Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informaci髇

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• CAP蚑ULO I.�Medidas de impulso de la sociedad de la informaci髇
  • Art韈ulo 1燤edidas de impulso de la factura electr髇ica y del uso de medios electr髇icos en otras fases de los procesos de contrataci髇
  • Art韈ulo 2燨bligaci髇 de disponer de un medio de interlocuci髇 telem醫ica para la prestaci髇 de servicios al p鷅lico de especial trascendencia econ髆ica
  • Art韈ulo 2 bis燜actura electr髇ica en el sector privado
  • Art韈ulo 2 ter燛ficacia ejecutiva de la factura electr髇ica
  • Art韈ulo 3燨fertas p鷅licas de contrataci髇 electr髇ica entre empresas
• CAP蚑ULO II.�Modificaciones legislativas para el impulso de la sociedad de la informaci髇 y de las comunicaciones electr髇icas
  • Art韈ulo 4燤odificaciones de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci髇 y de Comercio Electr髇ico
  • Art韈ulo 5燤odificaciones de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr髇ica
  • Art韈ulo 6燤odificaci髇 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenaci髇 del comercio minorista
  • Art韈ulo 7燤odificaciones de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones
  • Art韈ulo 8燤odificaci髇 de los apartados 9 y 10 de la Disposici髇 adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera燯tilizaci髇 de caracteres de las lenguas oficiales de Espa馻 en el �.es�
  • Disposici髇 adicional segunda燛xtensi髇 de servicios de acceso a banda ancha
  • Disposici髇 adicional tercera燩lan de mejora de los niveles de seguridad y confianza en Internet
  • Disposici髇 adicional cuarta燫equerimientos de informaci髇 para fines estad韘ticos y de an醠isis
  • Disposici髇 adicional quinta燙analizaciones para el despliegue de redes de comunicaciones electr髇icas en carreteras e infraestructuras ferroviarias de competencia estatal
  • Disposici髇 adicional sexta燘ase de datos sobre servicios de la sociedad de la informaci髇 y servicios de comunicaciones electr髇icas en Espa馻
  • Disposici髇 adicional s閜tima燗gencia Estatal de Radiocomunicaciones
  • Disposici髇 adicional octava燬ede de la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones
  • Disposici髇 adicional novena燤odificaci髇 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada
  • Disposici髇 adicional d閏ima燤odificaci髇 del texto refundido de la Ley de Sociedades An髇imas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre
  • Disposici髇 adicional und閏ima燗cceso de las personas con discapacidad a las tecnolog韆s de la Sociedad de la Informaci髇
  • Disposici髇 adicional duod閏ima燣enguas Oficiales
  • Disposici髇 adicional decimotercera燫egulaci髇 de los instrumentos telem醫icos utilizados por los profesionales que elaboren proyectos e informes incorporados a procedimientos tramitados por las Administraciones
  • Disposici髇 adicional decimocuarta燭ransferencia tecnol骻ica a la sociedad
  • Disposici髇 adicional decimoquinta燜omento a la participaci髇 ciudadana en la sociedad de la informaci髇
  • Disposici髇 adicional decimosexta燙ontenidos digitales de titularidad p鷅lica para su puesta a disposici髇 de la sociedad
  • Disposici髇 adicional decimos閜tima燙esi髇 de contenidos para su puesta a disposici髇 de la sociedad
  • Disposici髇 adicional decimonovena燤odificaci髇 de la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercializaci髇 a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y de la Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversi髇, recursos propios y obligaciones de informaci髇 de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero
  • Disposici髇 adicional vig閟ima燫egulaci髇 del juego
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria 鷑ica燫間imen transitorio relativo a las tarifas aplicables por la asignaci髇, renovaci髇 y otras operaciones registrales de los nombres de dominio bajo el �.es�
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera燜undamento constitucional
  • Disposici髇 final segunda燤odificaci髇 de leyes por las que se incorpora derecho comunitario
  • Disposici髇 final tercera燞abilitaci髇 al Gobierno
  • Disposici髇 final cuarta燛ntrada en vigor

Art韈ulo 1 Medidas de impulso de la factura electr髇ica y del uso de medios electr髇icos en otras fases de los procesos de contrataci髇

1. La facturaci髇 electr髇ica en el marco de la contrataci髇 con el sector p鷅lico estatal ser� obligatoria en los t閞minos que se establezcan en la Ley reguladora de la contrataci髇 en el sector p鷅lico y en su normativa de desarrollo.

A estos efectos, se entender� que la factura electr髇ica es un documento electr髇ico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas y que, adem醩, garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que impide el repudio de la factura por su emisor.

2. El Gobierno determinar� el 髍gano competente de la Administraci髇 General del Estado que impulsar� el empleo de la factura electr髇ica entre empresarios, profesionales y dem醩 agentes del mercado, en particular, entre las peque馻s y medianas empresas y en las denominadas microempresas, con el fin de fomentar el desarrollo del comercio electr髇ico. Las Comunidades Aut髇omas, de acuerdo con las competencias que tengan reconocidas por sus Estatutos, colaborar醤 en coordinaci髇 con la Administraci髇 del Estado en el impulso del empleo de la factura electr髇ica.

El Gobierno, o en su caso las Comunidades Aut髇omas en el 醡bito de sus competencias, establecer醤, en un plazo m醲imo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta Ley -o en el plazo que en su lugar establezca la Administraci髇 competente-, en coordinaci髇 con las Comunidades Aut髇omas -cuando no les corresponda la elaboraci髇 propia- y previa consulta a las asociaciones relevantes representativas de las entidades proveedoras de soluciones t閏nicas de facturaci髇 electr髇ica, a las asociaciones relevantes de usuarios de las mismas y a los colegios profesionales que agrupen a t閏nicos del sector de la Sociedad de la Informaci髇 y de las Telecomunicaciones, un plan para la generalizaci髇 del uso de la factura electr髇ica en Espa馻.

El citado Plan contendr�, entre otros, los criterios de accesibilidad y promover� la interoperabilidad de las distintas soluciones de facturaci髇 electr髇ica. El Plan de la Administraci髇 General del Estado establecer� esquemas espec韋icos de ayudas econ髆icas para la implantaci髇 de la factura electr髇ica, en los cuales se contemplar醤 unos fondos generales para las Comunidades Aut髇omas que desarrollen su propio Plan para la generalizaci髇 del uso de la factura electr髇ica, y ser醤 estas 鷏timas las que precisar醤 los destinos y condiciones de tramitaci髇 y concesi髇 de las ayudas derivadas de estos fondos.

3. Los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Econom韆 y Hacienda, teniendo en cuenta las competencias reconocidas a las Comunidades Aut髇omas, aprobar醤, en un plazo m醲imo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las normas sobre formatos estructurados est醤dar de facturas electr髇icas que sean necesarias para facilitar la interoperabilidad del sector p鷅lico con el sector privado y favorecer y potenciar el tratamiento automatizado de las mismas. Estas normas no ser醤 restrictivas y fomentar醤 que el sector p鷅lico adopte los formatos de amplia implantaci髇 definidos por las organizaciones de estandarizaci髇 globales pertinentes.

Los formatos estructurados de las facturas electr髇icas permitir醤 su visualizaci髇 y emisi髇 en las distintas lenguas oficiales existentes, con la finalidad de garantizar los derechos de los usuarios.

4. Adem醩, las diversas Administraciones P鷅licas promover醤 en el 醡bito de sus competencias y seg鷑 su criterio la incorporaci髇 de la factura electr髇ica en las diferentes actuaciones p鷅licas distintas de la contrataci髇, en particular, en materia de justificaci髇 de ayudas y subvenciones.

5. Ser� de aplicaci髇 al tratamiento y conservaci髇 de los datos necesarios para la facturaci髇 electr髇ica lo dispuesto en la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci髇 de datos de car醕ter personal y sus normas de desarrollo.

Art韈ulo 2 Obligaci髇 de disponer de un medio de interlocuci髇 telem醫ica para la prestaci髇 de servicios al p鷅lico de especial trascendencia econ髆ica

1. Sin perjuicio de la utilizaci髇 de otros medios de comunicaci髇 a distancia con los clientes, las empresas que presten servicios al p鷅lico en general de especial trascendencia econ髆ica deber醤 facilitar a sus usuarios un medio seguro de interlocuci髇 telem醫ica que les permita la realizaci髇 de, al menos, los siguientes tr醡ites:

• a) Contrataci髇 electr髇ica de servicios, suministros y bienes, la modificaci髇 y finalizaci髇 o rescisi髇 de los correspondientes contratos, as� como cualquier acto o negocio jur韉ico entre las partes, sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial.
• b) Consulta de sus datos de cliente, que incluir醤 informaci髇 sobre su historial de facturaci髇 de, al menos, los 鷏timos tres a駉s y el contrato suscrito, incluidas las condiciones generales si las hubiere.
• c) Presentaci髇 de quejas, incidencias, sugerencias y, en su caso, reclamaciones, garantizando la constancia de su presentaci髇 para el consumidor y asegurando una atenci髇 personal directa.
• d) Ejercicio de sus derechos de acceso, rectificaci髇, cancelaci髇 y oposici髇 en los t閞minos previstos en la normativa reguladora de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

LE0000680139_20201113N鷐ero 1 del art韈ulo 2 redactado por la� disposici髇 final primera de Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electr髇icos de confianza (獴.O.E.� 12 noviembre).Vigencia: 13 noviembre 2020

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, tendr醤 la consideraci髇 de empresas que presten servicios al p鷅lico en general de especial trascendencia econ髆ica, las que agrupen a m醩 de cien trabajadores o su volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor A馻dido, exceda de 6.010.121,04 euros y que, en ambos casos, operen en los siguientes sectores econ髆icos:

• a) Servicios de comunicaciones electr髇icas a consumidores, en los t閞minos definidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
• b) Servicios financieros destinados a consumidores, que incluir醤 los servicios bancarios, de cr閐ito o de pago, los servicios de inversi髇, las operaciones de seguros privados, los planes de pensiones y la actividad de mediaci髇 de seguros. En particular, se entender� por:
  • 1. Servicios bancarios, de cr閐ito o de pago: las actividades relacionadas en el art韈ulo 52 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci髇 de las Entidades de Cr閐ito.
  • 2. Servicios de inversi髇: los definidos como tales en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
  • 3. Operaciones de seguros privados: las definidas en el art韈ulo 3 del texto refundido de la Ley de ordenaci髇 y supervisi髇 de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
  • 4. Planes de pensiones: los definidos en el art韈ulo 1 del texto refundido de la Ley de Regulaci髇 de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
  • 5. Actividad de corredor de seguros: la definida en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediaci髇 en seguros y reaseguros privados.
• c) Servicios de suministro de agua a consumidores, definidos de acuerdo con la normativa espec韋ica.
• d) Servicios de suministro de gas al por menor, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
• e) Servicios de suministro el閏trico a consumidores finales, de acuerdo con lo dispuesto en el t韙ulo VIII de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector El閏trico.
• f) Servicios de agencia de viajes, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las agencias de viajes.
• g) Servicios de transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, por v韆 mar韙ima, o por v韆 a閞ea, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa espec韋ica aplicable.
• h) Actividades de comercio al por menor, en los t閞minos fijados en el apartado 2 del art韈ulo 1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenaci髇 del comercio minorista y en su normativa de desarrollo, a las que ser醤 de aplicaci髇 鷑icamente los apartados c) y d) del apartado 1 del presente art韈ulo.

3. Excepcionalmente, el Gobierno o, en su caso, los 髍ganos competentes de las Comunidades Aut髇omas podr醤 ampliar el 醡bito de aplicaci髇 del apartado 1 del presente art韈ulo a otras empresas diferentes de las previstas en la Ley, en aquellos casos en los que, por la naturaleza del servicio que presten, se considere que en el desarrollo de su actividad normal deban tener una interlocuci髇 telem醫ica con sus clientes o usuarios.

En el plazo de un a駉 desde la entrada en vigor de la obligaci髇 a que se refiere el apartado 1, el Gobierno analizar� la aplicaci髇 del apartado 2 de este art韈ulo a otras empresas con m醩 de cien trabajadores o que tengan un volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor A馻dido, superior a 6.010.212,04 euros, que en el desarrollo de su actividad normal, presten servicios en los que se considere que deban tener una interlocuci髇 telem醫ica con sus clientes o usuarios.

Las Comunidades Aut髇omas con competencias exclusivas en las materias objeto de obligaci髇 de comunicaci髇 telem醫ica podr醤 modificar el 醡bito y la intensidad de aplicaci髇 del apartado 1 del presente art韈ulo en aquellos casos en que precisamente debido al desarrollo sectorial de sus competencias lo consideren oportuno.

Art韈ulo 2 bis Factura electr髇ica en el sector privado

A efectos de lo dispuesto en esta Ley:

• 1. Las empresas prestadoras de los servicios a que alude el art韈ulo 2.2, deber醤 expedir y remitir facturas electr髇icas en sus relaciones con empresas y particulares que acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente. Este deber es independiente del tama駉 de su plantilla o de su volumen anual de operaciones.

  No obstante, las agencias de viaje, los servicios de transporte y las actividades de comercio al por menor s髄o est醤 obligadas a emitir facturas electr髇icas en los t閞minos previstos en el p醨rafo anterior cuando la contrataci髇 se haya llevado a cabo por medios electr髇icos.

  Las obligaciones previstas en este art韈ulo no ser醤 exigibles hasta el 15 de enero de 2015.

• 2. El Gobierno podr� ampliar el 醡bito de aplicaci髇 de este art韈ulo a empresas o entidades que no presten al p鷅lico en general servicios de especial trascendencia econ髆ica en los casos en que se considere que deban tener una interlocuci髇 telem醫ica con sus clientes o usuarios, por la naturaleza de los servicios que prestan, y emitan un n鷐ero elevado de facturas.
• 3. Las facturas electr髇icas deber醤 cumplir, en todo caso, lo dispuesto en la normativa espec韋ica sobre facturaci髇.
• 4. Las empresas prestadoras de servicios deber醤 facilitar acceso a los programas necesarios para que los usuarios puedan leer, copiar, descargar e imprimir la factura electr髇ica de forma gratuita sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.

  Deber醤 habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los usuarios puedan revocar el consentimiento dado a la recepci髇 de facturas electr髇icas en cualquier momento.

• 5. El per韔do durante el que el cliente puede consultar sus facturas por medios electr髇icos establecido en el art韈ulo 2.1 b) no se altera porque aquel haya resuelto su contrato con la empresa o revocado su consentimiento para recibir facturas electr髇icas. Tampoco caduca por esta causa su derecho a acceder a las facturas emitidas con anterioridad.
• 6. Las empresas que, estando obligadas a ello, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electr髇icas o no permitan el acceso de las personas que han dejado de ser clientes, a sus facturas, ser醤 sancionadas con apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros. La sanci髇 se determinar� y graduar� conforme a los criterios establecidos en el art韈ulo 33 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr髇ica.

Id閚tica sanci髇 puede imponerse a las empresas que presten servicios al p鷅lico en general de especial trascendencia econ髆ica que no cumplan las dem醩 obligaciones previstas en el art韈ulo 2.1.

Es competente para imponer esta sanci髇 el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci髇.

LE0000519605_20150614 Art韈ulo 2 bis introducido por el n鷐ero uno de la disposici髇 final segunda de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electr髇ica y creaci髇 del registro contable de facturas en el Sector P鷅lico (獴.O.E.� 28 diciembre).Vigencia: 17 enero 2014

El art韈ulo 12 de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creaci髇 y crecimiento de empresas (獴.O.E.� 29 septiembre) da nueva redacci髇 al art韈ulo 2 bis. La modificaci髇 producir� efectos, para los empresarios y profesionales cuya facturaci髇 anual sea superior a ocho millones de euros, al a駉 de aprobarse el desarrollo reglamentario. Para el resto de los empresarios y profesionales, este art韈ulo producir� efectos a los dos a駉s de aprobarse el desarrollo reglamentario. La entrada en vigor del art韈ulo 12 est� supeditada a la obtenci髇 de la excepci髇 comunitaria a los art韈ulos 218 y 232 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema com鷑 del impuesto sobre el valor a馻dido. 獳rt韈ulo 2 bis. Factura electr髇ica en el sector privado.A efectos de lo dispuesto en esta ley:1. Todos los empresarios y profesionales deber醤 expedir, remitir y recibir facturas electr髇icas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales. El destinatario y el emisor de las facturas electr髇icas deber醤 proporcionar informaci髇 sobre los estados de la factura.2. Las soluciones tecnol骻icas y plataformas ofrecidas por empresas proveedoras de servicios de facturaci髇 electr髇ica a los empresarios y profesionales deber醤 garantizar su interconexi髇 e interoperabilidad gratuitas. De la misma forma, las soluciones y plataformas de facturaci髇 electr髇ica propias de las empresas emisoras y receptoras deber醤 cumplir los mismos criterios de interconexi髇 e interoperabilidad gratuita con el resto de soluciones de facturaci髇 electr髇ica.3. Durante un plazo de cuatro a駉s desde la emisi髇 de las facturas electr髇icas, los destinatarios podr醤 solicitar copia de las mismas sin incurrir en costes adicionales.3 bis. El receptor de la factura no podr� obligar a su emisor a la utilizaci髇 de una soluci髇, plataforma o proveedor de servicios de facturaci髇 electr髇ica predeterminado.4. Las empresas prestadoras de los servicios a que alude el art韈ulo 2.2, deber醤 expedir y remitir facturas electr髇icas en sus relaciones con particulares que acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente. Este deber es independiente del tama駉 de su plantilla o de su volumen anual de operaciones.No obstante, las agencias de viaje, los servicios de transporte y las actividades de comercio al por menor solo est醤 obligadas a emitir facturas electr髇icas en los t閞minos previstos en el p醨rafo anterior cuando la contrataci髇 se haya llevado a cabo por medios electr髇icos.5. El Gobierno podr� ampliar el 醡bito de aplicaci髇 de lo dispuesto en el apartado 4 a empresas o entidades que no presten al p鷅lico en general servicios de especial trascendencia econ髆ica en los casos en que se considere que deban tener una interlocuci髇 telem醫ica con sus clientes o usuarios, por la naturaleza de los servicios que prestan, y emitan un n鷐ero elevado de facturas.6. Las facturas electr髇icas deber醤 cumplir, en todo caso, lo dispuesto en la normativa espec韋ica sobre facturaci髇.As� mismo, los sistemas y programas inform醫icos o electr髇icos que gestionen los procesos de facturaci髇 y conserven las facturas electr髇icas deber醤 respetar los requisitos a los que se refiere el art韈ulo 29.2.j) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y su desarrollo reglamentario.7. Las empresas prestadoras de servicios a que alude el apartado 4 deber醤 facilitar acceso a los programas necesarios para que los usuarios puedan leer, copiar, descargar e imprimir la factura electr髇ica de forma gratuita sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.Deber醤 habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los usuarios puedan revocar el consentimiento dado a la recepci髇 de facturas electr髇icas en cualquier momento.8. El per韔do durante el que el cliente puede consultar sus facturas por medios electr髇icos establecido en el art韈ulo 2.1.b) no se altera porque aquel haya resuelto su contrato con la empresa o revocado su consentimiento para recibir facturas electr髇icas. Tampoco caduca por esta causa su derecho a acceder a las facturas emitidas con anterioridad.9. Las empresas que, estando obligadas a ello, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electr髇icas o no permitan el acceso de las personas que han dejado de ser clientes a sus facturas, ser醤 sancionadas con apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros. La sanci髇 se determinar� y graduar� conforme a los criterios establecidos en el art韈ulo 19.2 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electr髇icos de confianza. Id閚tica sanci髇 puede imponerse a las empresas que presten servicios al p鷅lico en general de especial trascendencia econ髆ica que no cumplan las dem醩 obligaciones previstas en el art韈ulo 2.1. Es competente para imponer esta sanci髇 la persona titular de la Secretar韆 de Estado de Digitalizaci髇 e Inteligencia Artificial.10. El procedimiento de acreditaci髇 de la interconexi髇 y la interoperabilidad de las plataformas se determinar� reglamentariamente.�LE0000738429_20221019

Art韈ulo 2 ter Eficacia ejecutiva de la factura electr髇ica

1. La factura electr髇ica podr� pagarse mediante adeudo domiciliado si se incluye en la correspondiente extensi髇 el identificador de cuenta de pago del deudor y en un anexo, el documento que acredite el consentimiento del deudor a que se refiere la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.

2. Las facturas electr髇icas llevar醤 aparejada ejecuci髇 si las partes as� lo acuerdan expresamente. En ese caso, su car醕ter de t韙ulo ejecutivo deber� figurar en la factura y el acuerdo firmado entre las partes por el que el deudor acepte dotar de eficacia ejecutiva a cada factura, en un anexo. En dicho acuerdo se har� referencia a la relaci髇 subyacente que haya originado la emisi髇 de la factura.

La falta de pago de la factura que re鷑a estos requisitos, acreditada fehacientemente o, en su caso, mediante la oportuna declaraci髇 emitida por la entidad domiciliaria, faculta al acreedor para instar su pago mediante el ejercicio de una acci髇 ejecutiva de las previstas en el art韈ulo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

3. En las relaciones con consumidores y usuarios, la factura electr髇ica no podr� tener eficacia ejecutiva.

4. Lo dispuesto en este art韈ulo no ser� aplicable al pago de las facturas que tengan por destinatarios a los 髍ganos, organismos y entidades integrantes del sector p鷅lico.

LE0000519605_20150614 Art韈ulo 2 ter introducido por el n鷐ero dos de la disposici髇 final segunda de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electr髇ica y creaci髇 del registro contable de facturas en el Sector P鷅lico (獴.O.E.� 28 diciembre).Vigencia: 17 enero 2014

Art韈ulo 3 Ofertas p鷅licas de contrataci髇 electr髇ica entre empresas

1. A los efectos de este precepto se entiende por oferta p鷅lica de contrataci髇 electr髇ica entre empresas, aquel servicio de la sociedad de la informaci髇 que consiste en un proceso enteramente electr髇ico abierto y limitado en el tiempo, por el que una empresa ofrece la posibilidad de comprar o vender un determinado tipo de productos a otras empresas de manera que la contrataci髇 final se adjudique a la propuesta mejor valorada.

2. Las ofertas p鷅licas de contrataci髇 electr髇ica entre empresas que se adscriban al protocolo de transparencia descrito en el apartado 3 de este art韈ulo podr醤 ostentar la denominaci髇 de 玂ferta p鷅lica de contrataci髇 electr髇ica de transparencia garantizada�.

3. Para que una oferta p鷅lica de contrataci髇 electr髇ica entre empresas sea calificada de 玂ferta p鷅lica de contrataci髇 electr髇ica de transparencia garantizada� deber� responder a los siguientes requisitos m韓imos:

• a) La empresa adjudicadora que decida recurrir a una oferta p鷅lica de contrataci髇 electr髇ica har� menci髇 de ello en el anuncio de licitaci髇 que se publicar� en la p醙ina corporativa de la empresa de forma accesible y visible para el conjunto de las empresas o para algunas previamente seleccionadas.

  En el anuncio de licitaci髇 se invitar� a presentar ofertas en un plazo razonable a partir de la fecha de publicaci髇 del anuncio.

• b) Las condiciones de la empresa adjudicadora incluir醤, al menos, informaci髇 sobre los elementos a cuyos valores se refiere la oferta de p鷅lica de contrataci髇 electr髇ica, siempre que sean cuantificables y puedan ser expresados en cifras o porcentajes; en su caso, los l韒ites de los valores que podr醤 presentarse, tal como resultan de las especificaciones del objeto del contrato; la informaci髇 que se pondr� a disposici髇 de los licitadores durante la oferta p鷅lica de contrataci髇 electr髇ica y el momento en que, en su caso, dispondr醤 de dicha informaci髇; la informaci髇 pertinente sobre el desarrollo de la oferta p鷅lica de contrataci髇 electr髇ica; las condiciones en las que los licitadores podr醤 pujar, y, en particular, las diferencias m韓imas que se exigir醤, en su caso, para pujar; la informaci髇 pertinente sobre el dispositivo electr髇ico utilizado y sobre las modalidades y especificaciones t閏nicas de conexi髇.
• c) A lo largo del proceso de la oferta p鷅lica de contrataci髇 electr髇ica, la empresa adjudicadora comunicar� a todos los licitadores como m韓imo la informaci髇 que les permita conocer en todo momento su respectiva clasificaci髇. La empresa adjudicadora podr�, asimismo, comunicar otros datos relativos a otros precios o valores presentados. Los participantes 鷑icamente podr醤 utilizar la informaci髇 a la que se refiere este p醨rafo a fin de conocer su clasificaci髇, sin que puedan proceder a su tratamiento para otra finalidad distinta de la se馻lada.
• d) La empresa adjudicadora cerrar� la oferta p鷅lica de contrataci髇 electr髇ica de conformidad con la fecha y hora fijadas previamente en el anuncio de licitaci髇 de la oferta p鷅lica de contrataci髇.
• e) Una vez concluido el proceso, la empresa informar� a los participantes de la decisi髇 adoptada.

4. El Gobierno promover� que las empresas se adhieran a la calificaci髇 de 玂ferta p鷅lica de contrataci髇 electr髇ica de transparencia garantizada� en sus relaciones comerciales.

Art韈ulo 4 Modificaciones de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci髇 y de Comercio Electr髇ico

Se modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci髇 y de Comercio Electr髇ico, en los siguientes aspectos:

• Uno. Se da nueva redacci髇 al p醨rafo primero del art韈ulo 4, con el texto siguiente:

  獳 los prestadores establecidos en pa韘es que no sean miembros de la Uni髇 Europea o del Espacio Econ髆ico Europeo, les ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en los art韈ulos 7.2 y 11.2.�

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• Dos. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 8, con el texto siguiente:

  獳rt韈ulo 8 Restricciones a la prestaci髇 de servicios y procedimiento de cooperaci髇 intracomunitario

  1. En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la informaci髇 atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuaci髇, los 髍ganos competentes para su protecci髇, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podr醤 adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestaci髇 o para retirar los datos que los vulneran. Los principios a que alude este apartado son los siguientes:

  • a) La salvaguarda del orden p鷅lico, la investigaci髇 penal, la seguridad p鷅lica y la defensa nacional.
  • b) La protecci髇 de la salud p鷅lica o de las personas f韘icas o jur韉icas que tengan la condici髇 de consumidores o usuarios, incluso cuando act鷈n como inversores.
  • c) El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminaci髇 por motivos de raza, sexo, religi髇, opini髇, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y
  • d) La protecci髇 de la juventud y de la infancia.

  En la adopci髇 y cumplimiento de las medidas de restricci髇 a que alude este apartado se respetar醤, en todo caso, las garant韆s, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jur韉ico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protecci髇 de los datos personales, a la libertad de expresi髇 o a la libertad de informaci髇, cuando estos pudieran resultar afectados.

  En todos los casos en los que la Constituci髇 y las leyes reguladoras de los respectivos derechos y libertades as� lo prevean de forma excluyente, s髄o la autoridad judicial competente podr� adoptar las medidas previstas en este art韈ulo, en tanto garante del derecho a la libertad de expresi髇, del derecho de producci髇 y creaci髇 literaria, art韘tica, cient韋ica y t閏nica, la libertad de c醫edra y el derecho de informaci髇.

  2. La adopci髇 de restricciones a la prestaci髇 de servicios de la sociedad de la informaci髇 provenientes de prestadores establecidos en un Estado de la Uni髇 Europea o del Espacio Econ髆ico Europeo distinto a Espa馻 deber� seguir el procedimiento de cooperaci髇 intracomunitario descrito en el siguiente apartado de este art韈ulo, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislaci髇 procesal y de cooperaci髇 judicial.

  3. Cuando un 髍gano competente acuerde, en ejercicio de las competencias que tenga legalmente atribuidas, y de acuerdo con lo dispuesto en el p醨rafo a) del apartado 4 del art韈ulo 3 de la Directiva 2000/31/CE, establecer restricciones que afecten a un servicio de la sociedad de la informaci髇 que proceda de alguno de los Estados miembros de la Uni髇 Europea o del Espacio Econ髆ico Europeo distinto de Espa馻, dicho 髍gano deber� seguir el siguiente procedimiento:

  • a) El 髍gano competente requerir� al Estado miembro en que est� establecido el prestador afectado para que adopte las medidas oportunas. En el caso de que no las adopte o resulten insuficientes, dicho 髍gano notificar�, con car醕ter previo, a la Comisi髇 Europea o, en su caso, al Comit� Mixto del Espacio Econ髆ico Europeo y al Estado miembro de que se trate las medidas que tiene intenci髇 de adoptar.
  • b) En los supuestos de urgencia, el 髍gano competente podr� adoptar las medidas oportunas, notific醤dolas al Estado miembro de procedencia y a la Comisi髇 Europea o, en su caso, al Comit� Mixto del Espacio Econ髆ico Europeo con la mayor brevedad y, en cualquier caso, como m醲imo, en el plazo de quince d韆s desde su adopci髇. As� mismo, deber� indicar la causa de dicha urgencia.

  Los requerimientos y notificaciones a que alude este apartado se realizar醤 siempre a trav閟 del 髍gano de la Administraci髇 General del Estado competente para la comunicaci髇 y transmisi髇 de informaci髇 a las Comunidades Europeas.

  4. Los 髍ganos competentes de otros Estados Miembros de la Uni髇 Europea o del Espacio Econ髆ico Europeo podr醤 requerir la colaboraci髇 de los prestadores de servicios de intermediaci髇 establecidos en Espa馻 en los t閞minos previstos en el apartado 2 del art韈ulo 11 de esta ley si lo estiman necesario para garantizar la eficacia de las medidas de restricci髇 que adopten al amparo del apartado anterior.

  5. Las medidas de restricci髇 que se adopten al amparo de este art韈ulo deber醤, en todo caso, cumplir las garant韆s y los requisitos previstos en los apartados 3 y 4 del art韈ulo 11 de esta ley.�

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• Tres. Se suprime el art韈ulo 9, sobre constancia registral del nombre de dominio, que queda sin contenido.LE0000175548_20220714
• Cuatro. Se da nueva redacci髇 a los p醨rafos b) y f) del apartado 1 del art韈ulo 10, con el texto siguiente:
  • 玝) Los datos de su inscripci髇 en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro p鷅lico en el que lo estuvieran para la adquisici髇 de personalidad jur韉ica o a los solos efectos de publicidad.�
  • 玣) Cuando el servicio de la sociedad de la informaci髇 haga referencia a precios, se facilitar� informaci髇 clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de env韔 o en su caso aquello que dispongan las normas de las Comunidades Aut髇omas con competencias en la materia.�
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• Cinco. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 11, con el texto siguiente:

  獳rt韈ulo 11 Deber de colaboraci髇 de los prestadores de servicios de intermediaci髇

  1. Cuando un 髍gano competente hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestaci髇 de un servicio de la sociedad de la informaci髇 o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en Espa馻, y para ello fuera necesaria la colaboraci髇 de los prestadores de servicios de intermediaci髇, dicho 髍gano podr� ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediaci髇 utilizado para la provisi髇 del servicio de la sociedad de la informaci髇 o de los contenidos cuya interrupci髇 o retirada hayan sido ordenados respectivamente.

  2. Si para garantizar la efectividad de la resoluci髇 que acuerde la interrupci髇 de la prestaci髇 de un servicio o la retirada de contenidos procedentes de un prestador establecido en un Estado no perteneciente a la Uni髇 Europea o al Espacio Econ髆ico Europeo, el 髍gano competente estimara necesario impedir el acceso desde Espa馻 a los mismos, y para ello fuera necesaria la colaboraci髇 de los prestadores de servicios de intermediaci髇 establecidos en Espa馻, dicho 髍gano podr� ordenar a los citados prestadores de servicios de intermediaci髇 que suspendan el correspondiente servicio de intermediaci髇 utilizado para la provisi髇 del servicio de la sociedad de la informaci髇 o de los contenidos cuya interrupci髇 o retirada hayan sido ordenados respectivamente.

  3. En la adopci髇 y cumplimiento de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, se respetar醤, en todo caso, las garant韆s, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jur韉ico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protecci髇 de los datos personales, a la libertad de expresi髇 o a la libertad de informaci髇, cuando estos pudieran resultar afectados.

  En todos los casos en que la Constituci髇, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los 髍ganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, s髄o la autoridad judicial competente podr� adoptar las medidas previstas en este art韈ulo. En particular, la autorizaci髇 del secuestro de p醙inas de Internet o de su restricci髇 cuando 閟ta afecte a los derechos y libertades de expresi髇 e informaci髇 y dem醩 amparados en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 20 de la Constituci髇 s髄o podr� ser decidida por los 髍ganos jurisdiccionales competentes.

  4. Las medidas a que hace referencia este art韈ulo ser醤 objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, y se adoptar醤 de forma cautelar o en ejecuci髇 de las resoluciones que se dicten, conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos o a los previstos en la legislaci髇 procesal que corresponda.�

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• Seis. Se incluye un nuevo art韈ulo 12 bis, con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 12 bis Obligaciones de informaci髇 sobre seguridad

  1. Los proveedores de servicios de intermediaci髇 establecidos en Espa馻 de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 2 de esta Ley que realicen actividades consistentes en la prestaci髇 de servicios de acceso a Internet, estar醤 obligados a informar a sus clientes de forma permanente, f醕il, directa y gratuita, sobre los diferentes medios de car醕ter t閏nico que aumenten los niveles de la seguridad de la informaci髇 y permitan, entre otros, la protecci髇 frente a virus inform醫icos y programas esp韆, y la restricci髇 de los correos electr髇icos no solicitados.

  2. Los proveedores de servicios de acceso a Internet y los prestadores de servicios de correo electr髇ico o de servicios similares deber醤 informar a sus clientes de forma permanente, f醕il, directa y gratuita sobre las medidas de seguridad que apliquen en la provisi髇 de los mencionados servicios.

  3. Igualmente, los proveedores de servicios referidos en el apartado 1 informar醤 sobre las herramientas existentes para el filtrado y restricci髇 del acceso a determinados contenidos y servicios en Internet no deseados o que puedan resultar nocivos para la juventud y la infancia.

  4. Los proveedores de servicios mencionados en el apartado 1 facilitar醤 informaci髇 a sus clientes acerca de las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines il韈itos, en particular, para la comisi髇 de il韈itos penales y por la vulneraci髇 de la legislaci髇 en materia de propiedad intelectual e industrial.

  5. Las obligaciones de informaci髇 referidas en los apartados anteriores se dar醤 por cumplidas si el correspondiente proveedor incluye la informaci髇 exigida en su p醙ina o sitio principal de Internet en la forma establecida en los mencionados apartados.�

  LE0000175548_20220714T閚gase en cuentas que las obligaciones contenidas en el nuevo art韈ulo 12 bis de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci髇 y de Comercio Electr髇ico entrar醤 en vigor a los tres meses de la publicaci髇 de la Ley en el Bolet韓 Oficial del Estado,LE0000253596_20201113
• Siete. Se da nueva redacci髇 al apartado 2 del art韈ulo 17, con el texto siguiente:

  �2. La exenci髇 de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operar� en el supuesto de que el proveedor de contenidos al que se enlace o cuya localizaci髇 se facilite act鷈 bajo la direcci髇, autoridad o control del prestador que facilite la localizaci髇 de esos contenidos.�

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• Ocho. Se modifica el apartado 3 del art韈ulo 18, teniendo 閟te el siguiente tenor literal:

  �3. Los c骴igos de conducta a los que hacen referencia los apartados precedentes deber醤 ser accesibles por v韆 electr髇ica. Se fomentar� su traducci髇 a otras lenguas oficiales, en el Estado y de la Uni髇 Europea, con objeto de darles mayor difusi髇.�

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• Nueve. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 20, con el texto siguiente:

  獳rt韈ulo 20 Informaci髇 exigida sobre las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos

  1. Las comunicaciones comerciales realizadas por v韆 electr髇ica deber醤 ser claramente identificables como tales y la persona f韘ica o jur韉ica en nombre de la cual se realizan tambi閚 deber� ser claramente identificable.

  En el caso en el que tengan lugar a trav閟 de correo electr髇ico u otro medio de comunicaci髇 electr髇ica equivalente incluir醤 al comienzo del mensaje la palabra "publicidad" o la abreviatura "publi".

  2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorizaci髇, se deber� asegurar, adem醩 del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior y en las normas de ordenaci髇 del comercio, que queden claramente identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de participaci髇 sean f醕ilmente accesibles y se expresen de forma clara e inequ韛oca.

  3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo que dispongan las normativas dictadas por las Comunidades Aut髇omas con competencias exclusivas sobre consumo, comercio electr髇ico o publicidad.�

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• Diez. Se da nueva redacci髇 al apartado 1 del art韈ulo 24, con el texto siguiente:

  �1. La prueba de la celebraci髇 de un contrato por v韆 electr髇ica y la de las obligaciones que tienen su origen en 閘 se sujetar� a las reglas generales del ordenamiento jur韉ico.

  Cuando los contratos celebrados por v韆 electr髇ica est閚 firmados electr髇icamente se estar� a lo establecido en el art韈ulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr髇ica.�

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• Once. Se da nueva redacci髇 a la r鷅rica y a los apartados 1 y 2 del art韈ulo 27, con el texto siguiente:

  獳rt韈ulo 27 Obligaciones previas a la contrataci髇

  1. Adem醩 del cumplimiento de los requisitos en materia de informaci髇 que se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la informaci髇 que realice actividades de contrataci髇 electr髇ica tendr� la obligaci髇 de poner a disposici髇 del destinatario, antes de iniciar el procedimiento de contrataci髇 y mediante t閏nicas adecuadas al medio de comunicaci髇 utilizado, de forma permanente, f醕il y gratuita, informaci髇 clara, comprensible e inequ韛oca sobre los siguientes extremos:

  • a) Los distintos tr醡ites que deben seguirse para celebrar el contrato.
  • b) Si el prestador va a archivar el documento electr髇ico en que se formalice el contrato y si 閟te va a ser accesible.
  • c) Los medios t閏nicos que pone a su disposici髇 para identificar y corregir errores en la introducci髇 de los datos, y
  • d) La lengua o lenguas en que podr� formalizarse el contrato.

  La obligaci髇 de poner a disposici髇 del destinatario la informaci髇 referida en el p醨rafo anterior se dar� por cumplida si el prestador la incluye en su p醙ina o sitio de Internet en las condiciones se馻ladas en dicho p醨rafo.

  Cuando el prestador dise馿 espec韋icamente sus servicios de contrataci髇 electr髇ica para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido, se entender� cumplida la obligaci髇 establecida en este apartado cuando facilite de manera permanente, f醕il, directa y exacta la direcci髇 de Internet en que dicha informaci髇 es puesta a disposici髇 del destinatario.

  2. El prestador no tendr� la obligaci髇 de facilitar la informaci髇 se馻lada en el apartado anterior cuando:

  • a) Ambos contratantes as� lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideraci髇 de consumidor, o
  • b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electr髇ico u otro tipo de comunicaci髇 electr髇ica equivalente.�
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• Doce. Se da una nueva redacci髇 al art韈ulo 33, con el siguiente texto:

  獿os destinatarios y prestadores de servicios de la sociedad de la informaci髇 podr醤 dirigirse a cualesquiera 髍ganos competentes en materia de sociedad de la informaci髇, sanidad y consumo de las Administraciones P鷅licas, para:

  • a) Conseguir informaci髇 general sobre sus derechos y obligaciones contractuales en el marco de la normativa aplicable a la contrataci髇 electr髇ica,
  • b) Informarse sobre los procedimientos de resoluci髇 judicial y extrajudicial de conflictos, y
  • c) Obtener los datos de las autoridades, asociaciones u organizaciones que puedan facilitarles informaci髇 adicional o asistencia pr醕tica.

  La comunicaci髇 con dichos 髍ganos podr� hacerse por medios electr髇icos.�

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• Trece. Se da una nueva redacci髇 a los apartados 1 y 2 del art韈ulo 35, con el texto siguiente:

  �1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado, y los 髍ganos que correspondan de las Comunidades Aut髇omas, controlar醤, en sus respectivos 醡bitos territoriales y competenciales, el cumplimiento por los prestadores de servicios de la sociedad de la informaci髇 de las obligaciones establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, en lo que se refiere a los servicios propios de la sociedad de la informaci髇.

  No obstante, las referencias a los 髍ganos competentes contenidas en los art韈ulos 8, 10, 11, 15, 16, 17 y 38 se entender醤 hechas a los 髍ganos jurisdiccionales o administrativos que, en cada caso, lo sean en funci髇 de la materia.

  2. Los 髍ganos citados en el apartado 1 de este art韈ulo podr醤 realizar las actuaciones inspectoras que sean precisas para el ejercicio de su funci髇 de control.

  Los funcionarios adscritos a dichos 髍ganos y que ejerzan la inspecci髇 a que se refiere el p醨rafo anterior tendr醤 la consideraci髇 de autoridad p鷅lica en el desempe駉 de sus cometidos.�

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• Catorce. Se suprime la letra a) del apartado 2 del art韈ulo 38 que queda sin contenido.LE0000175548_20220714
• Quince. Se da nueva redacci髇 a la letra a) del apartado 4 del art韈ulo 38, con el texto siguiente:
  • 玜) El incumplimiento de lo previsto en el art韈ulo 12 bis.�
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• Diecis閕s. Se da una nueva redacci髇 al art韈ulo 43, con el siguiente texto:

  �1. La imposici髇 de sanciones por incumplimiento de lo previsto en esta Ley corresponder� al 髍gano o autoridad que dict� la resoluci髇 incumplida o al que est閚 adscritos los inspectores. Asimismo las infracciones respecto a los derechos y garant韆s de los consumidores y usuarios ser醤 sancionadas por el 髍gano correspondiente de las Comunidades Aut髇omas competentes en materia de consumo.

  2. En la Administraci髇 General del Estado, la imposici髇 de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en esta Ley corresponder�, en el caso de infracciones muy graves, al Ministro de Industria, Turismo y Comercio, y en el de infracciones graves y leves, al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci髇.

  No obstante lo anterior, la imposici髇 de sanciones por incumplimiento de las resoluciones dictadas por los 髍ganos competentes en funci髇 de la materia o entidad de que se trate a que se refieren los p醨rafos a) y b) del art韈ulo 38.2 de esta Ley corresponder� al 髍gano que dict� la resoluci髇 incumplida. Igualmente, corresponder� a la Agencia de Protecci髇 de Datos la imposici髇 de sanciones por la comisi髇 de las infracciones tipificadas en los art韈ulos 38.3 c), d) e i) y 38.4 d), g) y h) de esta Ley.

  3. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercer� de conformidad con lo establecido al respecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, y en sus normas de desarrollo. No obstante, el plazo m醲imo de duraci髇 del procedimiento simplificado ser� de tres meses.�

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• Diecisiete. Se da una nueva redacci髇 a la disposici髇 adicional tercera, con el texto siguiente:

  獶isposici髇 adicional tercera Sistema Arbitral de Consumo

  El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la informaci髇 podr醤 someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesi髇 de aqu閘los al Sistema Arbitral de Consumo competente que se prestar� tambi閚 por medios electr髇icos, conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.�

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• Dieciocho. Se da nueva redacci髇 al p醨rafo segundo del apartado uno de la disposici髇 adicional quinta, con el texto siguiente:

  獳 partir del 31 de diciembre de 2008, las p醙inas de Internet de las Administraciones P鷅licas satisfar醤, como m韓imo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligaci髇 no ser� aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una soluci髇 tecnol骻ica que permita su accesibilidad.�

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• Diecinueve. Se a馻den dos nuevos p醨rafos, que pasar醤 a ser respectivamente el tercero y el cuarto, al apartado uno de la disposici髇 adicional quinta, con el texto siguiente:

  獿as Administraciones P鷅licas exigir醤 que tanto las p醙inas de Internet cuyo dise駉 o mantenimiento financien total o parcialmente como las p醙inas de Internet de entidades y empresas que se encarguen de gestionar servicios p鷅licos apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados. En particular, ser� obligatorio lo expresado en este apartado para las p醙inas de Internet y sus contenidos de los Centros p鷅licos educativos, de formaci髇 y universitarios, as� como, de los Centros privados que obtengan financiaci髇 p鷅lica.

  Las p醙inas de Internet de las Administraciones P鷅licas deber醤 ofrecer al usuario informaci髇 sobre su nivel de accesibilidad y facilitar un sistema de contacto para que puedan transmitir las dificultades de acceso al contenido de las p醙inas de Internet o formular cualquier queja, consulta o sugerencia de mejora.�

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• Veinte. Se a馻den tres nuevos apartados, que pasar醤 a ser los apartados tres, cuatro y cinco, a la disposici髇 adicional quinta, con el texto siguiente:

  玊res. Las Administraciones P鷅licas promover醤 medidas de sensibilizaci髇, educaci髇 y formaci髇 sobre accesibilidad con objeto de promover que los titulares de otras p醙inas de Internet incorporen progresivamente los criterios de accesibilidad.

  Cuatro. Los incumplimientos de las obligaciones de accesibilidad establecidas en esta Disposici髇 adicional estar醤 sometidos al r間imen de infracciones y sanciones vigente en materia de igualdad de oportunidades, no discriminaci髇 y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

  Cinco. Las p醙inas de Internet de las empresas que presten servicios al p鷅lico en general de especial trascendencia econ髆ica, sometidas a la obligaci髇 establecida en el art韈ulo 2 de la Ley 56/2007, de medidas de impulso de la sociedad de la informaci髇, deber醤 satisfacer a partir del 31 de diciembre de 2008, como m韓imo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligaci髇 no ser� aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una soluci髇 tecnol骻ica que permita su accesibilidad.�

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Art韈ulo 5 Modificaciones de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr髇ica

Se modifica la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr髇ica, en los siguientes aspectos:

• Uno. Se da nueva redacci髇 al apartado 5 del art韈ulo 3, con el texto siguiente:

  �5. Se considera documento electr髇ico la informaci髇 de cualquier naturaleza en forma electr髇ica, archivada en un soporte electr髇ico seg鷑 un formato determinado y susceptible de identificaci髇 y tratamiento diferenciado.

  Sin perjuicio de lo dispuesto en el p醨rafo anterior, para que un documento electr髇ico tenga la naturaleza de documento p鷅lico o de documento administrativo deber� cumplirse, respectivamente, con lo dispuesto en las letras a) o b) del apartado siguiente y, en su caso, en la normativa espec韋ica aplicable.�

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• Dos. Se da nueva redacci髇 al apartado 8 del art韈ulo 3, con el texto siguiente:

  �8. El soporte en que se hallen los datos firmados electr髇icamente ser� admisible como prueba documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad de la firma electr髇ica reconocida con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electr髇ico se proceder� a comprobar que se trata de una firma electr髇ica avanzada basada en un certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de certificados, as� como que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creaci髇 de firma electr髇ica.

  La carga de realizar las citadas comprobaciones corresponder� a quien haya presentado el documento electr髇ico firmado con firma electr髇ica reconocida. Si dichas comprobaciones obtienen un resultado positivo, se presumir� la autenticidad de la firma electr髇ica reconocida con la que se haya firmado dicho documento electr髇ico siendo las costas, gastos y derechos que origine la comprobaci髇 exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la impugnaci髇. Si, a juicio del tribunal, la impugnaci髇 hubiese sido temeraria, podr� imponerle, adem醩, una multa de 120 a 600 euros.

  Si se impugna la autenticidad de la firma electr髇ica avanzada, con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electr髇ico, se estar� a lo establecido en el apartado 2 del art韈ulo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.�

  LE0000195713_20200923
• Tres. Se da nueva redacci髇 a los apartados 2 y 3 del art韈ulo 13, con el texto siguiente:

  �2. En el caso de certificados reconocidos de personas jur韉icas, los prestadores de servicios de certificaci髇 comprobar醤, adem醩, los datos relativos a la constituci髇 y personalidad jur韉ica y a la extensi髇 y vigencia de las facultades de representaci髇 del solicitante mediante los documentos p鷅licos que sirvan para acreditar los extremos citados de manera fehaciente y su inscripci髇 en el correspondiente registro p鷅lico si as� resulta exigible. La citada comprobaci髇 podr� realizarse, asimismo, mediante consulta en el registro p鷅lico en el que est閚 inscritos los documentos de constituci髇 y de apoderamiento, pudiendo emplear los medios telem醫icos facilitados por los citados registros p鷅licos.

  3. Si los certificados reconocidos reflejan una relaci髇 de representaci髇 voluntaria, los prestadores de servicios de certificaci髇 comprobar醤 los datos relativos a la personalidad jur韉ica del representado y a la extensi髇 y vigencia de las facultades del representante mediante los documentos p鷅licos que sirvan para acreditar los extremos citados de manera fehaciente y su inscripci髇 en el correspondiente registro p鷅lico si as� resulta exigible. La citada comprobaci髇 podr� realizarse, asimismo, mediante consulta en el registro p鷅lico en el que est閚 inscritos los mencionados datos, pudiendo emplear los medios telem醫icos facilitados por los citados registros p鷅licos.

  Si los certificados reconocidos admiten otros supuestos de representaci髇, los prestadores de servicios de certificaci髇 deber醤 exigir la acreditaci髇 de las circunstancias en las que se fundamenten, en la misma forma prevista anteriormente.

  Cuando el certificado reconocido contenga otras circunstancias personales o atributos del solicitante, como su condici髇 de titular de un cargo p鷅lico, su pertenencia a un colegio profesional o su titulaci髇, 閟tas deber醤 comprobarse mediante los documentos oficiales que las acrediten, de conformidad con su normativa espec韋ica.�

  LE0000195713_20200923
• Cuatro. Se da nueva redacci髇 al apartado 5 del art韈ulo 23, con el texto siguiente:

  �5. El prestador de servicios de certificaci髇 no ser� responsable de los da駉s y perjuicios ocasionados al firmante o terceros de buena fe por la inexactitud de los datos que consten en el certificado electr髇ico si 閟tos le han sido acreditados mediante documento p鷅lico, inscrito en un registro p鷅lico si as� resulta exigible. En caso de que dichos datos deban figurar inscritos en un registro p鷅lico, el prestador de servicios de certificaci髇 podr�, en su caso, comprobarlos en el citado registro antes de la expedici髇 del certificado, pudiendo emplear los medios telem醫icos facilitados por los citados registros p鷅licos.�

  LE0000195713_20200923
• Cinco. Se da nueva redacci髇 al apartado 4 del art韈ulo 31, con el texto siguiente:

  �4. Constituyen infracciones leves:

  El incumplimiento por los prestadores de servicios de certificaci髇 que no expidan certificados reconocidos de las obligaciones establecidas en el art韈ulo 18; y el incumplimiento por los prestadores de servicios de certificaci髇 de las restantes obligaciones establecidas en esta Ley, cuando no constituya infracci髇 grave o muy grave, con excepci髇 de las obligaciones contenidas en el apartado 2 del art韈ulo 30.�

  LE0000195713_20200923
• Seis. Se a馻de una disposici髇 adicional, con la siguiente redacci髇:

  獶isposici髇 adicional und閏ima Resoluci髇 de conflictos

  Los usuarios y prestadores de servicios de certificaci髇 podr醤 someter los conflictos que se susciten en sus relaciones al arbitraje.

  Cuando el usuario tenga la condici髇 de consumidor o usuario, en los t閞minos establecidos por la legislaci髇 de protecci髇 de los consumidores, el prestador y el usuario podr醤 someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesi髇 de aqu閘los al Sistema Arbitral de Consumo competente.�

  LE0000195713_20200923

Art韈ulo 6 Modificaci髇 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenaci髇 del comercio minorista

Se a馻de una nueva letra i) al art韈ulo 64 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenaci髇 del comercio minorista, con la siguiente redacci髇:

LE0000008644_20220528

T閚gase en cuenta que el art韈ulo 6 entrar� en vigor a los doce meses de la publicaci髇 de la Ley en el Bolet韓 Oficial del Estado.LE0000253596_20201113

Art韈ulo 7 Modificaciones de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones

Se modifica la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en los siguientes aspectos:

• Uno. Se modifican las letras a) y c) del apartado 1 del art韈ulo 22 quedando con la siguiente redacci髇:
  • 玜) Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexi髇 a la red telef髇ica p鷅lica desde una ubicaci髇 fija y acceder a la prestaci髇 del servicio telef髇ico disponible al publico, siempre que sus solicitudes se consideren razonables en los t閞minos que reglamentariamente se determinen. La conexi髇 debe ofrecer al usuario final la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telef髇icas y permitir comunicaciones de fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet. No obstante, la conexi髇 deber� permitir comunicaciones en banda ancha, en los t閞minos que se definan por la normativa vigente.�
  • 玞) Que exista una oferta suficiente de tel閒onos p鷅licos de pago, en todo el territorio nacional, que satisfaga razonablemente las necesidades de los usuarios finales, en cobertura geogr醘ica, en n鷐ero de aparatos, accesibilidad de estos tel閒onos por los usuarios con discapacidades y calidad de los servicios y, que sea posible efectuar gratuitamente llamadas de emergencia desde los tel閒onos p鷅licos de pago sin tener que utilizar ninguna forma de pago, utilizando el n鷐ero 鷑ico de llamadas de emergencia 112 y otros n鷐eros de emergencia espa駉les. Asimismo, en los t閞minos que se definan por la normativa vigente para el servicio universal, que exista una oferta suficiente de equipos terminales de acceso a Internet de banda ancha.�
  LE0000194148_20130606
• Dos. Se introduce una nueva redacci髇 en el apartado l) del art韈ulo 53 que queda redactado de la siguiente forma:
  • 玪) El incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de servicio p鷅lico y la grave o reiterada vulneraci髇 de los derechos de los consumidores y usuarios finales seg鷑 lo establecido en el T韙ulo III de la Ley y su normativa de desarrollo, con excepci髇 de los establecidos por el art韈ulo 38.3 cuya vulneraci髇 ser� sancionable conforme a lo previsto en el p醨rafo z) de este art韈ulo.�
  LE0000194148_20130606
• Tres. El apartado o) del art韈ulo 54 queda redactado de la siguiente forma:
  • 玱) El incumplimiento de las obligaciones de servicio p鷅lico y la vulneraci髇 de los derechos de los consumidores y usuarios finales, seg鷑 lo establecido en el T韙ulo III de la Ley y su normativa de desarrollo, salvo que deban considerarse como infracci髇 muy grave, conforme a lo previsto en el art韈ulo anterior.
    No obstante, la vulneraci髇 de los derechos establecidos por el art韈ulo 38.3 de esta Ley ser� sancionable conforme a lo previsto en el p醨rafo r) de este art韈ulo.�
  LE0000194148_20130606
• Cuatro. Se modifica el apartado 7 del punto 3 del Anexo I, que queda redactado como sigue:

  獿as Administraciones P鷅licas estar醤 exentas del pago de esta tasa en los supuestos de reserva de dominio p鷅lico radioel閏trico para la prestaci髇 de servicios obligatorios de inter閟 general que tenga exclusivamente por objeto la defensa nacional, la seguridad p鷅lica y las emergencias, as� como cualesquiera otros servicios obligatorios de inter閟 general sin contrapartida econ髆ica directa o indirecta, como tasas, precios p鷅licos o privados, ni otros ingresos derivados de dicha prestaci髇, tales como los ingresos en concepto de publicidad. A tal efecto, deber醤 solicitar, fundamentadamente, dicha exenci髇 al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo, no estar醤 sujetos al pago los enlaces descendentes de radiodifusi髇 por sat閘ite, tanto sonora como de televisi髇.�

  LE0000194148_20130606
• Cinco. Se a馻de un nuevo apartado 5 al ep韌rafe 4 玊asas de telecomunicaciones�, del Anexo I 玊asas en materia de telecomunicaciones�, con la siguiente redacci髇:

  �5. Estar醤 exentos del pago de la tasa de tramitaci髇 de autorizaciones de uso especial de dominio p鷅lico radioel閏trico aquellos solicitantes de dichas autorizaciones que cumplan 65 a駉s en el a駉 en que efect鷈n la solicitud, o que los hayan cumplido con anterioridad, as� como los beneficiarios de una pensi髇 p鷅lica o que tengan reconocido un grado de minusval韆 igual o superior al 33 por 100.�

  LE0000194148_20130606

Art韈ulo 8 Modificaci髇 de los apartados 9 y 10 de la Disposici髇 adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones

Se modifican los apartados 9 y 10 de la Disposici髇 adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, que quedar醤 redactados de la siguiente forma:

LE0000011141_20080101

Disposici髇 adicional primera Utilizaci髇 de caracteres de las lenguas oficiales de Espa馻 en el �.es�

La autoridad de asignaci髇 de los nombres de dominio de Internet bajo el c骴igo de pa韘 correspondiente a Espa馻 (�.es�) adoptar� las medidas que sean necesarias para asegurar que puedan asignarse nombres de dominio que contengan caracteres propios de las lenguas oficiales de Espa馻 distintos de los incluidos en el alfabeto ingl閟 en un plazo m醲imo de 3 meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

Con car醕ter previo a que los mecanismos de reconocimiento de caracteres multiling黣s est閚 disponibles para la asignaci髇 de nombres de dominio bajo el c骴igo de pa韘 �.es�, la autoridad de asignaci髇 dar� publicidad a la posibilidad de solicitar nombres de dominio que contengan dichos caracteres y establecer� con antelaci髇 suficiente un registro escalonado para los mismos. En este registro escalonado se dar� preferencia a las solicitudes de nombres de dominio con caracteres multiling黣s que resulten equivalentes a nombres de dominio bajo el c骴igo de pa韘 �.es� previamente asignados, en los t閞minos que determine la autoridad de asignaci髇.

Disposici髇 adicional segunda Extensi髇 de servicios de acceso a banda ancha

El Gobierno, en colaboraci髇 con las Comunidades Aut髇omas, impulsar� la extensi髇 de la banda ancha con el fin de conseguir, antes del 31 de diciembre de 2008, una cobertura de servicio universal de conexi髇 a banda ancha, para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnolog韆 utilizada en cada caso y de su ubicaci髇 geogr醘ica.

El Gobierno analizar� de manera continua y permanente las diferentes opciones tecnol骻icas y las condiciones de provisi髇 de servicios de acceso a Internet de banda ancha para el conjunto de ciudadanos y empresas en Espa馻. En particular, se colaborar� con los diferentes sectores relevantes interesados, a fin de que asesoren al Gobierno en la elaboraci髇 de un informe anual sobre la situaci髇 del uso de los servicios de acceso a Internet de banda ancha en Espa馻. Este informe ser� de car醕ter p鷅lico y podr� elaborar recomendaciones para acelerar el despliegue de los citados servicios.

A efectos de realizar los an醠isis e informes mencionados en los p醨rafos anteriores el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podr� realizar los requerimientos de informaci髇 generales o particularizados que sean necesarios en los t閞minos previstos en la disposici髇 adicional quinta de esta Ley.

Los an醠isis e informes mencionados deber醤 realizarse de forma territorializada por Comunidades Aut髇omas y se compartir醤 los datos en formato electr髇ico con las Administraciones que lo soliciten.

Disposici髇 adicional tercera Plan de mejora de los niveles de seguridad y confianza en Internet

El Gobierno elaborar�, en un plazo de seis meses, un Plan, tecnol骻icamente neutro, para la mejora de los niveles de seguridad y confianza en Internet, que incluir� directrices y medidas para aumentar la seguridad frente a las amenazas de Internet y proteger la privacidad on line. Este plan se revisar� peri骴icamente para poder responder al escenario de amenazas en continua evoluci髇.

Disposici髇 adicional cuarta Requerimientos de informaci髇 para fines estad韘ticos y de an醠isis

1. La Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci髇, y los 髍ganos estad韘ticos de las Comunidades Aut髇omas con competencias en materia de estad韘tica, podr醤 requerir de los fabricantes de productos y proveedores de servicios referentes a las Tecnolog韆s de la Informaci髇, a la Sociedad de la Informaci髇, a los contenidos digitales y al entretenimiento digital la informaci髇 necesaria para el ejercicio de sus funciones para fines estad韘ticos y de an醠isis.

La Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci髇 podr� dictar circulares que deber醤 ser publicadas en el Bolet韓 Oficial del Estado, en las cuales se expondr� de forma detallada y concreta el contenido de la informaci髇 que se vaya a solicitar, especificando de manera justificada la funci髇 para cuyo desarrollo es precisa tal informaci髇 y el uso que pretende hacerse de la misma.

No obstante lo se馻lado en el p醨rafo precedente, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podr� en todo caso realizar requerimientos de informaci髇 particularizados sin necesidad de que previamente se dicte una circular de car醕ter general.

La Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci髇 podr� realizar las inspecciones que considere necesarias con el fin de confirmar la veracidad de la informaci髇 que en cumplimiento de los citados requerimientos le sea aportada.

Los datos e informaciones obtenidos por la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci髇 en el desempe駉 de sus funciones, que tengan car醕ter confidencial por tratarse de materias protegidas por el secreto comercial, industrial o estad韘tico, s髄o podr醤 ser cedidos a la Administraci髇 General del Estado y a las Comunidades Aut髇omas en el 醡bito de sus competencias. El personal de dichas Administraciones P鷅licas que tenga conocimiento de estos datos estar� obligado a mantener el debido secreto y sigilo respecto de los mismos.

Las entidades que deben suministrar esos datos e informaciones podr醤 indicar, de forma justificada, qu� parte de los mismos consideran de trascendencia comercial o industrial, cuya difusi髇 podr韆 perjudicarles, a los efectos de que sea declarada su confidencialidad respecto de cualesquiera personas o entidades que no sean la propia Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci髇, la Administraci髇 General del Estado o las Comunidades Aut髇omas, previa la oportuna justificaci髇. La Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci髇 decidir�, de forma motivada, sobre la informaci髇 que, seg鷑 la legislaci髇 vigente, est� exceptuada del secreto comercial o industrial y sobre la amparada por la confidencialidad.

2. Son infracciones de la obligaci髇 de cumplir los requerimientos de informaci髇 establecida en el apartado anterior las conductas que se tipifican en los apartados siguientes.

Las infracciones establecidas en la presente disposici髇 adicional se entender醤 sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que puedan incurrir los titulares de las entidades que desarrollan las actividades a que se refieren.

3. Las infracciones administrativas tipificadas en los apartados siguientes se clasifican en muy graves, graves y leves.

4. Son infracciones muy graves:

• a) La negativa reiterada a facilitar a la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci髇 la informaci髇 que se reclame de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
• b) Facilitar intencionadamente a la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci髇 datos falsos.

5. Son infracciones graves:

La negativa expresa a facilitar a la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci髇 la informaci髇 que se reclame de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

6. Son infracciones leves:

No facilitar a la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci髇 los datos requeridos o retrasar injustificadamente su aportaci髇 cuando resulte exigible.

7. Por la comisi髇 de las infracciones se馻ladas en los apartados anteriores, se impondr醤 las siguientes sanciones:

• a) Por la comisi髇 de infracciones muy graves tipificadas en el apartado 4, multa desde 25.000 euros hasta 50.000 euros.
• b) Por la comisi髇 de infracciones graves tipificadas en el apartado 5, multa desde 5.000 euros hasta 25.000 euros.
• c) Por la comisi髇 de infracciones leves tipificadas en el apartado 6, multa de hasta 5.000 euros.

En todo caso, la cuant韆 de la sanci髇 que se imponga, dentro de los l韒ites indicados, se graduar� teniendo en cuenta, adem醩 de lo previsto en el art韈ulo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, lo siguiente:

• a) La gravedad de las infracciones cometidas anteriormente por el sujeto al que se sanciona.
• b) La repercusi髇 social de las infracciones.
• c) El beneficio que haya reportado al infractor el hecho objeto de la infracci髇.
• d) El da駉 causado.

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves podr醤 ser publicadas en el 獴olet韓 Oficial del Estado� una vez que la resoluci髇 sancionadora tenga car醕ter firme.

8. La competencia para la imposici髇 de las sanciones muy graves corresponder� al Ministro de Industria, Turismo y Comercio y la imposici髇 de sanciones graves y leves al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci髇.

El ejercicio de la potestad sancionadora se sujetar� al procedimiento aplicable, con car醕ter general, a la actuaci髇 de las Administraciones P鷅licas.

9. Las estad韘ticas p鷅licas que elabore la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci髇 relativas a personas f韘icas ofrecer醤 sus datos desagregados por sexo, considerando, si ello resultase conveniente, otras variables relacionadas con el sexo para facilitar la evaluaci髇 del impacto de g閚ero y la mejora en la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

10. En caso de que la informaci髇 recabada en ejercicio de las funciones establecidas en esta disposici髇 adicional contuviera datos de car醕ter personal ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci髇 de datos de car醕ter personal y en su normativa de desarrollo.

Disposici髇 adicional quinta Canalizaciones para el despliegue de redes de comunicaciones electr髇icas en carreteras e infraestructuras ferroviarias de competencia estatal

1. Los proyectos de obras de construcci髇 de nuevas carreteras o de nuevas l韓eas de ferrocarril que vayan a formar parte de las redes de inter閟 general deber醤 prever, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente, la instalaci髇 de canalizaciones que permitan el despliegue a lo largo de las mismas de redes de comunicaciones electr髇icas. Dichas canalizaciones deber醤 ponerse a disposici髇 de los operadores de redes y servicios de comunicaciones electr髇icas interesados en condiciones equitativas, no discriminatorias, neutrales y orientadas a costes.

Las condiciones de acceso se negociar醤 de mutuo acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, estas condiciones se establecer醤 mediante resoluci髇 de la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones.

En las mismas condiciones deber� preverse igualmente la facilitaci髇 de instalaciones para asegurar la cobertura de comunicaciones m髒iles en todo el recorrido, incluyendo los terrenos para la instalaci髇 de estaciones base, espacios para la instalaci髇 de los repetidores o dispositivos radiantes necesarios para garantizar la cobertura en t鷑eles y el acceso a fuentes de energ韆 el閏trica.

2. Sin perjuicio de la notificaci髇 a la que se refiere el art韈ulo 6 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, los organismos p鷅licos responsables de la administraci髇 de las carreteras y l韓eas de ferrocarril de competencia estatal y las sociedades estatales que tengan encomendada su explotaci髇 podr醤 explotar las canalizaciones o establecer y explotar las redes de telecomunicaciones que discurran por las citadas infraestructuras de transporte en los t閞minos previstos en la citada Ley General de Telecomunicaciones, garantizando el acceso de los restantes operadores p鷅licos y privados a las mismas en condiciones de igualdad y neutralidad.

3. Los Ministros de Fomento y de Industria, Turismo y Comercio desarrollar醤 conjuntamente, en un plazo no superior a seis meses, lo establecido en esta disposici髇 y determinar醤 los supuestos en que, en funci髇 del itinerario, la dimensi髇 y dem醩 circunstancias espec韋icas de las nuevas carreteras o de las nuevas l韓eas de ferrocarril, los proyectos de obras de construcci髇 deber醤 prever las canalizaciones o instalaciones a que se refiere el apartado primero.

Disposici髇 adicional sexta Base de datos sobre servicios de la sociedad de la informaci髇 y servicios de comunicaciones electr髇icas en Espa馻

Con el fin de mejorar el dise駉, ejecuci髇 y seguimiento de pol韙icas relativas a la sociedad de la informaci髇, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaborar�, en colaboraci髇 con las Comunidades Aut髇omas, una base de datos actualizada sobre los servicios de la sociedad de la informaci髇 y servicios de comunicaciones electr髇icas en Espa馻. Esta base de datos ser� sectorizada como m韓imo por 醡bitos territoriales de Comunidad Aut髇oma y los datos ser醤 compartidos con las Administraciones que lo soliciten.

A los efectos de lo dispuesto en el p醨rafo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podr� realizar los requerimientos de informaci髇 generales o particularizados que sean necesarios en los t閞minos previstos en la disposici髇 adicional quinta de esta Ley.

El contenido y alcance de la base de datos referida en el p醨rafo primero de esta disposici髇 adicional ser醤 regulados mediante Orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio.

En lo que respecta a servicios de la sociedad de la informaci髇 relativos a administraci髇 electr髇ica corresponder� al Ministerio de Administraciones P鷅licas, en colaboraci髇 con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y con las Comunidades Aut髇omas, la regulaci髇, elaboraci髇 y mantenimiento del correspondiente cat醠ogo.

Disposici髇 adicional s閜tima Agencia Estatal de Radiocomunicaciones

Se da nueva redacci髇 al apartado 13 del art韈ulo 47 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que queda redactado de la siguiente forma:

LE0000194148_20130606

Disposici髇 adicional octava Sede de la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones

Se modifica el apartado 13 del art韈ulo 48 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

LE0000194148_20130606

Disposici髇 adicional novena Modificaci髇 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada

Se introduce una nueva disposici髇 final, con la siguiente redacci髇:

LE0000008366_20090704

Disposici髇 adicional d閏ima Modificaci髇 del texto refundido de la Ley de Sociedades An髇imas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre

Se modifica el apartado segundo del art韈ulo 15 del texto refundido de la Ley de Sociedades An髇imas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el texto siguiente:

LE0000018271_20100702

Disposici髇 adicional und閏ima Acceso de las personas con discapacidad a las tecnolog韆s de la Sociedad de la Informaci髇

Las Administraciones P鷅licas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, promover醤 el impulso, el desarrollo y la aplicaci髇 de los est醤dares de accesibilidad para personas con discapacidad y dise駉 para todos, en todos los elementos y procesos basados en las nuevas tecnolog韆s de la Sociedad de la Informaci髇.

Disposici髇 adicional duod閏ima Lenguas Oficiales

Las Administraciones P鷅licas deber醤 fomentar el pluralismo lingstico en la utilizaci髇 de las nuevas tecnolog韆s de la Sociedad de la Informaci髇, en particular en los 醡bitos territoriales en que existan lenguas propias.

Disposici髇 adicional decimotercera Regulaci髇 de los instrumentos telem醫icos utilizados por los profesionales que elaboren proyectos e informes incorporados a procedimientos tramitados por las Administraciones

Las Administraciones P鷅licas regular醤 los instrumentos telem醫icos necesarios para ser utilizados por los profesionales debidamente colegiados que elaboren y preparen proyectos e informes que deben incorporarse preceptivamente en los procedimientos que tramiten los 髍ganos administrativos.

Disposici髇 adicional decimocuarta Transferencia tecnol骻ica a la sociedad

El Centro Nacional de Referencia de Aplicaci髇 de las Tecnolog韆s de Informaci髇 y Comunicaci髇 (CENATIC), en colaboraci髇 con los centros auton髆icos de referencia y con el Centro de Transferencia de Tecnolog韆 entre Administraciones P鷅licas de la Administraci髇 General del Estado, se encargara de la puesta en valor y difusi髇 entre entidades privadas y la ciudadan韆 en general, de todas aquellas aplicaciones que sean declaradas de fuentes abiertas por las administraciones p鷅licas, haciendo llegar a los autores o comunidades de desarrollo cualquier mejora o aportaci髇 que sea realizada sobre las mismas.

Asimismo, el CENATIC se encargar� del asesoramiento general sobre los aspectos jur韉icos, tecnol骻icos y metodol骻icos m醩 adecuados para la liberaci髇 del software y conocimiento.

Disposici髇 adicional decimoquinta Fomento a la participaci髇 ciudadana en la sociedad de la informaci髇

Con el objeto de fomentar la presencia de la ciudadan韆 y de las entidades privadas sin 醤imo de lucro y garantizar el pluralismo, la libertad de expresi髇 y la participaci髇 ciudadana en la sociedad de la informaci髇, se establecer醤 medios de apoyo y l韓eas de financiaci髇 para el desarrollo de servicios de la sociedad de la informaci髇 sin finalidad lucrativa que, promovidos por entidades ciudadanas, fomenten los valores democr醫icos y la participaci髇 ciudadana, atiendan al inter閟 general o presten servicio a comunidades y grupos sociales desfavorecidos.

Disposici髇 adicional decimosexta Contenidos digitales de titularidad p鷅lica para su puesta a disposici髇 de la sociedad

Siempre que por su naturaleza no perjudique al normal funcionamiento de la Administraci髇, ni afecte al inter閟 p鷅lico o al inter閟 general, los contenidos digitales o digitalizados de que dispongan las Administraciones P鷅licas, cuyos derechos de propiedad intelectual le pertenezcan sin restricciones o sean de dominio p鷅lico, ser醤 puestos a disposici髇 del p鷅lico, en los t閞minos legalmente establecidos, de forma telem醫ica sin restricciones tecnol骻icas, para su uso consistente en el estudio, copia o redistribuci髇, siempre que las obras utilizadas de acuerdo con lo anteriormente se馻lado citen al autor y se distribuyan en los mismos t閞minos.

Disposici髇 adicional decimos閜tima Cesi髇 de contenidos para su puesta a disposici髇 de la sociedad

Las personas f韘icas o jur韉icas podr醤 ceder sus derechos de explotaci髇 sobre obras para que una copia digitalizada de las mismas pueda ser puesta a disposici髇 del p鷅lico de forma telem醫ica, sin restricciones tecnol骻icas o metodol骻icas, y libres para ser usado con cualquier prop髎ito, estudiados, copiados, modificados y redistribuidos, siempre que las obras derivadas se distribuyan en los mismos t閞minos.

Disposici髇 adicional decimoctava. Televisi髇 de proximidad sin 醤imo de lucro.

1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a trav閟 de la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci髇, mediante Resoluci髇 del Secretario de Estado, planificar� frecuencias para la gesti髇 indirecta del servicio de televisi髇 local de proximidad por parte de entidades sin 醤imo de lucro que se encontraran habilitadas para emitir al amparo de la Disposici髇 Transitoria Primera de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisi髇 Local por Ondas Terrestres, siempre que se disponga de frecuencias para ello.

Tienen la consideraci髇 de servicios de difusi髇 de televisi髇 de proximidad aquellos sin finalidad comercial que, utilizando las frecuencias que en raz髇 de su uso por servicios pr髕imos no est閚 disponibles para servicios de difusi髇 de televisi髇 comercialmente viables, est醤 dirigidos a comunidades en raz髇 de un inter閟 cultural, educativo, 閠nico o social.

El canal de televisi髇 difundido lo ser� siempre en abierto. Su programaci髇 consistir� en contenidos originales vinculados con la zona y comunidad a la que vayan dirigidos y no podr� incluir publicidad ni televenta, si bien se admitir� el patrocinio de sus programas.

La entidad responsable del servicio de televisi髇 local de proximidad no podr� ser titular directa o indirectamente de ninguna concesi髇 de televisi髇 de cualquier cobertura otorgada por la Administraci髇 que corresponda.

2. Corresponde al Gobierno aprobar el reglamento general de prestaci髇 del servicio, con car醕ter de norma b醩ica, y el reglamento t閏nico, en el que se establezca el procedimiento para la planificaci髇 de las frecuencias destinadas a servicios de difusi髇 de televisi髇 de proximidad, atendiendo entre otros extremos a las necesidades de cobertura, poblaci髇 y caracter韘ticas propias de este servicio.

Dicho reglamento establecer� las condiciones t閏nicas que deber醤 reunir las frecuencias destinadas a estos servicios, la extensi髇 m醲ima de la zona de servicio, la determinaci髇 concreta de las potencias de emisi髇, caracter韘ticas y uso compartido del m鷏tiplex asignado para la prestaci髇 del servicio y el procedimiento por el que las Comunidades Aut髇omas solicitar醤 la reserva de frecuencias para estos servicios, as� como el procedimiento de asignaci髇 por parte de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.

La planificaci髇 del espectro para la televisi髇 de proximidad no ser� prioritaria con respecto a otros servicios planificados o planificables.

3. Ser� de aplicaci髇 a estas televisiones lo dispuesto en la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jur韉ico espa駉l la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinaci髇 de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusi髇 televisiva, y lo previsto en los art韈ulos 1, 2, 6, apartados 2 y 3 del art韈ulo 9, 10, 11, 15, 18, 20, 21, 22 y apartado 4 de la disposici髇 transitoria segunda de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisi髇 Local por Ondas Terrestres. Igualmente les ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en la Disposici髇 Adicional Trig閟ima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

4. Las Comunidades Aut髇omas adjudicar醤 las correspondientes concesiones para la prestaci髇 de servicios de televisi髇 de proximidad, de acuerdo con el reglamento general de prestaci髇 del servicio y su normativa.

5. Las concesiones para la prestaci髇 de servicios de difusi髇 de radio y televisi髇 de proximidad se otorgar醤 por un plazo de cinco a駉s y podr醤 ser renovadas hasta en tres ocasiones, siempre que su actividad no perjudique la recepci髇 de los servicios de difusi髇 legalmente habilitados que coincidan total o parcialmente con su zona de cobertura.

Estas concesiones obligan a la explotaci髇 directa del servicio y ser醤 intransferibles.

6. Las concesiones para la prestaci髇 de servicios de televisi髇 de proximidad se extinguir醤, adem醩 de por alguna de las causas generales previstas en el art韈ulo 15 de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisi髇 Local por Ondas Terrestres, por extinci髇 de la personalidad jur韉ica de su titular y por su revocaci髇.

7. Ser醤 causas de revocaci髇 de la concesi髇 la utilizaci髇 de las mismas para la difusi髇 de servicios comerciales y la modificaci髇 de las condiciones de planificaci髇 del espectro radioel閏trico sin que exista una frecuencia alternativa.

Disposici髇 adicional decimonovena Modificaci髇 de la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercializaci髇 a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y de la Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversi髇, recursos propios y obligaciones de informaci髇 de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero

1. Se modifica la letra b) de la Disposici髇 Derogatoria de la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercializaci髇 a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, que tendr� la siguiente redacci髇:

LE0000247671_20181125

2. Se modifican los apartados 2, 3 y 4 de la Disposici髇 transitoria primera de la Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversi髇, recursos propios y obligaciones de informaci髇 de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero, que tendr醤 la siguiente redacci髇:

LE0000251824_20080101

Disposici髇 adicional vig閟ima Regulaci髇 del juego

El Gobierno presentar� un Proyecto de Ley para regular las actividades de juego y apuestas, en particular las realizadas a trav閟 de sistemas interactivos basados en comunicaciones electr髇icas, que atender� a los siguientes principios:

• 1. Asegurar la compatibilidad de la nueva regulaci髇 con la normativa aplicable a otros 醡bitos vinculados a la prestaci髇 de este tipo de servicios, y, en especial, a la normativa de protecci髇 de los menores, de la juventud, de grupos especialmente sensibles de usuarios as� como de los consumidores en general, adem醩 del 醡bito de protecci髇 de datos de car醕ter personal y de servicios de la Sociedad de la Informaci髇.
• 2. Establecer una regulaci髇 sobre la explotaci髇 de actividades de juego por sistemas interactivos de acuerdo con la normativa y los principios generales del derecho comunitario.
• 3. Articular un sistema de control sobre los servicios de juego y apuestas por sistemas interactivos que garantice unas condiciones de mercado plenamente seguras y equitativas para los operadores de tales sistemas as� como unos adecuados niveles de protecci髇 de los usuarios. En particular, deber� regular la actividad de aquellos operadores que ya cuenten con una autorizaci髇 para la presentaci髇 de los mencionados servicios otorgada por las autoridades de cualquiera de los Estados miembros de la Uni髇 Europea.
• 4. Establecer un sistema de tributaci髇 sobre los servicios de juego y apuestas por sistemas interactivos atendiendo al origen de las operaciones objeto de tributaci髇. La regulaci髇 deber� igualmente prever un sistema de distribuci髇 de la tributaci髇 obtenida como consecuencia de la explotaci髇 de servicios de juego y apuestas por medios electr髇icos en Espa馻 entre la Administraci髇 Estatal y las Comunidades Aut髇omas, teniendo en cuenta la especificidad fiscal de los reg韒enes forales.
• 5. La actividad de juego y apuestas a trav閟 de sistemas interactivos basados en comunicaciones electr髇icas s髄o podr� ejercerse por aquellos operadores autorizados para ello por la Administraci髇 P鷅lica competente, mediante la concesi髇 de una autorizaci髇 tras el cumplimiento de las condiciones y requisitos que se establezcan. Quien no disponga de esta autorizaci髇 no podr� realizar actividad alguna relacionada con los juegos y apuestas interactivos. En particular, se establecer醤 las medidas necesarias para impedir la realizaci髇 de publicidad por cualquier medio as� como la prohibici髇 de utilizar cualquier medio de pago existente en Espa馻. Por otra parte, se sancionar� de conformidad con la legislaci髇 de represi髇 del contrabando la realizaci髇 de actividades de juego y apuestas a trav閟 de sistemas interactivos sin contar con la autorizaci髇 pertinente.
• 6. La competencia para la ordenaci髇 de las actividades de juegos y apuestas realizadas a trav閟 de sistemas interactivos corresponder� a la Administraci髇 General del Estado cuando su 醡bito sea el conjunto del territorio nacional o abarque m醩 de una Comunidad Aut髇oma.

V閍se la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulaci髇 del juego (獴.O.E.� 28 mayo).LE0000454311_20210711

Disposici髇 transitoria 鷑ica R間imen transitorio relativo a las tarifas aplicables por la asignaci髇, renovaci髇 y otras operaciones registrales de los nombres de dominio bajo el �.es�

Hasta que se fijen, de conformidad con lo que se establece en el art韈ulo 8 de esta Ley, los precios p鷅licos aplicables por la asignaci髇, renovaci髇 y otras operaciones registrales de los nombres de dominio bajo el �.es� seguir醤 siendo de aplicaci髇 las tasas correspondientes fijadas de acuerdo con las normas legales y disposiciones reglamentarias de desarrollo vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

Disposici髇 final primera Fundamento constitucional

1. Tienen el car醕ter de legislaci髇 b醩ica los siguientes preceptos de esta Ley:

• a) Los apartados 2, 3 y 5 del art韈ulo 1 y los art韈ulos 2 y 6, que se dictan al amparo de lo dispuesto en el apartado 13.� del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇.
• b) Los apartados 1 y 4 del art韈ulo 1, la disposici髇 adicional duod閏ima y la disposici髇 adicional decimotercera, que se dictan al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.18.� de la Constituci髇.
• c) La disposici髇 adicional und閏ima, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.1.� y 18.� de la Constituci髇.
• d) La disposici髇 adicional decimoquinta, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.1.� de la Constituci髇.

2. Los art韈ulos 3, 4 y 5 de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.6.�, 8.� y 21.� de la Constituci髇, sin perjuicio de las competencias que ostenten las Comunidades Aut髇omas.

3. Los art韈ulos 7 y 8 y las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, s閜tima, octava y decimocuarta de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.21.� de la Constituci髇.

4. Las disposiciones adicionales novena y d閏ima de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.6.� y 8.� de la Constituci髇.

5. Las disposiciones adicionales decimosexta y decimos閜tima de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.9.� de la Constituci髇.

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 de leyes por las que se incorpora derecho comunitario

Mediante esta Ley se modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci髇 y de Comercio Electr髇ico y la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electr髇ica que incorporaron respectivamente la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jur韉icos de los servicios de la sociedad de la informaci髇, en particular el comercio electr髇ico en el mercado interior, y la Directiva 1999/93/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electr髇ica.

Disposici髇 final tercera Habilitaci髇 al Gobierno

Se habilita al Gobierno para desarrollar mediante Reglamento lo previsto en esta Ley, en el 醡bito de sus competencias.

Disposici髇 final cuarta Entrada en vigor

Esta Ley entrar� en vigor al d韆 siguiente de su publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial del Estado.

No obstante, las obligaciones contenidas en el nuevo art韈ulo 12 bis de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci髇 y de Comercio Electr髇ico entrar醤 en vigor a los tres meses de la publicaci髇 de la Ley en el Bolet韓 Oficial del Estado, y los art韈ulos 2 y 6 de esta Ley entrar醤 en vigor a los doce meses de la publicaci髇 de la Ley en el Bolet韓 Oficial del Estado.

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