• Expandir / Contraer índice sistemático
• INTRODUCCION
• Artículo 1  Definiciones
• Artículo 2  Promoción y admisión
• Artículo 3  Protección
• Artículo 4  Tratamiento
• Artículo 5  Nacionalización y expropiación
• Artículo 6  Pérdidas
• Artículo 7  Transferencias
• Artículo 8  Condiciones más favorables
• Artículo 9  Subrogación
• Artículo 10  Controversias entre las Partes Contratantes
• Artículo 11  Controversias entre una Parte Contratante e inversores de la otra Parte Contratante
• Artículo 12  Entrada en vigor, prórroga, denuncia
• APENDICE .  Solución de controversias entre una Parte Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante
  • TITULO PRIMERO.  Definiciones
  • TITULO II.  Solución de controversias entre una Parte Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante
  • TITULO III.  Sometimiento al arbitraje
  • TITULO IV.  Número de árbitros y métodos de nombramiento
  • TITULO V.  Acumulación de procedimientos
  • TITULO VI.  Derecho aplicable
  • TITULO VII.  Laudo definitivo
  • TITULO VIII.  Ejecución del laudo
  • TITULO IX.  Pagos conforme a contratos de seguro o de garantía
  • TITULO X.  Publicación de laudos

Artículo 1 Definiciones

A los efectos del presente Acuerdo,

• 1. Por «inversores» se entenderá:
  • a) Personas físicas que tengan la nacionalidad de una de las Partes Contratantes con arreglo a su legislación y realicen inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante.
  • b) Empresas, entendiendo por tales, personas jurídicas, incluidas compañías, asociaciones de compañías, sociedades mercantiles; sucursales y otras organizaciones que se encuentren constituidas o, en cualquier caso, debidamente organizadas según el derecho de esa Parte Contratante y tengan su sede en el territorio de esa misma Parte Contratante.
• 2. Por «inversiones» se designa todo tipo de activos, tales como bienes y derechos de toda naturaleza y, en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes:
  • a) Acciones, títulos, obligaciones y otras formas de participación en sociedades.
  • b) Derechos derivados de todo tipo de aportaciones realizadas con el propósito de crear valor económico, incluidos los préstamos concedidos con ese fin.
  • c) Bienes muebles, inmuebles, raíces, hipotecas, derechos de prenda, usufructos u otra propiedad tangible o intangible, adquiridos o utilizados para actividades económicas u otros fines empresariales.
  • d) Derechos de propiedad intelectual o industrial incluyendo, entre otros, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas comerciales o de servicios, nombres comerciales, derechos de autor, secretos industriales y fondo de comercio.
  • e) Intereses o derechos que se deriven de la aportación de capital u otros recursos en el territorio de una Parte Contratante para el desarrollo de una actividad económica en el territorio de la otra Parte Contratante, como resultado del otorgamiento de un contrato o de una concesión.

  Igualmente se consideran inversiones las realizadas en el territorio de una Parte Contratante por empresas de esa misma Parte Contratante que están efectivamente controladas por inversores de la otra Parte Contratante.

  Sin perjuicio de los derechos y obligaciones que correspondan, quedan excluidos de esta definición una obligación de pago de, o el otorgamiento de un crédito al Estado o a una empresa del Estado, así como las reclamaciones pecuniarias derivadas exclusivamente de:

  • i) Contratos comerciales para la venta de bienes o servicios por un nacional o empresa en territorio de una Parte Contratante a una empresa en territorio de la otra Parte Contratante, o
  • ii) El otorgamiento de crédito en relación con una transacción comercial, cuyo vencimiento sea menor a tres años, como el financiamiento al comercio.
• 3. El término «rentas de inversión» se refiere a los rendimientos de una inversión e incluye, en particular, aunque no exclusivamente, beneficios, ganancias de capital, dividendos, intereses, regalías y cánones.
• 4. El término «territorio» designa el territorio terrestre y el mar territorial de cada una de las Partes Contratantes así como la zona económica exclusiva y la plataforma continental que se extiende fuera del límite del mar territorial de cada una de las Partes Contratantes sobre las cuales éstas tienen o pueden tener, de acuerdo con el Derecho Internacional, jurisdicción y derechos soberanos a efectos de explotación, exploración y preservación de recursos naturales.

Artículo 2 Promoción y admisión

1. Cada Parte Contratante promoverá el acceso en su territorio de las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante y las admitirá conforme a sus disposiciones legales vigentes.

2. El presente Acuerdo se aplicará también a las inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del mismo por los inversores de una Parte Contratante conforme a las disposiciones legales de la otra Parte Contratante en el territorio de esta última.

3. Con la intención de incrementar significativamente los flujos recíprocos de inversión, las Partes Contratantes elaborarán documentos de promoción de inversión y darán a conocer información detallada sobre:

• a) Oportunidades de inversión.
• b) Las leyes, reglamentos o disposiciones que, directa o indirectamente afecten a la inversión extranjera incluyendo, entre otros, regímenes cambiarios y de carácter fiscal, y
• c) El comportamiento de la inversión extranjera en sus respectivos territorios.

Artículo 3 Protección

1. Cada Parte Contratante otorgará plena protección y seguridad a las inversiones efectuadas por inversores de la otra Parte Contratante, conforme al Derecho Internacional, y no obstaculizará, mediante medidas carentes de fundamento legal o discriminatorias, la gestión, el mantenimiento, el desarrollo la utilización, el disfrute, la extensión, la venta ni, en su caso, la liquidación de tales inversiones.

2. Cada Parte Contratante, en el marco de su legislación, concederá las autorizaciones necesarias en relación con estas inversiones y permitirá la ejecución de contratos laborales, de licencia de fabricación, asistencia técnica, comercial, financiera y administrativa.

3. Cada Parte Contratante otorgará, en el marco de su legislación, y cada vez que sea necesario, las autorizaciones requeridas en relación con las actividades de consultores o expertos contratados por inversores de la otra Parte Contratante.

Artículo 4 Tratamiento

1. Cada Parte Contratante garantizará en su territorio un tratamiento justo y equitativo, conforme al Derecho Internacional, a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante.

2. Este tratamiento no será menos favorable que el otorgado en circunstancias similares por cada Parte Contratante a las inversiones realizadas en su territorio por inversores de un tercer Estado.

3. Este tratamiento no se extenderá, sin embargo, a los privilegios que una Parte Contratante conceda a los inversores de un tercer Estado en virtud de su asociación o participación actual o futura en una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, uniones económicas y monetarias o en virtud de cualquier otro acuerdo internacional de características similares.

4. El tratamiento concedido con arreglo al presente artículo no se extenderá a deducciones, exenciones fiscales ni a otros privilegios análogos otorgados por cualquiera de las Partes Contratantes a inversores de terceros Estados en virtud de un acuerdo para evitar la doble imposición o de cualquier otro acuerdo en materia de tributación.

5. Con arreglo a los límites y modalidades de su legislación nacional, cada Parte Contratante aplicará a las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus propios inversores.

Artículo 5 Nacionalización y expropiación

1. La nacionalización, expropiación, o cualquier otra medida de características o efectos similares (en adelante «expropiación») que pueda ser adoptada por las autoridades de una Parte Contratante contra las inversiones en su territorio de inversores de la otra Parte Contratante, deberá aplicarse exclusivamente por razones de utilidad pública, conforme a las disposiciones legales, en ningún caso será discriminatoria y dará lugar al pago de una indemnización al inversor o a su causahabiente o sucesor legal conforme a los párrafos 2 y 3 del presente artículo.

2. La indemnización será equivalente al valor de mercado que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes del momento en que la expropiación se haya adoptado o haya sido anunciada o publicada, lo que ocurra primero. Los criterios de valoración se determinarán conforme a la legislación vigente aplicable en el territorio de la Parte Contratante receptora de la inversión.

3. La indemnización se abonará sin demora, en moneda convertible y libremente transferible.

Artículo 6 Pérdidas

A los inversores de una Parte Contratante cuyas inversiones o rentas de inversión en el territorio de la otra Parte Contratante sufran pérdidas debidas a guerra, otros conflictos armados, un estado de emergencia nacional rebelión o motín, u otras circunstancias similares, se les concederá, a título de restitución, indemnización, compensación u otro acuerdo, tratamiento no menos favorable que aquel que ésta conceda a sus propios inversores y a los inversores de cualquier tercer Estado. Cualquier pago hecho de acuerdo con este artículo se efectuará sin demora, en moneda convertible y libremente transferible.

Artículo 7 Transferencias

1. Cada Parte Contratante garantizará, conforme a su legislación, a los inversores de la otra Parte Contratante, con respecto a las inversiones realizadas en su territorio, la libre transferencia de los pagos relacionados con las mismas y, en particular, pero no exclusivamente, los siguientes:

• a) Las rentas de inversión, tal y como han sido definidas en el artículo 1.
• b) Las indemnizaciones previstas en el artículo 5.
• c) Las compensaciones previstas en el artículo 6.
• d) El producto de la venta o liquidación, total o parcial, de las inversiones.
• e) Las sumas necesarias para el reembolso de préstamos vinculados a una inversión.
• f) Las sumas necesarias para el mantenimiento y desarrollo de la inversión.
• g) Los sueldos, salarios y demás remuneraciones recibidas por los nacionales de una Parte Contratante, por su trabajo o servicios realizados en la otra Parte Contratante en relación con una inversión.

2. La Parte Contratante receptora de la inversión facilitará al inversor de la otra Parte Contratante acceso al mercado de divisas en forma no discriminatoria, a fin de adquirir las divisas necesarias para realizar las transferencias amparadas en el presente artículo.

3. Las transferencias a las que se refiere el presente Acuerdo se realizarán en divisas libremente convertibles al tipo de cambio vigente el día de la transferencia y de acuerdo con las obligaciones fiscales establecidas por la legislación vigente en la Parte Contratante receptora de la inversión.

4. Las Partes Contratantes se comprometen a facilitar los procedimientos necesarios para efectuar dichas transferencias sin demora ni restricciones, de acuerdo con las prácticas de los centros financieros internacionales. En particular, no deberán transcurrir más de tres meses desde la fecha en que el inversor haya presentado debidamente las solicitudes necesarias para efectuar la transferencia hasta el momento en que dicha transferencia se realice efectivamente. Por tanto, cada Parte Contratante se compromete a cumplir con las formalidades necesarias tanto para la compra de la divisa como para su transferencia efectiva al extranjero antes del término antes mencionado.

5. Las Partes Contratantes concederán a las transferencias a que se refiere el presente artículo un tratamiento no menos favorable que el concedido a los inversores de cualquier tercer Estado.

6. En caso de un desequilibrio fundamental de balanza de pagos, una Parte Contratante podrá establecer controles temporales a las operaciones cambiarias, siempre y cuando se instrumenten medidas o un programa conforme a los criterios internacionales comúnmente aceptados. Estas restricciones se establecerán por un período limitado, de forma equitativa, no discriminatoria y de buena fe.

Artículo 8 Condiciones más favorables

1. Si de las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes o de las obligaciones emanadas del Derecho Internacional al margen del presente Acuerdo, actuales o futuras, entre las Partes Contratantes, resultare una reglamentación general o especial en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el previsto en el presente Acuerdo, dicha reglamentación prevalecerá sobre el presente Acuerdo, en cuanto sea más favorable.

2. Las condiciones más favorables que las del presente Acuerdo que hayan sido convenidas por una de las Partes Contratantes con los inversores de la otra Parte Contratante no se verán afectadas por el presente Acuerdo.

Artículo 9 Subrogación

En el caso de que una Parte Contratante o la entidad por ella designada hayan otorgado cualquier garantía financiera sobre riesgos no comerciales en relación con una inversión efectuada por sus inversores en el territorio de la otra Parte Contratante, y desde el momento en que la primera Parte Contratante o su entidad designada hayan realizado pago alguno con cargo a la garantía concedida, la primera Parte Contratante o la entidad designada serán beneficiarias directas de todo tipo de pagos a los que pudiese ser acreedor el inversor. En caso de controversia, únicamente el inversor podrá iniciar o participar en los procedimientos ante los Tribunales nacionales o someterla a los Tribunales de arbitraje internacional de acuerdo con las disposiciones del artículo 11 del presente Acuerdo.

Artículo 10 Controversias entre las Partes Contratantes

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo será resuelta, hasta donde sea posible, mediante acuerdo amistoso.

2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese modo en un plazo de seis meses desde el inicio de las negociaciones, será sometida, a petición de cualquiera de las dos Partes Contratantes, a un Tribunal de arbitraje.

3. El Tribunal de arbitraje se constituirá del siguiente modo: Cada Parte Contratante designará un árbitro y estos dos árbitros elegirán a un ciudadano de un tercer Estado como Presidente. Los árbitros serán designados en el plazo de tres meses y, el Presidente en el plazo de cinco meses desde la fecha en que cualquiera de las dos Partes Contratantes hubiera informado a la otra Parte Contratante de su intención de someter el conflicto a un Tribunal de arbitraje.

4. Si una de las Partes Contratantes no hubiera designado a su árbitro en el plazo fijado, la otra Parte Contratante podrá invitar al Presidente del Tribunal Internacional de Justicia a realizar dicha designación. En caso de que los dos árbitros no llegaran a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro en el período establecido, cualquiera de las Partes Contratantes podrá invitar al Presidente del Tribunal Internacional de Justicia a realizar la designación pertinente.

5. Si, en los casos previstos en el párrafo 4 del presente artículo, el Presidente del Tribunal Internacional de Justicia no pudiera desempeñar dicha función, o fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, se invitará al Vicepresidente para que efectúe las designaciones pertinentes. Si el Vicepresidente no pudiera desempeñar dicha función o fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, las designaciones serán efectuadas por el miembro más antiguo del mencionado Tribunal que no sea nacional de alguna de las Partes Contratantes.

6. El Tribunal de arbitraje emitirá su dictamen sobre la base de respeto a la ley, a las normas contenidas en el presente Acuerdo o en otros acuerdos vigentes entre las Partes Contratantes, y sobre los principios universalmente reconocidos del Derecho Internacional.

7. A menos que las Partes Contratantes lo decidan de otro modo, el Tribunal establecerá su propio procedimiento.

8. El Tribunal adoptará su decisión por mayoría de votos y aquélla será definitiva y vinculante para ambas Partes Contratantes.

9. Cada Parte Contratante correrá con los gastos del árbitro por ella designado y los relacionados con su representación en los procedimientos arbitrales. Los demás gastos, incluidos los del Presidente, serán sufragados, por partes iguales, por ambas Partes Contratantes.

Artículo 11 Controversias entre una Parte Contratante e inversores de la otra Parte Contratante

1. Toda controversia relativa a las inversiones que surja entre una de las Partes Contratantes y un inversor de la otra Parte Contratante respecto a cuestiones reguladas por el presente Acuerdo será notificada por escrito, incluyendo una información detallada, por el inversor a la Parte Contratante receptora de la inversión. En la medida de lo posible las partes en controversia tratarán de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso.

2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta forma en un plazo de seis meses, a contar desde la fecha de notificación escrita mencionada en el párrafo 1, será sometida al mecanismo de solución de controversias estipulado en el apéndice del presente Acuerdo.

Artículo 12 Entrada en vigor, prórroga, denuncia

1. El presente Acuerdo entrará en vigor el día en que las Partes Contratantes se hayan notificado recíprocamente que las respectivas formalidades constitucionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos internacionales han sido cumplimentadas. Permanecerá en vigor por un período inicial de diez años y se renovará, por tácita reconducción, por períodos consecutivos de dos años.

2. Cada Parte Contratante podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación previa y por escrito, cuando menos con seis meses de anticipación a la fecha de su expiración.

3. En caso de denuncia, el presente Acuerdo seguirá aplicándose a las inversiones efectuadas antes de que ella ocurra, durante un período de diez años.

El presente Acuerdo entró en vigor el 18 de diciembre de 1996, fecha de la última comunicación cruzada entre las Partes notificando el cumplimiento de las respectivas formalidades constitucionales, según se establece en su artículo 12.1.