DECRETO 37/2024, de 6 de febrero, sobre evaluación y certificación de conocimientos de lengua general de catalán

Ficha:

ÓrganoDepartamento de Cultura
Publicado en DOGC núm. 9097 de 08 de Febrero de 2024
Vigencia desde 09 de Febrero de 2024. Revisión vigente desde 31 de Octubre de 2025

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Sumario

Norma afectada por

31/10/2025

LE0000976423_20251031

D 233/2025 de 28 Oct. CA Cataluña (modificación del Decreto 37/2024, de 6 Feb., sobre evaluación y certificación de conocimientos de lengua general de catalán)

Ocultar / Mostrar comentarios: Artículo 4 redactado conforme establece el artículo 1 del D 233/2025, 28 octubre, de modificación del Decreto 37/2024, de 6 de febrero, sobre evaluación y certificación de conocimientos de lengua general de catalán («D.O.G.C.» 30 octubre).
LE0000835853_20251031
Artículo 5 redactado por el artículo 2 del D 233/2025, 28 octubre, de modificación del Decreto 37/2024, de 6 de febrero, sobre evaluación y certificación de conocimientos de lengua general de catalán («D.O.G.C.» 30 octubre).
LE0000835853_20251031
Número 1 del artículo 9 redactado por el artículo 3 del D 233/2025, 28 octubre, de modificación del Decreto 37/2024, de 6 de febrero, sobre evaluación y certificación de conocimientos de lengua general de catalán («D.O.G.C.» 30 octubre).
LE0000835853_20251031
Disposición final primera introducida por el artículo 4 del D 233/2025, 28 octubre, de modificación del Decreto 37/2024, de 6 de febrero, sobre evaluación y certificación de conocimientos de lengua general de catalán («D.O.G.C.» 30 octubre).
LE0000835853_20251031
Disposición final segunda redactada por el artículo 5 del D 233/2025, 28 octubre, de modificación del Decreto 37/2024, de 6 de febrero, sobre evaluación y certificación de conocimientos de lengua general de catalán («D.O.G.C.» 30 octubre).
LE0000835853_20251031
Disposición final tercera renumerada por el artículo 5 del D 233/2025, 28 octubre, de modificación del Decreto 37/2024, de 6 de febrero, sobre evaluación y certificación de conocimientos de lengua general de catalán («D.O.G.C.» 30 octubre), su contenido literal se corresponde con el de la anterior disposición final segunda.
LE0000835853_20251031
Anexo redactado por el artículo 6 del D 233/2025, 28 octubre, de modificación del Decreto 37/2024, de 6 de febrero, sobre evaluación y certificación de conocimientos de lengua general de catalán («D.O.G.C.» 30 octubre).
LE0000835853_20251031

Preámbulo

El Estatuto de autonomía de Cataluña establece, en el artículo 6, que el catalán es la lengua propia de Cataluña, donde es lengua oficial. Asimismo, el artículo 143.1 del Estatuto dispone que corresponde a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva en materia de lengua propia, que incluye, en todo caso, la determinación del alcance, los usos y los efectos jurídicos de su oficialidad, y también la normalización lingüística del catalán. A su vez, los artículos 32 y 33 del Estatuto regulan los derechos y los deberes lingüísticos de las personas, establecen que ningún ciudadano ni ciudadana se puede ver discriminado por razones lingüísticas y reconoce el derecho de opción lingüística en las relaciones con las instituciones, las organizaciones y las administraciones públicas en Cataluña. El artículo 34 del Estatuto establece que todas las personas tienen derecho a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan en su condición de usuarias o consumidoras de bienes, productos y servicios. El artículo 50 del Estatuto dispone que los poderes públicos deben proteger el catalán en todos los ámbitos y sectores, y deben fomentar su uso, difusión y conocimiento.

Para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía en cuanto a la lengua catalana como oficial y propia de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat debe establecer los mecanismos y las condiciones que permitan que la lengua llegue a la plena normalidad, así como facilitar su uso de forma que el derecho de opción lingüística de los ciudadanos y las ciudadanas sea efectivo en todos los ámbitos.

La exclusión de la enseñanza de la lengua catalana de la escuela, iniciada con la Real cédula de 23 de junio de 1768, perduró hasta la promulgación del Real decreto 2092/1978, también de 23 de junio, sin otras excepciones que los cortos periodos en los que la Mancomunidad de Cataluña primero y la Generalitat republicana después pudieron organizar la enseñanza.

La ausencia del catalán en los currículums escolares hacía necesario, una vez reconocida la oficialidad de la lengua propia del país, el establecimiento de un sistema de evaluación del conocimiento de lengua de los ciudadanos y de las ciudadanas que lo solicitaran, con independencia de su nivel de estudios. Por eso, en 1934 la Consejería de Cultura de la Generalitat de Catalunya creó el Tribunal Permanente de Catalán, presidido por Pompeu Fabra, el cual, una vez recuperada la autonomía, fue nuevamente constituido como Junta Permanente de Catalán, adscrita a la Dirección General de Política Lingüística por la Orden del consejero de Cultura y Medios de comunicación de 17 de julio de 1981.

La Ley 7/1983, de 18 de abril, de normalización lingüística en Cataluña, estableció que no se podía expedir el certificado de grado de la enseñanza general básica a ningún alumno o alumna que, habiendo empezado esta enseñanza después de publicar la ley, no acreditara al acabarla un conocimiento suficiente del catalán y del castellano, y preveía las excepciones convenientes. Estas previsiones legislativas han sido incorporadas al artículo 21 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, que dispone que todos los niños, cualquiera que sea su lengua habitual al iniciar la enseñanza, deben poder utilizar normal y correctamente las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria.

Aun así, la existencia de un sector todavía importante de la ciudadanía que se vio impedido legalmente de aprender el catalán en la escuela, la condición abierta de la sociedad catalana, a la cual se incorporan constantemente personas que no lo han podido estudiar en sus lugares de origen, el incremento de la movilidad laboral y académica de los ciudadanos y de las ciudadanas de la Unión Europea en el contexto de la integración, y el aumento de la inmigración procedente de otros países, hacen necesario mantener un sistema de evaluación del conocimiento del catalán de la población adulta que voluntariamente desee acreditarlo.

El Decreto 152/2001, de 29 de mayo, sobre evaluación y certificación de conocimientos de catalán, reguló los certificados que acreditan de manera oficial el conocimiento del catalán por parte de la población adulta con independencia de la enseñanza reglada de la lengua. Los certificados se hacen corresponder con los niveles de competencia del Marco común de referencia para el aprendizaje y la evaluación de lenguas modernas del Consejo de Europa. Dicho Decreto fue modificado por el Decreto 3/2014, de 7 de enero; por el Decreto 3/2006, de 17 de enero; por el Decreto 386/2004, de 21 de septiembre, y por la disposición adicional segunda del Decreto 52/2003, de 20 de febrero, por el que se atribuye al Instituto Ramon Llull la competencia sobre la evaluación y la certificación del conocimiento del catalán como segunda lengua fuera del dominio lingüístico.

La experiencia acumulada en la evaluación de conocimientos lingüísticos aconseja establecer una nueva regulación de las pruebas para la obtención de los certificados, para dotarlas de un marco jurídico cierto que, a la vez, permita adecuar su estructura a los cambios sociolingüísticos que se puedan producir en Cataluña en el curso de los años. A la vez, se aprovecha la oportunidad para incluir en un texto único el decreto que regula la evaluación y la certificación de conocimientos de catalán y los otros textos que lo modifican, y para adecuar las denominaciones de los órganos competentes para ejecutar la norma a la estructura organizativa de cada momento.

De acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, las disposiciones de este Decreto están justificadas por disponer de un mecanismo más ágil para adaptar la estructura de las pruebas a los cambios sociolingüísticos que se vayan produciendo.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, las medidas que se incorporan contienen la regulación imprescindible para permitir que los ciudadanos y las ciudadanas tengan conocimiento de las competencias lingüísticas que tienen que acreditar para obtener los certificados de conocimiento de catalán y atender, así, la necesidad que se tiene que cubrir con esta norma.

La potestad reglamentaria se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico y facilita su comprensión, atendiendo al principio de seguridad jurídica, con el fin de disponer de un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certeza.

En cumplimiento del principio de transparencia, se ha posibilitado el acceso sencillo, universal y actualizado a la tramitación de esta disposición y a los documentos que conforman el expediente a través del Portal de Transparencia. La participación en la elaboración del proyecto se ha llevado a cabo mediante los trámites de consulta pública previa, de información pública y de audiencia. Asimismo, se han solicitado los informes preceptivos correspondientes.

Finalmente, en aplicación del principio de eficiencia, este Decreto no crea cargas administrativas nuevas para la ciudadanía, diferentes de las reguladas en el Decreto vigente que se deroga, y permite disponer de un marco normativo coherente y adecuado para evaluar y certificar los conocimientos de catalán.

Por lo tanto, la regulación contenida en este Decreto respeta los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en el artículo 62 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Por todo esto, dado el artículo 37.1 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística;

A propuesta de la consejera de Cultura, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora y de acuerdo con el Gobierno,

Decreto:

Artículo 1 Objeto

El objeto de este Decreto es regular los certificados de conocimiento de catalán y las pruebas para obtenerlos, al margen de los estudios reglados de catalán.

Este Decreto no es de aplicación a los certificados de conocimientos de catalán que expide el Instituto Ramon Llull ni a las pruebas para obtenerlos dentro del ámbito de sus competencias.

Artículo 2 Ámbito

Pueden tomar parte en las pruebas para la obtención de los certificados regulados en este Decreto las personas que tengan dieciséis años o más en el momento de realizarlas, de cualquier nacionalidad, que quieran acreditar su conocimiento de catalán al margen de los estudios reglados.

Artículo 3 Competencia

1. Corresponde al departamento de la Administración de la Generalitat competente en materia de política lingüística, mediante la unidad orgánica competente, convocar y administrar las pruebas, y expedir los certificados que regula este Decreto.

2. La unidad orgánica competente en materia de política lingüística debe velar para que las pruebas que regula este Decreto sean adecuadas a la función social que cumplen de acuerdo con la realidad sociolingüística de cada momento, los criterios pedagógicos, la evolución del sistema educativo, el respeto a la normativa del Institut d'Estudis Catalans, los avances de la lingüística catalana y los criterios de evaluación de lenguas que apliquen organismos reconocidos a otras lenguas europeas. También debe velar para que las pruebas garanticen la coordinación conveniente con las de los organismos encargados de la evaluación de conocimientos de catalán de los otros países de habla catalana.

Artículo 4 Certificados de conocimientos de lengua general

Los certificados de conocimientos de lengua general son los siguientes:

a) Certificado de nivel inicial (A1)
Las competencias lingüísticas comunicativas que acredita se corresponden con las del nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Acredita un dominio del uso de la lengua general que permite a la persona que es usuaria de esta hacer tareas muy sencillas para satisfacer necesidades básicas de la vida cotidiana.
b) Certificado de nivel básico (A2)
Las competencias lingüísticas comunicativas que acredita se corresponden con las del nivel A2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. Acredita un dominio del uso de la lengua general que permite a la persona que es usuaria de esta llevar a cabo tareas sencillas y habituales en situaciones simples de comunicación propias de la vida cotidiana.
c) Certificado de nivel elemental (B1)
Las competencias lingüísticas comunicativas que acredita se corresponden con las del nivel B1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. Acredita un dominio del uso de la lengua general que permite a la persona que es usuaria de esta desarrollarse con efectividad y autonomía en la mayoría de las situaciones cotidianas de comunicación, usando estructuras básicas.
d) Certificado de nivel intermedio (B2)
Las competencias lingüísticas comunicativas que acredita se corresponden con las del nivel B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. Acredita un dominio del uso de la lengua general que permite a la persona que es usuaria de esta afrontar satisfactoriamente un amplio abanico de situaciones de comunicación con cierto grado de independencia lingüística, así como un grado suficiente de recursos lingüísticos para expresarse con seguridad, flexibilidad, fluidez y corrección.
e) Certificado de nivel de suficiencia (C1)
Las competencias lingüísticas comunicativas que acredita se corresponden con las del nivel C1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. Acredita un dominio del uso de la lengua general, en la variedad estándar, que permite a la persona que es usuaria de esta comunicarse con adecuación y corrección en situaciones comunicativas de los ámbitos social y laboral que requieren el uso de un lenguaje medianamente formal o formal.
f) Certificado de nivel superior (C2)
Las competencias lingüísticas comunicativas que acredita se corresponden con las propias del nivel C2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. Acredita la capacidad de la persona usuaria de la lengua para expresarse con espontaneidad, flexibilidad, complejidad, fluidez y corrección, así como para producir un discurso, oral o escrito, adecuado a la persona destinataria, a la finalidad comunicativa y al registro que exige la situación, así como también para entender y crear una amplia gama de textos largos y complejos relevantes y representativos de los ámbitos académico y laboral.

LE0000976423_20251031Artículo 4 redactado conforme establece el artículo 1 del D 233/2025, 28 octubre, de modificación del Decreto 37/2024, de 6 de febrero, sobre evaluación y certificación de conocimientos de lengua general de catalán («D.O.G.C.» 30 octubre).Vigencia: 31 octubre 2025

Artículo 5 Convocatoria de las pruebas

1. Las pruebas para obtener los certificados de conocimientos de catalán las convoca la persona titular de la unidad orgánica competente en materia de política lingüística con una resolución que se publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. En la resolución se tiene que indicar:

a) Los certificados que se convocan.
b) Las fechas de las pruebas escritas y las localidades donde se harán.
c) Las fechas, los plazos y los lugares, y también los sitios web, de inscripción y pago.
d) La documentación acreditativa que, si procede, hay que aportar.
e) El plazo y las condiciones para presentar solicitudes para recibir una atención especial, que consiste a adaptar las condiciones en que se administra la prueba a las dificultades alegadas.
f) La información relativa a las tasas a pagar y a las situaciones que dan derecho a bonificaciones y exenciones.
g) Las fechas y los lugares, y también los sitios web, en que se harán públicos los resultados de las pruebas y el procedimiento de revisión de los exámenes.
h) La composición del tribunal de cada uno de los niveles que se certifican.
i) La estructura de las pruebas de evaluación.

3. La convocatoria de las pruebas para obtener los certificados de los diferentes niveles se tiene que hacer de forma que las pruebas escritas no coincidan temporalmente, y que haya una distribución territorial razonable de los lugares donde se administran.

4. Hay que convocar, como mínimo, una prueba ordinaria anual para el certificado de cada uno de los niveles. La unidad orgánica competente en materia de política lingüística tiene que publicar en el web el calendario de pruebas ordinarias anual.

5. La persona titular de la unidad orgánica competente en materia de política lingüística puede convocar pruebas extraordinarias fuera del calendario de pruebas ordinarias anual. Las resoluciones por las cuales se convocan pruebas extraordinarias tienen que cumplir los requisitos de los apartados 1, 2 y 3.

LE0000976423_20251031Artículo 5 redactado por el artículo 2 del D 233/2025, 28 octubre, de modificación del Decreto 37/2024, de 6 de febrero, sobre evaluación y certificación de conocimientos de lengua general de catalán («D.O.G.C.» 30 octubre).Vigencia: 31 octubre 2025

Artículo 6 Requisitos para la inscripción en las pruebas

Para presentarse a las pruebas reguladas en este Decreto no se exige ningún requisito académico.

Artículo 7 Competencias lingüísticas evaluables en las pruebas

La descripción del nivel de conocimientos y uso de lengua correspondiente a la prueba de cada uno de los certificados es la que figura en el anexo de este Decreto.

Artículo 8 Tribunales

1. En las convocatorias de las pruebas para la obtención de los certificados a los que se hace referencia en el artículo 4, se debe nombrar un tribunal para cada certificado, integrado, al menos, por un presidente o presidenta, un secretario o secretaria y dos vocales designados por la persona titular de la unidad orgánica competente en materia de política lingüística entre personas profesionales de la evaluación de conocimientos de catalán. La composición del tribunal debe garantizar el principio de representación paritaria de mujeres y hombres regulado en el artículo 12.1 de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 2.i) de la misma ley.

2. Las funciones de los tribunales son las siguientes:

a) Elaborar, organizar, administrar, corregir y valorar las pruebas.
b) Proponer a la persona titular de la unidad orgánica competente en materia de política lingüística el nombramiento de auxiliares para la administración de las pruebas.
c) Aprobar los resultados.
d) Informar sobre los recursos administrativos que se presenten contra las calificaciones.

3. Contra las decisiones de los tribunales se puede interponer recurso de alzada ante la persona titular de la unidad orgánica competente en materia de política lingüística.

4. Para la elaboración, la organización, la administración y la corrección de las pruebas, los tribunales utilizan los recursos humanos y materiales de la unidad orgánica competente en materia de política lingüística, y pueden también recurrir a personal colaborador, que deben ser profesionales de la lengua catalana, quienes actúan siempre bajo la dirección de los tribunales y de acuerdo con los criterios establecidos por estos tribunales.

Artículo 9 Expedición y registro de certificados

1. Las personas declaradas aptas obtienen un certificado que lo acredita emitido por la unidad orgánica competente en materia de política lingüística.

LE0000976423_20251031Número 1 del artículo 9 redactado por el artículo 3 del D 233/2025, 28 octubre, de modificación del Decreto 37/2024, de 6 de febrero, sobre evaluación y certificación de conocimientos de lengua general de catalán («D.O.G.C.» 30 octubre).Vigencia: 31 octubre 2025

2. La unidad orgánica competente en materia de política lingüística lleva el Registro de certificados de conocimientos de catalán, que tiene carácter administrativo, en el que se inscriben los datos estrictamente identificativos de las personas que los han obtenido y la identificación alfanumérica de los certificados.

Disposición adicional

Los certificados que expide el Instituto Ramon Llull tienen, a todos los efectos, la misma validez y eficacia que los regulados en este Decreto.

Disposición transitoria

Los certificados expedidos a partir de 1981 por la Junta Permanente de Catalán, adscrita a la Dirección General de Política Lingüística, y los certificados expedidos a partir de 1991 por la Dirección General de Política Lingüística bajo la denominación de Certificado Internacional de Catalán, conservan toda su validez y quedan incorporados de oficio al Registro al que hace referencia el artículo 9.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Decreto 152/2001, de 29 de mayo, sobre evaluación y certificación de conocimientos de catalán.LE0000108198_20140110
b) Disposición adicional segunda del Decreto 52/2003, de 20 de febrero, por el que se atribuye al Instituto Ramon Llull la competencia sobre la evaluación y la certificación del conocimiento del catalán como segunda lengua fuera del dominio lingüístico.LE0000185559_20240209
c) Decreto 386/2004, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 152/2001, de 29 de mayo, sobre evaluación y certificación de conocimientos de catalán.LE0000205323_20040924
d) Decreto 3/2006, de 17 de enero, por el que se modifica el Decreto 152/2001, de 29 de mayo, sobre evaluación y certificación de conocimientos de catalán.LE0000224108_20060119
e) Decreto 3/2014, de 7 de enero, por el que se modifica el Decreto 152/2001, de 29 de mayo, sobre evaluación y certificación de conocimientos de catalán.LE0000520322_20140110

Disposiciones Finales

Disposición final primera Referencias a la unidad orgánica competente en materia de política lingüística

Cuando se menciona la unidad orgánica competente en materia de política lingüística, debe entenderse que se hace referencia a la unidad orgánica competente para convocar las pruebas para obtener los certificados que regula este Decreto, de acuerdo con el Decreto que establece la estructura del departamento competente en materia de política lingüística.

LE0000976423_20251031Disposición final primera introducida por el artículo 4 del D 233/2025, 28 octubre, de modificación del Decreto 37/2024, de 6 de febrero, sobre evaluación y certificación de conocimientos de lengua general de catalán («D.O.G.C.» 30 octubre).Vigencia: 31 octubre 2025

Disposición final segunda Validez de los certificados, los diplomas y los títulos emitidos por otros órganos y entidades

En el plazo de dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor de este Decreto se deben establecer los certificados, los diplomas y los títulos emitidos por otros órganos y entidades que se consideran válidos para acreditar ante las administraciones públicas los conocimientos de lengua general de catalán al margen de las enseñanzas obligatorias y postobligatorias no universitarias. Esto debe hacerse por orden del titular del departamento competente en materia de política lingüística, de acuerdo con la normativa vigente y sin perjuicio de lo que establece la disposición adicional.

LE0000976423_20251031Disposición final segunda redactada por el artículo 5 del D 233/2025, 28 octubre, de modificación del Decreto 37/2024, de 6 de febrero, sobre evaluación y certificación de conocimientos de lengua general de catalán («D.O.G.C.» 30 octubre).Vigencia: 31 octubre 2025

Disposición final tercera

Este decreto entra en vigor el día siguiente de ser publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

LE0000976423_20251031Disposición final tercera renumerada por el artículo 5 del D 233/2025, 28 octubre, de modificación del Decreto 37/2024, de 6 de febrero, sobre evaluación y certificación de conocimientos de lengua general de catalán («D.O.G.C.» 30 octubre), su contenido literal se corresponde con el de la anterior disposición final segunda.Vigencia: 31 octubre 2025