Real Decreto 657/2024, de 9 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial en la transformación de productos de la pesca y acuicultura dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Sector Agroalimentario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiadas con fondos Next Generation EU

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• INTRODUCCION
• Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación
• Artículo 2 Financiación
• Artículo 3 Régimen jurídico
• Artículo 4 Beneficiarios
• Artículo 5 Pluralidad de beneficiarios
• Artículo 6 Obligaciones de los beneficiarios
• Artículo 7 Entidad colaboradora
• Artículo 8 Prioridades temáticas y tipos de proyecto
• Artículo 9 Gastos elegibles
• Artículo 10 Plazo de realización de las actuaciones y efecto incentivador
• Artículo 11 Importe máximo de las ayudas y crédito presupuestario
• Artículo 12 Límites e intensidades máximas de ayuda para proyectos
• Artículo 13 Compatibilidad con otras ayudas
• Artículo 14 Régimen de garantías
• Artículo 15 Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento
• Artículo 16 Inicio del procedimiento y tramitación electrónica
• Artículo 17 Presentación de solicitudes
• Artículo 18 Instrucción
• Artículo 19 Comisión de evaluación
• Artículo 20 Criterios de evaluación de las solicitudes
• Artículo 21 Propuesta de resolución definitiva
• Artículo 22 Resolución
• Artículo 23 Pago de la subvención
• Artículo 24 Modificación de la resolución de concesión
• Artículo 25 Justificación, seguimiento y control
• Artículo 26 Reintegro y pérdida de derecho al cobro
• Artículo 27 Criterios de graduación de los posibles incumplimientos
• Artículo 28 Infracciones y sanciones
• Artículo 29 Publicidad
• Artículo 30 Lucha contra el fraude
• Artículo 31 Cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (DNSH) y del etiquetado climático
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera Título competencial
  • Disposición final segunda Entrada en vigor
• ANEXO I.  Prioridades temáticas previstas para las actuaciones de ayudas de fortalecimiento industrial en la transformación de productos de la pesca y acuicultura
  • Prioridad temática 1: Eficiencia energética
  • Prioridad temática 2: Economía circular
  • Prioridad temática 3: Uso eficiente del agua
  • Prioridad temática 4: Nuevos y mejores productos y envases
  • Prioridad temática 5: Sistemas de trazabilidad
  • Prioridad temática 6: Seguridad, higiene, salud y condiciones de trabajo
• ANEXO II. Criterios de evaluación de las solicitudes
  • ANEXO II.1. Criterios de evaluación
  • ANEXO II.2. Criterios de evaluación
• ANEXO III. Correspondencia de las prioridades establecidas en el anexo I con los campos de intervención recogidos en el anexo VI Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación

1. Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, conforme al artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y al capítulo II del título I de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de ayudas en forma de subvención destinadas a entidades que realicen proyectos aplicables a una actividad industrial de transformación en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.

2. Las actividades incluidas en el ámbito de este real decreto son las de procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos encuadradas en la sección C - División 10.2 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril.

De manera ex post se requerirá que las entidades estén debidamente inscritas en el registro correspondiente, dentro del CNAE sección C - División 10.2 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril.

3. Quedan excluidas expresamente:

• a) Las actividades desarrolladas por el sector de la pesca y acuicultura que se correspondan con el sector primario,
• b) las correspondientes al sector de la distribución, para alimentos a hoteles, restaurantes y caterings, que se utiliza para denominar al «canal HORECA», y
• c) las actividades logísticas externas a las empresas de la industria de trasformación de la pesca y acuicultura.

Artículo 2 Financiación

1. La financiación de las ayudas se efectuará por el importe que se recoja en la convocatoria y con cargo a la partida presupuestaria que se indique en la misma.

2. Las ayudas objeto de este real decreto se financian en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y se enmarcan en el Componente 12 (Política Industrial de España 2030) Inversión 2 (Programa de impulso de la competitividad y sostenibilidad industrial), contribuyendo al cumplimiento de los hitos y objetivos asociados a la misma.

Artículo 3 Régimen jurídico

1. A las ayudas objeto de este real decreto les será aplicable la normativa de la Unión Europea sobre el PRTR, en especial el Reglamento (UE) n.^o 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, y el Reglamento (UE) n.^o 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, y su Reglamento, y la normativa nacional sobre el PRTR, en especial, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2. Asimismo, estas ayudas son compatibles con las Directrices aplicables a las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (2023/C 107/01), (en adelante las Directrices).

Artículo 4 Beneficiarios

1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en este real decreto las sociedades mercantiles de carácter individual con personalidad jurídica propia, con independencia de su tamaño, que desarrollen una actividad industrial de transformación del sector de los productos de la pesca y de la acuicultura en cualquier punto del territorio nacional, y que no formen parte del sector público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

2. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario:

• a) Las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como aquellas que tengan pendientes obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas, acreditándose de acuerdo con el artículo 13.7 de la citada ley. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que incumplan lo establecido en el artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, lo que se acreditará conforme se dispone en dicho artículo.
• b) Las empresas en crisis, definidas en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) n.^o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado o en sus modificaciones (Reglamento General de Exención por Categorías, RGEC).
• c) Las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal o incompatible con el mercado interior.
• d) Las empresas respecto de las cuales la autoridad competente haya determinado que han cometido fraude por sentencia judicial firme, tal como se define en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal, en el contexto del Fondo europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) o del Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).
• e) Las empresas que, de acuerdo con los registros de la Secretaría General de Pesca y según los informes de ésta hayan sido condenadas o sancionadas en firme, en los 12 meses previos a la finalización del plazo de presentación de solicitudes se hubieran encontrado en cualquiera de las situaciones siguientes:
  • 1.º Haber cometido infracciones graves con arreglo al artículo 42 del Reglamento (CE) n.^o 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se modifican los Reglamentos (CEE) n.^o 2847/93, (CE) n.^o 1936/2001 y (CE) n.^o 601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) n.^o 1093/94 y (CE) n.^o 1447/1999, o al artículo 90 del Reglamento (CE) n.^o 1224/2009, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.^o 847/96, (CE) n.^o 2371/2002, (CE) n.^o 811/2004, (CE) n.^o 768/2005, (CE) n.^o 2115/2005, (CE) n.^o 2166/2005, (CE) n.^o 388/2006, (CE) n.^o 509/2007, (CE) n.^o 676/2007, (CE) n.^o 1098/2007, (CE) n.^o 1300/2008 y (CE) n.^o 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.^o 2847/93, (CE) n.^o 1627/94 y (CE) n.^o 1966/2006, o con arreglo a otras normas adoptadas por el Parlamento Europeo y por el Consejo en el marco de la Política Pesquera Común (PPC), o
  • 2.º Haber estado involucrados, directa o indirectamente, en la explotación, gestión o propiedad de algún buque pesquero incluido en la lista de buques pesqueros que practican una pesca ilegal, no declarada y no reglamentada («pesca INDNR») de la Unión, según dispone el artículo 40.3, del Reglamento (CE) n.^o 1005/2008, del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, o de algún buque con pabellón de países considerados terceros países no cooperantes según se establece en el artículo 33 de dicho reglamento, o
  • 3.º Incumplir las normas establecidas en el Reglamento (UE) n.^o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n.^o 1184/2006 y (CE) n.^o 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.^o 104/2000 del Consejo, o
  • 4.º Haber cometido uno o varios de los delitos medioambientales que se establecen en los artículos 3 y 4 de la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, cuando la solicitud de ayuda se presente con arreglo al artículo 32 a39 del Reglamento (UE) n.^o 2022/2473 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda a las empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tal y como determine la autoridad nacional competente no sea apta para solicitar la ayuda y deba reembolsar la ayuda de forma proporcional al incumplimiento o al delito.

Artículo 5 Pluralidad de beneficiarios

Conforme al artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y si así lo recogen las convocatorias, se podrá aplicar la condición de beneficiario a los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamenten la concesión de la ayuda en nombre y por cuenta del beneficiario, en el supuesto de que se trate de una persona jurídica. Se consideran miembros asociados aquéllos que tengan con el beneficiario una relación o vínculo de carácter jurídico no contractual, que se encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o en documento análogo de constitución.

Artículo 6 Obligaciones de los beneficiarios

1. Los beneficiarios deberán cumplir lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Además, los solicitantes acreditarán que no se encuentran en ninguna de las situaciones establecidas en el artículo 4.2 de este real decreto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.

2. Para aquellos proyectos desarrollados en instalaciones reguladas en el momento de la concesión conforme a su normativa por el régimen de comercio de derechos de emisiones, será obligación del beneficiario acreditar, a la finalización del proyecto y en todo caso antes del 30 de junio de 2026, que dicha instalación emite gases de efecto invernadero por debajo de los parámetros de referencia (benchmark) establecidos en 2021 para la asignación gratuita. La no acreditación de este aspecto será causa de reintegro de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.

3. Asimismo, las entidades beneficiarias deberán cumplir también con las obligaciones establecidas por la Unión Europea y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto deberán atenerse a lo siguiente:

• a) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) n.^o 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.
• b) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
• c) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación.
• d) Asumirán el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
• e) Conservarán los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a partir de la operación, de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) n.^o 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.^o 1296/2013, (UE) n.^o 1301/2013, (UE) n.^o 1303/2013, (UE) n.^o 1304/2013, (UE) n.^o 1309/2013, (UE) n.^o 1316/2013, (UE) n.^o 223/2014 y (UE) n.^o 283/2014 y la Decisión n.^o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.^o 966/2012. No obstante, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantendrá toda la documentación de los expedientes por un periodo mínimo de 10 años.
• f) En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, las entidades beneficiarias garantizarán el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo», conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) n.^o 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
• g) Tienen la obligación de adoptar medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación, a tal fin firmarán el anexo IV. C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• h) Para aquellos proyectos desarrollados en instalaciones reguladas en el momento de la concesión por el comercio de derechos de emisiones, será obligación del beneficiario aportar en cualquier momento que se solicite, los Informes de Emisiones Verificados de la instalación.
• i) Sólo podrán seleccionarse aquellas actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Orden HFP 55/2023, de 24 de enero, el órgano competente para la concesión de la subvención utilizará la herramienta de data mining MINERVA para realizar el análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en este procedimiento de concesión de subvención. A tal efecto, y en aplicación del procedimiento previsto en el artículo 7.3 de la Orden HFP 55/2023, de 24 de enero, el órgano competente para la concesión de la subvención podrá requerir a los solicitantes de la subvención la información de su titularidad real, siempre que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no disponga de la información de titularidades reales de la entidad objeto de consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable de la operación de que se trate. Esta información deberá aportarse al órgano competente para la concesión de la subvención en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información. La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento de concesión de la subvención. Los datos, una vez recibidos, serán adecuadamente custodiados de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. A través de MINERVA, el responsable de operación llevará a cabo un nuevo control ex ante del riesgo de conflicto de interés, indicando, en lugar del solicitante, los titulares reales recuperados por el órgano de concesión de la subvención.

5. Estas ayudas no obligan a la entidad beneficiaria a utilizar productos nacionales en lugar de importados ni servicios nacionales, de conformidad con los apartados 62 y 63 de las Directrices.

6. Específicamente, son obligaciones de cada una de las entidades beneficiarias, las siguientes:

• a) Realizar las actuaciones y adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda.
• b) Acreditar, en los plazos estipulados, la realización de las actuaciones, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinaron la concesión.
• c) Justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano concedente o designado para tal fin.
• d) Colaborar con las actuaciones de comprobación y control, aportando en cualquier momento que se solicite, cuanta documentación le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
• e) Comunicar al centro gestor de la ayuda, obtención, en cualquier momento, de cualquier otra financiación pública concurrente parcial o totalmente con los gastos subvencionables al amparo de estas bases.
• f) Acreditar en cualquier momento que se solicite, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social.
• g) Acreditar en cualquier momento que se solicite, el cumplimiento de obligaciones de presentación de cuentas ante el Registro Mercantil o el registro que corresponda para su depósito, cuando proceda.
• h) Comunicar al centro gestor de la ayuda, en el momento en el que se produzca, cualquier variación en el cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en la presente orden.

Artículo 7 Entidad colaboradora

1. Podrán obtener la condición de entidad colaboradora, siempre que cumplan con los requisitos previstos en los artículos 12, 13 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los organismos y demás entes de derecho público cuyo objeto social o actividad tenga relación directa con el sector al que se dirigen las subvenciones y que acrediten contar con los medios materiales y personales suficientes para desarrollar la actividad de entrega, distribución y comprobación exigibles.

2. Dichas entidades, con las que se formalizará, conforme al artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el correspondiente convenio, podrán llevar a cabo, en todo o en parte, la gestión de las ayudas, o efectuar la entrega a los beneficiarios de los fondos recibidos.

Artículo 8 Prioridades temáticas y tipos de proyecto

1. Se podrán financiar proyectos aplicables a una actividad industrial de transformación en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura que respondan a las siguientes prioridades temáticas:

• a) Eficiencia energética: Contribuyendo a incrementar la eficiencia energética o a reducir el impacto en el medio ambiente, incluido el tratamiento de residuos;
• b) Economía circular: Ayudando, entre otros, a la transformación de capturas de pescado comercial que no se destine al consumo humano y transformación de subproductos obtenidos de las actividades principales de transformación.
• c) Uso eficiente del agua: Contribuyendo a aumentar la eficiencia en el uso del recurso agua.
• d) Nuevos productos y/o envases: Impulsando la digitalización integral y mejorando la optimización de procesos y sistemas de gestión y organización.
• e) Trazabilidad: Implementando aquellos sistemas de trazabilidad de productos pesqueros y acuícolas a lo largo de toda la cadena o en cualquiera de sus fases.
• f) Seguridad, higiene, salud y condiciones de trabajo: Mejorando la seguridad, la higiene, la salud y las condiciones de trabajo;

2. Los proyectos deberán enmarcarse en alguna o algunas de las prioridades descritas en el anexo I y cumplir los requisitos del artículo 31 de este real decreto. El ámbito geográfico de las actividades objeto de ayuda será el territorio nacional.

3. Según se establece en la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» no se consideran subvencionables:

• a) Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar en el año 2026, no se situarán por debajo de los parámetros de referencia (benchmark) establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión en relación con las actividades que se inscriben en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, según lo establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) n.^o 2021/447 de la Comisión de 12 de marzo de 2021 por el que se determinan los valores revisados de los parámetros de referencia para la asignación gratuita de derechos de emisión en el período comprendido entre 2021 y 2025 con arreglo al artículo 10 bis.2, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto.
• b) Las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento mecánico-biológico. La exclusión sobre incineradoras no se aplica a las acciones emprendidas en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las plantas existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil. Asimismo, no se aplica la exclusión sobre plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética o su reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el compostaje y la digestión anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil. Todos estos pormenores deberán explicarse motivada y documentalmente en cada planta.
• c) Actividades en las que la eliminación a largo plazo de desechos puede causar daños a largo plazo al medio ambiente (por ejemplo, desechos nucleares).

4. De acuerdo con el apartado 135 de las Directrices, no serán elegibles las actuaciones:

• a) Para aumentar la capacidad pesquera de un buque de pesca;
• b) para la adquisición de equipos que aumenten la capacidad de un buque de pesca para detectar pescado;
• c) para la construcción, adquisición o importación de buques de pesca;
• d) para la transferencia o el cambio de pabellón de buques de pesca a terceros países, incluso a través de la creación de empresas conjuntas con socios de terceros países;
• e) para la paralización temporal o definitiva de las actividades pesqueras;
• f) para la pesca exploratoria;
• g) para la transferencia de propiedad de una empresa;
• h) para la repoblación directa, salvo en el caso de la repoblación experimental;
• i) para la construcción de nuevos puertos o lonjas, con excepción de nuevos lugares de desembarque;
• j) para los mecanismos de intervención del mercado destinados a retirar del mercado de manera temporal o permanente productos de la pesca o de la acuicultura con vistas a reducir la oferta para evitar la caída de precios o para incrementar los precios, que no cumplan con las disposiciones de los artículos 30 y 31 del Reglamento (UE) n.^o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013;
• k) para las inversiones a bordo de buques de pesca necesarias para cumplir los requisitos del Derecho de la Unión en vigor en el momento de la presentación de la solicitud de ayudas, incluidos los requisitos derivados de las obligaciones asumidas por la Unión en el contexto de las organizaciones regionales de ordenación pesquera;
• l) para las inversiones a bordo de buques de pesca que hayan llevado a cabo actividades pesqueras durante menos de sesenta días en los dos años civiles anteriores al año de presentación de la solicitud de ayuda; o
• m) para la sustitución o la modernización de un motor principal o auxiliar de un buque de pesca.
• n) Aquéllas que sean consideradas perjudiciales de conformidad con las Directrices.

Artículo 9 Gastos elegibles

1. Tendrán la consideración de gastos elegibles o subvencionables los que se ajusten a lo establecido el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se encuadren en alguna de las siguientes categorías:

• a) Aparatos y equipos: adquisición de activos fijos materiales vinculados a los objetivos del proyecto y al proceso productivo directa o indirectamente. Quedan excluidos los elementos de transporte exterior. En esta partida se pueden incluir los costes de instalación, montaje o puesta en marcha siempre que se trate de un servicio externo.
• b) Edificación e instalaciones: inversiones materiales para la adecuación de naves industriales existentes, así como de sus instalaciones. Se podrán incluir en esta partida las inversiones correspondientes a líneas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables que los productores industriales implanten en sus instalaciones para su autoconsumo.
• c) Activos inmateriales: inversiones en activos vinculados a la transferencia de tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, «know-how» o conocimientos técnicos no patentados. Para ser elegibles, los activos inmateriales deberán cumplir todas las condiciones siguientes:
  • 1.ª Se utilizarán exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda.
  • 2.ª Se adquirirán en condiciones de mercado a terceros no relacionados con el comprador, según lo dispuesto en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
  • 3.ª Estarán incluidos en los activos de la empresa durante al menos tres años desde la fecha de adquisición.
• d) Colaboraciones externas: sólo se considerarán colaboraciones externas, a afectos de percibir la ayuda, las necesarias para el diseño o rediseño de procesos directamente relacionados con las inversiones vinculadas a las prioridades definidas en el anexo I. Queda expresamente excluida cualquier forma de consultoría, a excepción de:
  • 1.º La consultoría asociada a la gestión, tramitación y justificación de la financiación solicitada en la cuantía que no supere el 0,5 % de la subvención concedida,
  • 2.º La memoria de evaluación sustantiva de las actuaciones del proyecto descrita en el apartado e) siguiente y
  • 3.º El informe de auditor de cuentas descrito en el artículo 25.
• e) La Memoria de evaluación sustantiva de las actividades del proyecto, que determine el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo». La evaluación sustantiva se realizará siguiendo las directrices y modelos establecidos por la Comunicación de la Comisión Europea (2021/C 58/01), relativa a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en la forma que se especifique en las correspondientes convocatorias. En este sentido, se considerarán gasto elegible el informe emitido por una entidad de validación acreditada por ENAC o entidad equivalente de otro Estado miembro de la Unión Europea acreditada, y en los términos que se indiquen en las correspondientes convocatorias, que acredite el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo».

Para ser financiables, los costes imputados deberán ser costes de inversión adicionales necesarios para ir más allá de las normas aplicables.

2. Los conceptos de gasto, para ser considerados elegibles, deberán detallarse individualmente en la memoria, siguiendo el modelo que se establezca en la correspondiente convocatoria, o en el modelo de solicitud. Asimismo, deberán imputarse a la categoría correspondiente en el modelo de solicitud. Sólo podrán considerarse elegibles aquellos conceptos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad a financiar y resulten estrictamente necesarios, con base en la descripción de las actuaciones aportada en la memoria de solicitud.

3. Se aplican las siguientes reglas a los conceptos de gasto elegibles:

• a) El equipamiento físico asociado al presupuesto financiable deberá ir provisto del correspondiente marcado CE o declaración de conformidad y número de serie.
• b) Para los gastos de colaboraciones externas, consultoría o ingeniería, no se podrán fraccionar las tareas que realice un mismo proveedor.
• c) Si existen operaciones con personas o entidades vinculadas al beneficiario, entendiéndose conforme al artículo 68 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, solo se admitirán aquellas inversiones que cuenten con autorización expresa del órgano gestor y se realicen según las condiciones normales de mercado, según el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
• d) Respecto a los bienes inventariables, será de aplicación lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
• e) Se podrá subcontratar con terceros hasta el 100 por cien de la actividad subvencionada, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de producirse la subcontratación, la entidad beneficiaria habrá de prever los mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar daño significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, así como el resto de condiciones establecidas en este real decreto. En el caso de que se subcontrate una actividad, el subcontratista deberá identificar y valorar separadamente los gastos elegibles y no elegibles, de acuerdo con las categorías mencionadas en el punto 1 de este artículo, de tal forma que estos puedan ser perfectamente identificados y valorados.
• f) Cuando el importe del gasto supere las cuantías que se establezcan en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación de la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren.

  La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en el momento de la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

• g) Los gastos relativos al arrendamiento de activos materiales sólo podrán tenerse en cuenta en el caso de aparatos y equipos de producción, si el arrendamiento financiero incluye la obligación de que el beneficiario de la ayuda adquiera el activo al término del contrato de dicho arrendamiento.

4. No se considerarán gastos elegibles:

• a) Los costes de adquisición de activos fijos de segunda mano.
• b) Adquisición de empresas.
• c) Impuestos indirectos.
• d) Los gastos financieros derivados del pago aplazado de inversiones o de otros motivos, las inversiones en terrenos, locales y obra civil y los gastos de despliegue de infraestructuras para prestación de servicios.
• e) Costes de personal propio.
• f) Los pagos realizados fuera del periodo comprendido entre la solicitud de la ayuda y la fecha de finalización del proyecto
• g) Según se establece en la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo»:
  • 1.º Las inversiones relacionadas con combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de los mismos, excepto los proyectos relacionados con la generación de electricidad y/o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Comunicación de la Comisión (2021/C 58/01) de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
  • 2.º La compensación de los costes indirectos del Régimen de Comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE).

5. El importe de la ayuda corresponderá a los costes netos extras de ejecutar la inversión en la zona en cuestión, frente a la situación contrafactual en la que no hubiese ayuda, de conformidad con el punto 96 de las Directrices, y no podrá superar el mínimo necesario para que el proyecto sea suficientemente rentable.

Artículo 10 Plazo de realización de las actuaciones y efecto incentivador

1. El plazo máximo de ejecución y finalización del proyecto será el 30 de junio de 2026.

2. De acuerdo con las Directrices, las ayudas reguladas en este real decreto sólo serán aplicables si tienen efecto incentivador sobre la actividad de la empresa objeto de la ayuda.

En ningún caso se podrá otorgar ayuda cuando el trabajo del proyecto o de la actividad correspondiente ya se haya iniciado, conforme se define en el apartado 31 aa) de las Directrices, antes de la presentación de la solicitud de ayuda por parte de aquella a las autoridades nacionales.

Se considera que las ayudas tienen un efecto incentivador si, antes de comenzar a trabajar en el proyecto o actividad, la empresa ha presentado por escrito una solicitud de ayuda.

Artículo 11 Importe máximo de las ayudas y crédito presupuestario

El importe máximo destinado a estas ayudas, financiadas por el citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se establecerá en la convocatoria. A su vez, para que un proyecto sea elegible debe contar con un importe de actuaciones financiables superior a 1,5 millones de euros. La cuantía de las ayudas está sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

Artículo 12 Límites e intensidades máximas de ayuda para proyectos

1. La intensidad máxima de la ayuda será del 50 por ciento de los gastos elegibles.

2. El importe total de la concesión de ayuda por beneficiario y por cada uno de los años 2024, 2025 y 2026 no superará los 2,5 millones de euros. El importe máximo total de la ayuda por proyecto no superará los 5 millones de euros.

Artículo 13 Compatibilidad con otras ayudas

1. Las ayudas reguladas en este real decreto son incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

2. El solicitante deberá declarar no haber recibido ayudas de cualquier tipo de fondos públicos para financiar el desarrollo de actividades que tengan la misma finalidad que las enmarcadas dentro de los distintos proyectos primarios. Además, deberá actualizar esta declaración, si en cualquier momento ulterior de la instrucción se produce una modificación de lo inicialmente declarado.

Artículo 14 Régimen de garantías

Las ayudas concedidas se podrán pagar anticipadamente, cuando así lo especifique expresamente en la solicitud, previa presentación por el beneficiario de la justificación de la constitución de una garantía válida

1. Las garantías se constituirán, a disposición del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, en la Caja General de Depósitos en formato electrónico a través de la siguiente web: https://www.tesoropublico.gob.es/es/servicios/estado-de-dep%C3 %B3sitos-y-garant%C3 %ADas, de acuerdo con el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.

Se exigirá la presentación del resguardo de constitución de garantía antes de la resolución de concesión de la ayuda, estableciéndose un plazo de 15 días hábiles a contar desde la fecha en que sea notificado su requerimiento. La falta de constitución de la misma y de presentación del correspondiente resguardo ante el órgano competente implicará el decaimiento de la solicitud.

2. El importe de las garantías será por la totalidad de la subvención propuesta, incrementado en un 10 %, de conformidad con el artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3. Las garantías serán liberadas, con carácter general, una vez que tenga lugar la acreditación de que se haya realizado la actividad objeto de la ayuda, según establece el artículo 26 de este real decreto, y se haya realizado el ingreso del reintegro que proceda en su caso. El régimen de cancelación de las garantías se ajustará a lo establecido en la normativa de la Caja General de Depósitos.

4. Las garantías se incautarán cuando se produzca el impago del reintegro que proceda por incumplimiento de cualquier condición impuesta al beneficiario en este real decreto, y en especial de lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28, en la convocatoria o en la propia resolución de concesión.

Artículo 15 Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento

1. Será competente para convocar las ayudas reguladas en este real decreto y resolver el procedimiento de su concesión, la persona titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sin perjuicio de las delegaciones vigentes sobre la materia.

2. El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión es la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

3. Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de concesión de las ayudas, así como en la selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el procedimiento. A estos efectos se utilizará el modelo previsto en el anexo I de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las declaraciones de ausencia de conflicto de interés serán firmadas individual y electrónicamente por cada uno de los decisores de operación, una vez conozcan los solicitantes de las ayudas, y que sus datos de identificación serán introducidos por el responsable de operación en MINERVA para ser cruzados con los datos de todas las personas físicas o jurídicas solicitantes de la ayuda.

Artículo 16 Inicio del procedimiento y tramitación electrónica

1. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, cuyo texto completo deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de acuerdo con los artículos 20.8 y 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. Igualmente, se publicará un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente a través de la Sede Electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la relación posterior con la entidad solicitante se llevará a cabo por medios electrónicos.

3. En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento estarán disponibles por comparecencia electrónica en la Sede Electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a través de la dirección habilitada única, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 17 Presentación de solicitudes

1. Las solicitudes se dirigirán la persona titular del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, junto con la correspondiente documentación, en el plazo que establezca la convocatoria, no siendo este superior a 30 días desde el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y sus modelos estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en la Sede Electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La presentación de la solicitud de obtención de ayuda conforme a este artículo implicará el consentimiento de la utilización de los datos de la solicitud para la inscripción de las entidades solicitantes en el Registro estatal de entidades interesadas en el PERTE. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comunicará la información al Ministerio de Hacienda de acuerdo con la Orden HFP/168/2022, de 7 de marzo.

2. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

• a) Formulario de solicitud de ayuda: modelo de solicitud disponible en la Sede Electrónica asociada, que ha de ser cumplimentado y firmado electrónicamente. En el formulario se incluirá declaración responsable que incluya cualquier tipo de fondos públicos que haya obtenido o solicitado para financiar las actividades para las que solicita ayuda. Este formulario también incluirá, en su caso, la opción de cobrar la ayuda anticipadamente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.
• b) Memoria descriptiva de la inversión, según la estructura y contenido establecido en la convocatoria, y firmada electrónicamente. En la misma, los solicitantes deberán describir en la solicitud la situación sin la ayuda, la situación, en su caso, mencionada como hipótesis contrafactual o como proyecto o actividad alternativos, y deberán presentar pruebas documentales en apoyo de la hipótesis contrafactual descrita en la solicitud, de conformidad con el punto 51 de las Directrices. De acuerdo con el punto 52 de las Directrices, se comprobará por la comisión de valoración la credibilidad de la hipótesis contrafactual y se confirmará que las ayudas tienen el efecto incentivador exigido. La convocatoria determinará la documentación adicional que, en su caso, deberá acompañar a la memoria descriptiva de la actuación.
• c) Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
• d) Acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, sólo en el caso en el que el solicitante no autorice que el órgano de instrucción obtenga de forma directa dicha acreditación a través de certificados electrónicos, conforme a lo establecido en el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos.
• e) Acreditación del cumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la forma que proceda de las previstas en el artículo 13.3.bis.
• f) Cuentas anuales del ejercicio que se indique en la convocatoria, correctamente depositadas en el Registro Mercantil junto con el justificante de depósito, y si está obligado a ello, los pertinentes informes de auditoría.
• g) Acreditación de la declaración y liquidación del Impuesto de Sociedades de los dos últimos años.
• h) Declaraciones trimestrales de IVA correspondientes a los ejercicios que se especifiquen en la convocatoria.
• i) Memoria de evaluación sustantiva de las actividades del proyecto, que determine el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo». La evaluación sustantiva se realizará siguiendo las directrices y modelos establecidos por la Comunicación de la Comisión Europea (2021/C 58/01), relativa a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en la forma que se especifique en las correspondientes convocatorias.
• j) Para las instalaciones afectadas por el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, Informe de Emisiones verificado por una entidad acreditada, correspondiente al último periodo disponible a fecha de presentación de solicitud.
• k) Inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.
• l) Las siguientes declaraciones responsables de:
  • 1.º No tener deudas por reintegro de ayudas con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
  • 2.º Estar al corriente de pago de las obligaciones de rembolso de cualesquiera otras ayudas concedidas anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
  • 3.º No estar incurso en ninguna de las prohibiciones referidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, según los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
  • 4.º Que cumplirá la normativa nacional y de la Unión Europea aplicada (en particular, en materia de competencia, contratación y adjudicación de obras y suministros y medio ambiente), y que se compromete a presentar todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para el proyecto al disponer de ellas.
  • 5.º Que entre los gastos para los que se solicita financiación, no existen operaciones con personas o entidades vinculadas al solicitante, o en caso contrario, declaración de la citada vinculación y de que la operación cumple lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En este caso, sólo serán admisibles aquellas inversiones que cuenten con autorización expresa por parte del órgano gestor y se realicen de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
  • 6.º Que el solicitante constituye o pertenece a un grupo empresarial y, en su caso, que ninguna de las entidades pertenecientes al grupo empresarial es deudora por reintegro de subvenciones.
  • 7.º Declaración responsable de que las instalaciones están o no afectadas por el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
  • 8.º Que cumplirá con las condiciones para el acceso a la ayuda según lo establecido en el artículo 14.1.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
  • 9.º Declaración responsable que no se encuentra en ninguno de los casos descritos en el artículo 4.2 del presente real decreto.
  • 10.º Declaración de que la cantidad de ayuda requerida se limita a la cantidad mínima necesaria para estimularla a llevar a cabo los proyectos; y que las ayudas en dichos proyectos no conducirán a la creación de sobrecapacidades ni reforzarán sobrecapacidades existentes en mercados en declive absoluto.
  • 11.º Declaración de ausencia de conflicto de interés.
• m) Otra documentación que se determine en la convocatoria y que sea necesaria para acreditar el cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario.

3. Asimismo, dado que estas ayudas se enmarcan en el PRTR, la solicitud deberá incluir la siguiente documentación:

• a) Compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
• b) Justificación expresa de no encontrarse en la situación de ser considerada empresa en crisis.
• c) Las siguientes declaraciones responsables:
  • 1.º Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión, conforme al modelo establecido en el anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
  • 2.º Anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sobre cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR).
  • 3.º Otras declaraciones responsables cuyos modelos sean aprobados por las autoridades competentes conforme a la normativa nacional y europea dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación, las cuales serán determinadas en la convocatoria o, en su defecto, a las que se haya dado la debida publicidad normativa con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

4. En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano instructor:

• a) Recabará de la Tesorería General de la Seguridad Social información relativa al cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social en los términos previstos en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y consultará en la Base Nacional de Datos de Subvenciones y en las bases de datos públicas de idéntica función, las ayudas recibidas, incluidas las de minimis y las inhabilitaciones para recibir subvenciones. No obstante, el solicitante podrá oponerse expresamente a estas consultas, debiendo en este caso aportar los correspondientes certificados.
• b) En caso de disponer del consentimiento expreso del solicitante, recabará de la Agencia Estatal de Administración Tributaria información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias en los términos previstos en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de no conceder este consentimiento, el interesado deberá aportar las certificaciones correspondientes.

5. Los interesados presentarán la solicitud de ayuda y el resto de la documentación, exclusivamente de forma telemática, con firma electrónica de la persona que tenga poder de representación suficiente, de acuerdo con la Orden PCM/1384/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico de apoderamientos en el ámbito de la Administración General del Estado, en la Sede Electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En el caso de representación mancomunada, deberá aportarse, asimismo, una copia digitalizada de los documentos anexos a la solicitud firmados electrónicamente por cada uno de los representantes mancomunados.

6. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado, para que, en el plazo improrrogable de diez días desde el siguiente al de la publicación del requerimiento en la Sede Electrónica asociada, de acuerdo con el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de dicha norma.

Artículo 18 Instrucción

1. El órgano competente para la instrucción realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. En cualquier momento del procedimiento, el solicitante deberá comunicar al órgano instructor, en su caso y tan pronto como tengan conocimiento de ello, la obtención de otra ayuda pública para la ejecución de las actividades para las que se solicita ayuda.

3. En cualquier momento del procedimiento, si el órgano instructor detectara que ha variado el cumplimiento las condiciones necesarias para ser beneficiario, podrá requerir a los solicitantes la acreditación de estas para que, en el plazo máximo de diez días, desde el día siguiente a la publicación del requerimiento en la Sede Electrónica asociada, aporte los oportunos certificados, declaraciones responsables o información requerida. En caso de no responder al requerimiento, no aportar la información requerida o hacerlo fuera de plazo, se le tendrá por desistido de su solicitud.

4. Igualmente se podrán llevar a cabo cuantas actuaciones de comprobación se consideren por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, entre ellas, en su caso el acta de no inicio de la actuación llevada a cabo por la Delegación de Gobierno al lugar donde se realice la inversión o entidad designada.

Artículo 19 Comisión de evaluación

1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de evaluación cuya ejecución se encomienda a la comisión de evaluación, que tendrá como función emitir informe debidamente motivado en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, y el orden de prelación consecuente de todas las solicitudes que cumplan los requisitos de admisibilidad, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. La comisión de evaluación se integrará administrativamente en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y estará presidida por la persona titular de la Dirección General de Alimentación.

Serán vocales:

• a) La persona titular de la Subdirección General de Acuicultura, Comercialización y Acciones Estructurales.
• b) La persona titular de la Subdirección General de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales.
• c) La persona titular de la de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística,
• d) La persona titular del Gabinete Técnico de la Subsecretaria.
• e) Un funcionario por cada uno de los siguientes órganos: Unidad de Apoyo de la Dirección General de Ordenación Pesquera, Dirección General de Alimentación y Dirección General de Servicios e Inspección.
• f) La persona titular de la Oficina técnica del Comisionado del PERTE Agroalimentario del Ministerio de Industria y Turismo.

Actuará como secretario un funcionario de la Subdirección General de Gestión de la Secretaría General de Pesca que no tendrá la consideración de miembro de la descrita comisión, y que, por tanto, tendrá voz, pero no voto, conforme a lo establecido en el artículo 19.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El nombramiento de los miembros de la comisión de evaluación se realizará según el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo que por razones fundadas y objetivas no sea posible, y lo efectuará el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación entre funcionarios de carrera del grupo A, nombrando a los suplentes de los vocales titulares de órganos con rango de subdirección general y a los titulares y los suplentes del resto de miembros. El miembro de la Oficina técnica del comisionado del PERTE agroalimentario del Ministerio de Industria y Turismo, será nombrado por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a propuesta del Ministro de Industria y Turismo.

3. El régimen jurídico de la citada comisión será el establecido en la sección tercera, del capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

4. La Comisión podrá contar cuando así lo estime oportuno con la necesaria asistencia técnica para emitir el informe e invitar a representantes de otros organismos, que tendrán voz, pero no voto.

5. De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, la comisión de evaluación reforzará su implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, acorde al modelo previsto en el anexo I de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, de cada miembro de esta, que se realizará al principio de la reunión y se reflejará en el acta. La comisión se comprometerá a mantener dicha declaración actualizada si se modifica la situación respecto a la declaración original.

Artículo 20 Criterios de evaluación de las solicitudes

1. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el solicitante en la fase de admisión de solicitudes o la que pudiera habérsele requerido complementariamente en fase de subsanación. Por tratarse de procedimientos de concesión en concurrencia competitiva y, como tales iniciados de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de la solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de ésta.

2. La evaluación se realizará basándose en los criterios que se especifican en este artículo y el anexo II, con la ponderación que indica, la cual podrá concretarse en la correspondiente convocatoria. En los casos en los que se establezcan umbrales de puntuación, será necesario alcanzarlos para poder optar a la ayuda. En ningún caso se podrá conceder ayuda a aquellas inversiones cuya puntuación, en los correspondientes criterios, no alcance los referidos umbrales.

3. La evaluación se realizará en dos fases: en la primera fase se aplicarán los criterios establecidos en el anexo II.1. Una vez superada esta fase, cumpliendo con los criterios excluyentes e igualando o superando con la puntuación mínima en los parámetros de viabilidad económica, se pasará a la evaluación de los proyectos presentados de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo II.2.

4. En relación con la segunda fase de la valoración, se valorarán los siguientes parámetros, con la puntuación máxima establecida en el anexo II.2:

• a) Experiencia de la entidad: se valorará la experiencia previa de la entidad en las tareas a desarrollar en el proyecto con objeto de determinar que dispone de la capacitación necesaria para su ejecución.
• b) Calidad del plan de trabajo: se valorará la adecuada descomposición del plan de trabajo en paquetes y actividades, así como la coherencia con los objetivos finales y los hitos intermedios.

  Se valorará la adecuada descripción e interrelación de cada paquete de trabajo, y de cada actividad, así como la definición de requisitos y entregables asociados a los anteriores. Asimismo, se considerará la adecuación del presupuesto a la estructura de proyecto.

• c) Adecuada programación temporal del proyecto: se evaluará la adecuación de la programación temporal propuesta teniendo en cuenta su definición, así como el presupuesto consignado en cada fase o hito y las coherencias de los costes imputados en cada actividad.
• d) Evaluación de las actuaciones de acuerdo con los criterios recogidos en el anexo II.2: estos criterios se establecen de acuerdo con las prioridades temáticas establecidas en el anexo I.

5. En los casos de solicitudes con igualdad de puntuación, tendrá preferencia quien tenga más puntos en los criterios de valoración del anexo II.2 relativos a las prioridades temáticas. En caso de seguir existiendo empate tras la aplicación de este criterio, se seleccionará la solicitud que se haya presentado antes.

6. La selección final de los proyectos beneficiarios de ayuda estará condicionada a que el conjunto de proyectos cumpla el 40 % de contribución al etiquetado climático y medioambiental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31, pudiéndose realizar las modificaciones oportunas para garantizar su cumplimiento.

Artículo 21 Propuesta de resolución definitiva

1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de evaluación descrita en el artículo 19, formulará la propuesta de resolución definitiva, debidamente motivada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Esta propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados mediante su publicación en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica asociada del Departamento conforme al artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y será notificada a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en el plazo de 10 días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la ayuda propuesta. Transcurrido dicho plazo sin que se haya comunicado la aceptación expresa, se tendrá por desistido en la solicitud presentada. Igualmente, durante ese plazo, podrán actualizar, en su caso, la información aportada en el momento de la solicitud de las siguientes condiciones de obligado cumplimiento para poder ser beneficiario:

• a) Cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el caso de que el interesado haya denegado expresamente su consentimiento para que el órgano obtenga de forma directa la acreditación de tal cumplimiento, en los términos previstos en este real decreto.
• b) No tener deudas por reintegro de ayudas con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
• c) Estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otras ayudas concedidas anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
• d) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Los párrafos b), c) y d) anteriores, podrán acreditarse por medio de declaración responsable del solicitante.

2. Asimismo, las entidades beneficiarias deberán presentar junto con la aceptación:

• a) Una declaración de la cesión y tratamiento de datos a otras administraciones en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), conforme al modelo establecido en el anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
• b) Una comunicación de fecha de inicio del proyecto.
• c) Un justificante de aportación de garantías a las que se refiere el artículo 14.
• d) La acreditación del cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»), se llevará a cabo mediante la presentación de un informe emitido por una entidad de validación acreditada por ENAC o entidad equivalente de otro Estado Miembro de la Unión Europea acreditada.

3. Las propuestas de resolución no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se le haya publicado la resolución de concesión.

Artículo 22 Resolución

1. La resolución de concesión, además de contener los solicitantes a los que se concede la ayuda y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma, a efectos de lo previsto en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. La resolución del procedimiento de concesión de ayuda se publicará en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

3. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su publicación es de seis meses contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del extracto de la respectiva convocatoria. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese publicado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud conforme al artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. Esta subvención será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

5. Contra la resolución del procedimiento, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la fecha de publicación, conforme lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 23 Pago de la subvención

1. El pago de la ayuda quedará condicionado a que exista constancia de que el beneficiario cumple los requisitos establecidos en este real decreto, así como los señalados en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. La ayuda regulada en este real decreto se pagará previa justificación de la misma. No obstante, podrá realizarse en un solo pago anticipado previa solicitud del interesado, salvo que la convocatoria especifique otra cosa.

Artículo 24 Modificación de la resolución de concesión

1. Las actuaciones deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se determine en las resoluciones de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas esenciales tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda se podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión en la forma que se establezca en las mismas. Las modificaciones que den lugar a una modificación de la resolución de concesión podrán producirse hasta 6 meses antes de la finalización de la actividad subvencionada en el plazo establecido en el artículo 10.

2. La substitución de elementos del presupuesto financiable por otros con funcionalidad equivalente no requerirá la solicitud de modificación de la resolución de concesión, pero deberán ser puestos en conocimiento de la administración.

3. Las propuestas de modificación deberán presentarse por medios electrónicos ante el órgano concedente y someterse a informe de la comisión de evaluación prevista en el artículo 19, al objeto de que evalúe su pertinencia. Las modificaciones deberán obedecer a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud, y que no fuesen previsibles con anterioridad, aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. Las modificaciones se han de producir antes de la finalización de la actividad, no pueden suponer alteración de los juicios de valor aplicados a la solicitud y no han de perjudicar derechos de terceros.

4. Las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, pueden dar lugar a la modificación de la resolución son las siguientes:

• a) Que se justifique la conveniencia de incorporar a la actividad avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya conocido con posterioridad a la concesión de la ayuda.
• b) Fuerza mayor que hiciese imposible la ejecución de la actuación o proyecto en los términos inicialmente definidos.
• c) Aquel que pueda afectar al beneficiario de la misma como consecuencia de una operación de reestructuración societaria.

5. La solicitud de modificación de la resolución de concesión se acompañará, al menos, de una memoria en la que se expondrán los motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de concesión.

6. En el caso de modificaciones significativas, o en el caso de que se considere necesario, podrá solicitarse, antes de la concesión de la modificación solicitada, un informe emitido por una entidad de certificación acreditada, que certifique que la modificación propuesta cumple con el principio de «no causar un perjuicio significativo».

Artículo 25 Justificación, seguimiento y control

1. La justificación se realizará según la modalidad de cuenta justificativa, con aportación de informe de auditor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. El beneficiario deberá presentar la documentación justificativa de las actividades financiadas en el marco de este real decreto en los tres meses siguientes a la finalización de la actuación.

La cuenta justificativa irá acompañada de un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de acuerdo con la Orden EHA/1434/2007, del 17 de mayo, en la cual se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del citado Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Cuando el beneficiario tenga que auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa la hará el mismo auditor. En el supuesto en que el beneficiario no esté obligado a auditar sus cuentas anuales, la designación del auditor de cuentas será realizada por él. El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa es gasto subvencionable.

Tras el plazo establecido sin presentar la documentación justificativa ante la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, esta requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días se presente, considerando que la falta de presentación provocará la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. La presentación electrónica de cuantas actuaciones compongan la justificación a que vienen obligados conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no exime a los beneficiarios de conservar los originales de los justificantes de gasto y pago, informes de auditoría, etc., por si les fueran requeridos posteriormente o en el momento de presentar la cuenta justificativa según lo establecido en este artículo por el órgano gestor y responsable del seguimiento del punto del 3, al realizar las actividades de control legalmente previstas, por la Intervención General de la Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas y demás órganos de control.

3. Se presentará la acreditación del cumplimiento del DNSH durante la ejecución del proyecto mediante la presentación de un informe emitido por una entidad de validación acreditada por ENAC o entidad equivalente de otro Estado Miembro de la Unión Europea acreditada.

4. La Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura verificará el cumplimiento documental y físico del proyecto objeto de la ayuda y que ésta se ha aplicado a la concreta finalidad para la que fue concedida y hará el seguimiento e informes correspondientes a la correcta justificación, y a cualquier situación de modificación, reintegro, infracción o sanción.

5. Tras la correspondiente comprobación técnico-económica anterior, la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura emitirá una certificación acreditativa del grado de cumplimiento de los fines que justificaron la concesión de la ayuda. Dicha certificación preceptiva y vinculante determinará, en su caso, el pago si no ha habido anticipo, o el acuerdo de la procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

6. El beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, o entidad designada de las actuaciones financiadas, así como al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas, de las autoridades nacionales y de la Unión Europea de control de las mismas, o entidad que éstas designen, y a cualquier otra normativa aplicable.

Artículo 26 Reintegro y pérdida de derecho al cobro

1. Procederá el reintegro de la ayuda percibida, así como los intereses de demora correspondientes, en los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el caso de incumplimientos del principio DNSH recogidos en este real decreto, y éste se regirá por lo dispuesto en el título II de la misma, y en el título III de su reglamento de desarrollo.

2. El procedimiento de reintegro se someterá a lo dispuesto en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro a la vista de los informes emitidos por el órgano encargado del seguimiento descrito en el artículo 25.3, deberá indicar la causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe del ayuda afectado.

Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de quince días.

Corresponderá dictar la resolución del expediente al órgano concedente, debiendo ser notificada al interesado en un plazo máximo de un mes desde la fecha del acuerdo de iniciación. La resolución indicará quién es la persona obligada al reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el importe a reintegrar junto a los intereses de demora.

4. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se entiende por devolución voluntaria aquélla que es realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración. Cuando dicha devolución voluntaria se produzca por alguna de las causas establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los intereses de demora y financieros se calcularán hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.

Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en la Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado.

El interesado deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria y su importe al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, y esperar la recepción del correspondiente documento de ingreso 069, para hacer efectivo el pago.

5. En concreto se considerará incumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto, y generará el correspondiente reintegro y, en su caso, el derecho a incautar garantías ante impago del beneficiario en caso de que se hayan hecho efectivas, cualquiera de los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

6. El incumplimiento de la obligación de publicidad establecido en el artículo 27 de este real decreto puede ser causa de reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 93 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

7. Si cualquiera de las situaciones recogidas en el artículo 4.2. e) se produjera en el período comprendido entre la presentación de la solicitud de ayuda y los cinco años siguientes a la realización del pago final, la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura emitirá la propuesta de reintegro debidamente motivada y cuantificada declarando denegada la solicitud o el inicio del correspondiente procedimiento de reintegro, con respeto al principio de proporcionalidad, de la parte correspondiente de la ayuda entre la fecha del hecho causante y los cinco años posteriores al último pago.

Artículo 27 Criterios de graduación de los posibles incumplimientos

1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en el presente real decreto, en las resoluciones de convocatoria, en la normativa europea, en su caso, y demás normas aplicables, así como de las condiciones que se establezcan en las correspondientes resoluciones de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda y a la obligación de reintegrar ésta, conforme a lo dispuesto en el 26.

Los criterios de graduación de incumplimientos serán los siguientes:

• a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos para los que se concedió la ayuda, determinado a través de los mecanismos de seguimiento, comprobación, control y comprobación, será causa de reintegro total de la ayuda, y en su caso de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
• b) El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas determinado a través de los mecanismos de seguimiento, comprobación y control, conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a las mismas y, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
• c) En caso de que sea exigible la autorización de modificaciones del presupuesto financiable, el incumplimiento de la exigencia de autorización supondrá la devolución de las cantidades desviadas.
• d) El incumplimiento de la obligación de dar publicidad a la ayuda concedida, en los términos del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de lo establecido en el artículo 29 de este real decreto, será causa del reintegro parcial de hasta el 2 % del importe asociado a dicho incumplimiento. No obstante, y sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa europea y de las sanciones que en su caso puedan imponerse, si se produjera el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta letra y si fuera aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, o pudieran realizarse acciones correctoras de la falta de publicidad, el órgano concedente requerirá al beneficiario para que adopte las medidas de difusión pertinentes en un plazo no superior a quince días hábiles, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores se considerará incumplimiento total el equivalente a un porcentaje inferior al 60 por ciento de realización del presupuesto financiable del proyecto, y cumplimiento aproximado de modo significativo al total el equivalente a un 60 por ciento o superior.

Artículo 28 Infracciones y sanciones

El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y el título IV de su reglamento de desarrollo.

Artículo 29 Publicidad

Al tratarse de subvenciones financiadas en el ámbito del PRTR, se deberán cumplir las obligaciones de publicidad relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. En particular, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, entre otros), se deberán incluir los siguientes logos:

• a) El emblema de la Unión Europea.
• b) Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU».
• c) El logotipo del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de marzo de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de vicepresidencias del Gobierno y departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

  Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución n.^o 821/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.^o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente página web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.

• d) Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas deberá usar como medio de difusión el logo del Plan de Recuperación, disponible en el link http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

Artículo 30 Lucha contra el fraude

1. Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de cualquiera de las convocatorias para la concesión de ayudas objeto de estas bases, podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx o en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/recuperacion-transformacion-resiliencia/Actuaciones-contra-fraude-y-conflicto-intereses.aspx

2. Los beneficiarios realizarán una declaración transversal según modelo del anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre, donde se recoge su compromiso con las medidas necesarias para detectar el conflicto de interés y el cumplimiento de los principios transversales del PRTR.

3. Los proyectos beneficiados por esta ayuda se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Plan de Lucha contra el Fraude aprobado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el PRTR.

Artículo 31 Cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (DNSH) y del etiquetado climático

1. Se asegurará, por un lado, que las entidades beneficiarias de las subvenciones garanticen el pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (principio do no significant harm-DNSH) en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos de que se trate y, de manera individual, para cada una de las actuaciones dentro de los mismos, y, por otro lado, el cumplimiento del objetivo asumido para la inversión C12.I2, en su conjunto, en lo relativo al etiquetado climático, todo ello de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, y conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) n.^o 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, y también en la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar daño significativo».

Los proyectos aprobados determinarán una aportación ponderada del porcentaje de contribución que asegure que el coeficiente climático de todas las inversiones comprometidas sea al menos del 40 %. Para la estimación de este coeficiente se seguirá la metodología descrita en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y, más específicamente, su anexo VI.

El anexo III establece las etiquetas climáticas y digitales que pueden tener los proyectos de en función de la prioridad a la que respondan, de acuerdo con la metodología descrita en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 y, más específicamente, su anexo VI.

2. Durante la realización de las actividades subvencionables se respetará la normativa medioambiental aplicable. En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.

Disposición final primera Título competencial

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución, en su regla 13.ª, que atribuye al Estado la competencia para el establecimiento de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Disposición final segunda Entrada en vigor

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».