Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes Balears

• Expandir / Contraer índice sistemático
• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
• CAPÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales
  • Articulo 1 Objeto y finalidad de la ley
• CAPÍTULO I. Régimen de colaboración privada en la gestión de servicios sociales a las personas mediante acción concertada
  • Artículo 2 De la acción concertada de servicios sociales a las personas en las Illes Balears
  • Artículo 3 Principios de la acción concertada
  • Artículo 4 Planificación y objeto de la acción concertada
  • Artículo 5 Requisitos exigibles a las entidades gestoras de los servicios concertados
  • Artículo 6 Procedimientos de concertación y criterios de preferencia a favor de entidades del Tercer Sector Social
  • Artículo 7 Duración, renovación, modificación y extinción de la acción concertada
  • Artículo 8 Contenido mínimo de los acuerdos de acción concertada
  • Artículo 9 Causas de extinción de los acuerdos de acción concertada
  • Artículo 10 Evaluación y seguimiento de los servicios prestados mediante acción concertada
• CAPÍTULO II. Reglas específicas de contratación pública de servicios sociales dirigidos a las personas
  • Artículo 11 Reglas singulares para contratación de servicios sociales a las personas
  • Artículo 12 Exigencias de solvencia específica para garantizar la calidad de la prestación
  • Artículo 13 Presupuesto base de licitación
  • Artículo 14 Plazos de los contratos de servicios sociales a personas
  • Artículo 15 Utilización de modelo de concesión de servicios
  • Artículo 16 Criterios de adjudicación vinculados a la calidad
  • Artículo 17 Ofertas anormalmente bajas
  • Artículo 18 Contratos reservados a entidades del tercer sector en el ámbito de los servicios sociales
  • Artículo 19 Responsable del contrato
  • Artículo 20 Condiciones especiales de ejecución
• CAPÍTULO III. Sistema de cooperación directa con entidades del Tercer Sector Social
  • Artículo 21 Cooperación directa con entidades del Tercer Sector Social
  • Artículo 22 Principios de contratación de las entidades concertadas
• Disposiciones Adicionales
  • Disposición adicional primera Régimen supletorio aplicable
  • Disposición adicional segunda Participación de los beneficiarios en las prestaciones asistenciales de la Red Pública de Atención a la Dependencia
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria única Régimen transitorio de los procedimientos
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria única Normas que se derogan
• Disposiciones Finales
  • Disposición final primera Excepciones al requisito de la acreditación
  • Disposición final segunda Registro de Entidades de Ocupación
  • Disposición final tercera Desarrollo y entrada en vigor de la ley
• ANEXO.  CÓDIGOS CPV DE SERVICIOS SOCIALES

Articulo 1 Objeto y finalidad de la ley

1. La presente ley tiene por objeto establecer los principios básicos de la contratación, la concertación y la cooperación directa de los servicios a las personas en el ámbito social que celebren las administraciones públicas competentes en las Illes Balears, con la finalidad de proveer unos servicios de calidad a la ciudadanía.

2. De conformidad con los referidos principios, se regulan fórmulas de colaboración-concertación que sirvan para complementar y preservar el modelo público de prestación de servicios a las personas en el ámbito de los servicios sociales, caracterizado por las notas de universalidad, de aseguramiento, financiación y planificación públicos, de gestión pública o privada concertada en base a la exigencia de idénticas prestaciones y niveles de calidad, y de evaluación y control públicos. Asimismo, se diseña un régimen singular de contratación pública que ponga el acento en la calidad, que podrá ser utilizado cuando se utilicen fórmulas de contratación pública.

3. Las fórmulas previstas en esta norma deberán ser aplicadas atendiendo a la mejor eficacia y eficiencia de la prestación que se pretenda satisfacer, para lo que deberá motivarse la opción elegida.

4. El Gobierno de las Illes Balears promoverá fórmulas de cooperación interadministrativa para conseguir el mejor funcionamiento del modelo de prestación de estos servicios esenciales a las personas.

Artículo 2 De la acción concertada de servicios sociales a las personas en las Illes Balears

1. Las administraciones competentes de las Illes Balears, para complementar el sistema público y garantizar una adecuada equidad y calidad de las prestaciones incluidas en la cartera de servicios o del servicio de orientación profesional, podrán encomendar la prestación de dichos servicios de su competencia mediante el sistema de acción concertada, a entidades sin ánimo de lucro del Tercer Sector Social, tal y como se definen en los artículos 3 y 4 de la Ley 3/2018, de 29 de mayo, del Tercer Sector de Acción Social, o, si cabe, a entidades privadas, dando preferencia en este último caso a las entidades del Tercer Sector Social, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, y de acuerdo con los requisitos que establece esta ley y con respeto a los principios de publicidad, transparencia y no discriminación.

2. A los efectos de esta ley, se entiende por régimen de acción concertada la prestación por terceros de servicios sociales incluidos en la cartera de servicios sociales y el servicio de orientación profesional recogido en la Cartera Común del Sistema Nacional de Empleo, y en los que la financiación, el acceso y el control administrativo serán públicos.

3. La cooperación mediante la acción concertada comporta la adscripción funcional de los servicios correspondientes a la Red Pública de Servicios Sociales y supone que las entidades concertadas, independientemente de su naturaleza jurídica, se someten a un catálogo de obligaciones de control que podrán afectar a su plan de cuentas y a su sistema de contabilidad, a sus sistemas de información, al control de calidad, a la auditoría de cuentas, a las auditorias de protección de datos y a presentar una planificación trienal en recursos humanos e inversiones. En todo caso se preservará el modelo de gestión privada del centro y su identidad corporativa.

Véase el número I del anexo de la Res. 12 septiembre 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears («B.O.E.» 26 septiembre).LE0000651460_20190927

Artículo 3 Principios de la acción concertada

Las administraciones públicas de las Illes Balears ajustarán su acción concertada con terceros para la prestación a las personas de servicios sociales a los siguientes principios:

• a) Subsidiariedad, principio conforme al cual la acción concertada con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro estará subordinada, con carácter previo, a la utilización óptima de los recursos propios.
• b) Solidaridad, potenciando la implicación de las entidades del tercer sector en la prestación de servicios a las personas de carácter social y de acuerdo con la Ley 3/2018, ya citada.
• c) Igualdad, garantizando que en la acción concertada quede asegurado que la atención que se preste a las personas usuarias se realice en plena igualdad con las personas usuarias que sean atendidas directamente por la administración pública.
• d) Eficiencia presupuestaria, fijando contraprestaciones económicas a percibir por las entidades concertadas de acuerdo con las tarifas máximas y mínimas o bien los módulos que se establezcan, que cubrirán como máximo los costes variables, fijos y permanentes de prestación del servicio, sin incluir beneficio industrial.
• e) No discriminación, estableciendo condiciones de acceso a la acción concertada que garanticen la igualdad entre las entidades que opten a ella.
• f) Publicidad, previendo que las convocatorias de acción concertada y la adopción de acuerdos de acción concertada que se suscriban sean objeto de publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
• g) Transparencia, difundiendo en el Portal de transparencia los acuerdos de acción concertada suscritos y los procedimientos en tramitación, conforme a las condiciones que establece la normativa estatal y autonómica de transparencia.
• h) Intencionalidad social y ambiental, alcanzando distintos logros en tales ámbitos, así como en los de igualdad de género, de innovación en la gestión de las entidades y de los servicios públicos, y estableciendo tales objetivos de manera expresa en el objeto de los conciertos.
• i) Participación, estableciendo mecanismos para la implicación efectiva de las personas usuarias en la prestación y evaluación de los servicios.
• j) Calidad asistencial. Es el principio que inspirará la organización de la acción concertada en todos sus aspectos.
• k) Libre elección y arraigo de las personas usuarias. Son los principales criterios de elección de la entidad que prestará el servicio.

Véase el número I del anexo de la Res. 12 septiembre 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears («B.O.E.» 26 septiembre).LE0000651460_20190927

Artículo 4 Planificación y objeto de la acción concertada

1. Con una periodicidad anual, las administraciones de las Illes Balears competentes en materia social y empleo, como parte de sus competencias de planificación, realizarán una previsión de las prestaciones y servicios que se pretende que sean objeto de acción concertada, junto con una tasación de su coste y un informe justificativo de carecer de medios propios para su gestión, de la idoneidad de la modalidad de gestión elegida y de la planificación establecida para dotarse de medios propios para la gestión directa de tales prestaciones o servicios cuando fuera previsible que estos se fueran a prestar de manera permanente y fueran, además, esenciales para la efectividad de los derechos sociales.

Véase Acuerdo [BALEARES] del Consejo de Gobierno 21 febrero 2020 por el que se aprueba la previsión de las prestaciones y los servicios que se tienen que concertar durante el año 2020 y se declaran los servicios de interés económico general («B.O.I.B.» 22 febrero).LE0000660404_20200627

Véase Acuerdo [BALEARES] del Consejo de Gobierno, 25 enero 2019, por la que se aprueba la previsión de las prestaciones y los servicios de servicios sociales que se tienen que concertar durante el año 2019 y se declaran los servicios de interés económico general («B.O.I.B.» 26 enero).LE0000636686_20190427

2. Esta planificación tiene que definir aquellos servicios que son considerados, de manera excepcional, servicios de interés económico general. Para la determinación de este carácter se tendrá en cuenta, como criterio fundamental, el arraigo de las personas usuarias a los servicios y la implantación de los servicios al territorio.

3. Podrán ser objeto de acción concertada de los servicios relacionados en el anexo de esta ley:

• a) La reserva y la ocupación de plazas o la prestación de servicios para su uso exclusivo por las personas usuarias del sistema de servicios sociales público, cuyo acceso será autorizado por la administración competente cuando las entidades cumplan los criterios previstos para ello.
• b) La gestión integral de prestaciones técnicas o servicios de servicios sociales.

4. Los acuerdos de acción concertada garantizarán que la atención que se preste a la ciudadanía con derecho a cobertura de servicios será la misma para todos, sin otras diferencias que las sociales inherentes a la propia naturaleza del proceso asistencial o de la prestación social.

5. Los servicios concertados forman parte de la red pública, y no se podrá exigir a las personas usuarias cantidad alguna distinta de la tarifa por las prestaciones propias del sistema del servicio concertado de que se trate, de conformidad con lo que establezca la Administración competente.

La exigencia a las personas usuarias de cualquier cantidad en concepto de servicios complementarios, al margen de la tarifa, deberá ser autorizada por la administración competente.

LE0000976091_20251026Apartado 5 del artículo 4 redactado por el número 1 del artículo primero del D-ley 7/2025, de 24 de octubre, de medidas urgentes en materia de servicios sociales («B.O.I.B.» 25 octubre).Vigencia: 26 octubre 2025

Artículo 5 Requisitos exigibles a las entidades gestoras de los servicios concertados

1. Podrán suscribir acuerdos de acción concertada las entidades del Tercer Sector de Acción Social que presten los servicios objeto del concierto y lo soliciten expresamente en los plazos y la forma que se determinen.

2. No obstante lo anterior, en los procedimientos de acción concertada de servicios declarados de interés económico general, podrán subscribir conciertos todas las personas físicas o jurídicas de carácter privado, con o sin ánimo de lucro, sea cual sea la forma jurídica que adopten, que presten los servicios objeto del concierto y lo soliciten expresamente en los plazos y la forma que se determinen.

3. Podrá utilizarse la acción concertada con aquellas entidades que cumplan los requisitos que se establezcan en la normativa de desarrollo de esta ley y, en especial:

• a) Disponer de la oportuna acreditación administrativa para la prestación del servicio objeto de la acción concertada. Excepcionalmente, en aquellos casos en los que se acrediten las circunstancias de la disposición final primera, será suficiente la autorización.
• b) Estar inscritas en el registro correspondiente.
• c) Acreditar la disposición de los medios y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en el acuerdo de acción concertada. En concreto, en el caso de reserva y ocupación de plazas, las entidades deberán acreditar la titularidad del servicio o su disponibilidad por cualquier título jurídico válido por un período no inferior a la vigencia del concierto.
• d) Acreditar el cumplimiento de cualquier otra normativa que, con carácter general o específico, les sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por el tipo de servicio objeto de concertación.
• e) Comunicar, a efectos de la preceptiva acreditación, los cambios de accionariado o de titularidad para preservar la identidad institucional que justificó el acuerdo de colaboración.

Reglamentariamente la Consejería de Trabajo, Comercio e Industria regulará la creación y las normas de funcionamiento del registro de entidades para poder optar a la acción concertada en los servicios de orientación profesional, así como los requisitos para la autorización prevista en letra a) de este apartado.Véase D. 35/2022, 22 agosto, por el que se crea y regula el Registro de entidades y servicios de orientación profesional y los servicios complementarios, y los procedimientos de acreditación de servicios y habilitación de entidades («B.O.I.B.» 27 agosto).LE0000736577_20220828

4. La formalización de la colaboración se efectuará mediante un documento administrativo, denominado acuerdo de acción concertada, cuyo modelo tiene que aprobar la persona titular del departamento competente. Se podrá subscribir un único concierto para la reserva y la ocupación de plazas en varios servicios o para la gestión integral de una pluralidad de prestaciones o servicios cuando todos ellos dependan de una misma entidad titular.

Artículo 6 Procedimientos de concertación y criterios de preferencia a favor de entidades del Tercer Sector Social

1. La normativa sectorial regulará los procedimientos para que las entidades que cumplan los requisitos establecidos puedan acogerse al régimen de acción concertada conforme a los principios generales establecidos en el artículo 3 de esta ley.

2. La iniciación del procedimiento deberá quedar justificada mediante resolución acreditativa de la concurrencia de circunstancias que hagan necesario acudir a la acción concertada para la gestión de una determinada prestación de servicio, prevista en el artículo 4 de esta ley.

3. La selección de las entidades, previa convocatoria, en su caso, deberá basarse en los siguientes criterios, que quedarán determinados en el objeto y las condiciones de la resolución:

• a) El arraigo de la persona en el entorno de atención y las condiciones de atención que demanda.
• b) La implantación en la localidad donde vaya a prestarse el servicio.
• c) La libre elección y lista de espera de acceso a los servicios.
• d) Cualesquiera otros que resulten determinantes para la valoración de la capacidad y la idoneidad de las entidades.

4. En aquellos procedimientos de concertación para servicios declarados de interés económico general en los que puedan participar entidades privadas con ánimo de lucro, siempre que existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, así como de eficiencia presupuestaria, para formalizar los acuerdos de acción concertada tienen preferencia las entidades del Tercer Sector Social.

Artículo 7 Duración, renovación, modificación y extinción de la acción concertada

1. La duración de los acuerdos de acción concertada será la establecida en cada acuerdo con un máximo de diez años. No obstante lo anterior, se podrán renovar de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente y las normas presupuestarias, siempre que se mantenga la demanda de prestación del servicio.

2. Los acuerdos de acción concertada podrán ser objeto de revisión y, en su caso, de modificación en los términos que se establezca en el correspondiente acuerdo, cuando varíen las circunstancias iniciales de su suscripción, con el fin de adecuar las condiciones económicas y las prestaciones asistenciales a las nuevas necesidades. En todo caso, el cambio de finalidad de la entidad o de control financiero de la misma obligará a la revisión del acuerdo inicial de acción concertada.

3. Extinguido el acuerdo de acción concertada por alguna de las causas que se establecen en esta ley, la administración que realizó la acción concertada garantizará a las personas usuarias la continuidad en la prestación del servicio.

4. Queda prohibida la cesión, total o parcial, de los servicios objeto del acuerdo de acción concertada. No obstante, cuando la entidad concertada sea declarada en concurso de acreedores, la administración pública competente podrá autorizar la cesión, junto con la adopción de las medidas precisas para garantizar la continuidad y la calidad del servicio.

5. Sin perjuicio de lo que establece el apartado 4 anterior, se puede llevar a cabo la subrogación subjetiva de los servicios objeto del acuerdo de acción concertada que lleve causa de la asociación o vinculación de la entidad inicialmente concertada con una nueva o con otra entidad o persona jurídica, que se puede subrogar en la posición jurídica de la primera entidad en el concierto, con la autorización de la administración pública competente, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• 1. º Que se preserve la identidad institucional que justificó el acuerdo de acción concertada, según el artículo 5.3.e) de esta ley.
• 2. º Que se mantenga la acreditación administrativa o, en su caso, la autorización o los requisitos declarados en la declaración responsable.
• 3. º Que la nueva entidad o persona jurídica se subrogue en todos los derechos y obligaciones de la entidad concertada derivados del acuerdo.
• 4. º Que, por razón de la subrogación subjetiva, no se incurra en ninguno de los supuestos de las letras e) y f) del artículo 9.2 de esta ley.

En estos casos, se reconocerá el derecho al arraigo de las personas usuarias de los servicios objeto de subrogación subjetiva.

LE0001002458_20260614Número 5 del artículo 7 introducido por el número 1 de la disposición final trigésimo tercera de la Ley 4/2026, 11 junio, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Illes Balears y de otras medidas de simplificación y racionalización administrativas («B.O.I.B.» 13 junio).Vigencia: 14 junio 2026

Artículo 8 Contenido mínimo de los acuerdos de acción concertada

Los acuerdos de acción concertada que se suscriban deberán incluir necesariamente estipulaciones referidas a los siguientes apartados:

• a) Las condiciones técnicas de ejecución.
• b) El sistema para el acceso de las personas usuarias.
• c) La garantía de los derechos de la persona usuaria y la información a la ciudadanía de sus derechos y deberes.
• d) El contenido de los servicios y la delimitación de las prestaciones que constituyen el objeto del concierto.
• e) La fórmula de pago en contraprestación por los servicios concertados, así como el sistema de facturación y documentación que debe aportarse para el abono de los servicios prestados.
• f) La duración del acuerdo y las causas de resolución.
• g) El sistema de penalizaciones por incumplimiento de las condiciones del acuerdo.
• h) El resto de condiciones exigidas por la legislación vigente.

Artículo 9 Causas de extinción de los acuerdos de acción concertada

1. Los acuerdos de acción concertada se extinguirán por cumplimiento y vencimiento del plazo, siempre que no se hayan renovado de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente y de acuerdo con las normas presupuestarias, o por resolución.

2. Serán causas de resolución de los acuerdos de acción concertada las siguientes:

• a) Incumplimiento de las normas de carácter obligatorio a que deben sujetarse los servicios sociales y las obligaciones en materia de seguridad e instalaciones.
• b) Prestación defectuosa de las obligaciones acordadas.
• c) Incumplimiento de los objetivos cualitativos y cuantitativos establecidos, siempre que el incumplimiento sea imputable a la entidad concertada, así como de las estipulaciones esenciales del acuerdo.
• d) Infracción de la legislación fiscal, laboral, de la Seguridad Social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, en los términos que se establecen en la Ley de contratos del sector público estatal.
  LE0000745089_20241214Letra d) del número 2 del artículo 9 redactada por la disposición final décima de la Ley 11/2022, 28 diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2023 («B.O.I.B.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• e) Pérdida sobrevenida de las condiciones técnicas, económicas y financieras que habilitaron el acuerdo, la revocación o la caducidad de la autorización de apertura y funcionamiento.
• f) Alteración en el control de la entidad por cambios en la participación del accionariado cuando esta condición haya sido determinante en la formalización del acuerdo de acción concertada.
• g) Renuncia de la entidad concertada.
• h) Aquellas otras que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 10 Evaluación y seguimiento de los servicios prestados mediante acción concertada

1. El departamento competente en la materia de cada administración que subscriba acuerdos de acción concertada aprobará un modelo de evaluación de los contenidos y las estipulaciones recogidos en los acuerdos de acción concertada de asistencia o de prestación de servicios sociales.

2. Las entidades y los servicios concertados estarán sometidos a las actuaciones que desde el departamento competente en la materia de cada administración que subscriba un acuerdo de acción concertada se determinen respecto de las condiciones técnicas y la evaluación de la calidad del servicio, así como a los procesos de seguimiento y controles económicos y administrativos que, para el cumplimiento del acuerdo de acción concertada, se vayan adoptando.

3. Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación del régimen de acción concertada serán resueltas por la administración pública competente, sin perjuicio de que, una vez agotada la vía administrativa, puedan someterse a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 11 Reglas singulares para contratación de servicios sociales a las personas

Serán de aplicación a los contratos de servicios sociales prestados a las personas por las administraciones públicas competentes en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears las previsiones de esta ley.

Véase el número I del anexo de la Res. 12 septiembre 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears («B.O.E.» 26 septiembre).LE0000651460_20190927

Artículo 12 Exigencias de solvencia específica para garantizar la calidad de la prestación

1. Para poder participar en las licitaciones de servicios sociales del anexo de esta ley, las empresas deberán acreditar una solvencia económica y financiera suficiente en una cuantía referida al volumen de negocios en el ámbito de las actividades correspondiente al objeto del contrato en relación, como máximo, a los tres últimos ejercicios disponibles, que se tendrá que determinar en cada caso, en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y que nunca será inferior al 75% del presupuesto base de licitación, del lote al que se concurre o de la anualidad media del contrato en caso de contratos de una duración superior a un año.

2. Se exige solvencia técnica acreditada mediante requisitos técnicos de acreditación o estándares de calidad; experiencia previa en la gestión de los servicios objeto del contrato, que se tiene que determinar, en cada caso, en el pliego de cláusulas administrativas particulares; y disposición de equipo humano profesional en materia de gestión de los servicios licitados.

LE0000656943_20210101Número 2 del artículo 12 redactado por el número 1 de la disposición final décima de la Ley [BALEARES] 19/2019, 30 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2020 («B.O.I.B.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2020

3. En ningún caso se admitirá la subcontratación de la prestación principal.

Artículo 13 Presupuesto base de licitación

1. El presupuesto base de la licitación deberá incluir todos los costes directos e indirectos de la prestación, entre los cuales tienen que figurar necesariamente los costes salariales, los de Seguridad Social, los de formación permanente obligatoria, los de seguros, los de prevención de riesgos laborales, los de vigilancia de la salud y, en su caso, los derivados de la necesidad de uniformidad del personal mínimo necesario para la ejecución del contrato.

2. Estos costes se calculan, como mínimo, de acuerdo con lo que establezca el convenio colectivo de referencia de aplicación al sector que corresponda y teniendo en cuenta, en su caso, el personal a subrogar.

Véase el número I del anexo de la Res. 12 septiembre 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears («B.O.E.» 26 septiembre).LE0000651460_20190927

Artículo 14 Plazos de los contratos de servicios sociales a personas

Con carácter general, la duración de estos contratos será de seis años, salvo que fuese necesario un plazo mayor por circunstancias debidamente justificadas, como la adecuada amortización de inversiones en contratos especialmente complejos o la continuidad de la asistencia para las personas usuarias a quienes el cambio de prestador pudiera repercutir negativamente, con respeto, en todo caso, a los principios de una libre y efectiva competencia en el mercado.

Artículo 15 Utilización de modelo de concesión de servicios

1. Siempre que la calidad de la prestación no se vea afectada ni se ponga en riesgo la equidad del modelo, la administración competente podrá utilizar como fórmula de provisión de determinados servicios, la concesión de servicios, transfiriendo un riesgo operacional.

2. Son contratos de concesión de servicios los consistentes en el derecho a explotar a riesgo y ventura el servicio, o bien en dicho derecho acompañado de un precio, siempre que esos servicios sean actividades de titularidad pública o competencia propia.

3. La transferencia al concesionario de un riesgo operacional resulta indispensable para atribuir a la relación jurídica la condición de concesión de servicios. Las restantes condiciones, el hecho de que la prestación vaya destinada de forma directa a su utilización por los particulares y que la organización del servicio se encomiende en mayor o menor grado al concesionario son consecuencias, bien del mismo concepto de servicio público que tiene el objeto de la concesión, bien de la propia exigencia de asunción del riesgo derivado de la explotación del servicio.

4. El plazo de una concesión de servicios deberá justificarse en el tiempo de recuperación de los costes de inversión por referencia a la tasa interna de rentabilidad ofertada.

Artículo 16 Criterios de adjudicación vinculados a la calidad

1. La adjudicación de contratos de los servicios que figuran en el anexo de esta ley podrá realizarse, cuando así se considere conveniente para una mejor ejecución de la prestación, respetando las exigencias de la legislación estatal en materia de contratación pública, y al amparo de la disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, mediante las reglas singulares siguientes:

• a) Se exigirá una cualificación subjetiva especial que acredite la experiencia, y la calidad y la disponibilidad de medios adecuados para cumplir la prestación de conformidad con lo previsto en esta ley.
• b) Se atenderá, como criterio de adjudicación para determinar la oferta más ventajosa o, en su caso, de negociación, al mayor valor añadido de la oferta desde la perspectiva de la calidad y la garantía de continuidad, accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y exhaustividad de los servicios.

2. En este supuesto, el precio, como criterio de adjudicación, no podrá superar en su ponderación el 20% y se podrán exigir y valorar como criterios de adjudicación los siguientes:

• a) Un plan de gestión en el que, más allá de los requisitos mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, se valoren elementos como la determinación de objetivos asistenciales.
• b) Los medios de control y garantía de la calidad y los instrumentos para favorecer la accesibilidad y la resolución de los servicios.
• c) Los mecanismos para posibilitar la participación de los profesionales en la gestión.
• d) Las estrategias de mejora de la gestión y la prestación de los servicios.
• e) Las políticas de coordinación y potenciación del trabajo en red con otros dispositivos asistenciales.
• f) Los planes para mejorar la respuesta a la demanda no urgente de servicios y resolver situaciones de incremento de la demanda y la atención domiciliaria.
• g) Los programas de atención a colectivos socialmente vulnerables, y los programas de promoción de la salud, los programas docentes y los programas de investigación.
• h) La implicación y la corresponsabilización de las personas usuarias, así como las soluciones de innovación que aporten mayor valor añadido al servicio, elementos todos ellos en relación con los servicios objeto del contrato.
• i) La experiencia del personal directivo del contrato en la dirección o la coordinación de servicios similares (con la adjudicación de una puntuación determinada por cada año de experiencia).
• j) Las medidas de formación y reciclaje de los profesionales.
• k) Las medidas de conciliación.

En todo caso, estos criterios tienen que respetar lo que dispone el artículo 145.5 de la Ley 9/2017, ya citada.

3. Deberán excluirse del procedimiento de contratación las ofertas que no obtengan, como mínimo, el 50% de la puntuación correspondiente a la calidad técnica.

Artículo 17 Ofertas anormalmente bajas

1. En todo caso, los pliegos deben establecer los criterios para determinar las ofertas anormalmente bajas. Estos criterios se pueden fundamentar en el incumplimiento de disposiciones de obligado cumplimiento en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo o costes salariales mínimos por categoría profesional, o en el hecho de que se ponga en riesgo objetivo el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución que figuren en el pliego.

2. En caso de que se identifique una oferta anormalmente baja, se requerirá, entre otros aspectos, el desglose de los precios y la justificación del impacto de las condiciones sociales y organizativas del servicio para acreditar la viabilidad de las proposiciones económicas.

Véase el número I del anexo de la Res. 12 septiembre 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears («B.O.E.» 26 septiembre).LE0000651460_20190927

Artículo 18 Contratos reservados a entidades del tercer sector en el ámbito de los servicios sociales

1. El departamento competente en la materia podrá reservar la participación en los correspondientes procedimientos de adjudicación de contratos de servicios sociales que figuran en la disposición adicional cuadragésimo octava de la Ley estatal 9/2017, ya citada.

2. Las organizaciones a que se refiere el apartado anterior deberán cumplir las condiciones siguientes:

• a) Su objetivo será la realización de una misión de servicio público vinculada a la prestación de los servicios mencionados.
• b) Los beneficios se reinvertirán con el fin de alcanzar el objetivo de la organización; en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución o la redistribución deberá basarse en consideraciones de participación.
• c) Las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el contrato se basarán en la propiedad de los empleados o en principios de participación o exigirán la participación activa de los empleados, las personas usuarias o las partes interesadas.
• d) El poder adjudicador de que se trate no tiene que haber adjudicado a la organización un contrato para los mismos servicios de acuerdo con este artículo en los tres años precedentes.
  LE0000656943_20210101Letra d) del número 2 del artículo 18 redactada por el número 2 de la disposición final décima de la Ley [BALEARES] 19/2019, 30 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2020 («B.O.I.B.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2020

3. La duración máxima del contrato no excederá de tres años.

4. En los anuncios de licitación correspondientes deberá hacerse referencia a la presente disposición.

Artículo 19 Responsable del contrato

1. En los contratos objeto de esta ley, el órgano de contratación nombrará a una persona responsable del contrato que, en caso de que sea funcionario público, tenga atribuida la condición de autoridad, en los términos establecidos por la normativa de función pública.

2. El pliego o el documento que rige la contratación determina las facultades concretas de control de ejecución atribuidas al responsable del contrato, que, como mínimo, son las siguientes:

• a) Actuar como representante del órgano de contratación en las relaciones con el contratista; ser el único interlocutor válido para dictar las instrucciones de ejecución a la persona representante del contratista y proponer la interpretación del contrato ante el órgano de contratación.
• b) Hacer el seguimiento del cumplimiento del contrato, mediante controles e informes periódicos.
• c) Verificar el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, incluido el mantenimiento de los requisitos de solvencia del contratista y de los subcontratistas.
• d) Informar sobre los incumplimientos contractuales y proponer al órgano de contratación la imposición de penalidades o, en su caso, la resolución del contrato.
• e) Proponer al órgano de contratación, si proceden, las modificaciones y las prórrogas del contrato.
• f) Certificar la correcta ejecución de la prestación, a los efectos de reconocimiento de la obligación de pago.

3. Los responsables del contrato tienen que suscribir el Código de principios y conductas recomendables en la contratación pública y las declaraciones de bienes y/o intereses que reglamentariamente se establezcan.

4. El órgano de contratación, cuando se aparte de alguna propuesta del responsable del contrato en su ámbito de competencias, deberá motivar por escrito su decisión.

5. En el marco de las funciones de asistencia y cooperación con los entes locales, y de acuerdo con lo que establezca la legislación vigente, los órganos supramunicipales y el departamento competente en materia de administración local asistirán a los municipios que lo requieran en las funciones de la persona responsable del contrato.

Artículo 20 Condiciones especiales de ejecución

1. En los contratos objeto de esta ley, los órganos de contratación incluirán condiciones especiales de ejecución, que se podrán calificar como obligaciones esenciales, que aseguren que los servicios contratados se prestan en condiciones de calidad, continuidad, accesibilidad, disponibilidad, exhaustividad e innovación.

2. Se incluirán en todo caso como condiciones especiales de ejecución de los contratos:

• a) La obligación de la persona o la entidad contratista de nombrar a una persona representante que actúe como único interlocutor con la persona responsable del contrato.
• b) El cumplimiento del plan de gestión del servicio.
• c) Condiciones especiales vinculadas al mantenimiento de la estabilidad laboral en el servicio, que se pueden concretar en una duración mínima de los contratos laborales que abarque como mínimo la vigencia del contrato, o vinculadas al mantenimiento de las condiciones laborales existentes.
• d) La adecuación de los medios personales adscritos al contrato con respecto a la idoneidad de los profesionales directivos y del personal en atención a su titulación y especialización, y respecto a los programas de formación y control de calidad.
• e) Medidas de control de la calidad y de valoración de las personas usuarias.

3. Cuando el órgano de contratación lo considere conveniente para garantizar la continuidad y la calidad del servicio, se podrá exigir al contratista, en el pliego o el documento que rige la contratación:

• a) La subrogación de todo o parte del personal que esté ejecutando el contrato en el momento de la licitación, o el establecimiento de protocolos de actuación o sistemas de garantía para situaciones que puedan poner en peligro la continuidad del servicio.
• b) Condiciones de mejora ambiental, de eficiencia energética o, cuando proceda, vinculadas a la alimentación de proximidad y ecológica, según el objeto del contrato.
• c) Medidas de control del cumplimiento y mantenimiento de los elementos de accesibilidad, de acuerdo con la normativa.
• d) Condiciones de ejecución destinadas a la integración social, como la obligación de contratar personas en riesgo de exclusión o subcontratar partes accesorias en centros especiales de trabajo o empresas de inserción socio-laboral, siempre que el número de personas destinadas a la ejecución del contrato, la tipología de la prestación o la existencia de prestaciones accesorias lo permitan.

En caso de que la entidad gestora del servicio contratado contemple la contratación o la subcontratación de personas en riesgo de exclusión o de centros especiales de ocupación o empresas de inserción socio-laboral, se exigirá de manera específica la protección de estas personas en las evaluaciones de riesgos laborales, así como la adopción, si cabe, de las medidas preventivas y de protección necesarias.

Artículo 21 Cooperación directa con entidades del Tercer Sector Social

1. Las entidades del Tercer Sector Social, cuando su actividad tenga un carácter singular, tal y como se define en el artículo 12.3 de la Ley 3/2018, de 29 de mayo, del Tercer Sector de Acción Social, podrán cooperar directamente en la prestación de determinados servicios sociales conforme a la planificación y a la legislación establecidas.

2. La posibilidad de esta cooperación deberá justificarse en una mejor eficiencia de la prestación, de eficacia presupuestaria y en la no distorsión indebida de la competencia. En concreto, las condiciones de cooperación no pueden implicar la obtención de ningún beneficio de sus prestaciones, independientemente del reembolso de los costes variables, fijos y permanentes necesarios para prestarlas, ni proporcionar ningún beneficio a sus miembros, ni referirse a las actividades comerciales que realizan esas entidades.

3. Será preceptivo que las asociaciones de voluntariado e instituciones que puedan participar en acciones de cooperación se encuentren inscritas en el Registro correspondiente, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta norma y en otras normativas aplicables.

4. Los acuerdos de cooperación directa tendrán la forma de convenio singular de cooperación y se regirán por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico de las administraciones públicas. Estos acuerdos se publicarán en la página web del Gobierno de las Illes Balears.

Artículo 22 Principios de contratación de las entidades concertadas

Las entidades que colaboren mediante acción concertada o cooperación directa y que no tengan la condición de poder adjudicador, aplicarán, siempre que sea posible, los principios de transparencia y concurrencia cuando deban realizar contratos.

Disposición adicional primera Régimen supletorio aplicable

En todas las cuestiones no previstas expresamente en el capítulo II de esta ley, sobre las reglas específicas de contratación pública de servicios sociales dirigidos a las personas, se aplicará la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

LE0000662375_20220101LE0000663046_20200617Disposición adicional primera renumerada por el número 1 de la disposición final primera del DL 4/2020, 20 marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 («B.O.I.B.» 21 marzo). Se corresponde con la anterior disposición adicional única; téngase en cuenta que la disposición final primera del DL 4/2020, 20 marzo, modificadora de este precepto, ha sido derogada por por el número 1 de la disposición derogatoria única del DL 6/2020, 1 abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la situación creada por el COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria («B.O.I.B.» 1 abril).Vigencia: 21 marzo 2020

Disposición adicional segunda Participación de los beneficiarios en las prestaciones asistenciales de la Red Pública de Atención a la Dependencia

1. De acuerdo con el artículo 33 de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción a la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal.

2. La aportación económica de la persona usuaria, cuando proceda, a los servicios regulados en el artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción a la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, constituye una prestación patrimonial de carácter público, de acuerdo con el artículo 31.3 de la Constitución.

3. En el caso de que estos servicios se presten mediante gestión indirecta, ya se instrumentalice la misma con la fórmula del concierto o del convenio, o mediante gestión directa a través de entidades privadas del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la participación económica de la persona beneficiaria en los diferentes servicios de la Red Pública de Atención a la Dependencia en concepto de tarifa constituye una prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria.

4. Para determinar la participación de la persona beneficiaria en los servicios de la Red Pública de Atención a la Dependencia se tendrán en cuenta la capacidad económica de la persona beneficiaria, la naturaleza de la prestación de dependencia reconocida y el coste del servicio, considerando asimismo los siguientes criterios:

• a) La aportación económica de la persona beneficiaria a los servicios de la Red se determinará de manera progresiva, según su capacidad económica y de acuerdo con la fórmula y las reducciones que se determinen reglamentariamente.
• b) El mínimo exento de participación económica de la persona beneficiaria vendrá referenciado a la cuantía mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), excluida la atención residencial. El coeficiente aplicable al mismo se determinará reglamentariamente.
• c) En el caso del servicio de teleasistencia, la persona usuaria no debe participar en el coste del servicio.
• d) En el caso de servicio residencial, la participación de la persona beneficiaria no podrá ser superior al 90% del coste del servicio. En los casos en que la capacidad económica de las personas beneficiarias del servicio de atención residencial o de estancia temporal en un centro residencial (respiro) sea inferior al IPREM para el ejercicio correspondiente, estas deberán aportar el 80% de su capacidad económica, sin perjuicio de las reducciones que se determinen reglamentariamente.
• e) En todo caso, se debe garantizar una cuantía mínima a la persona usuaria del servicio residencial para gastos personales. Dicha cuantía se determinará reglamentariamente mediante la aplicación de un porcentaje sobre el IPREM del ejercicio correspondiente, en términos anuales.
• f) En el resto de servicios, la participación económica de la persona usuaria no podrá exceder del 65% del coste. En estos casos, la capacidad económica de la persona beneficiaria, en atención al mantenimiento de su hogar, sólo puede reducirse hasta una cuantía que se determinará reglamentariamente mediante la aplicación de un coeficiente sobre el IPREM del ejercicio correspondiente.

5. Los costes de los servicios asistenciales a efectos de calcular la participación económica de la persona beneficiaria en los servicios de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears se determinarán a partir de los indicadores de referencia para cada servicio.

Estos indicadores se fijarán y, si se considera necesario, se actualizarán de acuerdo con los incrementos o disminuciones reales de los costes de los servicios, o de acuerdo con la variación del índice de precios al consumo (IPC), mediante resolución de la persona titular de la consejería competente en materia de dependencia, que deberá publicarse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

LE0001002458_20260614Número 5 de la disposición adicional segunda redactado por el número 2 de la disposición final trigésimo tercera de la Ley 4/2026, 11 junio, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Illes Balears y de otras medidas de simplificación y racionalización administrativas («B.O.I.B.» 13 junio).Vigencia: 14 junio 2026

6. Reglamentariamente se determinará la compatibilidad entre prestaciones de acuerdo con el artículo 25 bis de la Ley 39/2006, la suspensión de los servicios y de las prestaciones, la aportación de la persona beneficiaria en supuestos de reconocimiento de dos prestaciones simultáneas y la participación económica de les persones que son titulares de prestaciones de naturaleza y finalidad análogas a las que establece el artículo 31 de la mencionada Ley 39/2006.

LE0000976091_20251026Disposición adicional segunda redactada por el número 3 del artículo primero del D-ley 7/2025, de 24 de octubre, de medidas urgentes en materia de servicios sociales («B.O.I.B.» 25 octubre).Vigencia: 26 octubre 2025

Disposición transitoria única Régimen transitorio de los procedimientos

Esta ley no será aplicable a los procedimientos ya iniciados antes de su entrada en vigor, que se regirán por la normativa anterior.

Disposición derogatoria única Normas que se derogan

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final primera Excepciones al requisito de la acreditación

Por motivos de urgencia o cuando se trate de servicios de reciente implantación, y siempre que no se puedan satisfacer las necesidades de la población con otros servicios idóneos, la administración puede subscribir, previa acreditación de tales circunstancias, acuerdos de acción concertada con las entidades de iniciativa privada que tengan autorizados los servicios. Estos conciertos se subscribirán por un año y se pueden ampliar y renovar si, en este periodo, los servicios obtienen la acreditación, o si subsisten las necesidades que hayan motivado su formalización.

Disposición final segunda Registro de Entidades de Ocupación

El Gobierno de las Illes Balears, a propuesta de la Consejería de Trabajo, Comercio e Industria, aprobará, en el plazo máximo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de esta ley, el reglamento de creación y normas de funcionamiento del registro de entidades para poder optar a la acción concertada de los servicios de orientación profesional, así como los requisitos para la acreditación prevista en la letra a) del apartado 3 del artículo 5 de esta ley.

Véase D. 35/2022, 22 agosto, por el que se crea y regula el Registro de entidades y servicios de orientación profesional y los servicios complementarios, y los procedimientos de acreditación de servicios y habilitación de entidades («B.O.I.B.» 27 agosto).LE0000736577_20220828

Véase D. 36/2022, 22 agosto, por el que se establecen los principios generales de funcionamiento de los servicios de orientación profesional y se regulan los requisitos que deben acreditar para su posterior inscripción en el Registro de entidades y los servicios de orientación profesional y los servicios complementarios («B.O.I.B.» 27 agosto).LE0000736578_20220827

Disposición final tercera Desarrollo y entrada en vigor de la ley

1. Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente ley sean necesarias, dentro del marco competencial que establece el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

2. La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.