Sumario

Preámbulo

La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, define en su artículo 7.4 las navegaciones de interés público como aquellas que se consideren precisas para asegurar las comunicaciones marítimas esenciales de la península, de ésta con los territorios españoles no peninsulares y de éstos entre sí, correspondiendo al Gobierno la determinación concreta de esas navegaciones de interés público.

El Reglamento (CEE) número 3577/92, del Consejo, de 7 de diciembre, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros, establecía análogas previsiones, permitiendo expresamente la celebración de contratos de servicio público, con las compañías que efectúen servicios regulares con destino u origen en islas y entre islas, tratando a Ceuta y Melilla de forma análoga a las islas.

En ejecución de las normas anteriores, el Real Decreto 1466/1997, de 19 de septiembre, determina el régimen jurídico de las líneas regulares de cabotaje y de las navegaciones de interés público, regulando, entre otros aspectos, los contratos de navegación de interés público.

Es de extremada urgencia promover un concurso público para que la Administración General del Estado en el ámbito de su competencia, proceda a contratar la prestación del servicio, a partir del 1 de enero de 1998, de las líneas de interés público.

El artículo 61.2 b), de la Ley General Presupuestaria, en la redacción que le otorga la Ley 11/1996 de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina Presupuestaria, limita la posibilidad de adquirir compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores, en el caso de las transferencias corrientes, a las que se deriven de normas con rango de ley. Se hace necesario, por tanto, para promover el concurso público de prestación de servicios marítimos en condiciones razonables de economía y eficiencia, permitir que se comprometan recursos presupuestarios plurianuales. La necesidad de que el contrato pueda resultar adjudicado el 1 de enero de 1998, acredita la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y del Ministro de Fomento y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de noviembre de 1997,

DISPONGO:Véase Res. 11 diciembre 1997, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del presente R.D.-ley 19/1997, 14 noviembre («B.O.E.» 18 diciembre).-->