Decreto-ley 14/2022, de 20 de diciembre, por el que se adoptan medidas de car醕ter extraordinario y urgente en materia de Renta M韓ima de Inserci髇 Social, bono social t閞mico y de simplificaci髇 de los procedimientos de expedici髇 del t韙ulo de familia numerosa y de atenci髇 a las personas con discapacidad en Andaluc韆

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Sumario

V閍se la Res. 12爀nero�2023, del Parlamento de Andaluc韆, por la que se ordena la publicaci髇 del acuerdo de convalidaci髇 del D.-ley 14/2022, de 20 de diciembre, por el que se adoptan medidas de car醕ter extraordinario y urgente en materia de Renta M韓ima de Inserci髇 Social, bono social t閞mico y de simplificaci髇 de los procedimientos de expedici髇 del t韙ulo de familia numerosa y de atenci髇 a las personas con discapacidad en Andaluc韆 (獴.O.J.A.� 23 enero).LE0000746259_20230123

I

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea reconoce en el art韈ulo 34.3 el derecho a una ayuda social para garantizar una existencia digna, mientras que la Constituci髇 Espa駉la, en su art韈ulo 9.2, insta a los poderes p鷅licos a 玴romover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obst醕ulos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participaci髇 de toda la ciudadan韆 en la vida pol韙ica, econ髆ica, cultural y social�.

Por su parte, el Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆 establece en el art韈ulo 37.1.7.� como uno de los principios rectores que deben orientar las pol韙icas p鷅licas 獿a atenci髇 social a personas que sufran marginaci髇, pobreza o exclusi髇 y discriminaci髇 social�. A nivel de competencias, nuestra Comunidad Aut髇oma ostenta, seg鷑 el art韈ulo 61, la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, en base a lo establecido en el art韈ulo 84, la potestad de organizar y administrar, entre otros, todos los servicios relacionados con servicios sociales y ejercer la tutela de las instituciones y entidades en esta materia y, finalmente, de conformidad con el art韈ulo 63, en el marco de la legislaci髇 del Estado, las competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales, a馻diendo el art韈ulo 169.3 la responsabilidad de los poderes p鷅licos de dise馻r y establecer pol韙icas concretas para la inserci髇 laboral de los colectivos con especial dificultad en el acceso al empleo, prestando especial atenci髇 a los colectivos en situaci髇 o riesgo de exclusi髇 social.

Con base en estas previsiones estatutarias, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andaluc韆, establece en su art韈ulo 5 los objetivos que marcan el desarrollo de la misma, indicando, en su letra h), el de 獹arantizar la cobertura de la necesidad b醩ica de integraci髇 social y prevenir y atender adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad de las personas, de las unidades familiares y de los grupos en situaci髇 de exclusi髇 social o en riesgo de estarlo, y promover su inclusi髇 social�. Asimismo, en su art韈ulo 42.2.g) se reconoce como derecho subjetivo 獿as prestaciones econ髆icas espec韋icas y directas orientadas a la erradicaci髇 de la marginaci髇 y la desigualdad y a la lucha contra la exclusi髇 social, que deber醤 incorporar un itinerario a trav閟 de un plan de inclusi髇 y/o inserci髇 sociolaboral�.

La Renta M韓ima de Inserci髇 Social en Andaluc韆, aprobada mediante Decretoley 3/2017, de 19 de diciembre, regula la prestaci髇 econ髆ica orientada a la erradicaci髇 de la marginaci髇 y la desigualdad y a la lucha contra la exclusi髇 social que deber� incorporar un itinerario a trav閟 de un Plan de inclusi髇 sociolaboral.

Tras a駉s de disparidad entre las diferentes coberturas de las prestaciones de garant韆 de ingresos m韓imos de las distintas comunidades aut髇omas, a nivel estatal se pretendi� dar una respuesta b醩ica y homog閚ea en todo el territorio nacional y se aprob� el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso m韓imo vital en un contexto de exigencia y necesidad, a consecuencia de la pandemia, y que se consolid� en el Ordenamiento Jur韉ico mediante la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso m韓imo vital. El sistema dise馻do ha sufrido desde su vigencia diversas modificaciones, y entre la m醩 reciente, se encuentra la operada por el Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la compatibilidad del Ingreso M韓imo Vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad econ髆ica por cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusi髇 social y laboral de las personas beneficiarias de la prestaci髇.

Hasta la aprobaci髇 del Ingreso M韓imo Vital, la Renta M韓ima de Inserci髇 Social ha sido, en el 醡bito territorial de Andaluc韆, la materializaci髇 de un modelo de prestaci髇 de naturaleza econ髆ica que garantizaba un nivel m韓imo de renta a quienes se encontraban en situaci髇 de pobreza y exclusi髇 social.

As� pues, la situaci髇 actual de coexistencia de dos prestaciones, esto es, la Renta M韓ima de Inserci髇 Social, como prestaci髇 auton髆ica de Andaluc韆, y el Ingreso M韓imo Vital, prestaci髇 estatal, obliga a replantear el escenario de nuestra cobertura. En materia de seguridad social, amparada por el art韈ulo 149 de la Constituci髇 espa駉la, se establece un techo de ingresos m韓imos para la ciudadan韆. Sin embargo, hay situaciones determinadas que quedan fuera de la protecci髇 del Ingreso M韓imo Vital, como puede ser el caso de las personas menores de veintitr閟 a駉s en determinadas circunstancias o quienes est醤 en tr醡ite del reconocimiento de protecci髇 internacional, entre otros supuestos.

La prestaci髇 estatal viene a suponer una medida de garant韆 de ingresos, que permite a las comunidades aut髇omas complementar, desde las pol韙icas de lucha contra la pobreza, los perfiles de poblaci髇 que no atiende el Ingreso M韓imo Vital, as� como ajustar este m韓imo com鷑 para toda la poblaci髇 al nivel de vida de cada comunidad. Y es que hay supuestos, en los que el umbral de protecci髇 de ambas prestaciones es tan similar que una unidad familiar puede ser beneficiaria de Ingreso M韓imo Vital y de Renta M韓ima de Inserci髇 Social, simult醤eamente. Y esta situaci髇, que buscaba luchar contra la pobreza de los hogares, est� produciendo en multitud de unidades familiares andaluzas el efecto contrario. Es decir, hogares inicialmente protegidos por la Renta M韓ima de Inserci髇 Social, que pasan a ser beneficiarios del Ingreso M韓imo Vital, se encuentran en la obligaci髇 legal, por el dise駉 actual de la normativa, de reintegrar la prestaci髇 andaluza inicialmente concedida, por superar el l韒ite de ingresos establecidos para el percibo de la misma, ya que las cuant韆s a abonar a nivel estatal suelen ser superiores a la auton髆ica, suponiendo una obligaci髇 adicional para las familias, que es urgente evitar.

Para ello se hace necesario la modificaci髇 de la actual normativa sobre Renta M韓ima de Inserci髇 Social de Andaluc韆, declarando la incompatibilidad de la prestaci髇 auton髆ica con la estatal, evitando generar futuros procedimientos de reintegros por pagos indebidos a personas y familias que luchan contra la pobreza en su hogar.

Por otro lado, la Administraci髇 Andaluza tambi閚 es consciente de que, a veces, la cuant韆 a percibir por un hogar en concepto de Ingreso M韓imo Vital puede ser insuficiente para mejorar la situaci髇 de crisis econ髆ica y social de una familia, por lo que se estima necesario destinar recursos a dichos hogares, dot醤dolos de una ayuda extraordinaria. Asimismo, las familias que no pueden ser beneficiarias de la prestaci髇 m韓ima estatal, podr醤 solicitar la Renta M韓ima de Inserci髇 Social y ser beneficiarias si cumplen los requisitos establecidos.

V閍se la Res. de 14 de junio de 2023, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 5 de junio de 2023, de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de la Controversias de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, en relaci髇 con el D.-ley 14/2022, de 20 de diciembre, por el que se adoptan medidas de car醕ter extraordinario y urgente en materia de Renta M韓ima de Inserci髇 Social, bono social t閞mico y de simplificaci髇 de los procedimientos de expedici髇 del t韙ulo de familia numerosa y de atenci髇 a las personas con discapacidad en Andaluc韆 (獴.O.E.� 26 junio).LE0000763494_20230626

II

El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transici髇 energ閠ica y la protecci髇 de los consumidores, crea en su art韈ulo 5 el programa de concesi髇 directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energ閠ica en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energ韆 destinada a calefacci髇, agua caliente sanitaria o cocina, denominado Bono Social T閞mico.

De acuerdo con este Real Decreto-ley, las personas beneficiarias del bono social t閞mico ser醤 aquellas personas consumidoras que sean beneficiarias del bono social de electricidad previsto en el art韈ulo 45 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, del Sector El閏trico, a 31 de diciembre del a駉 anterior. El criterio de distribuci髇 de la ayuda del bono social t閞mico entre las personas beneficiarias se recoge en el art韈ulo 9, donde la cuant韆 a percibir por cada persona beneficiaria se determinar� atendiendo a su grado de vulnerabilidad, as� como a la zona clim醫ica en la que se localice la vivienda en la que se encuentra empadronada.

El bono social t閞mico se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero la gesti髇 y el pago de las ayudas corresponde a las Comunidades Aut髇omas. A estos efectos, se establece que el Ministerio para la Transici髇 Ecol骻ica, actualmente Ministerio para la Transici髇 Ecol骻ica y Reto Demogr醘ico, calcular� la distribuci髇 territorial del presupuesto disponible y transferir� los importes de las ayudas a las administraciones competentes para su pago.

Ello encuentra su fundamento en que nos encontramos ante una actuaci髇 que cabe encuadrar en materia de asistencia social, competencia que ha sido asumida estatutariamente por todas las Comunidades Aut髇omas, sin perjuicio de la competencia del legislador estatal para establecer los criterios y metodolog韆 para el reparto y c醠culo de la ayuda unitaria. En particular, en lo que concierne a la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, el Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, regula en su art韈ulo 61 que corresponde a la Comunidad Aut髇oma la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que en todo caso incluye, entre otras, la regulaci髇, ordenaci髇 y gesti髇 de servicios sociales, las prestaciones t閏nicas y las prestaciones econ髆icas con finalidad asistencial o complementarias de otros sistemas de protecci髇 p鷅lica.

El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, preve韆 en su art韈ulo 11 la obligaci髇 de las comercializadoras de referencia de facilitar los datos personales de las personas beneficiarias del bono social de electricidad, a 31 de diciembre del a駉 anterior, al 髍gano competente de la Administraci髇 General del Estado.

Sin embargo, dicho precepto ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 134/2020, de 23 de septiembre, por considerar que la informaci髇 que se solicita a las comercializadoras de referencia tiene como fin determinar el importe de la ayuda del bono social t閞mico y proceder a su pago, lo que excede de las facultades estatales en relaci髇 con la ayuda, al estar directamente vinculado a las tareas de gesti髇 que son competencia de las Comunidades Aut髇omas.

La declaraci髇 de inconstitucionalidad de este precepto dificulta actualmente el acceso por parte de las Comunidades Aut髇omas a una serie de datos que est醤 en poder de las comercializadoras de referencia, y que son imprescindibles para la gesti髇 y el abono del bono social t閞mico.

Es por ello que se hace necesario y urgente dotar de cobertura legal a la obligaci髇 de las comercializadoras de referencia de facilitar los datos personales de las personas beneficiarias del bono social de electricidad en el 醡bito territorial de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, a fin de que por parte de esta Administraci髇 se pueda proceder a la tramitaci髇 y pago de las ayudas en cada ejercicio.

La necesidad de imponer dicha obligaci髇 en una norma con rango de ley encuentra igualmente su fundamento en lo previsto en el art韈ulo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci髇 de las personas f韘icas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci髇 de esos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protecci髇 de datos).

Por su parte, la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales, regula el tratamiento de datos por obligaci髇 legal en su art韈ulo 8, remiti閚dose a lo previsto en el art韈ulo 6.1.c) del citado Reglamento (UE) 2016/679.

De este modo, la comunicaci髇 de los datos personales de las personas beneficiarias del bono social de electricidad por las comercializadoras de referencia al 髍gano competente para la tramitaci髇 y pago del bono social t閞mico estar韆 amparada por una obligaci髇 legal, y eximir韆 al responsable del tratamiento de la obligaci髇 de comunicar a los interesados la informaci髇 prevista en los apartados 1 y 2 del art韈ulo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, todo ello de conformidad con lo previsto en su apartado quinto, letra c).

Y as�, y con el 鷑ico fin de poder determinar el importe de la ayuda del bono social t閞mico y proceder a su pago, se procede a regular la exigencia a las comercializadoras de referencia para que remitan a la Consejer韆 con competencias en materia de servicios sociales u 髍gano competente que le sustituya en la concesi髇 y pago de estas ayudas, antes del 31 de enero de cada a駉, un listado de sus clientes cuyos puntos de suministros se encuentren en la Comunidad de Aut髇oma de Andaluc韆 que sean beneficiarios del bono social el閏trico a 31 de diciembre del a駉 anterior.

III

El Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, declara en el art韈ulo 17.1 que se garantiza la protecci髇 social, jur韉ica y econ髆ica de la familia, regul醤dose por ley el acceso a las ayudas p鷅licas teniendo en cuenta las diferentes modalidades de familia existentes. En este 醡bito, las familias numerosas tienen una especial consideraci髇 que se recoge en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci髇 a las Familias Numerosas, que actualiz� y mejor� la acci髇 protectora a este colectivo y el ajuste al orden constitucional de distribuci髇 territorial de competencias.

Mediante Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protecci髇 a las familias numerosas, que igualmente resulta de aplicaci髇 general a las Comunidades Aut髇omas al amparo del art韈ulo 149.1.1.� y 17.� de la Constituci髇.

El tiempo transcurrido desde la aprobaci髇 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, hizo necesaria la realizaci髇 de determinados ajustes normativos para ofrecer a estas familias una atenci髇 m醩 adaptada a la realidad social, que fueron recogidos en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificaci髇 del sistema de protecci髇 a la infancia y a la adolescencia.

Entre las novedades introducidas destaca en su disposici髇 final quinta la modificaci髇 de las condiciones de mantenimiento de los efectos del t韙ulo oficial de familia numerosa, que permite que las familias sigan disfrutando de su derecho al t韙ulo y a los beneficios consecuentes aunque los hijos o hijas mayores ya no est閚 incluidos por cumplimiento de la edad m醲ima.

A ra韟 de esta modificaci髇 normativa se produjo en nuestra Comunidad Aut髇oma un aumento considerable en las solicitudes de renovaci髇 del t韙ulo de familia numerosa, con la consecuente carga administrativa en las unidades tramitadoras, la acumulaci髇 de expedientes y en ocasiones, el retraso en el plazo m醲imo de tres meses para emitir las resoluciones.

El procedimiento para el reconocimiento de la condici髇 de familia numerosa as� como para la expedici髇 y renovaci髇 del t韙ulo que acredita dicha condici髇 y categor韆, que compete a la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 seg鷑 lo previsto en el art韈ulo 5.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, est� regulado mediante Decreto 172/2020, de 13 de octubre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condici髇 de familia numerosa y su categor韆, la expedici髇, renovaci髇, modificaci髇 o revocaci髇 del t韙ulo y del carn� de familia numerosa, en la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆.

Andaluc韆 cuenta con 151.757 t韙ulos de familia numerosa en vigor, de los cuales 134.117 son de categor韆 general y 17.640 de categor韆 especial, afectando a un total de 670.016 andaluces y andaluzas, seg鷑 muestra el Sistema Integrado de Servicios Sociales al finalizar septiembre de 2022.

Un n鷐ero tan elevado supone un alto volumen de gesti髇 y tramitaci髇 de expedientes administrativos por cuanto el t韙ulo de familia numerosa ha de ser renovado, si se mantienen las circunstancias con las que se concedi�, cuando expira su vigencia y ha de modificarse cuando var韆 el n鷐ero de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedici髇 o posterior renovaci髇 del t韙ulo y ello suponga un cambio de categor韆 o la p閞dida de la condici髇 de familia numerosa, as� como cuando alguno de los hijos/as deje de reunir las condiciones para figurar como miembro de la familia numerosa, aunque ello no suponga modificaci髇 de la categor韆 en que esta est� clasificada o la p閞dida de tal condici髇.

Adem醩 del alto volumen de expedientes es necesario precisar que la evoluci髇 que est� sufriendo la instituci髇 de la familia, las diversas realidades familiares que se dan en la actualidad y la existencia cada vez mayor de familias reconstituidas, en las que sus componentes proceden de familias anteriores, con progenitores separados o divorciados y nuevamente casados, provocan que el estudio y resoluci髇 de los expedientes sea cada vez m醩 complejo y lento.

Todo ello hace necesario que sea solicitada gran cantidad de documentaci髇 acreditativa de las distintas situaciones familiares que de uno u otro modo condicionan el reconocimiento y concesi髇 del t韙ulo y la renovaci髇 del mismo, tanto en el momento de la solicitud inicial, para justificar el cumplimiento de las condiciones que dan derecho al mismo, como en el momento de la renovaci髇, para acreditar que se siguen manteniendo las condiciones que dieron lugar a su reconocimiento inicial.

La acumulaci髇 de gran volumen de expedientes con un alto n鷐ero de documentos y situaciones a revisar o contrastar mediante mecanismos electr髇icos provoca retrasos en la emisi髇 de resoluciones m醩 all� del plazo determinado para resolver y notificar la misma a la persona solicitante. La consecuencia de la no resoluci髇 y notificaci髇 en plazo en el caso de las renovaciones del t韙ulos es muy negativa para la persona solicitante, dado que una vez llegado el vencimiento del t韙ulo sin respuesta por parte de la Administraci髇 tiene que hacer frente a la p閞dida de todos los derechos o beneficios de los que ven韆 disfrutando.

En este sentido no debe olvidarse que el art韈ulo 9.2 de la Constituci髇 Espa駉la establece el principio de igualdad material, que debe llevar al legislador a introducir medidas correctoras necesarias para que los miembros de las familias numerosas no queden en situaci髇 de desventaja en lo que se refiere al acceso a los bienes econ髆icos, culturales o sociales.

Esta situaci髇 se torna de especial gravedad en la situaci髇 de crisis que est醤 viviendo las familias espa駉las, en general, y andaluzas, en particular. Y es preciso acometer todas las actuaciones necesarias para garantizar que las familias numerosas sigan disfrutando de los derechos y beneficios asociados a tal condici髇 sin soluci髇 de continuidad siempre que se sigan manteniendo las condiciones que se ostentaban en el momento del reconocimiento. No hacerlo supondr韆 la p閞dida de beneficios para las familias en el momento en que 閟tas m醩 lo necesitan, tales como el disfrute del bono social t閞mico y el閏trico, la p閞dida de la reducci髇 o exenci髇 del pago de las matr韈ulas universitarias o la reducci髇 que opera sobre el IBI, y tendr韆 un impacto muy negativo para la infancia y adolescencia, principales beneficiarios de los t韙ulos y cuyos intereses superiores son una obligaci髇 ineludible que debe ser garantizada por las Administraciones p鷅licas.

Por tanto, se considera necesario simplificar el procedimiento de expedici髇,renovaci髇 y modificaci髇 del t韙ulo de familia numerosa, mediante la incorporaci髇 al mismo de mecanismos que hagan m醩 醙il su tramitaci髇. Si bien con la publicaci髇 del Decreto 172/2020, de 13 de octubre, ya se orden� el procedimiento identificando la documentaci髇 a presentar tanto para el reconocimiento de la condici髇 de familia numerosa mediante la expedici髇 inicial del t韙ulo como para la renovaci髇 y/o modificaci髇 del mismo, incorporando en algunos casos el uso de una declaraci髇 responsable en sustituci髇 de documentaci髇 acreditativa de determinadas situaciones, en este momento se hace imprescindible acudir a este tipo de instrumento jur韉ico para avanzar en materia de simplificaci髇 y agilizaci髇 administrativa.

El uso de la declaraci髇 responsable en los casos de solicitud de renovaci髇 del t韙ulo de familia numerosa, cuando no se han producido alteraciones o modificaciones en las circunstancias familiares supondr� un gran ahorro en el tiempo destinado al estudio, tramitaci髇 y resoluci髇 de este tipo de solicitudes, lo que producir� de facto una mayor agilidad en el tiempo de respuesta a la ciudadan韆.

Analizadas las situaciones sociales, econ髆icas y sanitarias de los 鷏timos dos a駉s y c髆o 閟tas han influido en las familias andaluzas, con el objeto de garantizar el mantenimiento de los derechos asociados al reconocimiento del t韙ulo, y en aras de una mayor protecci髇 a la infancia y adolescencia, se faculta al centro directivo competente en materia de familias a, mediante resoluci髇, determinar plazos de vigencia extraordinaria del t韙ulo de familia numerosa.

Y por 鷏timo, es necesario incluir una medida extraordinaria tendente a garantizar la continuidad de la vigencia de los t韙ulos cuya renovaci髇 ha sido solicitada y no han recibido resoluci髇 por el 髍gano competente. Se trata de una medida correctora para determinar una nueva fecha fin de validez que ser� desarrollada mediante actuaci髇 administrativa automatizada. Operar� para todos los t韙ulos cuya renovaci髇 ha sido solicitada entre el 1 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2022, entendiendo que les es de aplicaci髇 lo establecido en la presente norma respecto de la declaraci髇 responsable.

IV

La Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula el procedimiento para su concesi髇, debe ser modificada al quedar desfasada en muchos aspectos.

En un principio, se estableci� un procedimiento para su concesi髇, pero en este momento, el procedimiento ya no es necesario, ya que la tarjeta es esencialmente acreditativa del grado. Y conseguido un grado igual o superior al 33%, la tarjeta se entrega autom醫icamente junto a la resoluci髇 administrativa que lo establece. La existencia de un procedimiento, con solicitud, resoluci髇, pie de recurso, etc, genera mucha confusi髇 en la ciudadan韆 y trabajo innecesario en los Centros de Valoraci髇 y Orientaci髇 que tramitan este procedimiento.

Existe una importante saturaci髇 de trabajo en los Centros de Valoraci髇 y Orientaci髇 de Andaluc韆. El problema m醩 acuciante al que se enfrentan es el de la demora a la hora de resolver el procedimiento de grado de discapacidad. La valoraci髇 del grado de discapacidad constituye la piedra angular alrededor de la que gira todo el sistema de servicios sociales relacionado con los servicios y prestaciones del colectivo de personas con discapacidad.

La estructura de los centros, as� como el procedimiento para obtener el grado son de un tiempo en el que la discapacidad era un estigma que se procuraba no visibilizar. En este momento, y cada vez m醩, la discapacidad ya no es un estigma, y desde la Administraci髇 se protege a las personas con discapacidad con medidas de discriminaci髇 positiva que son un reclamo en tiempos de crisis. El n鷐ero de solicitudes de grado ha aumentado exponencialmente en los 鷏timos veinte a駉s.

Cuando se cre� la tarjeta hace 11 a駉s el deseo del legislador era que las personas con un grado igual o superior al 33% pudieran disfrutar de este medio de acreditaci髇, a trav閟 de una tarjeta plastificada, que facilitar韆 el acceso de sus titulares a multitud de servicios. Era necesario crear para ello un procedimiento de solicitud, pero solo para los titulares existentes. Para las nuevas resoluciones de grado, no ser韆 necesario el procedimiento, porque la tarjeta se entrega autom醫icamente junto a la resoluci髇. Con la modificaci髇 propuesta se elimina esa carga extra de trabajo y la tarjeta se convierte en lo que realmente es, una tarjeta que acredita un grado preexistente y que ya no es necesario solicitar, por lo que es una modificaci髇 necesaria y urgente.

La demora en los Centros de Valoraci髇 y Orientaci髇 llega en algunos casos hasta los dos a駉s, entre el momento en que se solicita la valoraci髇 del grado y la fecha en que se obtiene la resoluci髇 por la que se establece. En este sentido, la discapacidad es una materia transversal, que se aplica y se tiene en cuenta, como factor subjetivo, en muchos 醡bitos de competencia aparentemente ajenos y que se tiene en cuenta para el acceso la Renta M韓ima de Inserci髇 Social, al bono social t閞mico y el閏trico o en los requisitos establecidos para la consideraci髇 de una familia como numerosa.

Por otro lado, estamos en un momento especialmente sensible. Estamos viviendo en una realidad econ髆ica marcada por una situaci髇 inflacionista y una crisis energ閠ica, entre otros factores, que afecta a las familias m醩 vulnerables, por lo que resulta de extraordinaria y urgente necesidad reducir las cargas de trabajo y llevar a cabo la deseada simplificaci髇 administrativa. La modificaci髇 de la Orden de 17 de marzo de 2011 entra de lleno en este campo, ya que la demora en la valoraci髇 y obtenci髇 del grado de discapacidad puede ser un obst醕ulo a la hora de acceder a las ayudas.

Del mismo modo, y por las mismas razones que subyacen en la necesidad de modificar la Orden de 17 de marzo de 2011, la Orden de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas de aparcamiento de veh韈ulos para personas con movilidad reducida en Andaluc韆, necesita ser modificada. Hay caracter韘ticas en la tarjeta, como la necesidad continua de renovaci髇, que generan un trabajo administrativo innecesario y contribuyen a aumentar el n鷐ero de tarjetas caducadas no devueltas, lo que facilita su uso indebido por parte de personas sin movilidad reducida. Por todo ello, se hace necesario eliminar la necesidad de renovaci髇 temporal, siempre que la movilidad reducida de la persona titular sea definitiva.

V

Las razones expuestas determinan la urgente necesidad y conducen a que el presente Decreto-ley sea el instrumento eficaz que puede dar respuesta, en tiempo, a una situaci髇 que requiere de una actuaci髇 inmediata, dando con ello cumplimiento a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Es un objetivo de la Junta de Andaluc韆 el cumplimiento del principio de racionalizaci髇, simplificaci髇 y agilidad de los procedimientos, recogido en el art韈ulo 3.�) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y, en particular en estos procedimientos que afectan a personas en situaci髇 de especial vulnerabilidad y las familias numerosas andaluzas, siendo esta regulaci髇 necesaria y eficaz y fundada en razones de inter閟 general, por cuanto focaliza, por un lado, el empleo de los recursos p鷅licos en aquellas situaciones que quedan fuera de la cobertura b醩ica del estado, o que estando cubiertos, sus ingresos totales son m韓imos, y por otro, al simplificar el procedimiento de renovaci髇 del t韙ulo de familia numerosa, as� como los procedimientos de obtenci髇 de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y de las tarjetas de aparcamiento de veh韈ulos para personas con movilidad reducida en Andaluc韆, reduce ostensiblemente los tiempos de gesti髇, aumentando la eficacia y capacidad de respuesta a la ciudadan韆 entendiendo que no existe otro mecanismo m醩 que el de una norma con rango de ley. Igualmente es una raz髇 de inter閟 general, poder tramitar y realizar el pago por parte de la Comunidad Aut髇oma del bono social t閞mico a aquellos consumidores que hubieran sido beneficiarios del bono social de electricidad, a 31 de diciembre del a駉 anterior. En este punto, Andaluc韆 es una de las comunidades aut髇omas m醩 afectadas por la crisis energ閠ica con impacto en m醩 de un 30% de los hogares. La subida de los precios, casi un 14%, la guerra de Ucrania y la escasez en el suministro de fuentes energ閠icas est� mermando la econom韆 de la ciudadan韆. Como en el resto del territorio nacional, la llegada del invierno y las bajas temperaturas, unido a la vulnerabilidad econ髆ica en la que se encuentran muchos hogares en los que no se pueden satisfacer las necesidades b醩icas de suministros de energ韆, sit鷄 a aquellas familias m醩 vulnerables en riesgo de pobreza energ閠ica, al tener que destinar un porcentaje elevado de sus ingresos mensuales al pago del recibo de la luz. Ante esta situaci髇, se hace necesario regular la obligaci髇 de las comercializadoras de facilitar la informaci髇 precisa para con posterioridad poner en marcha de manera urgente la gesti髇 del pago del Bono Social T閞mico, como herramienta que amortig黣 las carencias que un invierno de fr韔 puede provocar en la econom韆 de los hogares andaluces m醩 vulnerables.

En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un Decreto-ley, su tramitaci髇 se encuentra exenta de consulta p鷅lica previa y de los tr醡ites de audiencia e informaci髇 p鷅licas. Asimismo, resulta proporcional y transparente porque su regulaci髇 incluye 鷑icamente aquellos preceptos que se configuran como elementos necesarios para la salvaguarda del inter閟 p鷅lico en este momento, e igualmente se garantiza el principio de seguridad jur韉ica al incardinar las medidas que se adoptan en el conjunto del ordenamiento jur韉ico aplicable.

Por 鷏timo, tambi閚 se cumple con el principio de eficiencia toda vez que no se imponen nuevas cargas administrativas que no sean imprescindibles frente a las previstas en la regulaci髇 actual.

La regulaci髇 del Decreto-ley en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 se contempla en el art韈ulo 110 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆 que establece que 玡n caso de extraordinaria y urgente necesidad el Consejo de Gobierno podr� dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos-leyes, que no podr醤 afectar a los derechos establecidos en este Estatuto, al r間imen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andaluc韆. No podr醤 aprobarse por Decreto-ley los presupuestos de Andaluc韆�. En las medidas que se adoptan en el presente Decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, considerando, por otra parte, que los objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo requieren de una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia, sin que este Decreto-ley constituya un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional.

En el presente caso, el objeto de este Decreto-ley es coherente con la figura de este instrumento normativo, puesto que hay que dar una respuesta inmediata a los efectos sociales y econ髆icos de las familias y de la ciudadan韆 m醩 vulnerable de Andaluc韆, que se ve perjudicada por la demora en los procedimientos de concesi髇 de la renta m韓ima social, del t韙ulo de familia numerosa y reconocimiento del grado de discapacidad. Por todo lo expuesto, es de considerar que la figura del Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia sea subvenir a una situaci髇 concreta, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes.

En el presente caso, el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia es paliar una situaci髇 concreta, en la que la problem醫ica social y econ髆ica afecta especialmente a las familias con m醩 hijos, convirtiendo a 閟tas en m醩 vulnerables, motivo por el que la Administraci髇 ha de actuar con car醕ter inmediato.

Debe se馻larse tambi閚 que este Decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I de la Constituci髇, tampoco afecta a los derechos establecidos en el Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, al r間imen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andaluc韆.

VI

De acuerdo con lo expuesto, el presente Decreto ley se estructura en tres art韈ulos, dos disposiciones transitorias y cinco finales.

En el art韈ulo 1 se modifican diversos preceptos del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, para establecer la incompatibilidad de la prestaci髇 auton髆ica con el Ingreso M韓imo Vital y crear una ayuda complementaria a la prestaci髇 estatal.

Mediante el art韈ulo 2, con el 鷑ico fin de poder determinar el importe de la ayuda del bono social t閞mico y proceder a su pago, se procede a regular la exigencia a las comercializadoras de referencia de remitir informaci髇 imprescindible en la concesi髇 y pago de estas ayudas, antes del 31 de enero de cada a駉, mediante un listado de aquellos de sus clientes cuyos puntos de suministros se encuentren en la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 que sean beneficiarios del bono social el閏trico a 31 de diciembre del a駉 anterior.

El art韈ulo 3 modifica el Decreto 172/2020, de 13 de octubre, para permitir, en algunos casos, el uso de una declaraci髇 responsable en sustituci髇 de documentaci髇 acreditativa de determinadas situaciones en las renovaciones del t韙ulo de familia numerosa. En cuanto a las disposiciones transitorias, la primera va referida a los procedimientos de concesi髇 de la Renta M韓ima de Inserci髇 Social en Andaluc韆 en tramitaci髇, y la segunda, permite la aplicaci髇 retroactiva de la declaraci髇 responsable en la renovaci髇 de los t韙ulos de familia numerosa por llegar el t韙ulo a la fecha fin de vigencia.

Por 鷏timo, en las disposiciones finales primera y segunda se modifican procedimientos que se tramitan por los Centros de Valoraci髇 y Orientaci髇 de Andaluc韆, simplific醤dolos y eliminando cargas administrativas innecesarias. Para concluir, se incluyen las disposiciones finales tercera, cuarta y quinta, relativas a la conservaci髇 del rango de las normas modificadas, habilitaci髇 para el desarrollo y entrada en vigor.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Inclusi髇 Social, Juventud, Familias e Igualdad, de conformidad con las previsiones establecidas en los art韈ulos 17.1 y 23 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, en uso de la facultad concedida por el art韈ulo 110 del citado Estatuto, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 y, previa deliberaci髇 del Consejo de Gobierno en su sesi髇 del d韆 20 de diciembre de 2022,

DISPONGO

CAP蚑ULO I
Medidas en materia de Renta M韓ima de Inserci髇 social en Andaluc韆

CAP蚑ULO II
Medidas en materia de bono social t閞mico

CAP蚑ULO III
Medidas de simplificaci髇 del procedimiento de expedici髇 del t韙ulo de familia numerosa

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposici髇 transitoria segunda Aplicaci髇 retroactiva de la declaraci髇 responsable en la renovaci髇 de los t韙ulos de familia numerosa por llegar el t韙ulo a la fecha fin de vigencia

1. En el marco de lo establecido en los art韈ulos 2, 3, 6 y 7 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci髇 a las Familias Numerosas y el art韈ulo 4 del Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protecci髇 a las familias numerosas se procede a prorrogar la vigencia de todos los t韙ulos de familia numerosa cuya renovaci髇 haya sido solicitada por llegar el t韙ulo a la fecha fin de vigencia, entre 1 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2022, mediante los mecanismos establecidos en el art韈ulo 4 del Decreto 172/2020, de 13 de octubre, y est閚 pendientes de resoluci髇 a la fecha de entrada en vigor de este Decreto-ley, entendiendo que les es de aplicaci髇 lo establecido en el art韈ulo 8 decreto 172/2020, de 13 de octubre, respecto de la declaraci髇 responsable. Las nuevas fechas de validez ser醤 comunicadas mediante la correspondiente notificaci髇 de la resoluci髇 que emita el 髍gano competente para resolver, conforme a los siguientes criterios, sin perjuicio de lo establecido en el apartado tercero de esta disposici髇 transitoria, y de la potestad de la Administraci髇 de revisi髇 de sus propios actos:

• a) Todos los t韙ulos cuya solicitud de renovaci髇 responda al cumplimiento de 21 a駉s de alguno de los hijos o hijas ser醤 renovados hasta los 25 a駉s de 閟tos o estas.
• b) El resto de las solicitudes de renovaci髇 ser醤 resueltas prorrogando dos a駉s el t韙ulo de familia numerosa, que ser醤 contados desde el d韆 siguiente a aquel en que cumpliera su vigencia el t韙ulo cuya renovaci髇 se solicita, cuando esta solicitud se haya presentado dentro de los tres meses anteriores al vencimiento del t韙ulo o desde la fecha de solicitud si esta se ha presentado fuera del citado plazo.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 en ning鷑 caso ser� de aplicaci髇 a las solicitudes de modificaci髇 del t韙ulo de familia numerosa motivadas por cambios en la unidad familiar cuando concurran las circunstancias previstas en el art韈ulo 7.2 del Decreto 172/2020, de 13 de octubre, que habr醤 de ser comunicadas a la Administraci髇 dentro del plazo de tres meses desde que se produzca la causa de modificaci髇, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 17 de la ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci髇 a las Familias Numerosas.

3. En virtud de lo expuesto en el art韈ulo 17 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, en los casos en que durante el periodo de vigencia otorgado mediante la pr髍roga que regula este Decreto-ley se produjeran circunstancias que dieran lugar a la modificaci髇 o extinci髇 del t韙ulo de familia numerosa, las personas que forman parte de las unidades familiares a las que se haya reconocido el t韙ulo est醤 obligadas a comunicar a la Administraci髇 competente, en el plazo m醲imo de tres meses, cualquier variaci髇 que se produzca en su familia a efectos de modificar o extinguir el mismo. La no comunicaci髇 a la Administraci髇 competente en el periodo indicado constituye infracci髇 leve, susceptible de ser sancionada conforme a lo establecido en el art韈ulo 18 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre.

4. De acuerdo con el art韈ulo 13.1 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuaci髇 y funcionamiento del sector p鷅lico por medios electr髇icos, la tramitaci髇 electr髇ica de las actuaciones administrativas previstas en el apartado 1 podr� llevarse a cabo de manera automatizada de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, y con el art韈ulo 40 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administraci髇 electr髇ica, simplificaci髇 de procedimientos y racionalizaci髇 organizativa de la Junta de Andaluc韆.

5. La persona titular del 髍gano directivo con competencias en materia de familias autorizar� las actuaciones administrativas automatizadas conforme a lo establecido en el art韈ulo 13.2 del Reglamento de actuaci髇 y funcionamiento del sector p鷅lico por medios electr髇icos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.

LE0000836907_20240217Disposici髇 transitoria segunda redactada por el art韈ulo 123 del D.-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificaci髇 y racionalizaci髇 administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y el impulso de la actividad econ髆ica en Andaluc韆 (獴.O.J.A.� 16 febrero).Vigencia: 17 febrero 2024

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 de la Orden de la Consejer韆 de Igualdad y Pol韙icas Sociales, de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas de aparcamiento de veh韈ulos para personas con movilidad reducida en Andaluc韆

Se modifica el art韈ulo 9.1 de la Orden de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas de aparcamiento de veh韈ulos para personas con movilidad reducida en Andaluc韆, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

�1. La tarjeta de aparcamiento de veh韈ulos para personas con movilidad reducida se otorgar� con car醕ter indefinido. No obstante, cuando el reconocimiento del grado de discapacidad tenga car醕ter provisional, la tarjeta se conceder� por el plazo de revisi髇 del grado de discapacidad correspondiente.�

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