Atención norma derogada, ver regulación posterior

Decreto ley 7/2022 de 11 de julio, de Prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears

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• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
• TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
  • Artículo 1 Objeto
  • Artículo 2 Naturaleza de las prestaciones y ámbito de aplicación
  • Artículo 3 Financiación
  • Artículo 4 Personas beneficiarias
  • Artículo 5 Carácter de las prestaciones
  • Artículo 6 Periodicidad de las prestaciones
  • Artículo 7 Abono y régimen fiscal de las prestaciones
  • Artículo 8 Régimen de compatibilidades
  • Artículo 9 Cesión de datos
  • Artículo 10 Situación de necesidad
  • Artículo 11 Necesidades básicas
  • Artículo 12 Infracciones
  • Artículo 13 Procedimiento sancionador
  • Artículo 14 Reintegro de las prestaciones
• TÍTULO II. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE DERECHO SUBJETIVO
  • CAPÍTULO I. Renta social garantizada
    • SECCIÓN 1A. Disposiciones generales y acceso a la prestación
      • Artículo 15 Objeto
      • Artículo 16 Definición y naturaleza de la renta social garantizada
      • Artículo 17 Situación de vulnerabilidad económica
      • Artículo 18 Definición de las personas destinatarias
      • Artículo 19 Unidad de convivencia
      • Artículo 20 Requisitos
      • Artículo 21 Consentimiento de las personas destinatarias y acreditación de requisitos
      • Artículo 22 Obligaciones de las personas destinatarias
    • SECCIÓN 2A. Régimen económico y tramitación
      • Artículo 23 Importe de la renta social garantizada
      • Artículo 24 Capacidad económica
      • Artículo 25 Duración de la prestación económica
      • Artículo 26 Órgano competente en la gestión de la renta
      • Artículo 27 Inicio del procedimiento y presentación de solicitudes
      • Artículo 28 Revisión y subsanación de la solicitud
      • Artículo 29 Comprobación de los requisitos
      • Artículo 30 Resolución del procedimiento
      • Artículo 31 Pago de la prestación económica
      • Artículo 32 Revisión del cumplimiento de los requisitos y obligaciones
      • Artículo 33 Modificación de la prestación económica
      • Artículo 34 Suspensión de la prestación económica
      • Artículo 35 Extinción de la renta social
      • Artículo 36 Cambio de titularidad
      • Artículo 37 La Comisión Técnica de la renta social garantizada
    • SECCIÓN 3A. Régimen sancionador
      • Artículo 38 Infracciones leves
      • Artículo 39 Infracciones graves
      • Artículo 40 Infracciones muy graves
      • Artículo 41 Sanciones
      • Artículo 42 Órganos competentes en el procedimiento sancionador
  • CAPÍTULO II. Complemento de renta social de las Illes Balears en las pensiones no contributivas (PNC)
    • Artículo 43 Objeto
    • Artículo 44 Naturaleza
    • Artículo 45 Personas destinatarias
    • Artículo 46 Requisitos
    • Artículo 47 Importe y cálculo del importe de la prestación económica
    • Artículo 48 Órgano competente por la gestión
    • Artículo 49 Inicio del procedimiento
    • Artículo 50 Modificación, suspensión y extinción
  • CAPÍTULO III. Renta de emancipación para jóvenes que han sido sometidos a medidas administrativas de tutela o guarda de protección de menores en las Illes Balears
    • SECCIÓN 1A. Disposiciones generales
      • Artículo 51 Objeto
      • Artículo 52 Naturaleza
      • Artículo 53 Régimen de compatibilidad e incompatibilidad
    • SECCIÓN 2A. Acceso a la prestación
      • Artículo 54 Personas destinatarias
      • Artículo 55 Requisitos de las personas beneficiarias
      • Artículo 56 Valoración de la situación de necesidad
      • Artículo 57 Obligaciones de las personas beneficiarias
    • SECCIÓN 3. Régimen económico y tramitación
      • Artículo 58 Cuantía de la prestación
      • Artículo 59 Duración de la prestación
      • Artículo 60 Inicio del procedimiento y presentación de solicitudes
      • Artículo 61 Revisión y subsanación de la solicitud
      • Artículo 62 Comprobación de los requisitos
      • Artículo 63 Resolución del procedimiento
      • Artículo 64 Pago de la prestación económica
      • Artículo 65 Revisión del cumplimiento de los requisitos y obligaciones
      • Artículo 66 Modificación de la prestación económica
      • Artículo 67 Gestión de las prestaciones
      • Artículo 68 Suspensión o extinción de la renta
      • Artículo 69 Causas de suspensión y extinción de la renta
    • SECCIÓN 4A. Proyecto educativo individual
      • Artículo 70 Proyecto educativo individual (PEI)
      • Artículo 71 Seguimiento de los Proyectos Educativos Individuales
    • SECCIÓN 5. Régimen sancionador
      • Artículo 72 Infracciones
      • Artículo 73 Infracciones leves
      • Artículo 74 Infracciones graves
      • Artículo 75 Infracciones muy graves
      • Artículo 76 Sanciones
• TÍTULO III. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE DERECHO DE CONCURRENCIA
  • Artículo 77 Concurrencia pública
  • Artículo 78 Convocatoria de las prestaciones
  • Artículo 79 Duración de las prestaciones
  • Artículo 80 Créditos presupuestarios y prórrogas
  • Artículo 81 Publicidad
• TÍTULO IV. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA SOCIAL
  • SECCIÓN 1. Consideraciones comunes
    • Artículo 82 Concepto, naturaleza y tipos de ayudas de urgencia social
    • Artículo 83 Objeto de la prestación
    • Artículo 84 Obligaciones de las personas beneficiarias
  • SECCIÓN 2. Ayudas básicas
    • Artículo 85 Definición
    • Artículo 86 Acceso a las ayudas básicas
    • Artículo 87 Financiación
    • Artículo 88 Personas beneficiarias y requisitos
    • Artículo 89 Reserva presupuestaria
    • Artículo 90 Tramitación
    • Artículo 91 Temporalidad
    • Artículo 92 Pago
  • SECCIÓN 3. Ayudas de intervención social inmediata
    • Artículo 93 Situaciones de intervención social inmediata
    • Artículo 94 Régimen de las ayudas de intervención social inmediata
• TÍTULO V. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE APOYO FAMILIAR Y A LOS PROCESOS DE INSERCIÓN SOCIAL
  • Artículo 95 Definición y objeto
  • Artículo 96 Administración impulsora
  • Artículo 97 Acceso a la prestación
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional primera Archivo de prestaciones sociales de carácter económico
  • Disposición adicional segunda Ampliación de referencias al ingreso mínimo vital
  • Disposición adicional tercera
  • Disposición adicional cuarta
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria única Transición a las nuevas prestaciones
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria única Normas que se derogan
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera
  • Disposición final segunda
  • Disposición final tercera
  • Disposición final cuarta
  • Disposición final quinta
  • Disposición final sexta
  • Disposición final séptima
• ANEXO.  Estructura de información del archivo único de datos personales de todas las prestaciones sociales de carácter económico

Artículo 1 Objeto

Este Decreto ley tiene por objeto regular las prestaciones sociales de carácter económico que se enmarcan en el ámbito de los servicios sociales de las Illes Balears.

Artículo 2 Naturaleza de las prestaciones y ámbito de aplicación

1. Son prestaciones sociales de carácter económico las aportaciones dinerarias de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de los consejos insulares, de los ayuntamientos y de las mancomunidades de municipios, con el fin de atender determinadas situaciones de necesidad en las que se encuentran las personas que no disponen de recursos económicos suficientes para afrontarlas.

2. Las prestaciones sociales de carácter económico no formarán parte de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.

3. Las prestaciones sociales de carácter económico de este Decreto ley no tienen carácter de subvención, de acuerdo con lo que regula el artículo 22.3 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears.

Artículo 3 Financiación

1. Las prestaciones sociales de carácter económico de derecho subjetivo, definidas en el título II de este Decreto ley, se financian íntegramente con cargo a los presupuestos del Gobierno de las Illes Balears.

2. Las prestaciones de concurrencia competitiva, definidas en el título III de este Decreto ley, se financian con cargo a los presupuestos de la administración convocante.

3. Las prestaciones de carácter económico de urgencia social, definidas en el título IV de este Decreto ley, se financian con cargo a las administraciones públicas de las Illes Balears que tengan la iniciativa de gestionarlas. Las ayudas económicas básicas se financiarán con cargo a los presupuestos de los ayuntamientos.

4. Las prestaciones económicas de apoyo familiar y en los procesos de inserción sociales, definidas en el título V de este Decreto ley, se financian con cargo a las administraciones públicas de las Illes Balears que tengan la iniciativa de gestionarlas.

Artículo 4 Personas beneficiarias

1. Son beneficiarias de las prestaciones sociales de carácter económico las personas destinatarias de los servicios sociales, descritas en el artículo 5 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears, a las que se les otorga prestación con el fin de paliar una situación de necesidad.

2. Son beneficiarias de las prestaciones de derecho subjetivo y de las prestaciones económicas de derecho de concurrencia las personas que acrediten que residen en las Illes Balears. Este requisito no será de aplicación a las prestaciones económicas de urgencia social.

Artículo 5 Carácter de las prestaciones

1. Las prestaciones sociales de carácter económico pueden otorgarse con carácter de derecho subjetivo, de derecho de concurrencia, de urgencia social o de apoyo familiar y de apoyo a los procesos de inserción social.

2. La prestación tendrá carácter de derecho subjetivo para la persona beneficiaria cuando ésta reúna los requisitos fijados por la normativa que regula la prestación. Su finalidad es cubrir las necesidades básicas de subsistencia y reducir el impacto de la exclusión social.

3. La prestación tiene carácter de derecho de concurrencia para la persona beneficiaria cuando la concesión es limitada por las disponibilidades presupuestarias y está sometida a concurrencia pública y a priorización de las situaciones de mayor necesidad.

4. Las prestaciones económicas de urgencia social tienen la finalidad de atender situaciones de necesidades puntuales y urgentes, previa valoración por parte de los servicios sociales competentes .

5. Las prestaciones económicas de apoyo familiar y de apoyo a los procesos de inclusión social tienen la finalidad de favorecer los procesos personales y familiares de inserción social.

Artículo 6 Periodicidad de las prestaciones

Las prestaciones sociales de carácter económico pueden pagarse de cualquiera de las siguientes formas:

• a) Prestaciones que se pagan por medio de aportaciones dinerarias periódicas y que pueden ser:
  • I. Estables, con voluntad de tener continuidad y estabilidad en el tiempo.
  • II. Temporales, con una duración anual y previsión de revisar la continuidad sujeta a condiciones.
• b) Prestaciones puntuales: son las que se agotan con una aportación dineraria para hacer frente a un concepto y tiempo limitado.

Artículo 7 Abono y régimen fiscal de las prestaciones

1. La prestación debe abonarse directamente a la persona beneficiaria, salvo en los casos que se pueda abonar a terceros o mediante una entidad, de acuerdo con la normativa reguladora de la propia prestación.

2. Cuando el abono se realice mediante transferencia, se realizará en la cuenta bancaria que facilite la persona beneficiaria o su representante legal. En caso de que no sea posible, se pueden habilitar otros sistemas de pago que permitan acreditar la recepción efectiva de la prestación por el beneficiario.

3. El pago de las prestaciones con carácter de derecho subjetivo se realizará con periodicidad mensual, salvo en los casos en que dado su reducido importe a la resolución de concesión se establezca otro tipo de abono.

4. Dada su naturaleza y finalidad urgente por la cobertura de necesidades básicas, el pago de las prestaciones de urgencia social y de intervención social inmediata debe efectuarse de forma preferente y prioritaria las tesorerías de las administraciones.

Artículo 8 Régimen de compatibilidades

1. Las prestaciones sociales de carácter económico son incompatibles en el siguiente sentido:

• a) De forma general, la renta social garantizada es incompatible con otras prestaciones económicas a las que tenga derecho la persona beneficiaria o a las que pueda tener derecho por cualquiera de los sistemas de protección públicos o privados complementarios de la Seguridad Social, que sean de igual cuantía o superior a la renta social garantizada.
• b) De forma específica, la renta social garantizada es incompatible con la percepción o el derecho de percibir el ingreso mínimo vital, las pensiones contributivas y no contributivas, así como con las prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que sean de una cuantía igual o superior a la renta social garantizada.
• c) En tanto que prestación complementaria de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, el complemento de renta social de las Illes Balears a las pensiones no contributivas está sujeto al régimen de compatibilidad de las mismas, regulado en el artículo 18 del Real decreto 357/ 1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.
• d) El régimen de compatibilidad de la renta de emancipación de jóvenes que han sido sometidos a medidas administrativas de tutela o guarda de protección de menores está regulado en el artículo 53 de este Decreto ley.

2. Las prestaciones de concurrencia competitiva no serán incompatibles, por su naturaleza, con pensión ni prestación pública alguna.

3. Las prestaciones de urgencia social no serán incompatibles, por su naturaleza, con pensión ni prestación pública alguna.

4. Las prestaciones de apoyo familiar y de apoyo a los procesos de inserción social no son incompatibles, por su naturaleza, con pensión ni prestación pública alguna.

5. A efectos de lo establecido en este Decreto ley, se entiende por sistemas de protección privados los propios del mutualismo no integrados en la Seguridad Social, el seguro privado, los fondos de pensiones, los fondos incluidos en los sistemas de negociación colectiva o cualquier otro sistema que tenga la finalidad de complementar las pensiones de la modalidad contributiva de la Seguridad Social.

6. Con carácter particular, son compatibles las prestaciones definidas en este Decreto ley con las prestaciones económicas definidas en los artículos 17 a20 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Artículo 9 Cesión de datos

1. Las administraciones públicas competentes en cada caso deben ceder los datos de carácter personal necesarios para acreditar la residencia y la convivencia, para llevar a cabo la valoración de la situación de necesidad y para acreditar las demás circunstancias que sean determinantes para el acceso y mantenimiento de cada prestación, en el marco de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

2. El ente o el órgano gestor de las prestaciones debe facilitar los datos de carácter personal necesarios para la gestión de los expedientes a la Administración tributaria, a las entidades gestoras de la Seguridad Social y a otras entidades públicas, a efectos fiscales y de control de las prestaciones.

3. Los órganos gestores de las prestaciones, en virtud de la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y Garantía de los derechos digitales, pueden efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos. En caso de oposición de la persona solicitante a esta verificación, se le informará que no se podrá tramitar su solicitud.

4. Cuando la situación económica patrimonial de las personas interesadas deba acreditarse mediante certificados emitidos por la Administración tributaria estatal, las personas interesadas deben autorizar a la consejería competente en servicios sociales para que solicite directamente estos certificados.

Artículo 10 Situación de necesidad

A efectos de lo establecido en este Decreto ley, se entiende por situación de necesidad cualquier contingencia que tiene lugar o aparece en el transcurso de la vida de una persona y que le impide atender las necesidades básicas para el mantenimiento propio o para el mantenimiento de las personas que integran la unidad de convivencia a la que pertenece.

Artículo 11 Necesidades básicas

A efectos de lo dispuesto en este Decreto ley, se entiende por necesidad básica de una persona o de una unidad de convivencia:

• a) Las propias de la manutención, el vestido y las derivadas del hogar y su uso.
• b) Las que tienen que ver con la necesidad de apoyo para la integración escolar, laboral y en la comunidad.

Artículo 12 Infracciones

1. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones de las personas titulares de las prestaciones económicas sociales tipificadas como tales en este Decreto ley, que pueden ser especificadas en los reglamentos que lo desarrollen. Las infracciones no podrán ser objeto de sanción sin la previa instrucción del oportuno procedimiento.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

3. Son sujetos responsables las personas físicas a quienes sean imputables las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tipificadas.

Artículo 13 Procedimiento sancionador

En todo lo no previsto en este Decreto ley, así como en lo que respecta al procedimiento sancionador, debe aplicarse el título IX de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears.

Artículo 14 Reintegro de las prestaciones

1. En el caso de prestaciones que sean competen

a) Las personas destinatarias, por iniciativa propia o por requerimiento de la administración, deben reintegrar las cuantías recibidas por error o percibidas indebidamente cuando se produzca alguna de las causas de extinción o modificación de la prestación o cualquier otra causa admitida en derecho, de acuerdo con el artículo 40 del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y con el artículo 77 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

b) Las personas que por causas de extinción pierdan el derecho a la prestación y que deben hacer frente a un reintegro pueden solicitar el fraccionamiento de la deuda.

2. En el caso de las prestaciones de este Decreto ley cuya aplicación sea competencia de otras administraciones, se regirán por la normativa correspondiente.

Artículo 15 Objeto

La renta social garantizada de las Illes Balears es una prestación periódica dirigida a cubrir las situaciones de vulnerabilidad social derivada de la carencia de recursos económicos de las personas, familias u otros núcleos de convivencia.

Artículo 16 Definición y naturaleza de la renta social garantizada

La renta social garantizada:

• a) Se trata de una prestación de carácter finalista que queda excluida del ámbito de aplicación de la normativa general de subvenciones.
• b) Es una prestación subsidiaria del ingreso mínimo vital y del resto de prestaciones financiadas por la Administración General del Estado.
• c) Es un derecho subjetivo de todas las personas que cumplen los requisitos que establece este Decreto ley, por lo que la concesión no está condicionada por disponibilidad presupuestaria.
• d) Garantiza un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente entre los recursos económicos de la unidad de convivencia y la cuantía de renta social garantizada para la unidad de convivencia solicitante.
• e) Es intransferible, por lo que no puede ofrecerse en garantía de obligaciones, no puede cederse total ni parcialmente, no puede ser objeto de compensación o descuento -excepto para el reintegro de las prestaciones percibidas indebidamente en los términos previstos en este Decreto ley-, ni ser objeto de retención o embargo.
• f) Se articula como una prestación económica no condicionada a la obligación de participar en actividades de inserción social o laboral, sin perjuicio del derecho de las personas beneficiarias de la renta a participar.

Artículo 17 Situación de vulnerabilidad económica

Se entiende por situación de vulnerabilidad económica aquella en la que la capacidad económica de la persona solicitante y su unidad de convivencia está por debajo de la cuantía correspondiente de la renta social garantizada.

Artículo 18 Definición de las personas destinatarias

1. Pueden ser titulares de la renta social garantizada las personas en situación de vulnerabilidad económica que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 20 y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

• a) Personas de al menos 23 años y menores de 65 años, solas o integrantes de una unidad de convivencia.
• b) Personas mayores de 65 años que no cumplan los requisitos para ser beneficiarias de ninguna pensión contributiva o no contributiva, solas o como miembros de una unidad de convivencia.
• c) Personas de entre 18 y 22 años que tengan personas menores de edad o personas con discapacidad a su cargo, las mujeres víctimas de violencia machista o víctimas de trato.
• d) Personas de entre 18 y 22 años que han sido sometidos a medidas administrativas de tutela o guarda del sistema de protección de menores de administraciones públicas de las Illes Balears que sean perceptores del Ingreso mínimo vital.

2. A efectos de este Decreto ley, se entiende que son personas destinatarias de la prestación:

• a) Como titular, la persona que solicita y percibe la prestación.
• b) Como beneficiarias, el resto de personas que forman parte de la unidad de convivencia de la persona titular.

Artículo 19 Unidad de convivencia

1. La unidad de convivencia a efectos de esta prestación está constituida por todas las personas que residen en una misma vivienda unidas por vínculo matrimonial o de pareja de hecho y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, adopción o guarda con finalidad de adopción o acogimiento.

2. La muerte de un miembro de la unidad de convivencia no comporta la pérdida de la consideración de unidad de convivencia, aunque resulte una unidad de convivencia sin relación familiar.

3. El ingreso temporal en un centro social, sanitario o penitenciario de un miembro de la unidad de convivencia tampoco comporta la pérdida de la consideración de unidad de convivencia, aunque resulte una unidad de convivencia sin relación familiar. Además, no supone un cambio en el número de miembros de la unidad de convivencia.

4. Excepcionalmente, se entenderá como unidad de convivencia:

• a) La constituida por una persona víctima de violencia machista que haya abandonado el domicilio habitual con sus hijos o personas menores de edad en situación de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
• b) La constituida por una persona con sus hijos o personas menores de edad en situación de guardia con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que haya iniciado trámite de separación o divorcio.
• c) Las situaciones derivadas del compartimiento de la vivienda por distintas unidades de convivencia o personas solas hasta un máximo de cuatro unidades de convivencia por vivienda durante un tiempo mínimo de un año. En este supuesto, todas las unidades de convivencia insertas en la vivienda pueden acogerse a la presentación de una solicitud de prestación conjunta; o bien puede presentarse una solicitud de prestación individual por parte de alguna, algunas o de cada una de estas unidades de convivencia.

5. Una misma persona no podrá formar parte de dos o más unidades de convivencia.

6. La unidad de convivencia deberá estar constituida de forma continuada durante al menos los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud. Esta previsión no se aplicará en el supuesto de unidades unipersonales.

Artículo 20 Requisitos

1. Tienen derecho a las prestaciones de la renta social garantizada, en las condiciones que dispone este Decreto ley, las personas en las que concurran las siguientes circunstancias:

• a) Que estén en situación de vulnerabilidad económica tal y como establece el artículo 17.
• b) Que tengan resolución denegatoria, expresa o presunta, del ingreso mínimo vital, salvo en los casos en que no puedan solicitarlo por no cumplir los requisitos de acceso exigibles de acuerdo con la normativa vigente reguladora de dicho ingreso mínimo vital.
• c) Que, en caso de tener derecho, el solicitante, o cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, hayan solicitado los subsidios y/o prestaciones por desempleo,u otras prestaciones o pensiones públicas, y tengan resolución expresa o presunta.
• d) Que estén empadronadas en cualquiera de los municipios de las Illes Balears en la fecha de la solicitud.
• e) Que acrediten una residencia en las Illes Balears con un mínimo de doce meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud. Este requisito no se exigirá en los siguientes casos:
  • i. Las personas menores de edad incorporadas a una unidad de convivencia por motivos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
  • ii. Las personas víctimas de trata de seres humanos o explotación sexual. Esta condición se acreditará mediante resolución judicial o informe de servicios sociales.
  • iii. Las mujeres víctimas de violencia machista acreditada por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 78 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de Igualdad de mujeres y hombres, y en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
  • iv. Cuando la ausencia del territorio de las Illes Balears esté motivada por causas laborales o profesionales y sea inferior a cuatro meses. Esta circunstancia debe acreditarse en el momento de solicitar la prestación con la documentación que se indique en el formulario de solicitud.
• f) Que la persona solicitante, o cualquiera de las personas integrantes de la unidad familiar, no haya renunciado a una oferta de trabajo adecuada, según normativa laboral vigente, o haya causado baja voluntaria en su trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena , en los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de la renta social garantizada.
• g) Que la persona solicitante o ningún miembro adulto de la unidad de convivencia tenga deudas con la administración autonómica generadas a partir de un expediente sancionador de los previstos en la Sección Tercera de este Capítulo, que suponga una infracción muy grave.
• h) Que la persona solicitante no sea beneficiaria de la renta social garantizada o del ingreso mínimo vital como miembro de otra unidad de convivencia.

2. Con objeto de poder atender situaciones excepcionales, que no se adecúan a todos los requisitos del apartado anterior y presentan situación de necesidad el órgano instructor, previo informe de la Comisión Técnica, podrá emitir resoluciones favorables a la prestación.

Artículo 21 Consentimiento de las personas destinatarias y acreditación de requisitos

1. Las personas que reúnan los requisitos y quieran solicitar la renta social garantizada deben cumplimentar el impreso de solicitud donde debe constar la autorización expresa de todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de edad para dar su consentimiento al formar parte de esa unidad de convivencia.

2. El modelo de solicitud indicará la documentación que debe adjuntarse para acreditar el cumplimiento de los requisitos del artículo anterior.

3. La presentación de la solicitud implica el consentimiento de las personas destinatarias para que el órgano instructor pueda recabar la información necesaria de carácter económico, de la seguridad social y aquella otra que tenga que ver con los requisitos de acceso a la prestación, en los términos del artículo 9 de este Decreto ley y de acuerdo con los artículos 28 de la Ley 39/2015 y 6.1.e) y 9.2.h) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo , de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y por lo que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Artículo 22 Obligaciones de las personas destinatarias

Las personas destinatarias de la renta social garantizada tienen las siguientes obligaciones:

• a) Destinar la cuantía económica de la prestación de la renta social a la finalidad para la que se ha otorgado, de acuerdo con el artículo 11 de este Decreto ley y los artículos 142 y siguientes del Código Civil.
• b) Administrar los recursos disponibles de forma responsable, con el fin de evitar el agravamiento de la situación económica o de la situación de exclusión.
• c) Comunicar, en el plazo máximo de 30 días, al órgano instructor, los cambios sustanciales de situación personal o patrimonial y, en concreto, los siguientes cambios:
  • i. Cambios de domicilio habitual de la unidad de convivencia
  • ii. Modificación del número de miembros de la unidad de convivencia.
  • iii. Obtener ingresos por parte de cualquier miembro de la unidad de convivencia.
• d) Con carácter general, estar inscritas como demandantes de trabajo, no rechazar una oferta de trabajo adecuada según la normativa laboral vigente, o no causar baja voluntaria y seguir con aprovechamiento un Plan de Activación Laboral de acuerdo con lo que establezca el Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB). Están exentos de este requisito las personas que acrediten trastornos de salud mental o presenten problemas de adicciones.
• e) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
• f) Residir de forma efectiva y continuada en las Illes Balears durante todo el período de percepción de la prestación. Computan como ausencias las salidas del territorio de las Illes Balears que superen un mes, en un período de doce meses. Cuando las ausencias estén motivadas por causas laborales, profesionales, médicas o formativas, no podrán superar los cuatro meses. Las ausencias deben comunicarse de forma previa.
• g) Asistir a las entrevistas a las que sean citadas por parte del órgano instructor a efectos de seguimiento de la situación.
• h) Atender a los requerimientos y colaborar con las actuaciones de comprobación que lleve a cabo la administración.
• i) Comunicar cualquier alteración de las circunstancias que motivaron la concesión.

Artículo 23 Importe de la renta social garantizada

1. La renta social garantizada es el nivel de renta mínimo que el Gobierno de las Illes Balears garantiza a cualquier ciudadano que reúna los requisitos del artículo 20.

2. Las cuantías de la renta social garantizada según la estructura de las unidades de convivencia es la siguiente:

3. En los casos en que corresponda una prestación inferior a 10 euros mensuales, se perderá el derecho a la renta social garantizada.

4. Las cuantías de la renta social garantizada se actualizarán, como mínimo, con arreglo a la actualización del ingreso mínimo vital.

5. Las cuantías pueden incrementarse, a propuesta motivada de la consejera competente en materia de servicios sociales, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno.

Artículo 24 Capacidad económica

1. Para calcular la capacidad económica de la persona solicitante sola o titular de una unidad de convivencia se computarán, como ingresos, los ingresos percibidos por todos los miembros de la unidad de convivencia por los siguientes conceptos:

• a) Las pensiones de jubilación, discapacidad, viudedad y orfandad, así como las prestaciones y subsidios por desempleo .
• b) Los rendimientos de trabajo remunerado.
• c) Los rendimientos económicos que se deriven de la explotación de los bienes muebles e inmuebles.
• d) Cualquier otro ingreso no previsto expresamente.

2. No se computan las prestaciones finalistas como ayudas de urgencia social o de concurrencia, becas de guardería infantil y de comedor, becas de formación para personas adultas, ayudas por hijos cargo, ayudas para el alquiler, ayudas económicas del sistema de atención a la dependencia, así como las ayudas por acogimientos familiares ni las pensiones de alimentos reconocidas judicialmente y efectivamente percibidas.

3. Los ingresos de los miembros de la unidad de convivencia que mantengan una relación de parentesco de primer grado de afinidad o consanguinidad se computarán al 100%. En el caso de los miembros con parentesco de segundo grado de afinidad o consanguinidad, se computarán al 50%.

Artículo 25 Duración de la prestación económica

La prestación debe mantenerse mientras subsistan las causas que motivaron su concesión, salvo que concurran las causas de suspensión o extinción establecidas en este Decreto ley.

Artículo 26 Órgano competente en la gestión de la renta

La consejería competente en materia de servicios sociales es el órgano competente para conceder, modificar, renovar, suspender o extinguir la prestación económica de la renta social garantizada de las Illes Balears.

Artículo 27 Inicio del procedimiento y presentación de solicitudes

El procedimiento administrativo para conceder la prestación económica debe iniciarse a instancia de parte, mediante una solicitud de la persona interesada y de acuerdo con el modelo que la consejería competente en materia de servicios sociales ponga a disposición de las personas interesadas en sus oficinas de información y en su sede electrónica.

Artículo 28 Revisión y subsanación de la solicitud

1. El órgano instructor debe comprobar que tanto la solicitud como la documentación adjunta son completas y correctas. Asimismo, cuando sea necesaria la ampliación de documentación para acreditar que se cumplan los requisitos, se puede solicitar a otros organismos los datos y los informes necesarios.

2. Si la solicitud no cumple los requisitos necesarios o falta documentación, se debe requerir a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o adjunte los documentos preceptivos.

Artículo 29 Comprobación de los requisitos

1. Una vez completada la solicitud, el órgano instructor comprobará la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 20 de este Decreto ley, y elevará la propuesta de resolución a la consejera o al consejero.

2. No obstante lo anterior, si en la comprobación se constatara que se han producido variaciones sobrevenidas respecto a la fecha de solicitud que afecten al reconocimiento del derecho o la determinación del importe mensual o que existen circunstancias no comunicadas por la persona solicitante, con anterioridad a la emisión de la propuesta, se pondrán los hechos de manifiesto, concediéndose un plazo de diez días para formular alegaciones .

3. Cuando se compruebe que la persona solicitante cumple todos los requisitos, pero falta información de alguna persona integrante de la unidad de convivencia a efectos de establecer el importe de la prestación, debe aprobarse la prestación correspondiente al baremo para cuyos miembros se dispone de toda la información. Una vez recibida la información restante, en su caso, se dictará resolución con el importe total que corresponde al conjunto de la unidad. Esta nueva resolución producirá efectos a partir de la fecha que se indique, sin que en ningún caso pueda tener efectos retroactivos.

Artículo 30 Resolución del procedimiento

1. En el plazo de tres meses desde la entrada de la solicitud en el registro de la consejería competente en materia de servicios sociales, la consejera o el consejero debe dictar y notificar la resolución. Transcurrido este plazo, las solicitudes deben entenderse desestimadas.

2. La resolución estimatoria debe establecer, entre otros, la cuantía de la prestación, la relación de derechos y obligaciones que correspondan a las personas destinatarias, especialmente la obligación de comunicar cualquier circunstancia que pueda afectar a la vigencia e importe de la renta, y la fecha a partir de la cual la prestación devengará efectos económicos. También se debe hacer constar que la cuantía puede modificarse, previa audiencia de la persona interesada, como consecuencia de las comprobaciones de la administración.

Artículo 31 Pago de la prestación económica

1. La concesión de la renta social garantizada reportará efectos económicos a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de registro de entrada de la solicitud, salvo el supuesto previsto por el artículo 29.3.

2. Los pagos deben efectuarse por mensualidades vencidas.

3. En el caso de expedientes de renta social garantizada iniciados con una desestimación presunta o expresa, total o parcial, del ingreso mínimo vital, la fecha de efectos económicos será a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de registro de entrada de la solicitud del ingreso mínimo vital, siempre que se compruebe que se reunían los requisitos de la renta social garantizada en ese momento.

Artículo 32 Revisión del cumplimiento de los requisitos y obligaciones

1. El órgano instructor puede comprobar de oficio, en cualquier momento, el mantenimiento de los requisitos que motivaron la concesión de la prestación, así como la cuantía, de acuerdo con el plan anual de revisiones y , como mínimo, anualmente.

2. El órgano instructor para realizar el seguimiento del cumplimiento de la situación por parte de las personas destinatarias debe aprobar un plan anual de revisiones de los expedientes.

3. A estos efectos, podrá requerirse la comparecencia personal a las personas beneficiarias titulares, así como requerir la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para percibir la renta social garantizada.

4. La comprobación de oficio y anual supondrá obligación de reintegro cuando los ingresos anuales de la unidad de convivencia superen el 150% de la prestación correspondiente a la unidad de convivencia.

Artículo 33 Modificación de la prestación económica

1. La prestación económica concedida inicialmente puede experimentar modificaciones como consecuencia de los cambios acaecidos en la unidad de convivencia, que pueden ser tanto de carácter personal, como económico . Cuando se haya detectado, por comunicación de la persona interesada o bien por revisión de oficio, que ha habido algún cambio en la composición familiar o un aumento de ingresos económicos que reducen la cuantía de la renta, la reducción se ha aplicar desde 30 días naturales posteriores a la fecha en que se haya producido el cambio el cambio, deduciendo del total la cuantía cobrada en exceso.

2. El procedimiento de modificación de la prestación económica podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte. En el caso de procedimiento iniciado de oficio cuando derive de una comprobación por la propia administración debe comunicarse a la persona beneficiaria titular, quien podrá presentar alegaciones en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la notificación del procedimiento de modificación.

3. Cuando la modificación derive de la incorporación de cualquiera de las personas destinatarias a un puesto de trabajo, los ingresos que se deriven, a efectos del artículo 24, se computarán en un 50 % a efectos del cálculo del importe de la prestación, por un período máximo de 6 meses a contar desde la fecha de la resolución que acuerde esta modificación. Una vez transcurrido este período, de continuar la actividad laboral, los ingresos se descontarán íntegramente.

Artículo 34 Suspensión de la prestación económica

1. La prestación económica podrá suspenderse sin efectos sobre el derecho a percibirla por cualquiera de las siguientes causas:

• a) Cuando por efectos de los ingresos de la unidad de convivencia pueden generarse pagos indebidos.
• b) Cuando en la tramitación de las revisiones se realicen las comprobaciones del cumplimiento de obligaciones o mantenimiento de requisitos y se disponga de falta de información.
• c) Cuando se esté instruyendo un procedimiento sancionador ya propuesta del órgano instructor.
• d) Mientras se tramite la extinción de la prestación.
• e) Cuando las personas destinatarias no atiendan a los requerimientos o no colaboren con las actuaciones de comprobación que lleva a cabo la administración.
• f) Como sanción por infracción leve de las definidas en el artículo 38 de este Decreto ley.
• g) Los que se prevean reglamentariamente.

2. Los efectos de la suspensión se determinarán en la resolución que la acuerde. En caso de sanción por infracción leve, se citará y recalculará la prestación, en su caso.

3. La desaparición de las circunstancias que hayan motivado la suspensión de la prestación económica dará lugar, a instancia del órgano instructor, a la reanudación de los efectos económicos de la prestación que tenía concedida la persona titular antes de la resolución de suspensión.

Artículo 35 Extinción de la renta social

1. La prestación de la renta social se extingue por cualquiera de las siguientes causas:

• a) Por la modificación sustancial de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la prestación.
• b) Por la pérdida de alguno de los requisitos exigidos a la persona titular para su reconocimiento, previstos en el artículo 20 de este Decreto ley.
• c) Como sanción por infracción grave o muy grave de las definidas en los artículos 39 y 40 de este Decreto ley.
• d) Por trasladar la residencia fuera de las Illes Balears, sin perjuicio de la previsión del artículo 22 f de este Decreto ley.
• e) Por la actuación fraudulenta o el falseamiento de datos encaminados a la obtención, conservación o aumento de la renta social garantizada.
• f) Por la muerte del titular en los casos de unidades de convivencia unipersonales.
• g) Por la renuncia de la persona titular.
• h) Por llevar más de tres meses en suspensión sin que el órgano competente haya recibido información sobre el mismo.
• i) Por las que se prevean reglamentariamente.

2. La consejería competente en materia de servicios sociales puede actuar de oficio cuando tenga conocimiento de alguna de estas circunstancias, y ponerlo en conocimiento de la persona beneficiaria titular, quien dispondrá de un plazo de diez días hábiles para realizar las alegaciones o aportar la documentación que estime convenientes.

Artículo 36 Cambio de titularidad

1. El cambio de titular se podrá solicitar siempre que se produzca alguna de las siguientes situaciones:

• a) Por la muerte o traslado de residencia fuera de las Illes Balears de la persona beneficiaria titular. En este caso, la persona de mayor edad, siempre que haya cumplido la mayoría de edad, o quien ejerza la tutela o la guarda y custodia, cuando forme parte del núcleo familiar, puede subrogarse en la posición de la persona titular de la prestación, siempre que se sigan cumpliendo el resto de requisitos para ser beneficiaria.
• b) Cuando la persona beneficiaria titular sea internada en un centro penitenciario o de justicia juvenil se sustituirá al titular de la prestación por otro miembro de la unidad de convivencia.
• c) Por acuerdo del titular y de la persona mayor de edad miembro de la unidad de convivencia que opte a ser titular.

2. La consejería competente en materia de servicios sociales puede actuar de oficio cuando tenga conocimiento de alguna de estas circunstancias, y ponerlo en conocimiento de la persona beneficiaria titular, quien dispondrá de un plazo de diez días hábiles para realizar las alegaciones o aportar la documentación que estime convenientes.

Artículo 37 La Comisión Técnica de la renta social garantizada

1. Se crea la Comisión Técnica de la renta social garantizada, adscrita a la consejería competente en materia de servicios sociales, con las siguientes funciones:

• a) Valorar periódicamente la implantación de la prestación.
• b) Resolver dudas y alegaciones que puedan presentar las personas interesadas.
• c) Resolver dudas previa solicitud del órgano que tramite la renta.
• d) Proponer modificaciones en la reglamentación de la renta.
• e) Elevar los informes de valoración y las propuestas de modificación a la consejera o consejero competente en materia de servicios sociales y a los órganos de coordinación y participación autonómicos del sistema de servicios sociales.
• f) Estudiar y elevar propuesta de resolución de los casos presentados a consulta de la Comisión por los servicios sociales comunitarios o por el servicio gestor de la renta social garantizada.

2. Esta Comisión debe estar formada, como mínimo por:

• a) Seis funcionarios adscritos a la consejería competente en materia de servicios sociales, nombrados por el consejero o consejera con indicación, de entre ellos, de las personas que deben ejercer la presidencia y la secretaría.
• b) Seis funcionarios de los servicios sociales comunitarios:
  • i. 1 representante de los municipios de menos de 20.000 habitantes a propuesta de la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB).
  • ii. 1 representante de los municipios de más de 20.000 habitantes de Mallorca por rotación, por orden alfabético.
  • iii. 1 representante de los municipios de más de 20.000 habitantes de Menorca por rotación, por orden alfabético.
  • iv. 1 representante de los municipios de más de 20.000 habitantes de Eivissa por rotación, por orden alfabético.
  • v. 1 representante del Ayuntamiento de Palma.
  • vi. 1 representante del Ayuntamiento de Formentera.

3. El régimen de funcionamiento de la Comisión técnica es el establecido por la normativa general en materia de órganos colegiados.

Artículo 38 Infracciones leves

Son infracciones leves:

• 1. No informar del cambio de lugar de residencia o domicilio habitual de las personas destinatarias.
• 2. No asistir a las entrevistas a las que sean citadas las personas titulares por parte del órgano instructor a efectos de realizar el seguimiento de la situación.
• 3. No atender a los requerimientos ni colaborar con las actuaciones de comprobación que lleve a cabo la Administración.
• 4. No comunicar las ausencias del territorio de las Illes Balears en los casos permitidos.

Artículo 39 Infracciones graves

Son infracciones graves:

• a) Dos o más faltas leves en un plazo de un año, contado desde la fecha de la resolución administrativa firme sancionadora de la primera falta leve.
• b) No comunicar, en el plazo máximo de 30 días, al órgano instructor, los cambios sustanciales de situación personal o patrimonial y, en concreto, los siguientes:

  La reducción del número de miembros de la unidad de convivencia.

  La obtención de ingresos por cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia.

• c) No residir de forma efectiva y continuada en las Illes Balears durante todo el período de percepción de la prestación, sin perjuicio de las ausencias permitidas, debidamente comunicadas.
• d) Las actuaciones dirigidas a obtener o conservar la renta social cuando de estas actuaciones se hubiera derivado una percepción indebida de la prestación económica en importe igual o superior al 100% de la cuantía máxima anual de la renta social que pudiera corresponder a una unidad de convivencia de las características de la persona infractora.
• e) La utilización de la prestación para fines distintos de los establecidos en el artículo 11.

Artículo 40 Infracciones muy graves

La reincidencia en falta grave con resolución administrativa firme en el plazo de tres años se considera una infracción muy grave.

Artículo 41 Sanciones

1. Las infracciones leves se sancionarán con la suspensión del derecho a percibir la renta social durante un mes.

2. Las infracciones graves se sancionan con la extinción de la prestación económica y la prohibición de acceso a esta prestación en un período de tres meses. Si hay personas menores de 18 años, se reducirá a un mes.

3. Las infracciones muy graves se sancionan con la extinción de la prestación económica y la prohibición de acceso a esta prestación en un período de seis meses. Si hay personas menores de 18 años, se reducirá a tres meses.

Artículo 42 Órganos competentes en el procedimiento sancionador

1. La dirección general competente en renta social garantizada será el órgano competente para instruir los procedimientos sancionadores de la renta social garantizada.

2. El órgano competente para resolver los procedimientos sancionadores es la consejera o consejero competente en materia de servicios sociales.

Artículo 43 Objeto

El complemento de renta social de las Illes Balears en las pensiones no contributivas tiene por objeto adecuar la pensión no contributiva del Sistema de Seguridad Social al nivel de vida de las Illes Balears. Este complemento se dedicará a los perfiles de población que requieren una mayor protección social.

Artículo 44 Naturaleza

El complemento de renta social de las Illes Balears a las pensiones no contributivas :

• a) Se trata de una prestación de carácter finalista que queda excluida del ámbito de aplicación de la normativa general de subvenciones.
• b) Es un derecho subjetivo de todas las personas que cumplen los requisitos establecidos en este Decreto ley y la concesión no está condicionada por disponibilidad presupuestaria.
• c) Tiene carácter complementario, respecto de las prestaciones económicas, pensiones de la seguridad social y de cualquier renta que pudieran corresponder a la persona titular o a cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, hasta el importe que corresponda.
• d) Es intransferible, por lo que no puede ofrecerse en garantía de obligaciones, no puede cederse total ni parcialmente, no puede ser objeto de compensación o descuento -excepto para el reintegro de las prestaciones percibidas indebidamente de acuerdo con este Decreto ley- , ni objeto de retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites previstos en la legislación general del Estado que sea de aplicación.
• e) Tiene como uno de los principales objetivos la garantía de unos ingresos mínimos para atender a las necesidades básicas.

Artículo 45 Personas destinatarias

A efectos de este Decreto ley, se entiende que son personas destinatarias de la prestación los titulares de las pensiones no contributivas.

Artículo 46 Requisitos

1. Por ser beneficiaria de esta prestación, la persona solicitante debe tener reconocida y activa la pensión. En particular, el servicio gestor de esta prestación comprobará que el reconocimiento de este complemento, de acuerdo con la normativa aplicable a las pensiones no contributivas, no afecte al importe o derecho a recibir la pensión no contributiva.

2. Los requisitos y puesta en funcionamiento de otras prestaciones complementarias se harán de acuerdo a lo establecido en la disposición adicional tercera.

Artículo 47 Importe y cálculo del importe de la prestación económica

El complemento de renta social de las Illes Balears a las pensiones no contributivas se calcula añadiendo un máximo del 24,91%, en función de los ingresos declarados, a la cuantía resultante de la pensión.

Artículo 48 Órgano competente por la gestión

El órgano competente para la gestión del complemento de renta social de las Illes Balears en las pensiones no contributivas es la consejería competente en materia de servicios sociales.

Artículo 49 Inicio del procedimiento

El procedimiento de reconocimiento del derecho a esta prestación podrá realizarse a instancia de parte, o de oficio a partir de la comprobación de que la persona es titular de las pensiones de la seguridad social que dan derecho al complemento.

Artículo 50 Modificación, suspensión y extinción

La prestación se modifica, suspende o extingue en relación con la prestación o pensión que genera el derecho.

Artículo 51 Objeto

La renta de emancipación para jóvenes que han sido sometidos a medidas administrativas de tutela o guarda de protección de menores por administraciones públicas de las Illes Balears y que se encuentran en proceso de autonomía personal, tiene por objeto contribuir, temporalmente y hasta los 25 años, a que puedan vivir de forma autónoma y se puedan integrar gradualmente en la vida social y laboral, siempre que acrediten que no disponen de recursos económicos suficientes y vivan de forma autónoma.

Artículo 52 Naturaleza

1. La renta es una prestación social de tipo económico que tiene carácter subsidiario de otras prestaciones del sistema público de prestaciones sociales.

2. Tiene carácter temporal y permite atender a los gastos esenciales de personas que han sido tuteladas o bajo una medida de guarda por la entidad pública de protección competente de las Illes Balears.

Artículo 53 Régimen de compatibilidad e incompatibilidad

a) La renta es compatible y complementaria a las prestaciones sociales de carácter económico de concurrencia competitiva y las de urgencia social, así como con las ayudas y/o becas de servicios sociales, como las ayudas para menores víctimas de violencia machista.

b) Esta prestación es compatible con otras prestaciones económicas de la administración autonómica, insular o local, que tengan como finalidad la formación y la plena inserción de las personas en el mercado laboral.

c) La renta es incompatible con otras prestaciones sociales de carácter económico de derecho subjetivo tales como la renta social garantizada o el ingreso mínimo vital que tenga reconocidas la persona beneficiaria oa las que tenga derecho.

Artículo 54 Personas destinatarias

Tienen derecho a ser beneficiarias de esta renta las personas que han sido sometidas a tutela o guarda por la entidad pública de protección de menores competente en las Illes Balears, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo siguiente y que sigan con aprovechamiento su Proyecto Educativo Individual (PEI), suscrito entre la consejería competente en materia de servicios sociales y la persona solicitante.

Artículo 55 Requisitos de las personas beneficiarias

1. Las personas beneficiarias deben cumplir los siguientes requisitos:

• a) Haber cumplido 18 años y no haber cumplido 25 años.
• b) Estar bajo guarda o tutela administrativa de cualquiera de las entidades públicas de protección de menores de las Illes Balears en el momento de cumplir 18 años.
• c) Haber estado, como mínimo y sin necesidad de ser consecutivos, doce meses entre los 16 y los 18 años bajo una medida de guarda o tutela de cualquiera de las entidades públicas de protección de menores de las Illes Balears. Excepcionalmente, dicho período mínimo de doce meses no será de aplicación a las personas menores de edad sometidas a una medida administrativa de protección que regresan a su ámbito familiar cuando este regreso resulta infructuoso, así como a las personas menores de edad sometidas por primera vez a guarda o tutela administrativa después de haber cumplido 17 años.
• d) Acreditar que vive de forma autónoma. No puede existir convivencia con los familiares que generaron la medida administrativa. Sin embargo, las personas beneficiarias pueden mantener contacto con estos familiares, siempre que sea favorable para su proceso de emancipación.
• e) Que tengan resolución denegatoria, expresa o presunta, del ingreso mínimo vital, salvo en los casos en que no puedan solicitarlo por no cumplir los requisitos de acceso exigibles de acuerdo con la normativa vigente reguladora de dicho ingreso mínimo vital.
• f) Tener unos ingresos inferiores al de la renta social garantizada para una persona adulta sola en el momento de la solicitud de la prestación.
• g) En caso de que la persona interesada no tenga una actividad laboral remunerada y no curse estudios de educación universitaria, de formación profesional o encaminados a obtener un puesto de trabajo, debe estar inscrita como demandante de trabajo en el Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB). Este requisito será exceptuado en los casos en que la situación administrativa del solicitante no le permita estar inscrito en el SOIB.
• h) Tener la residencia en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
• i) En los casos en que la persona demandante presente problemas de adicciones, será requisito presentar Informe Técnico Favorable relativo a la percepción de la prestación en el proceso de autonomía personal
• j) No estar cumpliendo una medida o pena privativa de libertad, tanto si es de carácter preventivo como si está en ejecución de una sentencia firme.
• k) Carecer de su capacidad de obrar limitada cuanto al manejo de dinero por sentencia judicial.

2. Si como consecuencia de coordinación estatal o de colaboración con otras comunidades autónomas en materia de atención a la infancia desprotegida, cuando los menores residan y sean atendidos en las Illes Balears conservando la tutela de la comunidad autónoma de procedencia, el consejero o la consejera competente en materia de servicios sociales, mediante resolución, puede dejar sin aplicación el requisito establecido en la letra c del apartado primero, acompañando la resolución con la certificación de tutela que tenga la comunidad autónoma de procedencia.

Artículo 56 Valoración de la situación de necesidad

1. La situación de necesidad debe valorarse teniendo en cuenta los ingresos económicos.

2. Debe determinarse si la persona beneficiaria tiene hijos o hermanos a cargo que le comporten una mayor necesidad económica. A tal efecto, la consejería competente en materia de servicios sociales, en su caso, podrá solicitar informe sobre la persona beneficiaria a las administraciones públicas.

3. A efectos de lo establecido en los apartados anteriores, se entiende, con carácter general, que carece de recursos económicos cuando los ingresos personales son inferiores a una vez la renta social garantizada para una persona adulta sola.

4. No se tienen en cuenta como ingresos personales los que puede percibir la persona beneficiaria provenientes de ayudas de cualquier naturaleza si tienen la finalidad de atender a los gastos derivados de la necesidad del concurso de otra persona para llevar a cabo los actos esenciales de la vida, ni las prestaciones sociales de carácter económico, subvenciones o becas, sin perjuicio de la previsión del artículo 53 c de este Decreto ley.

Artículo 57 Obligaciones de las personas beneficiarias

Los perceptores de la prestación tendrán las siguientes obligaciones:

• a) Cumplir satisfactoriamente el proyecto educativo individual (PEI).
• b) En su caso, comunicar a la consejería competente en materia de servicios sociales que se ha producido alguna de las causas de suspensión o extinción, indicadas en el artículo 69 de este Decreto ley y, en su caso, reintegrar las cuantías indebidamente percibidas a los mismos efectos.
• c) Destinar la ayuda a la finalidad por la que se concedió.
• d) Asistir a las entrevistas citadas.
• e) Atender a los requerimientos y colaborar en las actuaciones de comprobación.
• f) Comunicar cualquier cambio de domicilio o composición de la unidad familiar.

Artículo 58 Cuantía de la prestación

1. La cuantía máxima de la prestación es equivalente a una renta social garantizada para una persona adulta sola y la mínima es el 25% de la máxima.

2. Puede percibirse la cuantía íntegra de la prestación mientras la suma de la cantidad que supone, más los ingresos procedentes de la actividad laboral remunerada o de las prestaciones económicas complementarias no iguale o supere el valor de 1,5 veces la renta social garantizada . En este supuesto, la cuantía de la prestación debe reducirse en la proporción necesaria para no superar este límite.

3. Excepcionalmente, en los supuestos en los que la situación familiar o de convivencia de la persona que ha sido sometida a medida de protección de tutela o guarda suponga una carga económica, la prestación se incrementará en la cantidad resultante en un 20% para la segunda persona integrante del núcleo familiar y en un 10% para las restantes hasta un máximo de cuatro personas. En el cómputo de miembros, las personas afectadas por una discapacidad del 33% o superior computarán un 10% más, de acuerdo con los límites cuantitativos previstos en los apartados anteriores.

Artículo 59 Duración de la prestación

1. La duración de la prestación es de un máximo de 36 meses, en función de la edad de la persona interesada, del momento de presentar la solicitud y de que se mantengan las condiciones que motivaron la concesión. La prestación finaliza el día en el que el solicitante cumple los 25 años.

2. El subsidio de desempleo previsto en la legislación de la Seguridad Social para las personas menores de edad privadas de libertad se computará dentro de los 36 meses.

Artículo 60 Inicio del procedimiento y presentación de solicitudes

a) El procedimiento administrativo para conceder la prestación económica debe iniciarse a instancia de parte, mediante una solicitud de la persona interesada y de acuerdo con el modelo que la consejería competente en materia de servicios sociales ponga a disposición de las personas interesadas en sus oficinas de información y en su sede electrónica.

b) La renta puede solicitarse en cualquier momento, a partir de los 18 años y hasta que se cumplan 25 o en el supuesto que establece el apartado siguiente.

c) Puede presentar la solicitud la persona interesada o quien ejerza la tutela o la guarda, dos meses antes de cumplir 18 años.

d) Las solicitudes de la prestación deben presentarse en las sedes de la consejería competente en materia de servicios sociales, en los registros de los entes u órganos administrativos o por los medios telemáticos que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 61 Revisión y subsanación de la solicitud

1. El órgano instructor debe comprobar que tanto la solicitud como la documentación adjunta son completas y correctas.

2. Si la solicitud no cumple los requisitos necesarios o falta documentación, se debe requerir a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o adjunte los documentos preceptivos. De no presentarlos en el plazo establecido, se dictará resolución dando la solicitud por desistida.

Artículo 62 Comprobación de los requisitos

Una vez completada la solicitud, el órgano instructor comprobará la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 55 de este Decreto ley, y elevará la propuesta de resolución a la consejera o al consejero.

Artículo 63 Resolución del procedimiento

1. En el plazo de tres meses desde la entrada de la solicitud en el registro de la consejería competente en materia de servicios sociales, la consejera o el consejero debe dictar y notificar la resolución. Transcurrido este plazo, las solicitudes deben entenderse desestimadas.

2. La resolución estimatoria debe establecer, entre otros, la cuantía de la prestación, la relación de derechos y obligaciones que correspondan a las personas destinatarias y la fecha a partir de la cual la prestación devengará efectos económicos.

Artículo 64 Pago de la prestación económica

1. La concesión de la renta de emancipación devenga efectos económicos a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de registro de entrada de la solicitud. O en caso de haber presentado la solicitud dos meses antes de cumplir 18 años tendrá efectos económicos desde el día primero del mes siguiente en que se cumpla la mayoría de edad.

2. Los pagos deben efectuarse por mensualidades vencidas.

3. La prestación debe abonarse de acuerdo al artículo 7 de este Decreto ley.

Artículo 65 Revisión del cumplimiento de los requisitos y obligaciones

1. El órgano instructor podrá comprobar de oficio, en cualquier momento, el mantenimiento de los requisitos que motivaran la concesión de la prestación, así como su cuantía.

2. A estos efectos, podrá requerirse la comparecencia personal a las personas beneficiarias titulares, así como requerir la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para percibir la renta de emancipación.

Artículo 66 Modificación de la prestación económica

1. El procedimiento de modificación de la prestación económica podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte.

2. El procedimiento iniciado de oficio cuando derive de una comprobación por la propia administración debe comunicarse a la persona beneficiaria titular, quien dispone de un plazo de diez días para realizar las alegaciones o aportar la documentación que estime convenientes.

Artículo 67 Gestión de las prestaciones

La gestión de la renta mensual corresponde a la consejería competente en materia de servicios sociales del Gobierno de las Illes Balears.

Artículo 68 Suspensión o extinción de la renta

a) El procedimiento de suspensión o extinción podrá iniciarse a instancia de la persona interesada o de oficio por acuerdo del órgano competente.

b) La suspensión de la prestación tendrá una duración máxima de tres meses. Durante este período, podrá reiniciarse la prestación cuando deje de existir la causa que ha motivado su suspensión.

c) Si se agota el período de suspensión y no se ha solucionado la causa, la prestación se extingue automáticamente.

Artículo 69 Causas de suspensión y extinción de la renta

1. Son causas de suspensión de la prestación:

• a) Dejar de residir en las Illes Balears.
• b) Realizar una actividad laboral remunerada con una retribución igual o superior a 1,5 veces la renta social garantizada por un adulto solo.
• c) Dejar de atender injustificadamente dos requerimientos de la administración competente.
• d) Incumplir el Proyecto Educativo Individual (PEI) o no seguir sus pautas por un período inferior a tres meses.
• e) Tramitarse un expediente de extinción.

2. Son causas de extinción de la renta:

• a) Producirse la muerte de la persona beneficiaria.
• b) Cumplir 25 años o disfrutar de la prestación durante 36 meses.
• c) Dejar de vivir de forma autónoma por regreso al núcleo familiar que generó la medida administrativa.
• d) Mantener cualquiera de las causas que motivan la suspensión durante un período de tres meses.
• e) Dejar de residir en las Illes Balears, una vez suspendida la prestación, durante un período mínimo de tres meses.
• f) Obtener una resolución de concesión del Ingreso mínimo vital.
• g) Falsear la información aportada a la Administración en la acreditación de los requisitos.
• h) Incumplir el PEI acordado o no seguir sus pautas durante un período superior a tres meses, previo informe técnico.
• i) Producirse la mejora de la situación económica de la persona beneficiaria por la obtención de otros ingresos que impliquen la desaparición de la situación de necesidad.
• j) Renunciar voluntariamente a una adecuada oferta de trabajo o la reducción horaria si no es por motivo de estudios.
• k) Cumplir una medida o pena privativa de libertad, tanto si es de carácter preventivo como si está en ejecución de una sentencia firme

Artículo 70 Proyecto educativo individual (PEI)

1. El proyecto educativo individual es el documento que recoge los compromisos de itinerario hacia la autonomía personal que debe llevar a cabo el joven y los apoyos técnicos que debe recibir.

2. El PEI debe estar pactado y firmado por el técnico de la consejería competente en materia de servicios sociales y por la persona joven a quien se aplica.

3. El PEI siempre puede modificarse, de forma consensuada, a instancia de la persona joven o persona técnica encargada del seguimiento. El PEI puede modificarse tantas veces como las partes lo encuentren adecuado.

Artículo 71 Seguimiento de los Proyectos Educativos Individuales

1. La consejería competente en materia de servicios sociales asignará a cada persona beneficiaria una persona técnica de referencia para la gestión y el seguimiento del PEI.

2. El personal técnico de la consejería debe comprobar periódicamente el mantenimiento de los requisitos necesarios para poder disfrutar de la prestación.

3. Igualmente, debe recavar la información de otros servicios técnicos y administrativos para poder realizar el seguimiento del PEI.

Artículo 72 Infracciones

1. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones de las personas titulares de la prestación económica de la renta de emancipación tipificadas como tales en este Decreto ley, que pueden ser especificadas en los reglamentos que la desarrollen. Las infracciones no podrán ser objeto de sanción sin la previa instrucción del oportuno procedimiento.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 73 Infracciones leves

Son infracciones leves:

• a) No informar del cambio de lugar de residencia en las Illes Balears.
• b) No informar de las ausencias de las Illes Balears. Computan como ausencias las salidas del territorio que superen un mes, en un período de doce meses, las cuales deben comunicarse previamente.
• c) No asistir a tres de las entrevistas a las que sean citadas por parte de los servicios técnicos a efectos del seguimiento de la prestación.
• d) No atender a los requerimientos y colaborar con las actuaciones de comprobación que lleve a cabo la administración.
• e) Incumplir el PEI.

Artículo 74 Infracciones graves

Son infracciones graves:

• a) Dos o más faltas leves en un plazo de un año.
• b) No comunicar, en el plazo máximo de 30 días, al órgano instructor, los siguientes cambios sustanciales de situación personal o patrimonial:
  • i. Modificación del número de miembros de la unidad de convivencia.
  • ii. Contrato laboral superior a 30 días de jornada completa.
  • iii. Obtener ingresos superiores al 150% de la renta de emancipación.
  • iv. No residir de forma efectiva y continuada en las Illes Balears durante tres meses.
• c) Las actuaciones dirigidas a obtener o conservar la renta de emancipación, sabiendo que no se cumplen los requisitos para tenerla.
• d) La utilización de la prestación para fines distintos de los establecidos en este Decreto ley.

Artículo 75 Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves:

• a) La reincidencia en falta grave.
• b) Tres resoluciones de extinción por incumplimiento del PEI, durante un período máximo de 4 años.

Artículo 76 Sanciones

a) Las infracciones leves se sancionan con la extinción de la prestación y con la prohibición de acceso a la misma en un período de 2 meses

b) Las infracciones graves se sancionan con la extinción de la prestación y la prohibición de acceso a la misma en un período de 4 meses.

c) Las infracciones muy graves se sancionarán con la extinción de la prestación y la prohibición de acceso a la misma en un período de doce meses.

Artículo 77 Concurrencia pública

La creación de prestaciones sociales de carácter económico provistas con créditos presupuestarios limitados a las cantidades consignadas en el presupuesto correspondiente debe llevarse a cabo teniendo en cuenta criterios de prelación del estado de necesidad, por lo cual se tiene que abrir un procedimiento de concurrencia pública.

Artículo 78 Convocatoria de las prestaciones

1. El otorgamiento de las prestaciones económicas de derecho de concurrencia debe efectuarse mediante convocatoria pública aprobada por acuerdo o resolución del órgano competente de la administración pública impulsora.

2. La convocatoria debe incluir, como mínimo:

• a) La prestación y condiciones para acceder a la prestación.
• b) El estado de necesidad requerido y la forma de acreditarlo.
• c) Los criterios de valoración y prelación de la situación de necesidad.
• d) La fecha de los efectos y la duración de la prestación.
• e) Las personas beneficiarias.
• f) Las personas que pueden presentar las solicitudes y el sitio y la forma de presentación.
• g) Los plazos de presentación de solicitudes y resolución y notificación de los procedimientos. El órgano competente para resolver y recursos procedentes.
• h) Las causas específicas de suspensión y extinción de la prestación, en su caso.
• i) La cancelación de los datos de carácter personal facilitados, en el momento en que la resolución de la convocatoria adquiera firmeza en la vía administrativa y, en su caso, en la vía judicial.
• j) Los créditos máximos habilitados para atender a las prestaciones.
• k) La incompatibilidad con otras prestaciones, en su caso.
• l) El régimen fiscal aplicable.

3. Las solicitudes que cumplan las condiciones exigidas por la convocatoria, una vez valoradas, deben ordenarse según la situación de necesidad. Las prestaciones se otorgarán por resolución del órgano competente con arreglo a este orden de prelación hasta que se agote el crédito presupuestario disponible.

Artículo 79 Duración de las prestaciones

1. Las prestaciones otorgadas con carácter de derecho de concurrencia tendrán la duración prevista en la convocatoria o en la resolución de concesión.

2. Las prestaciones pueden prorrogarse si se mantienen los requisitos que han motivado su concesión y no se produce causa de extinción o suspensión.

Artículo 80 Créditos presupuestarios y prórrogas

1. La convocatoria para iniciar los procedimientos de prestaciones de derecho de concurrencia debe prever el crédito total que se destina.

2. Sin perjuicio del crédito anterior, en el presupuesto de la administración pública impulsora se realizarán las previsiones necesarias para atender los gastos derivados de las posibles prórrogas. Estos créditos no pueden incluirse en los créditos destinados a las convocatorias.

Artículo 81 Publicidad

Sin perjuicio de la publicidad preceptiva, las administraciones públicas deben dar la máxima difusión a las convocatorias para conceder prestaciones sociales de carácter económico. Asimismo, se dará publicidad a los créditos consignados en el presupuesto destinados a financiar las prestaciones de derecho de concurrencia otorgadas en ejercicios anteriores.

Artículo 82 Concepto, naturaleza y tipos de ayudas de urgencia social

1. Las ayudas de urgencia social son prestaciones social de carácter económico del Sistema Público de Servicios Sociales acotados por concepto y temporalmente. Tienen por finalidad resolver situaciones que requieren rápida respuesta en el apoyo económico que afecten a personas o unidades de convivencia que por situaciones sobrevenidas, gastos imprevistos, déficit temporal de ingresos económicos o emergencias naturales o sociales, dé lugar a una situación de necesidad de acceso a recursos de primera necesidad.

2. Las prestaciones económicas de urgencia social tienen la finalidad de atender situaciones de necesidad puntuales, urgentes y básicas, de subsistencia, como la alimentación, el vestido y el alojamiento.

3. La inmediatez de la respuesta es la principal característica de estas prestaciones a diferencia de las de derecho subjetivo o concurrencia.

4. Los tipos de prestaciones de urgencia social son:

• a) básicas
• b) de intervención social inmediata

Artículo 83 Objeto de la prestación

La finalidad de las ayudas de urgencia social es la cobertura de las necesidades sociales básicas que permiten la subsistencia de las unidades de convivencia y, prioritariamente, de las definidas en los siguientes supuestos:

• a) Imposibilidad transitoria de continuar en el uso y disfrute de la vivienda habitual.
• b) Carecer de medios económicos para conservar las condiciones de habitabilidad, incluidos, entre otros, los gastos de adquisición de equipamiento básico de la vivienda habitual.
• c) Alimentación.
• d) Cuidados personales esenciales, vestido e higiene.
• e) Alojamiento temporal.
• f) Transporte en casos que garanticen procesos de inserción laboral o formativa.
• g) Gastos de medicación y otros cuidados sanitarios diagnosticados por personal facultativo sanitario del sistema público de salud, cuando no se hayan podido cubrir por ningún otro sistema de protección social.
• h) Situaciones de emergencia que pongan en peligro la convivencia en la unidad familiar, de riesgo de exclusión social de la unidad de convivencia o de alguno de sus miembros, que no estén previstas en este artículo ni por otras prestaciones del sistema público de servicios sociales .
• i) Otros conceptos debidamente justificados por el trabajador social que tramita la ayuda económica.

Artículo 84 Obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias de las prestaciones están sujetas a las siguientes obligaciones:

• a) Destinar el importe de la ayuda a la finalidad para la que se ha otorgado.
• b) Reintegrar el importe de las cuantías indebidamente percibidas.
• c) Facilitar la labor a las personas designadas para verificar su situación económica y familiar, proporcionándoles toda la información precisa.

Artículo 85 Definición

La ayuda básica es la modalidad de prestación económica de urgencia social que tiene por objeto atender los gastos imprevistos o derivados del déficit temporal de ingresos de la unidad familiar que provoca un estado de carencia en el acceso a las necesidades sociales básicas.

Artículo 86 Acceso a las ayudas básicas

Los servicios sociales comunitarios son la puerta de acceso donde poder realizar la demanda.

Artículo 87 Financiación

1. La financiación de las ayudas básicas será de la administración local responsable de los servicios sociales comunitarios.

2. El Gobierno de las Illes Balears y los consejos insulares colaborarán en la financiación de estas ayudas, mediante la financiación de los servicios sociales comunitarios.

Artículo 88 Personas beneficiarias y requisitos

Pueden ser personas beneficiarias de las ayudas básicas las personas que constituyan una unidad de convivencia independiente, que sean atendidas por los servicios sociales comunitarios básicos de cualquier municipio de las Illes Balears, con residencia efectiva y que cumplan los siguientes requisitos:

• a) Haber presentado la solicitud de la prestación en los servicios sociales comunitarios donde debe realizar la demanda de ayuda.
• b) Colaborar con los técnicos de los servicios sociales comunitarios básicos, aportando toda la información necesaria, facilitando el acceso al domicilio y buscando soluciones conjuntas a la situación de necesidad.
• c) Estar en situación de necesidad social provocada por una situación de déficit de ingresos económicos. Esta situación debe ser valorada por un trabajador social de los servicios sociales comunitarios básicos.

Artículo 89 Reserva presupuestaria

1. Las ayudas básicas serán tramitadas por los servicios sociales comunitarios con cargo a los presupuestos municipales de servicios sociales.

2. Los entes locales, de acuerdo con sus competencias en materia de servicios sociales comunitarios, deben incluir en los presupuestos de gastos una partida anual para poder atender adecuadamente las ayudas básicas de sus vecinos.

3. El Gobierno de las Illes Balears y los consejos insulares habilitarán en sus presupuestos anuales una reserva de crédito destinada a colaborar con los ayuntamientos en estas ayudas básicas.

Artículo 90 Tramitación

El acceso a las ayudas básicas se realiza mediante el siguiente procedimiento:

• a) Demanda de ayuda económica a los servicios sociales comunitarios básicos.
• b) Investigar y contrastar la situación de necesidad, cumplimiento de requisitos y tramitación de prestaciones a las que se pueda tener derecho (ingreso mínimo vital, Renta Social Garantizada, Pensión No contributiva, etc). El trabajador social acredita la situación de necesidad de ayuda urgente.
• c) Contrato asistencial de prestación económica, en su caso.
• d) Tramitación de la prestación económica, en su caso.
• e) Comprobación de que la prestación se ha destinado a la finalidad que la motiva.

Artículo 91 Temporalidad

Las ayudas básicas están acotadas temporalmente por su naturaleza.

Artículo 92 Pago

1. De acuerdo a lo que regula el artículo 7 de este Decreto ley, el pago de ayudas básicas se efectúa mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente facilitada por la persona titular o mediante mecanismos alternativos (tarjeta bancaria u otros) con el compromiso de destinar su importe al pago de los conceptos que motivaron su solicitud.

2. El pago efectivo de las ayudas básicas tendrá carácter prioritario en la ejecución de gastos de la administración gestora y no podrá dilatarse en el tiempo.

Artículo 93 Situaciones de intervención social inmediata

1. Se define como situación de intervención social inmediata aquélla en la que se encuentran familias con necesidades sociales provocadas por causas climáticas, catástrofe natural, incendios, inseguridad en la edificación del hogar y otras situaciones similares.

2. La declaración y acotación de situación de intervención social inmediata se realizará por el Consejo de Gobierno de las Illes Balears a propuesta de la consejería competente en materia de servicios sociales.

3. La declaración de un territorio en situación de intervención social inmediata obliga a que los servicios sociales comunitarios del municipio o municipios afectados trabajen en la aplicación de este tipo de ayudas bajo la coordinación de la consejería competente en materia de servicios sociales.

Artículo 94 Régimen de las ayudas de intervención social inmediata

1. El Consejo de Gobierno de las Illes Balears debe aprobar, con la declaración de situación de intervención social inmediata, un procedimiento para acotar la prestación a cada una de las personas y/o unidades de convivencia afectadas.

2. El tratamiento debe ser para toda la ciudadanía afectada por la situación de intervención social inmediata y sin tener en cuenta la situación económica anterior a la situación de intervención social inmediata ni como criterio de acceso ni de valoración de la cuantía de ayuda económica.

3. La regulación específica para cada una de las situaciones de intervención social inmediata que puedan declararse debe aprobarse por el Consejo de Gobierno.

4. La financiación de estas ayudas corre a cargo de los presupuestos de servicios sociales del Gobierno de las Illes Balears, sin perjuicio de que puedan participar otras administraciones públicas.

5. La selección de las personas beneficiarías, el procedimiento de acceso a la prestación y los requerimientos documentales deben definirse en cada uno de los acuerdos del Consejo de Gobierno donde se declare la situación de intervención social inmediata.

Artículo 95 Definición y objeto

1. Son ayudas destinadas a facilitar procesos de cambios y mejoras en la situación social en la que se encuentra la persona o familia perceptora.

2. Tienen por objeto atender a necesidades vinculadas al mantenimiento de las unidades familiares y a los procesos individuales de inserción y socialización de algún miembro de la unidad familiar.

Artículo 96 Administración impulsora

1. Cualesquiera de las administraciones públicas de las Illes Balears pueden impulsar este tipo de prestación social de carácter económico.

2. La administración impulsora de este tipo de prestación debe aprobar una resolución de las condiciones por las que se regirá las prestaciones económicas, como mínimo, definiendo la tramitación de la prestación, el órgano instructor, la dotación económica y la partida presupuestaria, la población a la que va dirigida, las condiciones de acceso, la cuantía de la prestación individual y/o familiar, así como las obligaciones de los beneficiarios, especialmente la de reintegrar el importe de la prestación en caso de incumplimiento .

Artículo 97 Acceso a la prestación

1. El acceso a la prestación debe definirse teniendo en cuenta la limitación temporal de otorgamiento, el territorio al que va dirigido, la tipología de situación a la que quiere atender, la edad y el género de las personas beneficiarias, así como las condiciones que deben aceptar los demandantes para poder ser beneficiario.

2. El acceso será a través de la Red Pública de Servicios Sociales.

3. La financiación irá con cargo a los presupuestos de la administración impulsora.

4. Puede ser beneficiaria cualquier persona con expediente abierto en los servicios sociales comunitarios o en los servicios de la administración impulsora de la prestación. En este último caso, la administración impulsora remitirá la información a los servicios sociales comunitarios.

LE0000745089_20230409Número 4 del artículo 97 redactado por la disposición final decimosexta de la Ley 11/2022, 28 diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2023 («B.O.I.B.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Disposición adicional primera Archivo de prestaciones sociales de carácter económico

Se crea el fichero único de datos personales de todas las prestaciones sociales de carácter económico en las Illes Balears con la estructura de información detallada en el anexo de este Decreto ley.

Disposición adicional segunda Ampliación de referencias al ingreso mínimo vital

Todas las referencias a la prioridad de apoyo, acceso, beca, descuentos así como cualquier ayuda prevista para los perceptores de la renta social garantizada de la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears, se amplían a los perceptores del ingreso mínimo vital.

Disposición adicional tercera

Comisión interdepartamental de estudio de los complementos de rentas distinta a la de pensiones no contributivas

Se crea la Comisión interdepartamental para estudiar en los próximos meses la evolución del nivel de cobertura del ingreso mínimo vital en las Illes Balears, la plausibilidad y el coste económico de implantar la complementariedad del ingreso mínimo vital entre la población de Illes Balears teniendo presente la lucha contra la pobreza.

La Comisión se regula mediante Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes y forman parte el vicepresidente del Gobierno de las Illes Balears, el consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores y la consejera de Asuntos Sociales y Deportes.

Disposición adicional cuarta

Comisión de evaluación de prestaciones de la renta social garantizada

1. Se crea la Comisión de Evaluación de prestaciones sociales de carácter económico configuradas como derecho subjetivo de este Decreto ley, adscrita a la consejería competente en materia de servicios sociales, con las siguientes funciones:

• a) Antes de la adopción de las resoluciones o de las modificaciones normativas correspondientes por los órganos competentes, analizar las implicaciones presupuestarias de los informes y propuestas que emita la Comisión Técnica prevista en el artículo 37 que puedan afectar a las prestaciones sociales autonómicas de carácter económico configuradas como derecho subjetivo en este decreto ley.
• b) Contribuir a la planificación estratégica de las políticas públicas de garantía de renta, basadas en análisis técnicos y evaluaciones cuantitativas y cualitativas independientes de resultado e impacto.

2. Esta Comisión se constituye por Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deporte y debe estar formada, como mínimo, por:

• a) La persona titular de la Dirección General de Planificación de la consejería competente en materia de servicios sociales.
• b) La persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales de la consejería competente en materia de servicios sociales.
• c) La persona titular de la secretaría general de la consejería competente en materia de servicios sociales.
• d) La persona titular de la Dirección General de Presupuestos de la consejería competente en materia de hacienda.
• e) La persona titular de la Dirección General de Economía de la consejería competente en materia de economía y empleo.
• f) Otras personas a propuesta de la consejería competente en materia de servicios sociales.

3. Con periodicidad anual, la Comisión de evaluación encomendará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), o cualquier otro órgano de evaluación experto independiente, la emisión de informes de evaluación de las prestaciones sociales autonómicas de carácter económico configuradas como derecho subjetivo en este Decreto ley.

4. El primer informe, referido al ejercicio 2020, se centrará en la evaluación de los procesos de implementación de esta norma, la proposición de metodologías de evaluación, seguimiento y monitorización y de los efectos de la entrada en vigor del Real decreto ley 20/2020, de 29 de mayo, que establece el ingreso mínimo vital. Los informes posteriores evaluarán los resultados obtenidos respecto de los objetivos planteados y el impacto social y económico de las prestaciones sociales implementadas.

5. Los informes de la Comisión se tienen que emitir dentro del plazo de los dieciséis meses posteriores al ejercicio objeto de evaluación y se tienen que poner en conocimiento del Consejo de Gobierno en un plazo no superior a los tres meses posteriores a su emisión.

Disposición transitoria única Transición a las nuevas prestaciones

1. Los actuales perceptores de la renta social garantizada percibirán la nueva renta social garantizada de este Decreto ley, sin perjuicio de que se vaya comprobando de oficio el cumplimiento de las nuevas obligaciones y que las personas beneficiarias presenten el consentimiento del artículo 32.2 Ley 19/2021.

2. Los actuales perceptores de la renta social garantizada regulada en la Ley 5/2016, de 13 de abril, se les reconocerá de oficio la renta social garantizada regulada en este Decreto ley, sin perjuicio de que se vaya comprobando de oficio el cumplimiento de las nuevas obligaciones.

3. Los actuales perceptores del complemento de la pensión no contributiva regulada en el Decreto Ley 10/2020, de 12 junio, se mantendrán como perceptores de la modalidad de complemento de pensión no contributiva recogida en este Decreto ley.

4. Los actuales perceptores de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores regulada en el Decreto Ley 10/2020, de 12 junio, continuarán disfrutando de la prestación hasta que se dicte nueva resolución en los términos de este Decreto ley, sin necesidad de que deban presentar una nueva solicitud.

5. En los procedimientos de reconocimiento del derecho a las prestaciones reguladas en este Decreto ley iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo en los que no se haya dictado resolución serán de aplicación las normas de tramitación, valoración y resolución contenidas en la misma regulación establecida en el Decreto ley 10/2020, de 12 de junio.

Disposición derogatoria única Normas que se derogan

Se derogan todas las normas de rango igual o inferior a este Decreto ley que lo contradigan o se opongan y, en particular, el Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears .

LE0000668189_20220129

Disposición final primera

Modificación de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears

El artículo 22.2 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears, queda modificado de la siguiente forma:

LE0000362216_20230308

Disposición final segunda

Modificación de la Ley 8/2018, de 31 de julio, de Apoyo a las Familias

El artículo 10 de la Ley 8/2018, de 31 de julio, de Apoyo a las Familias, queda modificado de la siguiente forma:

LE0000626549_20230308

Disposición final tercera

Modificación del Decreto 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil

El artículo 22.2 del Decreto 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil, queda modificado de la siguiente forma:

LE0000603815_20230308

Disposición final cuarta

Deslegalización

La disposición final tercera, por la que se modifica el Decreto 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han estado sometidos a medidas de justicia juvenil, tiene rango reglamentario.

Disposición final quinta

Inclusión de las prestaciones sociales de carácter económico en la Cartera básica de servicios sociales de las Illes Balears 2017-2020

Se incorporan las prestaciones sociales de carácter económico en la Cartera básica de servicios sociales de las Illes Balears 2017-2020, regulada en el Decreto 66/2016, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Cartera básica de servicios sociales de las Illes Balears 2017-2020 y se establecen principios generales para las carteras insulares y locales.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de lo que establezcan las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en relación con el complemento de las pensiones no contributivas.

Disposición final sexta

Modificaciones del Decreto ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de las Illes Balears

1. Se modifica el punto 3 de la disposición adicional decimotercera, que queda redactado como sigue:

LE0000731243_20230308

2. Se añade un apartado, el 4, a la disposición adicional decimotercera, con el siguiente contenido:

LE0000731243_20230308

3. Se modifica el punto 1 de la disposición transitoria primera, que queda redactado como sigue:

LE0000731243_20230308

4. Se modifica el punto 4 de la disposición adicional decimosexta que queda redactado como sigue:

LE0000731243_20230308

RES. de 19 de mayo de 2023, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 10 de abril de 2023, de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en relación con el D.-ley 7/2022, de 11 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears. («B.O.E.» 8 junio)LE0000756937_20230608

Disposición final séptima

Entrada en vigor

Este Decreto ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.