Decreto 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil

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• Preámbulo
• TÍTULO I. Disposiciones Generales
  • Artículo 1 Objeto
  • Artículo 2 Ámbito de aplicación
• TÍTULO II. Servicios para jóvenes en proceso de emancipación
  • Artículo 3 Servicios para jóvenes en proceso de emancipación
  • Artículo 4 Objetivo de los servicios
  • Artículo 5 Personas beneficiarias
  • Artículo 6 Acceso a los servicios de la Red Pública de Servicios de Emancipación y lista de espera
• TÍTULO III. Autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación
  • Artículo 7 Competencia para autorizar y acreditar a los servicios para jóvenes en proceso de emancipación
  • Artículo 8 Autorización de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación
  • Artículo 9 Acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación
  • Artículo 10 Inscripción en el Registro Unificado de Servicios Sociales
• TÍTULO IV. Renta de autonomía personal para jóvenes con medidas de justicia juvenil
  • CAPÍTULO I. Aspectos generales
    • Artículo 11 Naturaleza
    • Artículo 12 Régimen de compatibilidad e incompatibilidad
    • Artículo 13 Comisión Técnica de la Renta de Autonomía Personal
  • CAPÍTULO II. Personas destinatarias
    • Artículo 14 Personas destinatarias
    • Artículo 15 Requisitos de las personas beneficiarias
    • Artículo 16 Obligaciones de las personas beneficiarias
  • CAPÍTULO III. Régimen económico y procedimiento
    • Artículo 17 Cuantía de la prestación
    • Artículo 18 Presentación de solicitudes
    • Artículo 19 Resolución
    • Artículo 20 Abono
    • Artículo 21 Valoración de la situación de necesidad e indicador de la renta
    • Artículo 22 Duración de la renta de autonomía personal
    • Artículo 23 Suspensión y extinción de la renta
    • Artículo 24 Causas de suspensión y extinción de la renta de autonomía personal
    • Artículo 25 Reintegro de la prestación
  • CAPÍTULO IV. Gestión de la prestación
    • Artículo 26 Gestión de la prestación
    • Artículo 27 Seguimiento de los programas de autonomía personal
    • Artículo 28 Financiación de la prestación
    • Artículo 29 Régimen sancionador
• TÍTULO V. Órganos de seguimiento
  • Artículo 30 Comisión de Seguimiento de Emancipación
  • Artículo 31 Comisión Técnica de Derivación y Evaluación
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria primera Régimen aplicable a los servicios autorizados en funcionamiento
  • Disposición transitoria segunda Plazo para adaptarse a este decreto
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera Modificación del Decreto 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores
  • Disposición final segunda Remisión normativa
  • Disposición final tercera Entrada en vigor
• ANEXO. Condiciones para la autorización y la acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación

Artículo 1 Objeto

0. Este decreto tiene por objeto definir los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación que han sido sometidos a medidas administrativas de protección o a medidas de justicia juvenil, así como la forma y el procedimiento de acceso y la lista de espera para disfrutar de estos servicios públicos.

1. También tiene por objeto regular la renta de autonomía personal para jóvenes en proceso de emancipación que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil de acuerdo con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, con la finalidad de contribuir a este proceso.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

1. Este decreto es de aplicación a las entidades titulares y gestoras de los servicios de emancipación en la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2. Asimismo, resulta de aplicación a las personas que o bien han accedido o quieren acceder a los servicios que se regulan en él o bien disfrutan de la renta de autonomía personal o la quieren solicitar.

Artículo 3 Servicios para jóvenes en proceso de emancipación

1. Los servicios específicos para personas jóvenes mayores de 18 años que han sido tuteladas por la Administración o sometidas al cumplimiento de una medida judicial son los siguientes:

• a) Servicio de vivienda de emancipación para personas mayores de 18 años que han sido tuteladas por la Administración o sometidas al cumplimiento de una medida judicial.
• b) Servicio de acompañamiento para jóvenes que han estado sujetos a medidas administrativas o judiciales.

2. El conjunto coordinado de estos servicios constituye la Red Pública de Servicios de Emancipación.

Artículo 4 Objetivo de los servicios

1. Los servicios que detalla el artículo anterior tienen como objetivo facilitar la preparación para la vida independiente a las personas jóvenes mayores de edad que hayan estado bajo una medida de protección o bajo medidas judiciales y lo necesiten, tal como prevé la Ley 7/2015, de 10 de abril, por la que se establece el marco regulador de los procesos de autonomía personal de menores que han sido sometidos a una medida de protección o reforma.

2. Estos servicios actuarán de manera coordinada con los ámbitos socioeducativo, laboral y de acceso a la vivienda.

Artículo 5 Personas beneficiarias

1. Las personas beneficiarias de los servicios son las personas jóvenes de 18 a 25 años en riesgo de exclusión social que no tienen apoyo, que han sido objeto de una medida de protección o de justicia juvenil y no pueden retornar a su familia nuclear, motivo por el que tienen que asumir un proceso de autonomía personal, y que tienen su domicilio o residencia en el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2. Las personas usuarias del servicio de vivienda de emancipación, entre los 18 y los 25 años, disponen de un máximo de 48 meses, consecutivos o alternos, de uso de este servicio. Excepcionalmente, y siempre que haya plaza, la estancia en este servicio se puede prorrogar cuando la persona beneficiaria esté cursando satisfactoriamente estudios académicos de larga duración o cuando, durante la fase de estancia, tenga un problema de salud temporal que le impida la búsqueda de una nueva vivienda, sin que en ningún caso se pueda superar el límite de edad de 25 años.

LE0000645594_20190526Artículo 5 redactado por el artículo cuarto del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo).Vigencia: 26 mayo 2019

Artículo 6 Acceso a los servicios de la Red Pública de Servicios de Emancipación y lista de espera

1. El procedimiento de acceso a los servicios se iniciará a instancia de parte, mediante la solicitud de las personas interesadas. Las solicitudes se tienen que presentar a la Dirección General de Menores y Familia, en los registros de los entes o los órganos administrativos o por los medios telemáticos que establece la normativa de procedimiento administrativo, de acuerdo con el modelo que la Consejería ponga a disposición de las personas interesadas.

2. La Dirección General de Menores y Familias tiene que tramitar las solicitudes y hacer las valoraciones oportunas en el marco de los programas de autonomía personal. La aprobación o la denegación del acceso al servicio de la persona usuaria se tiene que efectuar mediante una resolución del órgano competente. En caso de que no se dicte y notifique la resolución en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

3. En caso de que no haya plazas disponibles, la Dirección General de Menores y Familias tiene que habilitar una lista de espera. Los criterios de prelación que tienen que regir el orden de esta lista de espera son los siguientes:

• 1º. Aquellas solicitudes procedentes de personas que bajo la guarda o tutela de la entidad pública competente permanecen hasta el final de una medida administrativa en un centro de protección.

  Estas se ordenarán según los siguientes criterios:

  • a) La edad en el momento de la solicitud, teniendo prioridad el solicitante de menos edad.
  • b) La fecha del registro de la solicitud, teniendo prioridad la más antigua.

  Como resultado de la aplicación de estos criterios se elabora un listado ordenado de las solicitudes. En el momento de disponibilidad de una plaza vacante se aplicará, entre los tres primeros de la lista, el criterio de arraigo. Este se entiende como el vínculo que tiene establecido el usuario con la entidad gestora del centro de procedencia y del recurso de destinación, en el caso de ser la misma.

• 2º. Aquellas solicitudes de personas que no provengan de un centro de protección en el momento de hacer la solicitud.

  Éstas se ordenarán según los siguientes criterios:

  • a) La edad en el momento de ofrecimiento de una plaza disponible, teniendo prioridad el solicitante de menos edad.
  • b) La fecha del registro de la solicitud, teniendo prioridad la más antigua.

  Si la persona joven en lista de espera del servicio de vivienda no acepta la plaza que se le ofrece y no lo justifica:

  • a) La primera vez que renuncie, permanecerá sin la posibilidad de que se le vuelva a ofrecer una plaza durante un período de seis meses a contar desde la fecha de la renuncia expresa o no aceptación tácita.
  • b) La segunda vez, permanecerá sin la posibilidad de que se le vuelva a ofrecer otra plaza durante un período de nueve meses a contar desde la fecha de la segunda renuncia expresa o no aceptación tácita.
  • c) Si renuncia una tercera vez, se entenderá que renuncia al derecho a disfrutar del servicio de vivienda.

Asimismo, la persona joven puede solicitar, de manera justificada y siempre que haya disponibilidad de plaza, el cambio de vivienda.

LE0000645594_20190526Número 3 del artículo 6 redactado por el apartado 1 del artículo quinto del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo).Vigencia: 26 mayo 2019

4. El servicio está obligado a admitir a las personas usuarias designadas por la Consejería y, una vez se le haya notificado la resolución de adjudicación de plaza, tiene que realizar el ingreso efectivo de la persona usuaria, de acuerdo con esta resolución.

5. La persona usuaria dispone de un período de adaptación a cada servicio de treinta días naturales, transcurridos los cuales se consolidará su derecho al servicio. En los casos que la persona usuaria del servicio de vivienda incumpla las condiciones del contrato de uso y estancia en la vivienda, los acuerdos establecidos y la normativa, será expulsada de la vivienda, la primera vez, por un período de seis meses; la segunda vez, por un período de nueve meses, y la tercera vez, definitivamente, sin la posibilidad de acceder a otra plaza. Si hay circunstancias que impiden la atención de la persona usuaria, la entidad lo tiene que comunicar al órgano competente, mediante un informe razonado, y este órgano tiene que adoptar la resolución que corresponda.

LE0000645594_20190526Número 5 del artículo 6 redactado por el apartado 2 del artículo quinto del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo).Vigencia: 26 mayo 2019

6. La resolución de acceso al servicio de vivienda de emancipación debe indicar la aportación económica de la persona usuaria al coste de este servicio. Para las personas con ingresos iguales o superiores al importe de la cuantía máxima de la prestación de la renta, calculados de acuerdo con el artículo 17, esta aportación es del 5 % del coste del servicio. Para el resto, no hay participación económica.

Artículo 7 Competencia para autorizar y acreditar a los servicios para jóvenes en proceso de emancipación

La Administración autonómica es la administración competente para autorizar y acreditar los servicios regulados en este decreto que se presten en el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Artículo 8 Autorización de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación

1. Todos los servicios para jóvenes en proceso de emancipación que regula este decreto quedan sometidos al régimen de autorización e inscripción establecido en el Decreto 10/2013, de 28 de febrero, por el que se fijan los principios generales del Registro Unificado de Servicios Sociales de las Illes Balears y de los procedimientos para la autorización y la acreditación de los servicios sociales, y se regulan la sección suprainsular del Registro y los procedimientos para autorizar y acreditar servicios sociales de ámbito suprainsular.

2. Además de los requisitos generales que establece la normativa general aplicable, para ser autorizados, los servicios para jóvenes en proceso de emancipación tienen que cumplir los requisitos específicos que recoge el anexo de este decreto.

Artículo 9 Acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación

1. La acreditación es una condición necesaria para poder ejercer el servicio para jóvenes en proceso de emancipación incluido en la Red de Servicios Sociales de Atención Pública y, por tanto, recibir financiación pública. Por ello, las entidades que se integran en esta red, que se quieran integrar o que quieran recibir financiación pública tienen que acreditar sus servicios de conformidad con el procedimiento previsto en el Decreto 10/2013.

2. Los requisitos para la acreditación, además de los establecidos para la autorización y los generales que exige la normativa aplicable a la acreditación, son los que describe el anexo de este decreto.

Artículo 10 Inscripción en el Registro Unificado de Servicios Sociales

Las entidades titulares de los servicios tienen que estar debidamente inscritas en el Registro Unificado de Servicios Sociales. Esta inscripción puede ser a instancia de parte, de acuerdo con el Decreto 10/2013, o de oficio, cuando se obtenga la autorización o la acreditación correspondiente.

Artículo 11 Naturaleza

1. La renta de autonomía personal para jóvenes con medidas de justicia juvenil es una prestación social de tipo económico que tiene carácter subsidiario respecto de otras prestaciones del sistema público de prestaciones sociales, de carácter temporal y que es de percepción mensual, para atender los gastos esenciales de las personas que han sido sometidas a las medidas de justicia juvenil que establece la Ley Orgánica 5/2000, y que detalla el capítulo II de este título IV, aplicadas por la entidad pública competente en la materia.

2. Esta prestación no tiene la consideración de subvención, puesto que se configura como una prestación autonómica complementaria de las prestaciones que prevé el artículo 2.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a efectos de lo que dispone la letra a del artículo 2.3 del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.

3. A los efectos de lo que dispone este decreto, se entiende por gastos esenciales de una persona los gastos propios incluidos en el concepto amplio de alimentos recogido en el Código Civil, es decir, la alimentación, la habitación, el vestido y la asistencia médica, así como las que facilitan la comunicación y el transporte básico, y también todas las que son imprescindibles para vivir dignamente.

Artículo 12 Régimen de compatibilidad e incompatibilidad

1. La renta de autonomía personal para jóvenes con medidas de justicia juvenil es compatible y complementaria respecto de las prestaciones finalistas de servicios sociales que correspondan a la persona titular o a cualquiera de los miembros de su núcleo familiar.

2. Esta prestación también es compatible con otras prestaciones económicas de la Administración autonómica, insular o local, del sistema educativo o laboral, que tengan como finalidad la formación y la plena inserción de las personas en el mercado laboral.

3. En cualquier caso, la prestación es incompatible con:

• a) La renta mínima de inserción.
• b) La renta social garantizada.
• c) La prestación para personas desinternadas que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) concede a las personas jóvenes que acaban el cumplimiento de las medidas de justicia juvenil privativas de libertad, si cumplen todos los requisitos que establece la normativa aplicable. En todo caso, la prestación del SEPE tiene que ser prioritaria respecto de la renta de autonomía personal para jóvenes con medidas de justicia juvenil y se tiene que agotar antes de solicitar la renta que regula este decreto.
• d) La renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores. En ningún caso una persona puede ser beneficiaria de ambas rentas.

Artículo 13 Comisión Técnica de la Renta de Autonomía Personal

...

Artículo 14 Personas destinatarias

Tienen derecho a ser personas beneficiarias de la prestación que regula este decreto las personas jóvenes que cumplan los requisitos que establece el artículo siguiente, que sigan el programa de autonomía personal suscrito con la Dirección General de Menores y Familias, y que hayan sido sometidas al cumplimiento de alguna de las medidas judiciales establecidas en los apartados a, b, c y d del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, siempre que la competencia de la correspondiente aplicación esté atribuida a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y sean ejecutadas por la Dirección General de Menores y Familias del Gobierno de las Illes Balears.

Artículo 15 Requisitos de las personas beneficiarias

Para ser persona beneficiaria de esta renta, se tienen que cumplir los siguientes requisitos:

• a) Haber cumplido 18 años y no haber cumplido 25.
• b) Haber sido sometido al cumplimiento de alguna de las medidas judiciales que detalla el artículo anterior.
• c) En el caso de que la persona interesada no tenga un empleo o no curse estudios académicos, estar inscrita como demandante de trabajo en el Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB).
• d) Expresar la voluntad de iniciar un proceso de autonomía personal, que se tiene que acreditar con la participación en el programa de autonomía personal suscrito con la Dirección General de Menores y Familias y mostrando una evolución correcta durante un periodo de tres meses, como mínimo, prorrogable a tres meses más.
• e) Vivir de manera autónoma, lo que se tiene que acreditar mediante el certificado de empadronamiento correspondiente en que consten las personas con las que convive.
• f) Tener unos ingresos inferiores al 80 % del IPREM (indicador público de rentas de efectos múltiples) en el momento de solicitar la prestación.
• g) Tener la residencia en la comunidad autónoma de las Illes Balears, lo que se tiene que acreditar con el certificado de empadronamiento en un municipio de las Illes Balears.
• h) No haber renunciado a una oferta de trabajo adecuada o no haber sido baja voluntaria de su trabajo en los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de la renta de autonomía personal para jóvenes con medidas de justicia juvenil.

Artículo 16 Obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias están obligadas a:

• a) Cumplir el programa de autonomía personal acordado con los servicios técnicos de la Dirección General de Menores y Familias del Gobierno de las Illes Balears, de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 7/2015.
• b) Si se produce alguna de las causas de extinción o suspensión que indica el artículo 23 de este decreto, comunicarlo a la Dirección General de Menores y Familias y, si procede, reintegrar las cuantías percibidas indebidamente. La entidad gestora puede comprobar, en cualquier momento, el cumplimiento de las condiciones que hayan determinado el acceso a la prestación.
• c) Destinar la cuantía económica de la renta de autonomía personal para jóvenes con medidas de justicia juvenil a la finalidad para la que se ha otorgado, de acuerdo con el artículo 11.3 de este decreto.
• d) Reclamar cualquier derecho económico que les pueda corresponder por cualquier título, y ejercer las correspondientes acciones para hacerlo efectivo. En los casos que los condicionantes sociales o culturales imposibiliten la reclamación, la Administración se reserva excepcionalmente el derecho de ejercer las actuaciones que considere oportunas, con el acuerdo previo de la persona titular.
• e) Solicitar la prestación a la que tengan derecho legalmente las personas destinatarias o interponer la correspondiente reclamación judicial, en el caso que tengan derecho legalmente a percibir una pensión alimenticia.
• f) Reintegrar el importe de las prestaciones percibidas indebidamente.
• g) Asistir a las entrevistas a las que sean citadas por el profesional o la profesional de referencia de la Dirección General de Menores y Familias.
• h) Atender a los requerimientos y colaborar en las actuaciones de comprobación que lleve a cabo la Administración.
• i) Comunicar cualquier cambio de domicilio habitual de las personas destinatarias.
• j) Cumplir todas las obligaciones que se prevean reglamentariamente y las que establezca el programa de autonomía personal.

Artículo 17 Cuantía de la prestación

1. La cuantía máxima de la prestación es equivalente al 80 % del IPREM mensual, mientras que la cuantía mínima es equivalente al 25 % del IPREM mensual.

2. Se puede percibir la cuantía íntegra de la prestación mientras la suma de la cantidad que supone más los ingresos procedentes de la actividad laboral remunerada o de las prestaciones económicas complementarias no iguale o supere el valor de 1,5 veces el IPREM vigente en cada momento. En este caso, la cuantía de la prestación se tiene que reducir en la proporción necesaria para no superar este límite.

3. Excepcionalmente, en los supuestos en que la situación familiar o convivencial de la persona que ha sido sometida a una medida de justicia juvenil o reforma suponga una carga económica, la prestación se incrementará en la cantidad resultante en un 20 % para la segunda persona integrante del núcleo familiar y en un 10 % para las restantes, hasta un máximo de cuatro personas. En el cómputo de miembros, las personas afectadas por una discapacidad del 33 % o superior computan un 10 % más, de acuerdo con los límites cuantitativos previstos.

4. La prestación se tiene que percibir en pagos mensuales vencidos a partir del mes siguiente.

Artículo 18 Presentación de solicitudes

1. La renta mensual se puede solicitar en cualquier momento, a partir de los 18 años y hasta que se cumplan 25.

2. Las solicitudes de la prestación se tienen que presentar a la Dirección General de Menores y Familias, o en los registros o por los medios que prevé la normativa sobre procedimiento administrativo, de acuerdo con el modelo que la Consejería ponga a disposición de las personas interesadas, en el que tiene que constar la documentación que se debe adjuntar para acreditar los requisitos del artículo 15.

Artículo 19 Resolución

En cualquier caso, la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación tiene que dictar y notificar una resolución motivada en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. Si transcurre este plazo y no se ha dictado y notificado la resolución, la solicitud se entenderá desestimada.

Artículo 20 Abono

La renta de autonomía personal se debe abonar directamente a la persona beneficiaria, mediante una transferencia bancaria a la cuenta corriente facilitada por dicha persona.

Artículo 21 Valoración de la situación de necesidad e indicador de la renta

1. La situación de necesidad se valorará teniendo en cuenta los ingresos económicos y las condiciones sociales de las personas beneficiarias.

2. Se debe determinar si la persona beneficiaria tiene hijos o hermanos a cargo que le comporten una carga económica.

3. A los efectos de lo que establecen los apartados 1 y 2 de este artículo, se entiende, con carácter general, que hay falta de recursos económicos cuando los ingresos personales son inferiores al 80 % del IPREM.

4. No se tienen en cuenta como ingresos personales los que pueda percibir la persona beneficiaria provenientes de ayudas de cualquier naturaleza si tienen la finalidad de atender los gastos derivados de la necesidad del concurso de otra persona para llevar a cabo los actos esenciales de la vida.

Artículo 22 Duración de la renta de autonomía personal

1. La duración máxima de la prestación es de 36 meses, según la edad de la persona beneficiaria, del momento de presentar la solicitud y del hecho de que se mantengan las condiciones que motiven la concesión. En todo caso, acaba el día en que la persona beneficiaria cumple 25 años y se prorratea la mensualidad vencida.

2. Los períodos de derecho a la percepción de la prestación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) computan en este límite temporal.

LE0000748902_20230308Número 2 del artículo 22 redactado por la disposición final tercera de la Ley 4/2023, 27 febrero, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears («B.O.I.B.» 7 marzo).Vigencia: 8 marzo 2023

3. La prestación se puede prorrogar automáticamente para cada ejercicio económico si se mantienen los requisitos que motivan la concesión y no se produce ninguna causa de extinción o suspensión.

Artículo 23 Suspensión y extinción de la renta

1. La prestación se puede suspender o extinguir por cualquiera de las circunstancias que prevé el artículo siguiente.

2. El procedimiento de suspensión o extinción se puede iniciar a instancia de la persona interesada o de oficio por acuerdo del órgano competente. En este caso, se pondrá en conocimiento de la persona interesada y se le concederá un plazo de quince días hábiles para formular las alegaciones que considere oportunas en defensa de su derecho, sin perjuicio de las medidas cautelares que se consideren más adecuadas.

3. La suspensión de la prestación tiene una duración máxima de tres meses. Durante este periodo, se puede reiniciar la prestación cuando deje de existir la causa que haya motivado la suspensión.

4. Si se agota el periodo de suspensión y no se ha resuelto la causa, la prestación se extingue automáticamente, sin perjuicio de la correspondiente resolución de extinción del derecho a la prestación.

Artículo 24 Causas de suspensión y extinción de la renta de autonomía personal

1. Son causas de suspensión de la prestación:

• a) Dejar de residir en las Illes Balears.
• b) Llevar a cabo una actividad laboral remunerada con una retribución igual o superior a 1,25 veces el IPREM.
• c) Dejar de atender injustificadamente a dos requerimientos de la administración competente para comprobar la continuidad de los requisitos para acceder a la prestación concedida.
• d) Incumplir el programa de autonomía personal aprobado por la Dirección General de Menores y Familias.
• e) Llevar a cabo la tramitación de un expediente de extinción.

2. Son causas de extinción de la renta de autonomía personal:

• a) Producirse la muerte de la persona beneficiaria.
• b) Cumplir 25 años o haber disfrutado de la prestación el tiempo máximo previsto en el artículo 22.
• c) Mantener cualquiera de las causas que motivan la suspensión de la prestación durante tres meses.
• d) Falsear la información aportada a la Administración en la acreditación de los requisitos.
• e) Falsear la documentación aportada a la Administración en la acreditación de los requisitos, previa resolución judicial por la que se declare la falsedad documental.
• f) Incumplir el programa de autonomía personal aprobado por la Dirección General de Menores y Familias o no seguir las pautas durante un periodo superior a tres meses, previo informe técnico.
• g) Producirse la mejora de la situación económica de la persona beneficiaria por aumento patrimonial y, por lo tanto, desaparecer la situación de necesidad que haya motivado la prestación, de acuerdo con los requisitos que establece este decreto.
• h) Haber sido condenado por una nueva causa judicial.

Artículo 25 Reintegro de la prestación

De acuerdo con la normativa vigente, las personas beneficiarias, por iniciativa propia o por requerimiento de la Administración, tienen que reintegrar las cuantías recibidas indebidamente por cualquier causa, de acuerdo con la legislación de finanzas aplicable a la hacienda de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Artículo 26 Gestión de la prestación

La gestión de la renta de autonomía personal corresponde a la Dirección General de Menores y Familias de la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación del Gobierno de las Illes Balears.

Artículo 27 Seguimiento de los programas de autonomía personal

1. La Dirección General de Menores y Familias asignará a cada persona beneficiaria un técnico o una técnica de referencia para la gestión y el seguimiento del programa de autonomía personal.

2. El programa de autonomía personal se tiene que formalizar por escrito. Tienen que firmar los acuerdos del programa el técnico o la técnica de referencia y la persona beneficiaria.

3. Si procede, la Dirección General de Menores y Familias, mientras dure la prestación, comprobará periódicamente si la persona beneficiaria está inscrita en la búsqueda de empleo, si dispone de cotizaciones de la Seguridad Social, así como el resto de requisitos para poder disfrutar de la prestación.

4. La Dirección General de Menores y Familias se coordinará con el personal técnico de los servicios de inserción en los que participe la persona beneficiaria de la prestación para el intercambio de información, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el artículo 7 de la Ley 7/2015.

Artículo 28 Financiación de la prestación

La renta de autonomía personal se financiará con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Artículo 29 Régimen sancionador

El régimen sancionador aplicable a las actuaciones derivadas de este decreto es el establecido en la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears.

Artículo 30 Comisión de Seguimiento de Emancipación

1. Se crea la Comisión de Seguimiento de Emancipación, adscrita a la Dirección General de Menores y Familias, para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los usuarios de la Red Pública de Emancipación.

2. Esta Comisión está integrada por los profesionales del Servicio de Familias de la Dirección General de Menores y Familias responsables de la gestión de los programas de autonomía personal, designados por la directora general, y por los representantes de las entidades concertadas, designados por estas y nombrados por la directora general.

3. Las funciones de la Comisión de Seguimiento de Emancipación son las siguientes:

• a) Evaluar el proceso de emancipación de cada persona beneficiaria del servicio.
• b) Evaluar los requisitos y las obligaciones necesarias para que la persona beneficiaria pueda seguir disfrutando de la prestación de los servicios de la Red Pública de Servicios de Emancipación.

De la evaluación se elaborará informe técnico, a partir del cual se elaborará la propuesta de resolución corerspondiente.

4. El régimen de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de Emancipación se tiene que ajustar a las normas contenidas en la sección tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y en el capítulo quinto del título II de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con las particularidades siguientes:

• a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de Emancipación corresponde a un miembro de la Dirección General de Menores y Familias designado por la directora general de Menores y Familias.
• b) El secretario o secretaria será elegido y designado por la Comisión de entre sus miembros.
• c) La Comisión de Seguimiento de Emancipación se reunirá con una periodicidad de tres meses, sin perjuicio de la posible convocatoria cuando lo solicite una de las partes implicadas.

5. Los representantes de la Administración se designarán de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, excepto por razones fundamentadas y objetivas debidamente motivadas. Se entiende por representación equilibrada la presencia de mujeres y hombres de modo que ningún sexo supere el 60 % del conjunto ni sea inferior al 40 %.

LE0000645594_20190526Título V -artículos 30 y 31- introducido por el artículo séptimo del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo).Vigencia: 26 mayo 2019

Artículo 31 Comisión Técnica de Derivación y Evaluación

1. En cada isla de la comunidad autónoma se constituirá una comisión técnica de derivación y evaluación, adscrita a la Dirección General de Menores y Familias, con la finalidad de evaluar y elaborar propuestas para los casos de personas que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores que puedan ser beneficiarias de los servicios de la Red Pública de Emancipación.

2. Esta comisión está integrada por los miembros siguientes:

• a) En la isla de Mallorca
  • - Tres miembros del Servicio de Familias de la Dirección General de Menores y Familias, designados por la directora general.
  • - Dos miembros de la entidad pública de protección de menores competente, propuestos por el respectivo consejo insular y nombrados por la directora general.
  • - Tres miembros a propuesta de la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia Balear (FEIAB), nombrados por la directora general.
• b) En las islas de Menorca, Ibiza y Formentera
  • - Dos miembros de la Dirección General de Menores y Familias, designados por la directora general.
  • - Dos miembros de la entidad pública de protección menores competente, propuestos por el respectivo consejo insular y nombrados por la directora general.

3. Las funciones de la Comisión Técnica de Derivación y Evaluación son las siguientes:

• a) Conocer a las personas jóvenes susceptibles de ser incorporadas al programa, seis meses antes de acabar la medida administrativa de protección.
• b) Colaborar en el proceso de derivación de las personas jóvenes.
• c) Establecer el inicio de la intervención educativa en coordinación con el profesional referente.
• d) Participar en la evaluación del servicio de la Red Pública de Servicios de Emancipación, indicando los aspectos susceptibles de mejora (en especial, tiene que evaluar todos los procesos).
• e) Cooperar en el desarrollo de la Red Pública de Servicios de Emancipación.
• f) Establecer directrices y protocolos para la intervención educativa y unificar estrategias de intervención mediante una metodología integral.
• g) Potenciar la formación permanente de los profesionales.
• h) Cumplir las funciones que la administración competente le encomiende.

4. El régimen de funcionamiento de la Comisión Técnica de Derivación y Evaluación se tiene que ajustar a las normas contenidas en la sección tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015 y en el capítulo quinto del título II de la Ley 3/2003, con las particularidades siguientes:

• a) La presidencia de la Comisión Técnica de Derivación y Evaluación corresponde a un miembro del Servicio de Familias de la Dirección General de Menores y Familias designado por la directora general de Menores y Familias.
• b) El secretario o secretaria será elegido y designado por la Comisión de entre sus miembros
• c) La Comisión Técnica de Derivación y Evaluación se reunirá con una periodicidad de tres meses, sin perjuicio de la posible convocatoria cuando lo solicite una de las partes implicadas.

5. Los representantes de la Administración se designarán de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, excepto por razones fundamentadas y objetivas debidamente motivadas. Se entiende por representación equilibrada la presencia de mujeres y hombres de modo que ningún sexo supere el 60 % del conjunto ni sea inferior al 40 %.

LE0000645594_20190526Título V -artículos 30 y 31- introducido por el artículo séptimo del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo).Vigencia: 26 mayo 2019

Disposición transitoria primera Régimen aplicable a los servicios autorizados en funcionamiento

Los servicios de ámbito suprainsular que estén autorizados y en funcionamiento cuando entre en vigor este decreto siguen manteniendo la autorización sin ningún otro trámite.

Disposición transitoria segunda Plazo para adaptarse a este decreto

1. Las entidades titulares de servicios de acompañamiento y de servicios de vivienda de emancipación disponen de un año para adaptarse a los requisitos de autorización que establece este decreto.

2. Desde la entrada en vigor de este decreto, se establece un plazo de dos años para que los trabajadores contratados en la categoría de auxiliar educativo que no poseen la titulación en educación secundaria obligatoria puedan obtenerla.

Disposición final primera Modificación del Decreto 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores

1. Se modifica el apartado e del artículo 5 del Decreto 52/2016, que pasa a tener la siguiente redacción:

LE0000580730_20190526

2. Se modifica el apartado 2 del artículo 13 del Decreto 52/2016, que pasa a tener la siguiente redacción:

LE0000580730_20190526

3. Se modifica la letra b del apartado 1 del artículo 14 del Decreto 52/2016, que pasa a tener la siguiente redacción:

LE0000580730_20190526

Téngase en cuenta que el D 52/2016, 5 agosto, modificado por esta norma, ha sido derogado por la letra e) de la disposición derogatoria única del D Ley 10/2020, 12 junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears («B.O.I.B.» 16 junio).LE0000668189_20220129

Disposición final segunda Remisión normativa

Respecto del procedimiento aplicable, en todo lo que no prevé este decreto se aplicará la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

Disposición final tercera Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.