Sumario

La implantaci�n y generalizaci�n del uso de sistemas inform�ticos y de comunicaci�n electr�nica en el �mbito de la Administraci�n de Justicia constituye un �mbito de la realidad social e institucional cuya adecuada ordenaci�n demanda normalmente la integraci�n y cooperaci�n de fuentes jur�dicas de diversa procedencia.

En el plano legal, el art�culo 230.5 de la Ley Org�nica del Poder Judicial instituye la competencia del Consejo General del Poder Judicial para la aprobaci�n previa de los programas y aplicaciones inform�ticos que se utilicen en la Administraci�n de Justicia, con independencia de la Administraci�n territorial que ostente la titularidad del correspondiente soporte -Ministerio de Justicia, o Comunidades Aut�nomas con competencias asumidas en relaci�n con los medios materiales al servicio de la administraci�n de justicia-, y para garantizar la compatibilidad rec�proca de tales programas y aplicaciones en orden a asegurar su comunicaci�n e integraci�n.

Si bien el primer aspecto de la materia atribuida a la potestad normativa del Consejo, el relativo a la aprobaci�n de programas y aplicaciones, se encuentra satisfactoriamente desarrollado en el T�tulo VI del Reglamento 1/2005, el segundo, relativo a la determinaci�n de las condiciones que aseguren la compatibilidad de programas, con todas las implicaciones que dicha atribuci�n conlleva en cuanto a la necesidad de fijar pautas de comportamiento vinculantes para todos los usuarios de la inform�tica judicial, ha experimentado un desarrollo desigual, pues de momento se circunscribe a un instrumento normativo que adopt� en su d�a la vestidura formal de una Instrucci�n: se trata del C�digo de Conducta para Usuarios de Equipos Inform�ticos y Sistemas Inform�ticos al Servicio de la Administraci�n de Justicia, que fue aprobado en Acuerdo Plenario de 26 de febrero de 2003 como Instrucci�n n.� 2/2003.

La eficacia jur�dica externa de dicha norma y, en consecuencia, su capacidad para imponer obligaciones efectivas y coercibles sobre la totalidad de los usuarios de la inform�tica judicial con independencia de su procedencia estatutaria, funcionarial o laboral fueron en su d�a impugnadas, junto con otras cuestiones, ante la jurisdicci�n contencioso-administrativa, que respald� finalmente la validez de la Instrucci�n y su adecuaci�n al ordenamiento jur�dico mediante las Sentencias de la Secci�n S�ptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de septiembre y de 30 de octubre de 2006.

Estas sentencias vinieron a respaldar la validez de la Instrucci�n al considerar que no invad�a la esfera de reserva reglamentaria establecida en el art�culo 230.5 LOPJ, por haber sido adoptada siguiendo el procedimiento y observando la mayor�a cualificada de tres quintos que exige la propia Ley Org�nica para la aprobaci�n de los Reglamentos del Consejo.

Partiendo de la eficacia jur�dica del instrumento actualmente vigente, se considera oportuno, sin embargo, dotar a las previsiones principales del C�digo de Conducta de un rango formal reglamentario que permitan visualizar de forma expl�cita su car�cter de norma jur�dica de eficacia externa y que sirva, igualmente, para integrar y completar sus previsiones insert�ndolas en la que es, sin duda alguna, su sede natural, el Reglamento de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, en el que aparece ya desarrollada una parte de la materia competencia del Consejo en lo que concierne al procedimiento de aprobaci�n de los programas, aplicaciones y sistemas inform�ticos de la Administraci�n de Justicia.

La potestad de autorizaci�n de estos programas es indisociable de la competencia del Consejo para fijar de forma vinculante las normas de utilizaci�n y funcionamiento que aseguren su compatibilidad, pues ambas facultades responden a un mismo fin, por lo que el t�tulo habilitador de la potestad reglamentaria no puede entenderse plenamente cumplimentado en tanto no se complete el Reglamento de Aspectos Accesorios con la integraci�n de las determinaciones precisas para garantizar dicha compatibilidad.

Materia conexa a la homologaci�n del uso de los sistemas inform�ticos puestos al servicio de la Administraci�n de Justicia, es la relativa a la ordenaci�n del registro de asuntos en los sistemas de gesti�n procesal, en el seno de los Servicios Comunes Procesales, lo que, a su vez, remite al supuesto habilitante especial del art�culo 438.7 de la Ley Org�nica del Poder judicial, que faculta al Consejo para establecer los criterios generales que permitan la homogeneidad de las actuaciones de los Servicios Comunes Procesales de la misma clase en todo el territorio nacional. Esta materia es objeto de regulaci�n espec�fica en la Instrucci�n sobre normas para el registro de asuntos en los sistemas de gesti�n procesal, aprobada por el Pleno del Consejo de 26 de marzo de 2009 que acompa�a y completa la presente regulaci�n reglamentaria.

Por �ltimo, y con la finalidad de hacer realidad en las oficinas judiciales el pluriling�ismo proclamado en el art�culo 3 de la Constituci�n, la presente reforma aborda la exigencia de que las aplicaciones de gesti�n procesal contemplen, como una de sus funcionalidades, la elecci�n de la interfaz de usuario en las lenguas oficiales de las respectivas Comunidades Aut�nomas.

Las modificaciones que se introducen en el presente Reglamento respetan las competencias atribuidas a las Comunidades Aut�nomas que han recibido los correspondientes traspasos en materia de medios materiales y personales al servicio de la Administraci�n de Justicia.

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de la competencia que le atribuye el art�culo 110.2 de la Ley Org�nica del Poder Judicial, y previo informe de la Comisi�n de Igualdad y con cumplimiento del tr�mite de audiencia previsto en el art�culo 110.3 de la misma Ley Org�nica, ha adoptado, en su reuni�n del d�a 26 de marzo de 2009, el siguiente Acuerdo: