativas de investigación en cooperación en geometría variable ha sido muy alto, creándose distintos instrumentos de programación conjunta público-público y público-privados, con el apoyo financiero de la Unión Europea y que ha exigido un gran esfuerzo de gestión y una aportación dineraria importante por parte de los distintos agentes públicos estatales de financiación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La inminente obligatoriedad de cofinanciación por parte de los Estados miembros en las Asociaciones del Programa de Investigación e Innovación Horizonte Europa (2021-2027) implica la necesidad de crear un mecanismo ágil que permita la concesión de las subvenciones para la realización de dichos proyectos.

Mediante este real decreto-ley se procede a establecer la posibilidad de conceder de forma directa aquellas subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica, técnica e innovación que son consecuencia de convocatorias públicas de I+D+i efectuadas por las estructuras creadas por varios Estados miembros en ejecución del programa marco plurianual de la Unión Europea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 182, 185, 186 y 187 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como las que se realicen en el marco de las asociaciones creadas al amparo del propio Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, así como de las convocatorias públicas de investigación e innovación competitivas, evaluadas según estándares internacionales de evaluación por pares y gestionadas por las estructuras creadas en base a tratados o acuerdos internacionales suscritos por España.

Esto permite suprimir un paso administrativo adicional, que no aportaba valor añadido ni para los beneficiarios ni para la Administración, como era el de realizar una segunda convocatoria de subvenciones interna para proyectos que ya habían sido evaluados y seleccionados internacionalmente.

La entrada en vigor de los cambios propuestos en este real decreto-ley mejorará la posibilidad de cofinanciación de los agentes públicos estatales de financiación en distintos programas internacionales y, por tanto, supondrá una mejora notable en las tasas de retorno obtenidas competitivamente por las entidades españolas de I+D+i.

La disposición final cuarta incorpora una disposición adicional decimosexta en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que posibilita la libertad de amortización de las inversiones realizadas en el año 2020 en elementos nuevos del inmovilizado material que impliquen la sensorización y monitorización de la cadena productiva, así como la implantación de sistemas de fabricación basados en plataformas modulares o que reduzcan el impacto ambiental, afectos al sector industrial del automoción.

Esta medida permitirá incentivar las decisiones de inversión inmediatas, con mantenimiento del empleo, atrayendo mayor producción de modelos electrificados y sus componentes a las plantas de producción españolas, pero también impulsar la industria ligada al ciclo de vida de baterías o la infraestructura de recarga, sistemas de movilidad conectada y otros ecosistemas industriales en el ámbito de la movilidad sostenible.

Se trata de una medida que permitirá que el sector afronte su reconversión para garantizar su competitividad a largo plazo, mediante la realización de las inversiones tecnológicas necesarias que permitan avanzar hacia la industria de la automoción del futuro, en la que serán protagonistas los vehículos sostenibles, conectados e incluso autónomos

VIII

Este real decreto-ley se dicta conjuntamente al amparo de las competencias exclusivas del Estado previstas en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; en el artículo 149.1.22.ª de la Constitución, en materia de legislación y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial; en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección; y en el artículo 149.1.25.ª de la Constitución, de bases del régimen minero y energético.

Los artículos que se citan comprendidos en el título IV, se dictan conforme a los siguientes títulos competenciales:

El artículo 6 se dicta al amparo del artículo 149.1. 13.ª y 14.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; Hacienda general y Deuda del Estado.

El artículo 7 se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado sobre hacienda general, prevista por el artículo 149.1.14.ª de la Constitución.

Las modificaciones que se recogen en el artículo 8 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Impacto Ambiental, de conformidad con la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/2017, de 11 de mayo, se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas: el artículo 34, apartado 4, tercer párrafo y el artículo 43 apartado 3, segunda oración. Asimismo, no tienen carácter básico y por tanto solo serán de aplicación a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos, el artículo 34, apartado 4, párrafo segundo, última oración; el artículo 43, apartado 2 y el apartado 3, última oración; así como los plazos establecidos en los artículos 34, 43 y 47.

El artículo 9 se dicta al amparo de las reglas 13.ª, 14.ª y 21.ª del artículo 149.1 de la Constitución que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, hacienda general y deuda del Estado y ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma.

El artículo 10 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, y 21.ª de la Constitución que atribuyen al Estado la competencia sobre «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica» y «ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma», respectivamente.

El artículo 11 se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 18.ª de la Constitución, en cuanto atribuyen al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios.

El artículo 12 se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española.

La disposición adicional quinta se dicta al amparo de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en materia de legislación laboral, Hacienda del Estado, puertos de interés general y Marina Mercante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 149.1.7.ª, 149.1.14.ª y 149.1.20.ª de la Constitución.

Por su parte, la disposición adicional sexta se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de sanidad exterior del artículo 149.1.16.ª de la Constitución.

La disposición final tercera se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas.

IX

El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ. 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ. 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, FJ. 10, y 137/2011, FJ. 7), el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4)».

La regulación que se propone en el ámbito del acceso está justificada por las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que se explican a continuación. En la actualidad existe un elevado volumen de solicitudes de acceso y conexión en trámite presentados en los últimos 16 meses de más de 430.000 MW de potencia de nueva generación con avales depositados y, de estos, más de 136.000 MW con acceso concedido. El ritmo de nuevas solicitudes se ha ido incrementando de forma exponencial en los últimos meses y continúa siendo muy elevado, con cifras cercanas a los 30.000 MW solicitados cada mes.

La gran dimensión de este contingente de solicitudes se pone de manifiesto cuando se comparan las cifras anteriores con las principales magnitudes del sistema eléctrico nacional. Así, los 430.000 MW suponen más del cuádruple de la potencia instalada existente a final de 2018, que alcanzaba los 105.000 MW, de los que 25.000 MW eran de tecnología eólica y unos 5.000 MW fotovoltaicos. Por su parte, la punta máxima histórica de la demanda del sistema eléctrico español se sitúa en el entorno de los 45.000 MW, siete veces menos que la potencia asociada a las nuevas solicitudes de acceso. Por último, el objetivo de instalación de nueva generación renovable hasta 2030 incluido en el borrador del PNIEC 2021-2030 remitido y evaluado por la Comisión Europea es de apenas 60.000 MW, cifra muy alejada de los valores referidos.

La insuficiencia de la regulación en la materia impide diferenciar las solicitudes correspondientes a proyectos firmes y viables de las que obedecen a comportamientos de carácter especulativo en el íter procedimental de acceso y conexión a la red. Más allá de lo desmesurado de las cifras expuestas, existen fundados indicios adicionales que ponen de manifiesto el eventual componente especulativo de buena parte de las solicitudes, como son:

• – La escasa madurez de los proyectos en el momento de realizar las peticiones de acceso o de autorización administrativa.
• – El aumento de las peticiones en los últimos 16 meses a un ritmo medio cercano a los 30.000 MW mensuales.
• – En un elevado número de casos, una vez obtenido el permiso de acceso, los titulares del mismo no han solicitado los permisos de conexión, lo que en muchos casos es debido a la inexistencia un proyecto real o a una falta de madurez del mismo. De los aproximadamente 110.000 MW que disponen de permiso de acceso, más del 60 % no dispone aún de permiso de conexión.

El análisis de los permisos de acceso de los dos últimos trimestres de 2019, muestra que en el tercer trimestre se otorgaron permisos de acceso a 39.000 MW de plantas fotovoltaicas y eólicas y se denegaron por falta de capacidad a 21.000 MW. En el cuarto trimestre de dicho año, se otorgaron permisos de acceso a 15.500 MW de plantas fotovoltaicas y eólicas y se denegaron por falta de capacidad a 39.500 MW. Este aumento rápido del ritmo de desestimaciones pone de manifiesto que la saturación artificial de la red por proyectos especulativos poco maduros puede causar un perjuicio a numerosos proyectos de generación que sí están respaldados por una iniciativa firme y que pueden calificarse como maduros. Así, la no adopción de las medidas que se proponen en este real decreto-ley implicaría el aumento de costes y la paralización de proyectos de generación en avanzado estado de maduración que, por indisponibilidad de un punto de acceso a la red, no podrían llevarse a cabo. Lo anterior pone en riesgo la ejecución de cuantiosas inversiones, la creación de empleo y el desarrollo de zonas con escasas alternativas económicas y, en algunos casos, sujetas a procesos de cierres de centrales térmicas convencionales, con los consiguientes efectos negativos que dichos cierres pueden tener sobre el empleo y la actividad de estas zonas.

Además, dado lo prolongado del periodo de maduración de los nuevos proyectos de generación, no actuar con carácter urgente pondría en riesgo el cumplimiento de la senda de penetración de renovables que se ha fijado en el PNIEC 2021-2030.

Asimismo, el fenómeno de crecimiento inusitado de las solicitudes de permisos de acceso y conexión, con el referido componente especulativo, acarrearía un incremento artificial y evitable de los costes de construcción de las nuevas centrales que, en último término, terminarían pagando los consumidores de electricidad.

De este modo, resulta necesario afrontar con urgencia una reforma estructural en los criterios de acceso y la conexión a las redes de transporte y distribución, ya que la situación que se pretende resolver ha adquirido una coyuntura de grado exponencial y su falta de resolución inmediata o una dilación en el tiempo, implica agravar de manera considerable la aplicación de las medidas que contempla esta norma.

Alternativamente, lo explicado hasta aquí hace que la regulación de estos aspectos mediante el procedimiento legislativo ordinario implique retrasar la solución de una manera inasumible para un elevado número de proyectos firmes, paralizándolos y generando un «efecto llamada» que agravaría aún más el elevado contingente de solicitudes.

Respecto al desarrollo de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, la urgencia responde a la carencia de un marco normativo que proporcione seguridad y certeza a las inversiones necesarias en este sector, haciendo previsible la financiación indispensable en este tipo de proyectos, permitiendo así alcanzar los compromisos adquiridos en esta materia.

Por todo ello, es urgente el establecimiento de un marco económico previsible y seguro, que haga posible el desarrollo acelerado de proyectos de generación eléctrica renovable, que además permita trasladar a los consumidores de forma anticipada los ahorros en los costes de producción de energía eléctrica y aporte certidumbre a toda la cadena de valor de la industria asociada, evitando periodos de carencia que dificultan y amenazan la permanencia en el territorio de las empresas y sectores implicados.

El plazo necesario para la construcción de una instalación fotovoltaica se sitúa en el entorno de los 18 meses, mientras que para una instalación eólica este plazo se incrementa hasta los 24 meses. Teniendo en cuenta que dichos plazos pueden verse a su vez incrementados por la necesaria tramitación administrativa, nos encontramos ante un claro riesgo de no alcanzar los objetivos fijados para el periodo 2020-2022. En este contexto, es conveniente recordar que el plazo establecido para la puesta en marcha de las instalaciones adjudicatarias de las últimas subastas celebradas en el año 2017 fue de 30 meses.

De igual modo, existe una limitación ligada al desabastecimiento del mercado en toda la cadena de valor de la promoción renovable, que impide la construcción de importantes volúmenes de nueva potencia renovable en un reducido espacio temporal, no siendo posible de este modo postergar la entrada gradual de nueva potencia en el sistema. Por lo tanto, dicho retraso conllevaría no solo no alcanzar los objetivos fijados para el año 2022, sino tampoco los de los años sucesivos.

Por su parte, las modificaciones de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, para eliminar las barreras normativas que impiden u obstaculizan el desarrollo de nuevos modelos de negocio, la innovación tecnológica y el despliegue masivo de renovables minimizando el coste económico y medioambiental se justifican por la extraordinaria y urgente necesidad de favorecer la actividad económica y el empleo sostenible en un momento de crisis económica como la que se vive en la actualidad como consecuencia de la alerta sanitaria.

Las medidas acometidas para garantizar el equilibrio y la liquidez en el sistema eléctrico vienen justificadas por la imperiosa necesidad de, por un lado, aportar recursos adicionales al sistema de liquidaciones que permita reducir las cargas financieras de los sujetos del sistema y, por otro, dar una señal de estabilidad que permita la continuidad de las actividades asociadas y el impulso de nuevas inversiones.

En relación a la liquidación de costes del sistema eléctrico, la adopción de esta disposición resulta urgente debido al reciente o próximo vencimiento de ciertos contratos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha venido suscribiendo con las entidades financieras para la apertura de estas cuentas y las dificultades encontradas para la renovación de dichos contratos. En particular, han resultado desiertas las licitaciones para dicha contratación por no haberse podido incluir entre sus condiciones la cobertura de los referidos gastos de mantenimiento.

Por otra parte, la urgencia y necesidad de establecer la moratoria en el cumplimiento de ciertas obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, se justifica por la coyuntura económica que se deriva de la situación producida por el COVID-19 (STC 61/2018, de 13 de junio, FJ 4.f). En este mismo sentido, se justifica que las entidades locales puedan destinar en 2020, como máximo, el 7 por ciento del saldo positivo correspondiente al año 2019 en gastos de inversión para la adquisición de vehículos limpios para determinados servicios y la instalación de puntos de recarga eléctrica para estos.

La reforma de la tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental responde a la agilización de los mismos en un contexto de necesidad y urgencia de las políticas de reactivación de la actividad económica, coadyuvando además a los principios de transparencia y seguridad jurídica en su tramitación.

Esta es la misma justificación que afecta a la regulación destinada a los arrendatarios de los locales de las entidades públicas empresariales de administración de las infraestructuras ferroviarias, y que se deriva del cierre de establecimientos comerciales y de otro tipo acordado en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus disposiciones posteriores de desarrollo, así como las restricciones a la libre circulación de las personas. Las medidas derivadas del estado de alarma relativas a la limitación de la movilidad han afectado, además, de forma muy singular a los locales comerciales sitos en las estaciones.

Estas limitación a la movilidad también han afectado a las operaciones necesarias para llevar a efecto los cambios de frecuencias en los centros emisores que tienen que emitir en nuevos canales radioeléctricos como consecuencia de la liberación del segundo dividendo digital, así como en las adaptaciones de los sistemas de recepción del servicio de comunicación audiovisual televisiva digital en los edificios, lo que obliga a adoptar con carácter urgente la nueva fecha de 31 de octubre de 2020 para la finalización del proceso del segundo dividendo digital.

Por su parte, los actos de liquidación tributaria del canon por utilización de las líneas ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General, y las declaraciones que los soportan, se producen mensualmente, según previsión legal. En el marco del estado de alarma que se prolonga durante varios meses es necesario que la Administración que procede a liquidar y los responsables de formular las declaraciones dispongan de un criterio jurídico con soporte en una ley, que proporcione la necesaria seguridad jurídica. Es necesario que dicha norma se produzca en el más breve plazo posible, antes de la siguiente liquidación mensual, con efectos también de convalidación del criterio que se viene ya aplicando.

En cuanto a la necesidad y urgencia de ampliar el plazo previsto en el artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para las convocatorias cuyo plazo concluyera en el ejercicio de 2020, se justifica en la medida en que subsisten las necesidades de personal en virtud de las cuales se aprobaron las preceptivas ofertas de empleo público. También por la necesidad de informar a los interesados en aras del principio de seguridad jurídica. No adoptar esta medida urgente y necesaria impediría la ejecución de la totalidad de las convocatorias, con la consiguiente pérdida de las plazas aprobadas, así como la correlativa frustración de las expectativas de aquellos aspirantes que fueran a participar en los procedimientos que no resultaría posible convocar en el marco de tales habilitaciones.

La suspensión de plazos prevista por las disposiciones adicionales tercera y cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, no es aplicable al plazo de adaptación de las Sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP) establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052).

Efectivamente, el plazo definido en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017 es difícilmente asimilable a uno de los tres tipos de plazos suspendidos recogidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por ser un plazo de derecho privado (mercantil) que se concede a una clase de sociedades anónimas (SAGEP) para que se extingan o se transformen en Empresas de Trabajo Temporal, todo ello con una finalidad laboral, relacionada con la contratación de trabajadores. De todo lo expuesto, se justifica la extraordinaria y urgente necesidad para la ampliación del plazo mencionado en el Real Decreto-ley 8/2017, de 13 de mayo, mediante la aprobación de un nuevo instrumento con rango legal.

Respecto de la regulación urgente de los controles sanitarios necesarios a los que deben someterse los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima y el alcance de dichos controles, si bien las medidas excepcionales llevadas a cabo en España durante el estado de alarma han permitido controlar en gran medida los efectos de la crisis sanitara en nuestro país, la situación de pandemia continua a nivel mundial. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud mantiene el estado de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por el coronavirus COVID-19, encontrándose muchos países y zonas del mundo en una situación epidemiológica muy desfavorable, siendo esto todavía un reto sin precedentes para la salud pública.

Por ello, en estos momentos, es prioritario activar los mecanismos idóneos para prevenir la entrada en España de casos de COVID-19 procedentes del extranjero, lo cual supone la necesidad de poner en marcha medidas adecuadas de control sanitario en los puertos y aeropuertos, en relación con los pasajeros internacionales.

En efecto, la extraordinaria y urgente necesidad de la regulación en materia de controles sanitarios contenida en este real decreto-ley deriva del carácter crucial que supone para el sistema de salud pública de nuestro país, la detección de manera rápida de casos importados de COVID-19 que pudieran generar brotes en nuestro país, así como la importancia de localizar con inmediatez a los contactos estrechos de estos casos.

Respecto de la situación en la que se encuentran las subvenciones y ayudas públicas en el ámbito de la investigación científica y técnica y de la innovación y en las que participan distintas entidades y que reciben apoyo de la Unión Europea ha supuesto, en muchas ocasiones, la pérdida de fondos comunitarios, derivada de la tardanza en instrumentar un proceso de concurrencia competitiva nacional cuando ya se ha propuesto a esas mismas entidades el proyecto en el ámbito europeo o internacional, duplicando de manera innecesaria los trámites que deben realizarse, máxime cuando la selección de tales proyectos en el exterior ha cumplido con todos los principios de igualdad, mérito y concurrencia competitiva.

Esta duplicación resulta, por lo demás, anómala en los países de nuestro entorno, que se limitan a autorizar el libramiento de los fondos públicos una vez el proyecto ha sido seleccionado internacionalmente, lo que provoca una desventaja competitiva de gran calado para todo el ecosistema público y privado de la I+D+i español, con la consiguiente pérdida de posiciones y de competitividad en relación con los equipos de otros países, en un entorno progresivamente internacionalizado y que cuenta, cada día, con mayores sinergias.

De ahí que resulte absolutamente imprescindible alinear la normativa española en esta materia con la del resto de Estados miembros de la Unión Europea y del entorno internacional, de cara a garantizar la igualdad de oportunidades de las entidades españolas en la búsqueda de fondos UE en entornos competitivos.

Ello permitirá, por lo demás, una mejor aplicación de fondos de la Unión Europea en España, absorbiendo así de manera más eficiente las disponibilidades que tiene nuestro país para ello y permitiendo aligerar la tramitación administrativa de los agentes públicos estatales de financiación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que de por sí justificaría la urgente necesidad de proceder a la aprobación de esta propuesta normativa organizativa (STC 60/1986, de 20 de mayo) y de eficiencia en la captación de recursos financieros para la investigación científica y tecnológica.

La urgente adaptación del objeto del Instituto para la Transición Justa, O.A., de carácter organizativo, requiere una norma legal cuyo plazo de tramitación impediría la eficacia en el ajuste de la gobernanza de la política de transición justa en su pleno despliegue.

Los motivos que acaban de exponerse justifican ampliamente la concurrencia de los requisitos constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad, que habilitan al Gobierno para aprobar el presente real decreto-ley dentro del margen de apreciación que, en cuanto órgano de dirección política del Estado, le reconoce el artículo 86.1 de la Constitución (STC 142/2014, FJ 3 y STC 61/2018, FFJJ 4 y 7).

El presente real decreto-ley respeta los límites constitucionalmente establecidos para el uso de este instrumento normativo pues no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.

X

Este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De este modo, se cumple con el principio de necesidad que ha quedado plenamente justificado. Igualmente, se da cumplimiento a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia, destacándose que las medidas que incorpora son congruentes con el Ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa posible dada la situación de excepcionalidad al contener la regulación necesaria e imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados.

En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia e información públicas.

Finalmente, respecto del principio de eficiencia, no se imponen más cargas que las estrictamente necesarias y se reducen en la regulación de los procedimientos de evaluación ambiental.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; la Ministra de Hacienda; el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; la Ministra de Política Territorial y Función Pública; el Ministro de Sanidad, y el Ministro de Ciencia e Innovación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de junio de 2020,

DISPONGO:

TÍTULO I
Medidas para el desarrollo ordenado y el impulso de las energías renovables

Artículo 1 Criterios para ordenar el acceso y la conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad

1. Los titulares de los permisos de acceso para instalaciones de generación de energía eléctrica que hubieran obtenido dichos permisos en fecha posterior al 27 de diciembre de 2013, y antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes hitos administrativos en unos plazos no superiores a los estipulados a continuación:

• a) Si el permiso de acceso se obtuvo en una fecha comprendida entre el 28 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive:
  • 1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 3 meses.
  • 2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 27 meses.
  • 3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 30 meses.
  • 4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 33 meses.
  • 5.º Obtención de la autorización administrativa de explotación provisional para pruebas: 5 añosLE0000968155_20250724 Téngase en cuenta que el R.D.-ley 7/2025, de 24 de junio, que modifica el artículo 1.1.a).5.º, ha sido derogado por la Res. de 22 de julio de 2025, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico («B.O.E.» 24 julio). Se reproduce el texto anterior a la citada modificación.Vigencia: 24 julio 2025
  LE0000714751_20230101 Letra a) del número 1 del artículo 1 redactada por el apartado uno de la disposición final tercera de R.D.-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables («B.O.E.» 22 diciembre).Vigencia: 23 diciembre 2021
• b) Si el permiso de acceso se obtuvo con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley:
  • 1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 6 meses.
  • 2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 31 meses.
  • 3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 34 meses.
  • 4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 37 meses.
    Véase, respecto a la extensión excepcional de los hitos administrativos establecidos en el presente 1, para aquellas instalaciones que hubieran obtenido permisos de acceso y conexión, el artículo 28 del R.D.-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía («B.O.E.» 28 diciembre).LE0000823916_20260322
  • 5.º Obtención de la autorización administrativa de explotación provisional para pruebas: 5 añosLE0000968155_20250724 Téngase en cuenta que el R.D.-ley 7/2025, de 24 de junio, que modifica el artículo 1.1.b).5.º, ha sido derogado por la Res. de 22 de julio de 2025, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico («B.O.E.» 24 julio). Se reproduce el texto anterior a la citada modificación.Vigencia: 24 julio 2025
  LE0000714751_20230101 Letra b) del número 1 del artículo 1 redactada por el apartado uno de la disposición final tercera de R.D.-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables («B.O.E.» 22 diciembre).Vigencia: 23 diciembre 2021

Todos los plazos señalados en los apartados a) y b) serán computados desde el 25 de junio de 2020.LE0000714751_20230101 Párrafo segundo del número 1 del artículo 1 redactado por el apartado dos de la disposición final tercera del R.D.-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables («B.O.E.» 22 diciembre).Vigencia: 23 diciembre 2021

Aquellos titulares de permisos de acceso para instalaciones de generación de energía eléctrica que sean otorgados desde la entrada en vigor de este real decreto-ley deberán cumplir los hitos administrativos previstos en el apartado b), computándose los plazos desde la fecha de obtención de los permisos de acceso.

Los titulares de los permisos de acceso dispondrán de un plazo máximo de 6 meses para solicitar el permiso de conexión. El plazo señalado será computado desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, excepto para aquellos casos en que aún no se hubiera obtenido el permiso de acceso, para los que computará desde la obtención del mismo. La no presentación de esta solicitud en dicho plazo supondrá la caducidad automática del correspondiente permiso de acceso y la ejecución inmediata por el órgano competente para la emisión de las autorizaciones administrativas de las garantías económicas presentadas para tramitar la solicitud de acceso a las redes de transporte y distribución en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59 bis y 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

En permisos de acceso otorgados para proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología hidráulica de bombeo y las de tecnología eólica marina, los plazos establecidos en este apartado se podrán extender a solicitud del titular sin que en ningún caso el plazo total de vigencia de los permisos supere los 12 años para la tecnología hidráulica de bombeo y los 9 años para la tecnología eólica marina.LE0000992942_20260322Párrafo final del apartado 1 del artículo 1 redactado por el apartado uno de la disposición final undécima del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio («B.O.E.» 21 marzo).Vigencia: 22 marzo 2026

1 bis. ...

LE0000968155_20250724 Téngase en cuenta que el R.D.-ley 7/2025, de 24 de junio, que añade un apartado 1 bis al artículo 1, ha sido derogado por la Res. de 22 de julio de 2025, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico («B.O.E.» 24 julio). Se reproduce el texto anterior a la citada modificación.Vigencia: 24 julio 2025

1 bis. Si antes del vencimiento de cualquiera de los hitos administrativos establecidos en el presente real decreto-ley, el promotor acredita la existencia de una medida cautelar que suponga la suspensión de la eficacia de las autorizaciones administrativas otorgadas derivada de la interposición de un recurso administrativo o contencioso-administrativo, el cómputo de los plazos establecidos en este artículo quedará suspendido desde la adopción de la suspensión hasta su levantamiento.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplicará cuando la suspensión derive de lo previsto en el apartado 3 del artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

Esta medida de suspensión del plazo también se aplicará en lo relativo a la obtención de la autorización de explotación definitiva si esta ha sido extendida a petición del promotor al amparo de lo previsto en el artículo 28 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, o de cualquier otra norma estatal de rango legal que permita la modificación de los plazos recogidos en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio.

La suspensión del cómputo de plazos para la acreditación de los hitos administrativos será acreditada por el promotor ante el gestor de la red que hubiera otorgado el permiso de acceso y conexión y ante el órgano competente en materia de energía que ostenta las competencias para otorgar las autorizaciones administrativas previstas en el artículo 53 de la ley 24/2013, de 26 de diciembre, mediante la remisión de la comunicación del órgano que adoptó la medida cautelar administrativa o judicial. En el caso de que la medida cautelar de suspensión resulte de lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá presentarse un certificado del sentido del silencio o bien acreditarse por cualesquiera otros medios de prueba admitidos en Derecho, conforme al artículo 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

De igual modo el promotor, en el plazo de tres meses desde que reciba la notificación del levantamiento de la medida cautelar, deberá comunicar dicha circunstancia a los sujetos anteriormente señalados. La no comunicación en dicho plazo supondrá la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión.

En los casos en los que la suspensión derive del supuesto del artículo 117.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la misma quede levantada por la resolución de los recursos administrativos interpuestos, el órgano competente para la resolución de dichos recursos emitirá un certificado de ejecutividad de las autorizaciones administrativas recurridas que será notificado al promotor. El plazo a que hace referencia el párrafo anterior comenzará a contar desde el día siguiente a la recepción de dicho certificado.

LE0000992942_20260322Apartado 1 bis del artículo 1 introducido por el apartado dos de la disposición final undécima del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio («B.O.E.» 21 marzo).Vigencia: 22 marzo 2026

2. La no acreditación ante el gestor de la red del cumplimiento de dichos hitos administrativos en tiempo y forma supondrá la caducidad automática de los permisos de acceso y, en su caso, de acceso y conexión concedidos y la ejecución inmediata por el órgano competente para la emisión de las autorizaciones administrativas de las garantías económicas presentadas para la tramitación de la solicitud de acceso a las redes de transporte y distribución. No obstante, si por causas no imputables al promotor, no se produjese una declaración de impacto ambiental favorable, no se procederá a la ejecución de dichas garantías. Si las instalaciones estuvieran exentas de la obtención de alguno de los trámites anteriores, los titulares acreditarán dicha circunstancia mediante escrito del órgano competente para dictar la autorización o la declaración de impacto correspondiente. De igual modo, para acreditar el cumplimiento del hito de la solicitud de la autorización administrativa, la solicitud deberá cumplir con la normativa que resulte de aplicación y en particular con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental. El órgano competente para dictar la autorización deberá emitir escrito que acredite que dicha solicitud ha sido presentada y admitida.

No obstante lo anterior, los titulares de los permisos de acceso y, en su caso, de acceso y conexión que hubieran obtenido tales permisos en fecha posterior al 27 de diciembre de 2013, y antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley, y aquellos que, habiéndolo solicitado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, aún no los hubieran obtenido, podrán renunciar a sus permisos de acceso y conexión o, en su caso, a la solicitud presentada, en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, procediéndose a la devolución de las garantías económicas presentadas para tramitar la solicitud de acceso a las redes de transporte y distribución. Dicha renuncia será comunicada por el órgano sustantivo al órgano ambiental para que proceda a dictar resolución de terminación del correspondiente procedimiento.

Artículo 2 Desarrollo ordenado de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables

Se añade el apartado 7 bis al artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que queda redactado así:

«7 bis Adicionalmente al régimen retributivo específico previsto en el apartado anterior, al objeto de favorecer la previsibilidad y estabilidad en los ingresos y financiación de las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable que se construyan, el Gobierno desarrollará reglamentariamente otro marco retributivo para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía.

El referido marco retributivo se otorgará mediante procedimientos de concurrencia competitiva en los que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía.

En los procedimientos de concurrencia competitiva, que deberán estar orientados a la eficiencia en costes, se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada, así como tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que estas puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria.

En el caso de instalaciones de pequeña magnitud y proyectos de demostración se les podrá eximir del procedimiento de concurrencia competitiva para el otorgamiento de los referidos marcos retributivos de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente. En estos casos, se podrá utilizar como referencia retributiva el resultado de dichos procedimientos, garantizándose la orientación a la eficiencia en costes.»

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