Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia

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• Preámbulo
• TÍTULO PRELIMINAR. OBJETO, FINALIDAD Y COMPETENCIAS
  • Artículo 1 Objeto
  • Artículo 2 Ámbito competencial
  • Artículo 3 Finalidades de la actividad administrativa en materia de ordenación del territorio
  • Artículo 4 Finalidades de la actividad administrativa en materia de ordenación del litoral
  • Artículo 5 Finalidades de la actividad administrativa en materia urbanística
  • Artículo 6 Competencias de la Administración en materia de ordenación del territorio
  • Artículo 7 Competencias de la Administración en materia de ordenación del litoral
  • Artículo 8 Las competencias urbanísticas de la Administración
  • Artículo 9 Alcance de las competencias administrativas
• TÍTULO I. COMPETENCIAS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, DEL LITORAL Y URBANÍSTICAS Y SU ORGANIZACIÓN
  • CAPÍTULO I. Competencias autonómicas y locales
    • Artículo 10 Distribución de competencias
    • Artículo 11 Seguimiento de la actividad urbanística
    • Artículo 12 Participación ciudadana
    • Artículo 13 Publicidad de los instrumentos
  • CAPÍTULO II. Órganos territoriales y urbanísticos
    • Artículo 14 Órganos territoriales y urbanísticos de la Comunidad Autónoma
    • Artículo 15 La Comisión de Coordinación de Política Territorial
    • Artículo 16 El Consejo Asesor de Política Territorial
    • Artículo 16 bis Panel de impulso urbanístico
    • Artículo 16 ter Funciones del Panel de impulso urbanístico
    • Artículo 16 quater Ámbito de actuación del Panel de impulso urbanístico
    • Artículo 16 quinquies Procedimiento de Intervención del Panel de impulso urbanístico
    • Artículo 16 sexies Composición del Panel de impulso urbanístico
    • Artículo 16 septies Organización del Panel de impulso urbanístico
    • Artículo 17 Órganos urbanísticos municipales
    • Artículo 18 Concertación entre administraciones
• TÍTULO II. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
  • CAPÍTULO I. Disposiciones generales
    • Artículo 19 Concepto
    • Artículo 20 Clases de instrumentos
    • Artículo 21 Instrumentos complementarios
    • Artículo 22 Ejecutividad y efectos
  • CAPÍTULO II. Directrices de ordenación territorial
    • Artículo 23 Definición y funciones
    • Artículo 24 Contenido y documentación
  • CAPÍTULO III. Planes de ordenación territorial
    • Artículo 25 Definición y funciones
    • Artículo 26 Contenido y documentación
    • Artículo 27 Desarrollo
  • CAPÍTULO IV. Programas de actuación territorial
    • Artículo 28 Definición y funciones
    • Artículo 29 Contenido y documentación
    • Artículo 30 Desarrollo
  • CAPÍTULO V. Actuaciones de interés regional
    • Artículo 31 Definición
    • Artículo 32 Contenido y documentación
    • Artículo 33 Informe previo de viabilidad
    • Artículo 34 Efectos de la declaración
    • Artículo 35 Caducidad
  • CAPÍTULO VI. Elaboración y competencia de los instrumentos de ordenación del territorio
    • Artículo 36 Elaboración y competencia
  • CAPÍTULO VII. Instrumentos Complementarios
    • SECCIÓN 1. Sistema Territorial de Referencia
      • Artículo 37 Finalidad y objeto
      • Artículo 38 Actualización y gestión
      • Artículo 39 Deber de información y difusión
    • SECCIÓN 2. Cartografía regional
      • Artículo 40 Elaboración, registro y difusión de la cartografía regional
      • Artículo 41 Registro Regional de Cartografía
      • Artículo 42 Plan Cartográfico Regional y Programas de Producción Cartográfica
    • SECCIÓN 3. Estudio de Impacto Territorial
      • Artículo 43 Definición
      • Artículo 44 Contenido
    • SECCIÓN 4. Estudios de paisaje
      • Artículo 45 Objeto
      • Artículo 46 Contenido
      • Artículo 47 Documentación
• TÍTULO III. ORDENACIÓN DEL LITORAL
  • CAPÍTULO I. Disposiciones generales
    • Artículo 48 Concepto y ámbito de aplicación
    • Artículo 49 Instrumentos
    • Artículo 50 Ejecutividad y efectos
  • CAPÍTULO II. Planes de Ordenación de Playas
    • Artículo 51 Fines y objetivos
    • Artículo 52 Contenido y documentación
    • Artículo 53 Elaboración y competencia
  • CAPÍTULO III. Régimen de autorizaciones y sanciones
    • Artículo 54 Competencia y procedimiento
    • Artículo 55 Régimen de infracciones y sanciones
  • CAPÍTULO IV. Proyectos y ejecución de obras
    • Artículo 56 Elaboración de los proyectos
    • Artículo 57 Tramitación de los proyectos
    • Artículo 58 Aprobación de los proyectos
• TÍTULO IV. ESTRATEGIAS TERRITORIALES Y AGENDA DEL PAISAJE
  • CAPÍTULO I. Disposiciones generales
    • Artículo 59 Concepto
    • Artículo 60 Objeto
    • Artículo 61 Ejecutividad y efectos
  • CAPÍTULO II. Agenda de Paisaje de la Región de Murcia
    • Artículo 62 Objetivo
    • Artículo 63 Instrumentos
    • Artículo 64 Catálogos de paisaje
    • Artículo 65 Estrategias de Paisaje
  • CAPÍTULO III. Estrategia de gestión integrada de zonas costeras
    • Artículo 66 Fines y objetivos
    • Artículo 67 Contenido y documentación
    • Artículo 68 Elaboración y competencia
• TÍTULO V. TRAMITACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, PLANES DE ORDENACIÓN DE PLAYAS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES
  • Artículo 69 Disposiciones generales
  • Artículo 70 Tramitación de los instrumentos
  • Artículo 71 Planes de ordenación de playas y modificaciones de los instrumentos
  • Artículo 72 Publicación de la aprobación definitiva de los instrumentos
  • Artículo 73 Vigencia
• TÍTULO VI. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
  • CAPÍTULO I. Disposiciones generales
    • Artículo 74 Función social de la propiedad
    • Artículo 75 Utilización del suelo conforme a la ordenación urbanística
    • Artículo 76 Indemnización por la ordenación
    • Artículo 77 Reparto equitativo de beneficios y cargas
    • Artículo 78 Participación de la comunidad en las plusvalías
  • CAPÍTULO II. Clasificación del suelo
    • Artículo 79 Clases de suelo
    • Artículo 80 Suelo urbano
    • Artículo 81 Categorías del suelo urbano
    • Artículo 82 Solar
    • Artículo 83 Suelo no urbanizable
    • Artículo 84 Suelo urbanizable
  • CAPÍTULO III. Régimen del suelo urbano
    • Artículo 85 Derechos de los propietarios de suelo urbano
    • Artículo 86 Deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado
    • Artículo 87 Deberes de los propietarios de suelo urbano sin consolidar
    • Artículo 88 Deberes de los propietarios de suelo urbano de núcleo rural y de suelo urbano especial
    • Artículo 89 Régimen general de edificación y usos en suelo urbano
    • Artículo 90 Régimen especial de edificación y usos en suelo urbano de núcleo rural
    • Artículo 91 Régimen especial de edificación y usos en suelo urbano especial
  • CAPÍTULO IV. Régimen del suelo no urbanizable
    • Artículo 92 Derechos de los propietarios del suelo no urbanizable
    • Artículo 93 Deberes de los propietarios de suelo no urbanizable
    • Artículo 94 Régimen excepcional de edificación y usos en suelo no urbanizable de protección específica
    • Artículo 95 Régimen de edificación y usos en suelo no urbanizable protegido por el planeamiento o inadecuado para el desarrollo urbano
  • CAPÍTULO V. Régimen del suelo urbanizable
    • SECCIÓN 1. Derechos y deberes
      • Artículo 96 Derechos de los propietarios de suelo urbanizable
      • Artículo 97 Deberes de los propietarios de suelo urbanizable
      • Artículo 98 Deberes vinculados a la transformación urbanística
      • Artículo 99 Régimen de edificación en suelo urbanizable ya ordenado
    • SECCIÓN 2. Régimen transitorio de edificación y uso
      • Artículo 100 Régimen transitorio de edificación y uso en suelo urbanizable sectorizado
      • Artículo 100 bis Edificación con ejecución simultánea de la urbanización
      • Artículo 101 Régimen transitorio de edificación y uso en suelo urbanizable sin sectorizar
      • Artículo 102 Condiciones particulares de los usos permitidos en suelo urbanizable sin sectorizar
      • Artículo 103 Condiciones comunes de los usos autorizables excepcionalmente en suelo urbanizable sin sectorizar
      • Artículo 104 Procedimiento de autorización excepcional
  • CAPÍTULO VI. Parcelaciones
    • Artículo 105 Parcelaciones
    • Artículo 106 Indivisibilidad de las parcelas
    • Artículo 107 Régimen de parcelación en suelo no urbanizable
    • Artículo 108 Régimen de parcelación en suelo urbanizable
    • Artículo 109 Régimen de parcelación en suelo urbano
  • CAPÍTULO VII. Otras disposiciones generales
    • Artículo 110 Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación
    • Artículo 111 Usos y obras provisionales
    • Artículo 112 Régimen de fuera de ordenación o de norma
• TÍTULO VII. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL
  • CAPÍTULO I. Instrumentos de planeamiento urbanístico e instrumentos complementarios de planeamiento
    • SECCIÓN 1. Tipos de planes e instrumentos complementarios
      • Artículo 113 Tipos de planes e instrumentos complementarios
    • SECCIÓN 2. Plan General Municipal de Ordenación
      • Artículo 114 Definición
      • Artículo 115 Objeto
      • Artículo 116 Determinaciones generales
      • Artículo 117 Determinaciones en suelo urbano
      • Artículo 118 Determinaciones en suelo no urbanizable
      • Artículo 119 Determinaciones en suelo urbanizable
      • Artículo 120 Determinaciones para los sistemas generales
    • SECCIÓN 3. Normas Complementarias del Planeamiento General
      • Artículo 121 Objeto
      • Artículo 122 Determinaciones
    • SECCIÓN 4. Planes Parciales
      • Artículo 123 Objeto
      • Artículo 124 Determinaciones
    • SECCIÓN 5. Planes Especiales
      • Artículo 125 Definición
      • Artículo 126 Finalidad
      • Artículo 127 Objeto de los Planes Especiales
      • Artículo 128 Contenidos generales
      • Artículo 129 Plan Especial para desarrollar los sistemas generales de comunicaciones, infraestructuras, espacios libres y equipamientos comunitarios
      • Artículo 130 Plan Especial de protección de vías de comunicación, vías verdes e itinerarios de especial singularidad
      • Artículo 131 Planes de infraestructuras y servicios
      • Artículo 132 Planes especiales de ordenación urbana
      • Artículo 133 Planes Especiales de ordenación y protección de conjuntos históricos, sitios históricos o zonas arqueológicas declaradas Bien de Interés Cultural
      • Artículo 134 Planes Especiales de ordenación de núcleos rurales
      • Artículo 135 Planes Especiales de ordenación de áreas singulares
      • Artículo 136 Planes Especiales de adecuación urbanística
      • Artículo 137 Planes Especiales de protección y gestión del paisaje
      • Artículo 138 Planes Especiales de complejos e instalaciones turísticas
    • SECCIÓN 6. Otros instrumentos de ordenación
      • Artículo 139 Estudios de Detalle
  • CAPÍTULO II. Documentación de los planes urbanísticos
    • Artículo 140 Documentos del Plan General
    • Artículo 141 Documentos de las Normas Complementarias
    • Artículo 142 Documentos de los Planes Parciales
    • Artículo 143 Documentos de los Planes Especiales
    • Artículo 144 Documentos de los Estudios de Detalle
  • CAPÍTULO III. Elaboración de los planes
    • Artículo 145 Planes Generales Municipales de Ordenación
    • Artículo 146 Planes Parciales y Especiales y Estudios de Detalle
    • Artículo 147 Planes de iniciativa particular
    • Artículo 148 Instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a varios municipios
    • Artículo 149 Documentación de los instrumentos de planeamiento
  • CAPÍTULO IV. Tramitación de los planes
    • SECCIÓN 1. Actos preparatorios
      • Artículo 150 Apoyo a la redacción de planes
      • Artículo 151 Cédula de Urbanización
      • Artículo 152 Avances de planeamiento
      • Artículo 153 Suspensión del otorgamiento de licencias
    • SECCIÓN 2. Disposiciones comunes a todos los procedimientos
      • Artículo 154 Competencias para la aprobación de los planes
      • Artículo 155 Disposiciones comunes al trámite de información pública
      • Artículo 155 bis Régimen de los informes sectoriales
      • Artículo 156 Formato de la documentación de los instrumentos de planeamiento
      • Artículo 157 Tramitación conjunta
      • Artículo 158 Modalidades de resolución
      • Artículo 159 Publicación de la aprobación definitiva de los planes
    • SECCIÓN 3. Tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico
      • Artículo 160 Tramitación del Plan General Municipal de Ordenación
      • Artículo 161 Resolución definitiva del Plan General
      • Artículo 162 Tramitación de las modificaciones estructurales del Plan General
      • Artículo 163 Tramitación de las modificaciones no estructurales del Plan General y Normas Complementarias
      • Artículo 164 Tramitación de Planes Parciales y Especiales
      • Artículo 165 Especialidades en la tramitación de los planes parciales, planes especiales y las modificaciones no estructurales del plan general
      • Artículo 166 Tramitación de Estudios de Detalle
    • SECCIÓN 4. Tramitación del planeamiento en casos especiales
      • Artículo 167 Tramitación de los instrumentos de planeamiento que afecten a más de un municipio
      • Artículo 168 Tramitación por la Comunidad Autónoma de instrumentos de planeamiento municipales
    • SECCIÓN 5. Plazos y silencio
      • Artículo 169 Plazo para resolución de planes y proyectos
  • CAPÍTULO V. Efectos de la aprobación de los planes
    • Artículo 170 Vigencia de los planes
    • Artículo 171 Revisión de los planes
    • Artículo 172 Adaptación de los planes
    • Artículo 173 Modificación de los planes
    • Artículo 174 Documento refundido
    • Artículo 175 Obligatoriedad y ejecutividad del planeamiento
    • Artículo 176 Declaración de utilidad pública
    • Artículo 177 Publicidad de los planes. Cédula Urbanística y Cédula de Edificación
    • Artículo 178 Publicidad de desarrollos urbanísticos
• TÍTULO VIII. GESTIÓN URBANÍSTICA Y PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO
  • CAPÍTULO I. Disposiciones generales
    • Artículo 179 Concepto y modalidades de gestión urbanística
    • Artículo 180 Obtención de dotaciones urbanísticas
    • Artículo 181 Órganos de gestión urbanística
    • Artículo 182 Convenios urbanísticos
    • Artículo 183 Proyectos de urbanización
    • Artículo 184 Gastos de urbanización
    • Artículo 185 Garantía de la urbanización
    • Artículo 186 Cuantía y plazo de constitución
    • Artículo 187 Modos de constitución de garantías
    • Artículo 188 Recepción de obras de urbanización y conservación de la urbanización
  • CAPÍTULO II. Actuaciones aisladas
    • Artículo 189 Actuaciones aisladas
    • Artículo 190 Edificación directa
    • Artículo 191 Cesión de viales
    • Artículo 192 Normalización de fincas
    • Artículo 193 Actuaciones de dotación
  • CAPÍTULO III. Gestión de actuaciones integradas
    • SECCIÓN 1. Disposiciones generales
      • Artículo 194 Proyectos de delimitación de unidades de actuación
      • Artículo 195 Actuaciones integradas
      • Artículo 196 Unidades de actuación
      • Artículo 197 Sistemas de actuación integrada
      • Artículo 198 Programas de actuación
      • Artículo 199 Elaboración y aprobación de los programas de actuación
      • Artículo 200 Efectos de los programas de actuación
      • Artículo 201 Proyecto de reparcelación
      • Artículo 202 Elaboración y aprobación del proyecto de reparcelación
      • Artículo 203 Efectos y formalización del proyecto de reparcelación
    • SECCIÓN 2. Sistemas de iniciativa privada
      • SUBSECCIÓN 1. Sistemas de concertación
        • Artículo 204 Sistema de concertación directa
        • Artículo 205 Sistema de concertación indirecta
      • SUBSECCIÓN 2. Sistema de compensación
        • Artículo 206 Sistema de compensación
        • Artículo 207 Iniciativa y estatutos
        • Artículo 208 Adhesión a la Junta
        • Artículo 209 Constitución y funcionamiento de la Junta de Compensación
        • Artículo 210 Junta de Compensación y transmisión de terrenos
        • Artículo 211 Responsabilidad de la Junta y obligaciones de sus miembros
    • SECCIÓN 3. Sistemas de iniciativa pública
      • SUBSECCIÓN 1. Sistema de cooperación
        • Artículo 212 Características del sistema de cooperación
        • Artículo 213 Peculiaridades del proyecto de reparcelación
        • Artículo 214 Ejecución de la actuación
      • SUBSECCIÓN 2. Sistema de concurrencia
        • Artículo 215 Características del sistema de concurrencia
        • Artículo 216 Peculiaridades del programa de actuación
        • Artículo 217 Aprobación del Programa de Actuación y concurso para la selección del urbanizador
        • Artículo 218 Atribución de la condición de urbanizador
        • Artículo 219 Participación y otros derechos de los propietarios
        • Artículo 220 Retribución y otros derechos del urbanizador
        • Artículo 221 Incumplimientos del urbanizador
      • SUBSECCIÓN 3. Sistema de expropiación
        • Artículo 222 Características del sistema de expropiación
        • Artículo 223 Atribución de la condición de urbanizador
        • Artículo 224 Liberación de propiedades
      • SUBSECCIÓN 4. Ocupación directa
        • Artículo 225 Características del sistema de ocupación directa
        • Artículo 226 Procedimiento de ocupación
  • CAPÍTULO IV. Intervención pública en el mercado del suelo
    • SECCIÓN 1. Patrimonios públicos de suelo
      • Artículo 227 Objeto
      • Artículo 228 Bienes integrantes
      • Artículo 228 bis |Implementación de uso residencial en los sistemas de equipamientos públicos y privados
      • Artículo 229 Destino
      • Artículo 230 Reservas de suelo
      • Artículo 231 Enajenación
    • SECCIÓN 2. Derechos de superficie y de tanteo y retracto
      • Artículo 232 Derecho de superficie
      • Artículo 233 Derechos de tanteo y retracto
• TÍTULO IX. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE URBANIZAR, EDIFICAR, CONSERVAR Y REHABILITAR
  • CAPÍTULO I. Disposiciones generales
    • Artículo 234 Obligaciones relativas a la urbanización
    • Artículo 235 Obligaciones relativas a la edificación, conservación y rehabilitación
    • Artículo 236 Requisito para la aplicación de las medidas por incumplimiento
  • CAPÍTULO II. Procedimiento para la declaración de incumplimiento de obligaciones urbanística
    • Artículo 237 Procedimiento para la declaración de incumplimiento
    • Artículo 238 Efectos y contenido de la declaración del incumplimiento
  • CAPÍTULO III. Expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad
    • Artículo 239 Características de la expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad
  • CAPÍTULO IV. Venta forzosa
    • Artículo 240 Venta forzosa
    • Artículo 241 Obligaciones del adquirente
  • CAPÍTULO V. Sustitución forzosa
    • SECCIÓN 1. Disposiciones generales
      • Artículo 242 Concepto de sustitución forzosa
      • Artículo 243 Contenido del pliego de condiciones
    • SECCIÓN 2. Programas de Actuación Edificatoria
      • Artículo 244 Definición, objeto y función de los Programas de Actuación Edificatoria
      • Artículo 245 Contenido de los Programas de Actuación Edificatoria
    • SECCIÓN 3. Procedimiento para la aprobación y adjudicación de los Programas de Actuación Edificatoria
      • Artículo 246 Procedimiento para la aprobación y adjudicación de los Programas de Actuación Edificatoria
    • SECCIÓN 4. Relaciones entre el agente edificador y los propietarios
      • Artículo 247 Relaciones entre el edificador y las personas propietarias. Formas de retribución
      • Artículo 248 Facultades del edificador
      • Artículo 249 Proyecto de reparcelación edificatoria
      • Artículo 250 Retribución del urbanizador mediante cesión de terrenos edificables u otros inmuebles resultantes
      • Artículo 251 Pago en metálico de los costes de la actuación edificatoria
      • Artículo 252 Retasación de costes de Programas de Actuación Edificatoria
    • SECCIÓN 5. Ejecución de la actuación edificatoria
      • Artículo 253 Culminación del proceso de ejecución de la actuación edificatoria
      • Artículo 254 Responsabilidad del edificador e incumplimiento
• TÍTULO X. LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA Y PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD TERRITORIAL Y URBANÍSTICA
  • CAPÍTULO I. Disposiciones comunes
    • Artículo 255 Principios de la intervención administrativa en el uso del suelo y la edificación
    • Artículo 256 Colaboración en el ejercicio de la función urbanística
    • Artículo 257 Actuación notarial y registral
    • Artículo 258 Garantías de conservación y terminación de las urbanizaciones
    • Artículo 259 Solicitudes y acciones
    • Artículo 260 Recursos
  • CAPÍTULO II. El control de las actividades objeto de la ordenación territorial y urbanística
    • Artículo 261 El régimen de control de las actividades y los actos regulados por la ordenación territorial y urbanística
    • SECCIÓN 1. Títulos habilitantes de naturaleza urbanística
      • Artículo 262 Modalidades
      • Artículo 263 Licencia urbanística y licencia básica
      • Artículo 264 Declaración responsable en materia de urbanismo
      • Artículo 265 Comunicación previa en materia de urbanismo
      • Artículo 266 Efectos y control
      • Artículo 267 Condiciones y requisitos
      • Artículo 268 Competencia y procedimiento para la concesión de licencia
      • Artículo 268 bis Títulos habilitantes de naturaleza urbanística con aportación de certificación de conformidad
      • Artículo 269 Actos promovidos por Administraciones públicas
    • SECCIÓN 2. Entidades colaboradoras de certificación urbanística
      • Artículo 269 bis Colaboración en el ejercicio de funciones administrativas en el ámbito urbanístico
      • Artículo 269 ter Concepto de entidades colaboradoras de certificación urbanística
      • Artículo 269 quater Habilitación como entidad colaboradora de certificación urbanística
      • Artículo 269 quinquies Funciones de las entidades colaboradoras de certificación urbanística
      • Artículo 269 sexies Régimen jurídico de las entidades colaboradoras de certificación urbanística
      • Artículo 269 septies Obligaciones de las entidades colaboradoras de certificación urbanística
      • Artículo 269 octies Incompatibilidades
      • Artículo 269 nonies Registro
      • Artículo 269 decies |Cancelación y suspensión de la inscripción
      • Artículo 269 undecies |Infracciones y sanciones de las entidades colaboradoras de certificación urbanística
    • SECCIÓN 3. Órdenes de ejecución y declaración de ruina
      • Artículo 270 Órdenes de ejecución
      • Artículo 271 Declaración de ruina
  • CAPÍTULO III. Protección de la legalidad urbanística
    • SECCIÓN 1. Disposiciones generales
      • Artículo 272 La Administración ante las actuaciones ilegales
      • Artículo 273 Procedimiento
      • Artículo 274 Colaboración del Registro de la Propiedad en la eficacia de los actos administrativos en materia urbanística
    • SECCIÓN 2. Reacción ante las actuaciones sin título habilitante o incumpliendo sus determinaciones
      • Artículo 275 Actuaciones sin título habilitante o incumpliendo sus determinaciones
      • Artículo 276 Restablecimiento de la legalidad en edificaciones y parcelaciones
      • Artículo 277 Restablecimiento de la legalidad en otros supuestos
      • Artículo 278 Plazo para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento
      • Artículo 279 Legalización de actuaciones con disconformidades no sustanciales de la normativa urbanística aplicable
      • Artículo 280 Revisión de actuaciones que constituyan infracción urbanística
  • CAPÍTULO IV. Del régimen de las infracciones urbanísticas y su sanción
    • SECCIÓN 1. Disposiciones generales
      • Artículo 281 Definición de infracciones urbanísticas
      • Artículo 282 Sujetos responsables de la infracción
      • Artículo 283 Reglas para la determinación de la sanción
      • Artículo 284 Cuestiones incidentales del procedimiento sancionador
    • SECCIÓN 2. Infracciones y sanciones
      • Artículo 285 Clases de infracciones
      • Artículo 286 Sanciones
      • Artículo 287 Valoración de obras e instalaciones
    • SECCIÓN 3. Graduación de las sanciones
      • Artículo 288 Concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad
      • Artículo 289 Circunstancias agravantes y atenuantes
      • Artículo 290 Medidas sancionadoras accesorias
      • Artículo 291 Reconocimiento de responsabilidad y/o pago voluntario
    • SECCIÓN 4. Competencia y procedimiento
      • Artículo 292 Competencias
      • Artículo 293 Procedimiento
    • SECCIÓN 5. Prescripción y caducidad
      • Artículo 294 Prescripción de infracciones y sanciones
      • Artículo 295 Caducidad del procedimiento sancionador
  • CAPÍTULO V. La inspección urbanística
    • SECCIÓN 1. Órganos de inspección urbanística
      • Artículo 296 Órganos competentes
    • SECCIÓN 2. Servicios de inspección urbanística
      • Artículo 297 Función inspectora
      • Artículo 298 Actas y acción de oficio
      • Artículo 299 Funciones de los servicios de inspección
      • Artículo 300 Servicios municipales de inspección
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera Aplicación del régimen de evaluación ambiental a los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico
  • Segunda Relación con instrumentos en materia de medio ambiente
  • Tercera Estandarización, normalización e interpretación en materia de ordenación territorial y urbanística
  • Cuarta Supuestos de aplicación de la reserva de vivienda protegida
  • Quinta Impulso y dinamización de la actividad hotelera en la Región de Murcia
  • Sexta Cómputo de edificabilidad en situaciones singulares
  • Séptima Plataforma urbanística digital
  • Octava Invalidez de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística
  • Novena Cómputo de edificabilidad en situaciones singulares
  • Disposición adicional décima Invalidez de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Primera Régimen transitorio de los procedimientos
  • Segunda Adaptación del planeamiento
  • Tercera Régimen aplicable a los procedimientos sancionadores
  • Cuarta Moratoria de aplicación de la reserva para vivienda protegida
  • Quinta Régimen del suelo en el planeamiento general no adaptado al texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia
  • Sexta Reglamentos estatales
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera Habilitación de desarrollo reglamentario
  • Segunda Entrada en vigor

Artículo 1 Objeto

La presente ley tiene por objeto la regulación de la ordenación del territorio, la ordenación del litoral y de la actividad urbanística en la Región de Murcia para garantizar, en el ámbito de un desarrollo sostenible, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y la protección de la naturaleza, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y la protección del patrimonio cultural y del paisaje.

Artículo 2 Ámbito competencial

1. Las competencias en materia de ordenación territorial abarcan los siguientes aspectos:

• a) Instrumentos de planificación territorial.
• b) Modos de desarrollo.
• c) Coordinación con el planeamiento urbanístico y medioambiental y planificación sectorial.
• d) La concertación interadministrativa.

2. Las competencias específicas en materia de ordenación de litoral abarcarán los siguientes aspectos:

• a) Instrumentos de ordenación del litoral
• b) Autorizaciones en servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
• c) Inspección y vigilancia de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

3. La regulación de la actividad urbanística abarca los siguientes aspectos:

• a) Régimen urbanístico del suelo.
• b) Planeamiento urbanístico.
• c) Gestión y ejecución del planeamiento.
• d) Intervención en los mercados de suelo y patrimonios públicos de suelo.
• e) Intervención en el ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y edificación.
• f) Protección de la legalidad urbanística.

Artículo 3 Finalidades de la actividad administrativa en materia de ordenación del territorio

La actividad administrativa en materia de ordenación del territorio se orienta, en aplicación de los principios constitucionales de la política económica y social, entre otras, a la consecución de las siguientes finalidades:

• 1. Promover el desarrollo equilibrado y armónico de la Región para la consecución de unos niveles adecuados en la calidad de vida de sus habitantes.
• 2. Lograr la utilización racional del territorio, de acuerdo con los intereses generales, la preservación y conservación del patrimonio histórico-artístico y la gestión eficaz de los recursos naturales, energéticos, del medio ambiente y del paisaje.
• 3. Establecer políticas de ordenación, protección y gestión del paisaje.
• 4. Garantizar la coordinación interadministrativa y la participación activa en la ordenación del territorio para asegurar una objetiva ponderación de los intereses públicos.
• 5. Posibilitar y encauzar las iniciativas públicas y privadas de singular importancia.
• 6. El progreso social y económico, mediante la modernización de infraestructuras y equipamientos y la regulación del uso del suelo para favorecer la funcionalidad del tejido productivo y la atracción de nuevas inversiones.

Artículo 4 Finalidades de la actividad administrativa en materia de ordenación del litoral

La actividad administrativa en materia de ordenación del litoral se orientará, en aplicación de los principios constitucionales de la política social y económica, entre otras, a la consecución de las siguientes finalidades:

• 1. Facilitar, por medio de una planificación racional de las actividades, el desarrollo sostenible de las zonas costeras, garantizando la protección del medio ambiente y los paisajes de forma conciliada con el desarrollo económico, social y cultural.
• 2. Garantizar la coherencia entre las iniciativas públicas y privadas y entre todas las decisiones de las autoridades públicas, a escala nacional, regional y local, que afectan a la utilización de la zona costera.
• 3. La participación de todas las partes interesadas (interlocutores económicos y sociales, organizaciones representativas de los residentes de las zonas costeras, las organizaciones no gubernamentales y el sector empresarial).
• 4. La ordenación de usos y actividades en la parte terrestre del Dominio Público Marítimo-Terrestre y sus zonas de servidumbre e influencia, para evitar la incidencia negativa que puedan generar sobre el mismo.

Artículo 5 Finalidades de la actividad administrativa en materia urbanística

La actividad administrativa en materia de urbanismo tendrá, en aplicación de los principios constitucionales de la política económica y social, entre otras, las siguientes finalidades:

• 1. La utilización del suelo en congruencia con la función social de la propiedad para prevenir la especulación, garantizando el cumplimiento de las obligaciones y cargas derivadas de la presente ley y del planeamiento que la desarrolle.
• 2. La articulación de la ciudad como generadora de desarrollo de las actividades humanas y de sus potencialidades.
• 3. La consecución del principio de la justa distribución de beneficios y cargas en toda actuación urbanística.
• 4. La participación de la comunidad en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
• 5. El cumplimiento del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, libre de ruido y otras inmisiones contaminantes por encima de los valores máximos permitidos.
• 6. La implantación de las actividades económicas en el territorio, respetando los suelos merecedores de protección.
• 7. Garantizar la participación ciudadana en los procesos de la actividad urbanística.
• 8. La calidad de los asentamientos, potenciando sus peculiares características constructivas.
• 9. La mejora de la calidad de vida de la población, mediante la prevención de riesgos naturales y tecnológicos, la prestación de servicios esenciales y la rehabilitación de áreas urbanas degradadas.
• 10. La cohesión social de la población mediante la mezcla equilibrada de usos, la integración de los sistemas e infraestructuras de transporte y previsión de las dotaciones necesarias en condiciones óptimas de accesibilidad y funcionalidad.
• 11. Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de desarrollo sostenible, a la protección del medio ambiente y de la salud humana y al uso racional de los recursos naturales y el territorio, con ordenación de usos residenciales y productivos acordes al interés general, de los equipamientos y servicios, y siguiendo los principios de accesibilidad universal, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y protección contra la contaminación.
  LE0000672273_20200801Número 11 del artículo 5 redactado por el apartado uno del artículo 4 de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 31 julio).Vigencia: 1 agosto 2020

Artículo 6 Competencias de la Administración en materia de ordenación del territorio

Corresponden a la Administración regional en materia de ordenación del territorio las siguientes competencias:

• 1) Formular, tramitar, aprobar y desarrollar los instrumentos de ordenación del territorio.
• 2) Requerir y/o subrogarse en la adaptación del planeamiento municipal para su adecuación a los instrumentos de ordenación del territorio.
• 3) Establecer la distribución de usos globales en el territorio.
• 4) Definir los elementos vertebradores de la estructura territorial.
• 5) Fijar el marco territorial para las políticas sectoriales y urbanísticas.
• 6) Señalar las bases de gestión y concertación interadministrativa.
• 7) Promover actuaciones de interés regional.
• 8) Predecir, valorar y corregir el impacto de las actuaciones que incidan en el territorio y el paisaje.

Artículo 7 Competencias de la Administración en materia de ordenación del litoral

Corresponden a la Administración regional en materia de ordenación del litoral las siguientes competencias:

• 1) Formular, tramitar, aprobar y desarrollar las Estrategias de Gestión Integrada de Zonas Costeras.
• 2) Elaborar, tramitar, aprobar los proyectos y ejecutar las obras derivadas de los mismos que sean competencia de la Comunidad Autónoma en materia de ordenación del litoral.
• 3) Autorizar usos y obras en zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre.
• 4) Emitir los informes que correspondan a la Comunidad Autónoma en materia de ordenación del litoral en los supuestos previstos en la legislación sectorial.
• 5) Proteger y tutelar la legalidad en la zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre.
• 6) Ordenación de las instalaciones al servicio de las playas.

Artículo 8 Las competencias urbanísticas de la Administración

Corresponden a la Administración las siguientes competencias.

1. En materia de planeamiento:

• a) Formular los planes e instrumentos de ordenación previstos en esta ley.
• b) Establecer la clasificación del suelo.
• c) Calificar las distintas zonas según la regulación de usos del suelo y edificación.
• d) Establecer espacios libres para parques y jardines públicos en proporción adecuada a las necesidades colectivas.
• e) Señalar el emplazamiento y características de los centros, servicios de interés público y social y restantes dotaciones al servicio de la población.
• f) Diseñar el trazado de las vías públicas, redes de comunicación, infraestructuras y servicios.
• g) Determinar la configuración y dimensiones de las parcelas edificables.
• h) Regular el uso del suelo y subsuelo y de las edificaciones.
• i) Orientar la composición arquitectónica de las edificaciones y regular, en los casos en que fuera necesario, sus características estéticas.

2. En materia de gestión y ejecución de planeamiento:

• a) Establecer los sistemas de gestión, suscitando la iniciativa privada en la medida más amplia posible, respetando el interés general.
• b) Dirigir, realizar, conceder, impulsar y supervisar la ejecución de las obras de urbanización.
• c) Expropiar los terrenos y construcciones necesarias para efectuar las obras y cuanto convenga a la ejecución del planeamiento.

3. En materia de intervención en el ejercicio de las facultades relativas al uso del suelo y edificación:

• a) Intervenir la parcelación y la construcción y uso de las fincas.
• b) Regular los usos y construcciones conforme a la ordenación urbanística.
• c) Requerir a los propietarios, cuando lo establezca el planeamiento, para la urbanización y edificación en los plazos previstos.

4. En materia de intervención en el mercado de suelo:

• a) Constituir y gestionar los patrimonios públicos de suelo.
• b) Promover directamente vivienda pública y ceder terrenos edificables.
• c) Ejercitar los derechos de tanteo y retracto en los supuestos previstos por esta ley.
• d) Promover la constitución de organismos o empresas públicas para la gestión y ejecución de actividades urbanísticas.

5. En materia de protección de la legalidad urbanística:

• a) Adoptar y divulgar medidas preventivas para impedir la realización de actos ilegales.
• b) Paralizar los actos de edificación y uso del suelo que no se ajusten al planeamiento.
• c) Revisar los actos administrativos que incumplan la normativa urbanística.
• d) Adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada.
• e) Imponer las sanciones que correspondan.

Artículo 9 Alcance de las competencias administrativas

1. Las competencias que se enumeran en los artículos precedentes tienen un carácter meramente enunciativo, correspondiendo a la Administración cuantas otras fueren necesarias para su ejercicio con arreglo a la presente ley y demás que resulten aplicables.

2. Las entidades públicas y privadas y los particulares tienen el deber de colaborar en el desarrollo de las funciones que esta ley atribuye a las Administraciones públicas, regional y municipal.

3. El ejercicio de las competencias y potestades otorgadas en esta ley será inexcusable para las Administraciones públicas.

4. Las determinaciones de los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico deberán respetar lo establecido en el marco legislativo en vigor y estar debidamente motivadas y justificadas, especialmente aquellas que regulen las actividades productivas necesarias para atender el desarrollo económico.

Artículo 10 Distribución de competencias

1. Las competencias en materia de ordenación del territorio y ordenación del litoral corresponden a la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la participación de los ayuntamientos mediante el ejercicio de las competencias que les sean propias y la coordinación con las competencias estatales recogidas en las leyes sectoriales.

2. Los ayuntamientos ostentan las competencias en materia de urbanismo, salvo las expresamente atribuidas en esta ley a la Administración regional.

3. Las competencias de la Administración regional en urbanismo se extienden: en materia de planeamiento, a aspectos de legalidad y ordenación supramunicipal; en materia de gestión, a las actuaciones demandadas por los ayuntamientos y, en materia de disciplina, a una actuación subsidiaria, en el supuesto de infracciones graves y muy graves, siempre y cuando afecten al ejercicio de competencias de la Administración regional.

LE0000697231_20210529Número 3 del artículo 10 redactado por el número uno del artículo 5 del Decreto-Ley 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2021

4. Las competencias en materia de urbanismo, ordenación del territorio y del litoral que correspondan a la Administración regional y que no se hayan atribuido expresamente a un órgano, serán ejercidas por la consejería competente por razón de la materia.

Artículo 11 Seguimiento de la actividad urbanística

1. La Administración regional y los ayuntamientos con población igual o superior a 5.000 habitantes deben elaborar y presentar anual y públicamente un informe de seguimiento de la actividad urbanística en donde la sostenibilidad social, ambiental y económica de la misma debe estar plenamente justificada y la gestión de su respectivo patrimonio público de suelo.

2. El Consejero competente en esta materia dará cuenta anualmente ante la Asamblea Regional de un informe de seguimiento y evaluación de la actividad urbanística en la Región de Murcia.

Artículo 12 Participación ciudadana

1. La dirección de la acción urbanística corresponde a los poderes públicos y la gestión urbanística puede corresponder a la Administración urbanística actuante, a la iniciativa privada y a entidades mixtas. La gestión pública, a través de la acción urbanizadora, ejecutará las políticas de suelo y suscitará en la medida más amplia posible la iniciativa privada.

2. En la formulación y tramitación de los planes y en su gestión, los órganos competentes deberán asegurar la mayor participación de los ciudadanos y, en particular, los derechos de iniciativa e información por parte de las entidades representativas de los intereses que resulten afectados y de los particulares.

Artículo 13 Publicidad de los instrumentos

1. Todos los instrumentos contemplados en esta ley serán públicos, y cualquier persona podrá consultarlos e informarse de su contenido, una vez aprobados o en la fase de exposición pública correspondiente.

A este fin las consejerías competentes en la materia deberán mantener los instrumentos estratégicos, de ordenación del territorio y ordenación del litoral a disposición del público, por los medios más adecuados posibles. Asimismo, los ayuntamientos deberán mantener su planeamiento municipal a disposición del público y en su sede electrónica.

2. Las consejerías competentes en materia de ordenación del territorio y del litoral, y los ayuntamientos deberán facilitar copias de dichos instrumentos a quien las solicite, disponiendo lo necesario para que se puedan atender las consultas de los particulares.

3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, todo instrumento estratégico, territorial y urbanístico, una vez aprobado, deberá ser accesible desde el geoportal del Sistema Territorial de Referencia, para lo cual las administraciones públicas responsables de dichos instrumentos generarán los procedimientos telemáticos adecuados para que ello sea posible.

4. Independientemente de la posible utilización de otros procedimientos que se consideren oportunos, las exposiciones públicas de los instrumentos estratégicos, de ordenación territorial y del litoral, previstas durante su tramitación administrativa, se realizarán mediante su publicación en el geoportal del Sistema Territorial de Referencia. Las exposiciones públicas de los instrumentos de planeamiento municipal se publicarán en la sede electrónica del ayuntamiento.

Artículo 14 Órganos territoriales y urbanísticos de la Comunidad Autónoma

Las competencias administrativas en materia de ordenación del territorio, ordenación del litoral y urbanismo serán ejercidas por los siguientes órganos, en los términos que se establecen en la presente ley:

• a) El Consejo de Gobierno.
• b) El consejero o, en su caso, los consejeros que ostenten las competencias en las materias de ordenación del territorio, ordenación del litoral y de urbanismo.
• c) El director general o, en su caso, los directores generales competentes en las mismas materias.
• d) El Consejo Asesor de Política Territorial.

LE0000672273_20200801Artículo 14 redactado por el apartado dos del artículo 4 de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 31 julio).Vigencia: 1 agosto 2020

Artículo 15 La Comisión de Coordinación de Política Territorial

...

Artículo 16 El Consejo Asesor de Política Territorial

1. El Consejo Asesor de Política Territorial es el órgano regional de carácter participativo y deliberante para lograr la concertación en materia de ordenación del territorio, ordenación del litoral y urbanística.

2. Conocerá de los estudios, programas, planes, directrices y, en general, las líneas de actuación que establezcan las Administraciones públicas en materia de política territorial y que sean sometidas a su consideración para la formulación de propuestas o informes.

3. Su composición, que se regulará mediante decreto, deberá asegurar la participación de las Administraciones públicas, agentes empresariales y profesionales y expertos de relevante prestigio en la materia.

Artículo 16 bis Panel de impulso urbanístico

1. Se crea el Panel de impulso urbanístico como comisión de coordinación intersectorial dependiente de la consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio.

2. El objeto del citado Panel es la coordinación de la emisión de los informes necesarios y la integración de los intereses de los organismos sectoriales intervinientes en los procedimientos, que voluntariamente se le sometan, relativos a la tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio, cuya aprobación definitiva corresponda a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

LE0000973941_20251005 Artículo 16 bis introducido por el apartado uno del artículo 2 del D.-Ley n.º 3/2025, de 2 de octubre, de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística («B.O.R.M.» 4 octubre). Téngase en cuenta que el D.-Ley 3/2025, 2 octubre, ha sido derogado por la Res. de 1 de octubre de 2025, del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia(«B.O.R.M.» 14 noviembre).Vigencia: 5 octubre 2025

Artículo 16 ter Funciones del Panel de impulso urbanístico

1. El Panel de impulso urbanístico desempeñará las siguientes funciones:

• a) Coordinación del contenido y alcance de los informes sectoriales y pronunciamientos que deban emitir las administraciones en él representadas concernientes a los procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística y territorial de su ámbito de actuación.
• b) Emisión de informes, directrices y recomendaciones en el ámbito definido en el artículo 16 bis.

2. Asimismo, será el órgano encargado de:

• a) Recibir la solicitud de informes y pronunciamientos que resulten preceptivos durante la tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística y territorial y durante el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, así como la remisión de los mismos dentro del plazo establecido en la legislación que los regula.
• b) Recibir las consultas dirigidas a los órganos y entidades administrativas en él representados cuando sean considerados Administración afectada en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica y remitir la correspondiente respuesta.

LE0000973941_20251005 Artículo 16 ter introducido por el apartado uno del artículo 2 del D.-Ley n.º 3/2025, de 2 de octubre, de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística («B.O.R.M.» 4 octubre). Téngase en cuenta que el D.-Ley 3/2025, 2 octubre, ha sido derogado por la Res. de 1 de octubre de 2025, del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia(«B.O.R.M.» 14 noviembre).Vigencia: 5 octubre 2025

Artículo 16 quater Ámbito de actuación del Panel de impulso urbanístico

Se podrán sujetar a coordinación intersectorial los procedimientos siguientes:

• a) Tramitación de planes generales municipales, sus revisiones, adaptaciones y sus modificaciones estructurales.
• b) Tramitación, modificación y revisión de los instrumentos de ordenación del territorio.
• c) Los demás que, dentro de su ámbito competencial, se determinen reglamentariamente.

En el acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico o de ordenación territorial, se acordará expresamente, en su caso, el sometimiento a los trámites de coordinación intersectorial. Del citado acuerdo se dará traslado a la Presidencia del Panel de impulso urbanístico.

LE0000973941_20251005 Artículo 16 quater introducido por el apartado uno del artículo 2 del D.-Ley n.º 3/2025, de 2 de octubre, de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística («B.O.R.M.» 4 octubre). Téngase en cuenta que el D.-Ley 3/2025, 2 octubre, ha sido derogado por la Res. de 1 de octubre de 2025, del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia(«B.O.R.M.» 14 noviembre).Vigencia: 5 octubre 2025

Artículo 16 quinquies Procedimiento de Intervención del Panel de impulso urbanístico

1. El Panel de impulso urbanístico comenzará su intervención tras la aprobación inicial de los correspondientes instrumentos y recibirá la solicitud de los informes sectoriales a efectos urbanísticos y medioambientales, así como las consultas.

El Panel de impulso urbanístico será el medio único a través del cual habrá de requerirse y facilitarse la documentación complementaria o aclaratoria en relación con el instrumento en tramitación.

2. En el Panel de impulso urbanístico, los organismos afectados habrán de emitir informe con las determinaciones legales, observaciones y recomendaciones que consideren relevantes desde su ámbito competencial.

3. Como resultado de dichos informes, el Panel de impulso urbanístico emitirá un informe de coordinación. En caso de ser necesaria la emisión de informes sectoriales definitivos, el informe de coordinación servirá de base. Los informes sectoriales referidos se recibirán en el plazo máximo de tres meses desde su solicitud.

El Panel de impulso urbanístico estará facultado para trasladar los informes sectoriales y el informe de coordinación tanto al organismo promotor del instrumento en tramitación y a los organismos integrantes del Panel, como al órgano ambiental competente en la formulación del correspondiente pronunciamiento ambiental.

La declaración ambiental estratégica habrá de formularse, como máximo, dentro del plazo de cuatro meses desde la recepción del expediente completo de evaluación ambiental estratégica por el órgano ambiental.

4. En relación con los informes sectoriales no emitidos en plazo, el Panel de impulso urbanístico podrá convocar a las administraciones con competencias afectadas, quienes podrán evacuar su informe incluso de forma verbal. El contenido de este informe será recogido de forma literal y en un apartado específico del acta.

Si el informe no se emite de forma escrita en el plazo legalmente establecido, ni tampoco en la convocatoria de sesión del Panel de forma verbal, se considerará favorable al contenido del plan a todos los efectos, salvo que la ley sectorial respectiva, estatal o autonómica, regule de forma expresa el sentido del silencio en sus informes.

5. Si la emisión de una sucesión de informes sectoriales contradictorios entre sí impidiera la aprobación del instrumento en tramitación y la consecución de los intereses públicos que éste implica, los servicios técnicos del Panel de impulso urbanístico podrán adjuntar a la convocatoria de la sesión del Panel, una solución técnica que armonice dichos informes sin entrar en contradicción con el contenido preceptivo de las respectivas normativas. La solución técnica final se recogerá en el informe de coordinación definitivo, que deberá aprobarse por el Panel y deberá ser validada por el órgano sectorial competente.

6. El Panel de impulso urbanístico dará por concluida su intervención una vez haya dado traslado de los respectivos informes sectoriales y del informe de coordinación, poniéndolo así de manifiesto al organismo promotor del instrumento en tramitación. A partir de este momento, los organismos competentes podrán continuar el procedimiento para la aprobación de los citados instrumentos.

LE0000973941_20251005 Artículo 16 quinquies introducido por el apartado uno del artículo 2 del D.-Ley n.º 3/2025, de 2 de octubre, de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística («B.O.R.M.» 4 octubre). Téngase en cuenta que el D.-Ley 3/2025, 2 octubre, ha sido derogado por la Res. de 1 de octubre de 2025, del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia(«B.O.R.M.» 14 noviembre).Vigencia: 5 octubre 2025

Artículo 16 sexies Composición del Panel de impulso urbanístico

1. El Panel de impulso urbanístico estará presidido por la persona titular de la dirección general competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio o persona en quien delegue y estará integrado por los miembros que se designen de acuerdo con este artículo. Estará asistido por personal adscrito a la referida dirección general de entre los cuales se designará al secretario y el resto actuará como ponentes de los asuntos a tratar.

2. Deberá contar al menos con un miembro designado por cada uno de los órganos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que deban emitir informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos, en relación con las siguientes materias:

• - Urbanismo.
• - Ordenación del territorio.
• - Medio ambiente.
• - Vías pecuarias.
• - Regadíos.
• - Vivienda.
• - Costas
• - Patrimonio cultural.
• - Salud.
• - Carreteras.
• - Las demás materias con incidencia territorial que establezcan las leyes.

Se puede designar más de un miembro perteneciente a una misma dirección general cuando, según su estructura orgánica, deba emitirse más de un informe desde distintas unidades administrativas.

3. En cuanto a las demás Administraciones, formarán parte del Panel los siguientes miembros:

• a) Por la Administración General del Estado: un representante de la Demarcación de carreteras del Estado en Murcia, un representante del Ministerio competente en materia de puertos, en materia ferroviaria, de telecomunicaciones y de redes públicas de comunicaciones electrónicas, un representante de la Confederación Hidrográfica del Segura, un representante de Costas del Estado y otros organismos con competencia en materias con incidencia territorial que establezcan las leyes.
• b) Por la Administración Local, un representante del Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados por el procedimiento de aprobación de instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

4. Podrá, así mismo, designarse un representante de cualquier otro órgano administrativo que, de acuerdo con la legislación aplicable, deba emitir informe en los procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación territorial o urbanística y que no se encuentre dentro de los señalados anteriormente.

5. En la designación de los miembros del Panel de impulso urbanístico habrán de preverse las personas que hayan de sustituirles en caso de ausencia o de enfermedad.

6. Ejercerá como secretario, con voz pero sin voto, el empleado público designado por la Presidencia del Panel de impulso urbanístico entre el personal adscrito a la dirección general competente en materia urbanística y ordenación del territorio, que tendrá atribuida las funciones del artículo 16.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

LE0000973941_20251005 Artículo 16 sexies introducido por el apartado uno del artículo 2 del D.-Ley n.º 3/2025, de 2 de octubre, de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística («B.O.R.M.» 4 octubre). Téngase en cuenta que el D.-Ley 3/2025, 2 octubre, ha sido derogado por la Res. de 1 de octubre de 2025, del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia(«B.O.R.M.» 14 noviembre).Vigencia: 5 octubre 2025

Artículo 16 septies Organización del Panel de impulso urbanístico

1. El Panel celebrará las sesiones que estime oportunas en orden a favorecer las tareas de coordinación, colaboración y cooperación interadministrativa para la tramitación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística durante el proceso de emisión de los informes, pronunciamientos y consultas ambientales.

2. La Presidencia del Panel de impulso urbanístico podrá convocar a miembros de otras administraciones, instituciones o personas especializadas que estime conveniente, para el mejor asesoramiento y eficacia de la Comisión, o a petición de aquella administración que lo motive en su normativa correspondiente.

3. Actuará como Ponente del Panel, con voz pero sin voto, el empleado público que designe la Presidencia del Panel entre los adscritos a la dirección general competente en materia de urbanismo y ordenación territorial. La Ponencia llevará a cabo las labores de coordinación técnica.

4. Los acuerdos de aprobación de los informes de coordinación serán adoptados por mayoría de votos de los miembros asistentes. En caso de empate se dirimirá por el voto de calidad de la Presidencia del Panel. De cada sesión se levantará acta por el Secretario.

5. Para la válida constitución del Panel de impulso urbanístico, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

LE0000973941_20251005 Artículo 16 septies introducido por el apartado uno del artículo 2 del D.-Ley n.º 3/2025, de 2 de octubre, de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística («B.O.R.M.» 4 octubre). Téngase en cuenta que el D.-Ley 3/2025, 2 octubre, ha sido derogado por la Res. de 1 de octubre de 2025, del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia(«B.O.R.M.» 14 noviembre).Vigencia: 5 octubre 2025

Artículo 17 Órganos urbanísticos municipales

1. La atribución de facultades en materia de urbanismo a los diferentes órganos municipales se realizará de conformidad con lo previsto en la legislación de régimen local.

2. Tales facultades podrán ser ejercidas por los ayuntamientos a través de sus órganos de gobierno ordinarios o constituir gerencias u otros órganos, sociedades o entidades con este objetivo.

3. Los ayuntamientos podrán, si lo estiman oportuno, crear consejos asesores municipales para que conozcan e informen su planeamiento.

4. Si el ejercicio de las competencias urbanísticas municipales afectase gravemente al equilibrio territorial o al interés general, el Consejo de Gobierno, previo requerimiento al ayuntamiento, podrá adoptar las medidas necesarias, incluso la subrogación en las competencias municipales.

Artículo 18 Concertación entre administraciones

1. La concertación interadministrativa en la ordenación del territorio, la ordenación del litoral y el urbanismo tendrá por objeto:

• a) Asegurar la correcta valoración y ponderación de todos los intereses públicos en la definición y ejecución de la ordenación del territorio, la ordenación del litoral y del urbanismo, mediante la activa participación de las distintas administraciones.
• b) Coordinar los objetivos y requerimientos de estas, en defensa de los intereses generales de la población.
• c) Promover su colaboración y su participación activa en la elaboración y seguimiento de los instrumentos de ordenación del territorio y del litoral.
• d) Favorecer el acuerdo entre las administraciones, resolviendo las discrepancias que pudieran producirse en el desarrollo de la acción territorial y urbanística.

2. Para la adecuada implementación de dicha concertación podrán desarrollarse estrategias territoriales conforme a lo establecido en el título IV de esta ley.

Artículo 19 Concepto

La ordenación del territorio constituye la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y medioambientales con incidencia territorial, formulada mediante los instrumentos oportunos definidos en la presente ley.

Artículo 20 Clases de instrumentos

1. Se establecen como instrumentos ordinarios de ordenación del territorio, relacionados según su orden de prevalencia, los siguientes:

• a) Directrices de Ordenación Territorial.
• b) Planes de Ordenación Territorial.
• c) Programas de Actuación Territorial.

2. Se establecen como instrumentos excepcionales de ordenación del territorio las Actuaciones de Interés Regional.

Artículo 21 Instrumentos complementarios

1. Los instrumentos complementarios de ordenación del territorio tienen por finalidad evaluar los efectos económicos, sociales y medioambientales derivados de la aprobación de los instrumentos de ordenación del territorio, de ordenación del litoral y de planeamiento urbanístico, de tal forma que se puedan generar conclusiones y previsiones útiles para la planificación, o bien facilitar información para la redacción de los mismos.

2. Tendrán la consideración de instrumentos complementarios para la ordenación territorial, del litoral y el planeamiento urbanístico, el Sistema Territorial de Referencia, la Cartografía Regional, los Estudios de Impacto Territorial y los Estudios de Paisaje.

Artículo 22 Ejecutividad y efectos

1. Las determinaciones de los instrumentos de ordenación del territorio vincularán a todas las administraciones públicas y a los particulares, en los términos establecidos en los mismos, prevaleciendo siempre sobre las determinaciones del instrumento de rango inferior y sobre los planes urbanísticos municipales que, en caso de contradicción, deberán adaptarse en plazo y contenido a lo dispuesto en aquellos.

2. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de ordenación del territorio podrá llevar aparejada la adopción de las siguientes medidas cautelares:

• a) La suspensión del otorgamiento de autorizaciones y licencias en aquellas áreas del territorio cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente.
• b) La suspensión de la tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

En cualquier caso, la suspensión se extinguirá con la aprobación definitiva del instrumento de ordenación territorial.

3. El alcance, contenido, extensión y duración de dichas medidas cautelares se determinará en el acuerdo de aprobación inicial del instrumento territorial correspondiente, con una duración máxima de un año, prorrogable otro año más, sin que su duración en ningún caso pueda exceder de dos años, trascurridos los cuales no tendrá efectos sobre el régimen urbanístico vigente.

4. La aprobación de los instrumentos de ordenación regulados en esta ley podrá llevar aparejada la declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de ocupación a efectos de expropiación forzosa y ocupación temporal de los bienes y derechos que resulten afectados o que se deriven de los proyectos y obras cuya ejecución se haya previsto realizar.

Artículo 23 Definición y funciones

Las directrices de ordenación territorial son instrumentos directores que tienen como finalidad la regulación de actividades y la coordinación de políticas urbanísticas y sectoriales con incidencia territorial, pudiendo abarcar todo el ámbito regional, un ámbito territorial determinado o sectores específicos de actividad.

Artículo 24 Contenido y documentación

1. Las Directrices de Ordenación Territorial contendrán, como mínimo, las siguientes determinaciones:

• a) Análisis y diagnóstico territorial, que comprenderá:
  • - Justificación de la delimitación del área o sector de actividad sujeta a ordenación.
  • - Diagnóstico territorial o sectorial, especialmente en lo que se refiere a los problemas y oportunidades de la estructura territorial y ordenación de los sistemas de ámbito subregional o supramunicipal.
  • - Definición de objetivos y criterios de ordenación e intervención.
  • - Justificación de las directrices establecidas y de su incidencia territorial, ambiental, social, cultural y de patrimonio histórico.
• b) Directrices reguladoras.

  Se formularán directrices reguladoras del área o sector correspondiente, que señalarán, en su caso, las condiciones para su desarrollo mediante Planes de Ordenación Territorial y Programas de Actuación Territorial.

2. Las Directrices de Ordenación Territorial contendrán la documentación necesaria para definir su contenido, que se concretará en los siguientes documentos:

• a) Memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad de sus formulación; análisis y diagnóstico del sistema territorial; evaluación de alternativas; modelo propuesto, objetivos y medidas. Incluirá los anexos que detallen los estudios y procedimientos de análisis, diagnóstico y de toma de decisiones.
• b) Directrices reguladoras: disposiciones generales y sectoriales, objetivos y medidas adoptadas.
• c) Planos de ordenación, en su caso.
• d) Documentación ambiental, conforme a la legislación aplicable.

Artículo 25 Definición y funciones

1. Los Planes de Ordenación Territorial son instrumentos directores y operativos para la regulación de la política territorial en un ámbito espacial determinado o sector de actividad específica, en desarrollo de las Directrices de Ordenación Territorial, o de forma autónoma.

2. Tienen las siguientes funciones:

• a) La ordenación integrada de ámbitos subregionales, comarcales o supramunicipales, mediante la coordinación de las políticas sectoriales y urbanísticas de interés regional, para un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio y la ejecución de infraestructuras generales.
• b) También tienen por objeto la planificación de sectores de actividad específica que por tener incidencia territorial requieren un instrumento técnico de apoyo para la expresión y formulación de sus políticas sectoriales.

Artículo 26 Contenido y documentación

1. Los Planes de Ordenación Territorial contendrán las siguientes determinaciones:

• a) Análisis y diagnóstico territorial.
  • - Justificación de la delimitación del área o sector de actividad sujeta a ordenación.
  • - Información y diagnóstico territorial o sectorial, especialmente en lo que se refiere a los problemas y oportunidades de la estructura territorial y la ordenación de los sistemas de ámbito subregional o supramunicipal.
  • - Definición de objetivos y criterios de ordenación e intervención.
  • - Justificación de las propuestas establecidas y de su incidencia territorial, ambiental, social, cultural y de patrimonio histórico, mediante técnicas de análisis multicriterio de las distintas alternativas que, en su caso, se puedan plantear.
  • - Estructura territorial que podrá contener, entre otras, las siguientes determinaciones:
    • - Esquema de la estructura territorial, con la distribución, localización y función de los distintos núcleos del asentamiento poblacional; la distribución geográfica de usos y actividades a que debe destinarse prioritariamente el suelo; y las infraestructuras, equipamientos y servicios.
    • - Delimitación de las zonas a proteger por su interés natural, ecológico, ambiental, paisajístico, histórico, turístico, cultural o económico, con indicación de su régimen de protección y explotación.
    • - Delimitación y justificación de las zonas de riesgo de inundación, geomorfológico, de la minería o de cualquier otro riesgo natural o tecnológico, así como el régimen de usos asociados a dichos riesgos.
    • - Establecimiento de zonas territoriales y núcleos para la localización de actividades, equipamientos y servicios, junto a las actuaciones que se consideren necesarias para la cohesión social y territorial del área ordenada.
    • - Señalamiento, localización y reservas de espacio para las infraestructuras básicas del territorio.
• b) Coordinación con el planeamiento municipal, para lo que podrá señalar:
  • - Los criterios básicos de actuación urbanística en orden a un desarrollo urbanístico racional coherente con el modelo de ocupación y usos del territorio.
  • - Los criterios urbanísticos básicos de localización y dimensionamiento de áreas industriales, usos terciarios, dotaciones y distribución de actividades.
  • - Densidades e intensidades de referencia, conformes con los objetivos de ordenación territorial y las políticas espaciales señaladas.
  • - Estimación de reservas de suelo con destino a promoción pública de suelo industrial y del necesario para el desarrollo de la política regional de vivienda.
  • - Determinaciones y criterios tendentes a evitar desequilibrios funcionales en las zonas limítrofes de los municipios.
  • - Criterios de homogeneización de los suelos no urbanizables de interés y criterios generales para su uso y protección.

2. Los Planes de Ordenación Territorial contendrán la documentación gráfica y escrita necesaria para definir su contenido, en función de su objeto y de su fase de tramitación, con el grado de precisión suficiente para su aplicación directa o para su desarrollo por Programas de Actuación Territorial, que se materializarán en los siguientes documentos:

• a) Memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad de su formulación, resultados de la fase de análisis y diagnóstico; justificación de los objetivos, medidas y actuaciones que se proponen; y anexos, que detallen los estudios elaborados y procedimientos de análisis, diagnóstico y de toma de decisiones.
• b) Normativa: disposiciones de carácter general y específico, suelos protegidos y de restricción cautelar de usos, y actuaciones propuestas. Caso de regular los usos, obras e instalaciones de carácter provisional, deberá hacerlo de manera específica.
  LE0000631289_20250608Letra b) del número 2 del artículo 26 redactada por el número uno del artículo 22 de Ley [REGIÓN DE MURCIA] 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad («B.O.R.M.» 10 noviembre).Vigencia: 11 noviembre 2018
• c) Planos de ordenación.
• d) Memoria económica.
• e) Estudio de Impacto Territorial.
• f) Documento ambiental, conforme a la legislación aplicable.

Artículo 27 Desarrollo

1. Los Planes de Ordenación Territorial establecerán la relación de proyectos y acciones de carácter sectorial que, junto a las actuaciones urbanísticas de interés supramunicipal y a los mecanismos de concertación administrativa, posibiliten el desarrollo territorial previsto y la culminación de los objetivos señalados.

2. La gestión de estas intervenciones podrá llevarse a cabo, total o parcialmente, de forma directa por los propios planes o mediante la elaboración de Programas de Actuación Territorial y Actuaciones de Interés Regional, según las prioridades de programación temporal que aquellos establezcan.

3. Las actuaciones urbanísticas e inversiones que se programen directamente precisarán de un análisis económico-financiero que garantice su viabilidad y, en cuanto a la imputación de costes entre administraciones, organismos públicos y particulares, deberán disponer las bases para los mecanismos de concertación y cooperación que hagan viables convenios y acuerdos entre ellos.

Artículo 28 Definición y funciones

1. Los Programas de Actuación Territorial son instrumentos de carácter ejecutivo y de programación a corto plazo de las previsiones de los Planes de Ordenación Territorial y, en su caso, de las Directrices de Ordenación Territorial, aunque excepcionalmente también podrán ser autónomos.

2. Tienen las siguientes funciones:

• a) Concretar y programar las actuaciones de incidencia territorial previstas en los instrumentos de ordenación territorial de rango superior, aunque en casos excepcionales, debidamente justificados, puedan plantearse de forma autónoma, en cuyo caso concretarán y programarán sus propias actuaciones.
• b) Concretar, con las distintas administraciones y organismos implicados, los compromisos económicos específicos que les corresponden y su distribución temporal, en coherencia con las previsiones presupuestarias de los mismos.
• c) Señalar plazos y calendario de desarrollo de proyectos y obras a ejecutar.

Artículo 29 Contenido y documentación

1. Los Programas de Actuación Territorial incluirán las siguientes determinaciones:

• a) Delimitación de su ámbito territorial y funcional.
• b) Relación y, en su caso, justificación de actuaciones previstas, con indicación de plazos, costos y organismos comprometidos para su realización.
• c) Justificación, en su caso, del cumplimiento de las determinaciones de las directrices y planes que desarrollen.
• d) Análisis económico, financiero y presupuestario de las inversiones previstas.
• e) Previsiones para la celebración de convenios y acuerdos entre administraciones o particulares para hacer viable la ejecución de las actuaciones.

2. Los Programas de Actuación Territorial contendrán la documentación gráfica y escrita necesaria para definir su contenido, incorporando como documento complementario el Estudio de Impacto Territorial, salvo que sean desarrollo previsto de otro instrumento de ordenación territorial que haya estudiado su impacto sobre el territorio.

Artículo 30 Desarrollo

1. Los Programas de Actuación Territorial podrán desarrollarse directamente mediante proyectos de ejecución o mediante instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo, cuando se trate de actuaciones urbanísticas en sentido propio.

2. Las actuaciones y costos previstos en los programas se incorporarán a los presupuestos de las distintas administraciones públicas comprometidas y a otros instrumentos de planificación económica regional.

3. El planeamiento urbanístico municipal deberá respetar las previsiones de los Programas de Actuación Territorial, que prevalecerán sobre aquel y serán directamente operativos.

Artículo 31 Definición

1. Se considerarán Actuaciones de Interés Regional aquellas que hayan de beneficiar a la Región en el ámbito de los servicios públicos, la economía, la conservación del medio ambiente y del patrimonio histórico y la mejora de la calidad de vida y, en general, las encaminadas al logro de los objetivos generales de la ordenación del territorio, y que por su magnitud, importancia o especiales características trascienda el ámbito municipal. El interés regional se declarará por el Consejo de Gobierno.

2. La actividad territorial y urbanística directa y propia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se podrá realizar de forma excepcional mediante las Actuaciones de Interés Regional, aunque la forma ordinaria será el desarrollo de planes y programas o el planeamiento urbanístico.

3. Podrán promoverse y desarrollarse por iniciativa pública o privada.

4. Podrán ser objeto de declaración como Actuación de Interés Regional las siguientes actividades:

• a) La ordenación y gestión de zonas del territorio para facilitar el desarrollo económico y social de la Región, mediante actuaciones en materia de vivienda, actividades económicas, infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios y otras análogas.
• b) La implantación territorial de proyectos de infraestructuras, dotaciones e instalaciones de interés comunitario y alcance supramunicipal.

5. Podrán realizarse en desarrollo de las previsiones de las Directrices y Planes de Ordenación o de forma autónoma, con la justificación y documentación correspondiente.

6. Tendrán carácter inmediato o diferido, según lo disponga su propia declaración. Se considerarán que son actuaciones inmediatas aquellas cuyo inicio esté previsto en los siguientes dos años desde su declaración, y diferidas aquellas para las que su inicio esté previsto en cinco años.

7. Las Actuaciones de Interés Regional promovidas por las Administraciones públicas podrán desarrollarse directamente o a través de concursos públicos que al efecto se convoquen.

8. Mediante convenios de colaboración y, en su caso, constitución de consorcios, podrán asociarse para la gestión de una Actuación de Interés Regional las distintas Administraciones públicas y particulares interesados.

Artículo 32 Contenido y documentación

1. Las propuestas de Actuaciones de Interés Regional deberán contener las determinaciones y documentación necesarias para acreditar su justificación, ámbito territorial, alcance y contenido, afección de terrenos exteriores, plazos, inversiones comprometidas y su acreditación, obligaciones que asume el promotor y, en su caso, garantías que se le exijan del cumplimiento de obligaciones y plazos. Incorporarán el Estudio de Impacto Territorial.

2. La actuación podrá definirse con el detalle suficiente para que pueda llevarse a cabo la ejecución de la actuación correspondiente, así como su posterior gestión o remitirse a un instrumento o proyecto de desarrollo.

3. Cuando la ejecución de la Actuación de Interés Regional no sea compatible con la planificación territorial y / o urbanística en vigor, dicha actuación incluirá las determinaciones imprescindibles para su implantación efectiva, que prevalecerán sobre el planeamiento general vigente y / o sobre los instrumentos de ordenación territorial en vigor con carácter transitorio hasta tanto tenga lugar su adaptación o revisión.

Artículo 33 Informe previo de viabilidad

1. Los promotores o entidades que pretendan llevar a cabo Actuaciones de Interés Regional podrán solicitar, con carácter previo a su tramitación, un informe de viabilidad, que no condicionará las facultades de declaración del órgano competente.

2. A estos efectos, deberá aportarse a la consejería competente en materia de ordenación del territorio la documentación necesaria para el conocimiento de la actuación a desarrollar, comprensiva de las principales características de la misma, incidencia territorial, ambiental, plazos y compromisos generales.

3. El consejero competente en la materia de ordenación territorial resolverá, previa audiencia de los ayuntamientos y consejerías afectadas. En caso de no recaer resolución expresa en un plazo de cuatro meses, se entenderá que la actuación es viable y facultará al promotor a formular formalmente la propuesta.

Artículo 34 Efectos de la declaración

1. Las determinaciones contenidas en las Actuaciones de Interés Regional vincularán a los instrumentos de ordenación del territorio y al planeamiento urbanístico municipal, para ello podrán, caso de que así se determine en el acuerdo de aprobación definitiva y declaración:

• a) Producir su modificación automática desde el momento de su declaración.
• b) Desarrollarse a través del correspondiente planeamiento urbanístico y diferir la definición de las obras de urbanización y la gestión a la redacción del instrumento que corresponda.

2. La declaración de una Actuación de Interés Regional podrá llevar aparejado, cuando así se establezca en el acuerdo de aprobación definitiva y declaración:

• a) La declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes a los fines de expropiación y de ocupación temporal que resulten afectados, incluida la de las conexiones exteriores con las redes de infraestructuras y servicios generales. Esta declaración se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo de los proyectos incluidos en la actuación y en las modificaciones de obras derivadas de la misma que pudieran aprobarse posteriormente.
• b) La atribución al promotor de la condición de beneficiario de la citada expropiación, con las condiciones establecidas en el presente artículo.

3. La elaboración, tramitación y aprobación de todos los instrumentos y documentos que se precisen para el desarrollo, ejecución, y gestión, incluidos los proyectos de urbanización que procedieren, podrá corresponder a la consejería competente en materia de urbanismo, caso de que así se determine en el acuerdo de aprobación definitiva y declaración. A la dirección general competente en materia de urbanismo corresponderá, en este caso, la tramitación del procedimiento y acordar sobre la aprobación inicial, previa audiencia del ayuntamiento, y sobre la provisional, en su caso, así como la aprobación definitiva, salvo en el supuesto de planes generales y modificaciones estructurales del mismo, en que esta última resolución corresponde al consejero.

4. Los actos de edificación y uso del suelo necesarios para la ejecución de las Actuaciones de Interés Regional, promovidos por la propia Administración Pública de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos serán remitidos a los ayuntamientos afectados, para su conocimiento e informe previo, que deberá evacuarse en el plazo de un mes, y en tales casos no estarán sujetas a la obtención de licencia municipal.

5. El Consejo de Gobierno podrá, en el acuerdo aprobación definitiva y declaración, eximir excepcionalmente a la Actuación de Interés Regional y a los planes y proyectos derivados de la misma de las autorizaciones e informes cuya regulación sea competencia de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo determinado por las legislaciones estatal y europea.

6. Las transmisiones onerosas de los terrenos y edificaciones incluidos en el ámbito de una Actuación de Interés Regional quedarán sujetas al derecho de tanteo y, en su caso, al de retracto en favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, durante el plazo de ocho años a partir de la aprobación definitiva de la delimitación y declaración correspondientes, en los términos fijados en el artículo 233 de esta ley.

Artículo 35 Caducidad

1. Las Actuaciones de Interés Regional caducarán en los siguientes supuestos:

• a) Incumplimiento de los plazos de ejecución sin causa justificada.
• b) Subrogación de tercero sin autorización expresa.
• c) Realización de la ejecución contraviniendo las previsiones contenidas en la declaración.

2. La caducidad se declarará mediante acuerdo expreso del Consejo de Gobierno, previa tramitación del correspondiente procedimiento, con audiencia al interesado y ayuntamientos afectados.

3. Declarada la caducidad, la Administración podrá asumir directamente la gestión de la ejecución mediante cualquiera de los sistemas de actuación pública o, indirectamente, mediante concesión, previo procedimiento en el que se promueva la concurrencia.

4. Si la Administración decide no asumir la gestión, se producirán automáticamente los siguientes efectos:

• a) Los terrenos afectados recuperarán su clasificación y calificación originaria.
• b) La persona física o jurídica responsable de la ejecución de la Actuación de Interés Regional deberá reponer los terrenos al estado que tuvieran antes del inicio de la actuación y perderá, en su caso, la garantía que tuviera constituida.
• c) Los titulares de los terrenos que hubieran sido objeto de expropiación para la ejecución de la actuación, podrán solicitar su reversión.

5. La declaración de caducidad no dará lugar, por sí sola, a indemnización alguna.

Artículo 36 Elaboración y competencia

1. La elaboración de Directrices y Planes de Ordenación Territorial y Programas de Actuación Territorial corresponde a la consejería en la que radiquen las competencias en las materias objeto de regulación, en coordinación con la consejería competente en materia de ordenación del territorio y con los restantes departamentos de la Administración regional y de otras Administraciones públicas interesadas.

2. Los órganos de la Administración, entidades o particulares interesados que pretendan llevar a cabo Actuaciones de Interés Regional presentarán a la consejería competente en materia de ordenación del territorio la solicitud correspondiente, acompañada de la documentación señalada en esta ley.

3. La aprobación inicial corresponde en todo caso al consejero competente en materia de ordenación del territorio

LE0000672273_20200801Número 3 del artículo 36 redactado por el apartaedo cuatro del artículo 4 de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 31 julio).Vigencia: 1 agosto 2020

4. La aprobación definitiva corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de ordenación del territorio, oído el Consejo Asesor de Política Territorial.

Artículo 37 Finalidad y objeto

1. A los efectos de disponer de la información suficiente para formular los instrumentos de ordenación territorial y de orientar la toma de decisiones sobre política territorial, la consejería competente en ordenación del territorio procederá a la elaboración y actualización permanente del Sistema Territorial de Referencia de la Región de Murcia. Este conformará la base de datos para la elaboración de la planificación territorial y urbanística y la formulación de las diferentes políticas sectoriales con incidencia territorial.

2. El Sistema Territorial de Referencia contendrá información y análisis sobre las variables que en su conjunto configuran la organización territorial de la Región, sobre sus tendencias y sobre los planes que las regulen.

3. De acuerdo con la legislación vigente, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España, el Sistema Territorial de Referencia se constituye como la Infraestructura y Servicios Interoperables de Información Geográfica de la Región de Murcia, integrada en la Infraestructura de Información Geográfica de España. Por lo tanto, el Sistema Territorial de Referencia constituirá la Infraestructura de Datos Espaciales de la Región de Murcia.

4. Deberán publicarse en el Sistema Territorial de Referencia los distintos instrumentos de ordenación del territorio y del litoral, en sus distintas fases de tramitación, durante los periodos indicados en la presente ley para su exposición al público.

5. Asimismo se podrán incluir en el Sistema Territorial de Referencia los estudios territoriales realizados por las distintas Administraciones públicas.

6. El órgano competente en materia de ordenación del territorio dispondrá de un sistema de información territorial, que integrará la documentación técnica y las bases de datos precisas para la configuración del Sistema Territorial de Referencia de la Región de Murcia.

Artículo 38 Actualización y gestión

1. El Sistema Territorial de Referencia se actualizará permanentemente como consecuencia de la aprobación de nuevos instrumentos de ordenación territorial y urbanísticos o de los planes y actuaciones con incidencia en el territorio. Asimismo, a través del geoportal del Sistema de Información Territorial, integrará toda la información territorial, producida por cualquier Administración pública en el ámbito de la Región de Murcia, de acuerdo con los criterios de homogeneidad e interoperabilidad oficialmente establecidos.

2. Los instrumentos de ordenación del territorio, de ordenación del litoral y los de planeamiento se incorporarán al Sistema Territorial de Referencia de acuerdo a lo determinado en sus procedimientos de aprobación. El resto de información se incorporará mediante resolución del director general competente en materia de ordenación del territorio.

Artículo 39 Deber de información y difusión

1. Los distintos departamentos de las Administraciones y organismos públicos con proyección territorial deberán facilitar al órgano gestor del Sistema Territorial de Referencia la información disponible, preferentemente mediante conexión telemática, que se solicite para su inclusión en el mismo, en el plazo de dos meses desde dicha petición.

2. Los ayuntamientos colaborarán con la Administración regional remitiendo en soporte digital los instrumentos de planeamiento a la dirección general competente en materia de urbanismo, para su validación e incorporación al Sistema Territorial de Referencia. Sin perjuicio de que aquellos ayuntamientos que dispongan de servicios de mapa interoperables proporcionen a través de ellos el acceso a dicha documentación.

3. El órgano gestor dará la máxima difusión del Sistema Territorial de Referencia, poniéndolo a disposición de los distintos departamentos regionales, de las distintas Administraciones públicas, así como del público en general, a través del geoportal del Sistema de Información Territorial.

Artículo 40 Elaboración, registro y difusión de la cartografía regional

1. La consejería competente en materia de ordenación del territorio elaborará la cartografía oficial de la Región de Murcia, establecerá el Registro Regional de Cartografía, densificará la Red Geodésica Nacional y la Red Geodésica Activa de la Región de Murcia, así como desarrollará un Plan Cartográfico Regional y los Programas de Producción Cartográfica que procedan.

2. Tanto la densificación de la Red Geodésica Nacional como la de la Red de Geodesia Activa podrán llevarse a cabo mediante la expropiación de los bienes y derechos afectados.

3. Para la elaboración de los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico, los distintos departamentos de la Administración regional y los ayuntamientos estarán obligados a utilizar la cartografía oficial disponible. A tal efecto, la consejería competente en materia de ordenación del territorio facilitará gratuitamente a dichos organismos la cartografía oficial disponible en formato digital.

4. La consejería competente en materia de ordenación del territorio dará la máxima difusión de la Cartografía Oficial de la Región de Murcia, poniéndola a disposición de los distintos departamentos regionales, de la Administración central y de los ayuntamientos, así como del público en general, potenciando su difusión a través de tecnologías digitales. A tal efecto, se incorporará al Sistema Territorial de Referencia.

5. La Información Geográfica de Referencia de la Región de Murcia estará integrada por sus redes geodésicas y de nivelación, la toponimia oficial recogida en el Nomenclátor Geográfico de la Región de Murcia, las delimitaciones territoriales de su competencia, la situación geográfica de las entidades locales contenidas en el Registro de Entidades Locales, los datos altimétricos producidos, las instalaciones y redes e infraestructuras del transporte de competencia regional, la hidrografía y la descripción de la superficie territorial y de la zona marítima próxima de la Región de Murcia.

6. La Información Geográfica de Referencia y los datos temáticos fundamentales, al menos, estarán accesibles a través de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Región de Murcia, así como a través del geoportal IDEE de acceso a la Infraestructura Nacional de Información Geográfica. A tal efecto, la Infraestructura de Datos Espaciales de la Región de Murcia se integra como nodo regional en la Infraestructura Nacional de Información Geográfica, a los efectos de compartir mediante procedimientos estandarizados e interoperables la información geográfica disponible.

7. Los aspectos comprendidos en los apartados anteriores podrán ser objeto de desarrollo reglamentario, de la misma forma se regulará el procedimiento para la obtención de los productos cartográficos.

Artículo 41 Registro Regional de Cartografía

1. El Registro Regional de Cartografía es el órgano administrativo adscrito a la consejería competente en materia de ordenación del territorio, que garantiza la fiabilidad e interoperabilidad de los datos geográficos oficiales de la Región de Murcia. Tiene carácter público y su información estará disponible a través del geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Región de Murcia.

2. La cartografía oficial de la Región de Murcia, ya sea básica, tanto topográfica como náutica, o derivada, así como, en su caso, la cartografía temática producida en desarrollo del Plan Cartográfico Regional y Programas de Producción Cartográfica, en su caso, que cumpla las condiciones establecidas en las normas que regulan el sistema cartográfico nacional, se inscribirá en el Registro Regional de Cartografía, el cual se conectará telemáticamente con el Registro Central de Cartografía, y sus metadatos estarán disponibles a través del catálogo del geoportal de la Infraestructura Nacional de Información Geográfica. La inscripción en el Registro Regional de Cartografía causará los mismos efectos jurídicos que la inscripción directa en el Registro Central de Cartografía.

3. Las delimitaciones territoriales establecidas oficialmente por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se inscribirán en el Registro Regional de Cartografía, remitiéndose telemáticamente al Registro Central de Cartografía. Del mismo modo, la toponimia oficial recogida en el Nomenclátor Geográfico de la Región de Murcia se incluirá de oficio en el Nomenclátor Geográfico Nacional.

4. Asimismo, podrán inscribirse los productos o servicios cartográficos realizados por personas físicas o jurídicas privadas para sus propios fines, siempre que satisfagan los criterios técnicos de homologación que determine el Consejo Superior Geográfico.

5. Los procedimientos de inscripción de cartografía y sus efectos serán los regulados en la normativa vigente.

Artículo 42 Plan Cartográfico Regional y Programas de Producción Cartográfica

1. El Plan Cartográfico Regional es el instrumento de planificación de la producción cartográfica oficial de la Región de Murcia. No podrá contener previsiones de nueva ejecución de cartografía que figure ya inscrita en los registros central y regional de cartografía, salvo las de revisión o actualización de la misma. Su formulación se realizará en coordinación con el Plan Nacional de Cartografía, a través de la representación que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ostenta en el Consejo Superior Geográfico.

2. La elaboración del Plan Cartográfico Regional corresponde a la consejería competente en materia de ordenación del territorio y su aprobación al Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Superior Geográfico, oído el Consejo Asesor de Política Territorial.

LE0000672273_20200801Número 2 del artículo 42 redactado por el apartado cinco del artículo 4 de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 31 julio).Vigencia: 1 agosto 2020

3. El Plan Cartográfico Regional tendrá una vigencia cuatrienal, aunque podrá ser revisado cuando las circunstancias lo aconsejen.

4. El Plan Cartográfico Regional podrá desarrollarse mediante Programas de Producción Cartográfica anuales, que establecerán para cada período las prioridades de actuación en materia de producción cartográfica, dentro de las disponibilidades presupuestarias.

5. Tanto el Plan Cartográfico Regional como los Programas de Producción Cartográfica, en su caso, se formularán aprobarán y ejecutarán de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente a tal efecto.

Artículo 43 Definición

1. El Estudio de Impacto Territorial es un documento técnico complementario de los instrumentos de ordenación territorial y de los de planeamiento para los que así se prevea en esta ley.

2. El Estudio de Impacto Territorial comprenderá los estudios y análisis para predecir, valorar y corregir el posible impacto sobre la estructura territorial y los impactos sectoriales sobre:

• a) La población y su situación socioeconómica.
• b) El medio ambiente y los recursos naturales.
• c) El sistema de núcleos de población y localización de actividades económicas.
• d) Las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios.
• e) El patrimonio cultural.

3. El Estudio de Impacto Territorial, cuando sea exigible, debe formularse coordinadamente con el instrumento a que se refiera e integrado en el mismo

Artículo 44 Contenido

El Estudio de Impacto Territorial contendrá, en función de su objeto y con el alcance necesario, los siguientes extremos:

• a) Análisis del medio físico y natural, socioeconómico, patrimonio histórico, sistema urbano y de infraestructuras y dotaciones, e identificación y diagnóstico de las acciones más conflictivas con dichos elementos del territorio.
• b) Impacto sobre el medio físico, el patrimonio histórico y el paisaje, y el conjunto de bienes o servicios susceptibles de satisfacer las necesidades de la población organizada en núcleos, ya sea urbanos o en medio rural.
• c) Análisis de sus repercusiones en relación con los instrumentos de ordenación del territorio o, en su defecto, con la información y criterios del Sistema Territorial de Referencia.
• d) Criterios y objetivos para la correcta implantación territorial.

Artículo 45 Objeto

1. Los estudios de paisaje, en coherencia con lo establecido en el Convenio Europeo del Paisaje, tendrán por objeto el análisis y la evaluación del impacto que sobre el paisaje podría tener una actuación, actividad o uso concreto sobre el territorio, y las medidas a adoptar para su correcta integración, y deberán realizarse en aquellos supuestos que así se prevean expresamente en la normativa de los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticos.

2. Dichos estudios formarán parte inseparable del proyecto o instrumento que corresponda.

Artículo 46 Contenido

Los estudios de paisaje deberán realizarse por técnico competente y ajustarse, en función de su objeto, al siguiente contenido:

• a) Definición y descripción del entorno paisajístico afectado. Análisis de la visibilidad y de los principales elementos constituyentes del paisaje tales como relieve, vegetación, infraestructuras y asentamientos residenciales y productivos. Evaluación de su calidad y fragilidad.
• b) Análisis del carácter del lugar o identidad del paisaje, atendiendo a posibles valores específicos de todo tipo, naturales, culturales, sociales y económicos.
• c) Características relevantes de la actuación por su incidencia en el paisaje tales como morfología, color, textura, contraste o integración con el entorno.
• d) Análisis de los efectos, tanto positivos como negativos, que la actuación va a tener sobre el paisaje. Impactos potenciales, análisis de alternativas, justificación paisajística de la solución adoptada.
• e) Adopción de medidas correctoras, en su caso. Definición, concreción y coherencia paisajística de las mismas.

Artículo 47 Documentación

El contenido de los estudios de paisaje será fundamentalmente gráfico. Su documentación será la necesaria para permitir evaluar con la suficiente precisión la incidencia que sobre el paisaje tendrá la actuación propuesta, incluyendo:

• a) Plano de situación y emplazamiento. La cartografía digital utilizada será la cartografía Básica Regional realizada con una precisión mínima equivalente a la escala 1:5.000.
• b) Expresión gráfica de los puntos desde los cuales se percibe el paisaje y representación fotográfica del mismo desde dichos puntos.
• c) Presentación planimétrica y a escala de la actuación y, en su caso, de las medidas correctoras propuestas.
• d) Memoria descriptiva y justificativa de los criterios de integración de la actuación de que se trate en el paisaje, utilizando la información relativa a la calidad y fragilidad de las unidades de paisaje contenidas en el Sistema Territorial de Referencia.

Artículo 48 Concepto y ámbito de aplicación

1. La ordenación del litoral se refiere específicamente a la parte terrestre del Dominio Público Marítimo-Terrestre y sus zonas contiguas, así como la regulación de su régimen de usos y de las obras de utilidad pública que se deriven de los mismos, con la finalidad de proporcionar una respuesta integrada para la planificación y gestión del litoral, desarrollándose de forma coordinada con la planificación espacial marítima y los instrumentos de ordenación territorial.

2. El ámbito de aplicación a que se refiere dicha ordenación del litoral está configurado por la zona costera de los municipios litorales de la Región de Murcia.

Artículo 49 Instrumentos

Se establecen como instrumentos de ordenación del litoral los Planes de Ordenación de Playas.

Artículo 50 Ejecutividad y efectos

1. Los instrumentos de ordenación del litoral vincularán a todas las Administraciones públicas y a los particulares, en los términos establecidos en los mismos, prevaleciendo siempre sobre las determinaciones del instrumento de rango inferior y sobre los planes urbanísticos municipales que, en caso de contradicción, deberán adaptarse en plazo y contenido a lo dispuesto en aquellos.

2. La Administración regional adoptará las medidas necesarias para la publicidad telemática del anuncio de información pública u otros trámites cualificados del procedimiento y del contenido de los instrumentos de ordenación del litoral, mediante su publicación en el geoportal del Sistema Territorial de Referencia.

Artículo 51 Fines y objetivos

Los Planes de Ordenación de Playas tienen por finalidad la ordenación de las mismas en orden a su homogeneización, compatibilización de usos, mejora de infraestructuras, establecimiento de paseos y sendas marítimas, accesos, aparcamientos y puntos de entrada y salida de embarcaciones.

Artículo 52 Contenido y documentación

1. Los Planes de Ordenación de Playas contendrán, como mínimo, las siguientes determinaciones:

• - Delimitación del área de ordenación.
• - Zonificación de la playa.
• - Asignación pormenorizada de usos.
• - Señalamiento de reservas para dotaciones y servicios capaces de garantizar la higiene, seguridad, salvamento y asistencia sanitaria para los usuarios de la playa respectiva, así como equipamientos públicos de libre uso.
• - Emplazamientos necesarios reservados para instalaciones y servicios suficientes que permitan garantizar la confortabilidad de los usuarios de la playa, como equipamientos de tipo asistencial y social, científico y cultural, hostelero, escuelas de vela y otros de esa naturaleza permitidos en las distintas zonas del área de ordenación.
• - Determinación del trazado y características de la red de paseos, sendas y accesos a la playa, peatonales y rodados, y de las reservas de terrenos para aparcamientos públicos.
• - Trazados y principales características de las redes de infraestructura y sus conexiones a las redes que prestan su servicio a las playas.
• - Ordenación de las zonas de baños para su balizamiento provisional y permanente, así como zonas reservadas para el lanzamiento y varada de embarcaciones.

2. Los Planes de Ordenación de Playas contendrán la documentación necesaria para definir su contenido, que se concretará en los siguientes documentos:

• a) Memoria.
• b) Planos de información y de ordenación.
• c) Normas y ordenanzas reguladoras.

Artículo 53 Elaboración y competencia

1. La elaboración de los Planes de Ordenación de Playa podrá corresponder al ayuntamiento donde se ubique la playa a ordenar, siempre que la consejería lo autorice o a la consejería competente en materia de ordenación del litoral. En los Planes de Ordenación de Playa que afecten a más de un municipio, la competencia corresponderá a la consejería.

LE0000672273_20200801Número 1 del artículo 53 redactado por el apartado seis del artículo 4 de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 31 julio).Vigencia: 1 agosto 2020

2. La aprobación inicial corresponde al director general competente en materia de litoral.

3. La aprobación definitiva corresponde al consejero competente en la materia.

Artículo 54 Competencia y procedimiento

1. Corresponde al director general competente en materia de ordenación del litoral autorizar los usos e instalaciones en la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, conforme a lo dispuesto en la legislación de costas.

2. Asimismo, corresponde al director general competente emitir informe en los procedimientos de deslinde, concesiones y demás supuestos previstos en la legislación de costas que atañan a la ordenación del litoral, así como recabar de otras consejerías competentes en materias concurrentes y a los ayuntamientos afectados la información precisa para el ejercicio de esta función.

3. El procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de usos en Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre se establecerá por orden del consejero competente en la materia atendiendo al principio de máxima eficacia y celeridad.

Artículo 55 Régimen de infracciones y sanciones

1. El régimen de infracciones y sanciones será el previsto en la legislación de costas.

2. El procedimiento para sancionar las infracciones en zona de servidumbre de protección se iniciará de oficio, por acuerdo de la consejería competente en materia de ordenación del litoral, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. El procedimiento sancionador, respetando la legalidad vigente, se ajustará a lo previsto en dicha legislación, estableciéndose mediante orden del consejero competente en la materia la acomodación de dicho procedimiento al régimen organizativo de la Comunidad Autónoma.

3. La imposición de sanciones, a consecuencia de los procedimientos que se tramiten, corresponderá a los siguientes órganos:

• a) Al director general competente por razón de la materia, hasta 300.000 euros.
• b) Al consejero competente por razón de la materia, hasta 1.200.000 euros.
• c) Al Consejo de Gobierno, las sanciones que sobrepasen 1.200.000 euros.

Artículo 56 Elaboración de los proyectos

Para que el órgano competente en materia de ordenación del litoral resuelva sobre la ocupación o utilización de terrenos para la realización de obras de utilidad pública, se formulará el correspondiente proyecto básico o de ejecución, en el que se fijarán las características de las instalaciones y obras, la extensión de las zonas a ocupar o utilizar y las demás especificaciones que se determinen reglamentariamente.

Artículo 57 Tramitación de los proyectos

1. Para la tramitación de proyectos, se establece un trámite de información pública por plazo de un mes y audiencia, por idéntico plazo, a las consejerías, organismos y demás Administraciones públicas que se determinen. Si, como consecuencia de las alegaciones formuladas en dicho trámite, se introdujeran modificaciones sustanciales en el proyecto, se abrirá un nuevo período de información pública.

2. Cuando se trate de llevar a cabo proyectos y obras no incluidos en el planeamiento urbanístico vigente de los núcleos de población a los que afecten, la consejería competente en materia de ordenación del litoral deberá remitir el proyecto correspondiente a las corporaciones locales afectadas, al objeto de que durante el plazo de un mes examinen si dicha documentación es adecuada para el interés general y para los intereses de las localidades a que afecta el mismo. Transcurrido dicho plazo y un mes más sin que dichas corporaciones informen al respecto, se entenderá que están conformes con la propuesta formulada.

3. En caso de disconformidad, que necesariamente habrá de ser motivada, el expediente será elevado al Consejo de Gobierno, que decidirá si procede ejecutar el proyecto y, en este caso, ordenará la modificación o revisión del planeamiento urbanístico afectado, que deberá acomodarse a las determinaciones del proyecto en el plazo de un año desde su aprobación.

Artículo 58 Aprobación de los proyectos

1. La aprobación de los citados proyectos implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes a los fines de expropiación y de ocupación temporal.

2. La declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.

Artículo 59 Concepto

Las estrategias territoriales tienen por objeto la gestión integral del territorio desde una perspectiva amplia y global que tome en cuenta la interdependencia y diversidad de los sistemas territoriales y naturales, las actividades humanas y la percepción del entorno, estableciendo políticas de protección, regulación y gestión, mediante procesos participativos y de coordinación de todos los agentes sociales e institucionales para lograr sus objetivos específicos.

Artículo 60 Objeto

Sin perjuicio de que puedan establecerse cualquier otra estrategia, se definen las siguientes estrategias territoriales:

• a) Estrategia del Paisaje
• b) Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras

Artículo 61 Ejecutividad y efectos

1. Las estrategias territoriales comprometerán a todas las administraciones públicas y a los particulares, en los términos establecidos en los mismos, prevaleciendo sobre los planes urbanísticos municipales que, en caso de contradicción, deberán adaptarse en plazo y contenido a lo dispuesto en aquellos.

2. La Administración regional adoptará las medidas necesarias para la publicidad telemática del anuncio de información pública u otros trámites cualificados del procedimiento y del contenido de las estrategias, mediante su publicación en el geoportal del Sistema Territorial de Referencia.

Artículo 62 Objetivo

La agenda del paisaje de la Región de Murcia tiene como objetivo reconocer el paisaje como expresión de la diversidad del patrimonio común cultural, residencial, industrial y natural, aplicar políticas de protección, gestión y ordenación de paisaje, establecer procedimientos de participación pública, e integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística.

LE0000697231_20210529Artículo 62 redactado por el número cuatro del artículo 5 del Decreto-Ley 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2021

Artículo 63 Instrumentos

Se establecen los siguientes instrumentos para el desarrollo de la agenda del paisaje de la Región de Murcia:

• 1. Catálogos de paisaje
• 2. Estrategias regionales, geográficas o sectoriales del paisaje

LE0000697231_20210529Artículo 63 redactado por el número cinco del artículo 5 del Decreto-Ley 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2021

Artículo 64 Catálogos de paisaje

1. Los catálogos de paisaje se constituyen como los documentos de referencia tanto para la elaboración de Estrategias de Paisaje como para la redacción de Estudios de Paisaje. Delimitarán e identificarán los paisajes por sus características y valores diferenciales.

2. Los catálogos de paisaje incluirán:

• a) La identificación de los diferentes paisajes existentes delimitados mediante Unidades Homogéneas de Paisaje.
• b) La caracterización de cada una de las Unidades Homogéneas de Paisaje en base a sus cualidades intrínsecas, visuales y/o sensoriales.
• c) El análisis de las dinámicas actuales del paisaje.
• d) La valoración de su calidad y fragilidad.
• e) Los objetivos de calidad paisajística, cuya consecución se procurará mediante la elaboración de Estrategias de Paisaje, y serán tomados en consideración en la elaboración de los Estudios de Paisaje.
• f) Los Indicadores de seguimiento.

3. Por su especial calidad, fragilidad o dinámica, los catálogos del paisaje podrán identificar determinadas zonas geográficas como «Paisajes de Interés Regional». El seguimiento de la evolución de las distintas áreas permitiría la adhesión futura de nuevos paisajes.

4. Corresponde a la consejería competente en materia de ordenación del territorio la elaboración de los catálogos del paisaje. Una vez finalizado el proceso de elaboración, el consejero competente en materia de ordenación del territorio, a propuesta del director general competente en materia de ordenación del territorio, podrá ordenar su publicación, estableciendo un trámite de información pública de dos meses de duración como mínimo.

5. A la vista del resultado de la información pública, el consejero competente en materia de ordenación del territorio a propuesta del director general competente en materia de ordenación del territorio, aprobará el catalogo del paisaje en su redacción definitiva.

LE0000697231_20210529Artículo 64 redactado por el número seis del artículo 5 del Decreto-Ley 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2021

Artículo 65 Estrategias de Paisaje

Las estrategias de paisaje son los instrumentos que definirán las medidas y acciones necesarias, así como su implementación, para la consecución de los objetivos de calidad paisajística, definidos en un catálogo elaborado previamente o que emanen de la propia estrategia.

El ámbito de las Estrategias de Paisaje podrá ser tanto territorial como sectorial.

1. Las estrategias de paisaje incluirán:

• a) Justificación de su ámbito de aplicación.
• b) Memoria justificativa que incluya la caracterización del ámbito geográfico o sectorial; identificación, análisis y diagnóstico del paisaje, objetivos de calidad paisajística e indicadores de seguimiento, que deberán ser integrados en el Sistema Territorial de Referencia.
• c) Protocolos para la adecuada coordinación administrativa entre todas las autoridades públicas, que regule la redacción, implantación y seguimiento de la estrategia.
• d) Programa de medidas, con la adecuada coordinación interadministrativa, tanto en la gestión como en la evaluación y tramitación de los planes, proyectos o programas.
• e) Programa de financiación. Cuando las estrategias contengan medidas constituidas por actuaciones concretas y cuantificables, se incluirá programa de financiación que contendrá la valoración económica de las medidas propuestas.
• f) Normas y recomendaciones para la definición de los planes urbanísticos y sectoriales encaminadas a integrar en ellos los objetivos de calidad paisajística definidos.

2. La elaboración de las Estrategias de Paisaje corresponde a la consejería competente en materia de ordenación del territorio, en coordinación con los restantes departamentos de la Administración Regional y de otras Administraciones públicas interesadas.

3. La aprobación inicial y definitiva corresponde en todo caso al consejero competente en materia de ordenación del territorio a propuesta del director general competente en la materia. Con carácter previo a la aprobación definitiva informará el Consejo Asesor de Política Territorial.

LE0000697231_20210529Artículo 65 redactado por el número siete del artículo 5 del Decreto-Ley 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2021

Artículo 66 Fines y objetivos

La gestión integrada de las zonas costeras se llevará a cabo sobre la base de:

• a) Una perspectiva amplia y global, que tome en cuenta la interdependencia y disparidad de los sistemas naturales y las actividades humanas que tengan incidencias en las zonas costeras, y a largo plazo que tenga en cuenta el principio de cautela y las necesidades de las generaciones actuales y futuras.
• b) Una gestión modulada en un proceso gradual que facilite las adaptaciones según surjan problemas y evolucionen los conocimientos.
• c) Las características locales y la gran diversidad de las zonas costeras.
• d) Un trabajo en sintonía con los procesos naturales y que respete la capacidad de carga de los ecosistemas.
• e) La participación de todas las partes interesadas.
• f) El apoyo y la participación de todas las instancias administrativas competentes.
• g) El recurso a una combinación de instrumentos destinados a facilitar la coherencia entre los objetivos de la política sectorial y entre la ordenación y la gestión.

Artículo 67 Contenido y documentación

1. La Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras, que podrá desarrollarse como estrategias parciales, contendrán, como mínimo, las siguientes determinaciones:

• a) Ámbito de aplicación geográfica.
• b) Inventario de legislaciones aplicables, planes y programas aprobados y en tramitación, agentes e instituciones implicadas.
• c) Identificación y análisis de temas clave, problemas y riesgos, deficiencias en el marco normativo e institucional.
• d) Definición de planes, proyectos y programas que permitan solventar los problemas y riesgos detectados, indicadores de seguimiento y organismos responsables de su mantenimiento.
• e) Propuesta de modificación o adaptación de instrumentos legales que establezcan entidades o cuadros de mando y procedimientos que permitan la tramitación de los planes, proyectos y programas y el seguimiento de los mismos.
• f) Determinación de los sistemas de financiación.

2. Las Estrategias de Gestión Integrada de Zonas Costeras contendrán la documentación necesaria para definir su contenido, que se concretará en los siguientes documentos:

• a) Memoria justificativa que incluya la caracterización del ámbito geográfico; identificación y análisis de temas clave e indicadores de seguimiento, que deberán ser integrados en el Sistema Territorial de Referencia.
• b) Protocolos o convenios para la adecuada coordinación administrativa entre todas las autoridades públicas a escala nacional, regional y local, que regule la redacción, implantación y seguimiento de la estrategia.
• c) Programa de medidas, con la adecuada coordinación interadministrativa, tanto en la gestión como en la evaluación y tramitación de los planes, proyectos o programas.
• d) Programa de financiación, que contendrá la valoración económica de las medidas propuestas, fuentes de financiación y planificación temporal.

Artículo 68 Elaboración y competencia

La elaboración de las Estrategias de Gestión Integrada de Zonas Costeras corresponde a la consejería en la que radiquen las competencias de la materia de ordenación del litoral, en coordinación con la consejería competente en materia de ordenación del territorio y con los restantes departamentos de la Administración regional y con otras Administraciones públicas interesadas.

La aprobación inicial corresponde al consejero competente en materia de ordenación del territorio.

La aprobación definitiva corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en ordenación del territorio, oído el Consejo Asesor de Política Territorial

LE0000672273_20200801Artículo 68 redactado por el apartado ocho del artículo 4 de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 31 julio).Vigencia: 1 agosto 2020

Artículo 69 Disposiciones generales

1. Los instrumentos de ordenación territorial, los planes de ordenación de playas y las estrategias territoriales se tramitarán y aprobarán de acuerdo con las disposiciones previstas en este título y en la legislación ambiental vigente.

LE0000697231_20210529Número 1 del artículo 69 redactado por el número ocho del artículo 5 del Decreto-Ley 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2021

2. ...

LE0000697231_20210529Número 2 del artículo 69 suprimido por el número nueve del artículo 5 del Decreto-Ley 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2021

3. ...

LE0000697231_20210529Número 3 del artículo 69 suprimido por el número nueve del artículo 5 del Decreto-Ley 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2021

4. La información pública de los instrumentos se realizará mediante la publicación de los anuncios en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la sede electrónica del órgano que la haya acordado. Dicho anuncio deberá contener una dirección electrónica en la que se pueda consultar el contenido íntegro del plan.

El contenido íntegro del instrumento se publicará para su consulta en el geoportal del Sistema Territorial de Referencia de la Región de Murcia.

5. El órgano competente para acordar la aprobación provisional será el mismo que el competente para la aprobación inicial.

Artículo 70 Tramitación de los instrumentos

1. Cuando los trabajos de elaboración hayan adquirido el suficiente grado de desarrollo que permita formular un avance con los criterios, objetivos y soluciones generales, la dirección general competente en materia de ordenación del territorio lo someterá a información pública durante un mes para la presentación de alternativas y sugerencias.

Junto con el avance se formulará y expondrá al público la documentación necesaria para iniciar el trámite ambiental.

Simultáneamente, se realizará el trámite de consultas previsto en la legislación ambiental y se solicitarán los informes que, de acuerdo con lo establecido en la legislación, procedan.

A la vista del resultado de las consultas e informes que procedan, la dirección general competente en materia de ordenación del territorio dispondrá lo conveniente para la elaboración del plan.

2. Terminada la fase de elaboración del instrumento, el consejero competente en materia de ordenación del territorio, a propuesta del director general competente en materia de ordenación del territorio, podrá acordar la aprobación inicial que contendrá el estudio ambiental estratégico así como el resto de instrumentos complementarios precisos. La anterior documentación se someterá a un trámite de información pública de dos meses de duración como mínimo.

Simultáneamente se someterá al trámite de consultas previsto en la legislación ambiental, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales y los que se juzguen necesarios, así como a la dirección general competente en materia de urbanismo, otorgando un trámite de audiencia a los ayuntamientos afectados.

Los informes y las consultas habrán de evacuarse en el plazo de dos meses, cuando no esté fijado un plazo expreso mayor en la legislación sectorial de aplicación.

LE0000672273_20200801Número 2 del artículo 70 redactado por el apartado nueve del artículo 4 de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 31 julio).Vigencia: 1 agosto 2020

3. A la vista del resultado de la información pública y de las consultas y previo informe de las alegaciones presentadas y de los informes emitidos, el consejero competente en materia de ordenación del territorio, previo informe del Consejo Asesor de Política Territorial y a propuesta del director general competente en materia de ordenación del territorio, lo aprobará provisionalmente con las modificaciones que procedieren, que podrán afectar también al estudio ambiental estratégico.

4. El instrumento aprobado provisionalmente y el estudio ambiental estratégico se remitirán al órgano ambiental para la formulación de la declaración ambiental estratégica.

5. Las modificaciones realizadas en el documento aprobado provisionalmente serán sometidas a un nuevo trámite de información pública si dichas modificaciones significaran un cambio sustancial respecto al instrumento aprobado inicialmente.

A estos efectos, se entenderá por cambio sustancial la alteración del modelo de desarrollo urbano y territorial, pero no las alteraciones puntuales de los elementos integrantes del mismo.

6. El consejero competente podrá someter de forma parcial a nueva información pública las modificaciones introducidas en el acuerdo de aprobación provisional en las áreas que se delimiten.

7. Cumplidos estos trámites, el Consejo de Gobierno, mediante decreto y a propuesta del consejero competente en materia de ordenación del territorio, resolverá definitivamente sobre el instrumento.

8.- No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los instrumentos de ordenación territorial y estrategias territoriales, que conforme a esta ley y a la ley ambiental, estén sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, el trámite de información pública será de un mes y no será preciso llevar a cabo las consultas a la aprobación inicial.

A la vista del resultado de la información pública y de las consultas efectuadas, previo informe de las alegaciones presentadas, y previo informe del Consejo Asesor de Política Territorial, el consejero competente en materia de ordenación del territorio, a propuesta del Director General competente en materia de ordenación del territorio, podrá acordar la aprobación definitiva, siempre y cuando las modificaciones realizadas al documento inicial no supongan cambios sustanciales.

En el caso de que las modificaciones fueran sustanciales, será necesaria la aprobación provisional del documento y su sometimiento a nuevo trámite de información pública, continuándose el procedimiento conforme a los apartados anteriores.

LE0000697231_20210529Número 8 del artículo 70 introducido por el número diez del artículo 5 del Decreto-Ley 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2021

Artículo 71 Planes de ordenación de playas y modificaciones de los instrumentos

1. Los planes de ordenación de playas y las modificaciones de los instrumentos previstos en este título se sujetarán al mismo procedimiento y documentación enunciados anteriormente para la tramitación del instrumento.

La aprobación inicial de la modificación de un instrumento de ordenación territorial podrá implicar, caso de que así se acuerde, la suspensión en la vigencia del instrumento modificado en aquellos aspectos que entren en contradicción con el mismo. Dicha suspensión podrá llevarse a cabo una vez realizada la citada aprobación inicial mediante orden del consejero competente en Ordenación Territorio. La duración de dicha suspensión deberá acordarse de manera expresa teniendo una duración máxima de un año, prorrogable por otro año adicional.

LE0000631289_20250608Número 1 del artículo 71 redactado por el número dos del artículo 22 de Ley [REGIÓN DE MURCIA] 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad («B.O.R.M.» 10 noviembre).Vigencia: 11 noviembre 2018

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los casos en que el trámite ambiental hubiera finalizado con el pronunciamiento de que el plan no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, la tramitación continuará cumpliendo las siguientes reglas:

• a) La aprobación inicial se someterá a información pública de un mes y no será necesario llevar a cabo el trámite de consultas.
• b) No será necesaria la aprobación provisional.

Artículo 72 Publicación de la aprobación definitiva de los instrumentos

1. La aprobación definitiva de los instrumentos se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la sede electrónica del órgano que los haya aprobado.

2. El anuncio de aprobación definitiva deberá contener el siguiente contenido:

• a) La resolución que aprueba definitivamente el instrumento.
  LE0000631289_20250608Letra a) del número 2 del artículo 72 redactada por el número tres del artículo 22 de Ley [REGIÓN DE MURCIA] 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad («B.O.R.M.» 10 noviembre).Vigencia: 11 noviembre 2018
• b) Un extracto que incluya aspectos ambientales previstos en su legislación específica.
• c) La normativa del instrumento.
• d) Una dirección electrónica en la que se pondrá a disposición del público el contenido íntegro del plan.

Artículo 73 Vigencia

Los instrumentos de ordenación del territorio tendrán vigencia indefinida, salvo que expresamente se especifique un plazo o las circunstancias para su revisión.

Artículo 74 Función social de la propiedad

1. La regulación por esta ley del régimen urbanístico del suelo desarrolla el contenido básico del derecho de propiedad regulado por la legislación estatal, de acuerdo con su función social.

2. Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en las leyes o, en virtud de la misma, por el planeamiento, con arreglo a la clasificación y calificación urbanística de los predios.

Artículo 75 Utilización del suelo conforme a la ordenación urbanística

1. La utilización del suelo deberá producirse en la forma que establece esta ley y, por remisión a ella, el planeamiento, de conformidad con su clasificación y calificación urbanística.

2. Las nuevas construcciones se ajustarán a la ordenación aprobada, sin perjuicio de la regulación que se establezca sobre las edificaciones construidas con anterioridad y los usos y obras provisionales reguladas en esta ley.

Artículo 76 Indemnización por la ordenación

La ordenación establecida en el planeamiento no confiere derechos indemnizatorios a los propietarios, salvo en los supuestos establecidos en la legislación estatal.

Artículo 77 Reparto equitativo de beneficios y cargas

Los titulares de suelo, bien sean propietarios o titulares de derechos, incluidos en cada actuación urbanística, tendrán derecho a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, en los términos previstos por la presente ley.

Artículo 78 Participación de la comunidad en las plusvalías

1. La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos se producirá en los términos fijados por esta ley, mediante la cesión al ayuntamiento del suelo, libre de cargas de urbanización, en que se localice el porcentaje de aprovechamiento que corresponda según lo dispuesto en esta ley o por su remisión en el planeamiento, para cada clase y categoría de suelo, con destino a patrimonio público de suelo

2. La cesión de suelo no destinado a vivienda de protección pública se podrá sustituir, por mutuo acuerdo, por su valor equivalente establecido en la legislación vigente, con destino a las finalidades propias del patrimonio público de suelo.

Artículo 79 Clases de suelo

1. El Plan General Municipal de Ordenación clasificará el territorio municipal en suelo urbano, no urbanizable y urbanizable.

2. Los terrenos destinados a sistemas generales podrán o no ser objeto de clasificación sin perjuicio de que se adscriban a las diferentes clases de suelo a efectos de su valoración y obtención. Tal adscripción no prejuzgará, en ningún caso, el régimen de usos que corresponda a los sistemas generales de espacios libres que se califiquen por sus valores naturales y paisajísticos, que serán los previstos por su legislación sectorial protectora o por el propio planeamiento.

LE0000631289_20250608Número 2 del artículo 79 redactado por el número cuatro del artículo 22 de Ley [REGIÓN DE MURCIA] 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad («B.O.R.M.» 10 noviembre).Vigencia: 11 noviembre 2018

Artículo 80 Suelo urbano

1. Constituirán el suelo urbano las áreas ya transformadas que el planeamiento urbanístico general clasifique como tal por:

• a) Disponer de acceso rodado y de los servicios de abastecimiento y evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios características adecuadas para servir a la edificación existente o prevista por el plan.
• b) Estar consolidadas por la edificación en cuantía superior a las dos terceras partes de la superficie apta para la misma, según la ordenación establecida por el plan.

2. También tendrán la consideración de suelo urbano los sectores o unidades de actuación completas que sean urbanizadas en ejecución del planeamiento, desde el momento de la terminación y recepción de las obras, conforme a lo establecido en la legislación estatal.

3. El propio planeamiento urbanístico general establecerá los requisitos mínimos que han de reunir los servicios urbanísticos que menciona el apartado 1.a) de este artículo para que puedan considerarse suficientes en relación con la ordenación prevista, así como la forma de computar el grado de consolidación a que se refiere el apartado 1.b) atendiendo especialmente a las particularidades de las categorías definidas en el artículo siguiente.

Artículo 81 Categorías del suelo urbano

1. Tendrán la consideración de suelo urbano consolidado los terrenos que, conforme a lo dispuesto en la legislación estatal, están en situación de suelo urbanizado.

2. Tendrán la consideración de suelo urbano sin consolidar los terrenos que el planeamiento delimite como unidad de actuación para su urbanización, mediante la ejecución de un proyecto de urbanización y la redistribución equitativa de beneficios y cargas.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en el suelo urbano consolidado podrán delimitarse unidades de actuación para llevar a cabo actuaciones de reforma o renovación de la urbanización y actuaciones de dotación, conforme a lo dispuesto en la legislación estatal.

4. Tendrán la consideración de suelo urbano de núcleo rural los terrenos, incluidos los de la huerta tradicional de la Región de Murcia, que, por existir agrupaciones de viviendas con viario e infraestructura común y relaciones propias de la vida comunitaria, constituyan un asentamiento de población tradicional reconocido oficialmente por un topónimo y especialmente vinculado a las actividades del sector primario.

5. Tendrán la consideración de suelo urbano especial los terrenos, incluidos los de la huerta tradicional de la Región de Murcia, que, careciendo de alguno de los requisitos del apartado anterior, constituyan un asentamiento con frente a camino público tradicional.

6. Tendrá asimismo la condición Suelo Urbano Especial las áreas ligadas al tráfico portuario consolidadas históricamente por la implantación de industrias energéticas, refinerías de petróleo, depósitos de carburantes y asimilables.

LE0000961084_20250608 Número 6 del artículo 81 introducido por el apartado uno del artículo 61 del D.-ley n.º 1/2025, de 5 de junio, de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia («B.O.R.M.» 7 junio).Vigencia: 8 junio 2025

Artículo 82 Solar

Tendrán la consideración de solares las superficies de suelo urbano aptas para la edificación que reúnan los siguientes requisitos:

• 1. Que tengan fijada por el planeamiento urbanístico su ordenación, alineaciones y rasantes respecto de la vía pública a que afronten y que estén urbanizados con arreglo a los requisitos que se establezcan por el planeamiento o, en su defecto, que, además de los señalados anteriormente para su consideración como urbanos, dispongan de pavimentación de calzadas, encintado de aceras, alumbrado público y otros servicios legalmente exigibles.
• 2. Si se trata de suelo urbano de núcleo rural o urbano especial, bastará que estén consolidados de hecho, conforme a lo que se establece en el artículo anterior, sin perjuicio de que el planeamiento pueda establecer requisitos específicos para dotarlos de servicios adecuados.

Artículo 83 Suelo no urbanizable

1. Constituirán el suelo no urbanizable los terrenos que el planeamiento general así clasifique en alguna de las siguientes categorías:

• a) Suelo no urbanizable de protección específica. Aquel que debe preservarse del proceso urbanizador, por estar sujeto a algún régimen específico de protección incompatible con su transformación urbanística, de conformidad con los instrumentos de ordenación territorial, de ordenación de recursos naturales y la legislación sectorial específica, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, para la prevención de riesgos naturales o tecnológicos acreditados, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
• b) Suelo no urbanizable protegido por el planeamiento. Justificado por sus valores de carácter agrícola, incluso las huertas tradicionales, forestal, ganadero, minero, paisajístico o por otras riquezas naturales, así como aquellos que se reserven para la implantación de infraestructuras o servicios públicos.
• c) Suelo no urbanizable inadecuado para su transformación urbanística. Justificado como tal por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales o por la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible del territorio, de acuerdo con el modelo de desarrollo urbano y territorial definido por el planeamiento.

  Se incluirán en esta categoría los terrenos que no resulten necesarios o idóneos para su transformación urbanística.

2. ...

LE0000631289_20250608Número 2 del artículo 83 derogado por el número cinco del artículo 22 de Ley [REGIÓN DE MURCIA] 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad («B.O.R.M.» 10 noviembre).Vigencia: 11 noviembre 2018

Artículo 84 Suelo urbanizable

1. Constituirán el suelo urbanizable los terrenos aptos para su transformación urbanística que sean precisos para atender las necesidades que lo justifiquen, a corto, medio o largo plazo.

2. En esta clase de suelo se podrá establecer la categoría de suelo urbanizable especial para aquellos terrenos específicos, incluidos los de la huerta tradicional de la Región de Murcia, con peculiares características de asentamientos existentes, con urbanización parcial y especial entorno ambiental, que tendrán el régimen legalmente previsto para su protección ambiental. Igualmente, podrán incluirse en esta categoría las actuaciones estratégicas regionales calificadas por los instrumentos de ordenación territorial vigentes.

LE0000961084_20250608 Número 2 del artículo 84 redactado por el apartado dos del artículo 61 del D.-ley n.º 1/2025, de 5 de junio, de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia («B.O.R.M.» 7 junio).Vigencia: 8 junio 2025

3. Tendrá la condición de suelo urbanizable sectorizado el que así se delimite para su urbanización, según el modelo y estrategia de desarrollo del planeamiento urbanístico, determinando su ejecución.

4. El resto de suelo urbanizable tendrá la condición de urbanizable sin sectorizar, si bien una vez aprobado el correspondiente instrumento de desarrollo, pasará a tener la condición de sectorizado.

Artículo 85 Derechos de los propietarios de suelo urbano

1. Los propietarios de suelo urbano tienen el derecho a completar la urbanización de los terrenos para que adquieran la condición de solar y a edificar estos en las condiciones establecidas en el planeamiento, así como, en su caso, a promover el planeamiento de desarrollo y los instrumentos de gestión y urbanización que resulten necesarios.

2. En la categoría de suelo urbano consolidado, los propietarios tienen adquirido el derecho a la totalidad del aprovechamiento establecido por el planeamiento.

El apartado 2.º de la Res. de 11 de enero de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia («B.O.E.» 29 enero), establece que en relación con el artículo 85 en conexión con el artículo 86, ambas partes entienden que la recta interpretación de ambos preceptos requiere considerar que no permiten entender posible exigir cesiones obligatorias en las actuaciones de dotación que se delimiten en suelo urbano consolidado, cuando el planeamiento no prevea simultáneamente un incremento del aprovechamiento preexistente de acuerdo con el planeamiento en vigor. LE0000567743_20160130

Artículo 86 Deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado

1. Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado deberán completar a su costa la urbanización necesaria para alcanzar la condición de solar y edificarlos de conformidad con las determinaciones y, en su caso, plazos establecidos en el planeamiento.

2. Cuando se trate de terrenos que se incluyan en unidades de actuación para llevar a cabo operaciones necesarias de reforma o renovación de la urbanización, sus propietarios estarán sujetos a la cesión de viales y dotaciones públicas previstas en el planeamiento. Si este conllevara incremento de aprovechamiento, que no se justifique necesario para garantizar su viabilidad, se cederá además el suelo necesario para localizar el diez por ciento del incremento del aprovechamiento del ámbito o su valor equivalente.

3. En actuaciones de dotación que no requieren reforma o renovación de su urbanización, aunque puedan conllevar ciertas obras complementarias, será obligatoria la cesión de suelo para localizar el diez por ciento del incremento del aprovechamiento del ámbito o su valor equivalente.

El apartado 2.º de la Res. de 11 de enero de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia («B.O.E.» 29 enero), establece que en relación con el artículo 85 en conexión con el artículo 86, ambas partes entienden que la recta interpretación de ambos preceptos requiere considerar que no permiten entender posible exigir cesiones obligatorias en las actuaciones de dotación que se delimiten en suelo urbano consolidado, cuando el planeamiento no prevea simultáneamente un incremento del aprovechamiento preexistente de acuerdo con el planeamiento en vigor. LE0000567743_20160130

Artículo 87 Deberes de los propietarios de suelo urbano sin consolidar

Los propietarios de suelo urbano sin consolidar incluidos en cada unidad de actuación deberán, conforme a lo dispuesto en la legislación estatal:

• a) Proceder a la efectiva equidistribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento, debiendo promover, en caso de iniciativa privada, los instrumentos de planeamiento, gestión y urbanización en los plazos previstos por el Plan y el Programa de Actuación y costearlos en la proporción que les corresponda.
• b) Obtener y ceder gratuitamente los terrenos destinados a sistemas generales vinculados a la unidad de actuación.
• c) Ceder gratuitamente al ayuntamiento el suelo destinado a viales, espacios libres, zonas verdes y equipamientos públicos de carácter local o establecidos por el planeamiento.
• d) Ceder los terrenos en que se localice el 10 por ciento del aprovechamiento de la unidad de actuación. Este porcentaje podrá ser del veinte por ciento si se destina íntegramente al cumplimiento de la reserva de vivienda de protección pública.

  Para ambos supuestos, la cesión podrá reducirse a la mitad en aquellos casos en que el planeamiento general así lo prevea y siempre que se justifique por ser necesario para la viabilidad de la actuación.

  El apartado 3.º de la Res. de 11 de enero de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia («B.O.E.» 29 enero), establece que respecto de los artículos 87.d) e i) y 98.c) e i), ambas partes entienden que la recta interpretación de ambos preceptos requiere considerar que el término «podrá» utilizado en tales preceptos implica que es necesario mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el promotor, teniendo en cuenta además, que el acuerdo entre ambas partes está sometido a los siguientes límites: a) Dicho acuerdo debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 6.3 del TRLS 2008, por lo que todos los propietarios incluidos en el ámbito deberán estar de acuerdo y no solo el promotor de la actuación. b) El acuerdo no podrá alterar el principio de cohesión social previsto en el artículo 10.1,b) del TRLS 2008, y que exige un reparto proporcionado de esta clase de viviendas entre los diferentes sectores. LE0000567743_20160130
• e) Costear, conforme a lo establecido en esta ley y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización de la unidad de actuación, y las infraestructuras de conexión con los sistemas generales y obras de ampliación o refuerzo requeridas por su dimensión y características, de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca el planeamiento general, o, en su caso, la cédula de urbanización o el Programa de Actuación.
• f) Solicitar la licencia de edificación y edificar los solares cuando el plan así lo establezca, en los plazos que se fijen en este y en la preceptiva licencia municipal.
• g) Garantizar los derechos de realojo y retorno de los ocupantes legales de viviendas que constituyan su residencia habitual.
• h) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras o instalaciones que no puedan conservarse.
• i) Establecer la reserva de suelo necesario para realizar el porcentaje correspondiente de aprovechamiento residencial de la unidad de actuación, con destino a vivienda de protección pública, que en su caso establezca el planeamiento y como mínimo la reserva legal obligatoria, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de esta ley.El apartado 3.º de la Res. de 11 de enero de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia («B.O.E.» 29 enero), establece que respecto de los artículos 87.d) e i) y 98.c) e i), ambas partes entienden que la recta interpretación de ambos preceptos requiere considerar que el término «podrá» utilizado en tales preceptos implica que es necesario mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el promotor, teniendo en cuenta además, que el acuerdo entre ambas partes está sometido a los siguientes límites: a) Dicho acuerdo debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 6.3 del TRLS 2008, por lo que todos los propietarios incluidos en el ámbito deberán estar de acuerdo y no solo el promotor de la actuación. b) El acuerdo no podrá alterar el principio de cohesión social previsto en el artículo 10.1,b) del TRLS 2008, y que exige un reparto proporcionado de esta clase de viviendas entre los diferentes sectores. LE0000567743_20160130

Artículo 88 Deberes de los propietarios de suelo urbano de núcleo rural y de suelo urbano especial

1. Los propietarios de terrenos incluidos en estas categorías de suelo urbano están obligados a costear los servicios requeridos por el Plan General y ceder gratuitamente los terrenos necesarios para la regularización del viario cuando así lo prevea el mismo.

2. En su caso, deberán incorporarse al proceso urbanizador y edificatorio a partir del momento de la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo, asumiendo los deberes señalados para el suelo urbano consolidado o sin consolidar, según el caso.

Artículo 89 Régimen general de edificación y usos en suelo urbano

1. El suelo urbano podrá edificarse cuando los terrenos adquieran la condición de solar, o bien cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación mediante las garantías señaladas en esta ley.

Asimismo, se podrán autorizar obras de reforma y rehabilitación para uso de vivienda en edificaciones existentes licenciadas o consolidadas por prescripción de acciones siempre que el Plan General o instrumento de planeamiento de aplicación no establezca la necesidad de su desaparición por su total incompatibilidad con las determinaciones del planeamiento al impedir la ejecución de viales u otras dotaciones públicas previstas en el mismo.

Las edificaciones existentes reformadas o rehabilitadas para uso de vivienda de conformidad con el apartado anterior tendrán la consideración de edificaciones dentro de ordenación a efectos de lo previsto en el artículo 112 de esta ley.

LE0001004998_20260708 Número 1 del artículo 89 redactado por el número uno de la disposición final primera del D. Ley n.º 3/2026, de 3 de julio, de "Vivienda Asequible de la Región de Murcia" y de medidas urgentes en materia urbanística («B.O.R.M.» 7 julio).Vigencia: 8 julio 2026

2. Podrán implantarse en las áreas donde el uso esté permitido, actividades económicas o dotaciones con anterioridad a la aprobación de los instrumentos de gestión y urbanización, siempre que respeten la ordenación señalada en el planeamiento, con las condiciones y garantías señaladas en esta ley.

3. Podrán implantarse en las áreas donde el uso esté permitido edificaciones destinadas a industrias, hoteleras en todas sus categorías, actividades terciarias o dotaciones compatibles, en el caso de que el Ayuntamiento aprecie que son de interés público, cuando el plan en tramitación haya alcanzado la aprobación inicial, siempre que se respete la ordenación señalada en el planeamiento. Las autorizaciones quedarán condicionadas al efectivo cumplimiento de las determinaciones urbanísticas que se contengan en la aprobación definitiva del plan. El autorizado no tendrá derecho a indemnización alguna si tuviera que adaptar la edificación por la entrada en vigor de la aprobación definitiva de dicho plan.

Cuando se trate de suelo urbano no consolidado, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

• a) La actuación no podrá superar el 40% de aprovechamiento del ámbito, computando la superficie total ocupada por las actuaciones.
• b) La configuración y superficie de la finca y de la edificación proyectada será compatible con la obligación de la propiedad de cesión de suelo para viales, zonas verdes y equipamientos en el proceso de gestión y equidistribución de beneficios y cargas, para ello solo podrá destinarse como área de explotación de la actividad el 50% de la superficie de la finca bruta.
• c) La finca debe estar dotada de adecuado acceso viario, red de agua potable, red de saneamiento, electrificación y red de alumbrado público o deberá garantizarse la finalización, conexión y puesta en servicio de las infraestructuras con carácter previo o simultáneo a la edificación.
• d) Se deberá aportar garantía por el total del importe que se estime deba soportar la finca en el proceso de gestión del planeamiento urbanístico.
• e) Se aportará documento notarial de indivisibilidad de la finca hasta el momento de la reparcelación.

Cuando se trate de suelo urbano consolidado, deberá completarse la urbanización y realizar las cesiones legalmente obligatorias, y se permitirá siempre que no perjudique los derechos urbanísticos de los propietarios del ámbito, previa audiencia en su caso de los mismos.

LE0000961084_20250608 Número 3 del artículo 89 redactado por el apartado tres del artículo 61 del D.-ley n.º 1/2025, de 5 de junio, de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia («B.O.R.M.» 7 junio).Vigencia: 8 junio 2025

4. En todo caso, podrán admitirse usos y obras provisionales con las condiciones y requisitos establecidos en esta ley.

LE0000961084_20250608 Número 4 del artículo 89 redactado por el apartado tres del artículo 61 del D.-ley n.º 1/2025, de 5 de junio, de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia («B.O.R.M.» 7 junio).Vigencia: 8 junio 2025

Artículo 90 Régimen especial de edificación y usos en suelo urbano de núcleo rural

1. Hasta tanto se apruebe el correspondiente planeamiento específico, en esta categoría de suelo solo podrá edificarse cuando los terrenos tengan acceso a vía pública y las construcciones se destinen a usos relacionados con las actividades propias del medio rural o a vivienda para las necesidades de la población residente en dichos núcleos, debiendo asumir los propietarios las obligaciones establecidas en el plan general para este régimen. No obstante, podrán admitirse también los usos y obras provisionales.

2. Las construcciones deberán ser adecuadas a las condiciones que señale el planeamiento, conforme a las tipologías tradicionales características del núcleo.

Artículo 91 Régimen especial de edificación y usos en suelo urbano especial

Los terrenos incluidos en esta categoría podrán edificarse cuando el planeamiento general o de desarrollo defina los parámetros y condiciones de edificación y siempre que dé frente a camino público preexistente. En otro caso, solo podrán admitirse los usos y obras provisionales.

Artículo 92 Derechos de los propietarios del suelo no urbanizable

Los propietarios de suelo clasificado como no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de sus terrenos conforme a la naturaleza de los mismos, para un aprovechamiento racional de los recursos, conforme a la legislación estatal y siempre que no suponga su transformación urbanística.

Artículo 93 Deberes de los propietarios de suelo no urbanizable

Constituyen deberes de los propietarios de suelo no urbanizable, los siguientes:

• 1. Destinar el suelo y edificaciones a los usos agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, mineros u otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, dentro de los límites que establezcan las normas sectoriales que les afecten y el planeamiento urbanístico.
• 2. Conservar y mantener el suelo y su masa vegetal en las condiciones precisas para salvaguardar el paisaje, el equilibrio ecológico, preservar el suelo de la erosión, impedir la contaminación medioambiental, restaurar los espacios naturales cuando venga exigido por la legislación y prevenir riesgos naturales.

Artículo 94 Régimen excepcional de edificación y usos en suelo no urbanizable de protección específica

1. En esta categoría de suelo solo podrán admitirse los usos, instalaciones o edificaciones que resulten conformes con los instrumentos de ordenación territorial, instrumentos específicos de protección y con su legislación sectorial específica. Si se hubiera iniciado el procedimiento de aprobación del instrumento correspondiente, deberá aplicarse el régimen de protección cautelar establecido, en su caso, en la legislación específica.

2. En defecto de instrumentos de ordenación territorial o de protección específica, podrán autorizarse excepcionalmente por la Administración regional los usos, instalaciones y edificaciones que se consideren de interés público, así como, por la administración competente, los usos e instalaciones provisionales, con las condiciones y requisitos establecidos en esta ley.

LE0000697231_20210529Número 2 del artículo 94 redactado por el número once del artículo 5 del Decreto-Ley 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 10 mayo), en la redacción dada a este por el número uno del artículo único del D.-Ley 3/2021, de 27 de mayo, por el que se modifica el D.-Ley 1/2021, de 6 de mayo («B.O.R.M.» 28 mayo).Vigencia: 29 mayo 2021

3. En todo caso, será preceptivo el informe favorable de la Administración sectorial competente por razón de la materia.

Artículo 95 Régimen de edificación y usos en suelo no urbanizable protegido por el planeamiento o inadecuado para el desarrollo urbano

1. Se autorizarán, mediante el título habilitante correspondiente, los usos y construcciones permitidos por el Plan General, propios de cada zona y ligados a la actividad productiva, a los que se refiere el apartado 3 del artículo 101, así como, excepcionalmente, los usos e instalaciones provisionales previstos en esta ley.

Para autorizar el uso de vivienda unifamiliar ligado a la actividad productiva de la explotación, la superficie mínima de la explotación, entendida como agrupación de predios que constituyan una unidad funcional, será al menos de 20.000 metros cuadrados en el suelo protegido.

En el suelo calificado como inadecuado, y siempre que sea zona de regadío, esta superficie mínima será de 10.000 m², o de 5.000 m² si la finca hubiera surgido en escritura pública de fecha anterior al 17 de junio de 2001.

LE0000697231_20210529Número 1 del artículo 95 redactado por el número doce del artículo 5 del Decreto-Ley 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 10 mayo), en la redacción dada a este por el número dos del artículo único del D.-Ley 3/2021, de 27 de mayo, por el que se modifica el D.-Ley 1/2021, de 6 de mayo («B.O.R.M.» 28 mayo).Vigencia: 29 mayo 2021

2. Podrán autorizarse, de forma excepcional, por la Administración regional actuaciones específicas de interés público, a las que se refiere el apartado 4 del artículo 101, con las condiciones establecidas en el artículo 102, en lo que resulte aplicable a esta clase de suelo, justificando su ubicación y las razones de su excepcionalidad y su interés público en relación con los valores señalados en el planeamiento general, debiendo resolver adecuadamente las infraestructuras precisas para su funcionamiento y su inserción en el territorio mediante estudio de paisaje.

Véase Orden [REGIÓN DE MURCIA] de 13 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, de aprobación de la Instrucción sobre el régimen de autorización excepcional por interés público regulado en la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia («B.O.R.M.» 16 diciembre).LE0000610282_20180105

3. En los suelos reservados por el Plan General para sistemas generales de infraestructuras o servicios públicos, solo se admitirán los usos e instalaciones provisionales, conforme a lo dispuesto en el apartado 1. Aquellos suelos que no resulten afectados una vez ejecutados los sistemas generales, quedarán sujetos al régimen correspondiente a la categoría de suelo colindante o a la que el planeamiento prevea.

Artículo 96 Derechos de los propietarios de suelo urbanizable

1. Los propietarios de suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de sus terrenos conforme a la naturaleza rural de los mismos, según el régimen transitorio establecido en esta ley y a promover su transformación urbanística instando la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo al ayuntamiento, por los promotores que estén legitimados para ello, conforme al sistema de actuación establecido, de conformidad con las determinaciones del Plan General Municipal de Ordenación.

2. En suelo urbanizable sectorizado, para promover su transformación urbanística, bastará con la presentación ante el ayuntamiento del correspondiente Plan Parcial, o, en su caso, Especial.

Artículo 97 Deberes de los propietarios de suelo urbanizable

1. En tanto no se apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo, los propietarios del suelo urbanizable deberán respetar las incompatibilidades de uso señaladas en el Plan General Municipal de Ordenación.

2. En el suelo urbanizable sectorizado, cuyo desarrollo prevea el Plan General por iniciativa privada, los propietarios deberán, además, formular el planeamiento de desarrollo en los plazos que en su caso se establezcan.

3. En suelo urbanizable sin sectorizar, para promover la transformación urbanística de determinados terrenos, se deberá recabar del ayuntamiento, con carácter previo a la presentación del instrumento de desarrollo, cédula de urbanización sobre su adecuación al planeamiento urbanístico y a otros instrumentos de ordenación territorial o sectorial.

Artículo 98 Deberes vinculados a la transformación urbanística

Los propietarios de suelo urbanizable estarán sujetos a los siguientes deberes vinculados a la transformación urbanística:

• a) Proceder a la efectiva equidistribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento, debiendo promover, en caso de iniciativa privada, los instrumentos de planeamiento, gestión y urbanización en los plazos previstos por el Plan y el Programa de Actuación y costearlos en la proporción que les corresponda.
• b) Obtener y ceder gratuitamente los terrenos destinados a sistemas generales vinculados o adscritos al sector.
• c) Ceder gratuitamente al ayuntamiento el suelo destinado a viales, espacios libres, zonas verdes y equipamientos públicos de carácter local establecidos por el planeamiento, de conformidad con los estándares que se determinan en la presente ley.El apartado 3.º de la Res. de 11 de enero de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia («B.O.E.» 29 enero), establece que respecto de los artículos 87.d) e i) y 98.c) e i), ambas partes entienden que la recta interpretación de ambos preceptos requiere considerar que el término «podrá» utilizado en tales preceptos implica que es necesario mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el promotor, teniendo en cuenta además, que el acuerdo entre ambas partes está sometido a los siguientes límites: a) Dicho acuerdo debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 6.3 del TRLS 2008, por lo que todos los propietarios incluidos en el ámbito deberán estar de acuerdo y no solo el promotor de la actuación. b) El acuerdo no podrá alterar el principio de cohesión social previsto en el artículo 10.1,b) del TRLS 2008, y que exige un reparto proporcionado de esta clase de viviendas entre los diferentes sectores. LE0000567743_20160130
• d) Ceder los terrenos en que se localice el diez por ciento del aprovechamiento del sector. Este porcentaje podrá ser del veinte por ciento si se destina íntegramente al cumplimiento de la reserva de vivienda de protección pública.
• e) Costear, conforme a lo establecido en esta ley y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización del sector, así como las infraestructuras de conexión con los sistemas generales y las obras de ampliación o refuerzo requeridas por la dimensión y características del sector, de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca el planeamiento general, o, en su caso, la cédula de urbanización o el Programa de Actuación.
• f) Solicitar la licencia de edificación y edificar los solares cuando el plan así lo establezca, en los plazos que se fijen en este y en la preceptiva licencia municipal.
• g) Garantizar los derechos de realojo y retorno de los ocupantes legales de viviendas que constituyan su residencia habitual.
• h) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse.
• i) Establecer la reserva de suelo necesario para realizar el porcentaje correspondiente de aprovechamiento residencial de la unidad de actuación con destino a vivienda de protección pública que en su caso establezca el planeamiento y como mínimo la reserva legal obligatoria, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de esta ley.El apartado 3.º de la Res. de 11 de enero de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia («B.O.E.» 29 enero), establece que respecto de los artículos 87.d) e i) y 98.c) e i), ambas partes entienden que la recta interpretación de ambos preceptos requiere considerar que el término «podrá» utilizado en tales preceptos implica que es necesario mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el promotor, teniendo en cuenta además, que el acuerdo entre ambas partes está sometido a los siguientes límites: a) Dicho acuerdo debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 6.3 del TRLS 2008, por lo que todos los propietarios incluidos en el ámbito deberán estar de acuerdo y no solo el promotor de la actuación. b) El acuerdo no podrá alterar el principio de cohesión social previsto en el artículo 10.1,b) del TRLS 2008, y que exige un reparto proporcionado de esta clase de viviendas entre los diferentes sectores. LE0000567743_20160130

Artículo 99 Régimen de edificación en suelo urbanizable ya ordenado

Aprobada su ordenación pormenorizada, el suelo urbanizable podrá edificarse una vez se haya urbanizado o de forma simultánea con su urbanización, con arreglo a las prescripciones del planeamiento correspondiente, con las condiciones y excepciones establecidas en esta ley para el suelo urbano.

Se podrán autorizar las edificaciones aisladas destinadas a industrias, hoteleras en todas sus categorías, actividades terciarias o dotaciones compatibles con su uso global, con carácter previo a su gestión, siempre que se cumplan las determinaciones urbanísticas contempladas en el planeamiento aprobado y las garantías que se establecen en esta ley. Este régimen quedará suspendido cuando se alcance el treinta por ciento del aprovechamiento del sector o de su superficie, computando la superficie total ocupada por las actuaciones.

LE0000697231_20210529Artículo 99 redactado por el número trece del artículo 5 del Decreto-Ley 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2021

Artículo 100 Régimen transitorio de edificación y uso en suelo urbanizable sectorizado

1. Hasta tanto se apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo, en el suelo urbanizable sectorizado no podrán realizarse obras o instalaciones, salvo los sistemas generales que puedan ejecutarse mediante planes especiales y las de carácter provisional previstas en esta ley.

Asimismo, se podrán autorizar obras de reforma y rehabilitación para uso de vivienda en edificaciones existentes licenciadas o consolidadas por prescripción de acciones siempre que la ficha del sector no establezca la necesidad de su desaparición por su total incompatibilidad con las determinaciones del planeamiento al impedir la ejecución de viales u otras dotaciones públicas previstas en el mismo.

Las edificaciones existentes reformadas o rehabilitadas para su uso de vivienda de conformidad con el apartado anterior tendrán la consideración de edificaciones dentro de ordenación a efectos de lo dispuesto en el artículo 112 de esta ley.

LE0001004998_20260708 Número 1 del artículo 100 redactado por el número dos de la disposición final primera del D. Ley n.º 3/2026, de 3 de julio, de "Vivienda Asequible de la Región de Murcia" y de medidas urgentes en materia urbanística («B.O.R.M.» 7 julio).Vigencia: 8 julio 2026

2. No obstante, cuando el Plan General establezca una pre ordenación básica del sector o se haya aprobado inicialmente el planeamiento de desarrollo, se admitirán edificaciones aisladas destinadas a industrias, hoteleras en todas sus categorías, actividades terciarias o dotaciones compatibles con su uso global, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el planeamiento y las garantías que se establecen en esta ley.

3. Igualmente podrán autorizarse las edificaciones a las que se refiere el párrafo anterior, cuando se haya aprobado inicialmente una modificación del planeamiento de desarrollo vigente, de conformidad con sus condiciones, siempre que no perjudiquen los derechos urbanísticos de los propietarios del sector, previa audiencia a los mismos y con las garantías que se establecen en esta Ley.

4. Las autorizaciones contempladas en este artículo se otorgarán condicionadas al efectivo cumplimiento de las determinaciones urbanísticas que se contengan en la aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo. Igualmente en ningún caso se podrá superar el aprovechamiento resultante del sector referido a la superficie de la actuación.

El autorizado no tendrá derecho a indemnización alguna si tuviere que adaptar la edificación por la entrada en vigor de la aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo.

5. Este régimen transitorio quedará suspendido cuando se alcance el treinta por ciento del aprovechamiento del sector o de su superficie, computando la superficie total ocupada por las actuaciones.

6. En el suelo urbanizable sectorizado que cuente con ordenación pormenorizada suficiente podrán autorizarse actos de edificación aun cuando no se haya completado la ejecución de las obras de urbanización, siempre que se garantice su ejecución simultánea en los términos previstos en esta ley.

LE0001004998_20260708 Número 6 del artículo 100 introducido por el número dos de la disposición final primera del D. Ley n.º 3/2026, de 3 de julio, de "Vivienda Asequible de la Región de Murcia" y de medidas urgentes en materia urbanística («B.O.R.M.» 7 julio).Vigencia: 8 julio 2026

LE0000668445_20221022LE0000668445_20221022Artículo 100 redactado por el número uno del artículo 6 del Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la economía regional con motivo de la crisis sanitaria COVID-19 («B.O.R.M.» 19 junio).Véase la disposición transitoria única «Efectos de la modificación de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística» del Decreto-Ley citado.Vigencia: 19 junio 2020

Artículo 100 bis Edificación con ejecución simultánea de la urbanización

1. Podrán otorgarse licencias de edificación con carácter condicionado en suelo urbanizable sectorizado cuando no se haya alcanzado la condición de solar, siempre que quede garantizada la ejecución simultánea de las obras de urbanización.

2. La ejecución simultánea se entenderá garantizada cuando el promotor asuma el compromiso de ejecutar las obras pendientes y preste garantía suficiente por su importe total, en cualquiera de las formas admitidas en derecho.

3. La licencia concedida al amparo de este artículo no habilitará la utilización de la edificación hasta la completa finalización y recepción de las obras de urbanización.

LE0001004998_20260708 Artículo 100 bis introducido por el número tres de la disposición final primera del D. Ley n.º 3/2026, de 3 de julio, de "Vivienda Asequible de la Región de Murcia" y de medidas urgentes en materia urbanística («B.O.R.M.» 7 julio).Vigencia: 8 julio 2026

Artículo 101 Régimen transitorio de edificación y uso en suelo urbanizable sin sectorizar

1. Hasta tanto se apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo, en el suelo urbanizable sin sectorizar podrán realizarse obras o instalaciones de carácter provisional previstas en esta ley, y aquellos sistemas generales que puedan ejecutarse mediante planes especiales, quedando el resto de los usos y construcciones sujetos al régimen de este artículo, con las condiciones señaladas en los artículos siguientes.

Una vez aprobado inicialmente el planeamiento de desarrollo se admitirá el régimen transitorio establecido en el artículo 100 con las condiciones del mismo.

LE0000668445_20221022LE0000668445_20221022Número 1 del artículo 101 redactado por el número dos del artículo 6 del Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la economía regional con motivo de la crisis sanitaria COVID-19 («B.O.R.M.» 19 junio).Véase la disposición transitoria única «Efectos de la modificación de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística» del Decreto-Ley citado.Vigencia: 19 junio 2020

2. Se respetarán las incompatibilidades de uso y las condiciones específicas señaladas por el Plan General para cada una de las zonas que, en su caso, establezca, así como las normas sectoriales que les sean de aplicación.

3. Se autorizarán, mediante el título habilitante correspondiente y con las limitaciones establecidas en la presente ley, las siguientes construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos naturales:

• a) Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del sector primario.
• b) Instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y conservación de las infraestructuras y servicios públicos
• c) Áreas e instalaciones de servicio vinculadas funcionalmente a las carreteras.
• d) Vivienda ligada a las actividades anteriores.
• e) Instalaciones de producción de energía renovable, así como las infraestructuras accesorias de acumulación de energía, las cuales no se considerarán como uso industrial sino como infraestructuras energéticas.
• f) Construcciones e instalaciones relacionadas con explotaciones mineras, canteras, extracción y trituración de áridos y, dentro del suelo minero autorizado, establecimientos de beneficio minero, que no se consideran uso industrial, siempre que la finca correspondiente tenga la superficie adecuada a sus requerimientos funcionales y las características exigidas por su propia normativa
• g) Infraestructuras para valorización o eliminación de residuos de construcción y demolición u otros residuos no peligrosos, dentro del suelo de uso minero autorizado y no tendrán la consideración de uso industrial.

LE0000961084_20250608 Número 3 del artículo 101 redactado por el apartado cuatro del artículo 61 del D.-ley n.º 1/2025, de 5 de junio, de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia («B.O.R.M.» 7 junio).Vigencia: 8 junio 2025

4. Excepcionalmente, podrán admitirse, previa autorización del órgano autonómico competente, actuaciones específicas de interés público, siempre que se justifiquen las razones para su localización fuera del suelo urbano o urbanizable sectorizado, se inserten adecuadamente en la estructura territorial y se resuelvan satisfactoriamente las infraestructuras precisas para su funcionamiento.

Podrán incluirse en este supuesto las siguientes construcciones e instalaciones:

• a) Construcciones destinadas a dotaciones y equipamientos colectivos y alojamientos para grupos específicos.
• b) Establecimientos turísticos.
• c) Establecimientos comerciales.
• d) Actividades industriales y productivas.
• e) Instalaciones de depósito y aparcamientos al aire libre de gran extensión.

Véase Orden [REGIÓN DE MURCIA] de 13 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, de aprobación de la Instrucción sobre el régimen de autorización excepcional por interés público regulado en la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia («B.O.R.M.» 16 diciembre).LE0000610282_20180105

5. Este régimen transitorio deberá suspenderse por el ayuntamiento o por el consejero competente en materia de urbanismo, previa audiencia del ayuntamiento, en las áreas en las que, individualmente consideradas, se alcancen circunstancias de transformación o consolidación determinadas conforme a indicadores objetivos fijados en el Plan General.

Artículo 102 Condiciones particulares de los usos permitidos en suelo urbanizable sin sectorizar

a) Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del sector primario.

1. Las instalaciones precisas para la adecuada explotación agrícola, tales como invernaderos, viveros, almacenes de aperos o de productos agrarios, deberán tener carácter aislado y adecuado al ambiente donde se ubiquen y guardarán proporción con la superficie y naturaleza agraria de la explotación.

No se entenderán incluidas en este apartado aquellas actividades de transformación de productos agropecuarios cuyas materias primas excedan de la capacidad y orientación productiva de la explotación, conforme a la normativa aplicable.

2. Las explotaciones ganaderas, además, respetarán las distancias mínimas y otras condiciones que imponga la normativa aplicable en función de su carácter molesto o de su riesgo sanitario o medioambiental.

3. Las construcciones e instalaciones relacionadas con explotaciones mineras, canteras, extracción y trituración de áridos deberán ser admitidas siempre que la finca correspondiente tenga la superficie adecuada a sus requerimientos funcionales y las características exigidas por su propia normativa.

4. El título habilitante correspondiente se otorgará siempre con sujeción a las condiciones impuestas por las autorizaciones sectoriales pertinentes.

b) Instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y conservación de las infraestructuras y servicios públicos.

Las obras e instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y conservación de las infraestructuras y servicios públicos deberán tener la superficie adecuada a sus requerimientos funcionales y las características exigidas por su propia normativa.

c) Áreas e instalaciones de servicio vinculadas funcionalmente a las carreteras.

1. Las construcciones e instalaciones vinculadas funcionalmente al servicio de las carreteras, necesarias para la explotación del servicio público, tales como áreas de descanso, estacionamiento, servicios de urgencia, pesaje, paradas de autobuses e instalaciones complementarias y afines, estarán sujetas a las condiciones y procedimiento de la legislación que resulte de aplicación en función de la titularidad de la vía.

2. Se permitirá, previo informe del órgano titular de la carretera, la implantación aislada de instalaciones de servicios para los usuarios de las carreteras, tales como estaciones de suministro de carburante y servicios complementarios, que deberán tener la superficie adecuada a sus requerimientos funcionales y cumplir las características exigidas por su propia legislación sectorial. No se incluirá en este supuesto las instalaciones que incluyan alguno de los usos excepcionales señaladas en el apartado 4 del artículo 101.

d) Vivienda ligada a las actividades anteriores.

1. Habrán de respetarse los parámetros edificatorios que fije el Plan General, debiendo ser la parcela mínima superior a 5.000 metros cuadrados.

2. En suelo urbanizable especial la parcela mínima podrá ser de 2.500 metros cuadrados si la finca hubiera surgido en escritura pública anterior al 17 de junio de 2001. También podrá formarse dicha parcela mínima por agrupación de otras colindantes en que concurra el mismo requisito.

3. A los propietarios les alcanzarán los siguientes deberes:

• - Cesión de terrenos para ensanchamiento y mejora viaria y adecuado tratamiento de los espacios cedidos, conforme a las previsiones del Plan General.
• - Costear la implantación de servicios requeridos para la edificación con arreglo a las previsiones del Plan General.

4. La construcción tendrá carácter aislado y tipología arquitectónica adecuada. Además, se ubicará minimizando su impacto paisajístico, con observancia de las distancias señaladas en el planeamiento o en las legislaciones sectoriales que fueran de aplicación, por coIindancia a bienes de dominio público.

5. La propiedad acometerá a su cargo las infraestructuras precisas para la habitabilidad de la vivienda, debiendo asumir el compromiso de contribuir a las cargas que conlleve el desarrollo urbanístico, con las garantías económicas que se establecen en esta ley.

Artículo 103 Condiciones comunes de los usos autorizables excepcionalmente en suelo urbanizable sin sectorizar

1. Las construcciones e instalaciones deberán tener la superficie adecuada a sus requerimientos funcionales y las características exigidas por la legislación sectorial correspondiente, debiendo resolver a su costa las infraestructuras precisas para su funcionamiento.

2. Las edificaciones tendrán carácter aislado y se ubicarán minimizando su impacto paisajístico, con observancia de las distancias señaladas en el planeamiento o en las legislaciones sectoriales que fueran de aplicación por colindancia a bienes de dominio público.

3. La propiedad llevará a efecto satisfactoriamente la ordenación interior de la parcela, previendo los aparcamientos necesarios y el tratamiento de la parcela con arbolado, cultivos o jardinería, y asumirá el compromiso de contribuir a las cargas que conlleve el futuro desarrollo urbanístico, con las garantías económicas que se fijan en esta ley.

4. Cuando las actuaciones, por su carácter extensivo o complejidad, requieran una ordenación integral, se señalará expresamente en la autorización la necesidad de formular y aprobar un Plan Especial y las exigencias que se consideren oportunas para garantizar su adecuada inserción territorial.

5. En todo caso deberá justificarse la adecuación de las construcciones e instalaciones a la legislación sectorial correspondiente.

Artículo 104 Procedimiento de autorización excepcional

Corresponde al consejero competente en materia de urbanismo la autorización de los usos y edificaciones excepcionales por razones de interés público previstos en este título, conforme al siguiente procedimiento:

• 1.º La tramitación se iniciará en el ayuntamiento correspondiente, con la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos fijados para cada caso.
• 2.º El ayuntamiento la someterá a exposición pública como mínimo durante veinte días en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, finalizada la cual remitirá el expediente completo, debidamente informado por la corporación, a la Comunidad Autónoma, que recabará los informes necesarios para su justificación.
• 3.° Transcurridos seis meses desde la recepción de la solicitud en la consejería con competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio sin que haya sido notificada resolución expresa, se entenderá estimada. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística de conformidad con el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.LE0000961084_20250608 Apartado 3.° del artículo 104 redactado por el apartado cinco del artículo 61 del D.-ley n.º 1/2025, de 5 de junio, de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia («B.O.R.M.» 7 junio).Vigencia: 8 junio 2025
• 4.º La autorización por interés público de usos y edificaciones en suelo no urbanizable estará gravada con un canon por uso excepcional en cuantía del 1% del presupuesto de ejecución material, excepto aquellos supuestos de titularidad o utilidad pública declarada.

Artículo 105 Parcelaciones

1. Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes para su incorporación al proceso urbanizador en la forma determinada por el planeamiento, o que pueda dar lugar a la transformación urbanística del suelo o a la formación de núcleo urbano.

2. Todo acto de división, segregación o fraccionamiento de terrenos o parcelación queda sujeto a licencia conforme a lo dispuesto en esta ley, excepto que traigan causa de un expediente de expropiación forzosa o estén amparadas en un proyecto de reparcelación aprobado definitivamente.

3. Los notarios y registradores de la propiedad exigirán, para autorizar e inscribir, respectivamente, escrituras de división de terrenos, que se acredite el otorgamiento de licencia o la declaración municipal de innecesariedad de la misma, de conformidad con la legislación estatal aplicable. Los notarios testimoniarán, conforme a la legislación notarial, el documento administrativo correspondiente.

Artículo 106 Indivisibilidad de las parcelas

1. A efectos urbanísticos, serán indivisibles:

• a) Las parcelas cuyas dimensiones sean menores del doble de la superficie determinada como mínima en el planeamiento, salvo que el exceso sobre dicho mínimo se adquiera simultáneamente por los propietarios de terrenos colindantes, con el fin de agruparlos y formar una nueva finca de superficie superior a la mínima.
• b) Las parcelas que hayan agotado las posibilidades edificatorias otorgadas por el planeamiento.
• c) Las parcelas en suelo urbanizable cuando las resultantes no reúnan los requisitos del artículo 108.1 de esta ley.

2. Los notarios y registradores de la propiedad harán constar en la descripción de las fincas su cualidad de indivisibles, en su caso.

3. Al otorgarse licencia de edificación sobre una parcela comprendida en el apartado 1.b) de este artículo, el ayuntamiento lo comunicará al Registro de la Propiedad para su constancia en la inscripción de la finca.

Artículo 107 Régimen de parcelación en suelo no urbanizable

1. En suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas.

2. No se admitirán divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza. Tampoco se admitirán, por razones paisajísticas objeto de protección específica conforme a la legislación aplicable, parcelaciones rústicas que conlleven modificaciones sustanciales en la configuración del territorio o la apertura de nuevos viales de uso público no previstos en el planeamiento o por el organismo competente en razón de la materia.

Artículo 108 Régimen de parcelación en suelo urbanizable

1. Hasta tanto se apruebe su ordenación pormenorizada, no podrán realizarse parcelaciones urbanísticas en esta clase de suelo.

No obstante, se podrán segregar terrenos cuando, además de respetar las unidades mínimas de cultivo, las parcelas resultantes den frente a vías públicas preexistentes con un frente mínimo de 50 metros, prohibiéndose la apertura de nuevos caminos públicos; en todo caso sin perjuicio de lo establecido en la legislación agraria estatal para usos con fines agrícolas.

2. Aprobada su ordenación pormenorizada, las parcelaciones se ajustarán a lo dispuesto en el planeamiento.

Artículo 109 Régimen de parcelación en suelo urbano

En suelo urbano será posible la división o segregación de terrenos con arreglo a lo dispuesto en esta ley y en el planeamiento urbanístico.

Artículo 110 Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación

1. Los propietarios de toda clase de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones deberán destinarlos a usos que no resulten incompatibles con la ordenación territorial y el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato público y demás que establezcan las leyes, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y del paisaje y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana, conforme a lo establecido en la legislación básica estatal.

LE0000973941_20251005 Número 1 del artículo 110 redactado por el apartado tres del artículo 2 del D.-Ley n.º 3/2025, de 2 de octubre, de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística («B.O.R.M.» 4 octubre). Téngase en cuenta que el D.-Ley 3/2025, 2 octubre, ha sido derogado por la Res. de 1 de octubre de 2025, del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia(«B.O.R.M.» 14 noviembre).Vigencia: 5 octubre 2025

2. El coste de las obras necesarias en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior se sufragará por los propietarios o por la Administración, en los términos establecidos en la normativa aplicable.

3. El límite máximo del deber de conservación, de conformidad con el artículo 15.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, podrá ser elevado hasta el setenta y cinco por ciento del coste de reposición de la construcción o del edificio correspondiente, en los casos de inejecución injustificada de las obras ordenadas por la Administración a tenor de lo dispuesto en este artículo

LE0000973941_20251005 Número 3 del artículo 110 introducido por el apartado tres del artículo 2 del D.-Ley n.º 3/2025, de 2 de octubre, de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística («B.O.R.M.» 4 octubre). Téngase en cuenta que el D.-Ley 3/2025, 2 octubre, ha sido derogado por la Res. de 1 de octubre de 2025, del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia(«B.O.R.M.» 14 noviembre).Vigencia: 5 octubre 2025

Artículo 111 Usos y obras provisionales

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en este título para cada clase y categoría de suelo, podrán admitirse, en los supuestos señalados, usos, obras o instalaciones de carácter provisional que no estén expresamente prohibidos por la legislación sectorial, la ordenación territorial o el planeamiento urbanístico con tal carácter, y se consideren compatibles con la ordenación por no dificultar su ejecución, y siempre que se justifique su necesidad y su carácter no permanente, atendidas las características técnicas de las mismas o la temporalidad de su régimen de titularidad o explotación.

LE0000697231_20210529Número 1 del artículo 111 redactado por el número catorce del artículo 5 del Decreto-Ley 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 10 mayo), en la redacción dada a este por el número tres del artículo único del D.-Ley 3/2021, de 27 de mayo, por el que se modifica el D.-Ley 1/2021, de 6 de mayo («B.O.R.M.» 28 mayo).Vigencia: 29 mayo 2021

2. ...

LE0000961084_20250608 Número 2 del artículo 111 derogado por el apartado seis del artículo 61 del D.-ley n.º 1/2025, de 5 de junio, de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia («B.O.R.M.» 7 junio).Vigencia: 8 junio 2025

3. El titular deberá comprometerse a la suspensión del uso o demolición de las obras e instalaciones cuando el ayuntamiento, motivadamente, lo solicite, renunciando expresamente a ser indemnizado. En la licencia municipal se hará constar el carácter provisional de la misma y, en su caso, el plazo señalado para su caducidad, lo que se inscribirá en el Registro de la Propiedad, de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria.

4. Para asegurar el cumplimiento de esta limitación y garantizar la reposición del suelo a su estado anterior u original, se exigirá depósito o aval en cuantía suficiente.

Artículo 112 Régimen de fuera de ordenación o de norma

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación del planeamiento urbanístico que resultaren sustancialmente disconformes con las determinaciones del mismo serán considerados fuera de ordenación.

2. El planeamiento señalará aquellos supuestos en que será de aplicación este régimen de fuera de ordenación y fijará los márgenes de tolerancia precisos para ajustar su alcance a las edificaciones incompatibles con la ordenación, que deberán quedar identificadas en el plan.

Entre estos supuestos deberán incluirse en todo caso las edificaciones que impidan la ejecución de los viales y dotaciones públicas previstas en el planeamiento.

3. No podrán realizarse en ellas obras de aumento de volumen, modernización o que supongan un incremento de su valor de expropiación, aunque sí las reparaciones requeridas para el mantenimiento de la actividad legítimamente establecida, con independencia de la obligación genérica de los deberes de conservación.

4. No obstante, cuando no se dificulte la ejecución de las determinaciones previstas en el planeamiento, podrán admitirse usos, obras o instalaciones de carácter provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.

5. Las edificaciones o instalaciones que incumplan alguna condición normativa pero no sean consideradas fuera de ordenación conforme a lo señalado en los apartados anteriores, serán consideradas fuera de norma, pudiendo admitirse, además de lo señalado en el apartado anterior, mediante el procedimiento que corresponda según la clase de suelo, usos, actividades económicas y obras de ampliación, mejora y reforma que no agraven el aspecto normativo que determinó dicha disconformidad, sin que estas obras incrementen el valor a efectos de expropiación.

Véase Orden [REGIÓN DE MURCIA] del 13 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, de aprobación de la Instrucción sobre la situación de fuera de norma prevista en el artículo 112 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia («B.O.R.M.» 16 diciembre).LE0000610280_20180105

Artículo 113 Tipos de planes e instrumentos complementarios

1. La ordenación urbanística de los municipios se establecerá a través de Planes Generales Municipales de Ordenación, que son instrumentos de ordenación de un término municipal completo.

A petición de los ayuntamientos afectados, podrán formularse planes generales que comprendan varios términos municipales completos.

2. Los Planes Generales Municipales de Ordenación se desarrollarán, según los casos, mediante Planes Parciales y Planes Especiales.

Asimismo podrán elaborarse estos instrumentos, aunque no estén previstos en el planeamiento general municipal, para las finalidades que se prevén en la presente ley.

3. Se podrán redactar Normas Complementarias del planeamiento general municipal en los aspectos no previstos o insuficientemente desarrollados por este.

4. La ordenación urbanística se complementa con el siguiente instrumento: Estudios de Detalle. Estos podrán elaborarse aunque no estén previstos en el planeamiento jerárquicamente superior.

LE0000672273_20200801Artículo 113 redactado por el apartado doce del artículo 4 de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 31 julio).Vigencia: 1 agosto 2020

Artículo 114 Definición

1. El Plan General Municipal de Ordenación es el instrumento urbanístico para la ordenación integral del territorio municipal, estableciendo su modelo de desarrollo territorial y urbano sostenible, conforme a los principios legalmente establecidos, mediante la definición de los elementos esenciales de la estructura general y orgánica del territorio, la clasificación del suelo para el establecimiento del régimen urbanístico correspondiente, la determinación de los espacios y elementos de especial protección y los criterios y medidas para el desarrollo y aplicación del plan.

2. Cuando existan aprobados instrumentos de ordenación territorial previstos en esta ley, el Plan General deberá adaptarse a las determinaciones y directrices contenidas en aquéllos, mediante su modificación o revisión, según proceda.

Artículo 115 Objeto

El Plan General Municipal de Ordenación tiene como objeto específico, en cada clase de suelo, lo siguiente:

• 1. En suelo urbano, definir su ordenación mediante la regulación detallada o remitida a planeamiento de desarrollo, del uso de los terrenos y de la edificación, señalar las actuaciones de reforma o renovación urbana, o dotación que resultaran procedentes en suelo consolidado y las de nueva urbanización en suelo sin consolidar.
• 2. En suelo no urbanizable, preservar dicho suelo del proceso de desarrollo urbano y establecer medidas adecuadas de protección del territorio en todos sus aspectos.
• 3. En suelo urbanizable, establecer la regulación genérica de los usos globales y aprovechamientos, el carácter público o privado de las actuaciones previstas y los compromisos para su desarrollo en las actuaciones concertadas, así como establecer sectores de planeamiento y la forma y condiciones en que podrán delimitarse e incorporarse al desarrollo urbano, así como su régimen transitorio de edificación y uso. El Plan General podrá establecer una preordenación básica del suelo urbanizable sectorizado u ordenar pormenorizadamente el mismo sin necesidad, en este último caso, de la posterior tramitación de un plan de desarrollo.
• 4. El Plan deberá establecer los sistemas generales necesarios para estructurar el territorio, estableciendo la adscripción o vinculación que corresponda a las distintas actuaciones y clases de suelo.

Artículo 116 Determinaciones generales

1. El Plan General Municipal de Ordenación definirá el modelo de desarrollo territorial y urbano, conteniendo las siguientes determinaciones de carácter general:

• a) Estructura general y orgánica del territorio, integrada por los sistemas generales determinantes del desarrollo previsto, conforme a lo establecido en la normativa sectorial específica: comunicaciones, infraestructuras y servicios, espacios libres y equipamiento comunitario:
  • - El Sistema General de Comunicaciones comprenderá las infraestructuras viarias, ferroviarias y de transporte público integrado, en sus distintas modalidades, incluidas las redes de vías verdes y carriles bici que así se califiquen.
  • - El Sistema General de Infraestructuras y Servicios incluirá las diferentes redes lineales de servicios públicos de abastecimiento de agua, saneamiento y evacuación y los servicios esenciales o de interés general necesarios, de electrificación, energía y telecomunicaciones, así como los elementos nodales de dichos servicios.
  • - El Sistema General de Espacios Libres estará constituido por los parques y jardines públicos, con un estándar mínimo de 20 m² por cada 100 m² de aprovechamiento residencial, referido a la totalidad del suelo urbano y urbanizable sectorizado, incluido el correspondiente a los propios sistemas generales.

    Se podrán incluir también en este sistema, que no computarán en el estándar anterior, los espacios que así se califiquen por sus valores naturales y paisajísticos para constituir reservas de suelo protegido de titularidad pública, siempre que se establezcan las medidas adecuadas para su conservación, se justifique su necesidad y se califiquen como preferentes.

  • - El Sistema General de Equipamiento Comunitario estará constituido por las diferentes instalaciones colectivas al servicio general de la población, distinguiendo las de titularidad pública y privada, tales como sanitarias, asistenciales, educativas, culturales, sociales, religiosas, deportivas, recreativas u otras análogas, pudiendo establecerse los usos específicos de forma indicativa.

    Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable, el estándar mínimo para el sistema general de equipamiento de titularidad pública será de 4 m² por cada 100 m² de aprovechamiento residencial, referido a la totalidad del suelo urbano y urbanizable sectorizado, incluido el correspondiente a los propios sistemas generales.

    Esta dotación será de 8 m² en municipios de más de 20.000 habitantes y de 13 m² en los de más de 100.000, según conste en el censo en el momento de su aplicación.

• b) Clasificación del suelo y su calificación y zonificación, asignando usos, aprovechamientos y categorías, para configurar el modelo territorial, según lo dispuesto en esta ley, cuantificando y justificando su distribución y superficies en función de las necesidades del municipio, conforme a los criterios básicos establecidos en la legislación estatal.
• c) Catálogos con las medidas necesarias para la protección y rehabilitación de espacios, conjuntos, construcciones o elementos que participen de valores naturales, históricos, culturales o ambientales, de conformidad con la legislación específica que sea de aplicación en cada supuesto.
• d) Criterios y medidas para el desarrollo y aplicación del plan y de las determinaciones señaladas en esta ley, y en particular:
  • - Circunstancias que exijan la revisión del planeamiento, estableciendo para ello indicadores objetivos.
  • - Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos establecidos en esta ley.
  • - Régimen aplicable a las construcciones existentes que resultaren disconformes con el planeamiento urbanístico.
  • - Reservas de terrenos destinadas a patrimonio público de suelo y delimitación de áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto por parte de la Administración.
  • - El plan señalará el carácter indicativo de aquellas determinaciones que puedan ajustarse o alterarse mediante el desarrollo del mismo sin necesidad de modificación.

2. Asimismo, el plan contendrá aquellas otras determinaciones que deba recoger por indicación expresa de la propia ley, en particular los supuestos que requieren Estudio de Impacto Territorial o Estudio de Paisaje, debiendo contener todas las medidas correctoras de prevención y protección del medio ambiente que correspondan.

LE0000672273_20200801Número 2 del artículo 116 redactado por el apartado trece del artículo 4 de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 31 julio).Vigencia: 1 agosto 2020

3. Sin perjuicio de las reservas mínimas establecidas en esta ley, el plan podrá calificar suelo para uso exclusivo residencial de protección pública y establecer un porcentaje mínimo de aprovechamiento para este uso específico en determinadas áreas, siempre que se justifique su localización por razones de cohesión social y su viabilidad en función de los planes sectoriales de vivienda.

4. También podrá determinar las condiciones y ámbitos de aplicación de primas de aprovechamiento de hasta el veinte por ciento para usos que se propongan opcionalmente como alternativos al residencial no protegido, tales como el destinado a vivienda de protección pública, el hotelero u otros de menor valor lucrativo, siempre que sean compatibles con el residencial, debiendo prever el aumento correspondiente de dotaciones aplicando los estándares fijados por el planeamiento. Para el uso hotelero la prima dependerá de la categoría del establecimiento, siendo del 20%, 30% y 40% para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas respectivamente.

LE0000631289_20250608Número 4 del artículo 116 redactado por el número siete del artículo 22 de Ley [REGIÓN DE MURCIA] 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad («B.O.R.M.» 10 noviembre).Vigencia: 11 noviembre 2018

Artículo 117 Determinaciones en suelo urbano

1. De forma específica, el Plan General Municipal de Ordenación deberá contener las siguientes determinaciones en suelo urbano:

• a) Delimitación de su perímetro, distinguiendo y justificando las diferentes categorías de suelo urbano conforme a lo establecido en esta ley, así como aquellos ámbitos sujetos a planeamiento de desarrollo y plazos para su ejecución.
• b) Zonificación, mediante asignación de usos, tipologías pormenorizadas y aprovechamientos correspondientes a las diferentes zonas
• c) Reglamentación detallada de usos, volumen y condiciones higiénico-sanitarias de los terrenos y construcciones, así como las características estéticas de la edificación y su entorno. Cuando se trate de conjuntos históricos y bienes de interés cultural, se estará a lo establecido por la legislación de protección del patrimonio histórico.
• d) Calificación de los espacios libres y zonas verdes destinadas a parques y jardines públicos, diferenciando las que forman parte del sistema general de espacios libres, en cuantía adecuada para cumplir el estándar global establecido y satisfacer las necesidades de la población.
• e) Calificación del suelo necesario para localización de los equipamientos colectivos, distinguiendo los de titularidad pública y privada, tales como sanitarios, asistenciales, educativos, culturales, sociales, religiosos, deportivos, recreativos u otros análogos, pudiendo establecerse los usos específicos de forma indicativa, diferenciando los que forman parte del sistema general, en cuantía adecuada para cumplir el estándar global establecido y satisfacer las necesidades de la población y de conformidad con las previsiones y requisitos de la legislación específica.
• f) Delimitación de las unidades de actuación con los criterios señalados en esta ley, a efectos de la obtención de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita destinados a viales, espacios libres y zonas verdes y dotaciones públicas, así como aquellas unidades de actuación que tengan por objeto las operaciones de reforma y renovación urbana. En las unidades de actuación se expresará y justificará el aprovechamiento y el porcentaje de cesión en aplicación de lo dispuesto en esta ley, en relación con los apartados siguientes.
• g) Cuantificación comparativa del aprovechamiento de todas las unidades de actuación de cada una de las áreas urbanas homogéneas que se delimitarán a estos efectos, pudiendo justificarse diferencias de aprovechamiento de hasta un quince por ciento, utilizando como parámetro de referencia el producto del aprovechamiento expresado en m²/m² por el coeficiente de suelo neto edificable de la unidad en m²/m².
• h) Justificación de la reducción de cesión de aprovechamiento que pueda establecerse en las unidades de actuación, en función de las cargas e indemnizaciones que soporten a que se refiere el artículo 87.
• i) Trazado y características de la red viaria y previsión de aparcamientos públicos, con señalamiento de alineaciones y rasantes para la totalidad del suelo urbano, excepto en las áreas sujetas a Plan Especial; todo ello con sujeción a las determinaciones establecidas sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas por la normativa específica.
• j) Características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado y aquellos otros servicios que, en su caso, establezca el plan de conformidad con la legislación específica, distinguiendo los existentes de los previstos.
• k) Evaluación económica de la implantación de los servicios, actuaciones aisladas y ejecución de las obras de urbanización a desarrollar por iniciativa pública, justificando su viabilidad económica.
• l) Introducir parámetros de ecoeficiencia con soluciones para paliar los efectos climatológicos, como:
  • - Utilización de pavimentos permeables como medida para evitar la impermeabilización de suelos.
  • - Resolución de la evacuación de aguas mediante redes separativas de pluviales y residuales.
  • - Establecimiento de sistemas de reutilización de aguas pluviales (economía circular).
  • - Implantación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) en los modelos de urbanización.
  • - Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible para aquellos suelos de especiales escorrentías (SUDs).
  • - Adopción de medidas de economía circular, reciclaje de residuos de la construcción y eficiencia energética en todas las instalaciones urbanas.
  LE0000672273_20200801LE0000672273_20200801Letra l) del número 1 del artículo 117 redactada por el apartado catorce del artículo 4 de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 31 julio). Véase apartado veintisiete relativo a la aplicación transitoria a los instrumentos urbanísticos en tramitaciónVigencia: 1 agosto 2020
• m) En suelo urbano no consolidado se establecerá las reservas mínimas para arbolado:
  • - En ámbitos de uso residencial u hotelero: la plantación o conservación de un árbol por cada 100 metros cuadrados edificables.
  • - En ámbitos de uso terciario o industrial: la plantación o conservación del número de árboles que, justificadamente, se establezca.
  LE0000672273_20200801LE0000672273_20200801Letra m) del número 1 del artículo 117 introducida por el apartado catorce del artículo 4 de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 31 julio). Véase apartado veintisiete relativo a la aplicación transitoria a los instrumentos urbanísticos en tramitación.Vigencia: 1 agosto 2020

2. Sin perjuicio de las reservas mínimas establecidas en esta ley, el Plan General podrá determinar el porcentaje de aprovechamiento que se deberá destinar a vivienda de protección pública en aquellas unidades de actuación donde se considere necesario, lo que deberá tenerse en cuenta a efectos de cuantificación y equidistribución de aprovechamientos.

Artículo 118 Determinaciones en suelo no urbanizable

El Plan General Municipal de Ordenación contendrá las siguientes determinaciones en relación con el suelo no urbanizable:

• a) Delimitación de las áreas así clasificadas, de conformidad con los criterios recogidos en esta ley, justificando las razones de su inclusión en cada una de las categorías.
• b) Delimitación de los ámbitos sujetos a planeamiento específico, con las medidas de protección, mejora y conservación.
• c) Medidas, condiciones y limitaciones para cada una de las categorías en razón de los valores a proteger, dirigidas a evitar la formación de núcleos urbanos, de conformidad con el régimen urbanístico establecido en esta ley.
• d) Normativa a la que deban sujetarse las construcciones para su adaptación al ambiente rural y al paisaje en que se sitúen.
• e) Establecimiento del régimen urbanístico de autorización de las actividades económicas que puedan ser compatibles con esta clase de suelo.

Artículo 119 Determinaciones en suelo urbanizable

1. El Plan General contendrá, en relación con el suelo urbanizable sectorizado, las siguientes determinaciones:

• a) Delimitación de las áreas de suelo urbanizable sectorizado para su desarrollo urbanístico a las que se vincularán o adscribirán los sistemas generales necesarios para su ejecución.
• b) Asignación de usos globales y aprovechamientos de referencia a los distintos sectores delimitados que se adscribirán a alguna de las siguientes categorías, según el uso predominante:
  • - Residencial de alta densidad: más de 0,75 a 1m²/m² inclusive.
  • - Residencial de media densidad: más de 0,50 a 0,75m²/m² inclusive.
  • - Residencial de baja densidad: más de 0,25 a 0,50 m²/m² inclusive.
  • - Residencial de mínima densidad: hasta 0,25 m²/m² inclusive.
  • - De actividades económicas: hasta 0,75 m²/m² inclusive.
  • - Usos mixtos: en cualquiera de estas categorías se podrá admitir la mezcla de usos en la proporción que el Plan General establezca, debiendo tenerse en cuenta a efectos del cumplimiento de los estándares señalados para los sistemas generales, referidos a aprovechamiento residencial.
• c) La vinculación o adscripción de sistemas generales y la inclusión de cada sector en una de las categorías anteriores deberá justificarse en relación a su coherencia con el modelo territorial y al principio de la equidistribución de beneficios y cargas y no se alterará como consecuencia de las modificaciones o primas de aprovechamiento que se apliquen en el planeamiento de desarrollo.
• d) El Plan General podrá establecer una preordenación básica de los sectores o una ordenación pormenorizada, suprimiéndose, en este último caso, la necesidad de planeamiento de desarrollo, siempre que se contengan las determinaciones previstas en esta ley para estos planes. No obstante se podrá modificar la ordenación establecida en el Plan General, siempre que no se altere sustancialmente su estructura general, mediante el planeamiento de desarrollo.

2. El Plan General Municipal de Ordenación señalará para el suelo urbanizable sin sectorizar las siguientes determinaciones:

• a) Delimitación de las distintas áreas homogéneas, asignando los usos globales y categorías señalados en el apartado anterior.
• b) Criterios para la delimitación de los sectores, de forma que se garantice su adecuada inserción en la estructura general establecida por el plan y constituyan una unidad geográfica y urbanística integrada.
• c) Características técnicas y magnitudes mínimas que han de reunir las actuaciones de transformación urbanística, en función de los distintos usos y categorías, señalando los sistemas generales necesarios para su desarrollo y la dotación correspondiente a los de espacios libres y equipamientos, cuya cuantía no podrá ser inferior al estándar mínimo del plan.
• d) Aprovechamiento de referencia, establecido de forma fija u opcional, dentro de los márgenes establecidos para las diferentes categorías.

3. Otras determinaciones en suelo urbanizable, que deberán justificarse en relación a su coherencia con el modelo territorial y el principio de equidistribución de beneficios y cargas.

• a) El Plan General Municipal de Ordenación podrá establecer, para el suelo urbanizable especial y para aquellas áreas singulares que requieran tratamiento específico, la necesidad de formular un Plan Especial, debiendo señalar los criterios de ordenación, estándares y cesiones y las medidas de adecuación a los fines que justifiquen dicho planeamiento especial. En todo caso, la dotación correspondiente a los sistemas generales de espacios libres y equipamientos no podrá ser inferior al estándar mínimo del plan.

  También podrán señalarse las condiciones a que deben ajustarse los Planes Especiales definidos en esta ley, que puedan plantearse sin estar previstos en el Plan General.

• b) El Plan General determinará las condiciones y requisitos para la aplicación del régimen transitorio de edificación y usos en suelo urbanizable sectorizado y sin sectorizar establecido en la presente ley y las circunstancias de transformación o consolidación que motivarían la suspensión de este régimen.
• c) Se grafiará el trazado de los elementos generales de infraestructura y redes fundamentales de servicios que prevea el plan, de conformidad con la legislación específica, distinguiendo los existentes de los previstos, debiendo señalarse las conexiones de infraestructuras para el suelo urbanizable sectorizado.
• d) Sin perjuicio de las reservas mínimas establecidas en esta ley, se reservará un porcentaje de aprovechamiento destinado a vivienda de protección pública en cada una de las áreas y sectores de uso global residencial, excepto los de mínima densidad, con una cuantía mínima del diez por ciento de la edificabilidad residencial del sector.

Artículo 120 Determinaciones para los sistemas generales

1. A los sistemas generales se les atribuirá el mismo aprovechamiento que al sector al que se vinculen o adscriban, para su obtención obligatoria y gratuita, sin que computen como superficie del mismo.

2. El Plan General podrá distinguir entre sistemas generales vinculados a un sector determinado y sistemas generales adscritos al suelo urbanizable sectorizado o sin sectorizar, aunque no se especifique de forma singularizada hasta tanto se formule el planeamiento de desarrollo.

3. La superficie máxima de sistemas generales vinculados o adscritos a cada sector de suelo urbanizable se determinará de forma que el aprovechamiento resultante de aplicar el aprovechamiento de referencia a la superficie del sector más la de los sistemas generales correspondientes no supere el máximo de la categoría asignada por el Plan General.

4. El plan distinguirá entre los sistemas generales existentes y previstos, y su forma de obtención, así como el carácter de preferente o diferido. Se calificarán como preferentes los que se vinculen al suelo urbano o urbanizable sectorizado necesarios para lograr los objetivos del plan. Tendrán carácter de diferidos los que se delimiten como reservas de suelo para su futura obtención.

Véase el número 1.º de la Res. de 11 de enero de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia («B.O.E.» 29 enero).LE0000567743_20160130

Artículo 121 Objeto

Las Normas Complementarias tienen por objeto regular aspectos no previstos por el Plan General o insuficientemente desarrollados por este o su modificación no sustancial y su rango jerárquico será el mismo que el del Plan General al que complementen.

Artículo 122 Determinaciones

Las Normas Complementarias contendrán las siguientes determinaciones:

• a) Fines y objetivos de su promulgación expresando su conveniencia y oportunidad.
• b) Ámbito de aplicación.
• c) Relación con el Plan General.
• d) Disposiciones que complementen o suplan la normativa del plan.

Artículo 123 Objeto

1. Los Planes Parciales, como instrumentos de desarrollo, tienen por objeto la ordenación detallada del suelo urbanizable, excepto el calificado como urbanizable especial, en los sectores previstos en el Plan General Municipal de Ordenación o en aquellos otros que se delimiten de acuerdo con los criterios recogidos en el mismo.

2. Cuando el planeamiento general haya ordenado pormenorizadamente un sector de suelo urbanizable, podrá modificarse su ordenación a través de un Plan Parcial, sin necesidad de modificar previamente el Plan General, siempre que no se altere sustancialmente la estructura general establecida por este y se justifique adecuadamente su conveniencia y oportunidad.

3. Los planes parciales señalarán el carácter indicativo de aquellas determinaciones que puedan ajustarse o alterarse mediante los instrumentos de gestión o ejecución, sin precisar de modificación.

4. El plan parcial podrá reajustar la delimitación del sector hasta un 10% de su superficie por razones justificadas de discordancia entre cartografías, adecuando su delimitación a la realidad física.

LE0000672273_20200801LE0000672273_20200801Número 4 del artículo 123 redactado por el apartado quince del artículo 4 de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 31 julio). Véase apartado veintisiete relativo a la aplicación transitoria a los instrumentos urbanísticos en tramitación.Vigencia: 1 agosto 2020

Artículo 124 Determinaciones

Los Planes Parciales contendrán las siguientes determinaciones:

• a) Delimitación de su ámbito, abarcando un sector previsto en el Plan General y, en su defecto, cuando no estuviera delimitado, su justificación de acuerdo con los criterios del mismo, debiendo localizar los sistemas generales y demás dotaciones previstas, incluidas las obras de conexión con las ya existentes.
• b) Ordenación pormenorizada del sector, estableciendo su zonificación con la asignación de usos y tipologías edificatorias, calificando el suelo necesario para realizar la reserva de vivienda protegida que corresponda. Incluirá, en su caso, la delimitación de Unidades de Actuación, conforme a las reglas establecidas en el artículo 196 de esta ley.
• c) Reglamentación del uso, aprovechamiento y condiciones higiénico-sanitarias de los terrenos y construcciones, así como de las condiciones estéticas de la edificación.
• d) Determinación del aprovechamiento resultante del sector, aplicando el aprovechamiento de referencia determinado por el Plan General a la superficie del sector y a la de los sistemas generales correspondientes, de forma que no se supere el máximo de la categoría asignada por el plan.
  • d.1) Este aprovechamiento resultante se podrá ajustar, incrementado o disminuido en una cuantía máxima de un 10 por ciento, sin que en ningún caso se reduzca la cesión de aprovechamiento lucrativo al ayuntamiento que será como mínimo del 10 por ciento del aprovechamiento de referencia y que se podrá incrementar, en su caso, hasta el 10 por ciento del aprovechamiento resultante del sector.
  • d.2) También se podrá incrementar el aprovechamiento resultante, sobre el resultado de la opción anterior si fuera el caso, para aplicación de la prima de aprovechamiento para usos alternativos como vivienda de protección pública, conforme a lo que disponga en su caso el Plan General y, en su defecto, en una cuantía de hasta el veinte por ciento del aprovechamiento del sector que se destine a estos usos, calificándose específicamente el suelo necesario para su localización e incrementando en el mismo porcentaje la cesión de aprovechamiento.
  • d.3) En ambos supuestos se deberá aumentar o, en su caso, disminuir la cuantía de dotaciones, aplicando el estándar correspondiente a dotaciones generales y locales al aprovechamiento resultante, localizándolas en el propio sector.
• e) Señalamiento de las reservas de terrenos para espacios libres destinados a parques y jardines, de dominio y uso público, que habrán de establecerse con independencia de la fijada en el plan como sistema general de espacios libres. Esta superficie será de 10m² por cada 100 m² de aprovechamiento resultante del sector y no podrá ser inferior al 10 por ciento de la superficie del sector, cualquiera que sea su categoría y uso global. No obstante, en las categorías residenciales de baja y mínima densidad podrá compensarse hasta la mitad de esta superficie por el doble de espacios libres de titularidad privada de uso comunitario así calificada.
• f) Fijación de las reservas pare equipamientos de dominio y uso público en función del uso global del sector, para los usos específicos que se indican, aunque su distribución puede ser indicativa:
  • - Uso global residencial: reserva de suelo con destino a centros educativos, docentes, culturales, sanitarios, administrativos, deportivos y sociales en la proporción adecuada a las necesidades propias del sector, en una cuantía mínima de 20 m² por cada 100 m² de aprovechamiento resultante del sector destinado a uso residencial.
  • - Uso global de actividad económica: reserva de suelo con destino a centros educativos, docentes, culturales, sanitarios, administrativos, deportivos y sociales, en la proporción adecuada a las necesidades propias del sector en una cuantía mínima de 5 m² por cada 100 m² de aprovechamiento resultante del sector, destinado a uso de actividad económica.
  • - Usos mixtos: reserva de suelo con destino a los usos señalados en los apartados anteriores, en proporción al porcentaje de aprovechamiento correspondiente a cada uso global, justificando su localización adecuada a las características y necesidades específicas.
  LE0000672273_20200801LE0000672273_20200801Letra f) del artículo 124 redactada por el apartado dieciséis del artículo 4 de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 31 julio). Véase apartado veintisiete relativo a la aplicación transitoria a los instrumentos urbanísticos en tramitación.Vigencia: 1 agosto 2020
• g) La edificabilidad destinada a equipamientos públicos no computará en el aprovechamiento del sector. Con independencia de estas reservas, el planeamiento parcial podrá fijar equipamientos de titularidad privada, computando su edificabilidad en el aprovechamiento del mismo.
• h) Trazado y características de la red de comunicaciones propias del sector y de su enlace con el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General, con señalamiento de alineaciones, rasantes y zonas de protección de la red viaria, que deberán adecuarse a las determinaciones establecidas sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas por la normativa específica.
• i) previsión de aparcamientos públicos en la proporción adecuada a la demanda específica y como mínimo uno por cada 100 m² de aprovechamiento con independencia de los que en la misma proporción se prevean para aparcamientos privados vinculados a la edificación. En los planes parciales de actividades económicas se podrá reducir esta previsión en un 50%, tanto para los aparcamientos públicos como privados. En los planes de usos mixtos se establecerán los aparcamientos en proporción al porcentaje de aprovechamiento correspondiente a cada uso global.

  Los aparcamientos podrán localizarse incluso en el subsuelo de sistemas viario, áreas peatonales, y espacios libres, siempre que no se menoscabe el uso de los mismos y se garantice su ejecución y mantenimiento sin perjuicio del régimen jurídico aplicable

• j) Características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado y de aquellos otros servicios que, en su caso, establezca el plan, de conformidad con su legislación específica, justificando adecuadamente sus determinaciones y su conexión a las redes generales.
• k) Evaluación económica estimativa de la ejecución de las obras de urbanización y de la implantación de los equipamientos y servicios, debiendo contener un análisis económico-financiero de sus costos para justificar su viabilidad y sostenibilidad económica.
• l) Plan de actuación para el desarrollo de su gestión, ejecución de las obras de urbanización y plazos de edificación
• m) Introducción de parámetros de ecoeficiencia señalados en el apartado l) del artículo 117.1 de la presente ley.
  LE0000672273_20200801LE0000672273_20200801Letra m) del número 1 del artículo 124 redactada por el apartado dieciséis del artículo 4 de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 31 julio). Véase apartado veintisiete relativo a la aplicación transitoria a los instrumentos urbanísticos en tramitación.Vigencia: 1 agosto 2020
• n) para arbolado:
  • - En ámbitos de uso residencial u hotelero: la plantación o conservación de un árbol por cada 100 metros cuadrados edificables.
  • - En ámbitos de uso terciario o industrial: la plantación o conservación del número de árboles que, justificadamente, se establezca en el plan parcial.
  LE0000672273_20200801LE0000672273_20200801Letra n) del artículo 124 introducida por el apartado dieciséis del artículo 4 de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 31 julio). Véase apartado veintisiete relativo a la aplicación transitoria a los instrumentos urbanísticos en tramitación.Vigencia: 1 agosto 2020

Artículo 125 Definición

El Plan Especial es el instrumento adecuado para la implantación de usos y actuaciones urbanísticas especiales en las distintas clases y categorías de suelo, en desarrollo del planeamiento general o, en el caso de no estar previsto en el mismo, cuando se justifique su procedencia.

Artículo 126 Finalidad

1. En desarrollo de las previsiones contenidas en el planeamiento general municipal, los Planes Especiales podrán tener por finalidad la ordenación sectorial de un territorio, la realización de actuaciones urbanísticas específicas o el establecimiento de determinadas medidas de protección, según proceda de acuerdo con su objeto.

2. Los Planes Especiales no podrán sustituir a los Planes Generales en su función de instrumentos de ordenación integral del territorio, por lo que, en ningún caso, podrán clasificar suelo, aunque sí introducir modificaciones y limitaciones a los usos previstos.

Artículo 127 Objeto de los Planes Especiales

Con carácter meramente enunciativo, los Planes Especiales podrán tener por objeto:

• a) El desarrollo de los sistemas generales de comunicaciones, infraestructuras, espacios libres y equipamiento comunitario.
• b) La protección de vías de comunicación, vías verdes e itinerarios de especial singularidad.
• c) Planificación de infraestructuras y servicios.
• d) La ordenación y reordenación urbana.
• e) La ordenación y protección de conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas o áreas declaradas Bien de Interés Cultural.
• f) La ordenación de núcleos rurales.
• g) La adecuación urbanística y áreas de singulares características.
• h) La protección del paisaje.
• i) Ordenación de complejos e instalaciones turísticas.
• j) Cualesquiera otras finalidades análogas.

Artículo 128 Contenidos generales

1. Los Planes Especiales se elaborarán con el grado de precisión correspondiente a los Planes Parciales en lo que se refiere a las determinaciones que constituyen sus fines e incorporarán la previsión de obras a realizar, la determinación del sistema de actuación, cuando la naturaleza de la obra requiera su ejecución, y la delimitación, en tal caso, de unidades de actuación.

2. Las determinaciones específicas serán las que dimanen de su naturaleza, del Plan General o de la aplicación de la legislación sectorial.

3. Los Planes Especiales señalarán el carácter indicativo de aquellas determinaciones que puedan ajustarse o alterarse mediante los instrumentos de gestión o ejecución, sin precisar de modificación.

4. El plan especial podrá reajustar la delimitación del sector hasta un 10% de su superficie por razones justificadas de discordancia entre cartografías, adecuando su delimitación a la realidad física.

LE0000672273_20200801LE0000672273_20200801Número 4 del artículo 128 redactado por el apartado diecisiete del artículo 4 de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 31 julio). Véase apartado veintisiete relativo a la aplicación transitoria a los instrumentos urbanísticos en tramitación.Vigencia: 1 agosto 2020

5. Los planes especiales establecerán medidas de renaturalización de las ciudades, como:

• - Rehabilitación de edificios y espacios públicos con criterios de sostenibilidad, sobre todo en entornos degradados.
• - Implantación de medidas contra la impermeabilización de suelos urbanos existentes mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) y Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDs).
• - Fomento de la reutilización y reciclado de residuos de la construcción (RCD).
• - Adopción de medidas de captación de agua de lluvia en edificios para su posterior reutilización y evitar así el vertido de agua acumulada en cubiertas a las vías públicas, para no incrementar las escorrentías en episodios de precipitación de carácter intenso.
• - Fomento de las soluciones basadas en la naturaleza (SBN) en edificios, como la implementación de cubiertas vegetales siempre que sea posible.