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Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atenci髇 y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears

Ficha:
  • 觬ganoPRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES
  • Publicado en BOIB n鷐. 26 de 28 de Febrero de 2019 y BOE n鷐. 89 de 13 de Abril de 2019
  • Vigencia desde 28 de Mayo de 2019. Revisi髇 vigente desde 30 de Agosto de 2020
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
30/8/2020
LE0000673772_20200830Ir a NormaDL 12/2020, de 28 Ago. CA Illes Balears (modificaci髇 del r間imen transitorio para la percepci髇 de determinadas prestaciones establecidas en el L 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de car醕ter econ髆ico)
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Letra f) del n鷐ero 1 del art韈ulo 244 redactada por la disposici髇 final segunda del D Ley 12/2020, 28 agosto, por el que se modifica el r間imen transitorio para la percepci髇 de determinadas prestaciones establecidas en el D. Ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de car醕ter econ髆ico de las Illes Balears, modificar el D. Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un r間imen sancionador espec韋ico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, y se modifican las exigencias de personal en las residencias de personas mayores para atender las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 (獴.O.I.B. 29 agosto).

LE0000638851_20200830Ir a Norma
1/1/2020
LE0000656943_20210101Ir a NormaL 19/2019, de 30 Dic. CA Illes Balears (presupuestos generales de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears para el a駉 2020)
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Letra a) del n鷐ero 1 del art韈ulo 73 redactada por el n鷐ero 1 de la disposici髇 final decimoprimera de la Ley [BALEARES] 19/2019, 30 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears para el a駉 2020 (獴.O.I.B. 31 diciembre).

LE0000638851_20200830Ir a Norma

Letra h) del n鷐ero 1 del art韈ulo 75 introducida por el n鷐ero 1 de la disposici髇 final decimoprimera de la Ley [BALEARES] 19/2019, 30 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears para el a駉 2020 (獴.O.I.B. 31 diciembre).

LE0000638851_20200830Ir a Norma

N鷐ero 3 del art韈ulo 75 redactado por el n鷐ero3 de la disposici髇 final decimoprimera de la Ley [BALEARES] 19/2019, 30 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears para el a駉 2020 (獴.O.I.B. 31 diciembre).

LE0000638851_20200830Ir a Norma

N鷐ero 2 del art韈ulo 110 redactado por el n鷐ero4 de la disposici髇 final decimoprimera de la Ley [BALEARES] 19/2019, 30 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears para el a駉 2020 (獴.O.I.B. 31 diciembre).

LE0000638851_20200830Ir a Norma

LA PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el art韈ulo 48.2 del Estatuto de Autonom韆, tengo a bien promulgar la siguiente:

LEY

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

El art韈ulo 39 de la Constituci髇 Espa駉la se馻la que los poderes p鷅licos tienen que asegurar la protecci髇 social, econ髆ica y jur韉ica de la familia, y establece que los ni駉s gozar醤 de la protecci髇 prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

La Convenci髇 sobre los derechos del ni駉, ratificada por Espa馻 el 30 de noviembre de 1990, es, sin duda, la norma m醩 importante, en los 醡bitos social y jur韉ico, con respecto a la infancia y adolescencia, y supuso que las legislaciones internas de los estados se adecuaran incorporando sus principios y garantizando su desarrollo y seguimiento.

La Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de protecci髇 jur韉ica del menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, Ley Org醤ica de protecci髇 jur韉ica del menor), constituye, junto con las previsiones del C骴igo Civil en esta materia, el principal marco regulador de los derechos de las personas menores de edad, y les garantiza una protecci髇 uniforme en todo el territorio del Estado. Esta ley ha sido el referente de la legislaci髇 que las comunidades aut髇omas han ido aprobando posteriormente, de acuerdo con las competencias respectivas en esta materia.

En virtud del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears; del art韈ulo 5.1.a) de la Ley Org醤ica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a las comunidades aut髇omas que accedieron a la autonom韆 por la v韆 del art韈ulo 143 de la Constituci髇, y del Real decreto 2170/1993, de 10 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administraci髇 del Estado a la comunidad aut髇oma de las Illes Balears en materia de protecci髇 de menores, se dictaron la Ley 6/1995, de 21 de marzo, de aplicaci髇 de las medidas judiciales sobre menores infractores, y la Ley 7/1995, de 21 de marzo, de guarda y protecci髇 de menores desamparados.

Posteriormente, se dict la Ley 8/1997, de 18 de diciembre, de atribuci髇 de competencias a los consejos insulares en materia de tutela, acogimiento y adopci髇 de menores, por la cual los consejos de Mallorca, Menorca y Eivissa y Formentera asumen la funci髇 ejecutiva y la gesti髇 de las competencias atribuidas al Gobierno de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears en materia de protecci髇 de menores, excepto las potestades gen閞icas y espec韋icas que se reservan al Gobierno. Asimismo, se dict la Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atenci髇 y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears, que regula los derechos y las obligaciones de las personas menores de edad, la distribuci髇 de competencias entre las diferentes administraciones p鷅licas competentes y los mecanismos de actuaci髇 de los poderes p鷅licos.

Transcurridos casi veinte a駉s de la publicaci髇 de la Ley Org醤ica de protecci髇 jur韉ica del menor, se han producido cambios sociales importantes que inciden en la situaci髇 de las personas menores de edad y que requieren una mejora de los instrumentos de protecci髇 jur韉ica para el cumplimiento efectivo del art韈ulo 39 de la Constituci髇 y las normas de car醕ter internacional.

Efectivamente, son muchos los acuerdos internacionales que, desde entonces, han conformado el ordenamiento jur韉ico, entre los cuales destacan la Convenci髇 sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, ratificada por Espa馻 el 23 de noviembre de 2007; el convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecuci髇 y la cooperaci髇 en materia de responsabilidad parental y de medidas de protecci髇 de los ni駉s, de 28 de mayo de 2010, ratificado el 6 de septiembre de 2010, y el Convenio europeo sobre el ejercicio de los derechos de los ni駉s, de 25 de enero de 1996, ratificado por Espa馻 el 18 de diciembre de 2014.

El legislador estatal consider adecuado adaptar la normativa a los acuerdos y a los compromisos internacionales adquiridos y a los cambios que la sociedad ha ido manifestando, lo cual se recoge en la Ley Org醤ica 8/2015, de 22 de julio, de modificaci髇 del sistema de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, y en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificaci髇 del sistema de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, que modifican sustancialmente las diferentes normas que amparan el desarrollo y la protecci髇 de la infancia y la adolescencia en el territorio del Estado espa駉l.

El Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears, en el art韈ulo 12, dispone que la comunidad aut髇oma fundamenta el derecho al autogobierno en los valores del respeto a la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia, la paz y los derechos humanos. As, el art韈ulo 16 del Estatuto incluye la protecci髇 espec韋ica y la tutela social de la persona menor.

Por otra parte, el art韈ulo 30 del Estatuto de Autonom韆 otorga a la comunidad aut髇oma la competencia exclusiva en diferentes materias: acci髇 y bienestar social; pol韙icas de protecci髇 y apoyo a las personas con discapacidades f韘icas, ps韖uicas y sensoriales; pol韙icas de atenci髇 a las personas y a los colectivos en situaci髇 de pobreza o necesidad social; protecci髇 social de la familia, conciliaci髇 de la vida familiar y laboral; protecci髇 de menores.

El art韈ulo 70 del Estatuto determina que son competencias propias de los consejos insulares la asistencia social, pol韙icas de atenci髇 a las personas y a los colectivos en situaci髇 de pobreza o necesidad social, protecci髇 social de la familia, conciliaci髇 de la vida familiar y laboral, tutela, acogimiento y adopci髇 de menores, entre otras.

Con la promulgaci髇 de esta ley, se pretenden solucionar diferentes cuestiones que la Ley 17/2006 no puede resolver, principalmente por los cambios en la materia a consecuencia de las modificaciones introducidas por el Estado en el sistema de protecci髇 de la infancia y la adolescencia. Asimismo se han recogido las previsiones de la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protecci髇 integral contra la violencia de g閚ero, as como la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.

Por lo tanto, la elaboraci髇 de esta ley responde a la necesidad de actualizar el sistema de protecci髇 de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears a ra韟 de los cambios introducidos en el sistema en el 醡bito estatal, y aprovechar la oportunidad que proporciona el nuevo escenario legislativo para incorporar los cambios sociales y la evoluci髇 de la sociedad misma, as como las circunstancias y las realidades que las administraciones p鷅licas competentes se han ido encontrando a lo largo de los 鷏timos a駉s. En este sentido, con esta ley, adem醩 de actualizar el sistema de protecci髇 de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears, se busca clarificar la distribuci髇 competencial en la materia de las diferentes administraciones p鷅licas, y tambi閚 otras cuestiones como recoger o actualizar los derechos y los deberes de las personas menores de edad y, en general, revisar los aspectos que recog韆 hasta entonces la Ley 17/2006.

II

Con respecto a la estructura y el contenido, la Ley consta de 265 art韈ulos distribuidos en siete t韙ulos, catorce disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y nueve disposiciones finales.

El t韙ulo I contiene las disposiciones de car醕ter general que tienen que conducir a la aplicaci髇 de la norma, como son el objeto, el 醡bito de aplicaci髇, las modalidades de atenci髇 a la infancia y la adolescencia o los principios rectores de la actuaci髇 administrativa. Con respecto a estos principios, adem醩 de incluir algunos nuevos como el de garantizar la accesibilidad universal de las personas menores de edad con diversidad funcional, la innovaci髇 continua y la puesta en marcha de programas experimentales para evaluar el 閤ito de nuevas metodolog韆s y estrategias de intervenci髇, se redefinen otros que ya aparecen en la Ley 17/2006.

Merece una atenci髇 especial el inter閟 superior de la persona menor de edad. La Convenci髇 sobre los derechos del ni駉 lo recoge en el art韈ulo 3, y el Comit de los Derechos del Ni駉 de las Naciones Unidas subraya, en la Observaci髇 general no 14 (2013), la triple dimensi髇 del concepto: un derecho sustantivo, un principio jur韉ico interpretativo fundamental y una norma de procedimiento. En estas tres dimensiones, el inter閟 superior de la persona menor de edad tiene una misma finalidad: asegurar el respeto completo y efectivo de todos los derechos de la persona menor de edad as como su desarrollo integral. En cada caso, la determinaci髇 del inter閟 superior de la persona menor de edad se tiene que fundamentar en una serie de criterios aceptados y una serie de valores reconocidos universalmente que se tienen que tener en cuenta y ponderar a partir de varios elementos y las circunstancias del caso, y que se tienen que explicitar en la motivaci髇 de la decisi髇 adoptada, para conocer si ha sido correcta o no la aplicaci髇 del principio. As pues, dado que este es el principio rector fundamental a partir del cual se tiene que regular la materia y que tiene que inspirar toda la intervenci髇 de los poderes p鷅licos, el legislador auton髆ico ha trasladado a esta ley la regulaci髇 que establece el art韈ulo 2 de la Ley Org醤ica de protecci髇 jur韉ica del menor y lo ha incluido en el art韈ulo 3.

En 鷏timo lugar, pero no menos importante, el t韙ulo I hace referencia a las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en las Illes Balears, el fomento de la iniciativa social, la colaboraci髇 institucional, y regula el requisito de no haber sido condenado por sentencia firme por ning鷑 delito contra la libertad y la indemnidad sexuales para el acceso y el ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, en el marco de la regulaci髇 b醩ica del Estado. Tambi閚 dispone la obligaci髇 de que las memorias de an醠isis del impacto normativo que se tienen que adjuntar a los proyectos de ley y a los proyectos de reglamento tienen que incluir el impacto de la normativa en la infancia y la adolescencia.

Por otra parte, el t韙ulo II est dedicado a la regulaci髇 de los derechos y los deberes de las personas menores de edad, que se configuran como los verdaderos protagonistas de la norma, la cual pretende, igual que la Ley 17/2006, no s髄o reconocer derechos sino tambi閚 establecer los mecanismos de protecci髇 correspondientes con m醩 garant韆s sociales y familiares, con la finalidad de que el ejercicio de estos derechos sea real, tanto en el seno de la sociedad como en el seno de la familia propia.

Esta ley tambi閚 reconoce a las personas menores de edad otros derechos entre los que cabe destacar que se ha actualizado la regulaci髇 de los derechos que incluye la Ley 17/2006, en especial el derecho a ser o韉as y escuchadas, tanto en el 醡bito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediaci髇 en que est afectado el ni駉, ni馻 o adolescente y que conduzca a una decisi髇 que incida en su esfera personal, familiar o social. Asimismo, se han incorporado otros derechos, como el derecho a la no discriminaci髇 como manifestaci髇 del principio de igualdad reconocido en la Constituci髇 Espa駉la; el derecho a conocer los or韌enes, de manera que la persona menor de edad puede solicitar a las administraciones p鷅licas competentes la documentaci髇 que le permita acreditar su identidad; el derecho a disfrutar de un nivel b醩ico de bienestar; el derecho a decidir sobre la maternidad, y el derecho a la formaci髇 y el acceso al empleo. Igualmente, se tiene presente el uso de las nuevas tecnolog韆s por parte de las personas menores de edad, as como el uso de los datos personales.

En el cap韙ulo III, dada la percepci髇 de fragilidad creciente de las familias para afrontar las dificultades educativas internas y externas, se recoge la obligaci髇 de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears de apoyar a la maternidad y a la paternidad y a la conciliaci髇 de la vida familiar y laboral como establece el art韈ulo 30.16 del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears.

En el cap韙ulo VI se reconoce el derecho a la educaci髇 de todos los ni駉s y el deber del Gobierno de la comunidad aut髇oma de tomar iniciativas necesarias para asegurar una oferta educativa suficiente para garantizar este derecho y para facilitar la conciliaci髇 familiar y laboral, como prev閚 los art韈ulos 12 y 26 del Estatuto de Autonom韆.

Tambi閚 en el cap韙ulo VI se recogen los derechos a la atenci髇 temprana y a la atenci髇 a la diversidad como unos de los cimientos de la equidad en la educaci髇 tal como se establece en el t韙ulo II de la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de la educaci髇.

Todo esto sin perjuicio de la necesidad de disponer a corto plazo de una ley de educaci髇 propia de las Illes Balears que garantice de la mejor manera posible el derecho al acceso en la educaci髇 de los ciudadanos menores y mayores y se ajuste a las caracter韘ticas propias de nuestra comunidad aut髇oma.

En cuanto a los deberes, aunque la dimensi髇 sea m醩 moral que jur韉ica, la ley regula los deberes de las personas menores de edad en el 醡bito familiar, escolar y social de acuerdo con la Ley Org醤ica de protecci髇 jur韉ica del menor despu閟 de la reforma.

El t韙ulo III regula el r間imen competencial y se divide en siete cap韙ulos. El cap韙ulo I, de un 鷑ico art韈ulo, se dedica a establecer las diferentes administraciones con competencias en infancia y adolescencia. El cap韙ulo II regula las competencias del Gobierno de las Illes Balears, tanto en el 醡bito de la protecci髇 de la infancia y la adolescencia como en la aplicaci髇 de las medidas judiciales sobre personas menores de edad infractoras.

En los cap韙ulos III y IV figura la regulaci髇 de las competencias de los consejos insulares y los ayuntamientos. La principal novedad con respecto a la regulaci髇 anterior es, sin duda, la atribuci髇 a los ayuntamientos de la competencia para llevar a cabo, en el 醡bito territorial correspondiente, todas las actuaciones materiales, t閏nicas y jur韉icas en situaciones y declaraciones de riesgo que hasta ahora ten韆n atribuidas los consejos insulares. Efectivamente, antes de la modificaci髇 del sistema de protecci髇 de la infancia y la adolescencia llevada a cabo en el 醡bito estatal el a駉 2015, la competencia en situaciones y declaraciones de riesgo correspond韆 a las entidades p鷅licas de protecci髇 en el 醡bito territorial respectivo. En la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado y de acuerdo con la distribuci髇 competencial del Estatuto de Autonom韆 y la legislaci髇 auton髆ica de regulaci髇 de la materia ―en especial la Ley 8/1997, de 18 de diciembre, de atribuci髇 de competencias a los consejos insulares en materia de tutela, acogimiento y adopci髇 de menores, y la Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atenci髇 y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears―, esta competencia ha sido asumida por los diferentes consejos insulares como entidades p鷅licas de protecci髇 de menores.

El art韈ulo 17 de la Ley Org醤ica de protecci髇 jur韉ica del menor, despu閟 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificaci髇 del sistema de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, se馻la que la intervenci髇 en situaci髇 de riesgo corresponde a la administraci髇 p鷅lica competente de acuerdo con lo que disponga la legislaci髇 estatal y auton髆ica aplicable. Es decir, ya no se refiere a la entidad p鷅lica de protecci髇, por lo cual se puede entender que la intervenci髇 en situaci髇 de riesgo, que incluye la competencia de llevar a cabo una declaraci髇 de riesgo, no tiene que corresponder necesariamente a la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores competente tal como ocurr韆 hasta ahora, sino que puede ser asumida por otras administraciones p鷅licas de acuerdo con lo que disponga la legislaci髇 estatal y auton髆ica aplicable.

La decisi髇 del legislador auton髆ico de atribuir a los ayuntamientos la competencia para intervenir en situaciones de riesgo responde al planteamiento de que se trata de la administraci髇 m醩 cercana a la ciudadan韆, que puede ejercer una atenci髇 inmediata y continuada sobre las personas menores de edad y su entorno familiar y social, valor醤dolos, interviniendo, compensando las debilidades o carencias que existan y asumiendo la responsabilidad de ayudar a superar las desigualdades con el compromiso de las familias o, en caso contrario, asumiendo la obligaci髇 final de declarar las situaciones de riesgo.

El cap韙ulo V se dedica a la colaboraci髇 y la cooperaci髇 entre las diferentes administraciones p鷅licas y destaca su importancia. Esta colaboraci髇 se tiene que ajustar a los principios de las relaciones interadministrativas establecidos por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de r間imen jur韉ico del sector p鷅lico, y la legislaci髇 estatal y auton髆ica en materia de r間imen local, y, especialmente, a los principios de lealtad institucional, adecuaci髇 al orden de distribuci髇 de competencias, colaboraci髇, cooperaci髇, coordinaci髇, eficiencia en la gesti髇 de los recursos p鷅licos y responsabilidad.

Del cap韙ulo VI, relativo a la planificaci髇, destaca la obligaci髇 del Gobierno de las Illes Balears de tener aprobado y en vigor un plan estrat間ico de atenci髇 a la infancia y la adolescencia mediante el cual se ordenen el conjunto de medidas, recursos y actuaciones necesarios para conseguir los objetivos de la pol韙ica de infancia y adolescencia. Este plan, que tiene que concretar las actuaciones que tienen que desarrollar las diferentes administraciones p鷅licas en las Illes Balears, se tiene que elaborar con la coordinaci髇 y la colaboraci髇 del Gobierno, los consejos insulares y las entidades locales en el 醡bito de sus competencias respectivas, y tiene que tener la colaboraci髇 de las entidades p鷅licas o privadas relacionadas con la materia de personas menores de edad.

El 鷏timo cap韙ulo del t韙ulo III est dedicado a las pol韙icas de prevenci髇 que tienen que llevar a cabo las diferentes administraciones p鷅licas competentes para prevenir o impedir cualquier desprotecci髇 de las personas menores de edad. Estas pol韙icas p鷅licas se tienen que llevar a cabo especialmente en materia de apoyo a la familia, educaci髇, salud, formaci髇 y empleo, y relaciones sociales.

El t韙ulo IV es, sin duda, el t韙ulo m醩 complejo de la ley. En 閘 se regula el sistema de protecci髇 de la infancia y la adolescencia en las Illes Balears, que se desarrolla en torno a las tres actuaciones de protecci髇: la prevenci髇 y la detecci髇 del riesgo, el ejercicio de la guarda y la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo con la asunci髇 de la tutela. El t韙ulo se estructura en siete cap韙ulos. El cap韙ulo I est dedicado a recoger las disposiciones generales que establecen el r間imen general del sistema de protecci髇 de la infancia y la adolescencia en las Illes Balears, en el marco de la regulaci髇 b醩ica del Estado en la materia. As, se establece en qu consiste la protecci髇 de la persona menor de edad, que no es otra cosa que el conjunto de medidas y actuaciones de prevenci髇, detecci髇, intervenci髇 y reparaci髇 de situaciones de riesgo o de desamparo y conductas inadaptadas o problemas de conducta en las que el ni駉, ni馻 o adolescente o, en su caso, el concebido, puede encontrarse. La finalidad es garantizar su pleno desarrollo y autonom韆 personal, as como su integraci髇 familiar y social, y promover su inserci髇 en un contexto social y familiar normalizado, prevaleciendo, en todo caso, el inter閟 superior de la persona menor de edad. Seguidamente, se recogen los criterios de actuaci髇 de las administraciones p鷅licas en la comunidad aut髇oma de las Illes Balears en materia de protecci髇 de menores, de manera que las decisiones est閚 revestidas de todas las garant韆s jur韉icas. Igualmente, se recoge el deber de comunicaci髇 y denuncia, por parte de cualquier persona, y espec韋icamente de los diferentes profesionales que act鷄n en el 醡bito de la infancia y la adolescencia, de cualquier situaci髇 de posible maltrato, riesgo o desamparo de un ni駉, ni馻 o adolescente. Por otra parte, se regulan los derechos espec韋icos de las personas menores de edad que tengan una medida de protecci髇, entre los que destacan los siguientes: derecho a conocer su situaci髇 personal, las medidas que se adoptar醤 y los derechos que le corresponden; derecho a ser o韉o y escuchado y a participar en la toma de decisiones sobre su caso; derecho a permanecer con su familia siempre que sea posible; derecho a conocer, en el supuesto de acogimiento, su historia personal y familiar, y derecho a conocer, en el supuesto de adopci髇, los datos sobre sus or韌enes que est閚 en poder de la entidad p鷅lica. Por otra parte, se hace una aproximaci髇 a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas, al establecer quien puede tener la condici髇 de persona interesada en los procedimientos de declaraci髇 de riesgo o de desamparo, as como los derechos y las garant韆s de las personas interesadas, el expediente de actuaci髇 de protecci髇 y la duraci髇 de los procedimientos. En 鷏timo lugar, se hace referencia a las personas menores de edad extranjeras no acompa馻das as como a las actuaciones que se tienen que llevar a cabo en el supuesto de traslado de una persona menor de edad a otra entidad territorial.

En cuanto a las actuaciones en materia de prevenci髇 y detecci髇 del riesgo, en el cap韙ulo II, se determinan qu circunstancias o situaciones pueden provocar que un ni駉, ni馻 o adolescente se encuentre en una situaci髇 de riesgo. En las situaciones en las que el bienestar de las personas menores de edad se encuentra comprometido por determinadas circunstancias familiares, y para preservar su inter閟 superior y evitar que la situaci髇 se agrave o derive en la separaci髇 de su familia y de su entorno, la valoraci髇 de esta situaci髇 de riesgo y la intervenci髇 corresponden a la administraci髇 p鷅lica competente, que el legislador auton髆ico, como novedad, impulsa su delegaci髇 a la administraci髇 local. Con esta regulaci髇, se establece que el proyecto de intervenci髇 familiar se tiene que consensuar con los padres y madres o las personas que tengan atribuida la tutela de las personas menores de edad y, adem醩, que la omisi髇 de su colaboraci髇 puede derivar en la declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo del ni駉, ni馻 o adolescente, que se tiene que adoptar, con la instrucci髇 previa del procedimiento administrativo previsto, mediante una resoluci髇 administrativa con un plan de intervenci髇 temporalizado. Dentro del procedimiento, se dispone la existencia de un 髍gano colegiado creado en el seno de la entidad local correspondiente, el cual emitir un dictamen que servir de base para la adopci髇 de la resoluci髇 de declaraci髇 de riesgo. Con este 髍gano colegiado, el legislador busca que la decisi髇 final que se adopte sea objetiva, motivada, consensuada, siempre temporalizada, y no discrecional y unipersonal. La norma prev la derivaci髇 a la entidad p鷅lica competente para que valore la iniciaci髇 de un procedimiento de declaraci髇 de desamparo en caso de que el plan de intervenci髇 fracase. La norma tambi閚 prev esta derivaci髇 en casos de actuaciones de urgencia en situaci髇 de riesgo.

El cap韙ulo III hace referencia a las actuaciones en situaci髇 de desamparo. La ley recoge la definici髇 de esta situaci髇 y las circunstancias que, una vez valoradas y ponderadas, determinan su existencia. La declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo, como la adopci髇 de cualquier medida de protecci髇, visto el inter閟 superior de la persona menor de edad, se tiene que dictar mediante una resoluci髇 administrativa motivada, con la observancia de los procedimientos que regula esta ley. As, en una aproximaci髇 a la Ley 39/2015, de la misma manera que en caso de situaci髇 de riesgo, se establece un procedimiento ordinario para dictar la resoluci髇 de desamparo. Igualmente, se dispone la existencia de un 髍gano colegiado creado en el seno de la entidad p鷅lica competente, el cual emitir un dictamen que servir de base para la adopci髇 de la resoluci髇 de desamparo. Con este 髍gano colegiado, el legislador busca que la decisi髇 final que se adopte sea objetiva, motivada, consensuada, siempre temporalizada, y no discrecional y unipersonal. Igualmente, se recoge un procedimiento de urgencia para cuando se constate la situaci髇 cr韙ica en que se encuentra una persona menor de edad, se considere la existencia de un riesgo grave e inminente para su integridad f韘ica o ps韖uica o se deduzca la necesidad de una intervenci髇 sin demora.

En el cap韙ulo IV se regulan las diferentes modalidades y circunstancias de la guarda, eso es: la guarda voluntaria a solicitud de los padres y las madres o las personas que tengan atribuida la tutela de las personas menores de edad, de una duraci髇 m醲ima de dos a駉s; la guarda de hecho persona menor de edad, que no implica necesariamente que sea declarada en desamparo si se constata que est atendida adecuadamente y no concurren circunstancias que requieran la adopci髇 de medidas de protecci髇; la guarda judicial dictada por el juez o jueza, en los casos en los que legalmente sea procedente, con la medida de protecci髇 correspondiente, y la guarda provisional asumida por la entidad p鷅lica sin declaraci髇 previa de desamparo ni solicitud expresa de los padres y madres o las personas que tengan atribuida la tutela de las personas menores de edad mediante una resoluci髇 administrativa, mientras tiene lugar la pr醕tica de diligencias necesarias para identificar al ni駉, ni馻 o adolescente, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situaci髇 real de desamparo.

El cap韙ulo V establece las disposiciones comunes a la guarda y la tutela y se馻la que la aplicaci髇 de cualquiera de las medidas del sistema de protecci髇 se deber ajustar a los principios siguientes: prioridad de las medidas estables sobre las temporales, prioridad de las medidas familiares sobre las residenciales y prioridad de las medidas consensuadas sobre las impuestas. Por otra parte, la ley se馻la que la guarda de una persona menor de edad derivada de la tutela, de la guarda provisional o de la guarda voluntaria asumida por la entidad p鷅lica de protecci髇, se tiene que ejercer mediante el acogimiento familiar, el acogimiento residencial o la guarda con fines de adopci髇. Se regulan la duraci髇 de las medidas y los plazos de revisi髇 diferenciando si el ni駉 o ni馻 tiene menos o m醩 de seis a駉s. Asimismo, se establece la obligaci髇 que la entidad p鷅lica elabore un plan individualizado de protecci髇, el cual tiene que establecer, como m韓imo, los objetivos que se pretenden alcanzar, la previsi髇 y el plazo de las medidas de intervenci髇 para adoptar con su familia de origen y, en su caso, el programa de reintegro familiar que la entidad p鷅lica tiene que aplicar cuando del pron髎tico se derive la posibilidad de retorno a la familia de origen, as como el plazo de revisi髇 de las medidas adoptadas.

En cuanto a los acogimientos, la ley se馻la que pueden ser familiares, residenciales o profesionalizados. Adem醩, se regula la delegaci髇 de la guarda para estancias, salidas de fin de semana o vacaciones de las personas menores de edad en acogimiento con familias o instituciones dedicadas a estas funciones. Igualmente, hay que destacar la regulaci髇 de los derechos m醩 espec韋icos de las personas menores de edad en acogimiento con independencia de la modalidad de acogimiento en que se encuentren.

Mediante el acogimiento familiar se persigue la integraci髇 y la plena participaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente en un n鷆leo familiar estable y adecuado a sus necesidades en un marco de convivencia, bien sea con car醕ter temporal o permanente. En raz髇 de la vinculaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente con la familia acogedora, se puede producir en la misma familia extensa del ni駉, ni馻 o adolescente o en una familia ajena. Seg鷑 la duraci髇 y los objetivos, puede ser de urgencia, temporal o permanente. La ley recoge sistem醫icamente los derechos y los deberes de las personas que tienen un ni駉, ni馻 o adolescente en acogimiento familiar.

El acogimiento residencial se configura como subsidiario respecto de cualquier otra medida de protecci髇 y se tiene que acordar cuando se prevea que el desamparo o la necesidad de separaci髇 de la familia propia es transitorio y no haya sido posible o aconsejable el acogimiento familiar. La ley establece una serie de principios que tienen que regir la actuaci髇 administrativa en el 醡bito del acogimiento residencial, as como el r間imen b醩ico de los diferentes centros de acogida, como son, la clasificaci髇 y la tipolog韆 de centros, la normativa interna m韓ima de que tienen que disponer y el r間imen de convivencia, que incluye los derechos y los deberes de las personas menores de edad que permanezcan en ellos.

Finalmente, en este cap韙ulo se establece la obligaci髇 de adoptar medidas de transici髇 a la vida adulta y de ofrecer programas de preparaci髇 para la vida independiente de las personas menores de edad que hayan sido sometidas a una medida de protecci髇, tal como prev閚 la legislaci髇 b醩ica del Estado y la Ley 7/2015, de 10 de abril, por la cual se establece el marco regulador de los procesos de autonom韆 personal de menores que han sido sometidos a una medida de protecci髇 o reforma.

El cap韙ulo VI hace referencia a la adopci髇 nacional e internacional y regula la propuesta de adopci髇 que hace la entidad p鷅lica cuando las circunstancias personales y familiares de las personas menores de edad son determinantes e invariables, de manera que aconsejan la separaci髇 definitiva de su familia de origen.

Para acabar con el t韙ulo IV, en el cap韙ulo VII se regulan los registros auton髆icos de protecci髇 y se prev la existencia de los registros insulares de los diferentes consejos insulares. Como novedad con respecto a la legislaci髇 anterior, se crea el registro auton髆ico de situaciones de riesgo, 鷑ico para toda la comunidad aut髇oma, y se dispone el Registro Unificado de Maltrato Infantil de las Illes Balears como sistema de informaci髇 sobre los casos de maltrato infantil en las Illes Balears, a los efectos de prevenci髇, detecci髇 y notificaci髇, estudios epidemiol骻icos y estad韘ticos. Por otra parte, el registro auton髆ico de centros de acogida residencial de personas menores de edad, regulado en la Ley 17/2006, desaparece, dado que el objeto y los datos se incluyen en el Registro Unificado de Servicios Sociales, creado por la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, y regulado por el Decreto 10/2013, de 28 de febrero, por el cual se fijan los principios generales del Registro Unificado de Servicios Sociales de las Illes Balears y de los procedimientos para la autorizaci髇 y la acreditaci髇 de servicios sociales, y se regulan la secci髇 suprainsular del Registro y los procedimientos para autorizar y acreditar servicios sociales de 醡bito suprainsular.

El t韙ulo V est dedicado a la regulaci髇 de las actuaciones con personas menores de edad infractoras en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado en la materia y se divide en siete cap韙ulos. El cap韙ulo I fija las disposiciones generales que rigen esta materia, y destacan los criterios de actuaci髇 a los cuales se tiene que ajustar la actuaci髇 socio-educativa con las personas menores de edad que se encuentran en el 醡bito de la responsabilidad penal de las personas menores de edad, la cual se tiene que dirigir a procurar su desarrollo integral y su inserci髇 social y familiar. Un cap韙ulo nuevo respecto de la legislaci髇 anterior es el cap韙ulo II, que hace referencia a las actuaciones de protecci髇 en los supuestos de aplicaci髇 de la legislaci髇 reguladora de la responsabilidad penal de las personas menores de edad, tanto de los de menos de catorce a駉s que cometen infracciones penales como de los de m醩 de catorce a駉s. El cap韙ulo III se dedica a los principios generales y las actuaciones en materia de prevenci髇 y reinserci髇 y dispone la obligaci髇 de establecer programas, actuaciones e intervenciones para promover y desarrollar actividades tanto de prevenci髇 como de reinserci髇 con personas menores de edad en riesgo de conflicto social. Por otra parte, el cap韙ulo IV regula las modalidades de ejecuci髇 de las medidas judiciales y distingue las que no suponen privaci髇 de libertad y de las que s la suponen, todo eso en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado. En los cap韙ulos V y VI se hace referencia a los centros socioeducativos para el cumplimiento de medidas privativas de libertad as como a los derechos y los deberes de las personas menores de edad infractoras internadas y al r間imen disciplinario, todo en el marco de la regulaci髇 b醩ica del Estado. El 鷏timo cap韙ulo dispone las actuaciones posteriores a la ejecuci髇 de las medidas que tiene que llevar a cabo el Gobierno para facilitar la reinserci髇 de estas personas menores de edad infractoras.

La organizaci髇 institucional y administrativa se regula en el t韙ulo VI, en el cual destacan el Consejo de Infancia y Familia de las Illes Balears -que, con funciones de consulta y propuesta constituye un foro de debate para promover y facilitar la participaci髇, la consulta y el di醠ogo de todas las instituciones y las entidades implicadas en la materia-, el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de las Illes Balears -de car醕ter consultivo y con capacidad de propuesta- y la Comisi髇 Interinsular de Protecci髇 de Menores -que tiene por objeto unificar los criterios de aplicaci髇 de la normativa vigente o futura y tambi閚 planificar y evaluar la estrategia en materia de protecci髇 de menores de edad que se tiene que aplicar en el 醡bito de las Illes Balears. Igualmente se prev la existencia de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia, 髍gano de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears que, con dependencia directa de la consejer韆 con competencias en menores, aunque con total autonom韆 funcional y de gesti髇, vela por la defensa y la promoci髇 de los derechos de las personas menores de edad. No obstante, tambi閚 se prev que, cuando se haya nombrado un defensor o defensora de la infancia y la adolescencia adjunto a la Sindicatura de Greuges, esta figura asuma las funciones de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia.

Finalmente, el t韙ulo VII establece un r間imen de infracciones y sanciones contra las conductas que supongan la vulneraci髇 de los derechos reconocidos a las personas menores de edad, como tambi閚 contra las que supongan el incumplimiento de las obligaciones que dispone esta ley. En este sentido, se ha buscado una aproximaci髇 a la regulaci髇 que hace de esta materia la Ley 4/2009. As, en el cap韙ulo I, se anuncia que la vigilancia del cumplimiento de la normativa en materia de infancia y adolescencia se encomienda a la inspecci髇, para garantizar los derechos de las personas menores de edad. Igualmente, se define el perfil t閏nico del personal de inspecci髇 con un grado de exigencia que corresponde a la especialidad de la funci髇 de inspecci髇 y tambi閚 a la consideraci髇 que se hace del personal inspector como agente de la autoridad. Se han considerado y tenido en cuenta tanto los principios del derecho penal, de los que participa el procedimiento administrativo sancionador, como los que establece la Ley 40/2015.

Los cap韙ulos II y III recogen las infracciones y la tipolog韆 de los sujetos que son responsables as como las sanciones aplicables correspondientes, los criterios de graduaci髇 y, finalmente, la ejecuci髇 de las sanciones. Se actualiza y se ampl韆 la tipolog韆 de las infracciones, con la finalidad de asegurar que conductas reprobables no quedan impunes. Igualmente, se introducen nuevas sanciones administrativas que persiguen adecuar la naturaleza de la sanci髇 a la gravedad de la infracci髇 cometida.

El cap韙ulo IV despliega el procedimiento sancionador, desde las actuaciones previas hasta al inicio en sentido estricto y los actos pertinentes que conducen a la resoluci髇 y el final del procedimiento, todo ello teniendo en cuenta la regulaci髇 que hace de este procedimiento la Ley 39/2015. Asimismo, y en virtud del principio de transversalidad, tiene que iniciar, instruir y resolver este procedimiento sancionador el 髍gano administrativo que tenga la competencia que se encuentre en el cat醠ogo de infracciones y sanciones.

En 鷏timo lugar, la ley tiene catorce disposiciones adicionales, de las cuales destacan la disposici髇 adicional quinta, relativa al Protocolo Marco Interdisciplinario de Maltrato Infantil de las Illes Balears -que se configura como el instrumento b醩ico para alcanzar la coordinaci髇 interinstitucional de todas las administraciones p鷅licas en la intervenci髇 en casos de maltrato infantil en las Illes Balears-, y las disposiciones adicionales novena y d閏ima -que establecen los criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad en el 醡bito de la justicia juvenil y en el de la protecci髇 de menores, respectivamente. Igualmente, destaca la disposici髇 adicional duod閏ima, que crea el registro auton髆ico de declaraciones de riesgo.

Por otra parte, es necesario llamar la atenci髇 sobre el hecho de que la disposici髇 adicional d閏imo cuarta y la disposici髇 final octava modifican, respectivamente, la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables, y la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la funci髇 p鷅lica de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, para introducir determinados cambios en su regulaci髇 que constituyen una materia ajena a la infancia y la adolescencia.

III

Finalmente, de acuerdo con el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, quedan suficientemente justificados los principios siguientes: de necesidad y eficacia, porque esta norma responde a la necesidad de actualizar el sistema de protecci髇 de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears a ra韟 de los cambios introducidos en el sistema de protecci髇 de la infancia y la adolescencia en el 醡bito estatal; de proporcionalidad, dado que la regulaci髇 respeta las competencias de las diferentes administraciones p鷅licas competentes y contiene la regulaci髇 imprescindible para atender las necesidades que se tienen que cubrir y que se ha constatado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios; de seguridad jur韉ica, motivo por el cual se ha optado por elaborar un nuevo cuerpo legal, en vez de la tramitaci髇 de una modificaci髇 de la Ley 17/2006, atendido el car醕ter profundo de la modificaci髇 del sistema de protecci髇 de la infancia y la adolescencia y, en general, en materia de personas menores de edad que se quiere llevar a cabo, todo eso, de manera coherente con el resto del ordenamiento jur韉ico, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certitud que facilite el conocimiento y la comprensi髇; de transparencia, por el cual se tiene que destacar la participaci髇 ciudadana antes y durante el proceso de elaboraci髇 de la norma, as como la publicidad prevista en el articulado; y, finalmente, de eficiencia, dado que esta norma evita cargas innecesarias y racionaliza la gesti髇 de los recursos p鷅licos.

T蚑ULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art韈ulo 1 Objeto

Esta ley tiene por objeto la atenci髇 y la protecci髇 de la infancia y la adolescencia en todos los 醡bitos, en garant韆 del ejercicio de sus derechos y sus responsabilidades. Concretamente, tiene por objeto:

  • 1. Garantizar a las personas menores de edad que residan o se encuentren en el territorio de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears el ejercicio de los derechos que les reconocen la Constituci髇, la Convenci髇 sobre los derechos del ni駉 de las Naciones Unidas, la Carta Europea de los Derechos del Ni駉, la Convenci髇 sobre los derechos de las personas con discapacidad y el ordenamiento jur韉ico en conjunto.
  • 2. Establecer el marco de actuaci髇 en el que se tienen que ejercer las actividades de fomento de los derechos y el bienestar de la persona menor de edad, as como las actuaciones de prevenci髇, atenci髇, protecci髇 y participaci髇 dirigidas a la infancia y adolescencia para garantizar su desarrollo en los 醡bitos familiar, social y educativo.
  • 3. Definir los principios de actuaci髇, los criterios, los procedimientos y el marco competencial e institucional en el 醡bito de la protecci髇 de la infancia y la adolescencia en situaci髇 de riesgo o de desamparo, as como el marco de la intervenci髇 con personas menores infractoras en el 醡bito de la justicia juvenil.

Art韈ulo 2 羗bito de aplicaci髇

1. Esta ley se aplica a todas las personas menores de edad que se encuentren en el territorio de las Illes Balears, con independencia de cu醠 sea su situaci髇 administrativa. A los efectos de esta ley y de las disposiciones de desarrollo, se entiende que son menores de edad las personas que tienen una edad inferior a la mayor韆 de edad establecida en el C骴igo Civil, siempre que no hayan sido emancipadas o no hayan llegado a la mayor韆 de edad en virtud de lo que disponga la ley que les sea aplicable. La minor韆 de edad se entiende referida a la que establece el C骴igo Penal para las disposiciones relativas a las personas menores de edad infractoras.

2. Esta ley tambi閚 es aplicable a las instituciones y las personas f韘icas o jur韉icas con sede en las Illes Balears que, en virtud de una obligaci髇 legal o en el desarrollo de sus actividades, tengan relaci髇 con las personas menores de edad y sus derechos, de acuerdo con esta ley y el resto de legislaci髇 aplicable.

3. A los efectos de esta ley y de las disposiciones de desarrollo:

  • a) Se entiende por infancia el periodo de vida comprendido entre el nacimiento y la edad de doce a駉s, y por ni駉 o ni馻, la persona que se encuentra en este periodo de vida.
  • b) Se entiende por adolescencia el periodo de vida comprendido entre la edad de trece a駉s y la mayor韆 de edad establecida por ley o la emancipaci髇, y por adolescente, la persona que se encuentra en este periodo de vida.

4. En caso que, por la aplicaci髇 de la ley personal, la persona menor de edad llegue a la mayor韆 de edad antes de lo que prev la legislaci髇 espa駉la, le ser醤 de aplicaci髇 los preceptos de esta ley, en todo aquello que le sea favorable, hasta que cumpla dieciocho a駉s.

5. Las personas menores de edad que lleguen a la mayor韆 de edad de acuerdo con la legislaci髇 aplicable est醤 sujetos a los preceptos de esta ley que as lo dispongan expresamente.

Art韈ulo 3 Inter閟 superior de la persona menor de edad

1. Cualquier persona menor de edad tiene derecho a que su inter閟 superior se valore y se considere primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el 醡bito p鷅lico como en el privado. En la aplicaci髇 de esta ley y el resto de normas que le afecten, as como en las medidas relativas a las personas menores de edad que adopten las instituciones, p鷅licas o privadas, los tribunales o los 髍ganos legislativos, el inter閟 superior de la persona menor prevalece sobre cualquier otro inter閟 leg韙imo que pueda concurrir. Las limitaciones a la capacidad de obrar de los ni駉s, ni馻s o adolescentes se tienen que interpretar de manera restrictiva y, en todo caso, siempre en inter閟 superior de la persona menor de edad.

2. A los efectos de la interpretaci髇 y la aplicaci髇 del inter閟 superior de la persona menor de edad en cada caso, se tienen que tener en cuenta los criterios generales siguientes, sin perjuicio de los que establece la legislaci髇 espec韋ica aplicable as como de otros que se puedan considerar adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto:

  • a) La protecci髇 del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo del ni駉, ni馻 o adolescente, y la satisfacci髇 de sus necesidades b醩icas, tanto emocionales y afectivas como materiales, f韘icas y educativas.
  • b) La consideraci髇 de los deseos, los sentimientos y las opiniones del ni駉, ni馻 o adolescente, as como su derecho a participar progresivamente, seg鷑 su edad, madurez, desarrollo y evoluci髇 personal, en el proceso de determinaci髇 de su inter閟 superior.
  • c) La garant韆 de que su vida y su desarrollo tengan lugar en entornos adecuados y libres de violencia.
  • d) La preservaci髇 de la identidad, la cultura, la religi髇, las convicciones, la orientaci髇 y la identidad sexual o el idioma de la persona menor de edad, as como la no discriminaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente por estas condiciones o cualesquiera otras, incluida la diversidad funcional, en garant韆 del desarrollo arm髇ico de su personalidad.

3. Estos criterios se tienen que ponderar teniendo en cuenta los elementos generales siguientes:

  • a) La edad y la madurez de la persona menor de edad.
  • b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminaci髇 por su vulnerabilidad especial, ya sea por la carencia de un entorno familiar, el hecho de sufrir maltrato, su diversidad funcional, su orientaci髇 e identidad sexual, su condici髇 de refugiado, solicitante de asilo o protecci髇 subsidiaria, su pertenencia a una minor韆 閠nica, o cualquier otra caracter韘tica o circunstancia relevante.
  • c) El efecto irreversible del transcurso del tiempo en su desarrollo. La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la integraci髇 efectiva y el desarrollo del ni駉, ni馻 o adolescente en la sociedad, as como de minimizaci髇 de los riesgos que cualquier cambio de situaci髇 material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro.
  • d) La preparaci髇 del tr醤sito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.
  • e) Los dem醩 elementos de ponderaci髇 que, en el supuesto concreto, se consideren pertinentes y respeten los derechos de las personas menores de edad.

Los elementos mencionados se tienen que valorar conjuntamente, de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad, de manera que la medida que se adopte en el inter閟 superior de la persona menor de edad no restrinja o limite m醩 derechos de los que ampara.

4. En caso de que concurra cualquier otro inter閟 leg韙imo junto al inter閟 superior de la persona menor de edad, se tienen que priorizar las medidas que, respondiendo a este inter閟, respeten tambi閚 los otros intereses leg韙imos presentes. En caso de que no se puedan respetar todos los intereses leg韙imos concurrentes, prevalece el inter閟 superior de la persona menor de edad sobre cualquier otro inter閟 leg韙imo que pueda concurrir. Las decisiones y las medidas adoptadas en el inter閟 superior de la persona menor de edad tienen que valorar, en todo caso, los derechos fundamentales de otras personas que se puedan ver afectadas.

5. Cualquier medida en el inter閟 superior de la persona menor de edad se tiene que adoptar respetando las debidas garant韆s del proceso y, concretamente:

  • a) Los derechos de la persona menor de edad a ser informada, o韉a y escuchada, y a participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente.
  • b) La intervenci髇 en el proceso de profesionales cualificados o expertos. Estos profesionales tienen que tener la formaci髇 suficiente para determinar las necesidades espec韋icas de los ni駉s, ni馻s o adolescentes con diversidad funcional. En las decisiones especialmente relevantes que afecten a la persona menor de edad, se tiene que tener el informe colegiado de un grupo t閏nico y multidisciplinar especializado en los 醡bitos adecuados.
  • c) La participaci髇 de los padres y madres o las personas que tengan atribuida la tutela o la representaci髇 legal de las personas menores de edad o de un defensor o defensora judicial si hay conflicto o discrepancia con ellos, y del Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses.
  • d) La adopci髇 de una decisi髇 que incluya en la motivaci髇 los criterios utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre s y con otros intereses presentes y futuros, y las garant韆s procesales respetadas.
  • e) La existencia de recursos que permitan revisar la decisi髇 adoptada que no haya considerado el inter閟 superior de la persona menor de edad como primordial o en el caso en los que el mismo desarrollo del ni駉, ni馻 o adolescente o cambios significativos en las circunstancias que hayan motivado la decisi髇 mencionada hagan necesario revisarla. Las personas menores de edad tienen que disfrutar del derecho a la asistencia jur韉ica gratuita en los casos previstos legalmente.

Art韈ulo 4 Modalidades de atenci髇 a la infancia y la adolescencia

La atenci髇 a las personas menores de edad se lleva a cabo mediante:

  • a) Las acciones de promoci髇 y defensa de sus derechos.
  • b) Las actuaciones para la prevenci髇 de las situaciones de vulnerabilidad social de las personas menores de edad. A los efectos de esta ley, se entiende por vulnerabilidad social el conjunto de caracter韘ticas de una persona o grupo y su situaci髇 que influyen en su capacidad de anticipar, afrontar y resistir el impacto de una amenaza, situaci髇 o contexto adverso, y de recuperarse.
  • c) Las medidas de protecci髇 en los casos de situaci髇 de riesgo o de desamparo que regula el t韙ulo IV de esta ley.
  • d) La intervenci髇 con personas menores de edad en situaci髇 de conflicto social.
  • e) Las intervenciones socioeducativas y de inserci髇 destinadas a personas menores de edad infractoras en el marco de la ejecuci髇 de las medidas impuestas por los 髍ganos judiciales.
  • f) Las acciones dirigidas a la prevenci髇 del conflicto especialmente en el 醡bito familiar, social y educativo.
  • g) Las acciones dirigidas al apoyo a las familias para que estas puedan garantizar los derechos de sus ni駉s y ni馻s.

Art韈ulo 5 Principios rectores de la actuaci髇 administrativa

1. Los principios rectores de la actuaci髇 administrativa de los poderes p鷅licos en relaci髇 con las personas menores de edad son los siguientes:

  • a) El inter閟 superior de la persona menor de edad tiene que ser el supremo principio inspirador tanto de las actuaciones de los poderes p鷅licos como de las decisiones y las actuaciones de los padres y madres o las personas que ejerzan su tutela o guarda, las entidades y las personas responsables de su atenci髇 y protecci髇.
  • b) Se tiene que velar para que las personas menores de edad ejerzan sus derechos, particularmente el derecho a ser o韉as y escuchadas en las decisiones que les incumban.
  • c) Los poderes p鷅licos tienen que garantizar el principio de igualdad y eliminar cualquier discriminaci髇 a las personas menores de edad en raz髇 de nacimiento, sexo, orientaci髇 sexual, identidad de g閚ero, expresi髇 de g閚ero, raza, origen nacional, 閠nico o social, religi髇, convicci髇, ideolog韆, opini髇, cultura, lengua, idioma, condici髇 f韘ica, ps韖uica o sensorial, enfermedad, posici髇 econ髆ica o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social discriminatoria.
  • d) Se tienen que aprovechar las circunstancias personales, cong閚itas o sobrevenidas, que afecten a las condiciones de vida y el desarrollo de cualquier ni駉, ni馻 o adolescente, para promover los mecanismos de compensaci髇 necesarios para asegurar el principio de igualdad de oportunidades, especialmente entre ni駉s y adolescentes, y el respeto a las diferencias.
  • e) Se tienen que potenciar las actuaciones preventivas y la detecci髇 precoz de las circunstancias que puedan suponer situaciones de explotaci髇, indefensi髇, inadaptaci髇, marginaci髇, abandono, maltrato activo o pasivo de cualquier tipo, desventaja social o la conculcaci髇 de alguno de los derechos que tengan reconocidos los ni駉s, ni馻s y adolescentes.
  • f) Se tiene que garantizar que las actuaciones que ofrecen las administraciones p鷅licas, as como el conjunto de actividades que desarrollen todas las entidades p鷅licas y privadas, tengan un car醕ter eminentemente socioeducativo, integral e inclusivo.
  • g) Se tiene que impulsar el desarrollo de una pol韙ica coordinada de atenci髇 y protecci髇 de las personas menores de edad que active los recursos para la cobertura de las necesidades b醩icas de salud, educaci髇, vivienda, cultura y ocio, y la compensaci髇 de cualquier carencia que pueda impedir o limitar el desarrollo personal y social y la autonom韆 de la persona menor de edad.
  • h) Los poderes p鷅licos tienen que actuar y se tienen que relacionar de acuerdo con los principios de lealtad institucional, adecuaci髇 al orden de distribuci髇 de competencias, colaboraci髇, cooperaci髇, coordinaci髇, eficiencia en la gesti髇 de los recursos p鷅licos y responsabilidad, entre otros, y limitar las actuaciones que afecten a la intimidad personal o familiar en las indispensables que resulten de inter閟 para la persona menor de edad.
  • i) Se tienen que fomentar, en los ni駉s, ni馻s y adolescentes, los valores de tolerancia, solidaridad, respeto, igualdad, participaci髇, cooperaci髇, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y, en general, los principios democr醫icos de convivencia que establecen la Constituci髇 Espa駉la y el Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears.
  • j) Se tiene que garantizar la confidencialidad de las actuaciones que se lleven a cabo en inter閟 y defensa de las personas menores de edad.
  • k) Se tienen que favorecer las relaciones intergeneracionales y propiciar el voluntariado de las personas mayores y de la juventud para colaborar en actividades con ni駉s, ni馻s y adolescentes.
  • l) Se tienen que fomentar, mediante campa馻s de divulgaci髇 y la promoci髇 de medidas positivas, la solidaridad y la sensibilidad social ante todas las cuestiones relacionadas con la infancia y la adolescencia, para prevenir cualquier tipo de marginaci髇, abuso y explotaci髇 e impulsar el papel de la sociedad civil en defensa de sus derechos y libertades.
  • m) Se tienen que promover la participaci髇, el voluntariado y la solidaridad social.
  • n) Se tienen que garantizar la accesibilidad universal de las personas menores de edad con diversidad funcional y los ajustes razonables, as como su inclusi髇 y participaci髇 plenas y efectivas.
  • o) Las administraciones p鷅licas competentes tienen que aplicar el principio de transparencia y el resto de principios que recoge la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno.
  • p) Los poderes p鷅licos de las Illes Balears tienen que incorporar la perspectiva de g閚ero en todas las pol韙icas que afecten a la infancia y la adolescencia.

2. Las administraciones p鷅licas tienen que tener en cuenta las necesidades de las personas menores de edad al ejercer sus respectivas competencias, especialmente en materia de control sobre productos alimentarios, consumo, vivienda, educaci髇, sanidad, servicios sociales, cultura, deporte, espect醕ulos, medios de comunicaci髇, transportes, tiempo libre, juego, espacios libres, nuevas tecnolog韆s (TIC) y redes sociales.

3. Las administraciones p鷅licas tienen que tener particularmente en consideraci髇 la adecuada regulaci髇 y supervisi髇 de los espacios, centros y servicios en los que permanezcan habitualmente personas menores de edad, con respecto a las condiciones f韘ico-ambientales, higi閚ico-sanitarias, de accesibilidad y dise駉 universales y de recursos humanos, as como a los proyectos educativos inclusivos, a la participaci髇 de las personas menores de edad y a otras condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.

4. Las administraciones p鷅licas, en el 醡bito de la protecci髇 de menores y de la justicia juvenil, tienen que favorecer la innovaci髇 continua y la puesta en marcha de programas experimentales para evaluar el 閤ito de nuevas metodolog韆s y estrategias de intervenci髇 que permitan dar una mejor respuesta a las nuevas necesidades en la atenci髇 a este sector de poblaci髇.

Art韈ulo 6 Personas menores de edad extranjeras

1. Las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en la comunidad aut髇oma de las Illes Balears tienen derecho a la educaci髇, a la asistencia sanitaria y a los servicios y las prestaciones sociales b醩icas, en las mismas condiciones que las personas menores de edad de nacionalidad espa駉la. Los poderes p鷅licos, en el dise駉 y la elaboraci髇 de las pol韙icas p鷅licas, tienen que tener como objetivo conseguir la plena integraci髇 de las personas menores extranjeras en la sociedad balear, mientras permanezcan en el territorio de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, de acuerdo con la Ley Org醤ica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻 y su integraci髇 social.

2. Las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en las Illes Balears tienen los derechos que reconoce esta ley y, especialmente, tienen derecho a ser o韉as y escuchadas y a recibir informaci髇 de manera comprensible sobre cualquier actuaci髇 que lleve a cabo la administraci髇 con relaci髇 a su persona.

3. Las administraciones p鷅licas, mediante servicios y programas de acogimiento, tienen que fomentar la integraci髇 social de las personas menores de edad inmigradas.

Art韈ulo 7 Fomento de la iniciativa social

1. Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que fomentar las iniciativas sociales que contribuyan a la divulgaci髇 y la extensi髇 de los derechos de las personas menores de edad, tanto entre la poblaci髇 adulta como entre los ni駉s, ni馻s y adolescentes.

2. Asimismo, pueden conceder subvenciones o establecer convenios con entidades privadas con el objeto de promocionar y fomentar acciones que se consideren de inter閟 para el desarrollo de los derechos de las personas menores de edad.

3. Con car醕ter anual, el Gobierno de las Illes Balears puede otorgar premios destinados a distinguir a personas, grupos o entidades que hayan destacado especialmente por la actividad desarrollada o por su contribuci髇 al fomento de la protecci髇 y la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia en las Illes Balears. Las bases, la composici髇 del jurado y otros aspectos de la concesi髇 de estos premios se tienen que determinar por v韆 reglamentaria, y corresponde al Consejo de Infancia y Familia de las Illes Balears hacer las propuestas o candidaturas.

4. En conmemoraci髇 de la aprobaci髇 de la Convenci髇 sobre los derechos del ni駉 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, se declara el 20 de noviembre de cada a駉 D韆 de la Infancia y la Adolescencia en la comunidad aut髇oma de las Illes Balears.

Art韈ulo 8 Colaboraci髇 institucional y responsabilidad ciudadana

1. Las autoridades y el personal al servicio de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears que tengan conocimiento del incumplimiento de las previsiones de esta ley o de la conculcaci髇 de cualquiera de los derechos de los que sean titulares las personas menores de edad, tienen que adoptar inmediatamente las medidas necesarias para conseguir el cese de estas actuaciones de acuerdo con las atribuciones que les correspondan legalmente. En el resto de los supuestos, tienen que poner la situaci髇 en conocimiento de la autoridad competente en la materia.

2. Todas las administraciones p鷅licas incluidas en el 醡bito de aplicaci髇 de esta ley tienen que cooperar en la detecci髇 de las situaciones de riesgo, desamparo, inadaptaci髇 o desventaja social, en la investigaci髇 correspondiente y en la intervenci髇 acordada para las personas menores de edad afectadas. La atenci髇, el seguimiento y el apoyo se tienen que asegurar de manera prioritaria, puntual, completa y coordinada para los respectivos programas, servicios y recursos, tanto durante la ejecuci髇 de las medidas que prev esta ley como una vez finalizadas, y tienen que contribuir a la culminaci髇 o al refuerzo del proceso de integraci髇 familiar y social.

3. Cualquier ciudadano o ciudadana que tenga conocimiento de incumplimiento de las previsiones de esta ley o de la conculcaci髇 de cualquiera de los derechos de los que sean titulares las personas menores de edad, independientemente del deber de comunicaci髇 y denuncia recogido en el art韈ulo 95 de esta ley, tiene que poner la situaci髇 en conocimiento de la autoridad competente en la materia.

Art韈ulo 9 Acceso y ejercicio de una profesi髇, oficio o actividad que implique contacto habitual con personas menores de edad

Para el acceso y el ejercicio de las profesiones, los oficios y las actividades que impliquen el contacto habitual con personas menores de edad, es requisito no haber sido condenado por sentencia firme por ning鷑 delito contra la libertad y la indemnidad sexuales, que incluye la agresi髇 y el abuso sexuales, el acoso sexual, el exhibicionismo y la provocaci髇 sexual, la prostituci髇 y la explotaci髇 sexual y la corrupci髇 de menores, as como por tr醘ico de seres humanos. A este efecto, quien pretenda acceder a estas profesiones, oficios o actividades tiene que acreditar esta circunstancia mediante la aportaci髇 de una certificaci髇 negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Art韈ulo 10 Interpretaci髇 de las normas relativas a las personas menores de edad

1. Las disposiciones de esta ley, las normas que la desarrollan y las dem醩 disposiciones de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears relativas a las personas menores de edad se tienen que interpretar de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por el Estado espa駉l, especialmente la Convenci髇 sobre los derechos del ni駉 de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, la Convenci髇 europea de los derechos humanos, de 4 de noviembre de 1950, los principios consagrados en la Carta Europea de los Derechos del Ni駉 y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea, de 7 de diciembre de 2000, las observaciones generales del Comit de los Derechos del Ni駉 de Ginebra, la Convenci髇 sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Constituci髇 Espa駉la, el Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears y tambi閚 todas las resoluciones sobre personas menores de edad aprobadas por el Parlamento de las Illes Balears.

2. Los poderes p鷅licos tienen que interpretar y aplicar esta ley garantizando la igualdad en la diferencia de las persones menores de edad de ambos sexos, para eliminar cualquier discriminaci髇 por raz髇 de nacimiento, sexo, orientaci髇 sexual, identidad de g閚ero, expresi髇 de g閚ero, raza, origen nacional, 閠nico o social, religi髇, convicci髇, ideolog韆, opini髇, cultura, lengua, idioma, condici髇 f韘ica, ps韖uica o sensorial, enfermedad, posici髇 econ髆ica o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.

Art韈ulo 11 Impacto de las normas en la infancia y la adolescencia

Las memorias de an醠isis del impacto normativo que se tienen que adjuntar a los proyectos de ley y a los proyectos de disposiciones generales tienen que incluir el impacto de la normativa en la infancia y la adolescencia.

Art韈ulo 12 Prioridad presupuestaria

Con la finalidad de garantizar los derechos que reconoce esta ley, las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que tener como prioridades presupuestarias la promoci髇, la atenci髇, la prevenci髇, la protecci髇, la formaci髇, el ocio, la participaci髇 y la integraci髇 de las personas menores de edad, con programas presupuestarios espec韋icos.

T蚑ULO II
DE LOS DERECHOS Y LOS DEBERES DE LOS NI袿S, NI袮S Y ADOLESCENTES

Cap韙ulo I
Derechos y libertades civiles y pol韙icos

Art韈ulo 13 Declaraci髇 gen閞ica

1. Adem醩 de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos en la Constituci髇 y en los tratados internacionales de los cuales Espa馻 es parte, muy especialmente en la Convenci髇 sobre los derechos del ni駉 de las Naciones Unidas y en la Convenci髇 sobre los derechos de las personas con discapacidad, las personas menores de edad tienen que tener las garant韆s para el ejercicio de los derechos que expresamente reconoce esta ley.

2. Las personas menores de edad tienen derecho a ejercer los derechos civiles y pol韙icos sin m醩 limitaciones que las fijadas por las leyes. Los poderes p鷅licos tienen que establecer los medios necesarios para dar a las personas menores de edad la oportunidad de ejercer plenamente estos derechos.

Art韈ulo 14 Medidas para facilitar el ejercicio de los derechos

1. Las personas menores de edad tienen derecho a recibir de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, o a trav閟 de las entidades colaboradoras, la informaci髇 en formato accesible y la asistencia adecuada para el ejercicio efectivo de sus derechos, y que se garantice su respeto.

2. Para defender y garantizar sus derechos, las personas menores de edad pueden, personalmente o mediante sus representantes legales:

  • a) Solicitar la protecci髇 y la tutela de la entidad p鷅lica competente.
  • b) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con la finalidad de que promueva las acciones oportunas.
  • c) Plantear sus quejas y denuncias ante la administraci髇 p鷅lica competente, ante el Defensor del Pueblo, ante la Sindicatura de Greuges de las Illes Balears o, si corresponde, ante la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia, o ante cualquier otra administraci髇, en los t閞minos establecidos legalmente. Con esta finalidad, se les facilitar el acceso a mecanismos adecuados y adaptados a sus necesidades y se les garantizar la confidencialidad.
  • d) Solicitar los recursos sociales disponibles de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears.
  • e) Solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor o defensora judicial, en su caso, para emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas a la protecci髇 y la defensa de sus derechos e intereses. En todo caso, el Ministerio Fiscal debe actuar en defensa de los derechos de las personas menores de edad.
  • f) Presentar quejas o denuncias individuales al Comit de Derechos del Ni駉, de acuerdo con la Convenci髇 sobre los derechos del ni駉 y la normativa que la desarrolle.

Art韈ulo 15 Derecho a la integraci髇

Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que establecer las medidas necesarias para facilitar la realizaci髇 personal completa y la integraci髇 familiar, social y educativa de todas las personas menores de edad y, en especial, de las que, por sus circunstancias f韘icas, ps韖uicas o sociales especiales, puedan ser susceptibles de un trato discriminatorio.

Art韈ulo 16 Derecho a la no discriminaci髇

1. Los poderes p鷅licos tienen que garantizar el principio de igualdad y eliminar cualquier discriminaci髇 a las personas menores de edad por raz髇 de nacimiento, sexo, orientaci髇 sexual, identidad de g閚ero, expresi髇 de g閚ero, raza, origen nacional, 閠nico o social, religi髇, convicci髇, ideolog韆, opini髇, cultura, lengua, idioma, condici髇 f韘ica, ps韖uica o sensorial, enfermedad, posici髇 econ髆ica o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.

2. Los poderes p鷅licos tienen que identificar de una manera activa a las personas menores de edad que, individualmente o en grupo, requieren la adopci髇 de medidas protectoras especiales para reducir o eliminar factores de discriminaci髇.

Art韈ulo 17 Perspectiva de g閚ero

Las administraciones p鷅licas introducir醤 la perspectiva de g閚ero en la planificaci髇, el desarrollo y la evaluaci髇 de las medidas que se adopten en relaci髇 con los ni駉s, ni馻s y adolescentes, en todas las actuaciones y programas dirigidos a menores de edad, con especial atenci髇 a la desigualdad y/o discriminaci髇 por razones de sexo, orientaci髇 sexual e identidad de g閚ero.

Art韈ulo 18 Derecho a la identidad, al nombre, a la nacionalidad y al conocimiento de los or韌enes

1. Las personas menores de edad tienen derecho a su identidad personal y sexual, y a tener un nombre y una nacionalidad desde el momento de nacer.

2. Las personas menores de edad tienen derecho a conocer su origen gen閠ico, padres y madres biol骻icos y parientes biol骻icos. A este efecto, tienen derecho a solicitar a las administraciones p鷅licas competentes la documentaci髇 que les permita acreditar su identidad, sin perjuicio de lo establecido en la normativa sobre reproducci髇 asistida.

3. Los menores tienen derecho a su identidad de g閚ero y a la expresi髇 de su orientaci髇 sexual, sin ninguna discriminaci髇. En el ejercicio de su derecho a la identidad de g閚ero, podr醤, seg鷑 los protocolos que se establezcan, empezar con la reasignaci髇 de su cuerpo a su identidad de g閚ero.

4. Los centros de atenci髇 sanitaria donde se produzcan nacimientos tienen que establecer las garant韆s necesarias para la identificaci髇 inequ韛oca de las personas reci閚 nacidas.

5. Cuando las personas que est閚 obligadas legalmente a inscribir el nacimiento de un ni駉 o una ni馻 en el Registro Civil no lo hagan, las administraciones p鷅licas de las Illes Balears tienen que adoptar las medidas necesarias para conseguir que se lleve a cabo este tr醡ite.

6. Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que velar por la conservaci髇 de los datos relativos a las personas menores de edad que hayan sido separadas de su familia biol骻ica, de manera que, al llegar a la mayor韆 de edad o durante la minor韆 de edad a trav閟 de sus representantes legales, si lo solicitan, puedan acceder a la informaci髇 sobre sus or韌enes y su historial vital, entendido como el conocimiento de las personas con las que han convivido incluyendo las propias del acogimiento o la guarda. Las entidades p鷅licas, a trav閟 de los servicios especializados, con la notificaci髇 previa a las personas afectadas, tienen que prestar el asesoramiento y la ayuda que requieran para hacer efectivo este derecho.

Art韈ulo 19 Derecho al honor, a la dignidad, a la intimidad y a la propia imagen

1. Las personas menores de edad tienen derecho al honor, a la dignidad, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho tambi閚 comprende la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, as como el secreto de las comunicaciones.

2. La difusi髇 de informaci髇 o la utilizaci髇 de im醙enes o del nombre de personas menores de edad en los medios de comunicaci髇 que puedan implicar una intromisi髇 ileg韙ima en su intimidad, honra o reputaci髇 o que sean contrarias a sus intereses determinan la intervenci髇 del Ministerio Fiscal, que inmediatamente tiene que instar las medidas cautelares y de protecci髇 previstas en la ley y tiene que solicitar las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados.

3. Se considera intromisi髇 ileg韙ima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de personas menores de edad cualquier utilizaci髇 de su imagen, su nombre o el relato detallado de su historia en los medios de comunicaci髇 que pueda implicar menoscabo de su honor o reputaci髇 o que sea contraria a sus intereses, incluso si consta el consentimiento del ni駉, ni馻 o adolescente o de su representante legal.

4. Sin perjuicio de las acciones cuyos titulares sean los representantes legales de la persona menor de edad, corresponde ejercerlas en todo caso al Ministerio Fiscal, que puede actuar de oficio o a instancia del ni駉, ni馻 o adolescente o de cualquier persona interesada, f韘ica, jur韉ica o entidad p鷅lica.

5. Los padres y madres o las personas que ejerzan la tutela o la guarda de las personas menores de edad y los poderes p鷅licos tienen que respetar estos derechos y los tienen que proteger ante posibles ataques de terceros.

Art韈ulo 20 Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religi髇

1. Las personas menores de edad tienen derecho a la libertad de ideolog韆, de conciencia y de religi髇.

2. El ejercicio de los derechos que dimanan de esta libertad s髄o tiene las limitaciones que prescribe la ley y el respeto de los derechos y las libertades fundamentales de las otras personas.

3. Los padres y madres o las personas que ejerzan la tutela o la guarda de las personas menores de edad tienen el derecho y el deber de cooperar para que tengan esta libertad de manera que contribuya a su desarrollo integral.

Art韈ulo 21 Derecho a la libertad de expresi髇

1. Las personas menores de edad tienen derecho a la libertad de expresi髇 en los t閞minos establecidos constitucionalmente. Esta libertad de expresi髇 tiene el l韒ite en la protecci髇 de la intimidad y la imagen del ni駉, ni馻 o adolescente recogida en esta ley.

2. Especialmente, el derecho a la libertad de expresi髇 de las personas menores de edad se extiende a:

  • a) La publicaci髇 y la difusi髇 de sus opiniones.
  • b) La edici髇 y la producci髇 de medios de difusi髇.
  • c) El acceso a las ayudas que las administraciones p鷅licas establezcan con esta finalidad.

3. El ejercicio de este derecho puede estar sujeto a las restricciones que prevea la ley para garantizar el respeto de los derechos de otras personas o la protecci髇 de la seguridad, la salud, la moral o el orden p鷅lico.

Art韈ulo 22 Derecho de asociaci髇 y de participaci髇

1. Las personas menores de edad tienen el derecho de asociaci髇, que, en especial, comprende:

  • a) El derecho a formar parte de asociaciones y organizaciones juveniles de los partidos pol韙icos y de los sindicatos y de las asociaciones de estudiantes, de acuerdo con la ley y los estatutos.
  • b) El derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles y a inscribirlas de conformidad con la ley. Las personas menores de edad pueden formar parte de los 髍ganos directivos de estas asociaciones.

Para que las asociaciones infantiles y juveniles se puedan obligar civilmente, tienen que haber nombrado, de acuerdo con los estatutos correspondientes, un representante legal con plena capacidad. Cuando la pertenencia de un ni駉, ni馻 o adolescente o de sus padres y madres o de las personas que ejerzan su tutela o guarda a una asociaci髇 impida o perjudique el desarrollo integral del ni駉, ni馻 o adolescente, cualquier persona interesada, f韘ica o jur韉ica, o entidad p鷅lica, se puede dirigir al Ministerio Fiscal para que promueva las medidas jur韉icas de protecci髇 que considere necesarias.

2. Las personas menores de edad tienen derecho a participar en reuniones p鷅licas y manifestaciones pac韋icas cuya convocatoria se haga de acuerdo con la ley. En los mismos t閞minos, tambi閚 tienen derecho a promoverlas y a establecer su convocatoria con el consentimiento expreso de sus padres y madres o de las personas que ejerzan su tutela o guarda.

3. Las administraciones p鷅licas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que promover la participaci髇 y el asociacionismo, as como los consejos de participaci髇 de la infancia y la adolescencia, como elementos de desarrollo personal y social. Igualmente, tienen que promover, mediante organizaciones no gubernamentales de infancia y juventud, el apoyo de espacios y canales de protagonismo y de participaci髇 social de las personas menores de edad. Para ello, tienen que emprender acciones de concienciaci髇 y de promoci髇 en colaboraci髇 con las organizaciones no gubernamentales y las instituciones p鷅licas y privadas.

4. Las personas menores de edad tienen el derecho a participar plenamente en los n鷆leos de convivencia m醩 inmediatos y en la vida social, cultural, art韘tica y recreativa de su entorno. Los poderes p鷅licos les tienen que ofrecer las oportunidades necesarias para que se incorporen progresivamente a la ciudadan韆 activa, de acuerdo con su edad y madurez.

5. Las administraciones p鷅licas tienen que fomentar procedimientos destinados a facilitar la participaci髇 y recoger las opiniones de las personas menores de edad en relaci髇 con las pol韙icas, las normas, los proyectos, los programas o las decisiones que les afectan.

Cap韙ulo II
Derecho a ser o韉o y escuchado

Art韈ulo 23 Derecho a ser o韉o y escuchado

1. Las personas menores de edad tienen derecho a ser o韉as y escuchadas sin ninguna discriminaci髇 por edad, diversidad funcional o cualquier otra circunstancia, tanto en el 醡bito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediaci髇 en que est閚 afectadas y que conduzca a una decisi髇 que incida en su esfera personal, familiar o social, y se tienen que tener en cuenta debidamente sus opiniones, seg鷑 su edad y madurez. Para ello, las personas menores de edad tienen que recibir la informaci髇 que les permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias. Se comprobar que el menor comprende cualquier manifestaci髇 u opini髇. En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del ni駉, ni馻 o adolescente tienen car醕ter preferente, y se tienen que llevar a cabo de manera adecuada a su situaci髇 y desarrollo evolutivo, con la asistencia, si es necesario, de profesionales cualificados o expertos, tratando de preservar su intimidad y utilizando un lenguaje que le sea comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias. Se le tiene que informar tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias de su opini髇, con pleno respeto a todas las garant韆s del procedimiento.

2. Se tiene que garantizar que la persona menor de edad, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercer este derecho por su cuenta o a trav閟 de la persona que designe para que la represente. La madurez la tiene que valorar personal especializado, teniendo en cuenta tanto el desarrollo evolutivo como su capacidad para comprender y evaluar el asunto concreto que se tiene que tratar. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando tiene doce a駉s cumplidos. Para garantizar que la persona menor de edad pueda ejercer este derecho por su cuenta, la tienen que asistir, si procede, int閞pretes. El ni駉, ni馻 o adolescente puede expresar su opini髇 verbalmente o a trav閟 de formas no verbales de comunicaci髇. No obstante, cuando no sea posible o no convenga al inter閟 del ni駉, ni馻 o adolescente, se puede conocer su opini髇 por medio de sus representantes legales, siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a trav閟 de otras personas que, por su profesi髇 o relaci髇 de especial confianza, la puedan transmitir objetivamente.

3. Siempre que en v韆 administrativa o judicial se deniegue la comparecencia o la audiencia de una persona menor de edad directamente o por medio de una persona que la represente, la resoluci髇 tiene que ser motivada en el inter閟 superior de la persona menor de edad y comunicada al Ministerio Fiscal, al ni駉, ni馻 o adolescente y, si corresponde, a su representante legal, y se tienen que indicar expl韈itamente los recursos existentes contra esta decisi髇. En las resoluciones sobre el fondo se tiene que hacer constar, si procede, el resultado de la audiencia al ni駉, ni馻 o adolescente, as como su valoraci髇.

Cap韙ulo III
Derechos en el 醡bito familiar

Art韈ulo 24 Obligaciones de los padres y madres o las personas que ejerzan la tutela o la guarda de las personas menores de edad

1. La responsabilidad primordial en la crianza, la educaci髇 y la formaci髇 de las personas menores de edad corresponde a los padres y madres y subsidiariamente a las personas o instituciones que tengan atribuida su tutela o guarda, de acuerdo con lo que dispone la legislaci髇 vigente.

2. Los padres y madres y las personas que tengan atribuida la tutela o la guarda de las personas menores de edad tienen que asegurar, dentro de sus posibilidades, las condiciones de vida necesarias para el desarrollo integral de los ni駉s, ni馻s y adolescentes.

3. Se tiene que prestar especial atenci髇 a las necesidades de las personas menores de edad de familias monoparentales, de madres v韈timas de violencia de g閚ero con la custodia y de familias pertenecientes a los grupos menos favorecidos o que viven en situaci髇 de pobreza.

4. Las administraciones p鷅licas tienen que velar por la protecci髇 de las personas menores de edad en el caso de mal uso de la potestad parental, tutelar o de guarda, y tambi閚 para que los padres y madres, los titulares de la tutela o los que tengan su guarda dispongan de oportunidades y de medios de informaci髇, de apoyo t閏nico, de recursos necesarios y de formaci髇 adecuados para ayudarlos a cumplir sus responsabilidades hacia las personas menores de edad.

5. Las administraciones p鷅licas tienen que hacer extensibles a los titulares de la tutela o de la guarda los mismos sistemas de prestaciones sociales dirigidos a los padres y madres, para favorecer el cumplimiento de sus responsabilidades.

Art韈ulo 25 Apoyo a la maternidad y la paternidad y a la conciliaci髇 de la vida familiar y laboral

1. Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que ofrecer a los padres y madres y a las personas que tengan atribuida la tutela o la guarda de las personas menores de edad, en especial a las familias en situaci髇 de protecci髇 especial, los medios de informaci髇, apoyo y formaci髇 adecuados con la finalidad de hacer posible el cumplimiento de sus responsabilidades, teniendo siempre en cuenta las caracter韘ticas de los ni駉s, ni馻s y adolescentes y fomentando actitudes educativas y de respeto a sus derechos.

2. Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que adoptar las medidas que favorezcan la conciliaci髇 de la vida familiar, personal y laboral, y tambi閚 la integraci髇 familiar de los ni駉s, ni馻s y adolescentes.

Art韈ulo 26 Derechos de relaci髇 y convivencia

1. Las personas menores de edad tienen derecho a vivir con sus padres y madres salvo en los casos en que la separaci髇 sea necesaria para asegurar la integridad y la seguridad del ni駉, ni馻 o adolescente. Tambi閚 tienen derecho a convivir y a relacionarse con otros parientes pr髕imos, especialmente con los abuelos, de acuerdo con la legislaci髇 civil vigente.

2. Las personas menores de edad tienen derecho a mantener un contacto directo y habitual con el padre, la madre, los hermanos y los familiares de segundo grado con los que no convivan, excepto que haya una decisi髇 administrativa o judicial en sentido contrario.

3. Las personas menores de edad separadas de sus padres y madres por la adopci髇 de alguna medida judicial o administrativa que comporte el encarcelamiento o la detenci髇 de estos padres o madres tienen derecho a ser informadas del lugar y la situaci髇 en que se encuentran, as como derecho a relacionarse con ellos, excepto que haya una decisi髇 administrativa o judicial en sentido contrario y teniendo en cuenta siempre el inter閟 superior de la persona menor de edad.

Cap韙ulo IV
Bienestar material y personal

Art韈ulo 27 Derecho a un nivel b醩ico de bienestar

Los poderes p鷅licos tienen que adoptar las medidas pertinentes para asegurar que los padres y madres o las personas que tengan atribuida la tutela o la guarda de las personas menores de edad tengan la oportunidad de ofrecerles el nivel b醩ico de bienestar material que necesitan para un desarrollo integral adecuado. El desarrollo de estas medidas tiene que establecer los criterios para determinar el nivel b醩ico de bienestar material de las personas menores de edad y tiene que incluir un r間imen de ayudas y prestaciones p鷅licas.

Art韈ulo 28 Personas menores de edad con diversidad funcional que encuentran limitaciones o barreras para el desarrollo o la participaci髇

1. Las personas menores de edad con diversidad funcional tienen derecho a una escolaridad inclusiva y con el apoyo necesario para potenciar el m醲imo desarrollo acad閙ico, personal y social. Asimismo, deben tener la oportunidad de disfrutar de una vida plena y respetable, con unas condiciones que les permitan alcanzar una vida social y escolar inclusiva y una vida laboral de calidad y en igualdad de oportunidades, y que les faciliten la participaci髇 activa en la comunidad.

2. Los poderes p鷅licos tienen que prestar una atenci髇 especial en prevenir y eliminar actitudes discriminatorias dirigidas a personas menores de edad con diversidad funcional.

3. Las personas menores de edad con diversidad funcional tienen derecho a disfrutar de asistencia sanitaria, apoyo educativo, atenci髇 social y medidas terap閡ticas ocupacionales adecuadas, y que estas est閚 preferentemente coordinadas por un 鷑ico referente profesional.

Cap韙ulo V
Salud e integridad, prevenci髇 y protecci髇 contra la violencia

Secci髇 1
Promoci髇 y protecci髇 de la salud

Art韈ulo 29 Derecho a la promoci髇 de la salud

1. Todas las personas menores de edad que se encuentren en el territorio de las Illes Balears tienen acceso libre al servicio sanitario p鷅lico en las mismas condiciones, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, orientaci髇 sexual, identidad de g閚ero, expresi髇 de g閚ero, raza, origen nacional, 閠nico o social, religi髇, convicci髇, ideolog韆, opini髇, cultura, lengua, idioma, condici髇 f韘ica, ps韖uica o sensorial, enfermedad, posici髇 econ髆ica o cualquier otra circunstancia personal, familiar, social o condici髇 administrativa.

2. Las personas menores de edad que permanezcan en las Illes Balears tienen derecho a la promoci髇, la prevenci髇, la detecci髇 y el tratamiento precoz de enfermedades cong閚itas, y tambi閚 de deficiencias ps韖uicas y f韘icas, 鷑icamente con los l韒ites que el marco legal vigente, la 閠ica, la tecnolog韆 y los recursos existentes impongan al sistema sanitario.

3. Las personas menores de edad que permanezcan en las Illes Balears tienen derecho a ser inmunizadas contra las enfermedades infectocontagiosas de acuerdo con los criterios establecidos por la autoridad sanitaria.

Art韈ulo 30 Autonom韆 del paciente menor de edad

1. Todo paciente menor de edad tiene derecho a recibir informaci髇 sobre su enfermedad y las intervenciones sanitarias propuestas, de forma adaptada a su capacidad de comprensi髇, y a ser o韉o y escuchado de acuerdo con el art韈ulo 23 de esta ley.

2. Cuando los pacientes sean menores de edad y no sean capaces intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervenci髇 sanitaria propuesta, el consentimiento informado tienen que otorgarlo sus representantes legales, de conformidad con lo que dispone el art韈ulo 9.3.c) de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica, as como el art韈ulo 23 de esta ley.

3. Las personas menores de edad no emancipadas o con diecis閕s a駉s cumplidos no incapaces ni incapacitadas pueden prestar por s mismas el consentimiento, si bien se tiene que informar a sus padres y madres o representantes legales y su opini髇 se tiene que tener en cuenta para la toma de la decisi髇 final correspondiente, de conformidad con lo que dispone el art韈ulo 9.4 de la citada Ley 41/2002, as como el art韈ulo 23 de esta ley. Asimismo, las personas menores de edad no emancipadas o con diecis閕s a駉s cumplidos tienen derecho a revocar el consentimiento informado y a rechazar la intervenci髇 que les propongan los profesionales sanitarios, de acuerdo con el art韈ulo 8 de la Ley 41/2002.

4. Cuando haya disparidad de criterios entre el ni駉, ni馻 o adolescente, o sus representantes legales, y la instituci髇 sanitaria, la 鷏tima autorizaci髇 se tiene que someter a la autoridad judicial.

5. En cualquier caso, el proceso de atenci髇 a las personas menores de edad se tiene que ajustar a la normativa vigente y tiene que respetar las necesidades especiales de estas personas y los derechos reconocidos en la Carta europea de los ni駉s hospitalizados, aprobada por el Parlamento Europeo el 13 de mayo de 1986.

Art韈ulo 31 Obligaciones de las administraciones p鷅licas en materia de protecci髇 de la salud

1. Las personas titulares y el personal sanitario de los servicios de salud, sin perjuicio de lo que dispone la legislaci髇 procesal penal, est醤 especialmente obligados a poner en conocimiento de las entidades p鷅licas competentes, de los organismos competentes en materia de protecci髇 de menores, de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, los hechos que puedan suponer la existencia de situaciones de desprotecci髇 o indicio de maltrato de menores de edad. A este efecto, dado el art韈ulo 35 de esta ley, si se detectan las situaciones mencionadas, se tienen que notificar al Registro Unificado de Maltrato Infantil.

2. La administraci髇 sanitaria de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears tiene que garantizar una especial atenci髇 a las personas menores de edad, por lo cual se tiene que regular la provisi髇 de los recursos humanos y t閏nicos necesarios, con especial atenci髇 a las necesidades de la infancia y la adolescencia con problem醫ica de salud mental, y procurar una dotaci髇 suficiente de recursos tanto ambulatorios como residenciales. En las instalaciones sanitarias, tiene que haber espacios con una ubicaci髇 y una conformaci髇 adecuadas a las necesidades espec韋icas de las personas menores de edad. Especialmente cuando sea necesario su ingreso hospitalario se tiene que posibilitar la existencia de espacios adaptados a las personas menores de edad, diferenciados de los que se dirigen a las personas adultas.

3. Durante la hospitalizaci髇, las personas menores de edad tienen derecho a estar acompa馻das de sus padres y madres o las personas que tengan atribuida su tutela o guarda, y a proseguir su formaci髇 escolar. En caso de que se considere que la compa耥a de estas personas puede perjudicar u obstaculizar de manera seria y comprobada el tratamiento de las personas menores de edad, los sanitarios tienen que redactar un informe, completo y adecuado, de los motivos que justifican la privaci髇 del derecho y tienen que valorar peri骴icamente su evoluci髇, con el objeto de garantizar que recuperan el derecho a estar acompa馻das de la manera m醩 r醦ida posible.

4. Desde el momento del nacimiento, se tiene que proveer a todos los ni駉s o ni馻s nacidos en las Illes Balears de la cartilla de salud infantil correspondiente, en la cual se tienen que incluir las principales acciones de salud que les sean necesarias. Este documento tiene que recoger los aspectos que se determinen reglamentariamente.

5. Se tienen que hacer campa馻s de prevenci髇 de las enfermedades m醩 comunes en la infancia y, sobre todo, se tiene que insistir en la prevenci髇 de los accidentes dom閟ticos. Asimismo se desarrollar醤 programas de educaci髇 sanitaria y educaci髇 para la salud, especialmente programas sobre anticoncepci髇, enfermedades de transmisi髇 sexual y programas de educaci髇 afectiva y sexual.

6. Las personas menores de edad incluidas en el 醡bito de aplicaci髇 de esta ley tienen derecho a la aplicaci髇 de las t閏nicas y los recursos de mejora y rehabilitaci髇 de las secuelas que hayan podido tener como consecuencia de enfermedades adquiridas, cong閚itas o por accidente.

Art韈ulo 32 Atenci髇 en situaciones de riesgo para la salud mental

1. Se tienen que desarrollar programas dirigidos a la prevenci髇, la detecci髇, el diagn髎tico precoz, el tratamiento y la atenci髇 integral de las necesidades en salud mental infantil y juvenil, desde la red sanitaria p鷅lica de las Illes Balears. Corresponde a la consejer韆 competente en materia de salud planificar y poner en funcionamiento los servicios de salud mental necesarios de acuerdo con el mapa sanitario, socio-sanitario y de salud p鷅lica de las Illes Balears y coordinarlos con el resto de 醨eas en las que tambi閚 est implicado el ni駉 o ni馻.

2. La atenci髇 en salud tambi閚 tiene que incluir la atenci髇 a los ni駉s, ni馻s y adolescentes con problemas adictivos.

3. Se tiene que garantizar la atenci髇 en salud mental de los ni駉s, ni馻s y adolescentes con diversidad funcional, mediante programas integrales de atenci髇 en el territorio que tengan en cuenta los servicios y los equipamientos de los departamentos de las Illes Balears implicados en la atenci髇.

Art韈ulo 33 Derecho a decidir sobre la maternidad

1. Las adolescentes tienen derecho a decidir sobre la maternidad de acuerdo con la legislaci髇 espec韋ica.

2. La administraci髇 tiene que poner a disposici髇 de la ni馻 o adolescente todo el apoyo psico-social y material necesario para ayudarla a afrontar su nueva situaci髇. Este apoyo se ampliar, en su caso, para garantizar el bienestar del reci閚 nacido.

Secci髇 2
Integridad, prevenci髇 y protecci髇 contra la violencia

Art韈ulo 34 Derecho a la integridad f韘ica y psicol骻ica

Las personas menores de edad tienen derecho a ser tratadas con respeto. Con la finalidad de proteger su integridad f韘ica y psicol骻ica, corresponde a las administraciones p鷅licas de las Illes Balears llevar a cabo las actuaciones necesarias para alcanzar la plena efectividad de este derecho.

Art韈ulo 35 Derecho a la prevenci髇 y la protecci髇 contra la violencia

1. Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, en el 醡bito de sus respectivas competencias y para proteger la integridad de las personas menores de edad, tienen que aprobar, desarrollar y ejecutar programas destinados a adoptar medidas preventivas para protegerlas contra toda forma de violencia: maltratos f韘icos o ps韖uicos; castigos f韘icos humillantes o denigrantes; descuido o trato negligente; uso y tr醘ico de estupefacientes, drogas t髕icas y sustancias psicotr髉icas; mendicidad infantil; explotaci髇 laboral; agresiones y abusos sexuales; corrupci髇; violencia machista, de acuerdo con lo que establece la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres; violencia en el 醡bito familiar, sanitario, social o educativo; acoso escolar; tr醘ico de seres humanos; mutilaci髇 genital femenina; violencia a trav閟 de las nuevas tecnolog韆s; y cualquier otra forma de explotaci髇 o abuso.

2. Para la detecci髇 y la notificaci髇 de las situaciones se馻ladas, se tienen que establecer los mecanismos de coordinaci髇 adecuados, especialmente entre los 醡bitos sanitario, educativo, de servicios sociales y policial. A tal efecto, se seguir醤 las prescripciones establecidas en el protocolo marco interdisciplinar de maltrato infantil de las Illes Balears y en las gu韆s de aplicaci髇 en los 醡bitos citados. Adicionalmente, en los casos de violencia de g閚ero se tienen que establecer los mecanismos de coordinaci髇 con los organismos competentes en igualdad y violencia de g閚ero. La consejer韆 competente en materia de personas menores de edad del Gobierno de las Illes Balears tiene que gestionar el Registro Unificado de Maltrato Infantil, que tiene naturaleza administrativa y tiene que permitir centralizar toda la informaci髇 e integrar todas las notificaciones de las situaciones detectadas por los distintos 醡bitos mencionados relativas a un mismo ni駉, ni馻 o adolescente.

3. La detecci髇 y la notificaci髇 de estas situaciones al Registro Unificado de Maltrato Infantil son tr醡ites que tienen que cumplir los profesionales de cualquier servicio, departamento o administraci髇 de los 醡bitos mencionados en el apartado anterior. Asimismo, adem醩 de las actuaciones y las medidas de protecci髇 que prev esta ley, las administraciones p鷅licas tienen que poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que atenten contra la integridad de las personas menores de edad, sin perjuicio de lo que dispone la legislaci髇 procesal penal.

4. Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que poner en marcha programas de informaci髇 y prevenci髇 dirigidos a advertir de los efectos perjudiciales en el 醡bito educativo, cultural y social de la actividad de las sectas y otros grupos que tengan como finalidad alterar el equilibrio ps韖uico o que utilicen medios para alterarlo.

Cap韙ulo VI
Atenci髇 temprana, educaci髇 e inserci髇 formativa y laboral

Art韈ulo 36 Derecho a la atenci髇 temprana

1. Los ni駉s y ni馻s de menos de seis a駉s con trastornos de desarrollo o con riesgo de sufrirlos tienen derecho a la atenci髇 especializada de forma gratuita. Por razones de inclusi髇 los ni駉s y ni馻s escolarizados recibir醤 esta atenci髇 de forma preferente en los centros educativos y se regular de acuerdo con lo que determina la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de educaci髇, en el cap韙ulo I, 獳lumnado con necesidad espec韋ica de apoyo educativo del t韙ulo II relativo a la equidad de la educaci髇.

2. Por v韆 reglamentaria, sin perjuicio de lo que establece en cada momento el sistema educativo, se tienen que determinar las condiciones m韓imas de acreditaci髇, formaci髇, titulaci髇 y capacitaci髇, funcionamiento, control y seguimiento de atenci髇 temprana. Esta reglamentaci髇, como m韓imo, tiene que garantizar:

  • a) Asegurar los servicios de logopedia, psicolog韆 y fisioterapia.
  • b) Contar con la participaci髇 activa de los padres y madres o tutores y de los ni駉s y ni馻s atendidos.
  • c) Ser accesibles a todos los ni駉s y ni馻s de menos de seis a駉s sin ninguna discriminaci髇.
  • d) Adecuar la organizaci髇 interna y el funcionamiento de los servicios a las necesidades de la poblaci髇 infantil atendida y a su bienestar y a los horarios de las familias.

3. Mediante el Pla integral de atenci髇 temprana de las Illes Balears previsto en el art韈ulo 33.a) de la Ley 8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las familias, se garantizar tanto la cobertura de todos los ni駉s que la necesiten como la no duplicidad de diagn髎tico ni de prestaciones al mismo ni駉 o ni馻 con excepci髇 de cuando quede expl韈itamente justificado. Se evitar la fragmentaci髇 consecuencia de diferentes servicios. Asimismo se garantizar una base com鷑 de datos entre las diferentes administraciones o departamentos.

Art韈ulo 37 Derecho a la educaci髇

1. De acuerdo con la legislaci髇 b醩ica del Estado, las personas menores de edad desde su nacimiento tienen derecho a la educaci髇 y a recibir una formaci髇 integral que garantice el pleno desarrollo de sus capacidades, de la identidad personal desde que nacen, desde el seno de la familia, con la colaboraci髇 de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears.

En cualquier caso en los centros donde sean atendidos los ni駉s y ni馻s se garantizar la atenci髇 desde el punto de vista de la educaci髇 y de la salud.

El Gobierno tomar las iniciativas necesarias para asegurar una oferta suficiente de plazas en los servicios educativos para todos los ni駉s y ni馻s que lo pidan. A tal fin coordinar醤 pol韙icas de cooperaci髇 con las administraciones locales, otras administraciones y entidades privadas sin af醤 de lucro.

2. Las personas menores de edad que est閚 en situaci髇 de vulnerabilidad social o riesgo socio-educativo tienen que recibir una atenci髇 educativa preferente y tienen que tener acceso a los centros educativos sin ninguna discriminaci髇. Tienen derecho a la asistencia y a la formaci髇 necesarias que les permitan un desarrollo adecuado y la realizaci髇 personal.

3. Las personas menores de edad con diversidad funcional tienen derecho a disfrutar de un sistema de educaci髇 inclusivo, con acceso a la educaci髇 obligatoria y no obligatoria en las mismas condiciones que los otros miembros de la comunidad, sin exclusi髇 por raz髇 de diversidad funcional, y con las adaptaciones y los apoyos necesarios para posibilitar el acceso y potenciar su m醲imo desarrollo acad閙ico, personal y social.

4. Los centros educativos tienen que asumir la responsabilidad de acoger y educar de manera inclusiva a todo el alumnado como una tarea b醩ica y fundamental de sus proyectos educativos, y tienen que poner en marcha estrategias pedag骻icas para atender las diferencias individuales en los contextos ordinarios, en coordinaci髇 con sus familias y otras 醨eas que puedan intervenir en el proceso del ni駉 o ni馻. Con esta finalidad, el Gobierno dotar a los centros educativos de los recursos humanos y materiales necesarios y facilitar al personal educativo la formaci髇 permanente necesaria.

5. El ni駉, ni馻 o adolescente en situaci髇 de desamparo o de acogimiento familiar tiene un derecho preferente a la escolarizaci髇 en el centro escolar m醩 adecuado a sus circunstancias personales. Igualmente, la persona o familia acogedora del ni駉, ni馻 o adolescente tiene la prioridad de optar por el centro educativo m醩 pr髕imo al domicilio familiar o laboral o, en su caso, por el centro en el que est閚 escolarizados sus hijos e hijas. A estos efectos, la consejer韆 competente en materia de educaci髇 tiene que establecer las medidas adecuadas de acceso a la escolarizaci髇.

Art韈ulo 38 Atenci髇 a la diversidad

Las personas menores de edad con necesidades espec韋icas de apoyo educativo tienen derecho a la asistencia y la formaci髇 espec韋ica para un desarrollo y una realizaci髇 personal adecuados, que les permitan integrarse socialmente, desarrollarse, realizarse personalmente y acceder a un puesto de trabajo en el contexto m醩 normalizado posible.

Art韈ulo 39 Principios de actuaci髇 administrativa

Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que velar para que:

  • a) Las personas menores de edad accedan a la educaci髇 en igualdad de oportunidades y reciban la orientaci髇 educativa, profesional y personal necesaria para incorporarse plenamente a la vida ciudadana.
  • b) Se promueva la participaci髇 del alumnado y se favorezca el asociacionismo escolar, tanto en el 醡bito escolar como en el social, as como la colaboraci髇 con las familias o los representantes legales en el proceso educativo de las personas menores de edad para garantizar su derecho al seguimiento y a la participaci髇 en la educaci髇 escolar.

Art韈ulo 40 Obligaciones de las administraciones p鷅licas en relaci髇 con la educaci髇

1. Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears tienen que velar por el cumplimiento de la escolaridad obligatoria en las edades que establezca la legislaci髇 educativa vigente. Se tienen que coordinar y emprender las acciones necesarias para fomentar la asistencia regular a los centros de ense馻nza, evitar el absentismo escolar y favorecer la integraci髇 escolar. Con esta finalidad, la administraci髇 educativa tiene que elaborar, con la colaboraci髇 de los consejos insulares y los ayuntamientos, programas de prevenci髇, control y seguimiento del absentismo y el abandono escolar. Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, especialmente la administraci髇 educativa, si procede con la colaboraci髇 de los agentes sociales, impulsar醤 la escolarizaci髇 de cero a tres a駉s.

2. Los centros educativos tienen que disponer de las instalaciones docentes y deportivas adecuadas al desarrollo integral de los ni駉s, ni馻s y adolescentes que les garanticen una educaci髇 en condiciones de calidad y seguridad. Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears competentes en materia de educaci髇 tienen que velar por la existencia de recursos, medios, materiales e instalaciones que garanticen el desarrollo de la actividad educativa en condiciones de calidad y seguridad, as como un adecuado desarrollo socio-educativo.

3. Las personas titulares y el personal de los centros docentes, sin perjuicio de lo que dispone la legislaci髇 procesal penal, est醤 obligados a poner en conocimiento de las entidades p鷅licas competentes en materia de protecci髇 de menores de edad, de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, los hechos que puedan suponer la existencia de situaciones de absentismo escolar, de desprotecci髇 o de indicio de maltrato de personas menores de edad, y tambi閚 a colaborar para evitar y resolver estas situaciones en inter閟 de las personas menores de edad. Por ello, visto el art韈ulo 35 de esta ley, si se detectan las situaciones mencionadas, se tienen que notificar al Registro Unificado de Maltrato Infantil.

4. La Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears tiene que propiciar que, a lo largo del periodo de escolaridad obligatoria, los proyectos educativos curriculares de los centros educativos incluyan, entre otras cuestiones:

  • a) La realidad social, natural y cultural del entorno m醩 pr髕imo, y en especial, la de las Illes Balears.
  • b) La educaci髇 en valores, individualmente, que fomenten una conciencia 閠ica y moral en el alumnado y, colectivamente, en consonancia con los principios y las normas establecidos en la Constituci髇 y el Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears, as como las actuaciones tendentes a fomentar el respeto, la convivencia, la corresponsabilidad y la igualdad.
  • c) La instauraci髇 de mecanismos de resoluci髇 de conflictos, especialmente en prevenci髇 de la violencia escolar y fomento de la mediaci髇.
  • d) El desarrollo de mecanismos eficaces de integraci髇 intercultural a partir de la infancia y la adolescencia.
  • e) La incorporaci髇 del principio de igualdad de g閚ero, el respeto hacia la diversidad afectiva y sexual y la coeducaci髇 en el sistema educativo de las Illes Balears teniendo presentes las disposiciones que en materia educativa establece la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.

5. La administraci髇 educativa tiene que garantizar el derecho de las personas menores de edad infractoras a recibir la ense馻nza b醩ica obligatoria que corresponda a su edad, as como a recibir una formaci髇 educativa adecuada a sus circunstancias de conformidad con la legislaci髇 reguladora de la responsabilidad penal de las personas menores y a incentivar que puedan continuar cursando estudios superiores.

Art韈ulo 41 Derecho a la formaci髇 y acceso al empleo

1. Los poderes p鷅licos tienen que promover las acciones necesarias para evitar la explotaci髇 econ髆ica de la infancia y la adolescencia, y asegurar su protecci髇 ante el ejercicio de actividad laboral por debajo de la edad m韓ima fijada a este efecto o el desarrollo de cualquier trabajo que pueda resultar peligroso o perjudicial para la salud, o que dificulte el proceso educativo o el desarrollo integral, en el marco establecido en la legislaci髇 laboral. Asimismo, en cuanto a las personas menores de edad en edad laboral, se vigilar el cumplimiento de la normativa laboral vigente en cada momento, especialmente con respecto a las modalidades contractuales y las condiciones laborales, as como el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevenci髇 de riesgos laborales.

2. Los poderes p鷅licos tienen que promover la elaboraci髇 de programas de formaci髇 y capacitaci髇 que faciliten la inserci髇 laboral adecuada de los adolescentes que est閚 en edad laboral, seg鷑 su capacidad.

3. La consejer韆 competente en materia de empleo y formaci髇 profesional tiene que priorizar el acceso de adolescentes del sistema de protecci髇 de menores y de justicia juvenil a los programas y a los recursos de formaci髇 e inserci髇 laboral, con el apoyo a su proceso de emancipaci髇 mediante la adquisici髇 de una formaci髇 laboral y el acceso al mercado de trabajo.

Cap韙ulo VII
Servicios sociales

Art韈ulo 42 Derecho de acceso al sistema p鷅lico de servicios sociales

1. Las personas menores de edad tienen derecho a acceder al sistema p鷅lico de servicios sociales.

2. A las personas menores de edad con diversidad funcional se les tienen que proporcionar los medios y los recursos necesarios que les faciliten el m醲imo grado de integraci髇 en la sociedad que sus condiciones les permitan. Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que velar por el pleno ejercicio de este derecho, teniendo en cuenta las necesidades econ髆icas de estos ni駉s, ni馻s y personas adolescentes.

3. Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que promover los recursos y las medidas necesarias para procurar a las personas menores de edad en situaci髇 de vulnerabilidad social o exclusi髇 social, y a sus familias, un nivel b醩ico de bienestar material.

4. Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que asegurar la cobertura de las necesidades b醩icas de las personas menores de edad, de acuerdo con la Ley 5/2016, de 13 de abril, de la renta social garantizada de las Illes Balears.

Cap韙ulo VIII
Cultura, ocio, deporte y medio ambiente

Art韈ulo 43 Derecho de acceso a la cultura

Las administraciones p鷅licas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, a iniciativa propia o en colaboraci髇 con otras entidades p鷅licas o privadas, tienen que fomentar:

  • a) La realizaci髇 de actividades culturales y art韘ticas dirigidas a las personas menores de edad.
  • b) El acceso a los bienes y a los medios culturales de las Illes Balears, favoreciendo el conocimiento de sus valores, de su historia y de sus tradiciones.
  • c) El conocimiento y la participaci髇 de las personas menores de edad en la cultura y las artes, propiciando el acercamiento y la adaptaci髇 a sus diferentes etapas evolutivas.
  • d) El acceso de las personas menores de edad a los servicios de informaci髇, documentaci髇, bibliotecas y otros servicios culturales p鷅licos, incluida una sensibilizaci髇 adecuada sobre la oferta legal de ocio y cultura en Internet, as como la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Con esta finalidad se desarrollar醤 programas y/o servicios que tengan en cuenta las caracter韘ticas de la primera infancia.
  • e) El conocimiento y el uso normal de las lenguas cooficiales de las Illes Balears sin que nadie pueda ser discriminado por raz髇 del idioma.
  • f) La igualdad de oportunidades en la participaci髇 de las mujeres y los hombres en las actividades culturales y l鷇icas que tengan lugar en la comunidad aut髇oma.

Art韈ulo 44 Derecho al ocio y al deporte

1. Las personas menores de edad tienen derecho al juego, al deporte y al ocio como elementos esenciales de su desarrollo en condiciones de igualdad, tal como se馻la el art韈ulo 34 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.

2. Las administraciones p鷅licas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen la obligaci髇 de promover formas alternativas de ocio y, en especial, las que afecten a los adolescentes durante el tiempo de fines de semana y festivos.

3. No se pueden exigir derechos de retenci髇, de pr髍roga, de formaci髇, de compensaci髇 o an醠ogos para los deportistas de menos de diecis閕s a駉s entre entidades asentadas en la comunidad aut髇oma de las Illes Balears. Para los deportistas de m醩 de diecis閕s a駉s y el resto de casos, se pueden establecer estos derechos seg鷑 los criterios y los requisitos que establezca la legislaci髇 vigente en cada momento.

4. Las administraciones p鷅licas, en el marco de la planificaci髇 urban韘tica general, tienen que prever la creaci髇 de espacios de acceso libre para el juego, el ocio y el deporte de las personas menores de edad aprovechando los espacios existentes para estos usos. Las administraciones p鷅licas deber醤 prever la planificaci髇 de unos accesos seguros a estos espacios.

Art韈ulo 45 Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado

1. Cualquier persona menor de edad tiene derecho a desarrollarse en un medio ambiente saludable y no deteriorado en el territorio de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears.

2. Las administraciones p鷅licas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que promover:

  • a) La adopci髇 de las medidas adecuadas para proteger el medio ambiente, conservarlo y mejorarlo.
  • b) El respeto y el conocimiento de la naturaleza entre las personas menores de edad.
  • c) La elaboraci髇 de programas formativos, divulgativos y de concienciaci髇 sobre el reciclaje de residuos, el uso responsable de los recursos naturales y, en especial, de las energ韆s limpias.

3. Igualmente, se tiene que promover que los ni駉s, ni馻s y adolescentes conozcan y aprendan a respetar su entorno urbano y rural, y favorecer el contacto con la naturaleza y la estima por la naturaleza.

Cap韙ulo IX
Informaci髇 y publicidad

Art韈ulo 46 Derecho a la informaci髇

1. Las personas menores de edad tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la informaci髇 adecuada a su edad y madurez.

2. Los padres y madres o las personas que tengan atribuida la tutela o la guarda de las personas menores de edad y los poderes p鷅licos en el 醡bito de sus competencias tienen que velar para que la informaci髇 que reciban las personas menores de edad sea veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales.

3. Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que fomentar la producci髇 y la difusi髇 de materiales y programas informativos y formativos destinados espec韋icamente a las personas menores de edad, as como programas orientados a los padres y madres para favorecer la parentalidad positiva, salvaguardando los criterios mencionados.

Art韈ulo 47 Medios de comunicaci髇

1. Los medios de comunicaci髇 social tienen que velar para que los mensajes que dirigen a las personas menores de edad no sean contrarios a los derechos de la infancia y la adolescencia y, concretamente, no contengan elementos discriminatorios, estereotipados, sexistas, racistas, xen骹obos, pornogr醘icos o violentos, y promuevan los valores de igualdad, solidaridad, diversidad y respeto a las personas.

2. Los medios de comunicaci髇 que emitan o publiquen en el territorio de las Illes Balears tienen que tratar con especial cuidado la informaci髇 que afecte a los ni駉s, ni馻s y adolescentes y no tienen que difundir nombres, im醙enes o datos que permitan identificarles cuando aparezcan como v韈timas, testigos o inculpados en causas penales, o cuando se divulguen hechos relativos a su vida privada y que afecten a su reputaci髇 y buen nombre, para evitar, en todo caso, su estigmatizaci髇.

3. En el 醡bito de la autorregulaci髇, las autoridades y los organismos competentes tienen que impulsar, entre los medios de comunicaci髇, la generaci髇 y la supervisi髇 del cumplimiento de c骴igos de conducta destinados a salvaguardar la promoci髇 de las limitaciones y los valores mencionados, as como ofrecer espacios de formaci髇 en este sentido.

4. Los poderes p鷅licos y los prestadores tienen que fomentar el pleno disfrute de la comunicaci髇 audiovisual para los ni駉s, ni馻s y adolescentes con diversidad funcional, y el uso de buenas pr醕ticas que evite cualquier discriminaci髇 o repercusi髇 negativa hacia estas personas.

5. Los medios de comunicaci髇 tienen el deber de difundir y dar a conocer y sensibilizar a la poblaci髇 sobre la Convenci髇 de los Derechos de la Infancia.

Art韈ulo 48 Servicios de comunicaci髇 audiovisual

1. La programaci髇 de los prestadores de servicios de comunicaci髇 audiovisual cuyo titular sea cualquiera de las administraciones p鷅licas de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears u otras que est閚 sujetas a la Ley 5/2013, de 1 de octubre, audiovisual de las Illes Balears, as como los espacios de promoci髇 correspondientes, se tienen que ajustar a las reglas siguientes:

  • a) Los programas infantiles se tienen que emitir en un horario adecuado al crecimiento y al desarrollo de las personas menores de edad. Se consideran franjas horarias de audiencia infantil o de protecci髇 reforzada, en las que se tienen que incluir contenidos calificados como recomendados a menores de hasta 13 a駉s, entre las 7.00 y las 9.00 horas y entre las 17.00 y las 20.00 horas, en el caso de d韆s laborables, y entre las 9.00 y las 12.00 horas, en el caso de s醔ados, domingos y d韆s festivos de 醡bito estatal y de 醡bito auton髆ico.
  • b) En las franjas horarias de protecci髇 reforzada, los contenidos de la emisi髇 y la expresi髇 tienen que adecuarse a las necesidades derivadas del desarrollo y la formaci髇 de las personas menores de edad y hacerse compatibles.
  • c) En estas franjas horarias, no se tienen que emitir programas, escenas o mensajes que puedan perjudicar el desarrollo f韘ico o ps韖uico de las personas menores de edad, ni los que fomenten el odio, el menosprecio o la discriminaci髇 por raz髇 de cualquier circunstancia de 韓dole personal, familiar, social o por raz髇 de g閚ero, de acuerdo con el art韈ulo 16 de esta ley.
  • d) Los contenidos calificados para mayores de 13 a駉s se tienen que emitir fuera de las franjas horarias de protecci髇 reforzada y, a lo largo de la emisi髇 del programa que los incluya, se tiene que mantener el indicativo visual de la calificaci髇 por edad.
  • e) Est prohibida la emisi髇 de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo f韘ico, mental o moral de las personas menores de edad y, concretamente, la de los programas que incluyan escenas de pornograf韆, maltrato, violencia de g閚ero o violencia gratuita. Los otros contenidos que puedan resultar perjudiciales al desarrollo f韘ico, mental o moral de las personas menores de edad solo se pueden emitir en abierto entre las 22.00 y las 6.00 horas, y tienen que ir siempre precedidos de un aviso ac鷖tico y visual, seg鷑 los criterios que fije la autoridad audiovisual competente. El indicador visual se tiene que mantener a lo largo de todo el programa en el cual se incluyan los contenidos mencionados. Cuando este tipo de contenidos se emita mediante un sistema de acceso condicional, los prestadores del servicio de comunicaci髇 audiovisual tienen que incorporar sistemas de control parental.
  • f) Los programas dedicados a juegos de azar y apuestas s髄o se pueden emitir entre la 1.00 y las 5.00 horas, y los relacionados con el esoterismo y la paraciencia, entre las 22.00 y las 6.00 horas. En todo caso, los prestadores del servicio de comunicaci髇 audiovisual tienen responsabilidad subsidiaria sobre los fraudes que se puedan producir a trav閟 de estos programas. Quedan exceptuados de estas restricciones horarias los sorteos de las modalidades y de los productos de juego con finalidad p鷅lica.
  • g) Todos los prestadores de servicios de comunicaci髇 audiovisual televisiva, incluidos los que son "a petici髇, tienen que utilizar, para la clasificaci髇 por edades de los contenidos, una codificaci髇 digital que permita el ejercicio del control parental. Los sistemas de codificaci髇 tienen que estar homologados por la consejer韆 competente en materia audiovisual.

2. Los servicios de comunicaci髇 audiovisual de las Illes Balears tienen que tratar con especial cuidado la informaci髇 que afecte a las personas menores de edad. La imagen y la voz de las personas menores de edad no pueden ser utilizadas sin su consentimiento y el de su representante legal, de acuerdo con la normativa vigente. En todo caso, est prohibida la difusi髇 de sus nombres, im醙enes o datos que permitan su identificaci髇 cuando aparezcan como v韈timas, testigos o inculpados en causas penales, o cuando se divulguen hechos relativos a su vida privada y que afecten a su reputaci髇 y buen nombre, para evitar, en todo caso, su estigmatizaci髇.

Art韈ulo 49 Publicidad

La publicidad, en cualquier tipo o medio de comunicaci髇, dirigida a las personas menores de edad que se divulgue en el territorio de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears se tiene que someter a los l韒ites que reglamentariamente se establezcan, atendiendo especialmente a los siguientes principios:

  • a) Hay que adaptar el lenguaje y los mensajes a los niveles de desarrollo de los colectivos de ni駉s, ni馻s y adolescentes a los que se dirijan.
  • b) Las representaciones de objetos tienen que reflejar la realidad en cuanto al formato, los movimientos y el resto de atributos.
  • c) Los mensajes no pueden establecer diferencias o discriminaciones por raz髇 del consumo del objeto anunciado.
  • d) Los anuncios tienen que indicar el precio del objeto anunciado de acuerdo con la legislaci髇 vigente.
  • e) No se puede formular una promesa de entrega de bienes o servicios que impliquen el cumplimiento de condiciones no expresadas expl韈itamente.
  • f) Se tiene que evitar difundir ideas de inferioridad o superioridad de cualquier sexo, raza u origen 閠nico, de acuerdo con el art韈ulo 16 de esta ley.

Art韈ulo 50 Publicidad audiovisual

1. En los horarios de protecci髇 a la persona menor de edad, la publicidad que emitan los prestadores de servicios de comunicaci髇 audiovisual cuyo titular sea cualquiera de las administraciones p鷅licas de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears u otras que est閚 sujetas a la Ley 5/2013, no puede contener comunicaciones comerciales que puedan perjudicar moral o f韘icamente a las personas menores y tiene que respetar las siguientes prohibiciones:

  • a) No puede incitar a las personas menores de edad a comprar un producto o servicio explotando su inexperiencia, ni persuadir a los padres y madres o las personas que tengan atribuida su tutela o guarda para que lo hagan.
  • b) No puede promover el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen, con la inserci髇 de productos para adelgazar, intervenciones quir鷕gicas o tratamientos de est閠ica, que recurran al rechazo social por la imagen f韘ica o al 閤ito por factores de peso o est閠ica.
  • c) No puede presentar, sin causa justificada, a los ni駉s, ni馻s y adolescentes en situaciones peligrosas o que atenten contra su integridad.
  • d) En ning鷑 caso, tiene que explotar la confianza especial de las personas menores de edad en sus padres y madres, en el profesorado o en otras personas.

2. Cuando se lleve a cabo el servicio de comunicaci髇 audiovisual mediante un cat醠ogo de programas, los prestadores tienen que elaborar cat醠ogos separados para los contenidos que puedan perjudicar seriamente el desarrollo f韘ico, mental o moral de las personas menores de edad. A este efecto, los prestadores tienen que establecer dispositivos, programas o mecanismos eficaces, actualizables y f醕iles de utilizar, que permitan el control parental por medio del bloqueo de los contenidos perjudiciales para las personas menores de edad, de manera que no puedan acceder a los contenidos que no se dirijan a ellos.

3. Las personas menores de edad tienen derecho a que los prestadores del servicio de comunicaci髇 audiovisual desarrollen c骴igos de conducta relativos a la comunicaci髇 comercial audiovisual inadecuada, que se incluya en los programas infantiles, sobre alimentos y bebidas que contengan nutrientes y sustancias cuya ingesta excesiva no sea recomendable en la dieta total.

4. Queda prohibida la publicidad indirecta, no diferenciada o encubierta durante la emisi髇 de programas dirigidos a personas menores de edad.

Art韈ulo 51 Publicidad en la que participan la infancia y la adolescencia

La utilizaci髇 de personas menores de edad en anuncios publicitarios se tiene que someter a los siguientes principios:

  • a) Cualquier escenificaci髇 publicitaria en la que participen personas menores de edad tiene que evitar mensajes que inciten el consumo compulsivo.
  • b) No se permite la utilizaci髇 de personas menores de edad para anunciar productos, bienes y servicios que les est閚 prohibidos.
  • c) La utilizaci髇 de la imagen de menores de edad no tiene que atentar contra su dignidad como personas ni contra los derechos que les reconoce el ordenamiento jur韉ico vigente.

Art韈ulo 52 Prohibiciones y limitaciones

1. Queda prohibido vender, alquilar, exhibir y ofrecer a las personas menores de edad publicaciones, v韉eos, videojuegos o cualquier otro material audiovisual de contenido pornogr醘ico, de apolog韆 de cualquier forma de delincuencia, de exaltaci髇 de la violencia o que la inciten, de explotaci髇 en las relaciones interpersonales, que reflejen un trato degradante, sexista o discriminatorio hacia las personas con diversidad funcional, contrarios a los derechos reconocidos por el ordenamiento jur韉ico o que resulten perjudiciales para el desarrollo de su personalidad, y tambi閚 emitirlos o proyectarlos en locales o espect醕ulos donde est permitida la asistencia de menores de edad, y difundirlos por cualquier medio entre ni駉s, ni馻s y adolescentes.

2. En todo caso, sin perjuicio de otros sujetos legitimados, corresponde al Ministerio Fiscal y a las administraciones p鷅licas competentes en materia de protecci髇 de menores el ejercicio de las acciones de cese y rectificaci髇 de publicidad il韈ita.

Cap韙ulo X
Establecimientos y espect醕ulos p鷅licos

Art韈ulo 53 Establecimientos y espect醕ulos p鷅licos

1. Se proh韇e la entrada y la permanencia de personas menores de edad en los establecimientos, locales o recintos siguientes:

  • a) Aquellos en los que tengan lugar actividades o espect醕ulos violentos, pornogr醘icos, de maltrato animal o de contenido perjudicial para el desarrollo correcto de su personalidad.
  • b) Casinos de juego, salas de bingo, salas de juego y locales de apuestas de acuerdo con la legislaci髇 o la reglamentaci髇 espec韋ica del juego y de las apuestas.
  • c) Los dedicados exclusivamente a la venta y el suministro de bebidas alcoh髄icas, en los casos y con el alcance que establece la legislaci髇 espec韋ica sobre esta materia.
  • d) Aquellos en los que tengan lugar competiciones o espect醕ulos deportivos cuyo reglamento prevea la producci髇 de da駉s f韘icos para cualquiera de los participantes, cuya pr醕tica queda, asimismo, prohibida a las personas menores de edad.
  • e) Cualquier otro que determine la normativa espec韋ica en la materia.

2. Se proh韇e la participaci髇 activa de personas menores de edad en espect醕ulos y festejos p鷅licos que comporten situaciones de peligro que tengan que asumir consciente y voluntariamente los intervinientes.

3. La intervenci髇 de artistas menores de edad en espect醕ulos destinados al p鷅lico se tiene que someter a las condiciones y a los permisos que establezca la normativa laboral, en materia educativa y sanitaria, sin perjuicio de la salvaguardia de los derechos que reconoce esta ley.

4. La entrada y la permanencia de menores de edad en salas de fiesta, discotecas, salas de baile y salas de juventud tienen que ser conformes a la legislaci髇 o la reglamentaci髇 espec韋ica de espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas.

Cap韙ulo XI
Consumo

Art韈ulo 54 Protecci髇 en materia de consumo

Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que velar para que los derechos y los intereses de los ni駉s, ni馻s y adolescentes, como consumidores con caracter韘ticas y necesidades espec韋icas, disfruten de una defensa y una protecci髇 especiales.

Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears tienen que promover acciones para que las personas menores de edad tengan informaci髇 sobre el significado de consumo responsable.

Art韈ulo 55 Informaci髇 en materia de consumo

1. Los productos o los servicios cuyos destinatarios sean las personas menores de edad tienen que ir provistos de la informaci髇 establecida legalmente.

2. En ning鷑 caso, estos productos o servicios pueden inducir a enga駉, error o confusi髇 en cuanto al origen, las caracter韘ticas f韘icas, las prestaciones, el uso, el movimiento, el resto de atributos y la manera de usarlos.

3. Los productos y los servicios destinados a los ni駉s, ni馻s y adolescentes no tienen que implicar riesgos para su salud y seguridad, salvo los que la normativa general aplicable determina como admisibles en condiciones de utilizaci髇 normales y previsibles.

4. Reglamentariamente, se pueden establecer limitaciones a las promociones de venta destinadas a los ni駉s, ni馻s y adolescentes.

5. Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que controlar las pr醕ticas comerciales que manipulen los ni駉s, ni馻s y adolescentes para la venta encubierta o enga駉sa de art韈ulos de consumo.

6. Las administraciones p鷅licas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que promover la formaci髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes en la etapa escolar, para favorecer h醔itos de consumo responsable y los conocimientos necesarios para la defensa de sus derechos como consumidores.

Art韈ulo 56 Acceso a las bebidas alcoh髄icas y al tabaco

1. Las personas menores de edad tienen prohibido el acceso a las bebidas alcoh髄icas y al tabaco de acuerdo con la normativa espec韋ica en esta materia.

2. Se proh韇e consumir, vender o suministrar estos productos en los centros de educaci髇, en las instalaciones destinadas a actividades para las personas menores de edad y en los lugares que establece la legislaci髇 espec韋ica. Esta prohibici髇 tiene que constar en lugares visibles.

Art韈ulo 57 Acceso a otros productos o servicios perjudiciales para la salud

Se proh韇e vender o suministrar a ni駉s, ni馻s y adolescentes cualquier producto diferente de los mencionados en el art韈ulo anterior que pueda causar dependencia f韘ica o ps韖uica, aunque sea por un uso inadecuado, o que produzca efectos perjudiciales para su salud o para el libre desarrollo de su personalidad.

Art韈ulo 58 Derecho a la alimentaci髇 saludable

1. Los poderes p鷅licos tienen que favorecer la consolidaci髇 del derecho a una alimentaci髇 saludable, y propiciar que las decisiones sobre alimentaci髇 y nutrici髇 se basen en criterios cient韋icos.

2. Igualmente, queda reconocido el derecho a la lactancia materna.

3. Los poderes p鷅licos tienen que garantizar la promoci髇 de la alimentaci髇 saludable en los establecimientos sanitarios e instaurar programas formativos relativos a sus beneficios, dirigidos tanto a los profesionales sanitarios como a la poblaci髇 en general.

4. Los poderes p鷅licos tienen que prestar especial atenci髇 a los trastornos alimenticios que padece o puede padecer la poblaci髇 m醩 joven, potenciando mecanismos de prevenci髇 y tratamiento efectivos.

Art韈ulo 59 Prevenci髇 de las consecuencias asociadas al consumo de drogas y a otros comportamientos adictivos

Corresponde a las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, en el 醡bito de sus respectivas competencias, llevar a cabo actuaciones y poner en marcha, desarrollar y ofrecer programas de informaci髇 y educaci髇 y de promoci髇 de la salud sanitaria de la poblaci髇, sobre las substancias y los comportamientos adictivos que puedan generar dependencia, e impulsar programas de prevenci髇 y atenci髇 de las adicciones de la drogodependencia.

Cap韙ulo XII
Internet y nuevas tecnolog韆s

Art韈ulo 60 Informaci髇 digital

1. Las personas menores de edad tienen derecho al uso de Internet y de las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇 (TIC) de una manera adecuada a su desarrollo.

2. Los padres y madres o las personas que tengan atribuida la tutela o la guarda de las personas menores de edad, los responsables de la educaci髇 y los poderes p鷅licos en el 醡bito de sus competencias tienen que velar para que los ni駉s, ni馻s y adolescentes hagan un buen uso de Internet y de las TIC de acuerdo con los principios constitucionales y los derechos que recoge esta ley.

3. Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que llevar a cabo las actuaciones siguientes:

  • a) Fomentar la participaci髇 y el conocimiento de la cultura de Internet y de las TIC mediante programas informativos y formativos destinados a los padres y madres, las personas que tengan atribuida la tutela o la guarda de las personas menores de edad, los responsables de la educaci髇 y, especialmente, los ni駉s, ni馻s y adolescentes.
  • b) Fomentar, mediante medidas de sensibilizaci髇 social, el uso responsable y esmerado de la red entre los ni駉s, ni馻s y adolescentes.
  • c) Hacer tomar conciencia a la sociedad de las posibilidades y los peligros del uso de Internet y de las TIC por parte de los ni駉s, ni馻s y adolescentes.
  • d) Fomentar la colaboraci髇 de entidades, tanto de car醕ter p鷅lico como privado, en la promoci髇 de la seguridad en la red.
  • e) Procurar herramientas y recomendaciones que ayuden a fomentar el uso seguro y responsable de Internet y de las TIC.

4. En los establecimientos en que se ofrezcan servicios telem醫icos, se tienen que instalar los medios t閏nicos de contenido necesarios para limitar el acceso de los ni駉s, ni馻s y adolescentes a las p醙inas cuyo contenido resulte perjudicial para el desarrollo de su personalidad.

Cap韙ulo XIII
Datos de car醕ter personal

Art韈ulo 61 Derecho de los ni駉s, ni馻s y adolescentes

1. En todo caso, los datos de car醕ter personal de los ni駉s, ni馻s y adolescentes se tienen que tratar de acuerdo con lo que dispone la legislaci髇 vigente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal, las disposiciones que la desarrollan y tambi閚 el resto de disposiciones espec韋icas aprobadas por el Gobierno de las Illes Balears que sean aplicables, y es exigible la implantaci髇 de las medidas de seguridad y de responsabilidad activa que prev la normativa mencionada.

2. Las administraciones p鷅licas tienen que promover la sensibilizaci髇 de la sociedad y la comprensi髇 de los riesgos, las normas, las garant韆s y los derechos en relaci髇 con el tratamiento de datos de car醕ter personal. Primordialmente, las actividades dirigidas espec韋icamente a los ni駉s, ni馻s y adolescentes tienen que ser objeto de especial atenci髇.

Art韈ulo 62 Consentimiento para el tratamiento

1. El tratamiento de los datos personales de las personas menores de edad, as como la obtenci髇 de su consentimiento, se tiene que hacer de acuerdo con la normativa de protecci髇 de datos, excepto en los casos en los que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o la tutela para efectuar el acto o el negocio jur韉ico en cuyo contexto se recoja el consentimiento para el tratamiento.

2. En ning鷑 caso, se pueden solicitar datos de una persona menor de edad que permitan obtener informaci髇 sobre otros miembros del grupo familiar o sobre las caracter韘ticas del mismo grupo, como datos relativos a la actividad profesional de los padres y madres, informaci髇 econ髆ica, datos sociol骻icos o cualesquiera otros, sin el consentimiento de los titulares de estos datos. No obstante, se pueden solicitar los datos de identidad y direcci髇 del padre, madre o persona que ejerza la tutela o la guarda de la persona menor de edad con la 鷑ica finalidad de obtener la autorizaci髇 que corresponda.

3. Cuando el tratamiento se refiera a datos de menores de edad, la informaci髇 que se les dirija se tiene que expresar en un lenguaje que les sea f醕ilmente comprensible, con la indicaci髇 expresa de lo que dispone este art韈ulo.

4. Corresponde al responsable del fichero o del tratamiento establecer los procedimientos que garanticen que se ha comprobado de manera efectiva la edad de la persona menor de edad y la autenticidad del consentimiento prestado, en su caso, por sus padres y madres o las personas que ejerzan su tutela o representaci髇 legal.

Art韈ulo 63 Tratamiento de datos

1. Para el cumplimiento de las finalidades que dispone el t韙ulo IV de esta ley, las administraciones p鷅licas competentes, sin el consentimiento de la persona interesada, pueden recoger y tratar los datos necesarios para valorar la situaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente, incluidos tanto los relativos a la persona menor de edad como los relacionados con su entorno familiar o social. Los profesionales, las entidades p鷅licas y privadas y, en general, cualquier persona tienen que facilitar a las administraciones p鷅licas los informes y los antecedentes sobre las personas menores y sus padres y madres o las personas que ejerzan su tutela o representaci髇 legal que se les requieran, porque son necesarios para esta finalidad, para lo cual no se necesita el consentimiento de la persona afectada.

2. Las entidades a que se refiere el art韈ulo 95 de esta ley pueden tratar, sin el consentimiento de la persona interesada, la informaci髇 imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones que establece el precepto mencionado, con la 鷑ica finalidad de poner los datos en conocimiento de las administraciones p鷅licas competentes o del Ministerio Fiscal.

3. Los datos solicitados por las administraciones p鷅licas se pueden utilizar 鷑ica y exclusivamente para la adopci髇 de las medidas de protecci髇 que establece esta ley, atendiendo en todo caso a la garant韆 del inter閟 superior de la persona menor de edad, y s髄o se pueden comunicar a las administraciones p鷅licas que tengan que adoptar las resoluciones correspondientes, al Ministerio Fiscal y a los 髍ganos judiciales.

4. Los datos tambi閚 se pueden ceder al Ministerio Fiscal sin el consentimiento de la persona interesada, el cual las tiene que tratar para el ejercicio de las funciones que establecen esta ley y la normativa aplicable.

5. Para el cumplimiento de las finalidades que prev el t韙ulo V de esta ley, los datos relativos a personas menores de edad con expediente de ejecuci髇 de medidas por responsabilidad penal se tienen que tratar de acuerdo con el art韈ulo 48 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y el art韈ulo 12 del Real decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Org醤ica 5/2000, as como su normativa de desarrollo.

Cap韙ulo XIV
Deberes del ni駉, ni馻 y adolescente

Art韈ulo 64 Deberes de los ni駉s, ni馻s y adolescentes

1. Los ni駉s, ni馻s y adolescentes, adem醩 de las obligaciones que la legislaci髇 civil impone a las personas menores de edad hacia sus padres y madres o las personas que tengan atribuida su tutela o guarda, y de acuerdo con su edad y madurez, tienen que asumir y cumplir los deberes, las obligaciones y las responsabilidades inherentes o consecuentes a la titularidad y al ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en todos los 醡bitos de la vida, tanto familiar y escolar como social.

2. Los poderes p鷅licos tienen que promover la realizaci髇 de acciones dirigidas a fomentar el conocimiento y el cumplimiento de los deberes y las responsabilidades en condiciones de igualdad, no discriminaci髇 y accesibilidad universal; de manera que eso les posibilite un disfrute m醩 eficaz y facilite, a su vez, el pleno ejercicio a los otros ni駉s, ni馻s y adolescentes.

Art韈ulo 65 Deberes relativos al 醡bito familiar

1. Los ni駉s, ni馻s y adolescentes tienen que participar en la vida familiar y respetar a sus padres y madres, hermanos y hermanas y otros familiares.

2. Los ni駉s, ni馻s y adolescentes tienen que participar y se tienen que corresponsabilizar en el cuidado del hogar y en la realizaci髇 de las tareas dom閟ticas de acuerdo con su edad, su nivel de autonom韆 personal y su capacidad, independientemente de su sexo, para contribuir al bienestar familiar.

Art韈ulo 66 Deberes relativos al 醡bito escolar

1. Los ni駉s, ni馻s y adolescentes tienen que respetar las normas de convivencia de los centros educativos, estudiar durante las etapas de ense馻nza obligatoria y tener una actitud positiva de aprendizaje durante todo el proceso formativo.

2. Los ni駉s, ni馻s y adolescentes tienen que respetar a los profesores y otros empleados de los centros escolares, as como al resto de los compa馿ros, y evitar situaciones de conflicto y acoso escolar en cualquiera de sus formas, incluido el ciberacoso.

3. A trav閟 del sistema educativo, se tiene que implantar el conocimiento que tienen que tener de sus derechos y deberes como ciudadanos, incluidos los que se generen como consecuencia de la utilizaci髇 en el entorno docente de las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇.

Art韈ulo 67 Deberes relativos al 醡bito social

1. Los ni駉s, ni馻s y adolescentes tienen que mantener un comportamiento c韛ico de acuerdo con las exigencias de convivencia de la sociedad, basadas en la tolerancia y en el respecto a las personas con las que se relacionan y al entorno en el que se desarrollan.

2. Los deberes sociales de los ni駉s, ni馻s y adolescentes incluyen, concretamente:

  • a) Respetar la dignidad, la integridad y la intimidad de todas las personas con las que se relacionen, independientemente de su edad, nacionalidad, origen racial o 閠nico, religi髇, sexo, orientaci髇 e identidad sexual, diversidad funcional, caracter韘ticas f韘icas o sociales o pertenencia a determinados grupos sociales, o cualquier otra circunstancia personal o social.
  • b) Respetar las leyes y las normas que les sean aplicables y los derechos y las libertades fundamentales de las otras personas, y asumir una actitud responsable y constructiva en la sociedad.
  • c) Conservar y hacer un buen uso de los recursos y las instalaciones y los equipamientos p鷅licos o privados, mobiliario urbano y cualesquiera otros en los que ejerzan su actividad.
  • d) Respetar y conocer el medio ambiente y los animales, y colaborar en su conservaci髇 y mejora en el marco de un desarrollo sostenible.
  • e) Respetar la privacidad digital de las personas y hacer un buen uso de Internet y de las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇.

T蚑ULO III
COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES P贐LICAS DE LAS ILLES BALEARS

Cap韙ulo I
Administraciones p鷅licas competentes

Art韈ulo 68 Administraciones p鷅licas competentes de las Illes Balears

1. Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears con competencias en materia de infancia y adolescencia son:

  • a) El Gobierno de las Illes Balears.
  • b) Los consejos insulares.
  • c) Los ayuntamientos de las Illes Balears.

2. Las administraciones territoriales mencionadas en el apartado anterior pueden actuar a trav閟 de los organismos p鷅licos y las entidades de derecho p鷅lico vinculados o dependientes para gestionar las pol韙icas, los programas y las acciones en materia de infancia y adolescencia.

Cap韙ulo II
Gobierno de la comunidad aut髇oma

Art韈ulo 69 Gobierno de las Illes Balears

1. Corresponden a la comunidad aut髇oma de las Illes Balears las competencias en servicios sociales, educaci髇, salud, juventud y deportes que recoge el Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears, de las que servicios sociales, juventud y deportes son competencias propias de los consejos insulares.

2. En materia de servicios sociales, corresponden al Gobierno de las Illes Balears las funciones siguientes:

  • a) Adoptar las iniciativas de la potestad legislativa en materia de infancia y adolescencia y llevar a cabo el desarrollo normativo para establecer los principios generales sobre la materia que aseguren el equilibrio y la cohesi髇 territorial entre todas las islas y para garantizar la coordinaci髇 de la actividad de los consejos insulares en todo aquello que pueda afectar a los intereses de la comunidad aut髇oma.
  • b) Aprobar, con la colaboraci髇 de los consejos insulares, los planes estrat間icos de atenci髇 a la infancia y la adolescencia de 醡bito auton髆ico.
  • c) Llevar a cabo la atenci髇 temprana, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes educativas y siguiendo los principios de normalizaci髇 e inclusi髇 dentro del sistema educativo.
  • d) Establecer los criterios y los est醤dares m韓imos de cobertura, calidad y accesibilidad en aplicaci髇 de esta ley en todo el territorio de la comunidad aut髇oma.
  • e) Establecer los criterios y las f髍mulas de coordinaci髇 general y transversal entre departamentos del Gobierno de les Illes Balears cuando sea necesario para la mejor gesti髇 y eficacia de la pol韙ica en materia de atenci髇 a la infancia y la adolescencia.
  • f) Ejercer las acciones legales pertinentes en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia de acuerdo con el ordenamiento jur韉ico vigente en cada momento.
  • g) Emitir los informes relativos a los programas de desplazamiento temporal de personas menores de edad extranjeras que se encuentren en una situaci髇 de dificultad social o m閐ica especial, o bien en un entorno social y familiar que dificulte gravemente su desarrollo integral y bienestar, para que puedan disfrutar de un periodo de vacaciones, recibir un tratamiento m閐ico o permanecer con finalidades de escolarizaci髇 en la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, todo ello de acuerdo con la legislaci髇 estatal en materia de extranjer韆.

Art韈ulo 70 Prioridad presupuestaria

Los poderes p鷅licos, en el 醡bito de sus competencias, tienen que dar prioridad en sus presupuestos a las actividades de atenci髇, formaci髇, promoci髇, reinserci髇, protecci髇, integraci髇, ocio y prevenci髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes.

Art韈ulo 71 Competencias del Gobierno de las Illes Balears en el 醡bito de la protecci髇 de la infancia y la adolescencia

En el 醡bito de la protecci髇 de la infancia y la adolescencia, corresponden al Gobierno de les Illes Balears las competencias siguientes:

  • a) El establecimiento de los principios generales en el 醡bito de la protecci髇 de la infancia y la adolescencia para facilitar la coherencia y la homogeneidad de las actuaciones para la consecuci髇 de un resultado com鷑.
  • b) La gesti髇 de las estad韘ticas auton髆icas.
  • c) El estudio, la investigaci髇, las publicaciones, los congresos, los planes de formaci髇 de los profesionales y los planes de promoci髇 y protecci髇 de la infancia y la adolescencia y de sus derechos, de 醡bito interinsular.
  • d) La elaboraci髇 de programas experimentales en el 醡bito de la infancia y la adolescencia y, en especial, para evaluar el 閤ito de nuevas metodolog韆s y estrategias de intervenci髇 que permitan dar una mejor respuesta a estos desaf韔s y a las nuevas necesidades en la atenci髇 de este sector de la poblaci髇.
  • e) La creaci髇, el mantenimiento y la gesti髇 de equipamientos y programas de 醡bito interinsular.
  • f) La representaci髇 y las relaciones con la Administraci髇 General del Estado, con otras comunidades aut髇omas y con organismos internacionales, as como el desarrollo de programas de cooperaci髇 con los entes mencionados en el marco del ordenamiento jur韉ico vigente.
  • g) La gesti髇 del Registro Unificado de Maltrato Infantil en el 醡bito de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears.
  • h) El resto de competencias que le atribuyan expresamente esta ley y otras.

Art韈ulo 72 Potestades en aplicaci髇 de las medidas judiciales sobre personas menores de edad infractoras

1. El Gobierno de la comunidad aut髇oma, a trav閟 de la consejer韆 competente en materia de personas menores de edad, es la entidad p鷅lica competente para la ejecuci髇 de las medidas judiciales impuestas a las personas menores de edad en el marco de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, de la responsabilidad penal de los menores, modificada por la Ley 8/2006, de 21 de diciembre.

2. Como entidad p鷅lica competente para la ejecuci髇 de las medidas judiciales impuestas a las personas menores de edad, el Gobierno de la comunidad aut髇oma tiene atribuidas todas las funciones que la legislaci髇 reguladora de la responsabilidad penal de las personas menores de edad le otorga y, concretamente:

  • a) La ejecuci髇 material de las medidas adoptadas por los jueces de menores en sus resoluciones.
  • b) La provisi髇 de los recursos materiales y personales necesarios para la ejecuci髇 de medidas judiciales impuestas, sin perjuicio de poder solicitar la colaboraci髇 de otras administraciones.
  • c) La creaci髇, la direcci髇, la organizaci髇, la gesti髇, la inspecci髇 y el control de los servicios, de las instituciones y de los programas necesarios para garantizar la ejecuci髇 correcta de las medidas que prev la legislaci髇 aplicable.
  • d) La autorizaci髇, el registro, la homologaci髇, la inspecci髇 y la evaluaci髇 de los servicios y centros con los que formalice convenios o acuerdos para la aplicaci髇 de las medidas judiciales.
  • e) La comunicaci髇 al Ministerio Fiscal y al juez o jueza de menores de la ejecuci髇 de las medidas judiciales y extrajudiciales impuestas y del seguimiento de estas medidas.
  • f) La planificaci髇, la elaboraci髇 y la evaluaci髇 de los programas de actuaci髇 en esta materia.
  • g) La sensibilizaci髇 de la opini髇 p鷅lica mediante la organizaci髇 de campa馻s de divulgaci髇 en defensa de la atenci髇 y de los derechos y los deberes de las personas menores de edad que hayan cometido alguna infracci髇 penal, a efectos de su reinserci髇 social, con sujeci髇 a la normativa vigente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal y el resto de normativa vigente en materia de personas menores de edad.

3. Con relaci髇 a la cooperaci髇 y la colaboraci髇 con las otras administraciones con competencias sobre la materia, es aplicable lo que disponen los art韈ulos 73.4 y 75.2 de esta ley.

V閍se D [BALEARES] 10/2020, 14 febrero, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y organizaci髇 de los centros socioeducativos espec韋icos del sistema de justicia juvenil para el cumplimiento de las medidas privativas de libertad en las Illes Balears (獴.O.I.B. 15 febrero).LE0000659933_20200216Ir a Norma

Cap韙ulo III
Consejos insulares

Art韈ulo 73 Competencias de los consejos insulares

1. Corresponden a los consejos insulares, como instituciones de gobierno de cada isla, de acuerdo con el art韈ulo 70 del Estatuto de Autonom韆 y sin perjuicio de otras competencias que el ordenamiento jur韉ico vigente les atribuya, la condici髇 de entidad p鷅lica competente en materia de protecci髇 de acuerdo con lo establecido en la Ley 8/1997, de 18 de diciembre, de atribuci髇 de competencias a los consejos insulares en materia de tutela, acogimiento y adopci髇 de menores, y, espec韋icamente, las competencias siguientes:

  • a) Llevar a cabo, en el 醡bito territorial respectivo, todas las actuaciones materiales, t閏nicas y jur韉icas en declaraci髇 de riesgo previstas en el ordenamiento jur韉ico vigente que no correspondan o no se hayan atribuido a otras administraciones.
    LE0000656943_20210101Ir a Norma modificadoraLetra a) del n鷐ero 1 del art韈ulo 73 redactada por el n鷐ero 1 de la disposici髇 final decimoprimera de la Ley [BALEARES] 19/2019, 30 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears para el a駉 2020 (獴.O.I.B. 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2020
  • b) Llevar a cabo las actuaciones de protecci髇 sobre el ejercicio adecuado de la patria potestad o de la tutela y la guarda sobre los ni駉s, ni馻s y adolescentes, en concurrencia con otras administraciones.
  • c) Atender de manera inmediata a los ni駉s, ni馻s y adolescentes en situaci髇 de desamparo, y llevar a cabo las actuaciones protectoras jur韉icas y materiales inmediatas que correspondan.
  • d) Llevar a cabo, en su 醡bito territorial respectivo, todas las actuaciones materiales, t閏nicas y jur韉icas en situaciones de desamparo previstas en el t韙ulo IV de esta ley y en el resto del ordenamiento jur韉ico vigente.
  • e) Coordinar las diferentes administraciones locales en casos de situaci髇 de riesgo.
  • f) Asumir a la guarda de los ni駉s, ni馻s y adolescentes de acuerdo con lo que establecen los preceptos de esta ley, el art韈ulo 172 bis del C骴igo Civil y el art韈ulo 19 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de protecci髇 jur韉ica del menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de enjuiciamiento civil.
  • g) Asumir y ejercer la tutela de los ni駉s, ni馻s y adolescentes desamparados, de acuerdo con lo que establecen esta ley y el resto del ordenamiento jur韉ico , y llevar a cabo las actuaciones que se deriven.
  • h) Llevar a cabo todas las actuaciones materiales, t閏nicas y jur韉icas que, en materia de adopci髇 de personas menores de edad, les encomiendan el t韙ulo IV de esta ley y el resto del ordenamiento jur韉ico vigente.
  • i) Defender las medidas adoptadas en el ejercicio de la protecci髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes (guarda, tutela, delegaci髇 con fines de adopci髇, acogimientos y propuesta de adopci髇, entre otros) ante el juzgado de primera instancia competente y ante el resto de instancias judiciales, mediante sus servicios y de acuerdo con la legislaci髇 procesal vigente.
  • j) Llevar a cabo la acreditaci髇, la habilitaci髇, la inspecci髇, la suspensi髇 y la revocaci髇 de la habilitaci髇 de las entidades colaboradoras en materia de guarda de personas menores de edad, en su 醡bito del territorio respectivo.
  • k) Regular los requisitos materiales, funcionales y de personal de los servicios y centros que presten servicios a las personas menores de edad sometidas a una medida de protecci髇 jur韉ica de la entidad p鷅lica correspondiente.
  • l) Llevar a cabo la acreditaci髇, la habilitaci髇, la inspecci髇 y la supervisi髇 de los servicios y centros que presten servicios a las personas menores de edad sometidas a una medida de protecci髇 jur韉ica de la entidad p鷅lica correspondiente.
  • m) Ejercer las facultades, las funciones y las obligaciones que la legislaci髇 b醩ica del Estado les atribuye con respecto a los organismos acreditados para la adopci髇 internacional.
  • n) Planificar las actuaciones y los servicios dirigidos a las personas menores de edad en el 醡bito de su respectiva competencia.
  • o) Aprobar planes espec韋icos de protecci髇 para ni駉s y ni馻s de menos de seis a駉s en los que se recojan medidas concretas de fomento del acogimiento familiar de estos ni駉s y ni馻s.
  • p) Conceder, gestionar y tramitar las prestaciones econ髆icas incluidas en las competencias propias en materia de protecci髇 jur韉ica de las personas menores de edad que les correspondan.
  • q) Llevar a cabo el resto de actuaciones, funciones y obligaciones que les encomiendan esta ley y el resto del ordenamiento jur韉ico en calidad de entidad p鷅lica competente en materia de protecci髇 jur韉ica de las personas menores de edad.

2. En el ejercicio de las competencias propias, los consejos insulares tienen la potestad reglamentaria, independientemente que el Gobierno de las Illes Balears pueda establecer los principios generales sobre la materia que aseguren el equilibrio y la cohesi髇 territorial entre todas las islas.

3. En el ejercicio de las actuaciones protectoras, los consejos insulares se tienen que ajustar a la Ley Org醤ica 1/1996, a los convenios internacionales en la materia suscritos por Espa馻 y a la legislaci髇 sectorial auton髆ica o estatal que les sea aplicable.

4. Los consejos insulares, en el 醡bito territorial de su competencia, para la aplicaci髇 de esta ley y con respecto a la atenci髇 socioeducativa a personas menores de edad infractoras, tienen que colaborar con la administraci髇 auton髆ica en la aplicaci髇 de medidas judiciales cuando las personas menores de edad est閚 sujetas a una actuaci髇 de protecci髇 o cuando las circunstancias aconsejen la intervenci髇 de los servicios de protecci髇.

Art韈ulo 74 Consejo Insular de Formentera

En la isla de Formentera, las competencias a que se refieren los art韈ulos 73 y 75 de esta ley se tienen que ejercer teniendo en cuenta su singularidad jur韉ica y administrativa.

Cap韙ulo IV
Ayuntamientos

Art韈ulo 75 Competencias de los ayuntamientos

1. Sin perjuicio de otras competencias que el ordenamiento jur韉ico vigente les atribuya, especialmente la legislaci髇 reguladora de las bases del r間imen local y la legislaci髇 auton髆ica de servicios sociales, corresponde a los ayuntamientos, individualmente o agrupados en mancomunidades, como entidades administrativas m醩 pr髕imas a los ciudadanos:

  • a) Asumir la responsabilidad m醩 inmediata sobre el bienestar de los ni駉s, ni馻s y adolescentes y la promoci髇 de todas las acciones que favorezcan el desarrollo de la comunidad local y, muy especialmente, de sus miembros m醩 j髒enes, y procurar garantizarles el ejercicio de sus derechos, ofreci閚doles la protecci髇 adecuada y ejerciendo una acci髇 preventiva eficaz mediante programas espec韋icos.
  • b) Prestar la atenci髇 inmediata que necesite cualquier persona menor de edad, y llevar a cabo las actuaciones pertinentes para garantizar sus derechos, si corresponden al 醡bito de competencias respectivo, o poner los hechos en conocimiento de los representantes legales de las personas menores de edad o, si corresponde, de la entidad p鷅lica y del Ministerio Fiscal.
  • c) Sensibilizar a la opini髇 p鷅lica mediante la organizaci髇 de campa馻s de divulgaci髇 y la promoci髇 de medidas positivas en el 醡bito comunitario en defensa de los derechos de las personas menores de edad.
  • d) Fomentar, en su respectivo territorio, la iniciativa social, la participaci髇 ciudadana y el voluntariado de las personas menores de edad y de la poblaci髇 en general en relaci髇 con todas las actuaciones que regula esta ley.
  • e) Gestionar los servicios, los programas y los centros que se consideren necesarios para la atenci髇 de las personas menores de edad en situaci髇 de vulnerabilidad social.
  • f) Las administraciones locales deber醤 crear f髍mulas de participaci髇 para dar a los ni駉s, ni馻s y adolescentes la oportunidad de favorecer la convivencia y la integraci髇.
  • g) Llevar a cabo el resto de actuaciones que le encomiendan esta ley y el resto del ordenamiento jur韉ico.
  • h) Llevar a cabo, en el 醡bito territorial respectivo, todas las actuaciones materiales, t閏nicas y jur韉icas en situaci髇 de riesgo previstas en esta ley y en el resto del ordenamiento jur韉ico vigente.
    LE0000656943_20210101Ir a Norma modificadoraLetra h) del n鷐ero 1 del art韈ulo 75 introducida por el n鷐ero 1 de la disposici髇 final decimoprimera de la Ley [BALEARES] 19/2019, 30 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears para el a駉 2020 (獴.O.I.B. 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2020

2. Los ayuntamientos, en el 醡bito territorial de su competencia, para la aplicaci髇 de esta ley y con respecto a la atenci髇 socioeducativa a las personas menores de edad infractoras, tienen que colaborar y cooperar con la administraci髇 auton髆ica para aplicar medidas judiciales cuando se tengan que desarrollar en el 醡bito territorial de los ayuntamientos.

3. Los ayuntamientos, por delegaci髇 de los consejos insulares, de acuerdo con lo que prev閚 el art韈ulo 75.5 del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears y esta ley, pueden asumir, en el 醡bito territorial respectivo, todas las actuaciones materiales, t閏nicas y jur韉icas en declaraci髇 de riesgo previstas en el t韙ulo IV de esta ley y en el resto del ordenamiento jur韉ico vigente que no correspondan a otras administraciones.

LE0000656943_20210101Ir a Norma modificadoraN鷐ero 3 del art韈ulo 75 redactado por el n鷐ero3 de la disposici髇 final decimoprimera de la Ley [BALEARES] 19/2019, 30 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears para el a駉 2020 (獴.O.I.B. 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2020

Cap韙ulo V
De la colaboraci髇

Art韈ulo 76 Principio de corresponsabilidad

1. Los padres y madres o las personas que ejerzan la tutela, la guarda o el acogimiento de las personas menores de edad, en primer t閞mino, y, simult醤ea o subsidiariamente, seg鷑 los casos, todos los poderes p鷅licos, administraciones, instituciones, entidades y ciudadanos tienen que contribuir al mejor cumplimiento de esta ley mediante el ejercicio, en los 醡bitos de competencia respectivos, de las acciones y las obligaciones que el ordenamiento jur韉ico les asigna, a trav閟 de actividades de cooperaci髇 y colaboraci髇.

2. Las diferentes administraciones p鷅licas tienen que actuar y se tienen que relacionar con otras administraciones p鷅licas y entidades u organismos vinculados o dependientes, de acuerdo con los principios de las relaciones interadministrativas establecidos por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de r間imen jur韉ico del sector p鷅lico, y la legislaci髇 estatal y auton髆ica en materia de r間imen local, especialmente los de lealtad institucional, adecuaci髇 al orden de distribuci髇 de competencias, colaboraci髇, cooperaci髇, coordinaci髇, eficiencia en la gesti髇 de los recursos p鷅licos y responsabilidad.

Art韈ulo 77 Colaboraci髇 en la gesti髇 de las actuaciones de la ley

1. El Gobierno de la comunidad aut髇oma, los consejos insulares y las entidades locales pueden establecer instrumentos jur韉icos de colaboraci髇 entre s y con otras administraciones, as como con otras instituciones colaboradoras, para la gesti髇 y el cumplimiento de las actuaciones que prev esta ley.

2. Las actuaciones de estas entidades e instituciones se tienen que llevar a cabo bajo la supervisi髇 directa de los 髍ganos competentes y de acuerdo con los principios de cooperaci髇, colaboraci髇 y eficacia, sin que ello suponga cesi髇 de la titularidad y la responsabilidad de la competencia, y sin perjuicio directo, en su caso, de las facultades que la legislaci髇 vigente atribuye a las entidades p鷅licas competentes.

Art韈ulo 78 Colaboraci髇 interadministrativa

1. Las diferentes administraciones p鷅licas con competencias en las materias que regula esta ley tienen que establecer las v韆s necesarias para una acci髇 coordinada y conjunta de las actividades y los programas que recoge y de los que se ordenen en desarrollo de la ley.

2. En cumplimiento de las actuaciones de prevenci髇, atenci髇, protecci髇 e inserci髇 de personas menores de edad, todas las administraciones est醤 obligadas a:

  • a) Colaborar y trabajar en la detecci髇 y la comunicaci髇 de las situaciones de vulnerabilidad social, situaciones de riesgo y de desamparo de personas menores de edad, en la investigaci髇 correspondiente y en la intervenci髇 con el recurso adecuado. Esta colaboraci髇 se requiere especialmente entre el personal de los 醡bitos de la sanidad, la educaci髇 y los servicios sociales, locales, insulares y auton髆icos. A estos efectos, en el 醡bito local, insular o auton髆ico, se pueden constituir comisiones o grupos de trabajo, que se tienen que desarrollar reglamentariamente. Tiene que participar personal de los 醡bitos mencionados, y se tiene que procurar que sean las unidades de trabajo social de centros de salud y hospitales y los servicios psicopedag骻icos educativos los que asuman, en sus 醡bitos competenciales respectivos, la participaci髇 en estas comisiones, junto con los equipos municipales de servicios sociales. Si procede, tambi閚 se pueden constituir comisiones o grupos de trabajo de 醡bito insular o auton髆ico con la participaci髇 de los servicios de protecci髇 de la infancia y la adolescencia. Asimismo, se tienen que elaborar protocolos de coordinaci髇 entre estos 醡bitos.
  • b) Ofrecer la informaci髇 mutua y los datos requeridos que afecten a las personas menores de edad en el 醡bito de actuaci髇 correspondiente, siempre que sea necesario para el ejercicio de las competencias respectivas, en el marco de la legislaci髇 de protecci髇 de datos.
  • c) Facilitar el ejercicio de las competencias propias de las otras administraciones, cooperar y prestarles el auxilio que necesiten para este ejercicio, as como para la ejecuci髇 de las resoluciones respectivas.

Art韈ulo 79 Colaboraci髇 y coordinaci髇 con las entidades locales

1. Los consejos insulares tienen que prestar a las entidades locales la cooperaci髇 t閏nica y financiera necesaria para el cumplimiento efectivo de las funciones que les competen.

2. Los consejos insulares tienen que ejercer funciones de coordinaci髇 sobre la gesti髇 de las entidades locales que lleven a cabo actuaciones en materia de atenci髇, protecci髇 e inserci髇 de las personas menores de edad, siempre desde el respeto al principio de autonom韆 local.

3. El Gobierno de las Illes Balears tiene que ejercer las funciones de coordinaci髇 sobre la gesti髇 de las entidades locales que lleven a cabo actuaciones en materia de ejecuci髇 de las medidas adoptadas por los juzgados de menores.

Art韈ulo 80 Colaboraci髇 con los 髍ganos judiciales

Las administraciones p鷅licas tienen que colaborar con los 髍ganos jurisdiccionales para garantizar la mejor eficacia en la observancia y el cumplimiento de esta ley y de las normas que garantizan la protecci髇 y la defensa de los derechos de las personas menores de edad.

Art韈ulo 81 Colaboraci髇 con el Ministerio Fiscal

1. Las administraciones p鷅licas tienen que colaborar con el Ministerio Fiscal, como garante de la protecci髇 y la defensa de los derechos y las libertades de las personas menores de edad.

2. A este efecto, para facilitar al Ministerio Fiscal la vigilancia superior de la patria potestad, la tutela, el acogimiento o la guarda de las personas menores de edad, la entidad p鷅lica en materia de protecci髇 de menores tiene que comunicarle de manera inmediata los nuevos ingresos de personas menores de edad en centros y enviarle una copia de todas las resoluciones administrativas y de los escritos de formalizaci髇 relativos a la constituci髇, la variaci髇 y el cese de tutelas, guardas y acogimientos. Asimismo, le tiene que dar cuenta de cualquier novedad de inter閟 en las circunstancias de las personas menores de edad, facilitar el acceso a los centros y a cualquiera de sus dependencias, as como la consulta de los archivos, y atender los requerimientos y los escritos relativos al ejercicio de sus funciones.

Cap韙ulo VI
De la planificaci髇

Art韈ulo 82 Planificaci髇 general

1. En el marco de la planificaci髇 general, el Consejo de Gobierno de las Illes Balears, a propuesta de la consejer韆 competente en materia de personas menores de edad, tiene que tener aprobado y en vigor un plan estrat間ico de atenci髇 a la infancia y la adolescencia mediante el que se ordene el conjunto de medidas, recursos y actuaciones necesarios para conseguir los objetivos de la pol韙ica de infancia y adolescencia, de acuerdo con lo que establece esta ley.

2. El plan tiene que tener una vigencia de cinco a駉s, aunque se puede revisar peri骴icamente con la finalidad de poder implantar en cada momento programas y acciones que den respuesta a las necesidades de los ni駉s, ni馻s y adolescentes de acuerdo con su edad y circunstancias. No obstante, durante el primer a駉 de cada legislatura, el Consejo de Gobierno tiene que ratificar o, en su caso, modificar el plan estrat間ico vigente.

3. La evaluaci髇 del plan, al acabar, tiene que dar lugar a un informe p鷅lico que tiene que estar a la disposici髇 de las administraciones p鷅licas competentes y de la ciudadan韆 en general.

4. El plan estrat間ico de atenci髇 a la infancia y la adolescencia de las Illes Balears tiene que tener en cuenta las disposiciones de la Convenci髇 sobre los derechos del ni駉, la Carta Europea de los Derechos del Ni駉 y la Convenci髇 sobre los derechos de las personas con discapacidad y se tiene que inspirar en los principios de responsabilidad p鷅lica, universalidad, integraci髇, intervenci髇 normalizada, pluralidad, cooperaci髇 interinstitucional, solidaridad y participaci髇.

5. El plan estrat間ico de atenci髇 a la infancia y la adolescencia se tiene que elaborar con la coordinaci髇 de los diferentes 髍ganos competentes de las consejer韆s afectadas, los consejos insulares y las entidades locales en el 醡bito de sus respectivas competencias y en colaboraci髇 con las entidades p鷅licas o privadas relacionadas con la materia de personas menores de edad. El plan tiene que concretar las actuaciones que tienen que desarrollar las diferentes administraciones p鷅licas en las Illes Balears durante el periodo de vigencia.

6. Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, el plan estrat間ico de atenci髇 a la infancia y la adolescencia se tiene que presentar al Parlamento de las Illes Balears en el plazo de tres meses.

7. El Pla estrat間ico de atenci髇 a la infancia y la adolescencia tiene que incluir una recopilaci髇 de toda la informaci髇 estad韘tica de las actuaciones desarrolladas por los diferentes servicios p鷅licos de las Illes Balears, la situaci髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes sobre los que se han ejecutado intervenciones y el an醠isis a medio y largo plazo de la eficacia de las acciones acometidas y otras de inter閟.

Art韈ulo 83 Planificaci髇 de 醡bito insular y local

1. La planificaci髇 de 醡bito insular corresponde a los consejos insulares, de acuerdo con el an醠isis de necesidades y recursos y el plan estrat間ico de atenci髇 a la infancia y la adolescencia de las Illes Balears.

2. La planificaci髇 en el 醡bito de las entidades locales corresponde a estas entidades, de acuerdo con el an醠isis de necesidades y recursos, el plan estrat間ico de atenci髇 a la infancia y la adolescencia de las Illes Balears, y la planificaci髇 insular en el 醡bito de la infancia y la adolescencia.

Art韈ulo 84 Criterios para la planificaci髇

1. Todos los planes tienen que incluir una evaluaci髇 de impacto de g閚ero y un informe econ髆ico que garantice su aplicaci髇, y se tienen que modificar peri骴icamente de acuerdo con la evaluaci髇 sistem醫ica los objetivos y el seguimiento de la aplicaci髇.

2. Los procedimientos para elaborar los planes tienen que garantizar la participaci髇 de las administraciones competentes para ejecutarlos, de los 髍ganos de participaci髇 y cooperaci髇 que prev esta ley y, en el caso de los planes sectoriales, de las personas afectadas por este plan.

Cap韙ulo VII
De las pol韙icas de prevenci髇 y las medidas de asistencia

Art韈ulo 85 Pol韙icas de prevenci髇

1. Las administraciones p鷅licas competentes relacionadas con el 醡bito de protecci髇 de menores y de la familia, para prevenir o impedir cualquier situaci髇 potencial de riesgo o de desamparo de un ni駉, ni馻 o adolescente, tienen que dar prioridad, en las actuaciones respectivas, a las intervenciones educativas, sociales y terap閡ticas con las personas menores de edad, utilizar los servicios y los recursos comunitarios y fomentar programas de inserci髇 y de intervenci髇 familiar, garantizando que estas actividades sean realizadas por profesionales en el mismo entorno del ni駉, ni馻 o adolescente.

2. Los servicios para personas menores de edad como recurso preventivo, tanto p鷅licos como privados, se tienen que integrar en las actuaciones y coordinar con los equipos de servicios sociales comunitarios de las entidades locales.

3. Esta pol韙ica preventiva se tiene que reforzar mediante campa馻s institucionales de informaci髇 y de sensibilizaci髇 social, dirigidas a evitar o reducir las circunstancias de carencia o de desprotecci髇 en que se puedan encontrar los ni駉s, ni馻s y adolescentes y, especialmente, los casos de maltrato, abandono o explotaci髇 infantil.

Art韈ulo 86 Pol韙icas de prevenci髇 en materia de apoyo a la familia

Las pol韙icas de prevenci髇 en materia de apoyo familiar tienen como objetivos principales:

  • a) La promoci髇 de la educaci髇 familiar y el buen trato de la familia, dirigida especialmente a familias en situaci髇 de protecci髇 especial.
  • b) El fomento de programas de sensibilizaci髇, programas comunitarios de intervenci髇 familiar y programas especializados dirigidos a la inserci髇 social de familias de origen inmigrante.
  • c) El apoyo a la familia mediante intervenciones t閏nicas de car醕ter social o terap閡tico, as como orientaci髇 y mediaci髇 familiar.
  • d) Las prestaciones econ髆icas compensadoras de carencias econ髆icas y materiales destinadas a la atenci髇 de necesidades b醩icas.

Art韈ulo 87 Pol韙icas de prevenci髇 y equidad en materia de educaci髇

Las pol韙icas de prevenci髇 y equidad en materia de educaci髇 tienen como objetivos principales:

  • a) La promoci髇 de los servicios de atenci髇 educativa a personas menores de edad garantizando la oferta de plazas educativas suficientes para los ni駉s y ni馻s de cero a tres a駉s.
  • b) La garant韆 de la escolarizaci髇 obligatoria.
  • c) La prevenci髇 y el control del absentismo escolar.
  • d) La prevenci髇 del fracaso escolar.
  • e) La ampliaci髇 de las medidas compensatorias dirigidas a las personas menores de edad que presentan dificultades de inserci髇 porque se encuentran en una situaci髇 desfavorable derivada de circunstancias personales, familiares, 閠nicas, culturales, econ髆icas o sociales.
  • f) El desarrollo de programas formativos dirigidos a las personas menores de edad en situaci髇 de rechazo del sistema escolar, absentismo o fracaso.
  • g) El desarrollo de programas formativos de integraci髇 social dirigidos a las personas menores de edad con dificultades especiales.
  • h) El desarrollo de programas de formaci髇 profesional que garanticen la futura inserci髇 laboral de las personas menores de edad.
  • i) Programas de ayudas, pol韙icas de bonificaci髇 y convocatoria de becas que garantice la equidad econ髆ica tanto en la educaci髇 obligatoria como en la no obligatoria.

Art韈ulo 88 Pol韙icas de prevenci髇 en materia de salud

Las pol韙icas de prevenci髇 en materia de salud tienen como objetivos principales:

  • a) La educaci髇 y la promoci髇 para la salud.
  • b) La atenci髇 especial a los ni駉s prematuros o ni馻s prematuras o con bajo peso al nacer.
  • c) La realizaci髇 de campa馻s de vacunaci髇.
  • d) El desarrollo de programas de intervenci髇 temprana.
  • e) La atenci髇 y la prevenci髇 para una adecuada salud mental en personas menores de edad.
  • f) La educaci髇 afectiva y sexual adecuada a cada etapa evolutiva de los ni駉s o ni馻s y adolescentes.
  • g) La prevenci髇 del consumo de alcohol, tabaco, drogas y otras sustancias nocivas para la salud y de otros comportamientos adictivos, as como la prevenci髇 de adicciones en materia de nuevas tecnolog韆s.
  • h) La prevenci髇 de los accidentes, especialmente en el 醡bito del hogar.

Art韈ulo 89 Pol韙icas de prevenci髇 en materia de formaci髇 y empleo

Las pol韙icas de prevenci髇 en materia de formaci髇 y empleo tienen como objetivos principales:

  • a) La elaboraci髇 de programas de ayuda y orientaci髇 socio-laboral dirigidos especialmente a personas menores de edad en situaci髇 de riesgo, vulnerabilidad y desprotecci髇 social y a j髒enes con dificultades sociales o que hayan salido de instituciones de protecci髇 e inserci髇 de menores de edad.
  • b) La formaci髇 y la orientaci髇 para el empleo.
  • c) El fomento del empleo joven, con especial apoyo a las personas que, por sus circunstancias personales o sociales, encuentran m醩 dificultades a la incorporaci髇 laboral.
  • d) El control y la vigilancia de la normativa laboral, en especial respecto a situaciones de explotaci髇 laboral.
  • e) El cumplimiento de los fines que recoge la normativa en materia de prevenci髇 de riesgos laborales.

Art韈ulo 90 Pol韙icas de prevenci髇 en materia de relaciones sociales

Las pol韙icas de prevenci髇 en materia de relaciones sociales tienen como objetivos principales:

  • a) El fomento de los valores de solidaridad, civismo y respeto a los derechos humanos.
  • b) La prevenci髇 de todo tipo de violencia y de los abusos sexuales entre personas menores de edad.
  • c) El fomento de programas de consumo responsable.
  • d) La orientaci髇 para el uso adecuado del ocio y del tiempo libre.
  • e) El fomento de los centros de atenci髇 diurna de personas menores de edad, de apoyo convivencial y educativo y de inserci髇 socio-laboral.
  • f) La prevenci髇 y el control para la erradicaci髇 de la mendicidad infantil.

Art韈ulo 91 Asistencia a ni駉s, ni馻s y adolescentes

1. En todo caso, la entidad p鷅lica tiene que garantizar a los ni駉s, ni馻s y adolescentes la atenci髇 inmediata ante situaciones de desprotecci髇.

2. Las administraciones p鷅licas competentes tienen que procurar el asesoramiento y la atenci髇 jur韉ica, pedag骻ica y psicol骻ica b醩ica a los ni駉s, ni馻s y adolescentes que sean v韈timas de abusos o de maltrato, as como a los agresores, a trav閟 de servicios especializados.

T蚑ULO IV
DEL SISTEMA DE PROTECCI覰 DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Cap韙ulo I
Disposiciones generales

Art韈ulo 92 Concepto

A los efectos de esta ley, la protecci髇 de la infancia y la adolescencia comprende el conjunto de medidas y actuaciones de prevenci髇, detecci髇, intervenci髇 y reparaci髇 de situaciones de riesgo, de desamparo y de conductas inadaptadas o problemas de conducta en las que el ni駉, ni馻 o adolescente o, en su caso, el concebido se puede encontrar, tendentes a garantizar su pleno desarrollo y autonom韆 personal, as como la integraci髇 familiar y social, y promover su inserci髇 en un contexto social y familiar normalizado, con la prevalencia, en todo caso, del inter閟 superior de la persona menor de edad.

Art韈ulo 93 Criterios de actuaci髇

1. La actuaci髇 social y jur韉ica de las administraciones p鷅licas en la comunidad aut髇oma de las Illes Balears en materia de protecci髇 de menores, adem醩 de los principios que establece el art韈ulo 5 de esta ley, se tiene que ejercer de acuerdo con los criterios siguientes:

  • a) Los criterios generales del sistema p鷅lico de servicios sociales que recoge la legislaci髇 vigente en materia de servicios sociales de las Illes Balears y sus normas y planes de desarrollo.
  • b) El fomento de m醩 eficacia de la acci髇 protectora mediante una planificaci髇 integral de todas las actuaciones dirigidas en el sector de la infancia, la adolescencia y la juventud de 醡bito auton髆ico, insular y local.
  • c) La prevenci髇 y la reparaci髇 de situaciones de riesgo con el establecimiento de los servicios adecuados para esta finalidad, el ejercicio de la guarda y, en los casos de desamparo, la asunci髇 de la tutela por ministerio de la ley.
  • d) El respeto a la autonom韆 personal de los ni駉s, ni馻s y adolescentes y a su libertad y dignidad.
  • e) La limitaci髇 de la intervenci髇 administrativa al m韓imo necesario para garantizar una protecci髇 adecuada, con la finalidad de interferir lo m韓imo posible en la vida del ni駉, ni馻 y adolescente y de su familia.
  • f) El principio de progresividad de las medidas, que implica la adopci髇 de la medida menos restrictiva o m醩 beneficiosa para el ni駉, ni馻 o adolescente y su familia hasta la adopci髇 de la medida de protecci髇 m醩 restrictiva o limitadora del derecho del ni駉, ni馻 o adolescente a permanecer en su n鷆leo familiar.
  • g) La participaci髇 del ni駉, ni馻 y adolescente teniendo en cuenta sus condiciones personales, en especial su edad y madurez, as como las de sus padres y madres o de las personas que ejerzan su tutela o guarda si es del inter閟 del ni駉, ni馻 o adolescente, en la toma de decisiones sobre las medidas y las actuaciones de posible aplicaci髇, as como en el desarrollo correspondiente.
  • h) La prioridad de la intervenci髇 en el entorno familiar para facilitar el mantenimiento del ni駉, ni馻 o adolescente en su medio socio-familiar. En todo caso, se tiene que priorizar la permanencia en la familia de origen y se tiene que preservar el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el ni駉, ni馻 o adolescente. En caso de que se acuerde una medida de protecci髇, se tiene que priorizar el acogimiento familiar sobre el residencial.
  • i) El mantenimiento en la familia de origen, a menos que no sea conveniente para el inter閟 del ni駉, ni馻 o adolescente, caso en que se tiene que garantizar la adopci髇 de medidas de protecci髇 familiares y estables y priorizar el acogimiento familiar sobre el institucional
  • j) La disposici髇 de recursos alternativos cuando el ni駉, ni馻 o adolescente haya sido separado de su n鷆leo familiar. En este caso, se tiene que trabajar por el retorno con la familia, valorar sus posibilidades y conveniencia, teniendo en cuenta la evoluci髇 de la familia desde que se haya adoptado la medida protectora y haciendo prevalecer siempre el inter閟 y las necesidades del ni駉, ni馻 o adolescente sobre las de la familia. Si la separaci髇 es definitiva, se tiene que procurar la incorporaci髇, lo antes posible, a otro n鷆leo familiar id髇eo e intentar que los hermanos y hermanas se mantengan juntos y que, si les resulta beneficioso, puedan mantener contacto con su grupo de origen.
  • k) La subsidiariedad respecto a las funciones de parentesco.
  • l) La objetividad, la imparcialidad y la seguridad jur韉ica en la actuaci髇 protectora, con la garant韆 del car醕ter colegiado, multidisciplinar e interadministrativo en la adopci髇 de las medidas de protecci髇.
  • m) La confidencialidad en la tramitaci髇 de los expedientes de la acci髇 protectora.
  • n) La garant韆 del car醕ter eminentemente educativo y reparador de todas las medidas que se adopten en la acci髇 protectora.
  • o) La sensibilizaci髇 del conjunto de la sociedad ante las situaciones de indefensi髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes, y la promoci髇 de la participaci髇 y la solidaridad social.
  • p) La valoraci髇 de las situaciones de desprotecci髇 prioritariamente mediante la aplicaci髇 de instrumentos t閏nicos validados.
  • q) La promoci髇 de metodolog韆s que fomenten la participaci髇 de los padres y madres o las personas que ejerzan la tutela, la guarda o el acogimiento del ni駉, ni馻 o adolescente, as como del entorno familiar, social y educativo, en la resoluci髇 de las situaciones de riesgo y de desamparo, siempre que no se contradiga el inter閟 superior de la persona menor de edad.
  • r) La promoci髇 de la mediaci髇 para la protecci髇 infantil en contextos de discrepancia entre la familia de la persona menor de edad y los profesionales en las actuaciones en las situaciones de declaraci髇 de riesgo o de desamparo en los t閞minos previstos reglamentariamente. A los efectos de esta ley, se entiende la mediaci髇 para la protecci髇 infantil un proceso colaborativo de resoluci髇 de problemas y discrepancias que involucra a una persona neutral e imparcial, el mediador o mediadora, que facilita la negociaci髇 constructiva y la comunicaci髇 entre los padres y madres o las personas que tengan atribuida la tutela de las personas menores de edad y los profesionales de protecci髇 a la infancia, en un esfuerzo para llegar a un acuerdo sobre c髆o resolver problemas cuando se valora que los ni駉s, ni馻s o adolescentes se encuentran en una situaci髇 de desprotecci髇.
  • s) La implantaci髇 de programas de protecci髇 infantil basados en la evidencia cient韋ica.
  • t) La perspectiva de interculturalidad en los procesos de trabajo en protecci髇 de menores, con respecto a las singularidades culturales de crianza de los ni駉s o ni馻s con las debidas garant韆s.
  • u) La continuidad de la relaci髇 del profesional de referencia asignado al caso mientras la medida de protecci髇 siga vigente.
  • v) La promoci髇, la difusi髇 y la sensibilizaci髇 de una cultura de la acogida familiar.

2. En la evaluaci髇 de la situaci髇 y en el seguimiento de las medidas adoptadas, la administraci髇 competente seguir las prescripciones establecidas en el protocolo interdisciplinar de maltrato infantil de las Illes Balears. Asimismo, puede recabar la colaboraci髇 de otras administraciones, as como de cualesquiera otros organismos o instituciones p鷅licos o privados que se consideren convenientes, los cuales quedan obligados a prestarla siempre que resulte posible seg鷑 las atribuciones del 髍gano requerido.

3. Las administraciones p鷅licas competentes tienen que llevar a cabo una evaluaci髇 peri骴ica de los procesos y de los resultados a corto y largo plazo respecto a las actuaciones en protecci髇 de menores.

4. Las administraciones p鷅licas competentes tienen que velar para que el personal profesional que intervenga en la atenci髇 a personas menores de edad sea el id髇eo para el ejercicio de las funciones que tiene que desarrollar. A este efecto, se tienen que arbitrar programas de formaci髇 capaces de responder a las nuevas y varias necesidades de la poblaci髇 objeto de estas intervenciones. Asimismo, se tienen que dise馻r los puestos de trabajo para garantizar la idoneidad del personal profesional con respecto al inter閟 superior de las personas atendidas.

5. Los poderes p鷅licos tienen que disponer de programas y recursos destinados al apoyo y la orientaci髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes que, estando dentro del sistema de protecci髇, llegan a la mayor韆 de edad y quedan fuera del sistema de protecci髇, con una atenci髇 especial a los que hayan estado en acogimiento residencial y a los que presentan diversidad funcional.

Art韈ulo 94 Clases de medidas de protecci髇

Dentro del sistema de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, bajo los principios de proporcionalidad y progresividad, el 髍gano competente puede adoptar, con sujeci髇 a lo que precept鷈n esta ley y la legislaci髇 civil aplicable, cualquiera de las medidas siguientes de protecci髇 de la persona menor de edad:

  • a) La declaraci髇 de situaci髇 de riesgo con el mantenimiento de la persona menor de edad en su propio n鷆leo familiar o de parentesco.
  • b) La guarda de hecho con declaraci髇 de desamparo o mediante el nombramiento de un tutor o una tutora de acuerdo con las reglas ordinarias.
  • c) La guarda voluntaria.
  • d) La guarda judicial.
  • e) La declaraci髇 de desamparo.
  • f) El acogimiento familiar; de urgencia; en familia extensa o aliena, que a su vez puede ser especializado o especializado profesionalizado.
  • g) El acogimiento residencial.
  • h) La guarda con fines de adopci髇.
  • i) El acogimiento residencial en centros espec韋icos de protecci髇 espec韋icos de menores con problemas de conducta.
  • j) La adopci髇.
  • k) La adopci髇 abierta.
  • l) La adopci髇 internacional.
  • m) Cualquier otra que redunde en inter閟 de la persona menor de edad, dadas sus circunstancias personales, familiares y sociales.

Art韈ulo 95 Deber de comunicaci髇 y denuncia

1. Cualquier persona que tenga noticia, sospecha o evidencia de una situaci髇 de posible maltrato, riesgo o desamparo de un ni駉, ni馻 o adolescente, sin perjuicio de prestarle inmediatamente el auxilio que necesite, tiene el deber de ponerlo en conocimiento de la autoridad o sus agentes m醩 pr髕imos, que tienen que garantizar la reserva y la confidencialidad debidas. En caso de particulares, se mantendr el anonimato de la persona comunicante si as lo desea.

2. Este deber es especialmente exigible a las personas que tengan noticia, sospecha o evidencia de estas situaciones por raz髇 de su profesi髇, funci髇 o cargo en el 醡bito de la atenci髇 a la infancia y la adolescencia. A este efecto, si se detectan estas situaciones, independientemente de otras comunicaciones que se tengan que realizar seg鷑 el ordenamiento jur韉ico vigente, lo tienen que notificar al Registro Unificado de Maltrato Infantil.

3. Si los padres y madres o las personas que ejerzan la tutela, guarda o acogida de las personas menores de edad, o cualquier otra persona, impiden el estudio o la ejecuci髇 de las medidas de protecci髇, la administraci髇 competente solicitar al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial que adopte las medidas necesarias para hacerlas efectivas, sin perjuicio de las intervenciones inmediatas necesarias en el supuesto de peligro para la integridad de la persona menor de edad.

4. En cualquier caso, se tiene que actuar con la debida reserva y evitar cualquier interferencia innecesaria en la vida de la persona menor de edad.

5. Para garantizar los datos personales de los profesionales que intervienen en el proceso, se mantendr reservada su identidad. A este efecto, se crear un registro para los profesionales p鷅licos y para los profesionales de las entidades colaboradoras que intervienen en el 醡bito de la infancia y la adolescencia, de acuerdo con la disposici髇 final segunda de esta ley.

Art韈ulo 96 Deber de reserva

1. Las administraciones p鷅licas de las Illes Balears, las entidades de iniciativa social y cualquier otra entidad tienen que actuar con la reserva obligada en el 醡bito de la atenci髇 y la protecci髇 de la infancia y la adolescencia, y tienen que adoptar las medidas oportunas para garantizar, en aplicaci髇 del derecho a la intimidad, el tratamiento confidencial de la informaci髇 de que dispongan y de la contenida en los ficheros o registros, de acuerdo con la normativa reguladora de la protecci髇 de datos de car醕ter personal.

2. El mismo deber de reserva se hace extensivo a las autoridades y a las personas que, por su profesi髇 o funci髇, conozcan casos en que podr韆 existir o haya una situaci髇 de riesgo o de desamparo, o tengan acceso a la informaci髇 mencionada en el apartado anterior.

Art韈ulo 97 Derechos espec韋icos con una medida de protecci髇

El ni駉, ni馻 o adolescente sujeto al sistema de protecci髇, junto con los derechos que esta ley y el resto del ordenamiento jur韉ico reconocen a todas los ni駉s, ni馻s y adolescentes, es titular, espec韋icamente, de los siguientes:

  • a) A ser protegido, incluso con la oposici髇 de los padres y madres, o las personas que ejerzan la tutela, la guarda o el acogimiento de la persona menor de edad, una vez se constate la situaci髇 de riesgo o de desamparo.
  • b) A conocer su situaci髇 personal, las medidas a adoptar, la duraci髇 y el contenido as como los derechos que le corresponden, para lo cual se le tiene que facilitar una informaci髇 veraz, comprensible, adecuada a sus condiciones, continua y tan completa como sea posible a lo largo del proceso de intervenci髇.
  • c) A ser o韉o y escuchado en los t閞minos que prev el art韈ulo 23 de esta ley y a participar en la toma de decisiones sobre su caso, todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que tenga que prestar el consentimiento de conformidad con lo que establece la legislaci髇 civil.
  • d) A ser considerado sujeto activo en la busca y la satisfacci髇 de sus necesidades, para lo cual todas las administraciones p鷅licas de las Illes Balears tienen que promover y garantizar, social y jur韉icamente, su autonom韆 personal.
  • e) A la seguridad jur韉ica y emocional proporcionadas por una tramitaci髇 tan eficaz y r醦ida como sea posible, que impida la prolongaci髇 de las medidas de car醕ter provisional, evite las intromisiones en la esfera de su intimidad m醩 all de lo estrictamente necesario y restrinja lo m韓imo imprescindible las limitaciones a su capacidad de obrar y las interferencias en su vida y en la de su familia.
  • f) A permanecer en su familia siempre que sea posible, para lo cual la administraci髇 tiene el deber de aplicar todos los recursos disponibles para garantizar este derecho. En el supuesto de haber sido separado de la familia, se tiene que considerar el retorno cuando las circunstancias lo permitan y, si no es viable, se le tiene que incorporar tan pronto como sea posible a otro n鷆leo familiar, con el derecho a mantener contactos con el grupo de origen y con otras personas significativas, siempre que eso no interfiera o perjudique la finalidad protectora.
  • g) A disponer de los medios que faciliten su integraci髇 social desde el respeto a su identidad cultural y de idioma.
  • h) A que su familia reciba la ayuda y el apoyo suficientes para que lo pueda atender en condiciones m韓imas adecuadas.
  • i) A conocer, en los supuestos de acogimiento, seg鷑 su edad y capacidad, su historia personal y familiar y, si ha sido separado de la familia de origen de manera definitiva, sus antecedentes culturales y sociales, que en todo caso se tienen que respetar.
  • j) A conocer, en los supuestos de adopci髇, los datos sobre sus or韌enes que est閚 en poder de las entidades p鷅licas, de acuerdo con esta ley y la legislaci髇 b醩ica del Estado.
  • k) A la total confidencialidad y reserva sobre sus circunstancias personales y las de su familia, excepto en lo estrictamente necesario para asegurar una intervenci髇 eficaz y siempre en su inter閟.
  • l) A relacionarse directamente con el Ministerio Fiscal y con los responsables t閏nicos y administrativos de su protecci髇.
  • m) A plantear sus quejas y denuncias ante la administraci髇 p鷅lica competente, ante el Defensor del Pueblo o, si corresponde, ante la Sindicatura de Greuges de las Illes Balears o, en su caso, ante la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia, en los t閞minos establecidos legalmente, para lo cual se le tiene que facilitar el acceso a mecanismos adecuados y adaptados a sus necesidades y garantizar la confidencialidad.
  • n) A tener acceso a su expediente de protecci髇 para el ejercicio y la defensa de sus derechos e intereses, salvo los casos en que, por su inter閟 superior, se deniegue este acceso, y en todo caso cuando sea mayor de edad.

Art韈ulo 98 De las personas interesadas en procedimientos de declaraci髇 de riesgo o de desamparo

1. Las personas interesadas en un procedimiento relacionado con actuaciones de protecci髇 son las titulares de un derecho o un inter閟 leg韙imo y, en todo caso, el ni駉, ni馻 o adolescente, los padres y madres o las personas que tengan atribuida su tutela o representaci髇 legal, as como sus familias acogedoras o guardadoras en la parte que les pueda afectar.

2. Las personas interesadas con capacidad de obrar pueden actuar por medio de un representante cuya acreditaci髇 se puede hacer por cualquiera de los medios que prev la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas.

3. La identificaci髇 de las personas interesadas se puede hacer por cualquiera de los medios que prev la Ley 39/2015, ya citada.

4. Los derechos de las personas interesadas en un procedimiento de declaraci髇 de riesgo o de desamparo son establecidos en esta ley y la Ley 39/2015, si bien el derecho a consultar la informaci髇 est limitado por intereses de terceras personas y sometido a la protecci髇 de datos personales.

Art韈ulo 99 Derechos y garant韆s de las personas interesadas

Adem醩 del resto de derechos que establece esta ley, las personas interesadas en los diferentes procedimientos que regula este t韙ulo tienen, de acuerdo con la legislaci髇 del procedimiento com鷑 de las administraciones p鷅licas, los siguientes derechos:

  • a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitaci髇 de los procedimientos en los cuales tengan la condici髇 de personas interesadas.
  • b) A conocer el 髍gano competente para la instrucci髇, en su caso, y la resoluci髇
  • c) A ser notificadas del acuerdo de iniciaci髇 del procedimiento y de la resoluci髇 que se adopte.
  • d) A ser escuchadas y, en todo caso, al tr醡ite de audiencia
  • e) A acceder a los documentos contenidos en los procedimientos en los que tengan la condici髇 de personas interesadas y a obtener copia en los t閞minos previstos en la legislaci髇 vigente que regula el acceso a los expedientes administrativos.
  • f) A formular alegaciones, a utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jur韉ico y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al tr醡ite de audiencia, que debe tener en cuenta el 髍gano competente al redactar la propuesta de resoluci髇.
  • g) A obtener informaci髇 y orientaci髇 sobre los requisitos jur韉icos y otras cuestiones que afecten al procedimiento, que las disposiciones vigentes impongan a las actuaciones o a las solicitudes que se propongan realizar.
  • h) A actuar asistidas de un asesor o asesora cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses, siempre que se valore que esta asistencia no tenga que perjudicar u obstaculizar la intervenci髇 t閏nica que se tenga que llevar a cabo en beneficio del inter閟 superior de la persona menor de edad.
  • i) A ser informadas de los derechos que les asisten en el procedimiento y de las posibles consecuencias que se puedan derivar del mismo.

Art韈ulo 100 Expediente de actuaci髇 de protecci髇 de menores

1. El expediente de actuaci髇 de protecci髇 de menores tiene que tener formato electr髇ico y se conforma de acuerdo con el art韈ulo 70 de la Ley 39/2015.

2. La guarda y custodia se realiza mediante el archivo del expediente, con la garant韆 de ponerlo a la disposici髇 de las entidades p鷅licas o las autoridades judiciales que lo requieran para el ejercicio de las competencias respectivas, as como de la persona interesada cuando lo solicite.

3. El acceso al expediente de actuaci髇 de protecci髇, incluido el acceso a datos personales que obren en el expediente, se tiene que ajustar a lo dispuesto en el ordenamiento jur韉ico estatal y auton髆ico en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal y al resto de la legislaci髇 aplicable. Este derecho se tiene que ejercer mediante una solicitud dirigida al 髍gano responsable de la custodia del expediente.

Art韈ulo 101 Duraci髇 de los procedimientos de declaraci髇 de riesgo o de desamparo

El plazo m醲imo en que se tiene que notificar la resoluci髇 expresa en los procedimientos de declaraci髇 de riesgo o de desamparo es de seis meses a partir de la fecha del acuerdo de iniciaci髇.

Art韈ulo 102 Personas menores de edad extranjeras no acompa馻das

1. Las administraciones p鷅licas tienen que velar por las personas menores de edad extranjeras no acompa馻das y garantizar el cumplimiento de los derechos que establece la ley.

2. La entidad p鷅lica de protecci髇 tiene que prestar el servicio de primera acogida con relaci髇 a los ni駉s, ni馻s y adolescentes inmigrados sin referentes familiares, de acuerdo con lo que dispone la legislaci髇 vigente.

3. Cuando la entidad p鷅lica asuma la tutela de una persona menor de edad extranjera no acompa馻da que se encuentre en la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, una vez acreditada la imposibilidad de retorno junto a su familia o al pa韘 de origen, debe instar a las autoridades competentes, con la m醲ima celeridad, la autorizaci髇 del permiso de residencia correspondiente, por lo que tiene que emitir el correspondiente certificado de tutela y gestionar la obtenci髇 del resto de documentaci髇 acreditativa de su situaci髇, seg鷑 lo que dispone la normativa vigente en materia de extranjer韆 e inmigraci髇.

4. Respecto de las personas menores tuteladas o guardadas por la entidad p鷅lica competente, el reconocimiento de la condici髇 de aseguradas con relaci髇 a la asistencia sanitaria se tiene que llevar a cabo de oficio, con la presentaci髇 previa del certificado de tutela o guarda expedido por la entidad p鷅lica, durante el periodo de duraci髇 de esta tutela o guarda.

Art韈ulo 103 Traslado del ni駉, ni馻 o adolescente a otra entidad territorial

1. Cuando la administraci髇 p鷅lica competente est desarrollando una intervenci髇 ante una situaci髇 de riesgo o de desamparo de un ni駉, ni馻 o adolescente y tenga noticia de que se le tiene que trasladar al 醡bito de otra entidad territorial, lo pondr en conocimiento de la administraci髇 p鷅lica de destino al efecto de que, si procede, contin鷈 la intervenci髇, con el env韔 de la informaci髇 y la documentaci髇 necesarias.

2. Si la administraci髇 p鷅lica de origen desconoce el lugar de destino, puede solicitar el auxilio de los cuerpos y fuerzas de seguridad para que procedan a la indagaci髇 correspondiente. Una vez conocida la localizaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente, se tiene que poner en conocimiento de la administraci髇 p鷅lica competente o, si procede, de la entidad p鷅lica competente en el territorio mencionado, que tiene que continuar la intervenci髇.

Cap韙ulo II
Actuaciones en situaci髇 de riesgo

Art韈ulo 104 Concepto y situaciones de riesgo

1. La situaci髇 de riesgo es aquella en que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el ni駉, ni馻 o adolescente se ve perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, y en la que es necesaria la intervenci髇 de las administraciones competentes para eliminar, reducir o compensar las dificultades o la inadaptaci髇 que le afectan y evitar el desamparo y la exclusi髇 social, sin que se le tenga que separar de su entorno familiar.

2. La falta de atenci髇 f韘ica, ps韖uica y emocional, el descuido no grave de sus necesidades principales o la obstaculizaci髇 para el ejercicio de los derechos del ni駉, ni馻 o adolescente por parte de los padres y madres o personas que ejerzan su tutela o guarda son situaciones de riesgo para los ni駉s, ni馻s y adolescentes. Estas situaciones pueden motivar la declaraci髇 de riesgo seg鷑 la naturaleza correspondiente, por la repetici髇 de los episodios, la persistencia o el agravamiento de los efectos.

3. Adem醩, se consideran situaciones de riesgo las siguientes circunstancias:

  • a) La dificultad seria de las personas mencionadas en el apartado anterior para dispensar la atenci髇 f韘ica, ps韖uica y emocional adecuada al ni駉, ni馻 o adolescente, a pesar de la voluntad de hacerlo, si comportan los efectos descritos.
  • b) La utilizaci髇 del castigo f韘ico, ps韖uico y/o emocional sobre el ni駉, ni馻 o adolescente que no constituya un episodio grave o un patr髇 cr髇ico de violencia, pero que perjudique su desarrollo.
  • c) Las carencias de todo orden que, por el hecho de que no pueden ser adecuadamente compensadas en el 醡bito familiar o tutelar, ni impulsadas desde este 醡bito para el tratamiento correspondiente mediante los servicios y los recursos normalizados, comporten, a pesar del car醕ter incipiente o leve, indicadores desencadenantes o favorecedores de la marginaci髇, la inadaptaci髇 o la desprotecci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente.
  • d) El hecho de tener un hermano o hermana declarado en situaci髇 de riesgo, a no ser que las circunstancias familiares hayan cambiado.
  • e) Cualesquiera otras circunstancias de las que prev el apartado primero de este art韈ulo que, si persisten, pueden evolucionar y derivar en desamparo del ni駉, ni馻 o adolescente
  • f) Cualesquiera otras de las previstas en esta ley o la legislaci髇 vigente.

4. La concurrencia de circunstancias o carencias materiales se considera un indicador de riesgo, pero nunca puede desembocar en la separaci髇 del entorno familiar.

5. El Registro Auton髆ico de Situaciones de Riesgo para toda la comunidad aut髇oma tiene que ser de obligado cumplimiento por parte de las administraciones competentes como un indicador fiable fundamental a efectos estad韘ticos.

Art韈ulo 105 Tratamiento m閐ico

La negativa de los padres y madres o las personas que ejerzan la tutela, guarda o acogida de las personas menores de edad a prestar el consentimiento respecto a los tratamientos m閐icos necesarios para salvaguardar la vida o la integridad f韘ica, ps韖uica o emocional de una persona menor de edad constituye una situaci髇 de riesgo. En estos casos, los servicios sanitarios tienen que poner inmediatamente estas situaciones en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a trav閟 del Ministerio Fiscal.

Art韈ulo 106 Situaci髇 de riesgo prenatal

1. Se entiende por situaci髇 de riesgo prenatal la falta de cuidado f韘ico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias con potencial adictivo, as como cualquier otra acci髇 propia de la mujer, o de terceros tolerada por la mujer, que perjudique el desarrollo normal o pueda provocar enfermedades o anomal韆s f韘icas, mentales o sensoriales al reci閚 nacido, o comprometa el desarrollo correcto del concebido.

2. Los servicios sociales comunitarios, en colaboraci髇 con los servicios de salud correspondientes, tienen que adoptar las medidas adecuadas de prevenci髇, intervenci髇 y seguimiento de las situaciones de posible riesgo prenatal, a efectos de evitar con posterioridad una eventual declaraci髇 de situaci髇 de riesgo o de desamparo del beb.

3. Los servicios sanitarios tienen que notificar esta situaci髇 a la administraci髇 p鷅lica competente y al Ministerio Fiscal.

4. Despu閟 del nacimiento se tiene que mantener la intervenci髇 con el ni駉 o ni馻 y su unidad familiar para que, si hace falta, se declare la situaci髇 de riesgo o de desamparo del ni駉 o ni馻 para su adecuada protecci髇.

Art韈ulo 107 Actuaciones en situaci髇 de riesgo

1. La administraci髇 p鷅lica competente est obligada a actuar cuando, de oficio o por comunicaci髇 de una persona f韘ica o jur韉ica p鷅lica o privada, tenga conocimiento de la existencia de un ni駉, ni馻 o adolescente que pueda encontrarse en una de las situaciones que describe esta ley como situaci髇 de riesgo; en especial, una situaci髇 de riesgo notificada mediante el Registro Unificado de Maltrato Infantil de las Illes Balears.

2. Ante una situaci髇 de riesgo de cualquier 韓dole, la actuaci髇 tiene que garantizar, en todo caso, los derechos del ni駉, ni馻 o adolescente y se tiene que orientar a disminuir los indicadores de riesgo y de dificultades que incidan en la situaci髇 personal, familiar y social en qu se encuentra, as como a promover las medidas adecuadas para su protecci髇 y prevenci髇 en el entorno familiar u otro.

3. La actuaci髇 en situaci髇 de riesgo corresponde a los servicios sociales comunitarios en el 醡bito territorial respectivo, en coordinaci髇 con los servicios sociales espec韋icos y especializados, educativos y de salud.

Art韈ulo 108 Valoraci髇 de la situaci髇 de riesgo

1. La valoraci髇 de la situaci髇 de riesgo comporta la elaboraci髇 y la puesta en marcha de un proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar temporalizado seg鷑 la edad y la vulnerabilidad de las personas menores de edad, que tiene que recoger los objetivos, las actuaciones, los recursos, la previsi髇 de plazos y el resto de cuestiones establecidas reglamentariamente, promover los factores de protecci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente y de su entorno y mantenerlo en su medio familiar. En la valoraci髇 de la situaci髇 de riesgo, se pedir醤 los informes sanitarios, psicol骻icos, socio-familiares, educativos, legales y todos los que se consideren oportunos sobre el ni駉, ni馻 o adolescente y su familia, con absoluto respeto a la ley de protecci髇 de datos. Igualmente, se llevar醤 a cabo las entrevistas, las exploraciones, las visitas domiciliarias y el resto de actuaciones que se consideren oportunas para la valoraci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente, sus necesidades y las circunstancias socio-familiares.

2. En el proceso de valoraci髇 y elaboraci髇 del proyecto, se contar con la participaci髇 de los padres y madres o las personas que ejerzan la tutela, guarda o acogida de las personas menores de edad. En cualquier caso, se tiene que escuchar y tener en cuenta su opini髇, para lo que se les tiene que comunicar de manera comprensible y en formato accesible. Tambi閚 se tiene que comunicar y consultar con la persona menor de edad si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce a駉s, sin perjuicio de respetar siempre su derecho a ser o韉a y escuchada sin discriminaci髇 alguna por edad, diversidad funcional o cualquier otra circunstancia en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 9 de la Ley Org醤ica de protecci髇 jur韉ica del menor.

Art韈ulo 109 Colaboraci髇 de los padres y madres o las personas que ejerzan la tutela, guarda o acogida de las personas menores de edad

1. Si existe colaboraci髇 de los padres y madres o personas que ejerzan la tutela, guarda o acogida de las personas menores de edad con la administraci髇 p鷅lica competente, se puede elaborar un convenio de intervenci髇 social y educativo familiar que tiene que recoger las medidas de atenci髇 social y educativas tendentes a corregir la situaci髇 de riesgo del ni駉, ni馻 o adolescente, incluidas las referentes al deber de respeto a los padres y madres o personas que ejerzan la tutela, guarda o acogida, los plazos de revisi髇, el plazo de las medidas adoptadas y el resto de cuestiones que se puedan establecer reglamentariamente. Este convenio deber ser firmado por las partes.

2. Los padres y madres o personas que ejerzan la tutela, guarda o acogida de las personas menores de edad, en sus funciones respectivas, tienen que colaborar activamente, seg鷑 su capacidad, en la ejecuci髇 de las medidas indicadas en el proyecto mencionado. La omisi髇 de la colaboraci髇 o el incumplimiento de los compromisos asumidos en el proyecto o convenio suscrito da lugar a la declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo del ni駉, ni馻 o adolescente.

Art韈ulo 110 Iniciaci髇 del procedimiento para la declaraci髇 de riesgo

1. La administraci髇 competente iniciar de oficio el procedimiento para la declaraci髇 de riesgo cuando falte la colaboraci髇 de los padres y madres o personas que ejerzan la tutela, guarda o acogida de hecho de las personas menores de edad, en sus funciones respectivas, o bien cuando estas personas incumplan los compromisos asumidos en el convenio consensuado a que se refiere el art韈ulo 109 de esta ley. Igualmente, se puede iniciar el procedimiento para la declaraci髇 de riesgo en los casos en los que se considere necesario para garantizar los derechos y la integridad del ni駉, ni馻 o adolescente.

2. El acuerdo de iniciaci髇 tiene que incluir la designaci髇 del instructor o la instructora del expediente, a quien corresponde valorar la situaci髇 y efectuar el seguimiento posterior.

LE0000656943_20210101Ir a Norma modificadoraN鷐ero 2 del art韈ulo 110 redactado por el n鷐ero4 de la disposici髇 final decimoprimera de la Ley [BALEARES] 19/2019, 30 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears para el a駉 2020 (獴.O.I.B. 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2020

3. Este acuerdo se tiene que notificar a las personas interesadas.

4. En el plazo de quince d韆s desde la comunicaci髇 y la notificaci髇 del acuerdo de iniciaci髇, el 髍gano instructor y las personas interesadas tienen que efectuar las actuaciones preliminares respectivas y tienen que adoptar las alegaciones, los documentos y las informaciones que consideren convenientes y, si procede, la proposici髇 y pr醕tica de la prueba.

5. El Gobierno de las Illes Balears y los consejos insulares tienen que poner los recursos profesionales necesarios para garantizar la actuaci髇 en las situaciones de riesgo en las que se pueda encontrar un ni駉, ni馻 o adolescente.

Art韈ulo 111 Propuesta de resoluci髇

Una vez completada la instrucci髇 del expediente, el instructor o instructora, en el plazo de diez d韆s a contar desde el final de la instrucci髇 del expediente, enviar a la comisi髇 de declaraci髇 de riesgo competente, para solicitar su dictamen, una propuesta de declaraci髇 de situaci髇 de riesgo junto con la propuesta de proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar.

Art韈ulo 112 Comisi髇 de declaraci髇 de riesgo

1. La comisi髇 de declaraci髇 de riesgo tiene la consideraci髇 de 髍gano administrativo con funciones de deliberaci髇, de asesoramiento y de propuesta, adscrito a la entidad local que asuma su presidencia.

2. En cada municipio de las Illes Balears que haya asumido la delegaci髇 prevista en el apartado 3 del art韈ulo 75 de esta ley tiene que existir una comisi髇 de declaraci髇 de riesgo. No obstante, tambi閚 se podr醤 constituir comisiones de declaraci髇 de riesgo de car醕ter supramunicipal con la participaci髇 de m醩 de un municipio. En estos casos, los municipios que participen en una comisi髇 de car醕ter supramunicipal no tendr醤 comisi髇 propia.

En caso de que la competencia de la declaraci髇 de riesgo sea del consejo insular correspondiente, este crear una comisi髇 de declaraci髇 de riesgo.

3. La composici髇 de la comisi髇 de declaraci髇 de riesgo de 醡bito local estar determinada por personal de la misma entidad local. No obstante, como m韓imo la tienen que integrar los siguientes miembros:

  • a) Dos representantes de los equipos municipales de los servicios sociales correspondientes, uno de los servicios generales, que presidir el 髍gano, y otro de los servicios especializados de atenci髇 directa, si existen, con voz y voto.
  • b) Si la propuesta del instructor o instructora del expediente incluye la derivaci髇 del caso a la entidad p鷅lica competente, habr una persona en representaci髇 de esta entidad p鷅lica, con voz y voto. Su posici髇 no vincula la actuaci髇 posterior que, en su caso, lleve a cabo la entidad p鷅lica competente.

Igualmente, ser醤 miembros de esta comisi髇, con voz y sin voto, excepto que el acuerdo de constituci髇 decida otra cosa:

  • a) Un representante de las unidades de trabajo social del centro de salud u hospital del servicio de salud correspondiente a la zona municipal.
  • b) Un representante del 醡bito educativo del mismo 醡bito territorial.
  • c) Si el adolescente se encuentra cumpliendo alguna de las medidas de justicia juvenil previstas en la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, el t閏nico o t閏nica responsable de la ejecuci髇, a efectos de coordinar las actuaciones que prev el plan de intervenci髇 social y educativo familiar con el contenido del programa individualizado de ejecuci髇 de la medida judicial.

Si alguna de las figuras profesionales mencionadas en los apartados b) y c) anteriores no existe en el 醡bito territorial correspondiente, puede asistir, en la misma posici髇, cualquier representante del 醡bito sanitario y educativo del 醡bito territorial. Asimismo, con la invitaci髇 previa de la comisi髇, pueden asistir, con voz y sin voto, los profesionales que, por la implicaci髇 especial en las tareas de evaluaci髇, intervenci髇 y seguimiento del ni駉, ni馻 o adolescente o de la familia, puedan aportar informaci髇 relevante para abordar cualquiera de los objetivos de la actuaci髇 en situaci髇 de riesgo; profesionales, entre otros, de las unidades de conductas adictivas, de las unidades de salud mental, de las unidades de salud mental infantil o de los diferentes grupos especializados en menores de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

4. La secretar韆 de este 髍gano la asumir un representante del equipo municipal de servicios sociales diferente del mencionado en el apartado 3.a) de este art韈ulo, que actuar con voz y sin voto.

5. La composici髇 de la comisi髇 de declaraci髇 de riesgo de 醡bito supramunicipal estar determinada por las entidades locales que integren el 髍gano. El acuerdo de creaci髇 tiene que determinar su composici髇 y r間imen de funcionamiento. Los cargos de presidente o presidenta y secretario o secretaria de este 髍gano corresponden a los representantes de la entidad local que preside el 髍gano, que ser rotatoria, salvo decisi髇 distinta de los miembros.

6. Cuando el 醡bito territorial sea amplio y se requiera por razones de eficiencia, se podr醤 constituir en un mismo 醡bito local varias comisiones.

Art韈ulo 113 Funciones de la comisi髇 de declaraci髇 de riesgo

A la comisi髇 de declaraci髇 de riesgo, tanto de 醡bito local como de 醡bito supramunicipal, le corresponden las siguientes funciones:

  • a) Emitir dictamen sobre los expedientes de declaraci髇 de riesgo que se someten a su consideraci髇.
  • b) Emitir dictamen sobre la propuesta de los servicios sociales que intervienen en el caso de modificaci髇 de la medida de riesgo impuesta o de la pr髍roga del programa de intervenci髇 social y educativo familiar.
  • c) Emitir dictamen sobre la propuesta de cese de la declaraci髇 de riesgo.
  • d) Dar a conocer a todos los integrantes de la comisi髇 los casos de riesgo que est閚 en fase de valoraci髇, de intervenci髇 o de seguimiento as como los convenios suscritos en el 醡bito territorial correspondiente a los que se refiere el art韈ulo 109 de esta ley.
  • e) Otras funciones que se puedan determinar reglamentariamente o que le encomiende la entidad local que la constituya.

Art韈ulo 114 Resoluci髇 del procedimiento

1. Una vez recibido el dictamen de la comisi髇 de declaraci髇 de riesgo, el 髍gano competente, con la audiencia previa de los padres y madres o personas que ejerzan la tutela o la guarda del ni駉, ni馻 o adolescente afectado si tiene la madurez suficiente y, en todo caso, si tiene m醩 de doce a駉s, emitir una resoluci髇 motivada para declarar la situaci髇 de riesgo o bien desestimarla, caso en que se ordenar el archivo del expediente.

2. La resoluci髇 se tiene que pronunciar, como m韓imo, sobre:

  • a) La decisi髇 de declarar o no la situaci髇 de riesgo.
  • b) Las causas que han dado lugar a la intervenci髇 de la administraci髇.
  • c) El proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar, que tiene que contener las medidas tendentes a corregir la situaci髇 de riesgo del ni駉, ni馻 o adolescente, incluidas las referentes al deber de respeto a los padres y madres y personas que ejerzan su tutela, guarda o acogida, los plazos de revisi髇, el plazo de las medidas adoptadas y los dem醩 aspectos que se puedan establecer reglamentariamente. El proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar tendr una duraci髇 m醲ima de doce meses. No obstante, el 髍gano que haya dictado la declaraci髇 de riesgo, a propuesta de la comisi髇 de declaraci髇 de riesgo, puede prorrogar el proyecto por seis meses m醩, si se considera oportuno para conseguir los objetivos.

3. La resoluci髇 que ponga fin al procedimiento de declaraci髇 de situaci髇 de riesgo ser ejecutiva desde la fecha en que se dicte.

4. Ante la resoluci髇 que declare la situaci髇 de riesgo, se puede ejercer oposici髇 de acuerdo con el art韈ulo 780 de la Ley de enjuiciamiento civil, sin perjuicio de que se pueda llevar a cabo una mediaci髇 entre el profesional asignado al caso y la familia del ni駉, ni馻 o adolescente de acuerdo con esta ley.

Art韈ulo 115 Notificaci髇 y comunicaci髇

1. La resoluci髇 administrativa que declare o desestime la situaci髇 de riesgo y, en su caso, las medidas adoptadas se notificar醤 a los padres y madres o personas que ejerzan la tutela, guarda o acogida de las personas menores de edad y a la persona menor de edad afectada si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce a駉s, de forma inmediata. En la resoluci髇 se informar de manera espec韋ica sobre el proceso de oposici髇 a las resoluciones administrativas en materia de protecci髇 de menores, descrito en el art韈ulo 780 de la Ley de enjuiciamiento civil.

2. Cuando el procedimiento se haya incoado por comunicaci髇 de otro 髍gano de la misma administraci髇 o de otra administraci髇 p鷅lica, se les comunicar la decisi髇 mediante una notificaci髇 que contenga una somera indicaci髇 del contenido de la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento.

3. Trimestralmente se tendr que comunicar al Registro auton髆ico de declaraciones de situaciones de riesgo las resoluciones adoptadas.

Art韈ulo 116 Medidas de atenci髇 social y educativa ante las declaraciones de riesgo

1. Las actuaciones que se pueden establecer en el proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar o, en su caso, el convenio consensuado, son las siguientes:

  • a) La orientaci髇, el asesoramiento y la ayuda a la familia. La ayuda a la familia incluye las actuaciones de contenido t閏nico, econ髆ico o material dirigidas a mejorar el entorno familiar y a hacer posible la permanencia del ni駉, ni馻 o adolescente.
  • b) La intervenci髇 familiar o psicosocial mediante el establecimiento de programas socioeducativos, terap閡ticos o espec韋icos para los padres y madres o las personas que ejercen la tutela o la guarda de las personas menores de edad con la finalidad que alcancen capacidades y estrategias alternativas para el cuidado y la educaci髇 de las personas menores de edad.
  • c) El acompa馻miento del ni駉, ni馻 o adolescente a los centros educativos o a otras actividades, y el apoyo psicol骻ico o las ayudas al estudio.
  • d) La ayuda a domicilio.
  • e) La atenci髇 en centro abierto y otros servicios socioeducativos destinados a personas menores de edad en las cuales se haya apreciado una situaci髇 de riesgo caracterizada por la existencia de un perjuicio en el desarrollo personal o social que no sea lo bastante grave para justificar su separaci髇 del n鷆leo familiar y que necesiten durante alg鷑 periodo del d韆 el apoyo socioeducativo, psicol骻ico o de cualquier otra 韓dole que se considere necesario para promover los factores de protecci髇 y para permitir la interacci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente con la comunidad y la familia.
  • f) La atenci髇 sanitaria, que incluya la intervenci髇 psicoterap閡tica o el tratamiento familiar, tanto para los padres y madres o los titulares de la tutela o de la guarda, como para la persona menor de edad.
  • g) Los programas formativos y de inserci髇 socio-laboral para adolescentes que han abandonado el sistema escolar.
  • h) La asistencia personal para los padres y madres o los titulares de la tutela o de la guarda con diversidad funcional que les permita asumir sus obligaciones de atenci髇 y cuidado de los ni駉s, ni馻s y adolescentes.
  • i) La asistencia personal para los padres y madres con diversidad funcional que les permita superar la situaci髇 de riesgo.
  • j) Cualquier otra medida de car醕ter social y educativo que contribuya a la desaparici髇 de la situaci髇 de riesgo.

2. Se promover醤 metodolog韆s que fomenten la participaci髇 de los padres y madres o personas que ejerzan la tutela o la guarda de las personas menores de edad, as como de su entorno familiar y social en la resoluci髇 de las situaciones de riesgo.

Art韈ulo 117 Revisi髇 de las actuaciones en situaciones de riesgo

Los plazos de revisi髇 peri骴ica de las actuaciones que se desarrollen tienen que venir determinados en el convenio suscrito por la administraci髇 p鷅lica competente y los padres y madres o personas que ejerzan la tutela o la guarda de las personas menores de edad o, en su caso, en el proyecto de intervenci髇 social y educativo familiar aprobado por la resoluci髇 administrativa por la cual se declare la situaci髇 de riesgo. En todo caso, cuando se adopte la intervenci髇 respecto de los ni駉s o ni馻s menores de tres a駉s se revisar cada tres meses, y respecto de mayores y de adolescentes se revisar cada seis meses.

Art韈ulo 118 Cese de la declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo

1. La declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo cesa por la mayor韆 de edad del adolescente, el traslado de municipio de la familia, el cumplimiento de los objetivos del plan de intervenci髇 familiar, la resoluci髇 de declaraci髇 de desamparo o guarda, u otras circunstancias sobrevenidas, debidamente motivadas, que hagan variar su situaci髇.

2. El cese de la declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo tiene que incluir los siguientes aspectos:

  • a) En los casos de traslado de municipio, los servicios sociales del municipio de origen tienen que derivar previamente el expediente de la persona menor de edad a los servicios sociales del municipio de destino para preservar la continuidad de la intervenci髇 en su inter閟 superior. En estos casos, el ayuntamiento del municipio a donde se ha trasladado la familia tiene que asumir el expediente tramitado por el ayuntamiento de procedencia, subrogarse en la medida de declaraci髇 de riesgo acordada por este ayuntamiento y continuar con la intervenci髇 a trav閟 de sus servicios sociales propios.
  • b) En los casos en que se hayan conseguido los objetivos se馻lados en el plan de intervenci髇 familiar, los servicios sociales comunitarios tienen que elevar un informe motivado a la comisi髇 de declaraci髇 de riesgo, la cual tiene que emitir un dictamen sobre la oportunidad de que cese la declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo. Este informe tiene que contener, en su caso, las pautas para el seguimiento posterior de los ni駉s, ni馻s y adolescentes y sus familias para garantizar la continuidad de una atenci髇 adecuada. La resoluci髇 por la que se declare el cese de la declaraci髇 de la situaci髇 de riesgo, que tambi閚 tiene que contener, en su caso, las pautas para el seguimiento posterior de los ni駉s, ni馻s y adolescentes y sus familias para garantizar la continuidad de una atenci髇 adecuada, se tiene que comunicar al Ministerio Fiscal, a la familia y al ni駉, ni馻 o adolescente.
  • c) En los casos en que se considere que hay una situaci髇 de desprotecci髇 que puede requerir la separaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente de su 醡bito familiar, o cuando, concluido el periodo previsto en el proyecto de intervenci髇 o convenio, no se hayan conseguido cambios en el cumplimiento de los deberes de guarda que garanticen que el ni駉, ni馻 o adolescente tiene la necesaria asistencia moral o material, los servicios sociales tienen que emitir un informe motivado para proponer que se valore la declaraci髇 de desamparo, que se tiene que elevar a la comisi髇 de declaraci髇 de riesgo correspondiente para que emita su opini髇 sobre la oportunidad de derivar el expediente a la entidad p鷅lica competente en protecci髇.

La resoluci髇 por la que se deriva el expediente a la entidad p鷅lica se tiene que comunicar al Ministerio Fiscal, a la familia y al ni駉, ni馻 o adolescente y, asimismo, se tiene que hacer una nueva notificaci髇 mediante el Registro Unificado de Maltrato Infantil. Cuando la entidad p鷅lica considere que no es procedente declarar la situaci髇 de desamparo, lo tiene que poner en conocimiento de la administraci髇 p鷅lica que haya intervenido en la situaci髇 de riesgo y del Ministerio Fiscal.

Art韈ulo 119 Actuaciones de urgencia en situaci髇 de riesgo

1. Para las situaciones en que, durante el proceso de valoraci髇 o ejecuci髇 del proyecto de intervenci髇 familiar o una vez declarada la situaci髇 de riesgo, se considere necesaria y urgente la separaci髇 inmediata del ni駉, ni馻 o adolescente de su n鷆leo familiar para salvaguardar su integridad, los servicios sociales tienen que hacer la propuesta de separaci髇 directamente a la entidad p鷅lica y ponerlo, adem醩, en conocimiento del 髍gano colegiado de la entidad local y del Ministerio Fiscal.

2. Cuando se constate la comisi髇 de un posible delito, se tiene que poner en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad y del juzgado correspondiente.

Art韈ulo 120 Valoraci髇 de la entidad p鷅lica

1. En el plazo de veinte d韆s naturales, la entidad p鷅lica tiene que valorar la situaci髇 de desprotecci髇 con la finalidad de determinar la iniciaci髇 de un procedimiento de declaraci髇 de desamparo, la adopci髇 de una medida cautelar de separaci髇 del entorno familiar o cualquier otra. Si concluye no iniciar el procedimiento de declaraci髇 de desamparo, lo tiene que comunicar, mediante un informe motivado, al 髍gano colegiado de la entidad local que haya derivado el caso, a los servicios sociales proponentes de situaciones de urgencia y al Ministerio Fiscal.

2. La derivaci髇 del caso a la entidad p鷅lica para la adopci髇 de una medida protectora no supone la suspensi髇 de las actuaciones que desarrolla la entidad local.

Cap韙ulo III
Actuaciones en situaci髇 de desamparo

Secci髇 1
Disposiciones generales

Art韈ulo 121 Concepto y situaciones de desamparo

1. Constituye una situaci髇 de desamparo la que se produce de hecho, a causa del incumplimiento o del ejercicio imposible o inadecuado de los deberes de protecci髇 establecidos por las leyes para la guarda de los ni駉s, ni馻s y adolescentes, cuando queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

2. Concretamente, se entiende que existe una situaci髇 de desamparo cuando se produce alguna de las circunstancias siguientes con la gravedad suficiente que, valorada y ponderada de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad, suponga una amenaza para la integridad f韘ica, ps韖uica o emocional del ni駉, ni馻 o adolescente:

  • a) El abandono del ni駉, ni馻 o adolescente, o bien porque faltan las personas a quienes, por ley, corresponde el ejercicio de la guarda o bien porque estas personas no quieren o no pueden ejercerla.
  • b) El transcurso del plazo de guarda voluntaria cuando los responsables legales se encuentren en condiciones de hacerse cargo de la guarda del ni駉, ni馻 o adolescente y no la quieran asumir o bien cuando la quieran asumir pero no est閚 en condiciones de hacerlo, salvo los casos excepcionales en que la guarda voluntaria se pueda prorrogar m醩 all del plazo de dos a駉s.
  • c) El riesgo para la vida, la salud y la integridad f韘ica del ni駉, ni馻 o adolescente, en particular cuando se produzcan maltratos f韘icos graves, abusos sexuales o negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones alimenticias y de salud por parte de los miembros de la unidad familiar, o de terceros con el consentimiento de los miembros.
  • d) La identificaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente como v韈tima de tr醘ico de seres humanos o de cualquier forma de explotaci髇 y cualesquiera otros de naturaleza an醠oga con el conocimiento, el consentimiento o la tolerancia de los padres y madres o las personas que ejerzan su tutela o guarda.
  • e) La existencia de un conflicto de intereses con los padres y madres o las personas que ejerzan la tutela o la guarda de las personas menores de edad cuando esta situaci髇 pueda derivar en una situaci髇 de desamparo del ni駉, ni馻 o adolescente.
  • f) La existencia de un consumo reiterado de sustancias con potencial adictivo o la ejecuci髇 de otro tipo de conductas adictivas de manera reiterada por parte del ni駉, ni馻 o adolescente con el conocimiento, el consentimiento o la tolerancia de los padres y madres o personas que ejerzan su tutela, guarda o acogimiento. A estos efectos, se entiende que existe este consentimiento o tolerancia cuando no se han hecho los esfuerzos necesarios para paliar estas conductas, como solicitar asesoramiento o colaborar suficientemente con el tratamiento, una vez conocidas las conductas mencionadas.
  • g) Los perjuicios graves al beb causados por maltrato prenatal.
  • h) El riesgo para la salud mental del ni駉, ni馻 o adolescente, la integridad moral y el desarrollo de su personalidad a causa del maltrato psicol骻ico continuado o de la falta de atenci髇 grave y cr髇ica de sus necesidades afectivas o educativas por parte de padres y madres o personas que ejerzan la tutela o la guarda. Cuando esta falta de atenci髇 est condicionada por un trastorno mental grave, por un consumo habitual de sustancias con potencial adictivo o por otras conductas adictivas habituales, se valorar como un indicador de desamparo la ausencia de tratamiento por parte de los padres y madres o personas que ejerzan la tutela o la guarda de las personas menores de edad o la falta de colaboraci髇 suficiente durante este tratamiento.
  • i) El incumplimiento o el ejercicio imposible o inadecuado de los deberes de guarda como consecuencia del deterioro grave del entorno o de las condiciones de vida familiares, cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que perjudiquen el desarrollo del ni駉, ni馻 o adolescente o su salud mental.
  • j) La inducci髇 a la mendicidad, delincuencia o prostituci髇, o cualquier otra explotaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente de naturaleza o gravedad similar.
  • k) La ausencia de escolarizaci髇 o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducci髇 al absentismo escolar durante las etapas de escolarizaci髇 obligatoria.
  • l) Cualquier otra situaci髇 gravemente perjudicial para el ni駉, ni馻 o adolescente que derive del incumplimiento o del ejercicio imposible o inadecuado de la patria potestad, la tutela o la guarda, cuyas consecuencias no se puedan evitar mientras permanezca en su entorno de convivencia.

3. Otros factores para tener en cuenta en relaci髇 con la situaci髇 de desamparo son:

  • a) En ning鷑 caso se tiene que separar un ni駉, ni馻 o adolescente de sus padres, y madres o personas que ejerzan la tutela o la guarda por raz髇 de una diversidad funcional del ni駉, ni馻 o adolescente, de ambos progenitores o de uno de ellos, siempre que no vaya acompa馻da de factores de desamparo.
  • b) Se considera un indicador de desamparo tener un hermano o hermana declarado en esta situaci髇, a menos que las circunstancias familiares hayan cambiado.
  • c) La situaci髇 de pobreza de los padres y madres o personas que ejerzan la tutela o guarda de personas menores de edad no se puede tener en cuenta para la valoraci髇 de la situaci髇 de desamparo, si bien cabe tener presente la situaci髇 de precariedad econ髆ica en aquellos casos en los que concurra juntamente con otros factores que determinen una situaci髇 de desamparo tal y como define la legislaci髇 estatal.
  • d) Se evitar la separaci髇 de hermanos, especialmente dentro del mismo rango de edad excepto por causas excepcionales que deber醤 ser especialmente motivadas en la resoluci髇 administrativa y aprobadas judicialmente.

Art韈ulo 122 Administraci髇 y 髍ganos competentes

1. Corresponden a los consejos insulares, en calidad de entidad p鷅lica, en el 醡bito territorial respectivo, todas las actuaciones materiales, t閏nicas y jur韉icas en las situaciones de desamparo.

2. Cada entidad p鷅lica, de acuerdo con la potestad de autoorganizaci髇 propia, tiene que determinar los 髍ganos con competencias en la materia.

Art韈ulo 123 Valoraci髇 y necesidad del procedimiento

Tanto la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo como la adopci髇 de cualquier medida de protecci髇, dado el inter閟 superior de la persona menor de edad, se tienen que adoptar mediante resoluci髇 administrativa motivada, con la observancia de los procedimientos regulados en los siguientes art韈ulos.

Secci髇 2
Actuaciones previas

Art韈ulo 124 Comprobaciones iniciales e investigaci髇 previa

1. Antes de iniciar el procedimiento para declarar el desamparo, seg鷑 los datos disponibles o la comunicaci髇 recibida, se pueden hacer las primeras indagaciones para la comprobaci髇 inicial de los hechos y la investigaci髇 previa que lleve a reunir toda la informaci髇 disponible, con el objeto de hacer una primera valoraci髇 de la situaci髇 socio-familiar y valorar si el caso es competencia de la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores.

2. Siempre que sea posible, las actuaciones previas tienen que incluir un primer encuentro con el ni駉, ni馻 o adolescente y con sus padres y madres o las personas que ejerzan la tutela o guarda as como con personas significativas del entorno familiar o comunitario, por parte de un profesional t閏nico.

3. Todas las actuaciones previas, de las cuales tiene que quedar completa y puntual constancia por escrito, tienen que concluir en el menor tiempo posible y, en todo caso, en el plazo m醲imo de un mes.

Secci髇 3
Procedimiento ordinario para la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo

Art韈ulo 125 Iniciaci髇 del procedimiento

1. El procedimiento para la declaraci髇 de desamparo y asunci髇 de la tutela se tiene que iniciar de oficio por acuerdo del 髍gano competente de la entidad p鷅lica, cuando tenga conocimiento de la existencia de un ni駉, ni馻 o adolescente que se pueda encontrar en una de las situaciones que el ordenamiento jur韉ico describe como desamparo.

2. El acuerdo de incoaci髇 en todo caso tiene que ser motivado y se puede adoptar a iniciativa propia, por orden judicial, a petici髇 razonada de otro 髍gano o de otra administraci髇 p鷅lica o del Ministerio Fiscal o por denuncia de un particular. En este 鷏timo caso no es obligatorio notificar el acuerdo al denunciante. A efectos de esta ley, se entiende que las notificaciones realizadas mediante el Registro Unificado de Maltrato Infantil de las Illes Balears se encuentran dentro del supuesto de iniciaci髇 del procedimiento a petici髇 razonada de otro 髍gano o de otra administraci髇 p鷅lica. Esta petici髇 no vincula el 髍gano competente para iniciar el procedimiento, si bien tiene que comunicar al 髍gano o a la administraci髇 p鷅lica que la haya formulado el inicio del procedimiento o bien los motivos por los cuales, en su caso, no es procedente la iniciaci髇. Igualmente, el 髍gano competente para iniciar el procedimiento, antes de iniciarlo, puede solicitar al 髍gano o a la administraci髇 p鷅lica que haya formulado la petici髇 que la complemente o la mejore.

3. En el acuerdo de incoaci髇 se pueden adoptar todas las acciones de protecci髇 necesarias para garantizar la integridad f韘ica y moral del ni駉, ni馻 o adolescente.

4. El acuerdo de incoaci髇 tiene que incluir la designaci髇 del instructor o instructora del expediente como responsable del caso y de la tramitaci髇 del expediente, que tiene que ser uno de los t閏nicos del departamento o del 醨ea competente en materia de personas menores de edad de la entidad p鷅lica competente, el cual puede formar parte de un equipo multidisciplinar.

Art韈ulo 126 Instrucci髇 del procedimiento

1. Una vez adoptado y notificado el acuerdo de incoaci髇 del procedimiento, corresponde al instructor o instructora la realizaci髇 de los actos necesarios para la determinaci髇, el conocimiento y la comprobaci髇 de la situaci髇 de desamparo.

2. A este efecto, el instructor o instructora pedir informes sanitarios, psicol骻icos, socio-familiares, educativos, legales y todos los que se consideren oportunos sobre el ni駉, ni馻 o adolescente y su familia, en los cuales tenga que fundamentar su propuesta t閏nica al 髍gano competente para resolver el procedimiento. Los informes tendr醤 que ser incorporados al expediente.

3. Igualmente, se llevar醤 a cabo las entrevistas, las exploraciones, las visitas domiciliarias y el resto de actuaciones que se consideren oportunas para la valoraci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente, sus necesidades y sus circunstancias socio-familiares.

Art韈ulo 127 Alegaciones

Los padres y madres o las personas que ejercen la tutela o la guarda de las personas menores de edad, y los adolescentes y los ni駉s y ni馻s cuando tengan cumplidos doce a駉s o juicio suficiente seg鷑 el instructor o instructora del expediente, en cualquier momento del procedimiento anterior al tr醡ite de audiencia pueden formular alegaciones, aportar documentos u otros elementos de juicio y, en general, servirse de todos los medios de prueba admisibles en derecho que consideren convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses. La administraci髇 p鷅lica informar expresamente de este derecho en el acto o resoluci髇 de inicio del procedimiento.

Art韈ulo 128 Tr醡ite de audiencia

1. En la instrucci髇 del procedimiento de declaraci髇 de desamparo, mediante comparecencia personal ante el instructor o instructora del expediente, se dar audiencia a los padres y madres o personas que ejerzan la tutela o guarda de las personas menores de edad y a la persona menor de edad afectada si tiene la madurez suficiente y, en todo caso, si tiene m醩 de doce a駉s. A este efecto, los padres y madres o personas que ejerzan la tutela o guarda de las personas menores de edad est醤 obligados a comparecer en la sede administrativa en la que se les convoque. En caso de incomparecencia se tendr por realizado el tr醡ite y continuar el procedimiento.

2. Se tiene que extender un acta de la comparecencia, con las manifestaciones de las personas interesadas, para incorporarla al expediente.

Art韈ulo 129 Propuesta de resoluci髇

Una vez completada la instrucci髇 del expediente, en el plazo de diez d韆s, el instructor o instructora tiene que enviar a la comisi髇 de desamparo y tutela competente una propuesta de resoluci髇, junto con la propuesta de plan individualizado de protecci髇 y el resto del expediente, para solicitar su dictamen.

Art韈ulo 130 Comisi髇 de desamparo y tutela

1. En cada isla de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears tiene que existir, como m韓imo, una comisi髇 de desamparo y tutela integrada en el organigrama de la entidad p鷅lica competente.

2. La comisi髇 de desamparo y tutela tiene, entre otras funciones que se le puedan atribuir, las siguientes:

  • a) Emitir dictamen sobre los expedientes de desamparo que se someten a su consideraci髇.
  • b) Emitir dictamen sobre la propuesta de modificaci髇 de la medida de desamparo o tutela impuesta a un ni駉, ni馻 o adolescente o, en su caso, del plan individualizado de protecci髇.
  • c) Emitir dictamen sobre la propuesta de cese de la declaraci髇 de desamparo.
  • d) Dar a conocer a todos los integrantes de la comisi髇 los casos de desamparo que est閚 en fase de valoraci髇, de intervenci髇 o de seguimiento.
  • e) Llevar a cabo otras funciones que se puedan determinar reglamentariamente o que le encomiende la entidad local que la constituya.

3. La composici髇, las funciones y el r間imen de funcionamiento se determinar醤 normativamente. No obstante, en cuanto a la composici髇, si un adolescente se encuentra cumpliendo alguna de las medidas de justicia juvenil que prev la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor, tiene que participar, con voz pero sin voto, el t閏nico o t閏nica responsable de la ejecuci髇.

Art韈ulo 131 Resoluci髇 del procedimiento

1. El procedimiento de declaraci髇 de desamparo y asunci髇 de la tutela finaliza por la resoluci髇 motivada del 髍gano competente por la que se declara o se desestima la situaci髇 de desamparo y asunci髇 de la tutela. En su caso, la resoluci髇 puede ordenar el archivo del expediente, la derivaci髇 de la intervenci髇 con el ni駉, ni馻 o adolescente y su familia a otro 髍gano o recurso, o la adopci髇 de otra medida de protecci髇 m醩 adecuada.

2. La resoluci髇 que se dicte tiene que ser motivada. Concretamente, la que declare el desamparo y disponga la asunci髇 de la tutela sobre el ni駉, ni馻 o adolescente tiene que hacer referencia a las causas que hayan dado lugar a la intervenci髇 de la administraci髇 y a los efectos de esta declaraci髇.

3. La resoluci髇 que ponga fin al procedimiento de declaraci髇 de desamparo y asunci髇 de la tutela ser ejecutiva desde la fecha en que se dicte.

4. Se puede recurrir contra la resoluci髇 ante la jurisdicci髇 civil de acuerdo con la legislaci髇 vigente y se informar de ello a las partes interesadas.

Art韈ulo 132 Notificaci髇 y comunicaci髇 de la resoluci髇

1. La resoluci髇 administrativa que ponga fin al procedimiento se tiene que notificar a los padres y madres o a las personas que ejerzan la tutela o la guarda de las personas menores de edad y a la persona menor de edad afectada si tiene la madurez suficiente y, en todo caso, si tiene m醩 de doce a駉s, inmediatamente, sin sobrepasar el plazo m醲imo de 48 horas en caso de que se declare la situaci髇 de desamparo.

2. Igualmente se tiene que comunicar al Ministerio Fiscal y, en su caso, al juez o la jueza que haya dictado la tutela ordinaria.

3. Cuando el procedimiento se haya incoado a petici髇 razonada de otro 髍gano o de otra administraci髇 p鷅lica, se le tiene que comunicar la decisi髇 mediante una notificaci髇 que contenga una indicaci髇 sumaria del contenido de la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento.

Art韈ulo 133 Auxilio judicial y policial

1. Cuando, por la oposici髇 de los padres y madres o las personas que ejerzan la tutela o la guarda del ni駉, ni馻 o adolescente, o por la existencia de cualquier otro impedimento grave, se obstaculice o se imposibilite la investigaci髇 del caso o la ejecuci髇 de las medidas de protecci髇 ya acordadas, la entidad p鷅lica tiene que llevar a cabo las actuaciones adecuadas para remover el impedimento, hacer efectivas las medidas y, en los casos en que el tipo de actuaci髇 lo requiera, solicitar a la autoridad judicial que disponga lo que sea necesario para hacerlas efectivas; todo eso sin perjuicio de las intervenciones inmediatas que se puedan llevar a cabo para evitar los riesgos inminentes para la vida o la integridad del ni駉, ni馻 o adolescente y garantizar el ejercicio de sus derechos esenciales.

2. Toda persona f韘ica o jur韉ica, p鷅lica o privada, est obligada a colaborar con la entidad p鷅lica para poder ejecutar y hacer efectivas las medidas jur韉icas de protecci髇 adoptadas por resoluci髇 administrativa.

3. Asimismo, se solicitar la cooperaci髇 y la asistencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad cuando las actuaciones de investigaci髇 no se puedan llevar a cabo o las medidas protectoras acordadas no se puedan ejecutar con los medios de que disponga la autoridad administrativa competente.

Art韈ulo 134 Tutela del ni駉, ni馻 o adolescente

1. De acuerdo con el art韈ulo 172 del C骴igo Civil, la asunci髇 de la tutela atribuida a la entidad p鷅lica comporta la suspensi髇 de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, son v醠idos los actos de contenido patrimonial que llevan a cabo los padres y madres o las personas que ejerzan la tutela en representaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente y en su inter閟.

2. El 髍gano competente de la entidad p鷅lica, si lo cree pertinente, puede solicitar a la autoridad judicial la privaci髇 de la patria potestad o la remoci髇 de la tutela, as como ejercer las acciones civiles y penales necesarias tendentes a la defensa de los intereses del ni駉, ni馻 o adolescente.

3. En caso de que la autoridad judicial resuelva la privaci髇 de la patria potestad o la remoci髇 de la tutela, el 髍gano competente asumir todas las funciones tutelares sobre el ni駉, ni馻 o adolescente, mientras no se constituya la tutela ordinaria seg鷑 las reglas generales del C骴igo Civil, el ni駉, ni馻 o adolescente no sea adoptado, no se emancipe o no llegue a la mayor韆 de edad.

4. La asunci髇 de las funciones tutelares en virtud de sentencia firme se desarrollar con los l韒ites que establece la legislaci髇 vigente y, en todo caso, de la manera determinada en la resoluci髇 judicial.

5. Cuando los ni駉s, ni馻s o adolescentes est閚 desamparados y tenga asumida la tutela la entidad p鷅lica, recibir醤 inmediatamente una primera atenci髇 para su observaci髇 y diagn髎tico en el centro de primera acogida, en r間imen de acogimiento en familia externa o ajena en hogar funcional o con acogida profesional o centro terap閡tico. En caso de que los ni駉s, ni馻s o adolescentes est閚 en centros de primera acogida, la duraci髇 de la estancia no puede ser superior a seis meses. Excepcionalmente podr prolongarse este per韔do por el tiempo que sea necesario en aquellos casos en los que as lo exija el inter閟 superior de la persona menor de edad, lo que debe quedar suficientemente justificado en el expediente.

Secci髇 4
Tramitaci髇 urgente del procedimiento

Art韈ulo 135 Tramitaci髇 urgente del procedimiento

1. Cuando, de la primera informaci髇 disponible o en cualquier momento de la instrucci髇 del procedimiento, se constate la situaci髇 cr韙ica en que se encuentra un ni駉, ni馻 o adolescente, se considere la existencia de un riesgo grave e inminente para su integridad f韘ica o ps韖uica o se deduzca la necesidad de una intervenci髇 sin demora, el 髍gano competente podr, con car醕ter de urgencia, dictar una resoluci髇 de guarda provisional o de declaraci髇 de desamparo y asunci髇 de la tutela, si se cumplen los requisitos que establece el C骴igo Civil.

2. Cuando se asuma la guarda provisional del ni駉, ni馻 o adolescente, se tiene que proceder simult醤eamente a practicar las diligencias necesarias para identificar al ni駉, ni馻 o adolescente, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situaci髇 real de desamparo. Estas diligencias se tienen que practicar en el plazo m醩 breve posible, durante el cual se tiene que proceder, en su caso, a la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo y la consiguiente asunci髇 de la tutela o la promoci髇 de la medida de protecci髇 procedente. Si existen personas que, por la relaci髇 con el ni駉, ni馻 o adolescente o por otras circunstancias, pueden asumir la tutela en su inter閟, se promover el nombramiento de un tutor o tutora de acuerdo con las reglas ordinarias que establece el C骴igo Civil.

3. En los casos en que se haya declarado el desamparo y se haya asumido la tutela cautelar del ni駉, ni馻 o adolescente, la tramitaci髇 continuar, posteriormente, de conformidad con lo que establece el procedimiento ordinario para completar la instrucci髇, confirmar la declaraci髇 de desamparo o declarar la extinci髇 de la tutela constituida inicialmente.

4. Si hay obstrucci髇, por parte de los responsables del ni駉, ni馻 o adolescente, de las primeras actuaciones o comprobaciones, o falta de colaboraci髇, si estos comportamientos ponen en riesgo la seguridad del ni駉, ni馻 o adolescente, y la negativa a participar en la ejecuci髇 de las medidas dictadas, cuando facilite el mantenimiento, la cronificaci髇 o el agravamiento de la situaci髇 de desprotecci髇, se puede fundamentar la declaraci髇 formal de desamparo.

Secci髇 5
Revocaci髇, oposici髇 y cese del desamparo y cese de la tutela

Art韈ulo 136 Revocaci髇, oposici髇 y cese del desamparo

1. De acuerdo con el art韈ulo 172.3 del C骴igo Civil, la entidad p鷅lica, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la persona o entidad interesada, en cualquier momento puede revocar la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo y decidir el retorno del ni駉, ni馻 o adolescente con su familia, siempre que se entienda que es lo m醩 adecuado para su inter閟 y quede acreditada en el expediente administrativo la desaparici髇 de las circunstancias que hayan dado lugar a la declaraci髇. Esta decisi髇 se tiene que notificar al Ministerio Fiscal.

2. Los padres y madres que tengan suspendida la patria potestad o los tutores que tengan suspendida la tutela de acuerdo con el art韈ulo 172.1 del C骴igo Civil, durante el plazo de dos a駉s desde la notificaci髇 de la resoluci髇 administrativa por la que se declara la situaci髇 de desamparo, pueden solicitar a la entidad p鷅lica el cese de la suspensi髇 y que quede revocada esta declaraci髇 si han cambiado las circunstancias que la hab韆n motivado y entienden que se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad o la tutela. Igualmente, durante el mismo plazo pueden oponerse a las decisiones que se adopten respecto al ni駉, ni馻 o adolescente.

3. La solicitud de las personas interesadas de revocaci髇 del desamparo se puede tramitar de acuerdo con las reglas del procedimiento de tramitaci髇 simplificada previsto en la legislaci髇 reguladora del procedimiento administrativo com鷑. La revocaci髇 de la situaci髇 de desamparo de oficio por parte de la entidad p鷅lica requiere, en todo caso, un informe favorable de la comisi髇 de desamparo y tutela.

4. Una vez pasado el plazo de dos a駉s desde la notificaci髇 de la resoluci髇 administrativa por la que se declara la situaci髇 de desamparo, decaer el derecho de los padres y madres o las personas que ejerzan la tutela de las personas menores de edad a oponerse a las decisiones o a las medidas que se adopten para la protecci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente o a solicitar su revocaci髇.

Art韈ulo 137 Cese de la tutela

La entidad p鷅lica cesar en la tutela que ejerza sobre los ni駉s, ni馻s o adolescentes declarados en situaci髇 de desamparo cuando constate, mediante los informes correspondientes, la desaparici髇 de las causas que hayan motivado su asunci髇, por alguno de los supuestos previstos en los art韈ulos 276 y 277.1 del C骴igo Civil, y cuando compruebe fehacientemente alguna de las siguientes circunstancias:

  • a) Que el ni駉, ni馻 o adolescente se ha trasladado voluntariamente a otro pa韘.
  • b) Que el ni駉, ni馻 o adolescente se encuentra en el territorio de otra comunidad aut髇oma y la entidad p鷅lica correspondiente ha dictado una resoluci髇 sobre la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo y ha asumido su tutela o la medida de protecci髇 correspondiente, o entiende que ya no hay que adoptar medidas de protecci髇 de acuerdo con la situaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente.
  • c) Que han transcurrido seis meses desde que el ni駉, ni馻 o adolescente ha abandonado voluntariamente el centro de protecci髇 y se encuentra en paradero desconocido. No obstante, la entidad p鷅lica competente activar todos los mecanismos necesarios para su localizaci髇.

Cap韙ulo IV
De la guarda

Art韈ulo 138 Asunci髇 de la guarda

La entidad p鷅lica asume la guarda de los ni駉s, ni馻s o adolescentes en los supuestos y con el alcance que establecen esta ley y la legislaci髇 civil del Estado.

Secci髇 1
De la guarda voluntaria

Art韈ulo 139 Guarda voluntaria

1. La entidad p鷅lica asumir la guarda de un ni駉, ni馻 o adolescente durante el tiempo necesario a solicitud de los padres y madres o las personas que ejerzan su tutela cuando, por circunstancias graves y transitorias debidamente acreditadas, no lo puedan cuidar.

2. La entrega voluntaria de la guarda se tiene que hacer por escrito, con constancia de que se ha informado a los padres y madres o a las personas que ejerzan la tutela de las personas menores de edad de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto al ni駉, ni馻 o adolescente, del compromiso de la familia de someterse, en su caso, a la intervenci髇 profesional, as como de la forma en que la entidad p鷅lica ejercer esta guarda y garantizar, en particular, a las personas menores de edad con diversidad funcional la continuidad de los apoyos especializados que reciban o la adopci髇 de otros m醩 adecuados a sus necesidades.

3. La resoluci髇 sobre la asunci髇 de la guarda por parte de la entidad p鷅lica, as como sobre cualquier variaci髇 posterior de la forma de ejercicio correspondiente, tiene que ser motivada y se tiene que comunicar a los padres y madres o a las personas que ejerzan la tutela de las personas menores de edad y al Ministerio Fiscal.

4. La guarda voluntaria tiene una duraci髇 m醲ima de dos a駉s, a menos que el inter閟 superior de la persona menor de edad aconseje, excepcionalmente, la pr髍roga de la medida por el previsible reintegro familiar en un plazo breve de tiempo. Una vez transcurrido el plazo o la pr髍roga, en su caso, el ni駉, ni馻 o adolescente tiene que volver con sus padres y madres o con las personas que ejerzan su tutela. Si sus responsables legales tienen las condiciones de hacerse cargo de la guarda y no la quieren asumir, o bien si la quieren asumir pero no est醤 en condiciones de hacerlo, el ni駉, ni馻 o adolescente ser declarado en situaci髇 de desamparo.

5. La guarda voluntaria se puede ejercer en acogimiento familiar o en acogimiento residencial.

6. La situaci髇 de guarda temporal voluntaria cesar cuando las personas que la hayan solicitado manifiesten la voluntad de recuperarla, una vez se compruebe la desaparici髇 de las causas que hayan motivado su asunci髇.

Secci髇 2
De la guarda de hecho

Art韈ulo 140 De la guarda de hecho

1. Los ni駉s, ni馻s o adolescentes que se encuentren en una situaci髇 de guarda de hecho no ser醤 declarados en desamparo si se constata que est醤 atendidos adecuadamente y no concurren circunstancias que requieran la adopci髇 de medidas de protecci髇. En estos casos, la entidad p鷅lica lo tiene que poner en conocimiento del juzgado correspondiente a los efectos que prev el art韈ulo 303 del C骴igo Civil.

2. Es procedente la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo del ni駉, ni馻 o adolescente en situaci髇 de guarda de hecho cuando, adem醩 de esta circunstancia, se producen los supuestos objetivos de falta de asistencia previstos en los art韈ulos 172 y 239 bis del C骴igo Civil.

3. La tutela de los ni駉s, ni馻s o adolescentes que se encuentran en situaci髇 de desamparo corresponde por ministerio de la ley a la entidad p鷅lica. No obstante, se nombrar un tutor o tutora de acuerdo con las reglas ordinarias cuando haya personas que, por su relaci髇 con el ni駉, ni馻 o adolescente o por otras circunstancias, puedan asumir la tutela en su inter閟. En estos casos, la entidad p鷅lica que tenga conocimiento de esta situaci髇 lo debe poner en conocimiento del fiscal o del juzgado correspondiente a los efectos que prev el art韈ulo 303 del C骴igo Civil.

4. Cautelarmente, mientras se mantenga la situaci髇 de guarda de hecho y hasta que se constituya la medida de protecci髇 adecuada, si es procedente, se pueden otorgar judicialmente facultades tutelares a los guardadores. Igualmente, se puede constituir un acogimiento temporal en el que los guardadores sean acogedores.

Secci髇 3
De la guarda judicial

Art韈ulo 141 De la guarda judicial

La entidad p鷅lica asumir la guarda de un ni駉, ni馻 o adolescente cuando lo dicte el juez o jueza en los casos en que sea procedente legalmente y adoptar la medida de protecci髇 correspondiente.

Secci髇 4
De la guarda provisional

Art韈ulo 142 De la guarda provisional

1. De acuerdo con el art韈ulo 172.4 del C骴igo Civil, la entidad p鷅lica puede asumir la guarda provisional de un ni駉, ni馻 o adolescente sin declaraci髇 previa de desamparo ni solicitud expresa de los padres y madres o de las personas que ejerzan su tutela, por resoluci髇 administrativa y con comunicaci髇 al Ministerio Fiscal, mientras tienen lugar la pr醕tica de diligencias necesarias para identificar al ni駉, ni馻 o adolescente, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situaci髇 real de desamparo. La resoluci髇 administrativa mediante la que se asume la guarda provisional de un ni駉, ni馻 o adolescente se tiene que notificar a sus padres y madres o a las personas que ejerzan la tutela y puede ser objeto de recurso en el plazo de dos meses desde la notificaci髇 ante la jurisdicci髇 civil.

2. Estas diligencias se practicar醤 en el plazo m醩 breve posible y, en todo caso, en un periodo no superior a quince d韆s, durante el cual se tiene que proceder, en su caso, a la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo y la consiguiente asunci髇 de la tutela o la proposici髇 de la medida de protecci髇 procedente. Si existen personas que, por su relaci髇 con el ni駉, ni馻 o adolescente o por otras circunstancias, pueden asumir la tutela en su inter閟, se promover el nombramiento de un tutor o tutora de acuerdo con las reglas ordinarias.

3. La guarda provisional cesa por las mismas causas que la tutela y, adem醩, por las siguientes:

  • a) La reintegraci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente con sus padres y madres o las personas que ejerzan su tutela por la desaparici髇 de las causas que hayan motivado su asunci髇.
  • b) La declaraci髇 de desamparo.
  • c) El nombramiento de un tutor o tutora de acuerdo con las reglas ordinarias.

Cap韙ulo V
Disposiciones comunes a la guarda y a la tutela

Secci髇 1
R間imen general

Art韈ulo 143 Principios de aplicaci髇 de las medidas del sistema de protecci髇

En la aplicaci髇 de cualquiera de las medidas del sistema de protecci髇 hay que ajustarse a los siguientes principios:

  • a) Prioridad de las medidas estables sobre las medidas temporales.
  • b) Prioridad de las medidas familiares sobre las residenciales.
  • c) Prioridad de las medidas consensuadas sobre las impuestas.

Art韈ulo 144 Formas de ejercicio de la guarda

1. La guarda del ni駉, ni馻 o adolescente se tiene que ejercer, mediante acogimiento familiar, acogimiento residencial o guarda con fines de adopci髇, con sujeci髇 a lo que establecen esta ley y la legislaci髇 civil aplicable. La resoluci髇 de la entidad p鷅lica en la que se formalice por escrito la medida de guarda se tiene que notificar a los padres y madres o a las personas que tengan atribuida la tutela de las personas menores de edad no privados de la patria potestad o tutela, y se tiene que notificar al Ministerio Fiscal.

2. La entidad p鷅lica de protecci髇 de menores puede acordar y llevar a cabo cualquier otra actuaci髇 que exija el inter閟 superior de la persona menor de edad, siempre en el 醡bito de sus respectivas competencias y de acuerdo con lo que establecen esta ley y la legislaci髇 civil aplicable.

3. Se tiene que buscar siempre el inter閟 superior de la persona menor de edad y, cuando eso no sea contrario a este inter閟, se tiene que priorizar el reintegro en la propia familia y que la guarda de los hermanos y hermanas se conf韊 a una misma instituci髇 o persona para que permanezcan unidos. La situaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente en relaci髇 con la familia de origen, tanto con respecto a la guarda como al r間imen de visitas y otras formas de comunicaci髇, se tiene que revisar cada tres meses en los casos de ni駉s o ni馻s de menos de tres a駉s, y cada seis meses con respecto a los mayores y adolescentes.

4. En los casos de declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo o de asunci髇 de la guarda por resoluci髇 administrativa o judicial, la entidad p鷅lica puede establecer la cantidad que tienen que abonar los padres y madres o las personas que ejerzan la tutela de las personas menores de edad para contribuir, en concepto de alimentos y seg鷑 sus posibilidades, a los gastos derivados del cuidado y la atenci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente, as como a los derivados de la responsabilidad civil que pueda imputarse a las personas menores de edad por actos que hayan realizado.

Art韈ulo 145 Profesional de referencia

1. Cuando un ni駉, ni馻 o adolescente sea declarado en desamparo o en guarda, se le asignar un t閏nico o t閏nica de la entidad p鷅lica competente, que ser su referente hasta el cese de la medida de protecci髇 que tenga impuesta. El cambio de medida de protecci髇 no implica el cambio de t閏nico o t閏nica referente.

2. El profesional de referencia tiene que ajustar su actuaci髇 a la 閠ica profesional y al c骴igo deontol骻ico de aplicaci髇. Procurar el entendimiento con todas las partes por el bien supremo del inter閟 de la persona menor de edad. En caso de discrepancias entre el profesional y las familias o con la persona menor de edad en cuanto a las actuaciones que se desarrollen se puede acudir a la mediaci髇 para la protecci髇 infantil que prev esta ley.

Art韈ulo 146 Duraci髇 de las medidas y plazos de revisi髇

1. La duraci髇 de las medidas de protecci髇 tiene que ser la m韓ima para conseguir los objetivos que persiguen y, en todo caso, la que se indica a continuaci髇.

a) Guarda voluntaria familiar o residencial: duraci髇 m醲ima de dos a駉s, excepcionalmente prorrogables por el previsible reintegro familiar en un plazo breve de tiempo.

b) Acogimiento familiar de urgencia: duraci髇 m醲ima no superior a seis meses.

c) Acogimiento familiar temporal: duraci髇 m醲ima de dos a駉s, excepto que el inter閟 superior de la persona menor de edad aconseje su pr髍roga por la previsible e inmediata reintegraci髇 familiar, o la adopci髇 de otra medida de protecci髇 definitiva.

d) Guarda con fines de adopci髇: plazo para proponer la adopci髇 al juzgado de tres meses desde el d韆 en que se haya adoptado la delegaci髇 de la guarda con fines de adopci髇, prorrogable hasta un m醲imo de un a駉.

e) Acogimiento residencial: duraci髇 m醲ima para ni駉s o ni馻s de menos de seis a駉s no superior a tres meses, con car醕ter general y de acuerdo con la legislaci髇 estatal.

f) Guarda provisional: el plazo m醩 breve posible.

2. En cualquier caso, las medidas ser醤 revisables peri骴icamente:

  • a) Cualquier medida de protecci髇 no permanente que se adopte con ni駉s o ni馻s de menos de tres a駉s se tiene que revisar cada tres meses.
  • b) Cualquier medida de protecci髇 no permanente que se adopte con ni駉s o ni馻s de m醩 de tres a駉s y adolescentes se tiene que revisar cada seis meses.
  • c) En los acogimientos permanentes, el primer a駉, la revisi髇 se tiene que hacer como m韓imo cada seis meses y, a partir del segundo a駉, como m韓imo, cada doce meses.
  • d) La medida de ingreso del ni駉, ni馻 o adolescente en un centro de protecci髇 espec韋ico de personas menores de edad con problemas de conducta se tiene que revisar cada tres meses. En este supuesto, cada tres meses, la entidad p鷅lica tiene que enviar al 髍gano judicial competente que ha autorizado su ingreso y al Ministerio Fiscal un informe motivado de seguimiento que incluya las entradas del libro de registro de incidencias.

3. El plan individualizado de protecci髇, en caso de situaci髇 de desamparo y guarda, tiene que recoger la previsi髇 de la duraci髇 de la medida y de los plazos de revisi髇.

Art韈ulo 147 Causas de extinci髇 de las medidas

1. Las medidas de protecci髇 se extinguen por cualquiera de las siguientes causas:

  • a) En el caso de la guarda voluntaria, porque ha transcurrido el periodo o, en su caso, la pr髍roga establecida en la resoluci髇 administrativa correspondiente.
  • b) Por resoluci髇 del 髍gano competente, fundamentada en la desaparici髇 de las circunstancias que han motivado la medida o en la necesidad de sustituirla por otra clase de medida protectora.
  • c) Por constituci髇 de tutela ordinaria sobre el ni駉, ni馻 o adolescente.
  • d) Por resoluci髇 judicial firme.
  • e) Por adopci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente.
  • f) Por emancipaci髇 del adolescente de acuerdo con la legislaci髇 civil.
  • g) Por mayor韆 de edad.
  • h) Por defunci髇.
  • i) Por el traslado voluntario a otro pa韘, de acuerdo con los protocolos o convenios internacionales que sean de aplicaci髇.

2. En los supuestos a), b) y d) anteriores, el 髍gano que acuerde la extinci髇 de la medida puede instar la elaboraci髇 de un programa de reinserci髇 socio-familiar que garantice y detalle las ayudas de cualquier tipo necesarias.

Secci髇 2
Plan individualizado de protecci髇 y programa de reintegraci髇 familiar

Art韈ulo 148 Plan individualizado de protecci髇

1. Si la entidad p鷅lica asume la tutela o la guarda del ni駉, ni馻 o adolescente, tiene que elaborar, en un plazo no superior a un mes, un plan individualizado de protecci髇, que tiene que establecer, como m韓imo, los objetivos, la previsi髇 y el plazo de las medidas de intervenci髇 para adoptar con la familia de origen, incluido, en su caso, el programa de reintegraci髇 familiar que prev el art韈ulo siguiente, y el plazo de revisi髇 de las medidas adoptadas.

2. En los casos de ni馻s o adolescentes embarazadas sujetas a medidas de protecci髇, el plan individualizado correspondiente tiene que tener en cuenta esta circunstancia y la protecci髇 del reci閚 nacido.

3. En los casos de las adolescentes entre 16 y 18 a駉s, que para poder interrumpir la gestaci髇 necesitan el permiso de sus padres o tutores, cuando la administraci髇 sea qui閚 ostenta la tutela, se atender醤 por defecto los deseos y la voluntad de la menor embarazada.

Art韈ulo 149 Programa de reintegraci髇 familiar

1. La entidad p鷅lica aplicar el programa de reintegraci髇 familiar del ni駉, ni馻 o adolescente cuando, del pron髎tico, se derive la posibilidad de retorno a la familia de origen, sin perjuicio de lo que dispone la normativa relativa a las personas menores de edad extranjeras no acompa馻das.

2. El programa de reintegraci髇 familiar tiene que incluir, en todo caso, un informe t閏nico que valore la evoluci髇 positiva de la familia de origen objetivamente suficiente para restablecer la convivencia familiar, que se han mantenido los v韓culos y que el retorno no supone riesgos relevantes para el ni駉, ni馻 o adolescente.

3. En los casos de acogimiento familiar, para la toma de la decisi髇 sobre el retorno del ni駉, ni馻 o adolescente a la familia de origen, se tienen que ponderar el tiempo transcurrido y la integraci髇 en la familia acogedora y en su entorno social y educativo, as como el desarrollo de v韓culos afectivos con esta familia.

4. Cuando se proceda a la reunificaci髇 familiar, los servicios sociales comunitarios har醤 un seguimiento posterior de la familia del ni駉, ni馻 o adolescente durante un periodo m韓imo de un a駉 desde el cese de la medida, en la forma que se determine reglamentariamente.

Secci髇 3
R間imen com鷑 del acogimiento

Art韈ulo 150 Tipo de acogimiento

1. El acogimiento puede ser familiar o residencial.

2. De acuerdo con el principio de prioridad de la adopci髇 de medidas de protecci髇 familiares sobre las medidas de protecci髇 residenciales, se tiene que priorizar el acogimiento familiar y, si no es posible o conveniente para el inter閟 del ni駉, ni馻 o adolescente, se tiene que optar por el acogimiento residencial.

3. El acogimiento familiar lo tienen que ejercer las personas que determine la entidad p鷅lica. El acogimiento residencial lo tienen que ejercer el director o directora o persona responsable del centro donde est acogido el ni駉, ni馻 o adolescente.

Art韈ulo 151 Constituci髇 del acogimiento

1. Los acogimientos se constituyen por resoluci髇 administrativa de la entidad p鷅lica o mediante una resoluci髇 judicial seg鷑 lo que prev la regulaci髇 estatal vigente.

2. La resoluci髇 tiene que ser motivada y establecer el tipo de acogimiento, la forma en que se tiene que ejercer y la duraci髇.

Art韈ulo 152 R間imen general

1. A menos que sea contrario a su inter閟, se tiene que priorizar que la guarda de los hermanos y hermanas se conf韊 a una misma instituci髇 o persona para que permanezcan juntos.

2. La entidad p鷅lica competente que tenga ni駉s, ni馻s o adolescentes bajo su guarda o tutela tiene que informar peri骴icamente a los padres y madres o a las personas que tengan atribuida la tutela o la guarda sobre la situaci髇 de los ni駉s, ni馻s o adolescentes si no hay una resoluci髇 judicial que lo proh韇a. Igualmente se tiene que notificar a los padres y madres o a las personas que tengan atribuida la tutela o la guarda de las personas menores de edad cualquier modificaci髇 o cambio de la medida de protecci髇 que tenga impuesta el ni駉, ni馻 o adolescente.

3. Se tiene que facilitar la comunicaci髇 entre el ni駉, ni馻 o adolescente y su familia natural, para posibilitar su futura reintegraci髇.

4. La entidad p鷅lica tiene que regular las visitas y las comunicaciones que correspondan a los padres y madres, abuelos y abuelas, hermanos y hermanas y personas pr髕imas con respecto a los ni駉s, ni馻s y adolescentes de los cuales tenga la tutela, y puede adoptar motivadamente, en inter閟 del ni駉, ni馻 o adolescente, la suspensi髇 temporal con la audiencia previa de los afectados as como de la persona menor de edad si tiene la madurez suficiente y, en todo caso, si tiene m醩 de doce a駉s, con la notificaci髇 inmediata al Ministerio Fiscal. El ni駉 o ni馻 o adolescente, los afectados y el Ministerio Fiscal se pueden oponer a estas resoluciones administrativas de conformidad con la Ley de enjuiciamiento civil.

5. La tutela, la guarda y el acogimiento se ejercen bajo la vigilancia, el asesoramiento y la ayuda del 髍gano competente y bajo la vigilancia superior del Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo que establece el C骴igo Civil.

Art韈ulo 153 Delegaci髇 de la guarda para estancias, salidas de fin de semana o vacaciones

1. La entidad p鷅lica puede acordar, en relaci髇 con el ni駉, ni馻 o adolescente en acogimiento familiar o residencial, cuando sea conveniente a su inter閟, estancias, salidas de fin de semana o vacaciones con familias o con instituciones dedicadas a estas funciones. Estas medidas se tienen que acordar una vez se haya o韉o y escuchado a la persona menor de edad de acuerdo con lo que se se馻la en el art韈ulo 23 de esta ley.

2. A este efecto, s髄o se seleccionar醤 personas o instituciones adecuadas a las necesidades del ni駉, ni馻 o adolescente de acuerdo con los criterios y los requisitos establecidos reglamentariamente.

3. La delegaci髇 de la guarda para estancias, salidas de fin de semana o vacaciones tiene que contener las condiciones y la informaci髇 necesaria para asegurar el bienestar del ni駉, ni馻 o adolescente, especialmente todas las medidas restrictivas que haya establecido la entidad p鷅lica o el juez o jueza. Esta medida se tiene que comunicar a los padres y madres o a las personas que tengan atribuida la tutela de las personas menores de edad, siempre que no hayan sido privados del ejercicio de la patria potestad o removidos del ejercicio de la tutela, as como las personas acogedoras.

Art韈ulo 154 Derechos de los ni駉s, ni馻s y adolescentes en acogimiento

1. De acuerdo con el art韈ulo 21 bis de la Ley Org醤ica de protecci髇 jur韉ica del menor, el ni駉, ni馻 o adolescente acogido, con independencia de la modalidad de acogimiento en que se encuentre, tiene derecho a:

  • a) Ser o韉o y escuchado y, en su caso, ser parte en el proceso de oposici髇 a las medidas de protecci髇 y declaraci髇 en situaci髇 de desamparo de acuerdo con la normativa aplicable, seg鷑 su edad y madurez. Para eso, tiene derecho a ser informado y notificado de todas las resoluciones de formalizaci髇 y cese del acogimiento.
  • b) Ser reconocido como beneficiario del derecho de asistencia jur韉ica gratuita cuando se encuentre en situaci髇 de desamparo.
  • c) Dirigirse directamente a la entidad p鷅lica y ser informado de cualquier hecho trascendente relativo al acogimiento. Este derecho incluye el derecho a comunicarse directamente con su t閏nico o t閏nica de referencia, sin intermediarios y sin ninguna limitaci髇.
  • d) Relacionarse con su familia de origen en el marco del r間imen de visitas, relaci髇 y comunicaci髇 establecido por la entidad p鷅lica.
  • e) Conocer progresivamente su realidad socio-familiar y sus circunstancias para facilitar su asunci髇.
  • f) Recibir con la suficiente anticipaci髇 la informaci髇, los servicios y los apoyos generales necesarios para hacer efectivos los derechos de los ni駉s, ni馻s y adolescentes con diversidad funcional.
  • g) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las reclamaciones o quejas que considere sobre las circunstancias de su acogimiento.
  • h) Recibir el apoyo educativo y psicoterap閡tico de la entidad p鷅lica para superar trastornos psicosociales de origen, medida aplicable tanto en acogimiento residencial como en acogimiento familiar.
  • i) Recibir el apoyo educativo y psicoterap閡tico necesario.
  • j) Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus or韌enes y parientes biol骻icos, una vez haya alcanzado la mayor韆 de edad o haya obtenido la emancipaci髇.

2. En el supuesto de acogimiento familiar, adem醩, tiene los siguientes derechos:

  • a) Participar plenamente en la vida familiar de la familia acogedora.
  • b) Mantener relaci髇 con la familia acogedora despu閟 del cese del acogimiento si la entidad p鷅lica entiende que conviene a su inter閟 superior y siempre que lo consienta la persona menor de edad si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si tiene m醩 de doce a駉s, as como la familia de acogimiento y la de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente.
  • c) Solicitar informaci髇 o pedir, por s mismo, si tiene la madurez suficiente, el cese del acogimiento familiar.

Secci髇 4
Acogimiento familiar

Art韈ulo 155 Acogimiento familiar

1. Mediante el acogimiento familiar se persigue la integraci髇 y la plena participaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente en un n鷆leo familiar estable y adecuado a sus necesidades para ofrecer en un marco de convivencia, bien sea con car醕ter temporal o permanente.

2. El acogimiento familiar, por raz髇 de la vinculaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente con la familia acogedora, puede tener lugar en la propia familia extensa del ni駉, ni馻 o adolescente o en una familia ajena.

3. A efectos de esta ley, se considera familia extensa aquella en la que hay una relaci髇 de parentesco por consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado entre el ni駉, ni馻 o adolescente y los solicitantes del acogimiento.

4. El acogimiento en familia ajena puede ser especializado entendiendo por 閟te el que se desarrolla en una familia en la que alguno de los miembros dispone de calificaci髇, experiencia y formaci髇 espec韋ica para desarrollar esta funci髇 respecto a ni駉s, ni馻s o adolescentes con necesidades o circunstancias especiales con plena disponibilidad, percibiendo para ello la correspondiente compensaci髇 econ髆ica, sin suponer en ning鷑 caso una relaci髇 laboral.

5. El acogimiento familiar, seg鷑 la duraci髇 y los objetivos, se puede llevar a cabo en alguna de las siguientes modalidades:

  • a) Acogimiento familiar de urgencia, principalmente para ni駉s o ni馻s de menos de seis a駉s, con una duraci髇 no superior a seis meses, mientras se decide la medida de protecci髇 familiar que corresponda.
  • b) Acogimiento familiar temporal, de car醕ter transitorio, o bien porque de la situaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente se prev la reintegraci髇 en su propia familia, o bien mientras se adopte una medida de protecci髇 que tenga un car醕ter m醩 estable, como el acogimiento familiar permanente o la adopci髇. Este acogimiento tiene una duraci髇 m醲ima de dos a駉s, a menos que el inter閟 superior de la persona menor de edad aconseje la pr髍roga de la medida por la previsible e inmediata reintegraci髇 familiar o la adopci髇 de otra medida de protecci髇 definitiva.
  • c) Acogimiento familiar permanente, que se constituye o bien cuando se acaba el plazo de dos a駉s de acogimiento temporal porque la reintegraci髇 familiar no es posible o bien directamente en casos de ni駉s, ni馻s o adolescentes con necesidades especiales o cuando las circunstancias del ni駉, ni馻 o adolescente y su familia lo aconsejen. La entidad p鷅lica puede solicitar al juez o jueza que atribuya a las personas acogedoras permanentes las facultades de la tutela que faciliten el cumplimiento de sus responsabilidades, atendiendo, en todo caso, al inter閟 superior de la persona menor de edad.

6. Se impulsar醤 campa馻s de sensibilizaci髇 desde la administraci髇 para fomentar la acogida familiar y as evitar la institucionalizaci髇 de los menores.

7. La administraci髇 competente crear un registro de familias acogedoras.

Art韈ulo 156 Acogimiento profesionalizado

El acogimiento especializado puede ser profesionalizado si se cumplen los requisitos mencionados de calificaci髇, experiencia y formaci髇 espec韋ica y hay una relaci髇 laboral de las personas acogedoras con la entidad p鷅lica.

Art韈ulo 157 Formalizaci髇 del acogimiento familiar

1. El acogimiento familiar se formalizar por resoluci髇 de la entidad p鷅lica que tenga la tutela o la guarda, con la valoraci髇 previa de la adecuaci髇 de la familia para el acogimiento.

2. En esta valoraci髇, se tienen que tener en cuenta la situaci髇 familiar y la aptitud educadora, la capacidad para atender adecuadamente las necesidades de toda 韓dole del ni駉, ni馻 o adolescente, la congruencia entre la motivaci髇 y la naturaleza y la finalidad del acogimiento seg鷑 la modalidad, as como la disposici髇 a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan individual de protecci髇 y, si existe, del programa de reintegraci髇 familiar, y propiciar la relaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente con la familia de procedencia.

3. El r間imen de visitas puede tener lugar en los espacios de encuentro familiares habilitados al efecto, cuando lo aconsejen el inter閟 superior de la persona menor de edad y el derecho a la privacidad de las familias de procedencia y acogida. Estos puntos de encuentro familiar se tienen que desarrollar reglamentariamente.

4. Cuando el tipo de acogimiento lo aconseje, se valorar la adecuaci髇 de la edad de las personas acogedoras con la del ni駉, ni馻 o adolescente acogido, as como la relaci髇 previa, y se priorizar醤 las personas que pertenezcan a su familia extensa y cumplan las condiciones adecuadas para el acogimiento, a menos que el inter閟 del ni駉, ni馻 o adolescente aconseje otra cosa.

5. La resoluci髇 de formalizaci髇 del acogimiento familiar se tiene que enviar al Ministerio Fiscal en el plazo m醲imo de un mes junto con el documento a que se refiere el art韈ulo siguiente de esta ley.

Art韈ulo 158 Documento anexo a la resoluci髇 de formalizaci髇 del acogimiento

A la resoluci髇 de formalizaci髇 del acogimiento familiar a que se refiere el art韈ulo anterior se tiene que adjuntar un documento anexo que incluya los siguientes puntos:

  • a) La identidad de las personas acogedoras y del ni駉, ni馻 o adolescente acogido.
  • b) Los consentimientos y las audiencias necesarias.
  • c) La modalidad del acogimiento, la duraci髇 prevista, as como el car醕ter de acogimiento en familia extensa o en familia ajena por raz髇 de la vinculaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente con la familia o la persona acogedora.
  • d) Los derechos y los deberes de cada una de las partes y, concretamente:
    • 1. El r間imen de visitas, estancia, relaci髇 o comunicaci髇, en el supuesto de declaraci髇 de desamparo de la familia de origen, que la entidad p鷅lica puede modificar en atenci髇 al inter閟 superior de la persona menor de edad, previa justificaci髇 mediante informe escrito comunicado a todas las partes.
    • 2. El sistema de cobertura por parte de la entidad p鷅lica de los da駉s que sufra el ni駉, ni馻 o adolescente o de los que pueda causar a terceros.
    • 3. La asunci髇 por parte de las personas acogedoras de los gastos de manutenci髇, educaci髇 y atenci髇 socio-sanitaria.
  • e) El contenido del seguimiento que, seg鷑 la finalidad del acogimiento, tiene que hacer la entidad p鷅lica, y el compromiso de colaboraci髇 de la familia acogedora con este seguimiento.
  • f) En el caso de ni駉s, ni馻s o adolescentes con diversidad funcional, los recursos de apoyo necesarios.
  • g) La compensaci髇 econ髆ica, el apoyo t閏nico y otros tipos de ayudas que tengan que recibir las personas acogedoras.
  • h) El plazo en que la medida se tiene que revisar.

Art韈ulo 159 Derechos y deberes de las personas acogedoras familiares

1. Las personas acogedoras familiares tienen los derechos que les reconoce la legislaci髇 estatal y los deberes que les impone.

2. Concretamente, las personas acogedoras familiares tienen los siguientes derechos:

  • a) Recibir informaci髇 sobre la naturaleza y los efectos del acogimiento, as como preparaci髇 previa, seguimiento y apoyo t閏nico especializado durante el acogimiento y al final. En el caso de ni駉s, ni馻s o adolescentes con diversidad funcional, las personas acogedoras tienen derecho a orientaci髇, acompa馻miento y apoyo adaptados a la diversidad funcional.
  • b) Ser o韉as y escuchadas por la entidad p鷅lica antes de que adopte cualquier resoluci髇 que afecte al ni駉, ni馻 o adolescente, especialmente antes de modificar o suspender temporalmente el r間imen de visitas o de relaci髇 o comunicaci髇 con la familia de origen.
  • c) Ser informadas del plan individual de protecci髇 y de las medidas de protecci髇 que se adopten con respecto al ni駉, ni馻 o adolescente relacionadas con el acogimiento, as como de las revisiones peri骴icas, y obtener la informaci髇 del expediente de protecci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente que les resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, a excepci髇 de las cuestiones relacionadas con el derecho a la intimidad de terceros y a la protecci髇 de datos de car醕ter personal.
  • d) Ser parte en todos los procesos de oposici髇 a las medidas de protecci髇 y a la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo del ni駉, ni馻 o adolescente acogido y en todos los procesos de oposici髇 relacionados con la medida de acogimiento familiar permanente con funciones de tutela que tenga formalizada.
  • e) Cooperar con la entidad p鷅lica en los planes de actuaci髇 y de seguimiento establecidos para el acogimiento.
  • f) Disponer de la documentaci髇 identificativa, sanitaria y educativa del ni駉, ni馻 o adolescente acogido.
  • g) Ejercer todos los derechos inherentes a la guarda.
  • h) Ser respetadas por el ni駉, ni馻 o adolescente acogido.
  • i) Pedir el auxilio de la entidad p鷅lica en el ejercicio de sus funciones.
  • j) Hacer viajes con el ni駉, ni馻 o adolescente siempre que se informe la entidad p鷅lica y esta no se oponga.
  • k) Percibir una compensaci髇 econ髆ica mensual, que no tendr en ning鷑 caso car醕ter de subvenci髇 y, si corresponde, otros tipos de ayudas que se hayan estipulado.
  • l) Facilitar al ni駉, ni馻 o adolescente acogido las mismas condiciones que a los hijos e hijas biol骻icos o adoptados, para hacer uso de derechos u obligaciones familiares durante el tiempo que el ni駉, ni馻 o adolescente conviva con ellas.
  • m) Relacionarse con el ni駉, ni馻 o adolescente al cesar el acogimiento, si la entidad p鷅lica entiende que conviene a su inter閟 superior y lo consientan la familia de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente, y el adolescente o el ni駉 o ni馻, si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si tiene m醩 de doce a駉s.
  • n) Tener protegidos sus datos personales respecto a la familia de origen, de acuerdo con la legislaci髇 vigente.
  • o) Formular quejas o sugerencias ante la entidad p鷅lica, que se tienen que tramitar en un plazo inferior a treinta d韆s naturales y, en caso de solicitar audiencia, ser o韉as y escuchadas en el plazo mencionado.
  • p) Tener apoyo para afrontar las dificultades de convivencia.

La familia de acogida tiene los mismos derechos que la administraci髇 reconoce al resto de unidades familiares.

3. Las personas acogedoras familiares tienen los siguientes deberes:

  • a) Velar por el bienestar y el inter閟 superior de la persona menor de edad, tenerla en su compa耥a, alimentarla, educarla y procurarle una formaci髇 integral en un entorno afectivo. En el caso de un ni駉, ni馻 o adolescente con diversidad funcional, tiene que seguir prestando los apoyos especializados que recib韆 o adoptar otros m醩 adecuados a sus necesidades.
  • b) Escuchar al ni駉, ni馻 o adolescente siempre antes de tomar decisiones que le afecten, si tiene la madurez suficiente y, en todo caso, si tiene m醩 de doce a駉s, sin ninguna exclusi髇 por diversidad funcional, y transmitir a la entidad p鷅lica las peticiones que pueda hacer en su madurez.
  • c) Asegurar la plena participaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente en la vida familiar.
  • d) Informar a la entidad p鷅lica de cualquier hecho trascendente en relaci髇 con el ni駉, ni馻 o adolescente.
  • e) Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen del ni駉, ni馻 o adolescente, en la medida de las posibilidades de las personas acogedoras familiares, en el marco del r間imen de visitas establecido a favor de aquella familia, y la reintegraci髇 familiar, si cabe.
  • f) Colaborar activamente con las entidades p鷅licas en el desarrollo de la intervenci髇 individualizada con el ni駉, ni馻 o adolescente y en el seguimiento de la medida, observando sus indicaciones y orientaciones.
  • g) Respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes personales y familiares del ni駉, ni馻 o adolescente.
  • h) Comunicar a la entidad p鷅lica cualquier cambio en la situaci髇 familiar relativo a los datos y las circunstancias que se hayan tomado en consideraci髇 como base para el acogimiento.
  • i) Garantizar el derecho a la intimidad y a la identidad de las personas menores de edad acogidas y el respeto a su propia imagen, as como velar por el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
  • j) Participar en las acciones formativas que se propongan.
  • k) Colaborar en el tr醤sito de la medida de protecci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente a la reintegraci髇 en su entorno de origen, a la adopci髇 u otra modalidad de acogimiento, o al entorno que se establezca despu閟 de la adopci髇 de una medida de protecci髇 m醩 estable.

Las personas acogedoras familiares tienen las mismas obligaciones respecto al ni駉, ni馻 o adolescente acogido que las que la ley establece para los titulares de la patria potestad.

Art韈ulo 160 Din醡ica del acogimiento familiar

1. El acogimiento familiar produce la plena participaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente en la vida de la familia e impone, a quien lo recibe, las obligaciones de velar por 閘, tenerlo en su compa耥a, alimentarlo, educarlo y procurarle una formaci髇 integral en un entorno afectivo.

2. Si surgen problemas graves de convivencia entre el ni駉, ni馻 o adolescente y las personas a quien se ha confiado la guarda en acogimiento familiar, este ni駉, ni馻 o adolescente, la persona acogedora, el Ministerio Fiscal, los padres y madres o las personas que tengan atribuida la tutela que no est閚 privados de la patria potestad o de la tutela o cualquier persona interesada pueden solicitar a la entidad p鷅lica la remoci髇 de la guarda.

Art韈ulo 161 Extinci髇 del acogimiento familiar

1. El acogimiento familiar se extingue por las causas generales contenidas en el art韈ulo 147 de esta ley y en el art韈ulo 173.4 del C骴igo Civil y por las siguientes:

  • a) Si se producen la muerte, la declaraci髇 formal de ausencia o la incapacidad de la persona acogedora.
  • b) Si la integraci髇, la adaptaci髇 o la convivencia del ni駉, ni馻 o adolescente en la familia acogedora no ha sido positiva.

2. En estos supuestos, el 髍gano competente tiene que decidir sobre el mantenimiento de la misma medida en otra familia o persona id髇ea o la sustituci髇 por una medida alternativa.

Secci髇 5
Guarda familiar con fines de adopci髇 y propuesta previa de adopci髇

Art韈ulo 162 Guarda familiar con fines de adopci髇

1. La entidad p鷅lica puede formalizar una guarda familiar con fines de adopci髇, siempre que las personas guardadoras cumplan los requisitos de capacidad necesarios para ser adoptantes, hayan dado su consentimiento a la adopci髇 ante el 髍gano competente y hayan sido preparadas, declaradas id髇eas y asignadas para esta adopci髇 y el ni駉, ni馻 o adolescente se halle en situaci髇 jur韉ica favorable para ser adoptado.

2. La entidad p鷅lica, antes de presentar la propuesta de adopci髇, delegar la guarda con fines de adopci髇 hasta que se dicte la resoluci髇 judicial de adopci髇, mediante una resoluci髇 administrativa debidamente motivada, con la audiencia previa de los afectados y del ni駉, ni馻 o adolescente si tiene la madurez suficiente y, en todo caso, si tiene m醩 de doce a駉s. Esta resoluci髇 se tiene que notificar a los padres y madres o a las personas que tengan atribuida la tutela de las personas menores de edad no privadas de la patria potestad o de la tutela.

3. Las personas guardadoras con fines de adopci髇 tienen los mismos derechos y obligaciones que las personas acogedoras familiares.

4. La entidad p鷅lica suspender el r間imen de visitas y relaciones con la familia de origen cuando se inicie el periodo de convivencia preadoptivo, a menos que convenga otra cosa al inter閟 del ni駉, ni馻 o adolescente y excepto en los casos que prev el art韈ulo 178.4 del C骴igo Civil. Contra esta resoluci髇 se puede ejercer oposici髇 de acuerdo con el art韈ulo 780 de la Ley de enjuiciamiento civil.

5. La guarda con fines de adopci髇 es objeto de seguimiento por parte de profesionales, los cuales comprueban la atenci髇 y la integraci髇 adecuada del ni駉, ni馻 o adolescente en la familia adoptiva.

6. Contra la resoluci髇 administrativa que disponga la delegaci髇 de la guarda con fines de adopci髇 se puede formular oposici髇 ante los tribunales civiles en el plazo de dos meses, de acuerdo con el art韈ulo 780 de la Ley de enjuiciamiento civil.

Art韈ulo 163 Propuesta previa de adopci髇

1. En los casos de guarda familiar con fines de adopci髇, la propuesta de adopci髇 al juez o jueza se tiene que hacer antes de que transcurran tres meses desde el d韆 en que se haya acordado la delegaci髇 de la guarda. No obstante, cuando la entidad p鷅lica considere necesario, seg鷑 la edad y las circunstancias del ni駉, ni馻 o adolescente, establecer un periodo de adaptaci髇 a la familia, el plazo de tres meses se puede prorrogar hasta un m醲imo de un a駉.

2. En caso de que el juez o jueza no considere procedente esta adopci髇, la entidad p鷅lica tiene que determinar la medida protectora m醩 adecuada para el ni駉, ni馻 o adolescente.

Secci髇 6
Acogimiento residencial

Art韈ulo 164 Supuestos en que es procedente el acogimiento residencial

1. El acogimiento residencial tiene como finalidad ofrecer una atenci髇 integral en un entorno residencial a los ni駉s, ni馻s y adolescentes, cuyas necesidades materiales, afectivas y educativas no pueden ser cubiertas, al menos temporalmente, en su propia familia.

2. El acogimiento residencial se tiene que disponer por decisi髇 judicial o mediante resoluci髇 administrativa.

3. El acogimiento residencial tiene car醕ter subsidiario respecto de cualquier otra medida de protecci髇 y se constituir subsidiariamente cuando, sin perjuicio de lo que se establece para la guarda voluntaria en centro, el 髍gano competente entienda que el ni駉, ni馻 o adolescente en situaci髇 de desprotecci髇 tiene que ser separado de su entorno familiar y se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

  • a) Que se prevea que la situaci髇 de desprotecci髇 ser transitoria.
  • b) Que la comisi髇 de desamparo y tutela informe desfavorablemente un acogimiento familiar.
  • c) Que no haya familias o personas id髇eas para acoger al ni駉, ni馻 o adolescente.
  • d) Que, a pesar de que se cumplan los requisitos para la guarda con fines de adopci髇, no se haya constituido.

4. Excepcionalmente, en los casos de urgencia en los que no se pueda acudir a la autoridad administrativa o judicial, se tiene que efectuar, sin embargo, el ingreso del ni駉, ni馻 o adolescente y se tiene que comunicar despu閟 la incidencia al 髍gano competente tan pronto como sea posible, con el fin de estudiar la situaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente y resolver lo que resulte procedente.

5. Todo ingreso en acogimiento de un ni駉, ni馻 o adolescente en un centro se tiene que notificar por escrito, de manera inmediata, a los padres y madres no privados de la patria potestad o a las personas que tengan atribuida su tutela o guarda e, igualmente, se tiene que comunicar al Ministerio Fiscal.

6. Para favorecer que la vida del ni駉, ni馻 o adolescente se desarrolle en un entorno familiar, prevalece la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier ni駉, ni馻 o adolescente, especialmente para ni駉s o ni馻s de menos de seis a駉s.

7. No se debe acordar el acogimiento residencial para ni駉s o ni馻s de menos de tres a駉s excepto en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en este momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al inter閟 superior de la persona menor de edad. Esta limitaci髇 para acordar el acogimiento residencial se aplicar tambi閚 a los ni駉s o ni馻s menores de seis a駉s en el plazo m醩 breve posible. En todo caso, y con car醕ter general, el acogimiento residencial de estos ni駉s o ni馻s no tendr una duraci髇 superior a tres meses.

8. Los criterios de selecci髇 de los centros de acogimiento residencial de menores de edad se establecer醤 reglamentariamente, pero en cualquier caso deben ser totalmente abiertos, salvo que se trate de los centros de protecci髇 espec韋icos de menores con problemas de conducta, estar integrados en un barrio o comunidad, y estar organizados de forma que se adecuen a las caracter韘ticas y las necesidades de los ni駉s, ni馻s y adolescentes y permitan una atenci髇 personalizada.

9. El acogimiento residencial de personas menores de edad con graves deficiencias o diversidades funcionales f韘icas o ps韖uicas, o alteraciones psiqui醫ricas que est閚 sujetas a alguna medida de protecci髇 tendr lugar en centros espec韋icos donde se garantice un nivel adecuado de prestaciones asistenciales, de acuerdo con sus necesidades.

Art韈ulo 165 Formalizaci髇 del acogimiento residencial

1. El acogimiento residencial se adopta por resoluci髇 administrativa de la entidad p鷅lica as como en virtud de una diligencia policial, judicial o del Ministerio Fiscal, previa en los casos de un acogimiento residencial de urgencia.

2. La resoluci髇 se tiene que notificar a los padres y madres o personas que ejerzan la tutela de las personas menores de edad, y comunicar al Ministerio Fiscal y al correspondiente centro en que el ni駉, ni馻 o adolescente tenga que ingresar.

Art韈ulo 166 Principios de actuaci髇 administrativa en el 醡bito del acogimiento residencial

1. La entidad p鷅lica y los servicios y los centros donde se encuentren los ni駉s, ni馻s y adolescentes en acogimiento residencial tienen que actuar de acuerdo con los principios rectores de esta ley, con pleno respeto a los derechos de los ni駉s, ni馻s y adolescentes acogidos.

2. Cuando se acuerde el acogimiento residencial de un ni駉, ni馻 o adolescente, se tiene que procurar que el periodo de acogimiento sea el m醩 breve posible, a menos que convenga al inter閟 del ni駉, ni馻 o adolescente, para favorecer el retorno a la familia biol骻ica, el acogimiento familiar, la tutela ordinaria, la adopci髇 o la emancipaci髇, principalmente en la primera infancia.

3. La entidad p鷅lica tiene las obligaciones b醩icas siguientes:

  • a) Asegurar la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizar los derechos de los ni駉s, ni馻s y adolescentes acogidos.
  • b) Disponer de un plan individualizado de protecci髇 de cada ni駉, ni馻 o adolescente que establezca claramente la finalidad del ingreso, los objetivos y el plazo para alcanzarlos; este plan tiene que prever la preparaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente, tanto a la llegada como a la salida del centro.
  • c) Adoptar todas las decisiones en relaci髇 con el acogimiento residencial de los ni駉s, ni馻s y adolescentes en su inter閟.
  • d) Fomentar la convivencia y la relaci髇 entre hermanos, siempre que eso redunde en sus intereses, y procurar su estabilidad residencial, as como que el acogimiento tenga lugar preferentemente en un centro ubicado en la isla de origen del ni駉, ni馻 o adolescente.
  • e) Promover la relaci髇 y la colaboraci髇 familiar, y programar, al efecto, los recursos necesarios para posibilitar el retorno a la familia de origen, si se considera que 閟te es el inter閟 del ni駉, ni馻 o adolescente. En este sentido, las visitas entre las familias y los ni駉s, ni馻s o adolescentes se tienen que hacer preferentemente en los centros residenciales, a no ser que esto sea contrario a sus intereses.
  • f) Perseguir el 閤ito escolar de los ni駉s, ni馻s y adolescentes en acogimiento residencial potenciando su educaci髇 integral e inclusiva, con una consideraci髇 especial a las necesidades de los ni駉s, ni馻s y adolescentes con diversidad funcional, y velar por su preparaci髇 para la vida plena, especialmente por su escolarizaci髇 y formaci髇. En el caso de las personas adolescentes de diecis閕s a dieciocho a駉s, uno de los objetivos prioritarios es la preparaci髇 para la vida independiente, la orientaci髇 y la inserci髇 laboral.
  • g) Revisar peri骴icamente el plan individualizado de protecci髇 con el objeto de valorar la adecuaci髇 del recurso residencial a las circunstancias personales del ni駉, ni馻 o adolescente.
  • h) Potenciar las salidas de los ni駉s, ni馻s y adolescentes en fines de semana y periodos de vacaciones con sus familias de origen o, cuando eso no sea posible o procedente, con familias alternativas.
  • i) Promover la integraci髇 normalizada de los ni駉s, ni馻s y adolescentes en los servicios y las actividades de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno comunitario en que se encuentran.
  • j) Establecer los necesarios mecanismos de coordinaci髇 con los servicios sociales especializados para el seguimiento y el ajuste de las medidas de protecci髇.
  • k) Velar por la preparaci髇 para la vida independiente y promover la participaci髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes en las decisiones que les afecten, incluidas la misma gesti髇 del centro, la autonom韆 y la asunci髇 progresiva de responsabilidades.
  • l) Establecer medidas educativas y de supervisi髇 que garanticen la protecci髇 de los datos personales del ni駉, ni馻 o adolescente al acceder a las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇 y a las redes sociales.

4. La entidad p鷅lica, para llevar a cabo las medidas de acogimiento residencial, puede establecer convenios o acuerdos de colaboraci髇 con entidades colaboradoras de integraci髇 familiar que prevean los sistemas de participaci髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes, bajo su supervisi髇 directa, sin que ello suponga la cesi髇 de la titularidad y la responsabilidad derivada de la ejecuci髇.

Art韈ulo 167 Autorizaci髇, registro, acreditaci髇 e inspecci髇 de los centros de acogida residencial

1. Los centros de acogida residencial para personas menores de edad situados en el territorio de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, tanto de titularidad p鷅lica como de titularidad privada, se tienen que ajustar al r間imen de autorizaci髇, registro, acreditaci髇 e inspecci髇 establecido en la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, y en las disposiciones que la desarrollan.

2. A efectos de asegurar la protecci髇 de los derechos de los ni駉s, ni馻s y adolescentes, la entidad p鷅lica tiene que llevar a cabo la inspecci髇 y la supervisi髇 de los centros y servicios anualmente y siempre que lo exijan las circunstancias.

3. La entidad p鷅lica para cada tipo de servicio tiene que establecer reglamentariamente los est醤dares de calidad y accesibilidad que, como m韓imo, tienen que ser los establecidos en el 醡bito de los servicios sociales.

4. La entidad p鷅lica competente puede prestar los servicios de acogida residencial para personas menores de edad directamente o mediante las f髍mulas previstas por la Ley 4/2009, especialmente la acci髇 concertada.

Art韈ulo 168 Los centros de acogida residencial

1. El ejercicio de la guarda mediante acogimiento residencial recae en el director o directora o, si no, en la persona responsable del centro donde sea acogido el ni駉, ni馻 o adolescente.

2. Los centros de acogida residencial tienen las siguientes obligaciones:

  • a) Dispensar al ni駉, ni馻 o adolescente un trato afectivo y la atenci髇 y la educaci髇 necesarias.
  • b) Disponer del personal necesario, que tiene que tener la titulaci髇 acad閙ica correspondiente a su profesi髇, la competencia y la preparaci髇 adecuadas.
  • c) Adaptar su proyecto general a las caracter韘ticas personales de cada ni駉, ni馻 o adolescente, mediante un proyecto socioeducativo individual, que persiga su bienestar, su desarrollo f韘ico, psicol骻ico, social y educativo en el marco del plan individualizado de protecci髇 que defina la entidad p鷅lica.
  • d) Tener una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a las necesidades reparadoras, educativas y de protecci髇, y recoja un procedimiento de formulaci髇 de quejas y reclamaciones. Esta normativa debe ser p鷅lica y accesible.
  • e) Administrar los medicamentos que, en su caso, necesiten los ni駉s, ni馻s y adolescentes bajo prescripci髇 y seguimiento m閐icos, de acuerdo con la praxis profesional sanitaria. A este efecto, se tiene que llevar un registro con la historia m閐ica de cada uno de los ni駉s, ni馻s y adolescentes.

Art韈ulo 169 Normativa interna de los centros de acogida

1. El centro tiene que disponer, como m韓imo, de la siguiente documentaci髇:

  • a) El proyecto general del centro, que tiene que incluir, entre otros extremos, los sistemas pedag骻icos y de observaci髇 que se tienen que adoptar y las etapas previstas para la reinserci髇, as como la metodolog韆 del trabajo educativo y la documentaci髇 que permita hacer un seguimiento sistem醫ico de las intervenciones y de la evaluaci髇 correspondiente.
  • b) El reglamento de organizaci髇 y funcionamiento del centro.
  • c) El plan anual, el presupuesto y la memoria de gesti髇.
  • d) El proyecto educativo individual del ni駉, ni馻 o adolescente.

2. Todos los centros y servicios de atenci髇 a ni駉s, ni馻s y adolescentes se tienen que regir por un reglamento de r間imen interno o de funcionamiento, en el cual se deben tener presentes los criterios y los principios de esta ley, con la finalidad de que tanto las personas menores de edad como los padres y madres o las personas que ejerzan su guarda conozcan de manera clara sus derechos y sus obligaciones.

3. Todos los reglamentos de r間imen interno tienen que ser supervisados por la entidad p鷅lica.

4. Los reglamentos de r間imen interno tienen que establecer, como m韓imo:

  • a) La calificaci髇 y las funciones de cada uno de los profesionales de los centros y el funcionamiento del equipo educativo.
  • b) El r間imen de visitas y de contactos con el exterior.
  • c) La relaci髇 con la autoridad administrativa o judicial correspondiente y el sistema de informes.

5. Toda la normativa interna y la documentaci髇 a que se refiere este art韈ulo ser醤 p鷅licas y accesibles en los t閞minos que prev la normativa vigente.

Art韈ulo 170 Clasificaci髇 y tipo de centros de acogida residencial

1. Seg鷑 la titularidad, los centros de acogida residencial pueden ser:

  • a) Centros de titularidad p鷅lica, de gesti髇 directa de la entidad p鷅lica.
  • b) Centros de titularidad privada con contrato o concierto con la entidad p鷅lica, a la cual corresponden la autorizaci髇, la acreditaci髇, la habilitaci髇 y la inspecci髇.

2. Seg鷑 el tipo de programa de atenci髇 residencial, los centros de acogida residencial pueden ser:

  • a) Centros de primera acogida: centros de car醕ter integral que proporcionan la atenci髇 inmediata y transitoria a las personas menores de edad que, ante una posible situaci髇 de desprotecci髇, requieran la salida urgente de su medio familiar, con la necesidad de un diagn髎tico que oriente las medidas que tiene que adoptar la entidad p鷅lica competente en materia de protecci髇 de menores.
  • b) Centros de acogida para personas menores de edad extranjeras no acompa馻das: centros destinados a acoger personas extranjeras menores de edad que presenten una desprotecci髇 y requieran un recurso residencial espec韋ico a causa de las dificultades de inserci髇 motivadas por las diferencias idiom醫icas, culturales y sociales. A estas personas les es aplicable la normativa espec韋ica en materia de extranjer韆, especialmente sobre las actuaciones administrativas para llevar a cabo y regularizar su estancia.
  • c) Centros de acogida residencial: centros destinados a acoger personas menores de edad en situaci髇 de guarda o tutela con necesidades residenciales a corto, medio y largo plazo. Los centros se tienen que ubicar en residencias, pisos, viviendas y hogares seg鷑 la edad y las caracter韘ticas de las personas usuarias.
  • d) Centros residenciales de acci髇 educativa especial: centros residenciales de acci髇 educativa especial que tienen como finalidad la atenci髇 integral especializada de ni駉s, ni馻s y adolescente con una medida de protecci髇 de guarda o tutela, entre los cuales est醤:
    • 1) Los que atienden a las persones menores de edad que, por sus disfunciones emocionales o conductuales o problemas de adicci髇, no se pueden adaptar a otros centros residenciales ordinarios y necesitan de una alta intensidad educativa reforzada por recursos humanos.
    • 2) Los que atienden a personas menores de edad que presentan una diversidad funcional ps韖uica, f韘ica o sensorial.
  • e) Centros de protecci髇 espec韋icos de personas menores de edad con problemas de conducta: centros destinados a personas menores de edad que est醤 en situaci髇 de guarda o tutela de la entidad p鷅lica, diagnosticadas con problemas de conducta, que presenten conductas disruptivas o disociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y de los derechos de terceros, cuando adem醩 est justificado por sus necesidades de protecci髇 y determinado por una valoraci髇 psicosocial especializada. En estos centros se puede prever la utilizaci髇 de medidas de seguridad y de restricci髇 de libertad o derechos fundamentales.

Art韈ulo 171 Derechos de los ni駉s, ni馻s y adolescentes acogidos en centros

1. Los ni駉s, ni馻s o adolescentes, mientras son acogidos en centros de acogida, tienen, respecto de las personas que los guardan, los mismos derechos y deberes que les corresponden en la relaci髇 con el tutor o tutora establecidos en esta ley y en la legislaci髇 civil.

2. Especialmente, tienen los siguientes derechos:

  • a) Ser informados de sus derechos y obligaciones.
  • b) Ser atendidos sin discriminaci髇 por raz髇 de nacimiento, edad, raza, etnia, sexo, estado civil, orientaci髇 sexual, identidad de g閚ero, aptitud f韘ica o ps韖uica, estado de salud, lengua, cultura, religi髇, creencia, ideolog韆 o cualquier otra condici髇 o circunstancia personal, econ髆ica o social, con respeto a sus or韌enes y favorecimiento de la conservaci髇 de su bagaje cultural y religioso.
  • c) Tener cubiertas las necesidades b醩icas de la vida cotidiana que permitan su desarrollo personal integral.
  • d) Acceder a los servicios necesarios para atender todas las necesidades que exija el desarrollo adecuado de su personalidad, siempre con la prioridad de atenci髇 en la comunidad a trav閟 de la red de servicios ordinarios.
  • e) Disfrutar en su vida cotidiana de unos periodos equilibrados de actividad, ocio y sue駉.
  • f) Recibir un trato digno por parte del personal del centro y de los otros residentes.
  • g) Ver respetada la confidencialidad de los datos que constan en su expediente individual y el deber de reserva en el uso de estos datos.
  • h) Mantener relaciones con sus familiares y personas significativas, siempre que eso no sea contrario a su inter閟, y recibir visitas en el centro o en otros lugares que se determinen en cada caso.
  • i) Ver respetada su privacidad y conservar las pertenencias personales siempre que no sean inadecuadas para el contexto educativo, as como ver respetada la inviolabilidad de su correspondencia y recibir y hacer llamadas telef髇icas en privado, a menos que eso ponga en riesgo su protecci髇.
  • j) Participar en la elaboraci髇 o la modificaci髇 de las normas de convivencia contenidas en el reglamento de r間imen interno, as como en la programaci髇 y el desarrollo de las actividades del centro.
  • k) Ser o韉os y escuchados en caso de queja y de reclamaci髇 y recibir respuesta, as como ser informados, en un lenguaje adaptado a su nivel y capacidad de entendimiento, de todos los sistemas de atenci髇 y de reclamaci髇 que tiene a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la entidad p鷅lica.
  • l) Conocer su situaci髇 legal en todo momento.
  • m) Disponer de un plan de intervenci髇 individualizada, as como participar en la elaboraci髇 y la evaluaci髇 peri骴ica.
  • n) Ser o韉os y escuchados en las decisiones trascendentes que los afecten si tienen m醩 de doce a駉s en todo caso, o, si tienen juicio suficiente, tambi閚 los ni駉s o ni馻s que todav韆 no hayan llegado a esta edad.
  • o) Participar en las evaluaciones y los procedimientos de inspecci髇 de los que sea objeto el centro.
  • p) Ser atendidos por personal calificado por su formaci髇 y experiencia.
  • q) Contar con la participaci髇 de sus padres y madres en su atenci髇 y en las decisiones que les afecten, siempre que no sea contrario a su inter閟.
  • r) No ser separado de sus hermanos y permanecer todos juntos en el mismo centro, siempre que eso no sea contrario a su inter閟. En caso de separaci髇, se tienen que facilitar los contactos peri骴icos entre hermanos, no inferiores a un mes, siempre que eso no sea contrario a su inter閟.
  • s) Recibir el tratamiento adecuado con relaci髇 a la reparaci髇 del da駉 sufrido.

Art韈ulo 172 Deberes de los ni駉s, ni馻s y adolescentes acogidos en centros

Durante la estancia en los centros de acogida o residenciales, los ni駉s, ni馻s y adolescentes tienen los siguientes deberes:

  • a) Cumplir las normas de funcionamiento y de convivencia del centro.
  • b) Respetar la dignidad y las funciones del personal del centro y de los otros residentes.
  • c) Desarrollar con dedicaci髇 y aprovechamiento las actividades educativas, laborales y de formaci髇, organizadas, dirigidas y coordinadas por el mismo centro de acogida o residencial, que formen parte de su proyecto educativo.
  • d) Hacer un uso adecuado de las instalaciones y de los medios materiales que se pongan a su disposici髇.
  • e) Cumplir las medidas educativas correctoras impuestas, seg鷑 lo que disponen los art韈ulos siguientes.
  • f) Someterse, de conformidad con lo que establece la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica, a los reconocimientos y las pruebas m閐icas necesarios en garant韆 del derecho a la salud del mismo ni駉, ni馻 o adolescente y del personal del centro y de los otros residentes.

Art韈ulo 173 Incumplimiento de los deberes de convivencia en el centro

Son incumplimientos de los deberes de convivencia por parte de los ni駉s, ni馻s y adolescentes las siguientes conductas:

  • a) El incumplimiento de las normas de funcionamiento y de convivencia del centro.
  • b) La promoci髇 y la participaci髇 activa en actos o conductas que supongan la alteraci髇 del orden del centro o la insubordinaci髇 respecto al personal del centro.
  • c) El abandono del centro sin autorizaci髇 o el hecho de intentarlo reiteradamente.
  • d) El hecho de causar da駉s en las dependencias, los materiales y los efectos del centro o a las pertenencias de otras personas.
  • e) Los actos de incorrecci髇 o desconsideraci髇 hacia los compa馿ros o el personal del centro.
  • f) Las faltas de puntualidad.
  • g) Cualquier otra incorrecci髇 que altere el desarrollo normal de la convivencia en el centro.

Art韈ulo 174 Medidas educativas

En caso de incumplimiento de los deberes de convivencia, se pueden aplicar las siguientes medidas educativas correctoras:

  • a) Amonestaci髇.
  • b) Privaci髇 de actividades cotidianas de tiempo libre, deportivas o de car醕ter l鷇ico, ya sean diarias, de fin de semana o especiales, o limitaci髇 horaria o de incentivos, por un periodo m醲imo de quince d韆s naturales.
  • c) Realizaci髇 de actividades de inter閟 para la colectividad en el mismo centro, por un periodo m醲imo de quince d韆s naturales.

Art韈ulo 175 Incumplimientos de deberes gravemente perjudiciales para la convivencia

Son incumplimientos de deberes gravemente perjudiciales para la convivencia por parte de los ni駉s, ni馻s y adolescentes las siguientes conductas:

  • a) La introducci髇, la posesi髇 o el consumo en el centro de sustancias t髕icas, incluidas sustancias psicotr髉icas o estupefacientes.
  • b) La introducci髇 o la posesi髇 en el centro de armas o instrumentos especialmente peligrosos.
  • c) La sustracci髇 de materiales o efectos del centro o de pertenencias de otras personas.
  • d) Los actos graves de indisciplina, las injurias u ofensas contra compa馿ros y la falta de respeto al personal del centro.
  • e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro del centro, especialmente las que tienen una implicaci髇 de g閚ero, sexual, racial o xen骹oba, o se dirigen a los compa馿ros del centro especialmente vulnerables.
  • f) Las amenazas, las agresiones f韘icas, las actuaciones que atentan contra la integridad o que son perjudiciales para la salud cometidas contra compa馿ros.
  • g) El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del centro, del material que contiene o de los objetos y las pertenencias de los otros miembros del centro.
  • h) Los actos injustificados que alteran gravemente el desarrollo normal de la convivencia en el centro.
  • i) La comisi髇 de conductas contrarias a los deberes de convivencia en el centro, de manera sistem醫ica y reiterada.

Art韈ulo 176 Medidas educativas en caso de incumplimientos gravemente perjudiciales

En caso de incumplimientos de deberes gravemente perjudiciales para la convivencia, la persona que tiene la guarda del ni駉, ni馻 o adolescente puede aplicar las siguientes medidas educativas correctoras:

  • a) Realizaci髇 de actividades de inter閟 para la colectividad en el mismo centro, por un periodo m醲imo de un mes.
  • b) Privaci髇 de actividades cotidianas de tiempo libre, deportivas o de car醕ter l鷇ico, ya sean diarias, de fin de semana o especiales, o limitaci髇 horaria o de incentivos, por un periodo m醲imo de un mes.
  • c) Separaci髇 del grupo con privaci髇 o limitaci髇 de incentivos por un periodo m醲imo de tres d韆s naturales.
  • d) Limitaci髇 de las salidas del centro de acogida.

Art韈ulo 177 Criterios para la aplicaci髇 de las medidas educativas

Para la aplicaci髇 de las medidas educativas correctoras, se deben tener en cuenta los criterios siguientes:

  • a) La edad y las caracter韘ticas del ni駉 o ni馻 o la persona adolescente.
  • b) El proyecto educativo individual.
  • c) El grado de intencionalidad o negligencia.
  • d) La reiteraci髇 de la conducta.
  • e) La perturbaci髇 del funcionamiento del centro.
  • f) Los perjuicios ocasionados a los otros residentes, al personal o a los bienes o a las instalaciones del centro.

Art韈ulo 178 Audiencia de la persona interesada

La actuaci髇 educativa como respuesta a los incumplimientos de deberes tiene que garantizar siempre el derecho de la persona interesada a ser informada y escuchada con relaci髇 al hecho.

Art韈ulo 179 Contenido y funci髇 de las medidas educativas

Las medidas educativas correctoras tienen que tener un contenido y una funci髇 fundamentalmente educativa y reparadora. No se pueden aplicar medidas correctoras que impliquen directa o indirectamente castigos corporales, privaci髇 de la alimentaci髇, privaci髇 del derecho de visita de la familia, privaci髇 del derecho a la educaci髇 obligatoria y de asistencia al centro escolar, o que atenten contra la dignidad del ni駉, ni馻 o adolescente.

Art韈ulo 180 Petici髇 de excusas y reparaci髇 de los da駉s

La petici髇 de disculpas a la persona ofendida, la restituci髇 de los bienes o la reparaci髇 de los da駉s pueden dar lugar a la suspensi髇 de las medidas educativas correctoras, siempre que no se reitere la conducta que se quiere corregir.

Art韈ulo 181 Aplicaci髇 de la medida

1. La aplicaci髇 de la medida educativa, que se tiene que ejecutar inmediatamente, corresponde al educador o educadora que tiene a su cargo el ni駉, ni馻 o adolescente, si se trata de una actuaci髇 educativa que se aplica como respuesta a incumplimientos de deberes de la convivencia establecidos en el art韈ulo 172 de esta ley.

2. La aplicaci髇 de la medida educativa como respuesta a incumplimientos de deberes gravemente perjudiciales a la convivencia establecidos en el art韈ulo 173 de esta ley corresponde al director o directora del centro mediante la instrucci髇 de un expediente disciplinario, en el cual se tiene que nombrar un instructor o instructora. En todos los casos se tiene que dar audiencia a la persona infractora.

Art韈ulo 182 Comunicaci髇

Se tiene que dar cuenta inmediatamente de las medidas que se impongan por conductas o actitudes atentatorias contra la convivencia en el 醡bito residencial a los padres y madres o a las personas que tengan atribuida la tutela o la representaci髇 legal del ni駉, ni馻 o adolescente y al Ministerio Fiscal.

Art韈ulo 183 Infracciones penales

Si el incumplimiento de deberes es susceptible de constituir una infracci髇 penal, se tiene que dar cuenta inmediatamente al Ministerio Fiscal, de conformidad con la legislaci髇 sobre responsabilidad penal de las personas menores de edad.

Art韈ulo 184 Actuaciones posteriores al final de la medida

1. Al menos durante el a駉 siguiente a la salida del ni駉, ni馻 o adolescente de un centro de acogida residencial, la entidad p鷅lica tiene que realizar un seguimiento para comprobar que su integraci髇 social y familiar sea correcta y aplicar la ayuda t閏nica necesaria.

2. La entidad p鷅lica puede solicitar la colaboraci髇 de los servicios sociales comunitarios, as como de cualesquiera otros organismos e instituciones p鷅licas o privadas que se consideren convenientes.

Secci髇 7
Medidas de transici髇 a la vida adulta y a la autonom韆 personal

Art韈ulo 185 Transici髇 a la vida adulta y a la autonom韆 personal

1. Las medidas de transici髇 a la vida adulta y a la autonom韆 personal consisten en ofrecer acompa馻miento en la inserci髇 socio-laboral y de vivienda para garantizar una preparaci髇 progresiva para la independencia personal, de acuerdo con las necesidades formativas y de integraci髇 social y laboral de cada adolescente.

2. Fundamentalmente, estas medidas se pueden acordar respecto a adolescente de m醩 de diecis閕s a駉s, con su consentimiento, que se encuentren con escasas posibilidades de retorno al n鷆leo familiar de origen o sin perspectivas de integraci髇 en otros n鷆leos de convivencia y que tengan riesgo de exclusi髇 social al alcanzar la mayor韆 de edad.

3. De acuerdo con el art韈ulo 6 de la Ley 7/2015, de 10 de abril, por la que se establece el marco regulador de los procesos de autonom韆 personal de menores que han sido sometidos a una medida de protecci髇 o reforma, con la finalidad de favorecer el proceso de integraci髇 en desarrollo, continuar la atenci髇 dispensada y mantener los apoyos psicosociales necesarios, se puede prolongar la permanencia en un centro de los j髒enes que, acogidos en r間imen residencial, lleguen a la mayor韆 de edad. Esta prolongaci髇 se puede acordar cuando los que lleguen a la mayor韆 de edad cumplan los requisitos, en la forma y en los plazos que establece la Ley mencionada.

Cap韙ulo VI
De la adopci髇

Art韈ulo 186 Adopci髇 de ni駉s, ni馻s o adolescentes

1. Mediante la propuesta de adopci髇 se promueve la plena integraci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente en una nueva familia, una vez que se ha constatado la inviabilidad de la reintegraci髇 y la permanencia definitiva del ni駉, ni馻 o adolescente en su n鷆leo familiar de origen, sin perjuicio de lo que establece el art韈ulo 176.2 del C骴igo Civil.

2. En los casos de guarda con fines de adopci髇 hay que ajustarse a lo que dispone el art韈ulo 162 de esta ley.

3. La adopci髇 se tiene que constituir por resoluci髇 judicial, que siempre tendr en cuenta el inter閟 del ni駉, ni馻 o adolescente adoptado y la idoneidad de las personas adoptantes para el ejercicio de la patria potestad.

4. Las actuaciones administrativas requeridas para la tramitaci髇 de un expediente de adopci髇 o de adopci髇 internacional se tienen que ajustar, en todo caso, a la regulaci髇 prevista en el ordenamiento jur韉ico vigente.

Art韈ulo 187 Criterios de aplicaci髇

1. Se promover la adopci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente cuando, realizada la exhaustiva valoraci髇 de su situaci髇 y circunstancias y constatada la inviabilidad de la reintegraci髇 o permanencia definitiva del ni駉, ni馻 o adolescente en su n鷆leo familiar de origen, responda a su inter閟 y sea la medida m醩 adecuada para atender sus necesidades.

2. Con independencia de las actuaciones que se tengan que llevar a cabo ante el juez o jueza, se tiene que dar audiencia al adolescente o al ni駉 o ni馻 si tiene la madurez suficiente y, en todo caso, si tiene m醩 de doce a駉s.

Art韈ulo 188 Reserva y confidencialidad

Todas las actuaciones administrativas se tienen que llevar a cabo con la necesaria reserva y confidencialidad, y se tiene que evitar especialmente que la familia biol骻ica conozca los datos de la familia adoptante, excepto en los supuestos que prev la legislaci髇 vigente.

Art韈ulo 189 Adopci髇 internacional

1. En materia de adopci髇 internacional corresponde a las entidades p鷅licas:

  • a) Organizar y facilitar la informaci髇 sobre legislaci髇, requisitos y tr醡ites necesarios en Espa馻 y en los pa韘es de origen de los ni駉s, ni馻s o adolescentes, velando para que esta informaci髇 sea la m醩 completa, veraz y actualizada posible y de libre acceso para las familias interesadas y los organismos acreditados.
  • b) Facilitar a las familias la formaci髇 necesaria a lo largo de todo el proceso que les permita comprender y afrontar las implicaciones de la adopci髇 internacional, prepar醤dolas para el adecuado ejercicio de sus responsabilidades parentales una vez constituida la adopci髇. Podr醤 delegar esta funci髇 en organismos acreditados o en instituciones o entidades debidamente autorizadas.
  • c) Recibir los ofrecimientos para la adopci髇 en todo caso, y la tramitaci髇 correspondiente, ya sea directamente o mediante organismos acreditados.
  • d) Expedir, en todo caso, los certificados de idoneidad, previa elaboraci髇, directamente o a trav閟 de instituciones o entidades debidamente autorizadas, del informe psico-social de las personas que se ofrecen para la adopci髇, y, cuando lo exija el pa韘 de origen del adoptante, el compromiso de seguimiento.
  • e) Recibir la asignaci髇 del ni駉, ni馻 o adolescente de las autoridades competentes del pa韘 de origen en que conste informaci髇 sobre su identidad, su adoptabilidad, su medio social y familiar, su historia m閐ica y sus necesidades particulares; as como la informaci髇 relativa al otorgamiento de los consentimientos de personas, instituciones y autoridades requeridas por la legislaci髇 del pa韘 de origen.
  • f) Dar la conformidad con respecto a la adecuaci髇 de las caracter韘ticas del ni駉, ni馻 o adolescente asignado por el organismo competente del pa韘 de origen a las que consten en el informe psico-social adjunto al certificado de idoneidad.
  • g) Ofrecer, a lo largo del proceso de adopci髇 internacional, apoyo t閏nico dirigido a los ni駉s, ni馻s o adolescentes y a las personas que se ofrecen para la adopci髇, prestando particular atenci髇 a las personas que quieran adoptar o hayan adoptado ni駉s, ni馻s o adolescente con caracter韘ticas o necesidades especiales. Durante la estancia de los adoptantes en el extranjero, podr醤 contar con la colaboraci髇 del Servicio Exterior.
  • h) Elaborar los informes de los seguimientos requeridos por el pa韘 de origen del ni駉, ni馻 o adolescente, que podr醤 encomendarse a los organismos acreditados o a otras entidades autorizadas.
  • i) Establecer recursos calificados de apoyo post-adoptivo y de mediaci髇 para la b鷖queda de or韌enes, para la adecuada atenci髇 de adoptados y adoptantes, que podr醤 encomendarse a organismos acreditados o a entidades autorizadas.
  • j) Informar preceptivamente a la Administraci髇 General del Estado sobre la acreditaci髇 de los organismos, as como controlar, inspeccionar y elaborar las directrices de seguimiento de los organismos que tengan la sede en su 醡bito territorial para las actividades de intermediaci髇 que se lleven a cabo en su territorio.
  • k) El plazo para resolver el procedimiento de declaraci髇 de idoneidad no ser superior a seis meses. Transcurrido este plazo sin declaraci髇, 閟ta se entender denegada.

2. En las actuaciones en materia de adopci髇 internacional, las entidades p鷅licas tienen que promover medidas para conseguir la m醲ima coordinaci髇 y colaboraci髇. Concretamente, tienen que procurar la homogeneizaci髇 de procedimientos, plazos y costes.

3. Las entidades p鷅licas tienen que facilitar a la Administraci髇 General del Estado informaci髇 estad韘tica sobre la tramitaci髇 de expedientes de adopci髇 internacional. En las adopciones internacionales nunca se podr醤 producir beneficios financieros diferentes de aqu閘los que sean necesarios para cubrir estrictamente los gastos necesarios de la intermediaci髇 y est閚 aprobados por la Administraci髇 General del Estado y por las entidades p鷅licas.

Art韈ulo 190 Derecho a conocer los or韌enes biol骻icos y el historial

1. La entidad p鷅lica tiene que asegurar la conservaci髇 de la informaci髇 de que disponga relativa a los or韌enes de los ni駉s, ni馻s o adolescentes y su historial vital, en particular la informaci髇 con respecto a la identidad de los padres y madres, as como su historia m閐ica y de su familia y toda la documentaci髇 recopilada en las actuaciones. Esta informaci髇 se tiene que conservar durante al menos cincuenta a駉s con posterioridad al momento en que la adopci髇 se haya hecho definitiva. La conservaci髇 se tiene que llevar a cabo s髄o al efecto de que la persona adoptada pueda ejercer el derecho a que se refiere el apartado siguiente.

2. Las personas adoptadas, una vez alcanzada la mayor韆 de edad o durante la minor韆 de edad a trav閟 de sus representantes legales, tienen derecho a conocer los datos sobre sus or韌enes que se encuentren en poder de las entidades p鷅licas, sin perjuicio de las limitaciones que se puedan derivar de la legislaci髇 de los pa韘es de procedencia de las personas menores de edad en el caso de la adopci髇 internacional.

3. Las entidades p鷅licas, con la notificaci髇 previa a las personas afectadas, les tienen que prestar, a trav閟 de los servicios especializados correspondientes, el asesoramiento y la ayuda que necesiten para hacer efectivo este derecho. En cuanto a la adopci髇 internacional, este derecho se puede hacer efectivo con los servicios especializados de la entidad p鷅lica y con los organismos acreditados o entidades autorizadas con esta finalidad.

4. Cualquier entidad privada o p鷅lica tiene la obligaci髇 de facilitar a la entidad p鷅lica y al Ministerio Fiscal, cuando les sean requeridos, los informes y los antecedentes necesarios sobre el ni駉, ni馻 o adolescente y su familia de origen. Concretamente, los organismos acreditados que hayan mediado en la adopci髇 internacional tienen que informar a las entidades p鷅licas de los datos de que dispongan sobre los or韌enes del ni駉, ni馻 o adolescente.

Cap韙ulo VII
Registros

Secci髇 1
Registros de protecci髇 de menores

Art韈ulo 191 El registro auton髆ico de declaraciones de riesgo

El registro auton髆ico de declaraciones de riesgo de personas menores de edad, con funciones de inscripci髇, control, inventario y mantenimiento de los datos relativos a las declaraciones de riesgo, tiene que ser 鷑ico para toda la comunidad aut髇oma y tiene que tener car醕ter reservado con sujeci髇 a la normativa vigente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal. La custodia y la gesti髇 se tienen que encomendar al Gobierno de las Illes Balears a trav閟 de la consejer韆 competente en materia de personas menores de edad.

Art韈ulo 192 El registro auton髆ico de medidas de protecci髇

El registro auton髆ico de medidas de protecci髇, con funciones de inscripci髇, control, inventario y mantenimiento de los datos relativos a las guardas, las tutelas y los acogimientos, tiene que ser 鷑ico para toda la comunidad aut髇oma y tiene que tener car醕ter reservado con sujeci髇 a la normativa vigente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal. La custodia y la gesti髇 se tienen que encomendar al Gobierno de las Illes Balears a trav閟 de la consejer韆 competente en materia de personas menores de edad. Este registro tiene que tener las siguientes secciones:

  • a) Secci髇 primera: guardas.
  • b) Secci髇 segunda: tutelas.
  • c) Secci髇 tercera: acogimientos.

Art韈ulo 193 El registro auton髆ico de adopciones

El registro auton髆ico de adopciones, con funciones de inscripci髇, control, inventario y mantenimiento de los datos relativos a las adopciones, tiene que tener car醕ter 鷑ico para toda la comunidad aut髇oma, tiene que ser reservado, con sujeci髇 a la normativa vigente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal, y la custodia y la gesti髇 se tienen que encomendar al Gobierno de las Illes Balears a trav閟 de la consejer韆 competente en materia de personas menores de edad. Este registro tiene que tener las siguientes secciones:

  • a) Secci髇 primera: ofrecimientos de adopci髇 nacional e internacional.
  • b) Secci髇 segunda: certificados de idoneidad.
  • c) Secci髇 tercera: propuestas previas de adopci髇 y tramitaciones de adopci髇 internacional.

Art韈ulo 194 Organizaci髇 y funcionamiento

La organizaci髇 y el funcionamiento de los registros mencionados se tienen que desarrollar reglamentariamente, lo cual tiene que efectuarse de acuerdo con los siguientes principios:

  • a) Intimidad, confidencialidad y obligaci髇 de reserva respecto a las inscripciones que existan en cualquiera de las secciones del registro.
  • b) Acceso del Ministerio Fiscal en el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas legalmente.

Art韈ulo 195 Los registros insulares de medidas de protecci髇 y de adopciones

1. Los consejos insulares tienen que informar al Gobierno de las Illes Balears de todos los datos necesarios para la formaci髇, la gesti髇 y el control de los registros que se mencionan a continuaci髇, y de cualquier otro dato conveniente a efectos estad韘ticos:

  • a) Registro auton髆ico de medidas de protecci髇.
  • b) Registro auton髆ico de adopciones.

2. Los consejos insulares, en su 醡bito territorial respectivo, tienen que crear y gestionar los propios registros insulares de medidas de protecci髇 y de adopciones, respecto a las materias que son de su competencia.

3. Los registros insulares tienen que tener la estructura, la organizaci髇 y el funcionamiento se馻lados en los art韈ulos anteriores, con especial sujeci髇 a la normativa vigente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

Secci髇 2
Registro Unificado de Maltrato Infantil

Art韈ulo 196 Registro Unificado de Maltrato Infantil

1. Se crea el Registro Unificado de Maltrato Infantil de las Illes Balears como un sistema de informaci髇 sobre los casos de maltrato infantil en las Illes Balears, a efectos de prevenci髇, detecci髇 y notificaci髇, estudios epidemiol骻icos y estad韘ticos.

2. Toda persona que, en raz髇 de su profesi髇, tenga conocimiento, evidencia o sospecha de la existencia de cualquier caso de maltrato a un ni駉, ni馻 o adolescente, especialmente si act鷄 en el 醡bito de los servicios sociales, en el 醡bito sanitario o en el 醡bito educativo, est obligada a notificar el caso en el 醡bito policial, a los 髍ganos judiciales y al Ministerio Fiscal.

3. Reglamentariamente se desarrollar醤 el contenido y el funcionamiento del Registro Unificado de Maltrato Infantil de las Illes Balears.

T蚑ULO V
ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAS MENORES DE EDAD INFRACTORAS

Cap韙ulo I
Disposiciones generales

Art韈ulo 197 羗bito de ejecuci髇

A efectos de designar a las personas a quienes se aplica este t韙ulo, en el articulado se utiliza el t閞mino persona menor de edad infractora para todas las personas a las que sea aplicable la legislaci髇 vigente en materia de responsabilidad penal de las personas menores de edad.

Art韈ulo 198 Competencia

1. Corresponde al Gobierno de las Illes Balears, a trav閟 de la consejer韆 competente en materia de personas menores de edad, la ejecuci髇 de las medidas adoptadas por los juzgados de menores en aplicaci髇 de la legislaci髇 reguladora de la responsabilidad penal de las personas menores de edad.

2. A estos efectos, le corresponde la creaci髇, direcci髇, organizaci髇, gesti髇, inspecci髇 y control de los servicios, instituciones y programas precisos para la adecuada ejecuci髇 de las medidas adoptadas por los juzgados de menores.

V閍se D [BALEARES] 10/2020, 14 febrero, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y organizaci髇 de los centros socioeducativos espec韋icos del sistema de justicia juvenil para el cumplimiento de las medidas privativas de libertad en las Illes Balears (獴.O.I.B. 15 febrero).LE0000659933_20200216Ir a Norma

Art韈ulo 199 Criterios de actuaci髇

La actuaci髇 socio-educativa con las personas menores de edad infractoras estar dirigida a procurar su desarrollo integral y su inserci髇 social y familiar y se ajustar a los principios establecidos por la legislaci髇 general reguladora de esta materia y por los siguientes criterios espec韋icos:

  • a) En la ejecuci髇 de las medidas, prevalece el inter閟 superior de la persona menor de edad sobre cualquier otro inter閟 leg韙imo que pueda concurrir.
  • b) Se tiene que garantizar que disfruten de todos los derechos reconocidos en la Constituci髇 Espa駉la y en el ordenamiento jur韉ico, particularmente en la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y en la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de protecci髇 jur韉ica del menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de enjuiciamiento civil, as como en la Convenci髇 sobre los derechos del ni駉, de 20 de noviembre de 1989, y en todas las normas sobre protecci髇 de la infancia y la adolescencia contenidas en el ordenamiento jur韉ico vigente, excepto los que se vean afectados por la medida impuesta y por el contenido de la resoluci髇 judicial.
  • c) Se tendr醤 presentes la naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora educativa de las medidas aplicables a las personas menores de edad y la necesidad de garantizar la flexibilidad en su ejecuci髇 atendiendo a lo que resulte m醩 conveniente a las particulares caracter韘ticas de cada caso.
  • d) La aplicaci髇 de las medidas judiciales tiene que responder al principio de inmediatez a fin de garantizar la eficacia educativa de las medidas aplicadas. Por ello, se velar especialmente por la menor dilaci髇 temporal posible entre la comunicaci髇 de estas medidas y su efectivo cumplimiento.
  • e) La eficacia de las medidas judiciales a las personas menores de edad infractoras, en particular en el marco de las medidas no privativas de libertad, requerir la participaci髇 y la implicaci髇 de la comunidad.
  • f) El contenido y la finalidad educativa y rehabilitadora primar醤 en la ejecuci髇 de las medidas, as como su car醕ter socializador y la prevalencia de la funci髇 social y psico-pedag骻ica.
  • g) La intervenci髇 ser individualizada, atender desde una perspectiva integral a las necesidades y circunstancias de cada persona menor de edad infractora y ser compatible con el respeto a su intimidad e identidad y con progresiva consideraci髇 de su opini髇 y voluntad en raz髇 de su edad y madurez.
  • h) Se estimular el desarrollo personal de las personas menores de edad infractoras, favoreciendo su autonom韆 y auto-responsabilidad.
  • i) Se proporcionar atenci髇 a las personas menores de edad infractoras, siempre que sea posible, a trav閟 de los recursos normalizados y comunitarios, procurando su permanencia en un entorno familiar y social adecuado, dando preferencia al suyo propio.
  • j) Se favorecer la actuaci髇 coordinada de todos los organismos e instituciones p鷅licas que intervengan con personas menores de edad, especialmente de los que tengan competencia en materia de protecci髇 de menores, educaci髇, sanidad y servicios sociales, de la red asistencial de salud mental y del sistema de asistencia e integraci髇 social de drogodependientes.
  • k) En el proceso de integraci髇 social de las personas menores de edad infractoras, se fomentar醤 la participaci髇 y la colaboraci髇 del grupo familiar, de las personas de su entorno pr髕imo y de las instituciones y entidades, p鷅licas y privadas, que incluyan esta actividad entre sus fines.

Art韈ulo 200 Colaboraci髇 en la ejecuci髇

1. Para la ejecuci髇 de las medidas dictadas por los juzgados de menores, el Gobierno de las Illes Balears tiene que poner a disposici髇 de los programas establecidos para la ejecuci髇 de las medidas que prev este t韙ulo los recursos normalizados y comunitarios de los sistemas sanitario, educativo, laboral y de servicios sociales, de la red asistencial de salud mental y del sistema de asistencia e integraci髇 social de drogodependientes.

2. El Gobierno de las Illes Balears puede suscribir los convenios o acuerdos de colaboraci髇 necesarios con otras entidades, ya sean p鷅licas o privadas sin 醤imo de lucro, para la ejecuci髇 de las medidas de su competencia, bajo su supervisi髇 directa, sin que ello suponga en ning鷑 caso la cesi髇 de la titularidad ni de la responsabilidad derivada de la ejecuci髇.

3. La consejer韆 competente en materia de personas menores de edad tiene que fomentar la colaboraci髇 con la Delegaci髇 del Gobierno del Estado para establecer un marco de colaboraci髇 para los acompa馻mientos policiales en los desplazamientos, conducciones o traslados de las personas menores infractoras internadas en los centros de medidas privativas de libertad y en centros colaboradores del Gobierno de las Illes Balears independientemente de su r間imen de privaci髇 de libertad.

Art韈ulo 201 Coordinaci髇 interadministrativa

1. Los sistemas de protecci髇 y el sistema de justicia juvenil tienen que mantener la colaboraci髇 y la cooperaci髇 debidas con el objeto de asegurar la m醲ima efectividad de la acci髇 desarrollada por cada uno, simult醤eamente o sucesivamente, sobre una persona menor de edad.

2. Esta colaboraci髇 y cooperaci髇 se pueden hacer efectivas mediante las siguientes t閏nicas:

  • a) El suministro de informaci髇, datos, documentos o medios probatorios que se encuentren a disposici髇 de la administraci髇, organismo p鷅lico o entidad a la que se dirija la solicitud y que la administraci髇, organismo p鷅lico o entidad solicitante necesite para el ejercicio de sus competencias.
  • b) La creaci髇 y el mantenimiento de sistemas integrados de informaci髇 para disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los diferentes 醡bitos con competencias en materia de menores de edad.
  • c) La participaci髇 en 髍ganos de cooperaci髇, para deliberar y, en su caso, acordar medidas en esta materia.
  • d) La cooperaci髇 interadministrativa para la aplicaci髇 coordinada de la normativa reguladora de esta materia.
  • e) Cualquier otra t閏nica prevista en la legislaci髇 vigente.

Art韈ulo 202 Disponibilidad de medios y recursos

1. El Gobierno de las Illes Balears tiene que disponer de los medios materiales y personales necesarios para ejercer estas funciones.

2. Para la ejecuci髇 de las medidas que se tengan que aplicar en el medio social de convivencia de la persona menor de edad, el Gobierno de las Illes Balears, a trav閟 de la consejer韆 competente en materia de menores de edad, tiene que desarrollar programas de integraci髇 social y promover su desarrollo. Estos programas tienen que incluir actuaciones espec韋icas de ocio, apoyo socio-educativo, tareas pre-laborales, habilidades sociales, habilidades de convivencia familiar o cualquier otra actuaci髇 que contribuya a la consecuci髇 de los objetivos educativos perseguidos.

3. El Gobierno de las Illes Balears tiene que velar para que el personal profesional que intervenga en la atenci髇 socio-educativa a personas menores de edad infractoras sea el id髇eo para el ejercicio de las funciones que debe desarrollar. A este efecto, se tienen que arbitrar programas de formaci髇 capaces de responder a las nuevas y varias necesidades de la poblaci髇 objeto de estas intervenciones, y dise馻r procedimientos de acceso a los puestos de trabajo que garanticen la idoneidad del personal profesional en atenci髇 al inter閟 superior de las personas atendidas. En la aplicaci髇 de medidas judiciales en el marco de los convenios de colaboraci髇 que suscriba el Gobierno de las Illes Balears, se tienen que adoptar medidas de la misma naturaleza.

4. El Gobierno de las Illes Balears tiene que garantizar la formaci髇 adecuada de los agentes de la polic韆 local, la existencia de expertos policiales en intervenci髇 con personas menores de edad infractoras, as como la implantaci髇 de sistemas de organizaci髇 y funcionamiento que garanticen la intervenci髇 efectiva de estos expertos en los casos en que se detecte la participaci髇 de personas menores de edad.

Cap韙ulo II
Actuaciones de protecci髇 en los supuestos de aplicaci髇 de la legislaci髇 reguladora de la responsabilidad penal de las personas menores de edad

Art韈ulo 203 Personas menores de edad de menos de catorce a駉s que cometen infracciones penales

1. Cuando el Ministerio Fiscal, en cumplimiento de lo que establece la legislaci髇 reguladora de la responsabilidad penal de las personas menores de edad, remita el testimonio de particulares por hechos cometidos por personas menores de edad de menos de catorce a駉s a la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores, esta entidad tiene que valorar la posibilidad de que haya una situaci髇 de riesgo o de desamparo y, en su caso, tiene que derivar o incoar el procedimiento correspondiente.

2. Sin perjuicio de lo que establece el apartado anterior, se tiene que valorar la posibilidad de efectuar una actividad mediadora con la v韈tima, y se tienen que derivar, en su caso, los particulares al departamento o 醨ea competente en materia de personas menores de edad para llevar a cabo esta actividad.

3. Las administraciones p鷅licas, dentro de sus respectivas competencias, tienen que dise馻r, elaborar y llevar a cabo programas y servicios dirigidos espec韋icamente para este colectivo. A estos efectos, el Gobierno de las Illes Balears prestar el asesoramiento t閏nico que le sea requerido en el dise駉 y en la elaboraci髇 de estos programas y servicios.

Art韈ulo 204 Personas menores de edad de m醩 de catorce a駉s

Cuando el Ministerio Fiscal o el juzgado de menores, en cumplimiento de lo que establece la legislaci髇 reguladora de la responsabilidad penal de las personas menores de edad, remitan el testimonio de particulares por hechos cometidos por menores de edad de m醩 de catorce a駉s a la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores, se tiene que valorar la posibilidad de efectuar una actividad mediadora con la v韈tima, y se tienen que derivar, en su caso, los particulares al equipo t閏nico del departamento o 醨ea competente en materia de protecci髇 de menores para llevar a cabo esta actividad.

Cap韙ulo III
Prevenci髇 y reinserci髇

Art韈ulo 205 Principios generales

1. La prevenci髇 de las conductas de conflicto social de las personas menores de edad y la reinserci髇 tienen una valoraci髇 primordial. Para ello, se tienen que establecer los programas, las actuaciones y las intervenciones necesarias para promover y desarrollar actividades tanto de prevenci髇 como de reinserci髇 con personas menores en riesgo de conflicto social, que incidan sobre sus alternativas de ocio, formaci髇, promoci髇 ocupacional, convivencia familiar y todas las que contribuyan a su mejor socializaci髇. En este sentido, debe procurarse la voluntad favorable de la persona menor de edad y la de sus padres y madres o quien les sustituya en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar.

2. A estos efectos, el Gobierno de las Illes Balears tiene que promover convenios de colaboraci髇 con otras administraciones p鷅licas y entidades privadas interesadas en desarrollar acciones preventivas.

Art韈ulo 206 Actuaciones de prevenci髇

Una vez detectada una situaci髇 de riesgo de conflicto social en que se encuentre una persona menor de edad, el Gobierno de las Illes Balears tiene que facilitar, por s mismo, en colaboraci髇 con otras administraciones o mediante convenios de colaboraci髇 con entidades privadas, y sin perjuicio de otras actuaciones adecuadas, alguna de las siguientes medidas:

  • a) Asistencia a actividades de car醕ter compensatorio o complementario a las actividades escolares.
  • b) Asistencia a actividades o talleres preparatorios para su integraci髇 socio-laboral.
  • c) Incorporaci髇 a programas de prevenci髇.
  • d) Participaci髇 en programas de resoluci髇 de conflictos, mediaci髇, habilidades sociales y de comunicaci髇, o cualquier otro que facilite la mejora de las relaciones sociales.
  • e) Acceso a los servicios de asistencia especializada necesarios.

Art韈ulo 207 Mediaci髇, conciliaci髇 y reparaci髇 extrajudicial

1. El Gobierno de las Illes Balears tiene que fomentar las diferentes alternativas para la resoluci髇 de conflictos en el 醡bito prejudicial, para lo que dispone de la colaboraci髇 de las diferentes administraciones, especialmente de las corporaciones locales. Para ello, y sin perjuicio de las competencias de los equipos t閏nicos de la Fiscal韆 de Menores, el Gobierno de las Illes Balears puede poner a disposici髇 del Ministerio Fiscal y de los juzgados de menores, en su caso, los programas necesarios para realizar las funciones de mediaci髇, conciliaci髇 y reparaci髇 extrajudicial.

2. Una vez firme la sentencia o durante la ejecuci髇 de las medidas impuestas en la misma, el Gobierno de las Illes Balears podr, en el marco de la estrategia de la intervenci髇, instar, facilitar o llevar a cabo la conciliaci髇 entre la persona menor de edad infractora y la v韈tima, proponiendo o comunicando, seg鷑 los casos y a los efectos que prev la ley, al juez o jueza de menores a qui閚 competa el control de esta ejecuci髇.

Cap韙ulo IV
Ejecuci髇 de las medidas

Secci髇 1
Disposiciones generales

Art韈ulo 208 Finalidad de las medidas

La finalidad de las medidas es estimular el proceso evolutivo de la persona menor de edad infractora, para conseguir la superaci髇 de sus dificultades en el orden personal y social y recuperar los recursos de relaci髇 consigo misma y con el entorno. Asimismo, est dirigida a procurar el desarrollo integral de la persona menor de edad infractora y una inserci髇 social efectiva.

Art韈ulo 209 Marco de la ejecuci髇

1. Las medidas susceptibles de ser impuestas a la persona menor de edad son:

2. Las medidas judiciales se tienen que ejecutar de acuerdo con la Ley Org醤ica 5/2000, el reglamento de ejecuci髇 correspondiente y el resto de normativa que modifique o desarrolle esta legislaci髇, atendiendo a lo que disponga la resoluci髇 judicial sobre el contenido, la duraci髇 y los objetivos y, en su caso, al programa de ejecuci髇 individualizado de la medida y al car醕ter flexible del cumplimiento dentro de las limitaciones legales vigentes.

3. La ejecuci髇 de las medidas se puede completar, en inter閟 de la persona menor de edad, con el desarrollo de actuaciones de intervenci髇 en el medio familiar dirigidas a asegurar su integraci髇 as como con otras actividades o recursos complementarios.

Art韈ulo 210 Expediente personal

1. El Gobierno de las Illes Balears abrir un expediente personal a cada persona menor de edad infractora respecto de la que tenga encomendada la ejecuci髇 de una medida. Dicho expediente ser 鷑ico en el 醡bito territorial de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, aunque se ejecuten medidas sucesivas.

2. Este expediente tiene car醕ter reservado y s髄o tienen acceso al mismo el Defensor del Pueblo, la Sindicatura de Greuges, los jueces de menores competentes, el Ministerio Fiscal, las entidades p鷅licas competentes en materia de protecci髇 de menores y las personas que intervengan en la ejecuci髇 de la medida y est閚 autorizadas por la entidad p鷅lica de acuerdo con las normas de organizaci髇 correspondientes. La persona menor de edad infractora, su letrado o letrada y, en su caso, su representante legal tambi閚 tienen acceso al expediente.

3. La recogida, la cesi髇 y el tratamiento automatizado de datos de car醕ter personal de las personas a las que se aplique este t韙ulo, s髄o se pueden realizar en ficheros inform醫icos de titularidad p鷅lica dependientes del Gobierno de las Illes Balears, de los juzgados de menores competentes o del Ministerio Fiscal, y se rigen por lo que disponen la normativa de protecci髇 de datos de car醕ter personal y las normas que la desarrollan.

Art韈ulo 211 Programa de ejecuci髇 de la medida

El programa individualizado de ejecuci髇 de la medida aprobada por el juez o jueza de menores contendr un proyecto educativo individualizado de acuerdo con las caracter韘ticas personales de cada persona menor de edad infractora, con una planificaci髇 de actividades, objetivos, seguimiento y evaluaci髇 peri骴ica.

Art韈ulo 212 Seguimiento de las medidas

El Gobierno de las Illes Balears tiene que realizar el seguimiento de la ejecuci髇 de las medidas acordadas judicialmente, sea cu醠 sea el centro, la instituci髇 o el profesional al que se encomiende la ejecuci髇 material.

Art韈ulo 213 Modificaci髇 de medidas

Sin perjuicio de las competencias del juez o jueza de menores, cuando, como resultado del seguimiento que indica el art韈ulo anterior, se aprecie que han variado o desaparecido las condiciones expresadas en la resoluci髇 judicial como fundamento o justificaci髇 para la imposici髇 de la medida, o cuando se entiendan alcanzados los objetivos fijados o se considere la imposibilidad de alcanzarlos, el Gobierno de las Illes Balears elaborar un informe motivado en el que proponga lo m醩 adecuado para el superior inter閟 de la persona menor de edad infractora sobre la modificaci髇, sustituci髇 o desistimiento sin efecto de la medida en cumplimiento, a fin de que el juez o jueza de menores resuelva lo que sea procedente.

Secci髇 2
Medidas no privativas de libertad

Art韈ulo 214 Medidas no privativas de libertad

1. Se consideran medidas no privativas de libertad las medidas cautelares de libertad vigilada y la de convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, as como las medidas dictadas en sentencia firme de tratamiento ambulatorio, asistencia a centro de d韆, permanencia de fin de semana en domicilio, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socio-educativas.

2. El Gobierno de las Illes Balears dispondr de servicios especializados para el cumplimiento de las medidas no privativas de libertad acordadas por resoluci髇 judicial. A estos servicios tambi閚 le corresponder la ejecuci髇 del r間imen de libertad vigilada y de la actividad socio-educativa a que alude el art韈ulo 40.2.c) de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

3. Las medidas no privativas de libertad se tienen que ejecutar de acuerdo con lo que determine la resoluci髇 judicial y sobre la base de la programaci髇 de la intervenci髇 elaborada a este efecto.

4. Cada caso ser asignado a un t閏nico o t閏nica que se responsabilizar del mismo y coordinar toda la intervenci髇.

5. En la intervenci髇, de orientaci髇 primordialmente educativa y finalidad integradora, se procurar el trabajo en equipo, la orientaci髇 multidisciplinar, la participaci髇 coordinada de los dispositivos y recursos normalizados y comunitarios, as como de los servicios sociales comunitarios y especializados, y la colaboraci髇 de profesionales especializados cuando sea necesario.

6. Siempre que la naturaleza y el contenido de las actuaciones concretas lo permitan, estas actuaciones se tienen que llevar a cabo en el medio social y familiar de la persona menor de edad infractora.

7. Los procedimientos de actuaci髇, gen閞icos y espec韋icos, en la ejecuci髇 de las diferentes medidas no privativas de libertad se tienen que establecer por reglamento.

8. Durante la ejecuci髇 se tienen que elaborar los informes de seguimiento, evaluaci髇 y revisi髇 de cada caso con la periodicidad que se establezca por reglamento, as como aquellos otros que determine la legislaci髇 vigente o pidan la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal.

9. En la medida de tratamiento ambulatorio, los especialistas y facultativos de la red del Servicio de Salud de las Illes Balears elaborar醤 y seguir醤 el tratamiento adecuado a cada persona menor de edad infractora. Este tratamiento se incorporar al programa individualizado de ejecuci髇 de la medida de cada persona menor de edad infractora elaborado por el educador o la educadora designado.

10. Cuando la resoluci髇 judicial establezca la medida de acogimiento para otra persona o n鷆leo familiar, el Gobierno de las Illes Balears garantizar la idoneidad de las personas acogedoras en la forma que se establezca por reglamento.

Secci髇 3
Medidas privativas de libertad

Art韈ulo 215 Medidas privativas de libertad

1. Se consideran medidas privativas de libertad las medidas cautelares de internamiento en centro en el r間imen adecuado y tambi閚 las medidas dictadas en sentencia firme de internamiento en r間imen cerrado, semi-abierto o abierto as como internamiento terap閡tico en r間imen cerrado semi-abierto o abierto. Igualmente tendr醤 esta consideraci髇 a efectos de esta ley, la medida de permanencia de fin de semana en centro.

2. Desde la consideraci髇 de que la persona privada de libertad no se encuentra excluida de la sociedad, y de la naturaleza y contenido educativos de la intervenci髇, el internamiento en centro tiene que estar orientado al favorecimiento de su integraci髇 social y familiar, y potenciar, en lo que sea compatible con el contenido de la medida impuesta, las actividades que permitan su participaci髇 social activa, el mantenimiento de los contactos con la familia y con personas o instituciones de su entorno, la utilizaci髇 de los recursos comunitarios normalizados y la participaci髇 de las instituciones, entidades y organizaciones del exterior en la vida del establecimiento.

3. Se tiene que procurar la implicaci髇 de la familia de la persona menor privada de libertad y de su entorno en el proceso para garantizar su rehabilitaci髇 y reinserci髇 social y la prevenci髇 de la comisi髇 de nuevas conductas delictivas.

Cap韙ulo V
Centros socioeducativos para el cumplimiento de medidas privativas de libertad

V閍se D [BALEARES] 10/2020, 14 febrero, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y organizaci髇 de los centros socioeducativos espec韋icos del sistema de justicia juvenil para el cumplimiento de las medidas privativas de libertad en las Illes Balears (獴.O.I.B. 15 febrero).LE0000659933_20200216Ir a Norma

Art韈ulo 216 De los centros de internamiento para el cumplimiento de medidas privativas de libertad

1. El Gobierno de las Illes Balears tiene que disponer de centros propios para la ejecuci髇 de las medidas privativas de libertad impuestas a personas menores de edad, a menos que, en inter閟 de la persona menor de edad infractora, se considere otro centro como m醩 adecuado, con la autorizaci髇 previa del juez o jueza que haya dictado la sentencia.

2. De conformidad con el art韈ulo 54 de la Ley Org醤ica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, estos centros espec韋icos ser醤 diferentes de los que prev la legislaci髇 penitenciaria para la ejecuci髇 de las condenas penales y las medidas cautelares privativas de libertad impuestas a las personas mayores de edad penal.

3. Las medidas privativas de libertad podr醤 asimismo ser ejecutadas en centros socio-sanitarios cuando la medida impuesta as lo requiera y cuente con la previa autorizaci髇 del juez o jueza de menores.

Art韈ulo 217 Organizaci髇 interna

1. Los centros estar醤 orientados a favorecer la integraci髇 social y familiar de la persona menor de edad infractora, potenciando las actividades que permitan su participaci髇 social activa.

2. Estos centros contar醤 con un proyecto socio-educativo, donde constar醤 los programas, iniciativas y recursos de que se valdr醤 para garantizar la consecuci髇 de los objetivos de las medidas impuestas por los juzgados de menores.

3. El personal de los centros de acogida residencial tiene que tener la titulaci髇 acad閙ica correspondiente a su profesi髇, as como la competencia y la preparaci髇 adecuadas.

4. Por reglamento se tienen que regular la organizaci髇 y funcionamiento de los centros de internamiento por medida judicial, teniendo en cuenta los principios proclamados por la Ley Org醤ica 5/2000 y por la presente ley. Entre otros extremos es necesario:

  • a) Determinar los requisitos materiales, funcionales y de personal que tienen que cumplir los centros.
  • b) Hacer referencia expresa a los derechos y obligaciones de las personas menores de edad y de los profesionales que las atienden.
  • c) Establecer la necesidad de disponer de un reglamento de r間imen interior que se ajuste en su contenido a las particularidades del centro y de su proyecto educativo correspondiente.

5. Cada uno de los centros existentes tiene que disponer de un reglamento de r間imen interno sobre el desarrollo de la vida de las personas menores de edad, su r間imen disciplinario y los procedimientos para la obtenci髇 de permisos, salidas y comunicaciones de las personas menores de edad con sus familias, supervisado por la direcci髇 general que tenga la competencia en materia de personas menores de edad.

Art韈ulo 218 Supervisi髇 e inspecci髇

1. El Gobierno de las Illes Balears, a trav閟 de la consejer韆 competente en materia de personas menores de edad, ejerce las funciones de inspecci髇 para garantizar que la actuaci髇 de los centros y sus profesionales se lleve a cabo con respeto a los derechos y las garant韆s de las personas menores de edad internadas.

2. Las personas menores de edad infractoras pueden solicitar comunicaci髇 con el 髍gano de inspecci髇 competente.

Cap韙ulo VI
Derechos y deberes de las personas menores de edad infractoras internadas. R間imen disciplinario

Art韈ulo 219 Derechos de las personas menores de edad infractoras internadas en los centros de internamiento

1. Las personas menores de edad infractoras sujetas a alguna medida de internamiento tienen derecho a que se respete su personalidad, su libertad ideol骻ica y religiosa y los derechos e intereses leg韙imos no afectados por el contenido de la medida, especialmente los inherentes a la minor韆 de edad civil, as como todos los derechos que prev el art韈ulo 56 de la Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y, concretamente, que se respete su derecho a:

  • a) Ser informadas de sus derechos y obligaciones.
  • b) Ser atendidas sin discriminaci髇 por raz髇 de nacimiento, edad, raza, nacionalidad, etnia, sexo, estado civil, orientaci髇 sexual, identidad de g閚ero, aptitud f韘ica o ps韖uica, estado de salud, lengua, cultura, religi髇, creencia, ideolog韆 o cualquier otra condici髇 o circunstancia personal, econ髆ica o social, respetando sus or韌enes y favoreciendo la conservaci髇 de su bagaje cultural y religioso.
  • c) Recibir un trato digno por parte del personal del centro de internamiento y de los otros residentes.
  • d) Ver respetados la confidencialidad de los datos que constan en su expediente y el deber de reserva en su utilizaci髇; en este sentido, su condici髇 de personas internadas tendr que ser estrictamente reservada ante terceros.
  • e) Comunicarse libremente con sus padres y madres, representantes legales, familiares u otras personas, a menos que fuera contrario a su inter閟 en el marco de un procedimiento de protecci髇; recibir visitas en el centro de internamiento y disfrutar de salidas y permisos de acuerdo con la legislaci髇 vigente.
  • f) Comunicarse de forma reservada con sus letrados, con el juez o jueza de menores competente, con el Ministerio Fiscal, y con el servicio competente para la inspecci髇 de los centros de internamiento.
  • g) Ver respetada su intimidad.
  • h) Tener cubiertas las necesidades b醩icas de la vida cotidiana que permitan su desarrollo personal integral.
  • i) Realizar actividades escolares, formativas, laborales o cualesquiera otras orientadas a su formaci髇 y su desarrollo.
  • j) Conocer su situaci髇 legal en todo momento.
  • k) Ser informadas, en un lenguaje adaptado a su nivel y capacidad de entendimiento, de los procedimientos de reclamaci髇 existentes en el centro de internamiento y de la posibilidad de formular peticiones y quejas a la direcci髇 del centro, al Gobierno de las Illes Balears, a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal, al defensor o defensora de la infancia y adolescencia, y a presentar todos los recursos legales que prev la legislaci髇 vigente en defensa de sus derechos e intereses leg韙imos.
  • l) Ejercer los derechos civiles, pol韙icos, sociales, religiosos, econ髆icos y culturales que les correspondan, excepto cuando sean incompatibles con el cumplimiento de la medida.
  • m) Cumplir la medida de internamiento en el centro m醩 pr髕imo a su domicilio, de acuerdo con su r間imen de internamiento.
  • n) Disponer de un programa de atenci髇 individualizada y participar en su elaboraci髇 y evaluaci髇 peri骴icas.
  • o) Recibir informaci髇 personal y actualizada sobre sus derechos y obligaciones, su situaci髇 personal y judicial, las normas de funcionamiento interno del centro, as como los procedimientos concretos para hacer efectivos estos derechos, especialmente para formular peticiones o quejas o presentar recursos. Esta informaci髇 tiene que ser proporcionada a las personas menores de edad infractoras en el momento de su ingreso en el centro y se tiene que facilitar en un idioma que entiendan y en un formato, vocabulario y redacci髇 adaptados a su capacidad de entendimiento o a sus necesidades especiales.
  • p) Saber que sus representantes legales est醤 informados sobre su situaci髇 y evoluci髇 as como sobre los derechos que les corresponden, con los l韒ites previstos en la legislaci髇 vigente.
  • q) Tener en su compa耥a, cuando se trate de menores internadas, a sus hijos e hijas menores de tres a駉s, en las condiciones y con los requisitos que se prevean reglamentariamente.

Art韈ulo 220 Deberes de las personas menores de edad infractoras internadas en los centros de internamiento

1. Las personas menores de edad infractoras sometidas a una medida de internamiento tienen los deberes que establece el art韈ulo 57 de la Ley 5/2000 y, concretamente, deben:

  • a) Permanecer en el centro hasta el momento del final de la medida, sin perjuicio de las salidas y las actividades autorizadas al exterior.
  • b) Respetar y cumplir las normas de funcionamiento del centro de internamiento y las directrices o instrucciones que reciban del personal en el ejercicio leg韙imo de sus funciones.
  • c) Respetar la dignidad y la funci髇 de todas las personas que trabajen o vivan en el centro de internamiento.
  • d) Utilizar adecuadamente las instalaciones del centro y los medios materiales que se pongan a su disposici髇.
  • e) Desarrollar las actividades escolares, laborales o cualesquiera otras orientadas a su formaci髇.
  • f) Cumplir las medidas disciplinarias impuestas seg鷑 lo que dispone el art韈ulo 221 de esta ley.
  • g) De conformidad con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica, someterse a los reconocimientos y las pruebas m閐icas que sean necesarios en garant韆 del derecho a la salud de la persona internada y de las otras personas que vivan o trabajen en el centro.

Art韈ulo 221 R間imen disciplinario

1. Las personas menores de edad infractoras sujetas a medidas judiciales de internamiento pueden ser objeto de las medidas disciplinarias que establece el art韈ulo 60 de la Ley Org醤ica 5/2000, modificada por la Ley Org醤ica 8/2006, de 4 de diciembre, y el cap韙ulo IV del Reglamento de la Ley Org醤ica 5/2000 aprobado por el Real decreto 1774/2004, de 30 de julio.

2. En ning鷑 caso puede privarse a las personas menores de edad infractoras de sus derechos de alimentaci髇, asistencia sanitaria, ense馻nza obligatoria, comunicaciones y visitas.

3. La petici髇 de excusas a la persona ofendida, la restituci髇 de bienes o la reparaci髇 de da駉s podr醤, en el marco de un procedimiento de mediaci髇, reducir, suspender o dejar sin efecto la aplicaci髇 de la sanci髇, siempre que no se reitere la conducta sancionable.

4. Corresponde al director o directora del centro la imposici髇 de las sanciones disciplinarias por infracciones muy graves o graves. La aplicaci髇 de las sanciones correspondientes a faltas leves podr recaer en cualquiera de los profesionales que integran el equipo educativo multidisciplinar.

5. Se tendr que comunicar al juez o jueza de menores y al Ministerio Fiscal cualquier sanci髇 impuesta cuando corresponda a una falta grave o muy grave.

6. Por reglamento, se podr establecer un sistema de incentivos adecuado para premiar o incentivar la buena conducta y el comportamiento responsable de las personas menores de edad infractoras.

Cap韙ulo VII
De las actuaciones posteriores a la ejecuci髇 de las medidas

Art韈ulo 222 Actuaciones posteriores a la ejecuci髇 de las medidas

1. Una vez acabada la ejecuci髇 de una medida, si la persona menor de edad infractora necesita ayuda para culminar su integraci髇, el Gobierno de las Illes Balears puede ofrecer las actuaciones de orientaci髇 o apoyo que prolonguen las acciones facilitadoras de su reinserci髇 y ajuste social y encomendar su ejecuci髇 a los servicios especializados.

2. El Gobierno de las Illes Balears tiene que favorecer el desarrollo de programas de apoyo, tutela e inserci髇 socio-laboral de las personas menores de edad que hayan sido sometidas a alguna medida judicial.

T蚑ULO VI
ORGANIZACI覰 INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

Cap韙ulo I
Sindicatura de Greuges

Art韈ulo 223 La Sindicatura de Greuges

1. El S韓dico o S韓dica de Greuges, de la manera y en las condiciones que establece la normativa reguladora, tiene que velar especialmente para que las administraciones p鷅licas cumplan lo que dispone esta ley.

2. A este efecto, se puede nombrar un defensor o defensora de la infancia y la adolescencia adjunto a la Sindicatura de Greuges.

Cap韙ulo II
Consejo de Infancia y Familia de las Illes Balears

Art韈ulo 224 Objeto, funciones y composici髇

1. El Consejo de Infancia y Familia de las Illes Balears es el 髍gano colegiado de composici髇 mixta y multidisciplinar adscrito a la consejer韆 competente en materia de infancia y familia del Gobierno de las Illes Balears que ejerce funciones de consulta y propuesta y constituye un foro de debate para promover y facilitar la participaci髇, la consulta y el di醠ogo de todas las instituciones y entidades implicadas en esta materia.

2. La composici髇, los objetivos y el r間imen de funcionamiento se establecen reglamentariamente.

Cap韙ulo III
Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de las Illes Balears

Art韈ulo 225 Objeto, funciones y composici髇

1. El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de las Illes Balears se configura como un 髍gano colegiado de composici髇 mixta y multidisciplinar adscrito a la consejer韆 competente en materia de infancia y familia del Gobierno de las Illes Balears, de car醕ter consultivo y con capacidad de propuesta, de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, con funciones de asesoramiento, apoyo y estudio en materia de los derechos de la infancia y la adolescencia.

2. La composici髇, los objetivos y el r間imen de funcionamiento se establecen reglamentariamente.

Cap韙ulo IV
Comisi髇 Interinsular de Protecci髇 de Menores

Art韈ulo 226 Objeto, funciones y composici髇

1. La Comisi髇 Interinsular de Protecci髇 de Menores es un 髍gano colegiado que tiene por objeto unificar los criterios de aplicaci髇 de la normativa vigente o futura y tambi閚 planificar y evaluar la estrategia en materia de protecci髇 de menores que se tiene que aplicar en el 醡bito de las Illes Balears. Asimismo, tiene facultades para interpretar y fijar criterios de aplicaci髇 de la normativa y para formular propuestas para asegurar la protecci髇 social, econ髆ica y jur韉ica de las personas menores de edad.

2. La Comisi髇 Interinsular de Protecci髇 de Menores tiene que estar integrada por los siguientes miembros:

  • a) El presidente o presidenta, que tiene que ser la persona titular de la consejer韆 del Gobierno competente en la materia o la persona en que delegue.
  • b) Cuatro vocales nombrados por los consejos insulares, uno por cada consejo, uno de los cuales actuar de secretario o secretaria de la Comisi髇, nombrado por el consejero o consejera de la comunidad aut髇oma competente en la materia.

3. La Comisi髇 se tiene que reunir como m韓imo una vez el a駉 y cuando lo solicite al menos una de las instituciones representadas o cuando lo determine el presidente o presidenta. Los vocales pueden asistir a las sesiones acompa馻dos de los t閏nicos que consideren oportunos, que tendr醤 voz pero no voto. Asimismo, se pueden constituir comisiones t閏nicas de trabajo formadas por el personal de las instituciones representadas en la Comisi髇, con la finalidad de prestarle apoyo t閏nico sobre las materias relacionadas con la protecci髇 social y jur韉ica de las personas menores de edad.

4. La Comisi髇 Interinsular de Protecci髇 de Menores tiene que elaborar y aprobar el reglamento de funcionamiento propio.

Cap韙ulo V
Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia

Art韈ulo 227 Naturaleza jur韉ica

1. La Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia es un 髍gano de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears que, con dependencia directa de la consejer韆 que tenga atribuidas competencias de bienestar social, aunque con total autonom韆 funcional y de gesti髇, tiene que velar por la defensa y la promoci髇 de los derechos de las personas menores de edad.

2. Las competencias, la estructura y el r間imen de funcionamiento se establecen en el Decreto 16/1997, de 30 de enero, por el cual se crea la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor en la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, modificado por el Decreto 83/1998, de 11 de septiembre, y por el Decreto 25/2000, de 25 de febrero.

3. Cuando se haya nombrado un defensor o defensora de la infancia y la adolescencia adjunto a la Sindicatura de Greuges, esta figura asumir las funciones de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia.

T蚑ULO VII
INSPECCI覰 Y R蒅IMEN SANCIONADOR

Cap韙ulo I
Inspecci髇

Art韈ulo 228 Inspecci髇

En el 醡bito territorial de las Illes Balears, las administraciones p鷅licas competentes tienen que velar para que se cumpla lo que disponen esta ley y la normativa que la desarrolle, y tienen que destinar los medios personales y materiales necesarios para ejercer la funci髇 inspectora.

Art韈ulo 229 Funciones de la inspecci髇

La inspecci髇 en materia de infancia y adolescencia tiene que ejercer las siguientes funciones:

  • a) Vigilar y comprobar el cumplimiento de los preceptos de esta ley y de las normas que la desarrollen.
  • b) Asesorar e informar sobre las disposiciones en materia de infancia y adolescencia.
  • c) Tramitar la documentaci髇 que corresponda en el ejercicio de la funci髇 inspectora.
  • d) Verificar los hechos que, eventualmente, los particulares denuncien y que puedan ser constitutivos de infracci髇.
  • e) Llevar a cabo cualquier otra funci髇 que se le atribuya legal o reglamentariamente.

Art韈ulo 230 Planificaci髇 y procedimiento de inspecci髇

1. La inspecci髇 de entidades, servicios y establecimientos de servicios destinados a la atenci髇 a la infancia y la adolescencia a que se refiere esta ley se tiene que desarrollar preferentemente de acuerdo con la planificaci髇 que establecen las administraciones competentes en esta materia.

2. No obstante, estas entidades, servicios y establecimientos se tienen que inspeccionar peri骴icamente, y las actuaciones de inspecci髇 se inician de oficio, ya sea por iniciativa propia del 髍gano competente, por orden superior, por petici髇 razonada de otros 髍ganos o por denuncia.

3. Los planes tienen que incluir la coordinaci髇 y la colaboraci髇 entre las unidades de inspecci髇 en materia de infancia y adolescencia de las diversas administraciones p鷅licas de las Illes Balears.

4. Las actuaciones de inspecci髇 se tienen que adecuar al procedimiento y a las reglas de actuaci髇 que se establezcan reglamentariamente.

Art韈ulo 231 El personal de inspecci髇

1. Tiene que ejercer la inspecci髇 personal funcionario debidamente acreditado que ocupe puestos de trabajo que comporten el ejercicio de funciones de inspecci髇 y que est adscrito a 髍ganos administrativos que tengan atribuida la competencia.

2. El personal de inspecci髇 tiene que tener los conocimientos y la titulaci髇 adecuados para llevar a cabo de manera eficaz los cometidos que tiene asignados, de acuerdo con lo que se determine legal y reglamentariamente.

3. No pueden ejercer las funciones de inspecci髇 personas que gestionen o tengan intereses econ髆icos en la entidad, los servicios o los establecimientos destinados a la atenci髇 a la infancia y a la adolescencia que se inspeccionen, o sean sus propietarias.

4. En el ejercicio de sus funciones, el personal de inspecci髇 tiene la consideraci髇 de agente de la autoridad y puede solicitar la colaboraci髇 de otras autoridades o de personal funcionario cuando sea necesario para desarrollar su actividad. En este sentido, la administraci髇 p鷅lica competente puede habilitar personal funcionario para ejercer las funciones inspectoras en los casos en que tenga que reforzar las actuaciones de inspecci髇.

5. El personal funcionario de los servicios de inspecci髇 tiene que llevar un documento acreditativo de su condici髇, que tiene que exhibir en el ejercicio de estas tareas.

6. Las personas que sean titulares, responsables o gestoras de entidades, servicios o establecimientos destinados a la atenci髇 a la infancia y la adolescencia tienen el deber de colaborar con el personal de inspecci髇 y facilitarle el ejercicio de los cometidos que tiene asignados. Concretamente, est醤 obligadas a facilitar el examen de los documentos, de los libros y de los datos estad韘ticos que sean preceptivos reglamentariamente, tambi閚 en caso de que estos datos se traten inform醫icamente. Asimismo, tienen que suministrar toda la informaci髇 necesaria para conocer el cumplimiento de la normativa vigente en materia de infancia y adolescencia.

7. Para garantizar los derechos de las personas menores de edad, el personal de inspecci髇 est facultado para acceder libremente, en cualquier momento, despu閟 de identificarse y sin necesidad de notificaci髇 previa, a todas las entidades, servicios y establecimientos sujetos a las prescripciones de esta ley, y tambi閚 para efectuar todo tipo de comprobaciones materiales, de calidad y contables. El personal de inspecci髇 tambi閚 puede acceder a todos los espacios de las entidades, los servicios o los establecimientos destinados a la atenci髇 a la infancia y la adolescencia, entrevistarse particularmente con los ni駉s, ni馻s, o adolescentes o las personas que los representan legalmente y llevar a cabo las actuaciones necesarias para cumplir las funciones asignadas.

8. La Administraci髇 de la comunidad aut髇oma ejerce la funci髇 inspectora en las materias de su competencia que recoge esta ley. El ejercicio de la competencia recae en los 髍ganos que, a este efecto, designen las consejer韆s competentes en materia de sanidad, productos alimenticios, consumo, comercio, vivienda, transporte, educaci髇, cultura, deportes, trabajo, servicios sociales, interior, actividades, espect醕ulos, medio ambiente, agricultura, pesca, turismo, tiempo libre, espacios libres, medios de comunicaci髇, publicidad, protecci髇 de datos, innovaci髇 y nuevas tecnolog韆s (TIC), cuando la infracci髇 se produzca en su 醡bito competencial de actuaci髇, de acuerdo con lo que establecen los decretos de estructura org醤ica de las consejer韆s competentes. En los supuestos no atribuidos espec韋icamente a una consejer韆, la funci髇 inspectora corresponde a la consejer韆 competente en materia de infancia y adolescencia.

9. Los ayuntamientos y los consejos insulares ejercen la funci髇 inspectora en las materias propias de su competencia que establece esta ley. La determinaci髇 del 髍gano inspector concreto se tiene que hacer de acuerdo con la normativa propia.

10. Las actuaciones inspectoras se tienen que llevar a cabo con sujeci髇 estricta a lo que dispongan esta ley y las normas que la desarrollen.

Art韈ulo 232 Deberes del personal de inspecci髇

1. En el ejercicio de sus funciones, el personal de inspecci髇 tiene que observar el deber de respeto y consideraci髇 debido a las personas interesadas y al p鷅lico en general, y tiene que tomar las medidas necesarias para proteger su intimidad.

2. El personal de inspecci髇 tiene que ejercer sus funciones de manera que no se dificulte, m醩 all de lo que sea necesario, el buen funcionamiento de los establecimientos y los servicios inspeccionados.

3. Si la inspecci髇 tiene conocimiento de hechos que pueden constituir o ser delito, falta o infracci髇 administrativa de otros 醡bitos competenciales, lo tiene que comunicar al 髍gano competente y se tiene que atener a lo que dispone el art韈ulo 259 de esta ley.

Art韈ulo 233 Actas de la inspecci髇

1. De cada actuaci髇 de inspecci髇, y una vez efectuadas las comprobaciones y las investigaciones oportunas, se tiene que extender un acta en la que se tienen que hacer constar, como m韓imo, los datos siguientes:

  • a) El lugar, la fecha y la hora de las actuaciones.
  • b) La identificaci髇 de la persona que realiza la inspecci髇.
  • c) La identificaci髇 de la entidad, el servicio o el establecimiento destinado a la atenci髇 a la infancia y la adolescencia inspeccionado, y tambi閚 de la persona ante quien se efect鷄 la inspecci髇.
  • d) La descripci髇 de los hechos, las manifestaciones y las circunstancias que se consideren relevantes y, en todo caso, de los que puedan ser demostrativos de la comisi髇 de una infracci髇. En este 鷏timo caso, se tienen que indicar las disposiciones y los preceptos supuestamente infringidos.
  • e) La documentaci髇 o los elementos de juicio que se incorporan al acta o que recoge el personal de inspecci髇.
  • f) La conformidad o disconformidad de la persona ante la cual se efect鷄 la inspecci髇 respecto al contenido del acta.

2. La inspecci髇 se tiene que efectuar, siempre que sea posible, en presencia de la persona titular o responsable de la entidad, el servicio o el establecimiento inspeccionado, a la cual se tiene que solicitar que firme el acta. Se tiene que dejar constancia de la negativa a firmar, y se le tiene que entregar una copia del acta.

3. No obstante lo que dispone el apartado anterior, el personal de inspecci髇 actuante puede mantener, con car醕ter reservado y sin la presencia de la persona que tenga que firmar el acta, las entrevistas que considere oportunas con las personas usuarias y el personal de los establecimientos o servicios inspeccionados.

4. Los hechos que directamente constate el personal de inspecci髇 que se formalicen en un acta, con observancia de los requisitos que establece este art韈ulo, se presumen ciertos y tienen valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que puedan se馻lar o aportar las personas interesadas en defensa de sus derechos o intereses.

Art韈ulo 234 Actas de advertencia

1. Cuando los hechos detectados consistan en deficiencias o incumplimientos de la normativa de los que no se puedan derivar da駉s o perjuicios para las personas interesadas, el personal de inspecci髇 puede formular el asesoramiento o las advertencias necesarias.

2. En este caso, se tiene que sustituir el acta a la que se refiere el art韈ulo anterior por un acta de advertencia en la que se tiene que dejar constancia de los aspectos siguientes:

  • a) Las deficiencias o los incumplimientos de la normativa detectados.
  • b) El asesoramiento o las advertencias formuladas.
  • c) Las actuaciones necesarias para enmendar las deficiencias y el plazo en el que se tienen que llevar a cabo.

Art韈ulo 235 Requerimientos a las entidades p鷅licas

1. Cuando el establecimiento o servicio inspeccionado sea de titularidad p鷅lica, el personal de inspecci髇 actuante tiene que incluir en el acta correspondiente un requerimiento formal de enmienda de deficiencias o de adecuaci髇 a la legalidad, que tiene que confirmar el 髍gano competente de la Administraci髇 de las Illes Balears y se tiene que comunicar a la entidad p鷅lica titular del establecimiento o servicio en el plazo de quince d韆s.

2. No se puede acordar la iniciaci髇 del procedimiento sancionador contra una entidad p鷅lica hasta que no se hayan comprobado las siguientes circunstancias:

  • a) La recepci髇 del requerimiento por la autoridad o el personal funcionario competentes.
  • b) La falta de ejecuci髇 de las actuaciones requeridas o la inexistencia o la insuficiencia de las razones alegadas por no atender al requerimiento.
  • c) La finalizaci髇 del plazo fijado previamente para cumplir el requerimiento.

Cap韙ulo II
Infracciones

Art韈ulo 236 Infracciones administrativas y sujetos responsables

1. En esta ley, se consideran infracciones administrativas las acciones o las omisiones en materia de atenci髇 y protecci髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes tipificadas y sancionadas en este t韙ulo.

2. Son sujetos responsables de las infracciones administrativas las personas f韘icas o jur韉icas a las que sean imputables las acciones o las omisiones constitutivas de infracciones que tipifica esta ley.

3. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, atendiendo al inter閟 superior de la persona menor de edad, a la importancia de los bienes jur韉icos objeto de protecci髇 y a la lesi髇 o riesgo de lesi髇 que se derive de las conductas previstas.

4. En ning鷑 caso se puede imponer una doble sanci髇 administrativa a un mismo sujeto por los mismos hechos y los mismos intereses p鷅licos protegidos, si bien se tienen que exigir las responsabilidades que se deduzcan de hechos o infracciones concurrentes. Las infracciones que determina este t韙ulo que tambi閚 est閚 tipificadas en la normativa sectorial espec韋ica decaen en favor de esta normativa. A este efecto, se tiene que trasladar la denuncia o las actuaciones de oficio llevadas a cabo a la administraci髇 o al 髍gano competente.

Art韈ulo 237 Infracciones leves

Constituyen infracciones leves las acciones y las omisiones siguientes, siempre que no se tengan que calificar como graves o muy graves de acuerdo con los art韈ulos 238 y 239 de esta ley:

  • a) El incumplimiento de las obligaciones que establece esta ley por parte de los padres y madres y de toda persona que tenga alguna responsabilidad sobre un ni駉, ni馻 o adolescente, siempre que del incumplimiento no se derive un da駉 grave para el ni駉, ni馻 o adolescente.
  • b) El hecho de que las personas titulares de los centros o servicios o el personal a su servicio no faciliten el tratamiento y la atenci髇 que, de acuerdo con su finalidad, corresponden a las necesidades de los ni駉s, ni馻s y adolescentes, siempre que no se deriven perjuicios para estas personas menores de edad.
  • c) Todas las acciones o las omisiones que supongan el incumplimiento de la normativa sobre autorizaci髇, registro y actualizaci髇 de datos, acreditaci髇, inspecci髇 y funcionamiento de las entidades, los servicios y los centros que tengan como finalidad la atenci髇 a la infancia y adolescencia.
  • d) La falta de reglamento de r間imen interno, en los centros en que sea preceptivo, o el hecho de incumplir gravemente su contenido.
  • e) El hecho de que los padres y madres o las personas que tengan atribuida la tutela o la guarda de las personas menores de edad no gestionen una plaza escolar para un ni駉, ni馻 o adolescente en periodo de escolarizaci髇.
  • f) El hecho de que los padres y madres o las personas que tengan atribuida la tutela o la guarda de las personas menores de edad no procuren, en el periodo de escolarizaci髇 obligatoria, que los ni駉s, ni馻s o adolescentes asistan al centro escolar cuando dispongan de una plaza y sin ninguna causa que lo justifique.
  • g) El incumplimiento de los padres y madres, o las personas que tengan atribuida la tutela o la guarda de las personas menores de edad, durante la tramitaci髇 de un expediente de desamparo, de la obligaci髇 establecida por el art韈ulo 128 de esta ley de comparecer en la sede administrativa a la cual se les convoque, cuando no constituya una infracci髇 grave.

Art韈ulo 238 Infracciones graves

Constituyen infracciones graves las acciones y las omisiones siguientes, siempre que no tengan que ser calificadas como muy graves de acuerdo con el art韈ulo 239 de esta ley:

  • a) Reincidir en infracciones leves.
  • b) Cometer las infracciones que tipifica como leves el art韈ulo 237 anterior si el incumplimiento o los perjuicios causados a los derechos de las personas menores de edad son graves o afectan a una pluralidad de estos derechos.
  • c) Incumplir, los padres y madres y toda persona que tenga alguna responsabilidad sobre un ni駉, ni馻 o adolescente, las obligaciones que establece esta ley, siempre que del incumplimiento se derive un da駉 grave para el ni駉, ni馻 o adolescente.
  • d) Utilizar ni駉s, ni馻s o adolescentes en actividades publicitarias o espect醕ulos si esta ley lo proh韇e.
  • e) Permitir la entrada de ni駉s, ni馻s o adolescentes en establecimientos, locales o recintos donde les est prohibido el acceso de acuerdo con el art韈ulo 53.1 de esta ley.
  • f) Permitir la participaci髇 activa de ni駉s, ni馻s o adolescentes en los espect醕ulos o en las fiestas p鷅licas a que hace referencia el art韈ulo 53.2 de esta ley.
  • g) Ofrecer, vender, alquilar, difundir por cualquier medio a los ni駉s, ni馻s o adolescentes, o hacer exposici髇 p鷅lica, de manera que queden libremente a su alcance, publicaciones, objetos, materiales audiovisuales, juegos inform醫icos o materiales de cualquier naturaleza que inciten a la violencia y a actividades delictivas o a cualquier tipo de discriminaci髇, o que tengan un contenido pornogr醘ico o inciten al consumo de sustancias o a la comisi髇 de actuaciones que generan adicciones perjudiciales para la salud de ni駉s, ni馻s y adolescentes, o que les sean perjudiciales, o que inciten a tener actitudes o conductas que vulneren los derechos y los principios reconocidos en la Constituci髇 o en esta ley. La responsabilidad de estas acciones corresponde a los titulares de los establecimientos y, en su caso, a las personas f韘icas infractoras.
  • h) Proyectar material audiovisual de cualquier tipo en lugares p鷅licos o en espect醕ulos accesibles a los ni駉s, ni馻s o adolescentes con los contenidos que describe el apartado g) de este art韈ulo.
  • i) Incumplir lo que establece esta ley sobre la programaci髇 y las emisiones de radio y televisi髇, y sobre el uso y el acceso a sistemas de telecomunicaci髇 y telem醫icos. La responsabilidad de estas acciones corresponde a los medios de comunicaci髇 infractores.
  • j) Cometer las acciones y las omisiones previstas en las letras b) y e) del art韈ulo anterior cuando se deriven perjuicios graves para los ni駉s, ni馻s o adolescentes.
  • k) No informar a la administraci髇 p鷅lica competente u otra autoridad p鷅lica de que un ni駉, ni馻 o adolescente est en situaci髇 de riesgo o de desamparo o ha huido del hogar, cuando hay posibilidades reales para actuar y cuando el hecho de omitirlo comporta, de manera notoria, la prolongaci髇 de la situaci髇 de desprotecci髇, de conformidad con lo que disponen esta ley y el art韈ulo 13 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de protecci髇 jur韉ica del menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil, y de la Ley de enjuiciamiento civil.
  • l) No poner a disposici髇 de la administraci髇 p鷅lica competente o de otra autoridad p鷅lica o de la familia, en el plazo de 24 horas, a un ni駉, ni馻 o adolescente que se encuentre abandonado, extraviado o escapado de su casa.
  • m) Incumplir las resoluciones administrativas dictadas por el 髍gano competente en materia de protecci髇 de la infancia y la adolescencia.
  • n) Emitir o difundir publicidad que contravenga las prohibiciones o los principios establecidos en esta ley. La responsabilidad de estas acciones corresponde a los medios que la emiten o la difunden.
  • o) Utilizar personas menores de edad en la publicidad de manera que se contravenga lo que establece esta ley. La responsabilidad de esta acci髇 corresponde al anunciante y a los medios que la emiten o la difunden.
  • p) Difundir datos personales de los ni駉s, ni馻s o adolescentes por los medios de comunicaci髇.
  • q) Excederse en las medidas correctoras a personas menores de edad sometidas a medidas judiciales o a la limitaci髇 de sus derechos m醩 all de lo que se haya establecido en las decisiones judiciales o en las normas que regulen el funcionamiento interno de los centros y las instituciones donde se encuentren, efectuadas por las personas responsables, los trabajadores o los colaboradores de los centros o de las instituciones.
  • r) Intervenir, los centros sanitarios, las personas profesionales de la sanidad, de los servicios sociales o del derecho, o cualquier persona f韘ica o jur韉ica, en funciones de mediaci髇 para el acogimiento o la adopci髇 de un ni駉, ni馻 o adolescente sin la habilitaci髇 correspondiente.
  • s) Recibir a un ni駉, ni馻 o adolescente ajeno a la familia con la intenci髇 de su futura adopci髇, sin la intervenci髇 del 髍gano competente de la entidad p鷅lica.
  • t) Impedir, los padres y madres o las personas que tengan atribuida la tutela o la guarda de las personas menores de edad, que un ni駉, ni馻 o adolescente en per韔do de escolarizaci髇 obligatoria asista al centro escolar cuando disponga de una plaza y sin ninguna causa que lo justifique.
  • u) Abrir, cerrar o poner en marcha el funcionamiento de un servicio o un centro de atenci髇 a la infancia y a la adolescencia sin haber obtenido previamente la autorizaci髇 administrativa oportuna.
  • v) Impedir, obstruir o dificultar, los titulares de los centros o los servicios de atenci髇 a la infancia y a la adolescencia o el personal a su servicio, las funciones de inspecci髇 y control, de cualquier manera.
  • w) Intervenir con funciones de mediaci髇 para el acogimiento familiar y para la adopci髇 internacional sin estar acreditado o habilitado.
  • x) Cometer todas las acciones o las omisiones no previstas en los apartados anteriores que supongan incumplir las normas sobre autorizaci髇, registro, acreditaci髇, inspecci髇 y funcionamiento de las entidades, los servicios y los centros que tengan como finalidad la atenci髇 a ni駉s, ni馻s o adolescentes, siempre que impliquen una conducta de car醕ter doloso o sean materialmente da駃nas para los destinatarios de aquellas entidades, servicios o centros.
  • y) Amparar o ejercer, las personas titulares de centros o servicios de atenci髇 a la infancia y a la adolescencia sin 醤imo de lucro o el personal a su servicio, pr醕ticas lucrativas.
  • z) Percibir cantidades no autorizadas como contraprestaci髇 por los servicios de atenci髇 a la infancia y a la adolescencia o a sus familias, las entidades colaboradoras que act鷈n en r間imen de concierto con cualquiera de las administraciones p鷅licas con competencias en materia de personas menores de edad en el 醡bito de las Illes Balears.
  • aa) Incumplir, el centro o el personal sanitario, la obligaci髇 de identificar a la persona reci閚 nacida, de acuerdo con el art韈ulo 18.4 de esta ley.
  • bb) Incumplir, los profesionales que intervengan en la protecci髇 de la infancia y la adolescencia, el deber de confidencialidad y reserva respecto a los datos personales de ni駉s, ni馻s y adolescentes.
  • cc) Incumplir, la ciudadan韆 que tenga conocimiento de la situaci髇 de desamparo en que se encuentra un ni駉, ni馻 o adolescente, el deber de comunicaci髇 establecido en el art韈ulo 95 de esta ley, cuando no constituya una infracci髇 muy grave.
  • dd) Incumplir, alguno de los padres y madres o alguna de las personas que tengan atribuida la tutela o la guarda del ni駉, ni馻 o adolescente, durante la tramitaci髇 de un expediente de desamparo, la obligaci髇 establecida en el art韈ulo 128 de esta ley de comparecer en la sede administrativa en la cual se les convoque cuando el incumplimiento comporte o pueda comportar un peligro grave o muy grave para la integridad f韘ica o ps韖uica de la persona menor de edad.
  • ee) Obstaculizar o imposibilitar la ejecuci髇 de las medidas de protecci髇 acordadas por la entidad p鷅lica competente en materia de desamparo, cuando no constituya una infracci髇 muy grave.
  • ff) Incumplir, los padres y madres, o alguna de las personas que tenga atribuida la tutela o la guarda de un ni駉, ni馻 o adolescente, los requerimientos de la entidad u organismo que tiene que elaborar o enviar informes de seguimiento post-adoptivo o de seguimiento de otras medidas protectoras previas a la adopci髇, en la forma y el tiempo determinados por la legislaci髇 aplicable, o bien obstaculizar la actuaci髇 de la entidad u organismo con relaci髇 a la elaboraci髇 o el env韔 de los informes mencionados.
  • gg) Cometer cualquier infracci髇 de los derechos que reconoce esta ley no recogida expresamente en este art韈ulo.

Art韈ulo 239 Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves:

  • a) Reincidir en infracciones graves.
  • b) Llevar a cabo las acciones o las omisiones previstas en el art韈ulo anterior cuando se deriven da駉s para los derechos del ni駉, ni馻 o adolescente de reparaci髇 imposible o dif韈il.
  • c) Cometer la infracci髇 grave tipificada en la letra r) del art韈ulo anterior cuando haya habido precio, enga駉 o peligro manifiesto para la integridad f韘ica o ps韖uica del ni駉, ni馻 o adolescente.
  • d) Cometer la infracci髇 grave tipificada en la letra s) del art韈ulo anterior cuando haya habido precio, enga駉 o peligro manifiesto para la integridad f韘ica o ps韖uica del ni駉, ni馻 o adolescente.
  • e) Cometer la infracci髇 grave tipificada en la letra w) del art韈ulo anterior cuando haya habido precio, enga駉 o peligro manifiesto para la integridad f韘ica o ps韖uica del ni駉, ni馻 o adolescente.
  • f) Cometer las infracciones graves tipificadas en las letras d) y n) del art韈ulo anterior cuando haya habido precio, enga駉 o peligro manifiesto para la integridad f韘ica o ps韖uica del ni駉, ni馻 o adolescente.

Art韈ulo 240 Reincidencia

Se produce reincidencia cuando la persona responsable de la infracci髇 ha sido sancionada mediante una resoluci髇 firme por la comisi髇 de otra infracci髇 de la misma naturaleza en el plazo de un a駉 a contar desde la notificaci髇 de la resoluci髇.

Art韈ulo 241 Prescripci髇 de las infracciones

1. Las infracciones que tipifica esta ley prescriben al cabo de seis meses si son leves; al cabo de dos a駉s, si son graves; y al cabo de tres a駉s, si son muy graves.

2. El plazo de prescripci髇 de las infracciones empieza a contar desde la fecha de comisi髇 de la infracci髇. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo empieza a contar desde la fecha en que haya acabado la conducta infractora.

3. Interrumpe la prescripci髇 la iniciaci髇, con conocimiento de la persona interesada, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, y se reinicia el plazo de prescripci髇 si el expediente sancionador est paralizado durante m醩 de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

4. No obstante lo que establecen los apartados anteriores, en cuanto a las infracciones establecidas en las letras r) y s) del art韈ulo 238 y c) y d) del art韈ulo 239, ambos de esta ley, el plazo se computa desde el d韆 siguiente del d韆 en que la persona menor de edad alcanza la mayor韆 de edad.

Cap韙ulo III
Sanciones administrativas

Art韈ulo 242 Sanciones

Las infracciones que establece esta ley se tienen que sancionar de la siguiente manera:

  • a) Infracciones leves: amonestaci髇 por escrito o multa de hasta 12.000 euros.
  • b) Infracciones graves: multas desde 12.001 euros hasta 60.000 euros.
  • c) Infracciones muy graves: multas desde 60.001 euros hasta 600.000 euros.

2. En los supuestos a que hacen referencia los apartados a), e), f) y g) del art韈ulo 237; los apartados a), b), c), s), t), cc), dd) y ff) del art韈ulo 238; y los apartados a) y b) del art韈ulo 239, el 髍gano competente para sancionar puede sustituir, con el consentimiento del presunto infractor o infractora, las sanciones econ髆icas establecidas en el apartado anterior por las medidas educativas o sociales que se determinen por reglamento, teniendo en cuenta los criterios de gradaci髇 establecidos en el art韈ulo 245 de esta ley.

Art韈ulo 243 Multas coercitivas

1. En todos los casos en que la infracci髇 consista en la omisi髇 de alguna conducta o actuaci髇 exigible legalmente, la sanci髇 tiene que ir acompa馻da de un requerimiento en que se detallen tanto las actuaciones concretas que tiene que llevar a cabo la persona infractora para la restituci髇 de la situaci髇 a las condiciones exigibles legalmente como el plazo de que dispone para ello.

2. Si la infracci髇 que es objeto de un expediente supone un riesgo grave para la seguridad o la salud del ni駉, ni馻 o adolescente, el requerimiento a que se refiere el apartado anterior se puede hacer en cualquier momento del procedimiento. Si se incumple, en el supuesto de que pueda ejecutar la enmienda una persona diferente de la obligada, la administraci髇 lo tiene que ejecutar subsidiariamente a cargo de la persona obligada.

3. Cuando la persona obligada no cumple dentro del plazo y en la forma apropiada lo que establece el requerimiento correspondiente, el 髍gano competente para sancionar puede acordar la imposici髇 de multas coercitivas.

4. Las multas coercitivas pueden ser reiteradas por lapsos de tiempos no inferiores a un mes y la cuant韆 no puede exceder el 30% de la cuant韆 de la multa impuesta como sanci髇. Esta cuant韆 se tiene que fijar teniendo en cuenta los siguientes criterios:

  • a) El retraso en el cumplimiento de la obligaci髇 de enmendar la infracci髇.
  • b) La existencia de intencionalidad o reiteraci髇 en el incumplimiento de las obligaciones.
  • c) La naturaleza de los perjuicios causados.

5. En caso de impago, las multas coercitivas son exigibles por v韆 de apremio una vez transcurridos treinta d韆s desde la notificaci髇.

6. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las sanciones que se puedan imponer.

Art韈ulo 244 Sanciones accesorias

1. En las infracciones muy graves tambi閚 se pueden acumular las siguientes sanciones:

  • a) La inhabilitaci髇 para el ejercicio de las actividades que prev esta ley durante los cinco a駉s siguientes, con la revocaci髇 consiguiente, en su caso, de la autorizaci髇 administrativa correspondiente o de la acreditaci髇.
  • b) La inhabilitaci髇 de los directores de los centros como tales durante los cinco a駉s siguientes.
  • c) La prohibici髇 de recibir financiaci髇 p鷅lica por un periodo de entre uno y cinco a駉s.
  • d) La suspensi髇 temporal, total o parcial, del servicio por un periodo m醲imo de un a駉.
  • e) El cese definitivo, total o parcial, del servicio, que lleva impl韈ita la revocaci髇 de la autorizaci髇 administrativa correspondiente y, en su caso, de la acreditaci髇.
  • f) La inhabilitaci髇 para formalizar contratos y acuerdos de acci髇 concertada con las administraciones p鷅licas de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears.

    En el caso de los contratos, la inhabilitaci髇 deber respetar los supuestos expresamente previstos en la normativa estatal de car醕ter b醩ico o en la normativa europea en materia de contrataci髇.

    LE0000673772_20200830Ir a Norma modificadoraLetra f) del n鷐ero 1 del art韈ulo 244 redactada por la disposici髇 final segunda del D Ley 12/2020, 28 agosto, por el que se modifica el r間imen transitorio para la percepci髇 de determinadas prestaciones establecidas en el D. Ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de car醕ter econ髆ico de las Illes Balears, modificar el D. Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un r間imen sancionador espec韋ico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, y se modifican las exigencias de personal en las residencias de personas mayores para atender las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 (獴.O.I.B. 29 agosto).Vigencia: 30 agosto 2020
  • g) La p閞dida de la acreditaci髇 concedida por un periodo de entre dos y cinco a駉s.

2. El 髍gano sancionador puede acordar que se d publicidad a las sanciones impuestas, una vez que se vuelvan firmes en v韆 administrativa, mediante la publicaci髇 de los nombres de las personas f韘icas o jur韉icas responsables, con indicaci髇 expresa de las infracciones cometidas. Se tienen que publicar en el Butllet Oficial de les Illes Balears y en los medios de comunicaci髇 social que se consideren adecuados.

3. Cuando los responsables sean titulares de medios de comunicaci髇, por infracciones cometidas a trav閟 de los mismos, se puede imponer como sanci髇 accesoria, adem醩 de las previstas en esta ley, la difusi髇 p鷅lica de la resoluci髇 sancionadora por los mismos medios de comunicaci髇.

4. En las infracciones consistentes en la venta, suministro o dispensaci髇 de productos o bienes prohibidos a los ni駉s, ni馻s o adolescentes, as como permitir la entrada de los mismos en establecimientos o locales prohibidos a los ni駉s, ni馻s o adolescentes, se puede imponer como sanci髇 accesoria, adem醩 de las previstas en esta ley, el cierre temporal, hasta un plazo de cinco a駉s, de los establecimientos, locales, instalaciones, recintos o espacios en que se haya cometido la infracci髇.

Art韈ulo 245 Gradaci髇 de las sanciones

1. Para la concreci髇 y la gradaci髇 de las sanciones que sea procedente imponer, se tiene que adecuar debidamente la sanci髇 a la gravedad del hecho constitutivo de infracci髇, teniendo en cuenta especialmente los siguientes criterios:

  • a) El grado de intencionalidad o negligencia en la comisi髇 de la infracci髇.
  • b) Los perjuicios de cualquier orden que se hayan podido causar y la situaci髇 de riesgo creada o mantenida para personas y bienes, y su car醕ter permanente o transitorio.
  • c) La reincidencia o la reiteraci髇 en la comisi髇 de las infracciones.
  • d) La trascendencia econ髆ica y social de la infracci髇.
  • e) El cumplimiento por parte de la entidad infractora de la normativa infringida por iniciativa propia antes de iniciarse el procedimiento sancionador.
  • f) Cualquier forma de discriminaci髇 que haya podido comportar la infracci髇.
  • g) El incumplimiento reiterado de las advertencias o recomendaciones previas de la inspecci髇 en materia de infancia y adolescencia.

2. Si el beneficio econ髆ico conseguido como consecuencia de la comisi髇 de la infracci髇 supera la cuant韆 de la sanci髇 establecida en esta ley, la sanci髇 se elevar hasta la cuant韆 necesaria para que supere entre el 10% y el 25% del beneficio obtenido.

3. Si se sanciona un establecimiento por falta de autorizaci髇 administrativa, la multa que, en su caso, se imponga se puede incrementar un 10% por cada persona usuaria que haya ingresado desde el inicio del expediente.

4. El objetivo de la sanci髇 tiene que ser la correcci髇 de las distorsiones y de los perjuicios causados.

Art韈ulo 246 Prescripci髇 de las sanciones

1. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben al cabo de cinco a駉s; las impuestas por infracciones graves, al cabo de tres; y las impuestas por infracciones leves, al cabo de un a駉.

2. El plazo de prescripci髇 de las sanciones empezar a contar desde el d韆 siguiente a aquel en que sea ejecutable la resoluci髇 por la cual se impone la sanci髇 o haya transcurrido el plazo para interponer un recurso.

3. Interrumpe la prescripci髇 la iniciaci髇, con conocimiento de la persona interesada, de un procedimiento de ejecuci髇, y se reinicia el plazo de prescripci髇 si aquel est paralizado durante m醩 de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

Art韈ulo 247 Finalidad del importe de las sanciones

Las administraciones p鷅licas actuantes, en el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen que destinar los ingresos derivados de la imposici髇 de las sanciones establecidas en esta ley a la atenci髇 y protecci髇 de la infancia y la adolescencia.

Cap韙ulo IV
Procedimiento

Art韈ulo 248 Procedimiento

El procedimiento sancionador que tienen que aplicar los 髍ganos competentes para iniciar, instruir y resolver los expedientes sancionadores en materia de infancia y de adolescencia es el que establece la normativa del procedimiento sancionador aplicable en los 醡bitos de competencia de las administraciones p鷅licas de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears. Este procedimiento se tiene que aplicar respetando el procedimiento y los principios generales en materia sancionadora que establecen la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del r間imen jur韉ico del sector p鷅lico; y la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de r間imen jur韉ico de la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears.

Art韈ulo 249 Competencia

1. La competencia para iniciar, instruir o resolver los expedientes sancionadores por las infracciones que se recogen en esta ley corresponde, en el 醡bito del Gobierno de las Illes Balears, al 髍gano que tenga atribuidas las competencias en la materia que haya sido objeto de la infracci髇.

2. Los consejos insulares y las entidades locales tienen que determinar reglamentariamente los 髍ganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora en el 醡bito de la infancia y de la adolescencia.

Art韈ulo 250 Informaci髇 y actuaciones previas

1. Con anterioridad al inicio de un procedimiento sancionador, el 髍gano competente puede ordenar la apertura de un periodo de informaci髇 o actuaciones previas con la finalidad de determinar, con la precisi髇 mayor posible, los hechos susceptibles de motivar la incoaci髇 del procedimiento, la identificaci髇 de la persona o personas que puedan ser responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

2. La informaci髇 previa puede tener car醕ter reservado y su duraci髇 no puede ser superior a un mes, salvo acuerdo expreso de su pr髍roga por otro plazo determinado.

3. Las actuaciones previas las tienen que llevar a cabo los 髍ganos que tengan atribuidas funciones de investigaci髇, indagaci髇 e inspecci髇 en materia de infancia y de adolescencia y, en su defecto, la persona o el 髍gano administrativo que determine el 髍gano competente para iniciar o resolver el procedimiento.

4. No se considerar iniciado el procedimiento sancionador por las actuaciones de inspecci髇, por las actas o los documentos en que se plasmen, por la verificaci髇 de an醠isis o controles de la administraci髇, ni por las actuaciones previas a que hace referencia el apartado anterior. El procedimiento se iniciar mediante el acuerdo establecido en el art韈ulo 252 de esta ley.

Art韈ulo 251 Medidas provisionales

1. Antes de la iniciaci髇 del procedimiento administrativo sancionador, el 髍gano competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protecci髇 provisional de los intereses implicados, puede adoptar de manera motivada las medidas provisionales que sean necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales tienen que ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciaci髇 del procedimiento, que se tiene que efectuar dentro de los quince d韆s siguientes a su adopci髇, el cual puede ser objeto del recurso que corresponda. En todo caso, las medidas mencionadas quedan sin efecto si no se inicia el procedimiento en el plazo mencionado o cu醤do el acuerdo de iniciaci髇 no contenga un pronunciamiento expreso sobre estas medidas.

2. Una vez iniciado el procedimiento, el 髍gano administrativo competente para resolverlo puede adoptar, de oficio o a instancia de parte y de manera motivada, las medidas provisionales que considere oportunas para asegurar la eficacia de la resoluci髇 que se dicte, el cumplimiento de la finalidad del procedimiento y la defensa de los intereses generales, para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracci髇, si hay elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y onerosidad menor.

3. Se pueden acordar las medidas provisionales establecidas en el art韈ulo 56.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas, de acuerdo con la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. Entre estas:

  • a) La suspensi髇 total o parcial de actividades.
  • b) La clausura temporal de los centros, los servicios, los establecimientos o las instalaciones.
  • c) La prestaci髇 de fianzas.
  • d) La suspensi髇 temporal de los servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad de las personas usuarias.

4. Previamente a la resoluci髇 que establezca las medidas provisionales, se tiene que dar audiencia a la persona interesada por un periodo m韓imo de cinco d韆s, excepto que haya necesidad perentoria de adoptar esta decisi髇 sin este tr醡ite, cosa que tiene que apreciar motivadamente el 髍gano competente.

5. No se pueden adoptar medidas provisionales que puedan causar un perjuicio de dif韈il o imposible reparaci髇 a las personas interesadas o que impliquen violaci髇 de derechos amparados por las leyes.

6. Las medidas provisionales pueden ser levantadas o modificadas durante la tramitaci髇 del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no se pudieron tener en cuenta en el momento de adoptarlas. En todo caso, se extinguen cuando tenga efectos la resoluci髇 administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Art韈ulo 252 Iniciaci髇 del procedimiento

1. Los procedimientos sancionadores se inician siempre de oficio mediante un acuerdo del 髍gano competente, por propia iniciativa o como consecuencia de una orden superior, a petici髇 razonada de otros 髍ganos o por denuncia.

2. El acuerdo de inicio se tiene que formalizar con el contenido m韓imo siguiente:

  • a) La identificaci髇 de la persona o personas presuntamente responsables.
  • b) Los hechos que motivan la incoaci髇 del procedimiento expuestos sucintamente, la calificaci髇 provisional de los hechos, con indicaci髇 de la infracci髇 o infracciones que se puedan haber cometido y las sanciones que les correspondan, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucci髇. Excepcionalmente, cuando en el momento en que se dicte el acuerdo de iniciaci髇 no haya elementos suficientes para la calificaci髇 inicial de los hechos que motivan la incoaci髇 del procedimiento, la calificaci髇 mencionada se puede llevar a cabo en una fase posterior mediante la elaboraci髇 de un pliego de cargos, que se tiene que notificar a las personas interesadas.
  • c) La identificaci髇 del instructor o instructora y, en su caso, el secretario o secretaria del procedimiento, con indicaci髇 expresa del r間imen de recusaci髇 correspondiente.
  • d) El 髍gano competente para resolver el expediente y la norma que le atribuye la competencia, con indicaci髇 de la posibilidad de que la persona presuntamente responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos que establece el art韈ulo 257 de esta ley.
  • e) Las medidas de car醕ter provisional que haya aprobado o ratificado el 髍gano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el procedimiento, de conformidad con el art韈ulo anterior.
  • f) La indicaci髇 del derecho a formular alegaciones y del derecho de audiencia en el procedimiento, y tambi閚 de los plazos para ejercerlo.
  • g) El plazo m醲imo para resolver el procedimiento.

3. El acuerdo de inicio se tiene que comunicar al 髍gano instructor, al cual se tienen que trasladar todas las actuaciones que haya al respecto, y se tiene que notificar a la persona denunciante, en su caso, y a las personas interesadas, entendiendo en todo caso como tal la persona presuntamente infractora.

4. En la notificaci髇 se tiene que advertir a las personas interesadas que si no presentan alegaciones sobre el contenido del acuerdo de inicio del procedimiento en el plazo previsto, este acuerdo puede ser considerado como propuesta de resoluci髇, siempre que contenga un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad imputada.

Art韈ulo 253 Alegaciones

1. Las personas interesadas, anteriormente al tr醡ite de audiencia, disponen de un plazo de quince d韆s para aportar las alegaciones, los documentos o las informaciones que consideren adecuadas y, en su caso, proponer las pruebas que consideren convenientes indicando los medios de los cuales se valdr醤. En la notificaci髇 del inicio del procedimiento se tiene que indicar a las personas interesadas este plazo.

2. Despu閟 de llevar a cabo la notificaci髇 a que hace referencia el apartado anterior, el 髍gano instructor del procedimiento tiene que hacer de oficio todas las actuaciones que sean necesarias para examinar los hechos y tiene que solicitar los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de hechos constitutivos de infracci髇.

3. Si, como consecuencia de la instrucci髇 del procedimiento, se modifican la determinaci髇 inicial de los hechos, su calificaci髇, las sanciones imponibles o las responsabilidades susceptibles de sanci髇 se tienen que notificar al presunto infractor o infractora en la propuesta de resoluci髇.

Art韈ulo 254 Prueba

1. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo establecido para presentarlas, el 髍gano instructor puede establecer la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a treinta d韆s ni inferior a diez a fin de que se puedan practicar todas las pruebas que crea pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, a petici髇 de las personas interesadas, puede decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez d韆s. El 髍gano instructor del procedimiento tiene que comunicar a las personas interesadas, con antelaci髇 suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realizaci髇 de las pruebas que hayan sido admitidas. En la notificaci髇 se tienen que consignar el lugar, la fecha y la hora en que se tiene que practicar la prueba, con la advertencia, en su caso, de que la persona interesada puede nombrar t閏nicos para que lo asistan.

2. Las pruebas se tienen que practicar de oficio o se tienen que admitir a propuesta de la persona presuntamente responsable todas las pruebas que sean adecuadas para determinar los hechos y las posibles responsabilidades, y s髄o se pueden rechazar las pruebas propuestas por las personas interesadas cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante una resoluci髇 motivada.

3. Los hechos que constate el personal funcionario que tenga reconocida la condici髇 de autoridad y que se formalicen en un documento p鷅lico observando los requisitos legales pertinentes, tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos e intereses puedan se馻lar o aportar a la ciudadan韆.

4. Las pruebas t閏nicas y los an醠isis contradictorios o dirimentes que propongan las personas interesadas interrumpen el plazo para resolver el procedimiento, desde que se soliciten y mientras se llevan a cabo y se incorporan sus resultados al expediente.

5. Cuando la valoraci髇 de las pruebas practicadas pueda constituir el elemento b醩ico de la decisi髇 que se tome en el procedimiento, porque se trata de una pieza imprescindible para la evaluaci髇 de los hechos, se tiene que incluir en la propuesta de resoluci髇.

Art韈ulo 255 Propuesta de resoluci髇 y tr醡ite de audiencia

1. El 髍gano instructor tiene que resolver la terminaci髇 del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulaci髇 de la propuesta de resoluci髇, cuando en la instrucci髇 del procedimiento se ponga de manifiesto que se da alguna de las circunstancias siguientes:

  • a) Cuando los hechos que puedan constituir la infracci髇 sean inexistentes.
  • b) Cuando los hechos no est閚 acreditados.
  • c) Cuando los hechos probados no constituyan, de manera manifiesta, una infracci髇 administrativa.
  • d) Cuando no existan o no se hayan podido identificar la persona o las personas responsables o bien aparezcan exentas de responsabilidad.
  • e) Cuando se concluya, en cualquier momento, que la infracci髇 ha prescrito.

2. Una vez concluida la instrucci髇 del procedimiento, el 髍gano instructor tiene que formular una propuesta de resoluci髇 que se tiene que notificar a las personas interesadas. La propuesta de resoluci髇 tiene que indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos y las informaciones que se consideren pertinentes. A esta notificaci髇 se tiene que adjuntar una relaci髇 de los documentos que constan en el expediente a fin de que las personas interesadas puedan obtener copias de los que estimen convenientes.

3. En la propuesta de resoluci髇 se tienen que fijar de manera motivada los hechos que se consideren probados y su calificaci髇 jur韉ica exacta, la infracci髇 que, en su caso, constituyan los hechos, la persona o personas responsables y la sanci髇 que se proponga, la valoraci髇 de las pruebas practicadas, en especial las que constituyan los fundamentos b醩icos de la decisi髇, as como las medidas provisionales que se hayan adoptado. Cuando la instrucci髇 concluya la inexistencia de infracci髇 o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero de este art韈ulo, la propuesta tiene que declarar esta circunstancia.

4. Las personas interesadas, en un plazo no superior a quince d韆s, pueden alegar y presentar los documentos y las justificaciones que consideren pertinentes. Si antes del vencimiento del plazo las personas interesadas manifiestan su decisi髇 de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, el tr醡ite se considera realizado.

5. Se puede prescindir del tr醡ite de audiencia cuando no consten en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resoluci髇 otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la persona interesada.

6. La propuesta de resoluci髇 se tiene que trasladar inmediatamente al 髍gano competente para resolver el procedimiento, junto con todos los documentos, las alegaciones y las informaciones que consten.

Art韈ulo 256 Actuaciones complementarias

1. Antes de dictar la resoluci髇, el 髍gano competente para resolver el procedimiento puede decidir, mediante un acuerdo motivado, la realizaci髇 de las actuaciones complementarias indispensables para resolver este procedimiento. No tienen la consideraci髇 de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resoluci髇 final del procedimiento.

2. El acuerdo de realizaci髇 de actuaciones complementarias se tiene que notificar a las personas interesadas, las cuales disponen de un plazo de siete d韆s para formular las alegaciones que estimen oportunas. Las actuaciones complementarias se tienen que practicar en un plazo no superior a quince d韆s. El plazo para resolver el procedimiento se tiene que suspender hasta que se acaben las actuaciones complementarias.

Art韈ulo 257 Reconocimiento voluntario de la responsabilidad

1. Si la persona presuntamente infractora reconoce voluntariamente su responsabilidad, el 髍gano instructor tiene que elevar el expediente al 髍gano competente para resolver el procedimiento, sin perjuicio de que pueda continuar la tramitaci髇 si hay indicios razonables de fraude o encubrimiento de otras personas o entidades o si la cuesti髇 suscitada por la incoaci髇 del procedimiento es de inter閟 general.

2. Una vez iniciado un procedimiento sancionador, si la persona presuntamente infractora reconoce su responsabilidad, se puede resolver el procedimiento con la imposici髇 de la sanci髇 que corresponda.

3. Cuando la sanci髇 tenga 鷑icamente car醕ter pecuniario o bien haya que imponer una sanci髇 pecuniaria y otra de car醕ter no pecuniario pero se haya justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por parte del presunto responsable en cualquier momento anterior a la resoluci髇 implica la terminaci髇 del procedimiento, excepto con respecto a la reposici髇 de la situaci髇 alterada o a la determinaci髇 de la indemnizaci髇 por los da駉s y los perjuicios causados por la comisi髇 de la infracci髇.

4. En los dos casos, cuando la sanci髇 tenga 鷑icamente car醕ter pecuniario, el 髍gano competente para resolver el procedimiento tiene que aplicar reducciones de, como m韓imo, el 20% sobre el importe de la sanci髇 propuesta, y son acumulables entre s. Estas reducciones se tienen que determinar en la notificaci髇 de iniciaci髇 del procedimiento y la efectividad est condicionada al desistimiento o la renuncia de cualquier acci髇 o recurso en v韆 administrativa contra la sanci髇. El porcentaje de reducci髇 previsto en este apartado se puede incrementar por reglamento.

Art韈ulo 258 Resoluci髇

1. El 髍gano competente tiene que dictar la resoluci髇 una vez recibidos el expediente con la propuesta de resoluci髇, los escritos de alegaciones y, en su caso, las actuaciones complementarias.

2. La resoluci髇 tiene que ser motivada y tiene que decidir todas las cuestiones que planteen las personas interesadas y todas las derivadas del procedimiento.

3. En la resoluci髇 no se pueden aceptar hechos diferentes de los determinados en el curso del procedimiento, independientemente de una valoraci髇 jur韉ica diferente. No obstante, cuando el 髍gano competente para resolver el procedimiento considere que la infracci髇 o la sanci髇 revisten m醩 gravedad que la determinada en la propuesta de resoluci髇, se tiene que notificar a la persona inculpada para que aporte todas las alegaciones que considere convenientes en el plazo de quince d韆s.

4. La resoluci髇 que ponga fin al procedimiento tiene que ser ejecutiva cuando no sea posible interponer ning鷑 recurso ordinario en v韆 administrativa, y en la resoluci髇 se pueden adoptar las disposiciones cautelares necesarias para garantizar su eficacia mientras no sea ejecutiva, que pueden consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que, en su caso, se hayan adoptado.

5. Cuando la resoluci髇 sea ejecutiva, se puede suspender cautelarmente, si la persona interesada manifiesta a la administraci髇 su intenci髇 de interponer un recurso contencioso administrativo contra la resoluci髇 firme en v韆 administrativa. La suspensi髇 cautelar mencionada finaliza cuando:

  • a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que la persona interesada haya interpuesto un recurso contencioso administrativo.
  • b) La persona interesada haya interpuesto un recurso contencioso administrativo, pero:
    • 1. No haya solicitado en el mismo tr醡ite la suspensi髇 cautelar de la resoluci髇 impugnada.
    • 2. El 髍gano judicial se pronuncie sobre la suspensi髇 cautelar solicitada, en los t閞minos que se prev閚.

6. Cuando las conductas sancionadas hayan causado da駉s o perjuicios a las administraciones y la cuant韆 destinada a indemnizar estos da駉s no haya quedado determinada en el expediente, esta cuant韆 se tiene que fijar mediante un procedimiento complementario, cuya resoluci髇 es ejecutiva inmediatamente. Este procedimiento es susceptible de terminaci髇 convencional, pero ni esta terminaci髇 ni la aceptaci髇 por parte de la persona infractora de la resoluci髇 que se dicte implican el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resoluci髇 del procedimiento pone fin a la v韆 administrativa.

Art韈ulo 259 Plazo m醲imo para resolver y notificar el procedimiento

1. El plazo m醲imo para dictar y notificar la resoluci髇 expresa en el procedimiento sancionador es de un a駉 desde la fecha del acuerdo de iniciaci髇.

2. Excepcionalmente, el 髍gano competente para resolver el procedimiento, a propuesta, en su caso, del 髍gano instructor o el superior jer醨quico del 髍gano competente, puede acordar de manera motivada, en los supuestos previstos en la legislaci髇 b醩ica sobre el procedimiento, ampliar el plazo m醲imo de resoluci髇 y notificaci髇, que no exceda de la mitad del establecido inicialmente. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliaci髇 de plazos, que se tiene que notificar a las personas interesadas, no se puede interponer ning鷑 recurso.

Art韈ulo 260 Procedimiento simplificado

1. Para el ejercicio de la potestad sancionadora, en el supuesto de que el 髍gano competente para iniciar el procedimiento considere que hay elementos de juicio suficientes para calificar la infracci髇 de leve, se tiene que tramitar el procedimiento simplificado que se regula en este art韈ulo.

2. La iniciaci髇 se produce por acuerdo del 髍gano competente, en el cual se tiene que especificar el car醕ter simplificado del procedimiento y se tiene que comunicar al 髍gano instructor correspondiente y, simult醤eamente, se tiene que notificar a la persona interesada a los efectos de su oposici髇 expresa prevista en el apartado 2 del art韈ulo 96 de la Ley 39/2015.

3. Las personas interesadas tienen que formular las alegaciones que consideren adecuadas durante el plazo de cinco d韆s a partir de la notificaci髇 del acuerdo del inicio de procedimiento simplificado.

4. 趎icamente se abrir tr醡ite de audiencia en caso de que la resoluci髇 sea desfavorable para la persona interesada.

5. Si durante la tramitaci髇 del procedimiento simplificado se aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de infracci髇 grave o muy grave, tiene que decidir que se siga tramitando el procedimiento general, decisi髇 que se notificar a las personas interesadas.

6. La resoluci髇 que ponga fin al procedimiento sancionador contendr los mismos extremos que la que se dicta en el procedimiento ordinario.

7. Excepto que quede menos para su tramitaci髇 ordinaria, el procedimiento tramitado de manera simplificada tiene que ser resuelto en treinta d韆s, a contar del siguiente a aquel en qu se notifique a la persona interesada el acuerdo de tramitaci髇 simplificada del procedimiento.

Art韈ulo 261 Reducci髇 de la sanci髇

1. La multa impuesta se reduce en un 30% de la cuant韆 si la persona infractora abona el resto de la multa y el importe total de las indemnizaciones que, si procede, provengan de los da駉s y perjuicios que se le imputen, todo ello en el plazo m醲imo de un mes a contar del d韆 siguiente que se haya notificado la resoluci髇 en la que se impone la sanci髇, y, adem醩, manifiesta por escrito su conformidad con la sanci髇 impuesta y con la indemnizaci髇 reclamada.

2. La previsi髇 de reducci髇 de las sanciones no se aplica cuando la sanci髇 se impone por una infracci髇 muy grave.

Art韈ulo 262 Concurrencia de actuaciones con el orden jurisdiccional penal

1. En los supuestos en los que la conducta pueda ser constitutiva de delito, la administraci髇 pasar el tanto de culpa a la jurisdicci髇 competente y se abstendr de continuar el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte una sentencia firme, decrete el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones o el Ministerio Fiscal efect鷈 la devoluci髇 del expediente.

2. La pena impuesta por la autoridad judicial excluye la imposici髇 de una sanci髇 administrativa.

3. En caso de que no se considere que ha habido delito, la administraci髇 tiene que iniciar o continuar el expediente sancionador bas醤dose en los hechos que los tribunales hayan considerado probados.

Art韈ulo 263 Otras responsabilidades

Si, como consecuencia de la resoluci髇 de un procedimiento sancionador, se derivan responsabilidades administrativas o de otra 韓dole para los padres y madres o las personas que ejerzan la tutela o la guarda de las personas menores de edad, se debe informar al Ministerio Fiscal con la finalidad de depurar posibles responsabilidades civiles.

Art韈ulo 264 Recursos

Contra las resoluciones que recaigan en los procedimientos sancionadores se pueden interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales que legalmente resulten procedentes.

Art韈ulo 265 Publicidad de las sanciones

En el caso de infracciones graves o muy graves, el 髍gano competente tiene que incluir en la resoluci髇 del expediente sancionador que se publique en el Butllet Oficial de les Illes Balears las sanciones impuestas una vez sean firmes.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposici髇 adicional primera Entidad p鷅lica de protecci髇

Se utiliza la expresi髇 entidad p鷅lica referida a la entidad p鷅lica de protecci髇 de menores competente territorialmente

Disposici髇 adicional segunda Entidad p鷅lica de justicia juvenil

Se utiliza la expresi髇 entidad p鷅lica de justicia juvenil referida a la entidad p鷅lica competente para la ejecuci髇 de medidas en el marco de la legislaci髇 reguladora de la responsabilidad penal de las personas menores de edad infractoras.

Disposici髇 adicional tercera Perspectiva de g閚ero

Conforme al art韈ulo 17 de la presente ley, las administraciones p鷅licas de las Illes Balears tienen que introducir la perspectiva de g閚ero en la planificaci髇, el desarrollo y la evaluaci髇 de las medidas que adopten en relaci髇 con la infancia y la adolescencia, en todas las actuaciones y los programas dirigidos a este colectivo de la poblaci髇, con una atenci髇 especial a la desigualdad o la discriminaci髇 por raz髇 de sexo, orientaci髇 sexual e identidad de g閚ero.

El funcionamiento de los centros y los servicios residenciales destinados a la infancia y la adolescencia responde a un enfoque integral y general de perspectiva de g閚ero, con el objetivo de construir relaciones igualitarias en este colectivo, que ayuden a prevenir, identificar y eliminar las situaciones de discriminaci髇 por raz髇 de sexo y violencia machista.

Disposici髇 adicional cuarta Composici髇 paritaria

Todos los 髍ganos colegiados previstos en esta ley tienen que respetar el principio de paridad y tendr醤 que buscar una composici髇 equilibrada entre mujeres y hombres.

Disposici髇 adicional quinta Protocolo marco interdisciplinario de maltrato infantil de las Illes Balears

El Protocolo marco interdisciplinario de maltrato infantil de las Illes Balears se configura como el instrumento b醩ico para alcanzar la coordinaci髇 interinstitucional de todas las administraciones p鷅licas en la intervenci髇 en casos de maltrato infantil en las Illes Balears, con el objetivo general de mejorar la atenci髇 para reducir la victimizaci髇 primaria y secundaria que sufren los ni駉s, ni馻s y adolescentes que han sufrido maltrato y garantizar el cumplimiento de sus derechos y libertades durante la intervenci髇 de las instituciones responsables de protegerlos, a trav閟 de una actuaci髇 coordinada y eficaz de las instituciones competentes.

Todos los protocolos de detecci髇, valoraci髇 e intervenci髇 en casos de maltrato infantil que puedan elaborar las diferentes administraciones p鷅licas competentes tienen que ser conformes con las directrices que establece el Protocolo marco interdisciplinario de maltrato infantil de las Illes Balears.

Disposici髇 adicional sexta Entidades de iniciativa privada

1. Las entidades de iniciativa privada que tengan como objeto o finalidad la prestaci髇 de servicios o el desarrollo de programas de la competencia del Gobierno de las Illes Balears destinados a la infancia y la adolescencia tienen que estar inscritas previamente en el Registro Unificado de Servicios Sociales de las Illes Balears para:

  • a) Recibir subvenciones o ayudas destinadas a la realizaci髇 de actividades, servicios, programas o similares.
  • b) Gestionar servicios dirigidos a la infancia y la adolescencia cuya titularidad sean del Gobierno de las Illes Balears.

2. La prestaci髇 de estos servicios se puede llevar a cabo mediante conciertos sociales, de acuerdo con la normativa vigente.

Disposici髇 adicional s閜tima Entidades colaboradoras de mediaci髇 familiar en materia de adopci髇 internacional

1. Las entidades colaboradoras de mediaci髇 familiar en materia de adopci髇 internacional que regula el Decreto 187/1996, de 11 de octubre, regulador de la habilitaci髇 y las actividades a desarrollar por entidades colaboradoras de mediaci髇 familiar en materia de adopci髇 internacional, pasan a denominarse organismos acreditados para la adopci髇 internacional.

2. Los organismos acreditados para la adopci髇 internacional se regir醤 por la legislaci髇 estatal en materia de adopci髇 internacional, por los preceptos de esta ley que les sean de aplicaci髇 y por los del Decreto 187/1996 que no se opongan a la legislaci髇 vigente.

Disposici髇 adicional octava Entidades de integraci髇 familiar

1. Son entidades de integraci髇 familiar todas las que, sin 醤imo de lucro, desarrollan funciones de mediaci髇 en los procedimientos de acogimiento y dan apoyo a la convivencia familiar de los ni駉s, ni馻s o adolescentes, sea en su familia biol骻ica o no.

2. Los consejos insulares pueden habilitar como entidades colaboradoras las entidades de integraci髇 familiar que cumplan los requisitos que se establezcan por reglamento.

3. Las entidades colaboradoras de integraci髇 familiar pueden ser habilitadas para el cumplimiento de las siguientes funciones:

  • a) Acogimiento residencial temporal de ni駉s, ni馻s o adolescentes.
  • b) Intervenci髇 t閏nica especializada, social, educativa, psicol骻ica, etc., tanto individual como de apoyo, a la convivencia o de mediaci髇 en conflictos familiares.
  • c) Mediaci髇 en procesos de acogimiento familiar.
  • d) Mediaci髇 en procedimientos de adopci髇 nacional que se desarrollen en las Illes Balears.

4. Los consejos insulares tienen que crear un registro de entidades colaboradoras de integraci髇 familiar con funciones de anotaci髇, constancia y control de estas entidades. A este registro le ser de aplicaci髇 la normativa vigente en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

Disposici髇 adicional novena Criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad en el 醡bito de la justicia juvenil

El Gobierno de las Illes Balears, en el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de esta ley, tiene que establecer los criterios comunes y los m韓imos est醤dares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicaci髇 de esta ley en el 醡bito de la justicia juvenil y, en todo caso, con respecto a:

  • a) Composici髇, n鷐ero y titulaci髇 de los equipos profesionales de la entidad p鷅lica de justicia juvenil que tienen que intervenir en la ejecuci髇 de las medidas judiciales impuestas en el marco de la legislaci髇 reguladora de la responsabilidad penal de las personas menores de edad y en la prevenci髇 del delito.
  • b) Est醤dares de calidad y accesibilidad, instalaciones y dotaci髇 de cada tipo de servicio de los centros espec韋icos para el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas en el marco de la legislaci髇 reguladora de la responsabilidad penal de las personas menores de edad, e incorporaci髇 de modelos de excelencia en la gesti髇.

Disposici髇 adicional d閏ima Criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad en el 醡bito de la protecci髇 de menores

1. Los consejos insulares y los ayuntamientos de las Illes Balears tienen que establecer los criterios comunes y los m韓imos est醤dares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicaci髇 de esta ley en su territorio respectivo y, en todo caso, con respecto a:

  • a) Composici髇, n鷐ero y titulaci髇 de los equipos profesionales de la administraci髇 p鷅lica competente territorialmente que tienen que intervenir en situaciones como: riesgo y desamparo de personas menores de edad, entrega voluntaria de la guarda, programas para la vida independiente de los j髒enes que est閚 bajo una medida de protecci髇 o procesos de acogimiento y adopci髇.
  • b) Elementos esenciales de los procedimientos de acogimiento familiar: valoraci髇 de la aptitud educadora de las familias; compensaci髇 econ髆ica, tanto para el acogimiento especializado como para el ordinario, con especial atenci髇 a las necesidades derivadas del acogimiento de personas menores de edad con diversidad funcional; medidas de fomento y apoyo al acogimiento familiar; campa馻s informativas; fomento del asociacionismo de las personas y familias de acogida.
  • c) Elementos esenciales de los procedimientos de adopci髇: preparaci髇 pre-adoptiva; declaraci髇 de idoneidad; concepto de personas menores de edad 玞on necesidades especiales; acreditaci髇 de organismos acreditados para la adopci髇 internacional; campa馻s informativas, con especial atenci髇 a las enfocadas a la adopci髇 de personas menores de edad con necesidades especiales.
  • d) Est醤dares de calidad y accesibilidad, instalaciones y dotaci髇 de cada tipo de servicio de los centros de acogida residencial. Medidas para que su organizaci髇 y funcionamiento tiendan a seguir patrones de organizaci髇 familiar. Incorporaci髇 de modelos de excelencia en la gesti髇.
  • e) Est醤dares de cobertura, calidad y accesibilidad, instalaciones y dotaci髇 de los espacios de encuentro familiar.

2. El Gobierno de las Illes Balears tiene que establecer los criterios comunes y m韓imos est醤dares de cobertura, calidad y accesibilidad con respecto a:

  • a) Est醤dares de cobertura, calidad y accesibilidad, instalaciones y dotaci髇 de los puntos de encuentro familiar.
  • b) Atenci髇 integral a j髒enes extutelados: formaci髇 en habilidades y competencias para favorecer su madurez y propiciar su autonom韆 personal y social al cumplir los 18 a駉s de edad; garant韆 de ingresos suficientes para subsistir; alojamiento; formaci髇 para el empleo, que facilite o priorice su participaci髇 en ofertas de empleo como medida de discriminaci髇.

Disposici髇 adicional und閏ima Registro de centros de acogida residencial de ni駉s, ni馻s y adolescentes

Cada consejo insular tiene que contar con un registro de centros de acogida residencial de ni駉s, ni馻s y adolescentes, con funciones de inscripci髇, control, inventario y mantenimiento de los datos relativos a estos centros, que tiene que tener car醕ter reservado.

Disposici髇 adicional duod閏ima Registro auton髆ico de declaraciones de situaci髇 de riesgo

El Gobierno de las Illes Balears, en el plazo de 18 meses, tiene que regular y poner en funcionamiento el Registro auton髆ico de declaraciones de situaci髇 de riesgo con funciones de inscripci髇, control, inventario y mantenimiento de los datos relativos a estas declaraciones.

Disposici髇 adicional decimotercera Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia

Seg鷑 el art韈ulo 227 de la presente ley, la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor, creada por el Decreto 16/1997, de 30 de enero, modificado por los decretos 83/1998, de 11 de septiembre, y 25/2000, de 25 de febrero, pasa a denominarse Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia.

Las referencias en el ordenamiento jur韉ico a la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor se entienden realizadas a la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia.

Disposici髇 adicional decimocuarta Modificaci髇 de la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables

1. Se a馻de un apartado tercero a la disposici髇 final primera de la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables, que quedar redactada de la siguiente forma:

獶isposici髇 final primera

1. En el plazo de un mes desde la publicaci髇 de esta ley en el Butllet Oficial de les Illes Balears, el Gobierno de las Illes Balears tiene que aprobar un decreto por el cual se creen y se regulen la organizaci髇 y la gesti髇 del Registro de Parejas Estables de las Illes Balears.

2. Se tienen que inscribir necesariamente en el Registro de Parejas Estables de las Illes Balears las declaraciones formales de constituci髇 de parejas estables, las modificaciones y las extinciones, cualquiera que sea su causa.

3. Tambi閚 se podr醤 inscribir voluntariamente en el Registro de Parejas Estables de las Illes Balears todas aquellas parejas cuyos miembros, no cumpliendo los requisitos personales del p醨rafo 2 del art韈ulo 2 y, por lo tanto, no sometidos al derecho civil de las Illes Balears, seg鷑 la normativa general que afecte a esta materia, cumplan los requisitos de capacidad del p醨rafo 1 del art韈ulo 2, y ambos miembros tengan, de acuerdo con las leyes generales del Estado, la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de las Illes Balears.

En estos supuestos, la inscripci髇 en el Registro de Parejas Estables no es constitutiva.

En este caso, el contenido de la relaci髇 de pareja se regular por las normas que les resulten aplicables seg鷑 la normativa general que afecta a esta materia.

LE0000165508_20220331Ir a Norma afectada

2. Se a馻de una nueva disposici髇 adicional a la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables, que quedar redactada de la siguiente forma:

獶isposici髇 adicional tercera

Siempre que se cumplan los requisitos de capacidad del p醨rafo 1 del art韈ulo 2 y los requisitos personales del p醨rafo 2 del art韈ulo 2, la regulaci髇 de esta ley, si las partes no han previsto otra cosa, ser de aplicaci髇 supletoria en los casos de formalizaci髇 de pareja hecha mediante documento p鷅lico.

LE0000165508_20220331Ir a Norma afectada

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposici髇 transitoria primera Normativa aplicable a los procedimientos administrativos ya iniciados

Los procedimientos administrativos de protecci髇 iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley y que est閚 en tramitaci髇 se seguir醤 tramitando por la normativa aplicable en el momento del inicio del procedimiento.

Disposici髇 transitoria segunda Administraci髇 competente

Los procedimientos administrativos y expedientes de actuaci髇 de protecci髇 iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley que est閚 en tramitaci髇 se seguir醤 tramitando por el 髍gano y la administraci髇 competente en el momento del inicio del procedimiento.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Normas que se derogan

Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo que dispone esta ley y, concretamente:

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Plan de Implantaci髇 y Financiaci髇 del Sistema de Protecci髇 en Situaciones de Riesgo

El Gobierno de las Illes Balears tiene que elaborar, aprobar y conveniar con las instituciones pertinentes el Plan de Implantaci髇 y Financiaci髇 del Sistema de Protecci髇 en Situaciones de Riesgo, que tiene que incluir la temporalizaci髇 y los medios financieros para hacerlo efectivo y viable.

Disposici髇 final segunda Registro de profesionales en el 醡bito de la infancia y la adolescencia

Se crea el registro auton髆ico de profesionales que act鷄n en el 醡bito de protecci髇 de la infancia y la adolescencia con el objeto de poder asignar un n鷐ero identificativo v醠ido a cada profesional inscrito para mejorar la seguridad de los profesionales en el ejercicio de sus funciones.

La inscripci髇 en este registro es obligatoria.

El Gobierno de las Illes Balears, en el plazo de dieciocho meses, tiene que regular y poner en funcionamiento este registro.

Disposici髇 final tercera Mediaci髇 para la protecci髇 infantil

La mediaci髇 para la protecci髇 infantil es un proceso colaborativo de resoluci髇 de problemas y discrepancias que involucra a una persona neutral e imparcial, el mediador o mediadora, que facilita la negociaci髇 constructiva y la comunicaci髇 entre los padres y madres o las personas que tengan atribuida la tutela de las personas menores de edad y los profesionales de protecci髇 a la infancia y la adolescencia, en un esfuerzo para llegar a un acuerdo sobre c髆o resolver problemas cuando se valora que los ni駉s, ni馻s o adolescentes se encuentran en una situaci髇 de desprotecci髇.

Disposici髇 final cuarta Requisitos para el acceso a los puestos de trabajo del sector p鷅lico de las Illes Balears

El Gobierno de las Illes Balears, en cumplimiento de las previsiones legales del art韈ulo 9 de esta ley y el art韈ulo 13.5 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de protecci髇 jur韉ica del menor, tiene que determinar los puestos de trabajo que, en la Administraci髇 de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears y del resto de entidades que integran el sector p鷅lico de la administraci髇, impliquen contacto habitual con ni駉s, ni馻s o adolescentes. Asimismo, tiene que regular la forma de acreditaci髇 del cumplimiento de los requisitos para el acceso y el ejercicio de puestos que impliquen el contacto mencionado, as como las consecuencias jur韉icas del incumplimiento de estos requisitos.

Los consejos insulares y el resto de entidades locales, en el 醡bito competencial respectivo, tienen que determinar los puestos de trabajo que, en la propia organizaci髇 as como del resto de entidades que integran el sector p鷅lico, impliquen contacto habitual con ni駉s, ni馻s o adolescentes; la regulaci髇 de la forma de acreditaci髇 del cumplimiento de los requisitos para el acceso y el ejercicio de puestos que impliquen el contacto mencionado, as como las consecuencias jur韉icas del incumplimiento de estos requisitos.

Disposici髇 final quinta Desarrollo de la ley

Los consejos insulares, de acuerdo con el art韈ulo 72 del Estatuto de Autonom韆, y el Gobierno de las Illes Balears, de acuerdo con el art韈ulo 58.3 del Estatuto de Autonom韆, en el plazo m醲imo de dieciocho meses desde la entrada en vigor, tiene que desarrollar reglamentariamente esta ley.

Disposici髇 final sexta Modificaci髇 de la Ley 8/1997, de 18 de diciembre, de atribuci髇 de competencias a los consejos insulares en materia de tutela, acogimiento y adopci髇 de menores

Se modifica el art韈ulo 3 de la Ley 8/1997, de 18 de diciembre, que pasa a tener el contenido siguiente:

1. Corresponde a los consejos insulares, como instituciones de gobierno de cada isla, de acuerdo con el art韈ulo 70 del Estatuto de Autonom韆 y, sin perjuicio de otras competencias que el ordenamiento jur韉ico vigente les atribuya, la condici髇 de entidad p鷅lica competente en materia de protecci髇 y, espec韋icamente, las competencias siguientes:

  • a) Llevar a cabo, en el 醡bito territorial respectivo, todas las actuaciones materiales, t閏nicas y jur韉icas en situaci髇 y declaraci髇 de riesgo previstas en el ordenamiento jur韉ico vigente que no correspondan o no se hayan atribuido a otras administraciones.
  • b) Llevar a cabo las actuaciones de protecci髇 sobre el ejercicio adecuado de la patria potestad o de la tutela y la guarda de los ni駉s, ni馻s y adolescentes, en concurrencia con otras administraciones.
  • c) Atender de manera inmediata a los ni駉s, ni馻s y adolescentes en situaci髇 de desamparo, y llevar a cabo las actuaciones protectoras jur韉icas y materiales inmediatas que correspondan.
  • d) Llevar a cabo, en el 醡bito territorial respectivo, todas las actuaciones materiales, t閏nicas y jur韉icas en situaciones de desamparo que prev el ordenamiento jur韉ico vigente.
  • e) Coordinar las diferentes administraciones locales en casos de situaciones de riesgo de los ni駉s, ni馻s y adolescentes.
  • f) Asumir la guarda de los ni駉s, ni馻s y adolescentes de acuerdo con lo que establecen los preceptos de esta ley, el art韈ulo 172 bis del C骴igo Civil y el art韈ulo 19 de la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de protecci髇 jur韉ica del menor, de modificaci髇 parcial del C骴igo Civil y de la Ley de enjuiciamiento civil.
  • g) Asumir y ejercer la tutela de los ni駉s, ni馻s y adolescentes desamparados de acuerdo con lo que establecen esta ley y el resto del ordenamiento jur韉ico, y llevar a cabo las actuaciones que se deriven.
  • h) Llevar a cabo todas las actuaciones materiales, t閏nicas y jur韉icas que, en materia de adopci髇 de menores de edad, les encomiendan el t韙ulo IV de esta ley y el resto del ordenamiento jur韉ico vigente.
  • i) Defender las medidas adoptadas en el ejercicio de la protecci髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes (guarda, tutela, delegaci髇 con fines de adopci髇, acogimiento y propuesta de adopci髇, entre otros) ante el juzgado de primera instancia competente y ante el resto de instancias judiciales, mediante los servicios correspondientes y de acuerdo con la legislaci髇 procesal vigente.
  • j) Llevar a cabo la acreditaci髇, la habilitaci髇, la inspecci髇, la suspensi髇 y la revocaci髇 de la habilitaci髇 de las entidades colaboradoras en materia de guarda de ni駉s, ni馻s y adolescentes, en el 醡bito del territorio respectivo.
  • k) Regular los requisitos materiales, funcionales y de personal de los servicios y los centros que presten servicios a los ni駉s, ni馻s y adolescentes sometidos a una medida de protecci髇 jur韉ica de la entidad p鷅lica correspondiente.
  • l) Llevar a cabo la acreditaci髇, la habilitaci髇, la inspecci髇 y la supervisi髇 de los servicios y los centros que presten servicios a los ni駉s, ni馻s y adolescentes sometidos a una medida de protecci髇 jur韉ica de la entidad p鷅lica correspondiente.
  • m) Ejercer las facultades, las funciones y las obligaciones que la legislaci髇 b醩ica del Estado les atribuye con respecto a los organismos acreditados para la adopci髇 internacional.
  • n) Planificar las actuaciones y los servicios dirigidos a los ni駉s, ni馻s y adolescentes en el 醡bito de su competencia.
  • o) Aprobar planes espec韋icos de protecci髇 para ni駉s o ni馻s de menos de seis a駉s que recojan medidas concretas de fomento del acogimiento familiar.
  • p) Conceder, gestionar y tramitar las prestaciones econ髆icas incluidas en las competencias propias en materia de protecci髇 jur韉ica que les correspondan.
  • q) Llevar a cabo el resto de actuaciones, funciones y obligaciones que les encomiendan esta ley y el resto del ordenamiento jur韉ico como entidades p鷅licas competentes en materia de protecci髇 jur韉ica de los ni駉s, ni馻s y adolescentes.

2. En el ejercicio de sus propias competencias, los consejos insulares tienen la potestad reglamentaria, independientemente de que el Gobierno de las Illes Balears pueda establecer los principios generales sobre la materia que aseguren el equilibrio y la cohesi髇 territorial entre todas las islas.

3. En el ejercicio de las actuaciones protectoras, los consejos insulares se tienen que ajustar a la Ley Org醤ica 1/1996, a los convenios internacionales en la materia suscritos por Espa馻 y a la legislaci髇 sectorial auton髆ica o estatal que les sea aplicable.

4. Los consejos insulares, en el 醡bito territorial de su competencia, para la aplicaci髇 de esta ley y con respecto a la atenci髇 socioeducativa a personas menores de edad infractoras, tienen que colaborar con la administraci髇 auton髆ica en la aplicaci髇 de medidas judiciales cuando las personas menores de edad est閚 sujetas a una actuaci髇 de protecci髇 o cuando las circunstancias aconsejen la intervenci髇 de los servicios de protecci髇.

LE0000016947_20190528Ir a Norma afectada

Disposici髇 final s閜tima Modificaci髇 de la Ley 4/2015, de 23 de marzo, de derechos y garant韆s de la persona en el proceso de morir

1. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 11 de la Ley 4/2015, de 23 de marzo, de derechos y garant韆s de la persona en el proceso de morir, que pasa a tener el siguiente contenido:

1. Todo paciente menor de edad tiene derecho a recibir informaci髇 sobre su enfermedad y las intervenciones sanitarias propuestas, de forma adaptada a su capacidad de comprensi髇. Tambi閚 tiene derecho a que su opini髇 sea escuchada de conformidad con lo que dispone el art韈ulo 9.3.c) de la Ley 41/2002.

LE0000549585_20190528Ir a Norma afectada

2. Se modifica el apartado 3 del art韈ulo 11 de la Ley 4/2015 citada, que pasa a tener el siguiente contenido:

3. Las personas menores de edad emancipadas o con diecis閕s a駉s cumplidos, no incapaces ni incapacitadas, prestar醤 por s mismas el consentimiento, si bien se tiene que informar a sus padres y madres o representantes legales, y su opini髇 ser tenida en cuenta para la toma de la decisi髇 final correspondiente, de conformidad con lo que dispone el art韈ulo 9.4 de la Ley 41/2002. Asimismo, las personas menores de edad emancipadas o con diecis閕s a駉s cumplidos tienen derecho a revocar el consentimiento informado y a rechazar la intervenci髇 que les propongan los profesionales sanitarios, en los t閞minos que prev el art韈ulo 8 de esta ley.

LE0000549585_20190528Ir a Norma afectada

Disposici髇 final octava Modificaci髇 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la funci髇 p鷅lica de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears

1. La letra d) del apartado 2 del art韈ulo 15 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la funci髇 p鷅lica de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears, queda modificada de la siguiente manera:

  • 玠) Desarrollar programas temporales que corresponden a necesidades no permanentes de la administraci髇 o programas temporales de reinserci髇 social o de fomento de la ocupaci髇 que sean aprobados por el Consejo de Gobierno.
LE0000243135_20220616Ir a Norma afectada

2. Se a馻de una nueva letra, la letra f), al apartado 3 del art韈ulo 18 de la Ley 3/2007 mencionada, con la siguiente redacci髇:

  • 玣) Para contratar personas en situaci髇 o riesgo de exclusi髇 social en el marco de programas temporales de reinserci髇 social o de fomento de la ocupaci髇 aprobados por el Consejo de Gobierno, de acuerdo con la legislaci髇 laboral aplicable.
LE0000243135_20220616Ir a Norma afectada

Disposici髇 final novena Entrada en vigor

Esta ley empezar a vigir tres meses despu閟 de la publicaci髇 en el Butllet Oficial de les Illes Balears.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que corresponda la hagan guardar.