Art韈ulo 1

A los fines del presente Convenio:

• 1. Por 玦nstalaci髇 del Estado� se entiende toda instalaci髇 o veh韈ulo permanente o provisional, cualquiera que sea su ubicaci髇, utilizado u ocupado por representantes de un Estado, miembros del gobierno, el poder legislativo o el judicial, funcionarios o empleados de una entidad estatal o administrativa o funcionarios o empleados de una organizaci髇 intergubernamental a los efectos del desempe駉 de sus funciones oficiales.
• 2. Por 玦nstalaci髇 de infraestructura� se entiende toda instalaci髇 de propiedad p鷅lica o privada que se utilice para prestar o distribuir servicios al p鷅lico, como los de abastecimiento de agua, alcantarillado, energ韆, combustible o comunicaciones.
• 3. Por 玜rtefacto explosivo u otro artefacto mort韋ero� se entiende:
  • a) Un arma o artefacto explosivo o incendiario que obedezca al prop髎ito de causar o pueda causar la muerte, graves lesiones corporales o grandes da駉s materiales, o
  • b) el arma o artefacto que obedezca al prop髎ito de causar o pueda causar la muerte o graves lesiones corporales o grandes da駉s materiales mediante la emisi髇, la propagaci髇 o el impacto de productos qu韒icos t髕icos, agentes o toxinas de car醕ter biol骻ico o sustancias similares o radiaciones o material radiactivo.
• 4. Por 玣uerzas militares de un Estado� se entienden las fuerzas armadas de un Estado que est閚 organizadas, entrenadas y equipadas con arreglo a la legislaci髇 nacional, primordialmente a los efectos de la defensa y la seguridad nacionales y las personas que act鷈n en apoyo de esas fuerzas armadas que est閚 bajo su mando, control y responsabilidad oficiales.
• 5. Por 玪ugar de uso p鷅lico� se entienden las partes de todo edificio, terreno, v韆 p鷅lica, curso de agua u otro emplazamiento que sea accesible o est� abierto al p鷅lico de manera permanente, peri骴ica u ocasional, e incluye todo lugar comercial, empresarial, cultural, hist髍ico, educativo, religioso, gubernamental, de entretenimiento, recreativo o an醠ogo que sea accesible en tales condiciones o est� abierto al p鷅lico.
• 6. Por 玶ed de transporte p鷅lico� se entienden todas las instalaciones, veh韈ulos e instrumentos de propiedad p鷅lica o privada que se utilicen en servicios p鷅licos o para servicios p鷅licos a los efectos del transporte de personas o mercanc韆s.

Art韈ulo 2

1. Comete delito en el sentido del presente Convenio quien il韈ita e intencionadamente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto o sustancia explosivo u otro artefacto mort韋ero en o contra un lugar de uso p鷅lico, una instalaci髇 p鷅lica o de gobierno, una red de transporte p鷅lico o una instalaci髇 de infraestructura:

• a) Con el prop髎ito de causar la muerte o graves lesiones corporales, o
• b) con el prop髎ito de causar una destrucci髇 significativa de ese lugar, instalaci髇 o red que produzca o pueda producir un gran perjuicio econ髆ico.

2. Tambi閚 constituir� delito la tentativa de cometer cualquiera de los delitos enunciados en el p醨rafo 1.

3. Tambi閚 comete delito quien:

• a) Participe como c髆plice en la comisi髇 de un delito enunciado en los p醨rafos 1 � 2, o
• b) organice o dirija a otros a los efectos de la comisi髇 del delito enunciado en los p醨rafos 1 � 2, o
• c) contribuya de alg鷑 otro modo a la comisi髇 de uno o m醩 de los delitos enunciados en los p醨rafos 1 � 2 por un grupo de personas que act鷈 con un prop髎ito com鷑; la contribuci髇 deber� ser intencional y hacerse con el prop髎ito de colaborar con los fines o la actividad delictiva general del grupo o con conocimiento de la intenci髇 del grupo de cometer el delito o los delitos de que se trate.

Art韈ulo 3

Salvo lo dispuesto en los art韈ulos 10 a 15, seg鷑 corresponda, el presente Convenio no ser� aplicable cuando el delito se haya cometido en un Estado, el presunto delincuente y las v韈timas sean nacionales de ese Estado y el presunto culpable se halle en el territorio de ese Estado y ning鷑 otro Estado est� facultado para ejercer la jurisdicci髇 con arreglo a lo dispuesto en los p醨rafos 1 y 2 del art韈ulo 6.

Art韈ulo 4

Cada Estado Parte adoptar� las medidas que sean necesarias para:

• a) Tipificar, con arreglo a su legislaci髇 interna, los actos indicados en el art韈ulo 2 del presente Convenio;
• b) sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su naturaleza grave.

Art韈ulo 5

Cada Estado Parte adoptar� las medidas que resulten necesarias, cuando proceda, la adopci髇 de legislaci髇 interna, para que los actos criminales comprendidos en el 醡bito del presente Convenio, en particular los que obedezcan a la intenci髇 o el prop髎ito de crear un estado de terror en la poblaci髇 en general, en un grupo de personas o en determinadas personas, no puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de 韓dole pol韙ica, filos骹ica, ideol骻ica, racial, 閠nica, religiosa u otra similar y sean sancionados con penas acordes a su gravedad.

Art韈ulo 6

1. Cada Estado Parte adoptar� las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicci髇 respecto de los delitos enunciados en el art韈ulo 2 cuando 閟tos sean cometidos:

• a) En el territorio de ese Estado, o
• b) A bordo de un buque que enarbole el pabell髇 de ese Estado o de una aeronave matriculada de conformidad con la legislaci髇 de ese Estado en el momento de la comisi髇 del delito, o
• c) Por un nacional de ese Estado.

2. Un Estado Parte podr� tambi閚 establecer su jurisdicci髇 respecto de cualquiera de tales delitos cuando:

• a) Sea cometido contra un nacional de ese Estado, o
• b) Sea cometido en o contra una instalaci髇 gubernamental en el extranjero, inclusive una embajada u otro local diplom醫ico o consular de ese Estado, o
• c) Sea cometido por un ap醫rida que tenga residencia habitual en el territorio de ese Estado, o
• d) Sea cometido con el prop髎ito de obligar a ese Estado a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto, o
• e) Sea cometido a bordo de una aeronave que sea explotada por el gobierno de ese Estado.

3. Cada Estado Parte, al ratificar, aceptar o aprobar el Convenio o adherirse a 閘, notificar� al Secretario General de las Naciones Unidas que ha establecido su jurisdicci髇 con arreglo al p醨rafo 2 y de conformidad con su legislaci髇 nacional y notificar� inmediatamente al Secretario General los cambios que se produzcan.

4. Cada Estado Parte tomar� asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicci髇 respecto de los delitos enunciados en el art韈ulo 2, en los casos en que el presunto delincuente se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradici髇 a ninguno de los Estados Parte que hayan establecido su jurisdicci髇 de conformidad con los p醨rafos 1 � 2.

5. El presente Convenio no excluye el ejercicio de la jurisdicci髇 penal establecida por un Estado Parte de conformidad con su legislaci髇 interna.

Art韈ulo 7

1. El Estado Parte que reciba informaci髇 que indique que en su territorio puede encontrarse el culpable o presunto culpable de un delito enunciado en el art韈ulo 2 tomar� inmediatamente las medidas que sean necesarias de conformidad con su legislaci髇 nacional para investigar los hechos comprendidos en esa informaci髇.

2. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente o presunto delincuente, si estima que las circunstancias lo justifican, tomar� las medidas que corresponda conforme a su legislaci髇 nacional, a fin de asegurar la presencia de esa persona a efectos de enjuiciamiento o extradici髇.

3. Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el p醨rafo 2 tendr� derecho a:

• a) Ponerse sin demora en comunicaci髇 con el representante m醩 pr髕imo que corresponda del Estado del que sea nacional o al que competa por otras razones proteger los derechos de esa persona o, si se trata de un ap醫rida, del Estado en cuyo territorio resida habitualmente;
• b) Ser visitada por un representante de dicho Estado;
• c) Ser informada de los derechos previstos en los incisos a) y b).

4. Los derechos a que se hace referencia en el p醨rafo 3 se ejercitar醤 de conformidad con las leyes y los reglamentos del Estado en cuyo territorio se halle el delincuente o presunto delincuente, a condici髇 de que esas leyes y esos reglamentos permitan que se cumpla plenamente el prop髎ito de los derechos indicados en el p醨rafo 3.

5. Lo dispuesto en los p醨rafos 3 y 4 se entender� sin perjuicio del derecho de todo Estado Parte que, con arreglo al p醨rafo 1 c) o el p醨rafo 2 c) del art韈ulo 6, pueda hacer valer su jurisdicci髇, a invitar al Comit� Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicaci髇 con el presunto delincuente y visitarlo.

6. El Estado Parte que, en virtud del presente art韈ulo, detenga a una persona notificar� inmediatamente la detenci髇 y las circunstancias que la justifiquen a los Estados Parte que hayan establecido su jurisdicci髇 de conformidad con los p醨rafos 1 y 2 del art韈ulo 6 y, si lo considera conveniente, a todos los dem醩 Estados Parte interesados, directamente o por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas. El Estado que proceda a la investigaci髇 prevista en el p醨rafo 1 informar� sin dilaci髇 de los resultados de 閟ta a los Estados Parte mencionados e indicar� si se propone ejercer su jurisdicci髇.

Art韈ulo 8

1. En los casos en que sea aplicable el art韈ulo 6, el Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, si no procede a su extradici髇, estar� obligado a someter sin demora indebida el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, seg鷑 el procedimiento previsto en la legislaci髇 de ese Estado, sin excepci髇 alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio.

Dichas autoridades tomar醤 su decisi髇 en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.

2. Cuando la legislaci髇 de un Estado Parte le permita proceder a la extradici髇 de uno de sus nacionales o entregarlo de otro modo s髄o a condici髇 de que sea devuelto a ese Estado para cumplir la condena que le sea impuesta de resultas del juicio o procedimiento para el cual se pidi� su extradici髇 o su entrega, y ese Estado y el que solicita la extradici髇 est醤 de acuerdo con esa opci髇 y las dem醩 condiciones que consideren apropiadas, dicha extradici髇 o entrega condicional ser� suficiente para cumplir la obligaci髇 enunciada en el p醨rafo 1.

Art韈ulo 9

1. Los delitos enunciados en el art韈ulo 2 se considerar醤 incluidos entre los que dan lugar a extradici髇 en todo tratado de extradici髇 concertado entre Estados Parte con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio. Los Estados Parte se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradici髇 en todo tratado sobre la materia que concierten posteriormente entre si.

2. Cuando un Estado Parte que subordine la extradici髇 a la existencia de un tratado reciba de otro Estado Parte, con el que no tenga concertado un tratado, una solicitud de extradici髇, podr�, a su elecci髇, considerar el presente Convenio como la base jur韉ica necesaria para la extradici髇 con respecto a los delitos previstos en el art韈ulo 2. La extradici髇 estar� sujeta a las dem醩 condiciones exigidas por la legislaci髇 del Estado al que se ha hecho la solicitud.

3. Los Estados Parte que no subordinen la extradici髇 a la existencia de un tratado reconocer醤 los delitos enunciados en el art韈ulo 2 como casos de extradici髇 entre ellos, con sujeci髇 a las condiciones exigidas por la legislaci髇 del Estado al que se haga la solicitud.

4. De ser necesario, a los fines de la extradici髇 entre Estados Parte se considerar� que los delitos enunciados en el art韈ulo 2 se han cometido no s髄o en el lugar en que se perpetraron sino tambi閚 en el territorio de los Estados que hayan establecido su jurisdicci髇 de conformidad con los p醨rafos 1 y 2 del art韈ulo 6.

5. Las disposiciones de todos los tratados de extradici髇 vigentes entre Estados Parte con respecto a los delitos enumerados en el art韈ulo 2 se considerar醤 modificadas entre esos Estados en la medida en que sean incompatibles con el presente Convenio.

Art韈ulo 10

1. Los Estados Parte se prestar醤 la mayor asistencia posible en relaci髇 con cualquier investigaci髇, proceso penal o procedimiento de extradici髇 que se inicie con respecto a los delitos enunciados en el art韈ulo 2, incluso respecto de la obtenci髇 de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.

2. Los Estados Parte cumplir醤 las obligaciones que les incumban en virtud del p醨rafo 1 de conformidad con los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial rec韕roca que existan entre ellos. En ausencia de esos tratados o acuerdos, los Estados Partes se prestar醤 dicha asistencia de conformidad con su legislaci髇 nacional.

Art韈ulo 11

A los fines de la extradici髇 o de la asistencia judicial rec韕roca ninguno de los delitos enunciados en el art韈ulo 2 se considerar� delito pol韙ico, delito conexo a un delito pol韙ico ni delito inspirado en motivos pol韙icos.

En consecuencia, no podr� rechazarse una solicitud de extradici髇 o de asistencia judicial rec韕roca formulada en relaci髇 con un delito de ese car醕ter por la 鷑ica raz髇 de que se refiere a un delito pol韙ico, un delito conexo a un delito pol韙ico o un delito inspirado en motivos pol韙icos.

Art韈ulo 12

Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se interpretar� en el sentido de que imponga una obligaci髇 de extraditar o de prestar asistencia judicial rec韕roca si el Estado al que se presenta la solicitud tiene motivos fundados para creer que la solicitud de extradici髇 por los delitos enunciados en el art韈ulo 2 o de asistencia judicial rec韕roca en relaci髇 con esos delitos se ha formulado con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religi髇, nacionalidad, origen 閠nico u opini髇 pol韙ica, o que el cumplimiento de lo solicitado podr韆 perjudicar la situaci髇 de esa persona por cualquiera de esos motivos.

Art韈ulo 13

1. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de prestar testimonio o de identificaci髇 o para que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigaci髇 o el enjuiciamiento de delitos previstos en el presente Convenio podr� ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:

• a) Da libremente su consentimiento informado, y
• b) Las autoridades competentes de ambos Estados est醤 de acuerdo, con sujeci髇 a las condiciones que consideren apropiadas.

2. A los efectos del presente art韈ulo:

• a) El Estado al que sea trasladada la persona estar� autorizado y obligado a mantenerla detenida, salvo que el Estado desde el que fue trasladada solicite o autorice otra cosa;
• b) El Estado al que sea trasladada la persona cumplir� sin dilaci髇 su obligaci髇 de devolverla a la custodia del Estado desde el que fue trasladada seg鷑 convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados;
• c) El Estado al que sea trasladada la persona no exigir� al Estado desde el que fue trasladada que inicie procedimientos de extradici髇 para su devoluci髇;
• d) Se tendr� en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona trasladada en el Estado al que lo haya sido a los efectos del cumplimiento de la condena que le haya sido impuesta en el Estado desde el que fue trasladada.

3. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar una persona de conformidad con el presente art韈ulo est� de acuerdo, dicha persona, cualquiera sea su nacionalidad, no podr� ser procesada, detenida ni sometida a ninguna otra restricci髇 de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relaci髇 con actos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado desde el que fue trasladada.

Art韈ulo 14

Toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo al presente Convenio gozar� de un trato equitativo, incluido el goce de todos los derechos y garant韆s de conformidad con la legislaci髇 del Estado en cuyo territorio se encuentre y con las disposiciones pertinentes del derecho internacional, incluido el derecho internacional en materia de derechos humanos.

Art韈ulo 15

Los Estados Parte cooperar醤 en la prevenci髇 de los delitos previstos en el art韈ulo 2, en particular:

• a) Mediante la adopci髇 de todas las medidas practicables, entre ellas, de ser necesario, la de adaptar su legislaci髇 nacional para impedir que se prepare en sus respectivos territorios la comisi髇 de dichos delitos tanto dentro como fuera de ellos y contrarrestar la preparaci髇 de dichos delitos, incluida la adopci髇 de medidas para prohibir en sus territorios las actividades ilegales de personas, grupos y organizaciones que promuevan, instiguen, organicen o financien a sabiendas los enunciados en el art韈ulo 2 o participen en su preparaci髇;
• b) Mediante el intercambio de informaci髇 precisa y corroborada, de conformidad con su legislaci髇 interna, y la coordinaci髇 de medidas administrativas y de otra 韓dole adoptadas, seg鷑 proceda, para impedir que se cometan los delitos previstos en el art韈ulo 2;
• c) Cuando proceda, mediante la investigaci髇 y el desarrollo relativos a m閠odos de detecci髇 de explosivos y otras sustancias nocivas que puedan provocar muertes o lesiones corporales; mediante la celebraci髇 de consultas acerca de la preparaci髇 de normas para marcar los explosivos con el objeto de identificar su origen al investigar explosiones, y mediante el intercambio de informaci髇 sobre medidas preventivas, la cooperaci髇 y la transferencia de tecnolog韆, equipo y materiales conexos.

Art韈ulo 16

El Estado Parte en el que se entable una acci髇 penal contra el presunto delincuente comunicar�, de conformidad con su legislaci髇 nacional o sus procedimientos aplicables, el resultado final de esa acci髇 al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitir� la informaci髇 a otros Estados Parte.

Art韈ulo 17

Los Estados Parte cumplir醤 las obligaciones que les incumben en virtud del presente Convenio de manera compatible con los principios de la igualdad soberana, la integridad territorial de los Estados y la no intervenci髇 en los asuntos internos de otros Estados.

Art韈ulo 18

Nada de lo dispuesto en el presente Convenio facultar� a un Estado Parte para ejercer su jurisdicci髇 en el territorio de otro Estado Parte ni para realizar en 閘 funciones que est閚 exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado Parte por su derecho interno.

Art韈ulo 19

1. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio menoscabar� los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de los individuos con arreglo al derecho internacional, en particular los prop髎itos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario.

2. Las actividades de las fuerzas armadas durante un conflicto armado, seg鷑 se entienden esos t閞minos en el derecho internacional humanitario y que se rijan por ese derecho, no estar醤 sujetas al presente Convenio y tampoco lo estar醤 las actividades realizadas por las fuerzas militares de un Estado en el cumplimiento de sus funciones oficiales, en la medida en que se rijan por otras normas del derecho internacional.

V閍se Res. 25 octubre 2006, de la Secretar韆 General T閏nica, relativa a la Objeci髇 de Espa馻 a la reserva de Egipto al art韈ulo 19 p醨rafo 2 del Convenio Internacional para la represi髇 de los atentados terroristas cometidos con bombas, hecho en Nueva York (獴.O.E.� 27 octubre).

Art韈ulo 20

1. Las controversias que surjan entre dos o m醩 Estados Parte con respecto a la interpretaci髇 o aplicaci髇 del presente Convenio y que no puedan resolverse mediante negociaciones dentro de un plazo razonable ser醤 sometidas a arbitraje a petici髇 de uno de ellos.

Si en el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de presentaci髇 de la solicitud de arbitraje, las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma de organizarlo, cualquiera de ellas podr� someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

2. Cada Estado, al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio o adherirse a 閘, podr� declarar que no se considera obligado por el p醨rafo 1. Los dem醩 Estados Parte no estar醤 obligados por lo dispuesto en el p醨rafo 1 respecto de ning鷑 Estado Parte que haya formulado esa reserva.

3. El Estado que haya formulado la reserva prevista en el p醨rafo 2 podr� retirarla en cualquier momento mediante notificaci髇 al Secretario General de las Naciones Unidas.

Art韈ulo 21

1. El presente Convenio estar� abierto a la firma de todos los Estados desde el 12 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1999 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

2. El presente Convenio est� sujeto a ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇. Los instrumentos de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 ser醤 depositadas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. El presente Convenio estar� abierto a la adhesi髇 de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesi髇 ser醤 depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Art韈ulo 22

1. El presente Convenio entrar� en vigor el trig閟imo d韆 a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el vig閟imo segundo instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇, aprobaci髇 o adhesi髇.

2. Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen, acepten o aprueben el Convenio o se adhieran a 閘 despu閟 de que sea depositado el vig閟imo segundo instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇, aprobaci髇 o adhesi髇, el Convenio entrar� en vigor el trig閟imo d韆 a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇, aprobaci髇 o adhesi髇.

Art韈ulo 23

1. Todo Estado Parte podr� denunciar el presente Convenio mediante notificaci髇 por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La denuncia surtir� efecto un a駉 despu閟 de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas reciba la notificaci髇.

Art韈ulo 24

El original del presente Convenio, cuyos textos en 醨abe, chino, espa駉l, franc閟, ingl閟 y ruso son igualmente aut閚ticos, ser� depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviar� copias certificadas de 閘 a todos los Estados.

En testimonio de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio, abierto a la firma en Nueva York el 12 de enero de 1998.