Decreto-ley 14/2022, de 20 de diciembre, por el que se adoptan medidas de carácter extraordinario y urgente en materia de Renta Mínima de Inserción Social, bono social térmico y de simplificación de los procedimientos de expedición del título de familia numerosa y de atención a las personas con discapacidad en Andalucía

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Sumario

Véase la Res. 12 enero 2023, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del D.-ley 14/2022, de 20 de diciembre, por el que se adoptan medidas de carácter extraordinario y urgente en materia de Renta Mínima de Inserción Social, bono social térmico y de simplificación de los procedimientos de expedición del título de familia numerosa y de atención a las personas con discapacidad en Andalucía («B.O.J.A.» 23 enero).LE0000746259_20230123

I

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce en el artículo 34.3 el derecho a una ayuda social para garantizar una existencia digna, mientras que la Constitución Española, en su artículo 9.2, insta a los poderes públicos a «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social».

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en el artículo 37.1.7.º como uno de los principios rectores que deben orientar las políticas públicas «La atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social». A nivel de competencias, nuestra Comunidad Autónoma ostenta, según el artículo 61, la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, en base a lo establecido en el artículo 84, la potestad de organizar y administrar, entre otros, todos los servicios relacionados con servicios sociales y ejercer la tutela de las instituciones y entidades en esta materia y, finalmente, de conformidad con el artículo 63, en el marco de la legislación del Estado, las competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales, añadiendo el artículo 169.3 la responsabilidad de los poderes públicos de diseñar y establecer políticas concretas para la inserción laboral de los colectivos con especial dificultad en el acceso al empleo, prestando especial atención a los colectivos en situación o riesgo de exclusión social.

Con base en estas previsiones estatutarias, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, establece en su artículo 5 los objetivos que marcan el desarrollo de la misma, indicando, en su letra h), el de «Garantizar la cobertura de la necesidad básica de integración social y prevenir y atender adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad de las personas, de las unidades familiares y de los grupos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, y promover su inclusión social». Asimismo, en su artículo 42.2.g) se reconoce como derecho subjetivo «Las prestaciones económicas específicas y directas orientadas a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, que deberán incorporar un itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción sociolaboral».

La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, aprobada mediante Decretoley 3/2017, de 19 de diciembre, regula la prestación económica orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social que deberá incorporar un itinerario a través de un Plan de inclusión sociolaboral.

Tras años de disparidad entre las diferentes coberturas de las prestaciones de garantía de ingresos mínimos de las distintas comunidades autónomas, a nivel estatal se pretendió dar una respuesta básica y homogénea en todo el territorio nacional y se aprobó el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital en un contexto de exigencia y necesidad, a consecuencia de la pandemia, y que se consolidó en el Ordenamiento Jurídico mediante la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. El sistema diseñado ha sufrido desde su vigencia diversas modificaciones, y entre la más reciente, se encuentra la operada por el Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias de la prestación.

Hasta la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, la Renta Mínima de Inserción Social ha sido, en el ámbito territorial de Andalucía, la materialización de un modelo de prestación de naturaleza económica que garantizaba un nivel mínimo de renta a quienes se encontraban en situación de pobreza y exclusión social.

Así pues, la situación actual de coexistencia de dos prestaciones, esto es, la Renta Mínima de Inserción Social, como prestación autonómica de Andalucía, y el Ingreso Mínimo Vital, prestación estatal, obliga a replantear el escenario de nuestra cobertura. En materia de seguridad social, amparada por el artículo 149 de la Constitución española, se establece un techo de ingresos mínimos para la ciudadanía. Sin embargo, hay situaciones determinadas que quedan fuera de la protección del Ingreso Mínimo Vital, como puede ser el caso de las personas menores de veintitrés años en determinadas circunstancias o quienes están en trámite del reconocimiento de protección internacional, entre otros supuestos.

La prestación estatal viene a suponer una medida de garantía de ingresos, que permite a las comunidades autónomas complementar, desde las políticas de lucha contra la pobreza, los perfiles de población que no atiende el Ingreso Mínimo Vital, así como ajustar este mínimo común para toda la población al nivel de vida de cada comunidad. Y es que hay supuestos, en los que el umbral de protección de ambas prestaciones es tan similar que una unidad familiar puede ser beneficiaria de Ingreso Mínimo Vital y de Renta Mínima de Inserción Social, simultáneamente. Y esta situación, que buscaba luchar contra la pobreza de los hogares, está produciendo en multitud de unidades familiares andaluzas el efecto contrario. Es decir, hogares inicialmente protegidos por la Renta Mínima de Inserción Social, que pasan a ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, se encuentran en la obligación legal, por el diseño actual de la normativa, de reintegrar la prestación andaluza inicialmente concedida, por superar el límite de ingresos establecidos para el percibo de la misma, ya que las cuantías a abonar a nivel estatal suelen ser superiores a la autonómica, suponiendo una obligación adicional para las familias, que es urgente evitar.

Para ello se hace necesario la modificación de la actual normativa sobre Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, declarando la incompatibilidad de la prestación autonómica con la estatal, evitando generar futuros procedimientos de reintegros por pagos indebidos a personas y familias que luchan contra la pobreza en su hogar.

Por otro lado, la Administración Andaluza también es consciente de que, a veces, la cuantía a percibir por un hogar en concepto de Ingreso Mínimo Vital puede ser insuficiente para mejorar la situación de crisis económica y social de una familia, por lo que se estima necesario destinar recursos a dichos hogares, dotándolos de una ayuda extraordinaria. Asimismo, las familias que no pueden ser beneficiarias de la prestación mínima estatal, podrán solicitar la Renta Mínima de Inserción Social y ser beneficiarias si cumplen los requisitos establecidos.

Véase la Res. de 14 de junio de 2023, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 5 de junio de 2023, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de la Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el D.-ley 14/2022, de 20 de diciembre, por el que se adoptan medidas de carácter extraordinario y urgente en materia de Renta Mínima de Inserción Social, bono social térmico y de simplificación de los procedimientos de expedición del título de familia numerosa y de atención a las personas con discapacidad en Andalucía («B.O.E.» 26 junio).LE0000763494_20230626

II

El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, crea en su artículo 5 el programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, denominado Bono Social Térmico.

De acuerdo con este Real Decreto-ley, las personas beneficiarias del bono social térmico serán aquellas personas consumidoras que sean beneficiarias del bono social de electricidad previsto en el artículo 45 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, a 31 de diciembre del año anterior. El criterio de distribución de la ayuda del bono social térmico entre las personas beneficiarias se recoge en el artículo 9, donde la cuantía a percibir por cada persona beneficiaria se determinará atendiendo a su grado de vulnerabilidad, así como a la zona climática en la que se localice la vivienda en la que se encuentra empadronada.

El bono social térmico se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero la gestión y el pago de las ayudas corresponde a las Comunidades Autónomas. A estos efectos, se establece que el Ministerio para la Transición Ecológica, actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, calculará la distribución territorial del presupuesto disponible y transferirá los importes de las ayudas a las administraciones competentes para su pago.

Ello encuentra su fundamento en que nos encontramos ante una actuación que cabe encuadrar en materia de asistencia social, competencia que ha sido asumida estatutariamente por todas las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la competencia del legislador estatal para establecer los criterios y metodología para el reparto y cálculo de la ayuda unitaria. En particular, en lo que concierne a la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, regula en su artículo 61 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que en todo caso incluye, entre otras, la regulación, ordenación y gestión de servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementarias de otros sistemas de protección pública.

El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, preveía en su artículo 11 la obligación de las comercializadoras de referencia de facilitar los datos personales de las personas beneficiarias del bono social de electricidad, a 31 de diciembre del año anterior, al órgano competente de la Administración General del Estado.

Sin embargo, dicho precepto ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 134/2020, de 23 de septiembre, por considerar que la información que se solicita a las comercializadoras de referencia tiene como fin determinar el importe de la ayuda del bono social térmico y proceder a su pago, lo que excede de las facultades estatales en relación con la ayuda, al estar directamente vinculado a las tareas de gestión que son competencia de las Comunidades Autónomas.

La declaración de inconstitucionalidad de este precepto dificulta actualmente el acceso por parte de las Comunidades Autónomas a una serie de datos que están en poder de las comercializadoras de referencia, y que son imprescindibles para la gestión y el abono del bono social térmico.

Es por ello que se hace necesario y urgente dotar de cobertura legal a la obligación de las comercializadoras de referencia de facilitar los datos personales de las personas beneficiarias del bono social de electricidad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a fin de que por parte de esta Administración se pueda proceder a la tramitación y pago de las ayudas en cada ejercicio.

La necesidad de imponer dicha obligación en una norma con rango de ley encuentra igualmente su fundamento en lo previsto en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, regula el tratamiento de datos por obligación legal en su artículo 8, remitiéndose a lo previsto en el artículo 6.1.c) del citado Reglamento (UE) 2016/679.

De este modo, la comunicación de los datos personales de las personas beneficiarias del bono social de electricidad por las comercializadoras de referencia al órgano competente para la tramitación y pago del bono social térmico estaría amparada por una obligación legal, y eximiría al responsable del tratamiento de la obligación de comunicar a los interesados la información prevista en los apartados 1 y 2 del artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, todo ello de conformidad con lo previsto en su apartado quinto, letra c).

Y así, y con el único fin de poder determinar el importe de la ayuda del bono social térmico y proceder a su pago, se procede a regular la exigencia a las comercializadoras de referencia para que remitan a la Consejería con competencias en materia de servicios sociales u órgano competente que le sustituya en la concesión y pago de estas ayudas, antes del 31 de enero de cada año, un listado de sus clientes cuyos puntos de suministros se encuentren en la Comunidad de Autónoma de Andalucía que sean beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre del año anterior.

III

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, declara en el artículo 17.1 que se garantiza la protección social, jurídica y económica de la familia, regulándose por ley el acceso a las ayudas públicas teniendo en cuenta las diferentes modalidades de familia existentes. En este ámbito, las familias numerosas tienen una especial consideración que se recoge en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, que actualizó y mejoró la acción protectora a este colectivo y el ajuste al orden constitucional de distribución territorial de competencias.

Mediante Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, que igualmente resulta de aplicación general a las Comunidades Autónomas al amparo del artículo 149.1.1.ª y 17.ª de la Constitución.

El tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, hizo necesaria la realización de determinados ajustes normativos para ofrecer a estas familias una atención más adaptada a la realidad social, que fueron recogidos en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Entre las novedades introducidas destaca en su disposición final quinta la modificación de las condiciones de mantenimiento de los efectos del título oficial de familia numerosa, que permite que las familias sigan disfrutando de su derecho al título y a los beneficios consecuentes aunque los hijos o hijas mayores ya no estén incluidos por cumplimiento de la edad máxima.

A raíz de esta modificación normativa se produjo en nuestra Comunidad Autónoma un aumento considerable en las solicitudes de renovación del título de familia numerosa, con la consecuente carga administrativa en las unidades tramitadoras, la acumulación de expedientes y en ocasiones, el retraso en el plazo máximo de tres meses para emitir las resoluciones.

El procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa así como para la expedición y renovación del título que acredita dicha condición y categoría, que compete a la Comunidad Autónoma de Andalucía según lo previsto en el artículo 5.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, está regulado mediante Decreto 172/2020, de 13 de octubre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa y su categoría, la expedición, renovación, modificación o revocación del título y del carné de familia numerosa, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Andalucía cuenta con 151.757 títulos de familia numerosa en vigor, de los cuales 134.117 son de categoría general y 17.640 de categoría especial, afectando a un total de 670.016 andaluces y andaluzas, según muestra el Sistema Integrado de Servicios Sociales al finalizar septiembre de 2022.

Un número tan elevado supone un alto volumen de gestión y tramitación de expedientes administrativos por cuanto el título de familia numerosa ha de ser renovado, si se mantienen las circunstancias con las que se concedió, cuando expira su vigencia y ha de modificarse cuando varía el número de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedición o posterior renovación del título y ello suponga un cambio de categoría o la pérdida de la condición de familia numerosa, así como cuando alguno de los hijos/as deje de reunir las condiciones para figurar como miembro de la familia numerosa, aunque ello no suponga modificación de la categoría en que esta está clasificada o la pérdida de tal condición.

Además del alto volumen de expedientes es necesario precisar que la evolución que está sufriendo la institución de la familia, las diversas realidades familiares que se dan en la actualidad y la existencia cada vez mayor de familias reconstituidas, en las que sus componentes proceden de familias anteriores, con progenitores separados o divorciados y nuevamente casados, provocan que el estudio y resolución de los expedientes sea cada vez más complejo y lento.

Todo ello hace necesario que sea solicitada gran cantidad de documentación acreditativa de las distintas situaciones familiares que de uno u otro modo condicionan el reconocimiento y concesión del título y la renovación del mismo, tanto en el momento de la solicitud inicial, para justificar el cumplimiento de las condiciones que dan derecho al mismo, como en el momento de la renovación, para acreditar que se siguen manteniendo las condiciones que dieron lugar a su reconocimiento inicial.

La acumulación de gran volumen de expedientes con un alto número de documentos y situaciones a revisar o contrastar mediante mecanismos electrónicos provoca retrasos en la emisión de resoluciones más allá del plazo determinado para resolver y notificar la misma a la persona solicitante. La consecuencia de la no resolución y notificación en plazo en el caso de las renovaciones del títulos es muy negativa para la persona solicitante, dado que una vez llegado el vencimiento del título sin respuesta por parte de la Administración tiene que hacer frente a la pérdida de todos los derechos o beneficios de los que venía disfrutando.

En este sentido no debe olvidarse que el artículo 9.2 de la Constitución Española establece el principio de igualdad material, que debe llevar al legislador a introducir medidas correctoras necesarias para que los miembros de las familias numerosas no queden en situación de desventaja en lo que se refiere al acceso a los bienes económicos, culturales o sociales.

Esta situación se torna de especial gravedad en la situación de crisis que están viviendo las familias españolas, en general, y andaluzas, en particular. Y es preciso acometer todas las actuaciones necesarias para garantizar que las familias numerosas sigan disfrutando de los derechos y beneficios asociados a tal condición sin solución de continuidad siempre que se sigan manteniendo las condiciones que se ostentaban en el momento del reconocimiento. No hacerlo supondría la pérdida de beneficios para las familias en el momento en que éstas más lo necesitan, tales como el disfrute del bono social térmico y eléctrico, la pérdida de la reducción o exención del pago de las matrículas universitarias o la reducción que opera sobre el IBI, y tendría un impacto muy negativo para la infancia y adolescencia, principales beneficiarios de los títulos y cuyos intereses superiores son una obligación ineludible que debe ser garantizada por las Administraciones públicas.

Por tanto, se considera necesario simplificar el procedimiento de expedición,renovación y modificación del título de familia numerosa, mediante la incorporación al mismo de mecanismos que hagan más ágil su tramitación. Si bien con la publicación del Decreto 172/2020, de 13 de octubre, ya se ordenó el procedimiento identificando la documentación a presentar tanto para el reconocimiento de la condición de familia numerosa mediante la expedición inicial del título como para la renovación y/o modificación del mismo, incorporando en algunos casos el uso de una declaración responsable en sustitución de documentación acreditativa de determinadas situaciones, en este momento se hace imprescindible acudir a este tipo de instrumento jurídico para avanzar en materia de simplificación y agilización administrativa.

El uso de la declaración responsable en los casos de solicitud de renovación del título de familia numerosa, cuando no se han producido alteraciones o modificaciones en las circunstancias familiares supondrá un gran ahorro en el tiempo destinado al estudio, tramitación y resolución de este tipo de solicitudes, lo que producirá de facto una mayor agilidad en el tiempo de respuesta a la ciudadanía.

Analizadas las situaciones sociales, económicas y sanitarias de los últimos dos años y cómo éstas han influido en las familias andaluzas, con el objeto de garantizar el mantenimiento de los derechos asociados al reconocimiento del título, y en aras de una mayor protección a la infancia y adolescencia, se faculta al centro directivo competente en materia de familias a, mediante resolución, determinar plazos de vigencia extraordinaria del título de familia numerosa.

Y por último, es necesario incluir una medida extraordinaria tendente a garantizar la continuidad de la vigencia de los títulos cuya renovación ha sido solicitada y no han recibido resolución por el órgano competente. Se trata de una medida correctora para determinar una nueva fecha fin de validez que será desarrollada mediante actuación administrativa automatizada. Operará para todos los títulos cuya renovación ha sido solicitada entre el 1 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2022, entendiendo que les es de aplicación lo establecido en la presente norma respecto de la declaración responsable.

IV

La Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula el procedimiento para su concesión, debe ser modificada al quedar desfasada en muchos aspectos.

En un principio, se estableció un procedimiento para su concesión, pero en este momento, el procedimiento ya no es necesario, ya que la tarjeta es esencialmente acreditativa del grado. Y conseguido un grado igual o superior al 33%, la tarjeta se entrega automáticamente junto a la resolución administrativa que lo establece. La existencia de un procedimiento, con solicitud, resolución, pie de recurso, etc, genera mucha confusión en la ciudadanía y trabajo innecesario en los Centros de Valoración y Orientación que tramitan este procedimiento.

Existe una importante saturación de trabajo en los Centros de Valoración y Orientación de Andalucía. El problema más acuciante al que se enfrentan es el de la demora a la hora de resolver el procedimiento de grado de discapacidad. La valoración del grado de discapacidad constituye la piedra angular alrededor de la que gira todo el sistema de servicios sociales relacionado con los servicios y prestaciones del colectivo de personas con discapacidad.

La estructura de los centros, así como el procedimiento para obtener el grado son de un tiempo en el que la discapacidad era un estigma que se procuraba no visibilizar. En este momento, y cada vez más, la discapacidad ya no es un estigma, y desde la Administración se protege a las personas con discapacidad con medidas de discriminación positiva que son un reclamo en tiempos de crisis. El número de solicitudes de grado ha aumentado exponencialmente en los últimos veinte años.

Cuando se creó la tarjeta hace 11 años el deseo del legislador era que las personas con un grado igual o superior al 33% pudieran disfrutar de este medio de acreditación, a través de una tarjeta plastificada, que facilitaría el acceso de sus titulares a multitud de servicios. Era necesario crear para ello un procedimiento de solicitud, pero solo para los titulares existentes. Para las nuevas resoluciones de grado, no sería necesario el procedimiento, porque la tarjeta se entrega automáticamente junto a la resolución. Con la modificación propuesta se elimina esa carga extra de trabajo y la tarjeta se convierte en lo que realmente es, una tarjeta que acredita un grado preexistente y que ya no es necesario solicitar, por lo que es una modificación necesaria y urgente.

La demora en los Centros de Valoración y Orientación llega en algunos casos hasta los dos años, entre el momento en que se solicita la valoración del grado y la fecha en que se obtiene la resolución por la que se establece. En este sentido, la discapacidad es una materia transversal, que se aplica y se tiene en cuenta, como factor subjetivo, en muchos ámbitos de competencia aparentemente ajenos y que se tiene en cuenta para el acceso la Renta Mínima de Inserción Social, al bono social térmico y eléctrico o en los requisitos establecidos para la consideración de una familia como numerosa.

Por otro lado, estamos en un momento especialmente sensible. Estamos viviendo en una realidad económica marcada por una situación inflacionista y una crisis energética, entre otros factores, que afecta a las familias más vulnerables, por lo que resulta de extraordinaria y urgente necesidad reducir las cargas de trabajo y llevar a cabo la deseada simplificación administrativa. La modificación de la Orden de 17 de marzo de 2011 entra de lleno en este campo, ya que la demora en la valoración y obtención del grado de discapacidad puede ser un obstáculo a la hora de acceder a las ayudas.

Del mismo modo, y por las mismas razones que subyacen en la necesidad de modificar la Orden de 17 de marzo de 2011, la Orden de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida en Andalucía, necesita ser modificada. Hay características en la tarjeta, como la necesidad continua de renovación, que generan un trabajo administrativo innecesario y contribuyen a aumentar el número de tarjetas caducadas no devueltas, lo que facilita su uso indebido por parte de personas sin movilidad reducida. Por todo ello, se hace necesario eliminar la necesidad de renovación temporal, siempre que la movilidad reducida de la persona titular sea definitiva.

V

Las razones expuestas determinan la urgente necesidad y conducen a que el presente Decreto-ley sea el instrumento eficaz que puede dar respuesta, en tiempo, a una situación que requiere de una actuación inmediata, dando con ello cumplimiento a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Es un objetivo de la Junta de Andalucía el cumplimiento del principio de racionalización, simplificación y agilidad de los procedimientos, recogido en el artículo 3.ñ) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y, en particular en estos procedimientos que afectan a personas en situación de especial vulnerabilidad y las familias numerosas andaluzas, siendo esta regulación necesaria y eficaz y fundada en razones de interés general, por cuanto focaliza, por un lado, el empleo de los recursos públicos en aquellas situaciones que quedan fuera de la cobertura básica del estado, o que estando cubiertos, sus ingresos totales son mínimos, y por otro, al simplificar el procedimiento de renovación del título de familia numerosa, así como los procedimientos de obtención de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y de las tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida en Andalucía, reduce ostensiblemente los tiempos de gestión, aumentando la eficacia y capacidad de respuesta a la ciudadanía entendiendo que no existe otro mecanismo más que el de una norma con rango de ley. Igualmente es una razón de interés general, poder tramitar y realizar el pago por parte de la Comunidad Autónoma del bono social térmico a aquellos consumidores que hubieran sido beneficiarios del bono social de electricidad, a 31 de diciembre del año anterior. En este punto, Andalucía es una de las comunidades autónomas más afectadas por la crisis energética con impacto en más de un 30% de los hogares. La subida de los precios, casi un 14%, la guerra de Ucrania y la escasez en el suministro de fuentes energéticas está mermando la economía de la ciudadanía. Como en el resto del territorio nacional, la llegada del invierno y las bajas temperaturas, unido a la vulnerabilidad económica en la que se encuentran muchos hogares en los que no se pueden satisfacer las necesidades básicas de suministros de energía, sitúa a aquellas familias más vulnerables en riesgo de pobreza energética, al tener que destinar un porcentaje elevado de sus ingresos mensuales al pago del recibo de la luz. Ante esta situación, se hace necesario regular la obligación de las comercializadoras de facilitar la información precisa para con posterioridad poner en marcha de manera urgente la gestión del pago del Bono Social Térmico, como herramienta que amortigüe las carencias que un invierno de frío puede provocar en la economía de los hogares andaluces más vulnerables.

En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un Decreto-ley, su tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia e información públicas. Asimismo, resulta proporcional y transparente porque su regulación incluye únicamente aquellos preceptos que se configuran como elementos necesarios para la salvaguarda del interés público en este momento, e igualmente se garantiza el principio de seguridad jurídica al incardinar las medidas que se adoptan en el conjunto del ordenamiento jurídico aplicable.

Por último, también se cumple con el principio de eficiencia toda vez que no se imponen nuevas cargas administrativas que no sean imprescindibles frente a las previstas en la regulación actual.

La regulación del Decreto-ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se contempla en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que establece que «en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos-leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en este Estatuto, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. No podrán aprobarse por Decreto-ley los presupuestos de Andalucía». En las medidas que se adoptan en el presente Decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, considerando, por otra parte, que los objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo requieren de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia, sin que este Decreto-ley constituya un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional.

En el presente caso, el objeto de este Decreto-ley es coherente con la figura de este instrumento normativo, puesto que hay que dar una respuesta inmediata a los efectos sociales y económicos de las familias y de la ciudadanía más vulnerable de Andalucía, que se ve perjudicada por la demora en los procedimientos de concesión de la renta mínima social, del título de familia numerosa y reconocimiento del grado de discapacidad. Por todo lo expuesto, es de considerar que la figura del Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

En el presente caso, el fin que justifica la legislación de urgencia es paliar una situación concreta, en la que la problemática social y económica afecta especialmente a las familias con más hijos, convirtiendo a éstas en más vulnerables, motivo por el que la Administración ha de actuar con carácter inmediato.

Debe señalarse también que este Decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, tampoco afecta a los derechos establecidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía.

VI

De acuerdo con lo expuesto, el presente Decreto ley se estructura en tres artículos, dos disposiciones transitorias y cinco finales.

En el artículo 1 se modifican diversos preceptos del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, para establecer la incompatibilidad de la prestación autonómica con el Ingreso Mínimo Vital y crear una ayuda complementaria a la prestación estatal.

Mediante el artículo 2, con el único fin de poder determinar el importe de la ayuda del bono social térmico y proceder a su pago, se procede a regular la exigencia a las comercializadoras de referencia de remitir información imprescindible en la concesión y pago de estas ayudas, antes del 31 de enero de cada año, mediante un listado de aquellos de sus clientes cuyos puntos de suministros se encuentren en la Comunidad Autónoma de Andalucía que sean beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre del año anterior.

El artículo 3 modifica el Decreto 172/2020, de 13 de octubre, para permitir, en algunos casos, el uso de una declaración responsable en sustitución de documentación acreditativa de determinadas situaciones en las renovaciones del título de familia numerosa. En cuanto a las disposiciones transitorias, la primera va referida a los procedimientos de concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía en tramitación, y la segunda, permite la aplicación retroactiva de la declaración responsable en la renovación de los títulos de familia numerosa por llegar el título a la fecha fin de vigencia.

Por último, en las disposiciones finales primera y segunda se modifican procedimientos que se tramitan por los Centros de Valoración y Orientación de Andalucía, simplificándolos y eliminando cargas administrativas innecesarias. Para concluir, se incluyen las disposiciones finales tercera, cuarta y quinta, relativas a la conservación del rango de las normas modificadas, habilitación para el desarrollo y entrada en vigor.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, de conformidad con las previsiones establecidas en los artículos 17.1 y 23 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en uso de la facultad concedida por el artículo 110 del citado Estatuto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 20 de diciembre de 2022,

DISPONGO

CAPÍTULO I
Medidas en materia de Renta Mínima de Inserción social en Andalucía

CAPÍTULO II
Medidas en materia de bono social térmico

CAPÍTULO III
Medidas de simplificación del procedimiento de expedición del título de familia numerosa

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria segunda Aplicación retroactiva de la declaración responsable en la renovación de los títulos de familia numerosa por llegar el título a la fecha fin de vigencia

1. En el marco de lo establecido en los artículos 2, 3, 6 y 7 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas y el artículo 4 del Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas se procede a prorrogar la vigencia de todos los títulos de familia numerosa cuya renovación haya sido solicitada por llegar el título a la fecha fin de vigencia, entre 1 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2022, mediante los mecanismos establecidos en el artículo 4 del Decreto 172/2020, de 13 de octubre, y estén pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de este Decreto-ley, entendiendo que les es de aplicación lo establecido en el artículo 8 decreto 172/2020, de 13 de octubre, respecto de la declaración responsable. Las nuevas fechas de validez serán comunicadas mediante la correspondiente notificación de la resolución que emita el órgano competente para resolver, conforme a los siguientes criterios, sin perjuicio de lo establecido en el apartado tercero de esta disposición transitoria, y de la potestad de la Administración de revisión de sus propios actos:

• a) Todos los títulos cuya solicitud de renovación responda al cumplimiento de 21 años de alguno de los hijos o hijas serán renovados hasta los 25 años de éstos o estas.
• b) El resto de las solicitudes de renovación serán resueltas prorrogando dos años el título de familia numerosa, que serán contados desde el día siguiente a aquel en que cumpliera su vigencia el título cuya renovación se solicita, cuando esta solicitud se haya presentado dentro de los tres meses anteriores al vencimiento del título o desde la fecha de solicitud si esta se ha presentado fuera del citado plazo.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 en ningún caso será de aplicación a las solicitudes de modificación del título de familia numerosa motivadas por cambios en la unidad familiar cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 7.2 del Decreto 172/2020, de 13 de octubre, que habrán de ser comunicadas a la Administración dentro del plazo de tres meses desde que se produzca la causa de modificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

3. En virtud de lo expuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, en los casos en que durante el periodo de vigencia otorgado mediante la prórroga que regula este Decreto-ley se produjeran circunstancias que dieran lugar a la modificación o extinción del título de familia numerosa, las personas que forman parte de las unidades familiares a las que se haya reconocido el título están obligadas a comunicar a la Administración competente, en el plazo máximo de tres meses, cualquier variación que se produzca en su familia a efectos de modificar o extinguir el mismo. La no comunicación a la Administración competente en el periodo indicado constituye infracción leve, susceptible de ser sancionada conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre.

4. De acuerdo con el artículo 13.1 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, la tramitación electrónica de las actuaciones administrativas previstas en el apartado 1 podrá llevarse a cabo de manera automatizada de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, y con el artículo 40 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

5. La persona titular del órgano directivo con competencias en materia de familias autorizará las actuaciones administrativas automatizadas conforme a lo establecido en el artículo 13.2 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.

LE0000836907_20240217Disposición transitoria segunda redactada por el artículo 123 del D.-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía («B.O.J.A.» 16 febrero).Vigencia: 17 febrero 2024

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final segunda Modificación de la Orden de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida en Andalucía

Se modifica el artículo 9.1 de la Orden de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida en Andalucía, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. La tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida se otorgará con carácter indefinido. No obstante, cuando el reconocimiento del grado de discapacidad tenga carácter provisional, la tarjeta se concederá por el plazo de revisión del grado de discapacidad correspondiente.»

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