Decreto Foral 26/2025, de 23 de diciembre, por el que se desarrollan las normas de diligencia debida y las obligaciones de información de determinados proveedores de servicios de criptoactivos, y se modifican el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, y el Decreto Foral 25/2016, de 29 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de suministro de información acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua

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• INTRODUCCION
• Artículo 1 Objeto
• Artículo 2 Ámbito subjetivo
• Artículo 3 Normas de diligencia debida
• Artículo 4 Normas de diligencia debida para «personas físicas usuarias de criptoactivos»
• Artículo 5 Normas de diligencia debida para «entidades usuarias de criptoactivos»
• Artículo 6 Validez de las declaraciones obtenidas por el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información»
• Artículo 7 Obligación de información
• Artículo 8 Información a suministrar
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional única.   Interpretación conforme a los Comentarios de la OCDE
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria única.   Obligación de informar sobre las operaciones realizadas con monedas virtuales en el año 2025
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria única.   Derogación normativa
• Disposiciones Finales
  • Disposición final primera.   Modificación del Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales
  • Disposición final segunda.   Modificación de Reglamento de gestión tributaria y de desarrollo de las normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por el Decreto Foral 5/2020, de 21 de abril
  • Disposición final tercera.   Modificación del Decreto Foral 25/2016, de 29 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de suministro de información acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua
  • Disposición final cuarta.   Incorporación de derecho de la Unión Europea
  • Disposición final quinta.   Habilitación normativa
  • Disposición final sexta.   Entrada en vigor y efectos
• ANEXO
  • A.Criptoactivo sujeto a comunicación de información.
  • B.Proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información.
  • C.Operaciones sujetas a comunicación de información.
  • D.Usuario sujeto a comunicación de información.
  • E.Persona excluida.
  • F.Disposiciones diversas.

Artículo 1 Objeto

1. El presente decreto foral tiene por objeto la regulación de las obligaciones de los «proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información» con arreglo al artículo 8 bis quinquies y al anexo VI de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, modificada por la Directiva (UE) 2023/2226 del Consejo, de 17 de octubre de 2023, al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de acuerdo con el Marco de intercambio de información sobre criptoactivos, a otros acuerdos internacionales suscritos por España con los mismos objetivos de intercambio de información, y a la disposición adicional vigésima segunda de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2. Los términos utilizados en este decreto foral, así como en su normativa de desarrollo, en relación con las obligaciones a que se refiere la disposición adicional vigésima segunda de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, tendrán, conforme a lo dispuesto en el anexo VI de la Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, y en el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de acuerdo con el Marco de intercambio de información sobre criptoactivos, el significado contenido en su anexo, salvo que la normativa establezca otra cosa.

Artículo 2 Ámbito subjetivo

1. Estarán sujetos a las normas de diligencia debida y a las obligaciones de comunicación de información a las que se refiere el presente decreto foral los «proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información» definidos en los términos establecidos en el anexo, apartado B, de este decreto foral.

2. Las obligaciones de registro a las que estén sujetos los «operadores de criptoactivos» que sean «proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información» se regirán por la regulación establecida al efecto en el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, sin perjuicio de que los términos utilizados en dicha regulación tengan el significado previsto en el artículo 1.2 de este decreto foral.

Artículo 3 Normas de diligencia debida

1. Tendrán la consideración de normas de diligencia debida aquellas actuaciones que deban realizar los «proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información» dirigidas a la obtención, verificación y determinación de la información relativa a los «usuarios de criptoactivos» y, en el caso de «entidades usuarias de criptoactivos», a las «personas que ejercen el control».

2. Un «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» que también sea una «institución financiera» podrá basarse en las normas de diligencia debida seguidas con arreglo al anexo, secciones IV y VI, del Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua, a efectos de las normas de diligencia debida previstas en este decreto foral. Un «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» también podrá basarse en una declaración obtenida previamente con otros fines fiscales, siempre que dicha declaración cumpla los requisitos establecidos en el artículo 6 del presente decreto foral.

3. Un «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» podrá servirse de un tercero para cumplir las normas de diligencia debida reguladas en este decreto foral. En ningún caso el cumplimiento por el tercero excluirá la responsabilidad del proveedor por el cumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida.

4. No será obligatorio determinar la existencia de «personas que ejercen el control» de una «entidad usuaria de criptoactivos» si dicha entidad es una «persona excluida» o una «entidad activa».

Artículo 4 Normas de diligencia debida para «personas físicas usuarias de criptoactivos»

1. A efectos de determinar si una «persona física usuaria de criptoactivos» es un «usuario sujeto a comunicación de información», al establecer la relación de servicios con «personas físicas usuarias de criptoactivos», o en caso de «personas físicas usuarias de criptoactivos preexistentes» hasta el 1 de enero de 2027, el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» deberá obtener una declaración de las citadas personas que le permita determinar su residencia fiscal (o residencias fiscales) y verificar la razonabilidad de la declaración sobre la base de la información que el proveedor haya obtenido en el señalado momento, incluida toda la documentación recopilada en aplicación de los «procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente».

2. Si se produce un cambio de circunstancias con respecto a una «persona física usuaria de criptoactivos» a raíz del cual el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» conozca, o tenga motivos para conocer, que la declaración original es incorrecta o no fiable, el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» deberá obtener, bien una declaración válida, bien una explicación razonable y, en este último caso, la documentación que justifique la validez de la declaración original.

Artículo 5 Normas de diligencia debida para «entidades usuarias de criptoactivos»

1. A efectos de determinar si una «entidad usuaria de criptoactivos» es una «persona sujeta a comunicación de información», al establecer la relación de servicios con «entidades usuarias de criptoactivos», o en caso de «entidades usuarias de criptoactivos preexistentes» hasta el 1 de enero de 2027, el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» deberá obtener una declaración de las citadas entidades que le permita determinar su residencia fiscal (o residencias fiscales) y verificar la razonabilidad de la declaración sobre la base de la información que el proveedor haya obtenido en el señalado momento, incluida toda la documentación recopilada en aplicación de los «procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente». Si la «entidad usuaria de criptoactivos» certifica que no tiene residencia fiscal, el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» podrá basarse en el lugar de administración efectiva o en la dirección de la oficina principal para determinar su residencia.

Si la declaración indica que la «entidad usuaria de criptoactivos» es residente en España, en un Estado miembro de la Unión Europea o en una «jurisdicción reportable», el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» considerará a la «entidad usuaria de criptoactivos» como «usuario sujeto a comunicación de información», a menos que determine razonablemente, sobre la base de la declaración o de la información de que disponga o que sea pública, que la «entidad usuaria de criptoactivos» es una «persona excluida».

2. El «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» deberá determinar, con respecto a una «entidad usuaria de criptoactivos» que no sea una «persona excluida», si dicha entidad tiene una o varias «personas que ejercen el control» que son «personas sujetas a comunicación de información», a menos que, sobre la base de una declaración de la «entidad usuaria de criptoactivos», determine que dicha entidad es una «entidad activa».

A efectos de determinar las «personas que ejercen el control» de la «entidad usuaria de criptoactivos», el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» podrá basarse en la información recopilada y conservada con arreglo a los procedimientos establecidos en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa de desarrollo. Si el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» no está legalmente obligado a aplicar los procedimientos establecidos en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa de desarrollo o procedimientos coherentes con dicha ley o con la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.^o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, aplicará procedimientos sustancialmente similares a los establecidos en dichas normas a efectos de determinar las «personas que ejercen el control» de la «entidad usuaria de criptoactivos».

A efectos de determinar si una «persona que ejerce el control» es una «persona sujeta a comunicación de información», el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» se basará en la declaración de la «entidad usuaria de criptoactivos» u obtendrá una declaración de dicha «persona que ejerce el control» que le permita determinar su residencia fiscal (o residencias fiscales) y verificará la razonabilidad de la declaración sobre la base de la información que el proveedor haya obtenido, incluida toda la documentación recopilada en aplicación de los «procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente».

3. Si se produce un cambio de circunstancias con respecto a una «entidad usuaria de criptoactivos» o a las «personas que ejercen el control» sobre dicha entidad a raíz del cual el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» conozca, o tenga motivos para conocer, que la declaración original es incorrecta o no fiable, el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» deberá obtener, bien una declaración válida, bien una explicación razonable y, en este último caso, la documentación que justifique la validez de la declaración original.

Artículo 6 Validez de las declaraciones obtenidas por el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información»

1. La declaración obtenida por el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» de una «persona física usuaria de criptoactivos» o de una «persona que ejerce el control» será válida sólo si está firmada o confirmada positivamente de otro modo por la persona, está fechada a más tardar en la fecha de recepción y contiene la siguiente información relativa a dicha persona:

• a) Nombre y apellidos.
• b) Domicilio.
• c) Jurisdicción (o jurisdicciones) de residencia fiscal.
• d) Con respecto a cada «persona sujeta a comunicación de información», NIF en cada jurisdicción.
• e) Fecha de nacimiento.

2. La declaración obtenida por el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» de una «entidad usuaria de criptoactivos» será válida sólo si está firmada o confirmada positivamente de otro modo por la entidad, está fechada a más tardar en la fecha de recepción y contiene la siguiente información relativa a dicha entidad:

• a) Razón social o denominación completa.
• b) Domicilio.
• c) Jurisdicción (o jurisdicciones) de residencia fiscal.
• d) Con respecto a cada «persona sujeta a comunicación de información», NIF en cada jurisdicción.
• e) En su caso, motivos para su consideración como «entidad activa» o «persona excluida».

3. La declaración a la que se refiere el apartado 2 incluirá toda la información contenida en el apartado 1 respecto de cada «persona que ejerce el control» de la «entidad usuaria de criptoactivos» que no sea una «entidad activa» o una «persona excluida», salvo que el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» haya obtenido una declaración de cada «persona que ejerce el control» de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.

Asimismo, la declaración contendrá la función (o las funciones) en virtud de la cual cada «persona sujeta a comunicación de información» es una «persona que ejerce el control» de la referida entidad, si no se ha determinado previamente sobre la base de los «procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente».

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, no será obligatorio obtener el NIF si la jurisdicción de residencia no lo expide.

5. El «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» deberá confirmar que la información que conste en las declaraciones a las que se refiere este artículo son correctas o fiables antes de prestar los servicios relacionados con «operaciones sujetas a comunicación de información».

Artículo 7 Obligación de información

1. Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional vigésima segunda de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa y en el artículo 45 ter del Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, las personas o entidades que tuvieran la consideración de «proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información», vendrán obligadas a presentar una declaración informativa con respecto a sus «usuarios de criptoactivos» que sean «usuarios sujetos a comunicación de información» o que tengan «personas que ejerzan el control» que sean «personas sujetas a comunicación de información».

Esta declaración informativa tendrá carácter anual y se presentará según se determine por orden foral del diputado o de la diputada foral del Departamento de Hacienda y Finanzas. La orden foral contendrá la información a que se refiere el artículo 8 de este decreto foral, así como cualquier otro dato relevante al efecto para concretar aquella información, e incluirá la lista de «jurisdicciones reportables» y de «jurisdicciones cualificadas no pertenecientes a la Unión».

Los «proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información» vendrán igualmente obligados a presentar la citada declaración informativa, aun cuando tras la aplicación de las normas de diligencia debida contenidas en el anexo de este decreto foral concluyan que no existen «usuarios sujetos a comunicación de información» ni «personas sujetas a comunicación de información», así como cuando no se hayan efectuado «operaciones sujetas a comunicación de información», en los términos y en la forma que se establezcan en la orden foral mencionada en el párrafo anterior.

2. Un «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» estará sujeto a las obligaciones de comunicación de información y de diligencia debida en Gipuzkoa si la Diputación Foral de Gipuzkoa es competente en virtud de lo establecido en el artículo 46.Dos del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, y:

• a) Es una «entidad» autorizada por la autoridad competente en España de conformidad con el artículo 63 del Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.^o 1093/2010 y (UE) n.^o 1095/2010 y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/1937, o a la que se permita prestar «servicios de criptoactivos» tras haber efectuado una notificación en España de conformidad con el artículo 60 del citado reglamento, o
• b) Es una «entidad» en la que no concurren ninguna de las circunstancias previstas en la letra anterior ni en España ni en ningún otro Estado miembro de la Unión Europea, y es:
  • 1.º) Una «entidad» o una persona física residente fiscal en España, conforme a lo dispuesto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, o en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio;
  • 2.º) Una «entidad» que está constituida u organizada con arreglo a la legislación española y, además, tiene personalidad jurídica en España o está sujeta a obligaciones tributarias, incluidas obligaciones de información, en España con respecto a las rentas de la «entidad»;
  • 3.º) Una «entidad» gestionada desde España, o
  • 4.º) Una «entidad» o persona física que tiene un centro de actividad habitual en España.

3. Sin perjuicio de lo establecido en las letras a) y b) del apartado 2, un «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» estará sujeto a las obligaciones de comunicación de información y de diligencia debida con la Diputación Foral de Gipuzkoa en relación con las «operaciones sujetas a comunicación de información» que realice a través de una «sucursal» ubicada en España.

4. Un «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» que sea una «entidad» no estará obligado a cumplir con la Diputación Foral de Gipuzkoa las obligaciones de comunicación de información y de diligencia debida previstas, respectivamente, en las secciones II y III del anexo VI de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, a las que esté sujeto con arreglo al apartado 2.b), ordinales 2.º, 3.º y 4.º, si dicho «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» cumple con dichas obligaciones en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o en una «jurisdicción cualificada no perteneciente a la Unión» por ser residente fiscal en dicho Estado miembro o «jurisdicción cualificada no perteneciente a la Unión».

5. Un «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» que sea una «entidad» no estará obligado a cumplir con la Diputación Foral de Gipuzkoa las obligaciones de comunicación de información y de diligencia debida previstas, respectivamente, en las secciones II y III del anexo VI de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, a las que esté sujeto con arreglo al apartado 2.b), ordinales 3.º y 4.º, si dicho «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» cumple con dichas obligaciones en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o en una «jurisdicción cualificada no perteneciente a la Unión» por ser una «entidad» que: esté constituida u organizada con arreglo a la legislación de dicho Estado miembro o «jurisdicción cualificada no perteneciente a la Unión», y, además, tenga personalidad jurídica en ese otro Estado miembro o «jurisdicción cualificada no perteneciente a la Unión» o esté sujeto a obligaciones tributarias, incluidas obligaciones de información, en ese otro Estado miembro o «jurisdicción cualificada no perteneciente a la Unión» en relación con las rentas de la «entidad».

6. Un «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» que sea una «entidad» no estará obligado a cumplir con la Diputación Foral de Gipuzkoa las obligaciones de comunicación de información y de diligencia debida previstas, respectivamente, en las secciones II y III del anexo VI de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, a las que esté sujeto con arreglo al apartado 2.b), ordinal 4.º, si dicho «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» cumple con dichas obligaciones en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o en una «jurisdicción cualificada no perteneciente a la Unión» por estar gestionado desde dicho Estado miembro o «jurisdicción cualificada no perteneciente a la Unión».

7. Un «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» que sea una persona física no estará obligado a cumplir con la Diputación Foral de Gipuzkoa las obligaciones de comunicación de información y de diligencia debida previstas, respectivamente, en las secciones II y III del anexo VI de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, a las que esté sujeto con arreglo al apartado 2.b), ordinal 4.º, si dicho «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» cumple con dichas obligaciones en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o en una «jurisdicción cualificada no perteneciente a la Unión» por ser residente fiscal en dicho Estado miembro o «jurisdicción cualificada no perteneciente a la Unión».

8. Un «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» no estará obligado a cumplir con la Diputación Foral de Gipuzkoa las obligaciones de comunicación de información y de diligencia debida previstas, respectivamente, en las secciones II y III del anexo VI de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, a las que esté sujeto con arreglo a apartado 2.b), ordinales 2.º, 3.º y 4.º, si ha presentado en España una notificación, en el formato que se determine mediante orden, que confirme que dicho «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» cumple con dichas obligaciones con arreglo a las normas de cualquier otro Estado miembro o «jurisdicción cualificada no perteneciente a la Unión» a las que esté sujeto con arreglo al mismo criterio de los previstos apartado 2.b), ordinales 2.º, 3.º y 4.º, respectivamente.

9. El «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» no estará obligado a cumplir con la Diputación Foral de Gipuzkoa las obligaciones de comunicación de información y de diligencia debida previstas, respectivamente, en las secciones II y III del anexo VI de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, en relación con las «operaciones sujetas a comunicación de información» que realice a través de una «sucursal» ubicada en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o «jurisdicción cualificada no perteneciente a la Unión», si dicha «sucursal» ubicada en ese otro Estado miembro o «jurisdicción cualificada no perteneciente a la Unión» cumple con dichas obligaciones en ese otro Estado miembro o «jurisdicción cualificada no perteneciente a la Unión».

Artículo 8 Información a suministrar

1. La declaración informativa prevista en el artículo anterior contendrá la siguiente información respecto de cada «usuario de criptoactivos» que sea «usuario sujeto a comunicación de información», o que tenga «personas que ejerzan el control» que sean «personas sujetas a comunicación de información»:

• a) El nombre, el domicilio, la jurisdicción (o las jurisdicciones) de residencia, el NIF (o los NIF), así como, en el caso de personas físicas, el lugar y la fecha de nacimiento de todo «usuario sujeto a comunicación de información» y, en el caso de «entidades» que, tras la aplicación de las normas de diligencia debida establecidas en este decreto foral, se determine que tiene una o varias «personas que ejercen el control» que son «personas sujetas a comunicación de información», el nombre, el domicilio, la jurisdicción (o las jurisdicciones) de residencia y el NIF (o los NIF) de la «entidad», así como el nombre, el domicilio, la jurisdicción (o las jurisdicciones) de residencia, el NIF (o los NIF) y la fecha y el lugar de nacimiento de cada «persona que ejerce el control» de la «entidad» que sea «persona sujeta a comunicación de información», así como la función (o funciones) en virtud de la cual cada una de esas «personas sujetas a comunicación de información» sea «persona que ejerce el control» de la «entidad».

  No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» obtiene confirmación directa de la identidad y la residencia de la «persona sujeta a comunicación de información» a través de un «servicio de identificación» que una jurisdicción o la Unión Europea ponen a disposición para determinar la identidad y la residencia fiscal de la «persona sujeta a comunicación de información», la información que debe suministrarse incluirá el nombre, el identificador del «servicio de identificación» y la jurisdicción de asignación del identificador, así como la función (o funciones) en virtud de la cual cada «persona sujeta a comunicación de información» sea «persona que ejerce el control» de la «entidad».

• b) El nombre, el domicilio, el NIF y, si está disponible, el número de identificación individual del Registro de operadores de criptoactivos y el identificador de entidad jurídica a nivel mundial del «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información».
• c) Para cada tipo de «criptoactivo sujeto a comunicación de información» con respecto al cual el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» haya realizado «operaciones sujetas a comunicación de información» en el año natural, cuando proceda:
  • 1.º El nombre completo del tipo de «criptoactivo sujeto a comunicación de información».
  • 2.º El importe bruto agregado pagado, el número agregado de unidades y el número de «operaciones sujetas a comunicación de información» en relación con las adquisiciones a cambio de «moneda fiduciaria».
  • 3.º El importe bruto agregado recibido, el número agregado de unidades y el número de «operaciones sujetas a comunicación de información» en relación con las transmisiones a cambio de «moneda fiduciaria».
  • 4.º El valor de mercado agregado, el número agregado de unidades y el número de «operaciones sujetas a comunicación de información» en relación con las adquisiciones a cambio de otros «criptoactivos sujetos a comunicación de información».
  • 5.º El valor de mercado agregado, el número agregado de unidades y el número de «operaciones sujetas a comunicación de información» en relación con las transmisiones a cambio de otros «criptoactivos sujetos a comunicación de información».
  • 6.º El valor de mercado agregado, el número agregado de unidades y el número de «operaciones de pago minorista sujetas a comunicación de información».
  • 7.º El valor de mercado agregado, el número agregado de unidades y el número de «operaciones sujetas a comunicación de información», y desglosadas por tipo de transferencia cuando el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» lo conozca, en relación con las «transferencias» enviadas al «usuario sujeto a comunicación de información» no incluidas en los ordinales 2.º y 4.º
  • 8.º El valor de mercado agregado, el número agregado de unidades y el número de «operaciones sujetas a comunicación de información», desglosadas por tipo de transferencia cuando el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» lo conozca, en relación con las «transferencias» realizadas por el «usuario sujeto a comunicación de información» no incluidas en los ordinales 3.º, 5.º y 6.º
  • 9.º El valor de mercado agregado, así como el número agregado de unidades objeto de «transferencias» realizadas por el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» a direcciones de registro distribuido a las que se refiere el Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.^o 1093/2010 y (UE) n.^o 1095/2010 y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/1937, a las que no se les conoce asociación alguna con un proveedor de servicios de activos virtuales ni con una institución financiera.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1.a), se aplicarán las siguientes excepciones respecto de la información a suministrar:

• a) No será obligatorio comunicar el NIF si la jurisdicción de residencia no lo expide.
• b) No será necesario comunicar el lugar de nacimiento salvo que el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» tenga la obligación de obtenerlo y comunicarlo.

3. A efectos del apartado 1, letra c), ordinales 2.º y 3.º, el importe pagado o recibido se comunicará en la «moneda fiduciaria» en la que se haya pagado o recibido. Si los importes se hubieran pagado o recibido en varias «monedas fiduciarias», se comunicarán en una única moneda, convertidos en la fecha de realización de cada «operación sujeta a comunicación de información» de acuerdo con un criterio estable.

A efectos del apartado 1, letra c), ordinales 4.º a 9.º, el valor de mercado se determinará y comunicará en una única «moneda fiduciaria», valorada en la fecha de realización de cada «operación sujeta a comunicación de información» de acuerdo con un criterio estable. El «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» utilizará un método de valoración razonable para determinar el valor de mercado, que podrá ser el valor de cotización. Cuando el valor de cotización no exista o no sea una referencia del valor de mercado, se indicará el método de valoración alternativo utilizado según se determine mediante orden.

La información comunicada especificará la «moneda fiduciaria» en la que se denomina cada importe.

El importe pagado o recibido o, en su caso, el valor de mercado se comunicará neto de los gastos de la transacción que el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» haya cobrado al usuario.

4. Las «operaciones de canje» entre una o varias o formas de «criptoactivos sujetos a comunicación de información» intermediadas por el mismo «proveedor de servicios de criptoactivos sujeto a comunicación de información» deberán ser objeto de comunicación por dicho proveedor de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, letra c), ordinales 4.º y 5.º

5. El «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» recopilará y mantendrá a disposición de la Administración tributaria las direcciones de registro distribuido a que se refiere el apartado 1, letra c), ordinal 9.º, o identificadores equivalentes, hasta la finalización del quinto año siguiente a aquel en el que se deba suministrar la información sobre las «operaciones sujetas a comunicación de información».

6. No estará obligado a suministrar la información a que se refiere el apartado 1 el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.2.b) con respecto a un «usuario sujeto a comunicación de información» o «una persona que ejerce el control» residente en España o en otro Estado miembro de la Unión Europea para los que el «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» cumpla con la obligación de informar en una jurisdicción no perteneciente a la Unión Europea que haya suscrito un «acuerdo de cualificación vigente entre autoridades competentes» con el Estado de residencia del «usuario sujeto a comunicación de información» o de la «persona que ejerce el control».

7. A efectos de lo establecido en la disposición adicional vigésima segunda.3 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, tendrá la consideración de conjunto de datos la información a que se refiere el apartado 1, letra a), así como cada uno de los ordinales de la letra c) respecto de cada «usuario sujeto a comunicación de información» o «persona que ejerce el control».

Asimismo, tendrá la consideración de dato cada una de las informaciones individualizadas a las cuales se refiere el apartado 1, letra b).

Disposición adicional única.   Interpretación conforme a los Comentarios de la OCDE

Las normas y definiciones contenidas en este decreto foral, así como en el artículo 45 ter del Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, relativas a las obligaciones de los «proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información», se interpretarán conforme a los Comentarios de la OCDE al Modelo de Acuerdo para la Autoridad Competente y al Marco de intercambio de información sobre criptoactivos.

Disposición transitoria única.   Obligación de informar sobre las operaciones realizadas con monedas virtuales en el año 2025

La obligación de informar sobre operaciones con monedas virtuales a que se refiere el artículo 48 ter del Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, aprobado por el del Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, deberá cumplirse respecto de las operaciones efectuadas en el año 2025 de conformidad con la Orden Foral 570/2023, de 16 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 172 «Declaración informativa sobre saldos en monedas virtuales», y el modelo 173 «Declaración informativa sobre operaciones con monedas virtuales», así como sus formas y plazos de presentación.

Disposición derogatoria única.   Derogación normativa

Con efectos desde 1 de enero de 2026, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria única de este decreto foral, queda derogado el artículo 48 ter del Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, aprobado por el del Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre.

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Disposición final primera.   Modificación del Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales

Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre:

• Uno. Se adiciona un artículo 8 septies con el siguiente contenido:

  «Artículo 8 septies El Registro de operadores de criptoactivos

  El Registro de operadores de criptoactivos estará integrado por los «operadores de criptoactivos» que sean «proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información» en los términos en que se definen en el anexo, apartado B, del Decreto Foral 26/2025, de 23 de diciembre.»

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• Dos. Se adiciona un artículo 15 ter con el siguiente contenido:

  «Artículo 15 ter Declaración de alta en el Registro de operadores de criptoactivos que sean «proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información»

  1. El «operador de criptoactivos» que sea un «proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información» en los términos en que se definen en el anexo, apartado B, del Decreto Foral 26/2025, de 23 de diciembre, deberá presentar una declaración de alta en el Registro de operadores de criptoactivos cuando, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.2, letra b), o 7.3 del Decreto Foral 26/2025, de 23 de diciembre, esté sujeto a las obligaciones de comunicación de información y de diligencia debida a que se refiere el artículo 45 ter en España y no concurra ninguna de las circunstancias previstas en los apartados 4, 5, 6, 7 y 8 del citado artículo 7 del Decreto Foral 26/2025, de 23 de diciembre, en otro Estado miembro de la Unión Europea, o cuando, conforme al anexo VI, sección I, apartado A.2 de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, esté también sujeto a las obligaciones a las que se refiere el anexo VI, secciones II y III, de la citada directiva en otro Estado miembro de la Unión Europea, pero no esté obligado a cumplir con dichas obligaciones en ese otro Estado miembro de acuerdo con lo previsto en los apartados C, D, E, F y G de la sección I del citado anexo, por estar obligado a cumplir en España.

  2. La declaración de alta deberá incluir la siguiente información:

  • a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa.
  • b) Jurisdicción de residencia.
  • c) Número de identificación fiscal asignado al «operador de criptoactivos» con indicación de la jurisdicción emisora.
  • d) Domicilio.
  • e) Direcciones electrónicas, incluidos los sitios web.
  • f) En su caso, nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de sus representantes legales en España o en el país o jurisdicción de residencia.
  • g) Jurisdicciones de residencia fiscal de los «usuarios sujetos a comunicación de información».
  • h) En su caso, «jurisdicción cualificada no perteneciente a la Unión» a que se refiere el artículo 7, apartados 4, 5, 6, 7, 9, del Decreto Foral 26/2025, de 23 de diciembre.

  3. Esta declaración deberá presentarse en la forma establecida por orden foral del diputado o de la diputada foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.

  4. La Administración tributaria asignará un número de identificación individual al «operador de criptoactivos», que será comunicado a todos los Estados miembros.»

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• Tres. Se introduce un nuevo artículo 16 ter con el siguiente contenido:

  «Artículo 16 ter Declaración de modificación en el Registro de operadores de criptoactivos

  1. Cuando se modifique cualquiera de los datos recogidos en la declaración de alta o en cualquier otra declaración de modificación posterior, el «operador de criptoactivos» registrado deberá comunicar a la Administración tributaria, mediante la correspondiente declaración, dicha modificación.

  2. La declaración deberá presentase en el plazo de un mes desde que se hayan producido los hechos que determinan su presentación.»

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• Cuatro. Se introduce un nuevo artículo 17 ter con el siguiente contenido:

  «Artículo 17 ter Declaración de baja en el Registro de operadores de criptoactivos

  1. El «operador de criptoactivos» a que se refiere el artículo 9 quater.1 que deje de tener «usuarios sujetos a comunicación de información» o que deje de tener tal condición deberá presentar la correspondiente declaración mediante la que comunique a la Administración tributaria tal circunstancia, a efectos de su baja en el Registro de operadores de criptoactivos.

  2. La declaración de baja deberá presentarse en el plazo de un mes desde que se dé alguna de las circunstancias previstas en el apartado anterior.»

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• Cinco. Se modifica el título de la Sección 3.ª del capítulo II del título VI que queda redactado en los siguientes términos:

  «Sección 3
   

  Obligación de informar sobre cuentas, criptoactivos, operaciones y activos financieros».

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• Seis. Se adiciona un nuevo artículo 45 ter con el siguiente contenido:

  «Artículo 45 ter Obligación de información de los «proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información

  1. Las personas o entidades que tuvieran la consideración de «proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información» de acuerdo con lo dispuesto en el anexo, apartado B, del Decreto Foral 26/2025, de 23 de diciembre, vendrán obligadas a presentar una declaración informativa anual con respecto a sus «usuarios de criptoactivos» que sean «usuarios sujetos a comunicación de información» o que tengan «personas que ejerzan el control» que sean «personas sujetas a comunicación de información» en los términos previstos en dicho decreto foral.

  Asimismo, los «proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información» estarán sujetos a las normas de diligencia debida establecidas en el Decreto Foral 26/2025, de 23 de diciembre.

  Los términos utilizados en este artículo y en las disposiciones de este reglamento relativas al Registro de operadores de criptoactivos tendrán, conforme a lo dispuesto en el anexo VI de la Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, y en el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de acuerdo con el Marco de intercambio de información sobre criptoactivos, el significado contenido en el anexo del Decreto Foral 26/2025, de 23 de diciembre.

  2. La información a suministrar comprenderá la que se derive de la normativa sobre asistencia mutua y de lo dispuesto en el Decreto Foral 26/2025, de 23 de diciembre.

  3. Mediante orden foral del diputado o de la diputada foral del Departamento de Hacienda y Finanzas se aprobará el correspondiente modelo de declaración.»

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• Siete. El artículo 48 bis queda redactado en los siguientes términos:

  «Artículo 48 bis Obligación de informar sobre saldos en criptoactivos

  1. Las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceras o terceros, para mantener, almacenar y transferir criptoactivos, ya se preste dicho servicio con carácter principal o en conexión con otra actividad, vendrán obligadas a presentar una declaración informativa anual referente a la totalidad de los criptoactivos que mantengan custodiados, en los términos que establezca la orden foral por la que se apruebe el modelo correspondiente.

  2. La información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá el nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio y número de identificación fiscal de las personas o entidades a quienes correspondan en algún momento del año los criptoactivos, ya sea como titulares o beneficiarios, y los saldos a 31 de diciembre.

  La información relativa a los saldos incluirá, para cada criptoactivo, el tipo de criptoactivo, el número de unidades de criptoactivo a 31 de diciembre y su valoración en euros.

  Para efectuar la valoración en euros, los sujetos obligados tomarán la cotización a 31 de diciembre que ofrezcan las principales plataformas de negociación o sitios web de seguimiento de precios o, en su defecto, proporcionarán una estimación razonable del valor de mercado en euros del criptoactivo a 31 de diciembre. A este respecto, se indicará la cotización o valor utilizado para efectuar tal valoración.

  Asimismo, se deberá informar de los saldos a 31 de diciembre de moneda fiduciaria que, en su caso, mantengan por cuenta de terceros o terceras, respecto de los que proporcionarán los mismos datos identificativos de su titular, autorizado o beneficiario a que se refiere el primer párrafo de este apartado, así como su valoración en euros cuando la moneda sea distinta del euro.

  3. En el caso de que con anterioridad a 31 de diciembre las personas o entidades a las que se refiere el apartado 1 de este artículo hubieran dejado de mantener custodiados los criptoactivos que correspondan a las personas o entidades a las que se refiere el apartado 2 de este artículo, la información a suministrar se referirá a la fecha en la que se hubiera producido tal circunstancia.

  4. A los efectos de este artículo, el concepto de criptoactivo se entenderá según se define en el artículo 3.1.5) del Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.^o 1093/2010 y (UE) n.^o 1095/2010 y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/1937.

  La obligación de informar regulada en el presente artículo se referirá exclusivamente a los «criptoactivos sujetos a comunicación de información» definidos en el anexo, apartado A.4, del Decreto Foral 26/2025, de 23 de diciembre.

  Asimismo, el concepto de moneda fiduciaria se entenderá según se define en el anexo, apartado C.5 del Decreto Foral 26/2025, de 23 de diciembre.»

  LE0000518808_20260101
• Ocho. El artículo 54 bis queda redactado en los siguientes términos:

  «Artículo 54 bis Obligación de informar acerca de los criptoactivos situados en el extranjero

  1. Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.3 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, vendrán obligados a presentar una declaración informativa anual referente a la totalidad de los criptoactivos situados en el extranjero de los que se sea titular, o respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario o beneficiaria, o de alguna otra forma se ostente poder de disposición, o respecto de los que tengan la consideración de titular real conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, custodiados por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceras o terceros, para mantener, almacenar y transferir criptoactivos, a 31 de diciembre de cada año.

  Dicha obligación también se extiende a quienes hayan sido titulares o beneficiarias o beneficiarios de los citados criptoactivos, o hayan tenido poderes de disposición sobre los mismos, o hayan sido titulares reales en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubieran perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, la información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo.

  2. A los efectos de este artículo, el concepto de criptoactivo se entenderá según se define en el artículo 3.1.5) del Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.^o 1093/2010 y (UE) n.^o 1095/2010 y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/1937.

  Los criptoactivos se entenderán situados en el extranjero cuando la persona o entidad o establecimiento permanente que los custodie proporcionando servicios para salvaguardar las claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir dichos criptoactivos no sea una entidad autorizada por la autoridad competente en España o, en su caso, no haya efectuado la notificación correspondiente en España de conformidad con los artículos 63 y 60, respectivamente, del Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.^o 1093/2010 y (UE) n.^o 1095/2010 y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/1937, o no conste en el Registro de operadores de criptoactivos de la Administración tributaria.

  3. La información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá:

  • a) El nombre y apellidos o la razón social o denominación completa y, en su caso, número de identificación fiscal del país de residencia fiscal de la persona o entidad que proporciona servicios para salvaguardar las claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir los criptoactivos, así como su domicilio o dirección de su sitio web.
  • b) La identificación completa de cada tipo de criptoactivo.
  • c) Los saldos de cada tipo de criptoactivo a 31 de diciembre expresados en unidades de criptoactivo y su valoración en euros.

  Para efectuar la valoración en euros, los sujetos obligados tomarán la cotización a 31 de diciembre que ofrezcan las principales plataformas de negociación o sitios web de seguimiento de precios o, en su defecto, proporcionarán una estimación razonable del valor de mercado en euros del criptoactivo. A este respecto, se indicará la cotización o valor utilizado para efectuar tal valoración.

  4. La información sobre saldos a 31 de diciembre deberá ser suministrada por quien tuviese la condición de titular, beneficiario o beneficiario o por quien de alguna otra forma ostente poder de disposición sobre los citados criptoactivos o tenga la consideración de titular real a esa fecha.

  El resto de titulares, beneficiarios y beneficiarias, personas con poderes de disposición o titulares reales deberán indicar los saldos de los criptoactivos en la fecha en la que dejaron de tener tal condición.

  5. La obligación de información prevista en este artículo no resultará de aplicación respecto de los siguientes criptoactivos:

  • a) Aquellos de los que sean titulares las entidades a que se refiere el artículo 12 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
  • b) Aquellos de los que sean titulares personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, así como establecimientos permanentes en España de no residentes, registrados en su contabilidad de forma individualizada e identificados por su denominación, valor y entidad de custodia y país o territorio en que se encuentren situados.
  • c) Aquellos de las que sean titulares las personas físicas residentes en territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, registrados en dicha documentación contable de forma individualizada e identificados por su denominación, valor y entidad de custodia y país o territorio en que se encuentren situados.
  • d) No existirá obligación de informar sobre ningún criptoactivo cuando los saldos a 31 de diciembre a los que se refiere el apartado 3.c) valorados en euros no superen, conjuntamente, los 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todos los criptoactivos.

  6. Esta obligación deberá cumplirse entre el 1 de enero y el 30 de junio del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar.

  La presentación de la declaración en los años sucesivos solo será obligatoria cuando el saldo conjunto a que se refiere el apartado 5.d) hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración.

  En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los supuestos previstos en el último párrafo del apartado 4 respecto de los criptoactivos a los que el mismo se refiere.

  Mediante orden foral del diputado o de la diputada foral del Departamento de Hacienda y Finanzas se aprobará el correspondiente modelo de declaración.

  7. A efectos de lo establecido en la disposición adicional undécima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren el apartado 3.a) para cada entidad y el apartado 3.c) así como el último párrafo del apartado 4 para cada criptoactivo.

  A estos mismos efectos, tendrá la consideración de dato cada una de las informaciones a que se refiere el párrafo b) del apartado 3 para cada criptoactivo.»

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• Nueve. El apartado 4 del artículo 57 queda redactado en los siguientes términos:

  «4.   Personas o entidades obligadas a presentar la declaración en concepto de intermediarios.

  a) Estarán obligados a presentar la declaración en concepto de intermediarios siempre que concurra alguno de los criterios de conexión a los que se refiere el apartado 6.a) de este artículo:

  • 1.º Toda persona o entidad que diseñe, comercialice, organice, ponga a disposición para su ejecución un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información, o que gestione su ejecución.
  • 2.º Toda persona o entidad que conoce o razonablemente cabe suponer que conoce que se ha comprometido a prestar directamente o por medio de otras personas ayuda, asistencia o asesoramiento con respecto al diseño, comercialización, organización, puesta a disposición para su ejecución o gestión de la ejecución de un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información.

  b) No estarán obligados a presentar la declaración aquellas personas o entidades intermediarias en los que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

  • 1.º Aquellos en que la cesión de la información vulnere el régimen jurídico del deber de secreto profesional al que se refiere el apartado 2 de la disposición adicional decimoséptima de la Norma Foral 2/2005, 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, salvo autorización del obligado tributario interesado conforme a lo dispuesto en la citada disposición adicional.
    En este caso, la persona o entidad intermediaria eximida deberá comunicar dicha circunstancia en un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al nacimiento de la obligación de información a los otros intermediarios que intervengan en el mecanismo y al obligado tributario interesado a través de la comunicación a la que se refiere la disposición adicional decimoséptima de la Norma Foral 2/2005, 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Cuando el intermediario eximido sea un abogado, deberá efectuar la comunicación anterior únicamente a su cliente, ya sea intermediario u obligado tributario interesado.
    A estos efectos, tendrá la consideración de cliente cualquier intermediario u obligado tributario interesado que reciba servicios, incluidos la asistencia, el asesoramiento, los consejos o las indicaciones, de un intermediario sujeto al secreto profesional en relación con un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información.
    El contenido de la comunicación se ajustará al modelo que se apruebe por orden foral del diputado o de la diputada foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.
  • 2.º Cuando existiendo varias personas o entidades intermediarias la declaración haya sido presentada por una de ellas.

  La persona o entidad intermediaria eximida deberá conservar prueba fehaciente de que la declaración ha sido presentada conforme a las reglas legalmente aplicables por otros intermediarios obligados.

  A estos efectos tendrá la consideración de prueba fehaciente la comunicación a la que se refiere el apartado 2 de la disposición adicional decimoctava de la Norma Foral 2/2005, 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

  La persona o entidad intermediaria que hubiera presentado la declaración deberá comunicarlo a las otras personas o entidades intermediarias que intervengan en el mecanismo en el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a su presentación.

  El contenido de la comunicación se ajustará al modelo que se apruebe por orden foral del diputado o de la diputada foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.»

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• Diez. Se adiciona una letra h) al apartado 1 del artículo 79 con el siguiente contenido:
  • «h)   Que concurra la baja cautelar a que se refiere el apartado 7 de la disposición adicional vigésima segunda de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.»
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Disposición final segunda.   Modificación de Reglamento de gestión tributaria y de desarrollo de las normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por el Decreto Foral 5/2020, de 21 de abril

Se modifica la letra e) del apartado 2 del artículo 9 del Reglamento de gestión tributaria y de desarrollo de las normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por el Decreto Foral 5/2020, de 21 de abril, que queda redactada en los siguientes términos:

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Disposición final tercera.   Modificación del Decreto Foral 25/2016, de 29 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de suministro de información acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua

Se modifican los siguientes preceptos del Decreto Foral 25/2016, de 29 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de suministro de información acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua:

• Uno. El artículo 1 queda redactado en los siguientes términos:

  «Artículo 1.   Objeto

  El presente decreto foral tiene por objeto la regulación de las obligaciones de las instituciones financieras de identificar la residencia de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar con arreglo a la Directiva 2011/16/UE, de 15 de febrero de 2011, modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad, y por la Directiva (UE) 2023/2226 del Consejo, de 17 de octubre de 2023, y al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras y su Adenda, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 17 y en la disposición adicional decimoquinta de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

  Los términos utilizados en este decreto foral, así como en su normativa de desarrollo, en relación con las obligaciones a que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, tendrán, conforme a lo dispuesto en los anexos I y II de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, y en el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras y su Adenda, el significado contenido en el anexo del Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua, salvo que la normativa establezca otra cosa.»

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• Dos. El artículo 5 queda redactado en los siguientes términos:

  «Artículo 5.   Información a suministrar

  1. La información a suministrar correspondiente a cada una de las cuentas sujetas a comunicación de información será la siguiente:

  • a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, el domicilio, el o los países o jurisdicciones de residencia y el NIF de toda persona sujeta a comunicación de información que sea titular de la cuenta. En el caso de cuentas cuya titularidad corresponda a personas físicas, adicionalmente deberá comunicarse el lugar y la fecha de nacimiento y si el titular de la cuenta ha proporcionado una declaración válida.
    Tratándose de cuentas cuya titularidad corresponda a una entidad, y que tras la aplicación de las normas de diligencia debida conformes con las secciones V, VI y VII del anexo del Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, sea identificada como entidad con una o varias personas que ejercen el control y que son personas sujetas a comunicación de información, deberá comunicarse la información referida en el párrafo anterior respecto de la entidad y de cada persona sujeta a comunicación de información, así como la función o las funciones en virtud de las cuales cada persona sujeta a comunicación de información sea persona que ejerce el control de la entidad y si se ha proporcionado una declaración válida para cada persona sujeta a comunicación de información.
  • b) El número de cuenta, el tipo de cuenta, si la cuenta es una cuenta preexistente o una cuenta nueva y si la cuenta es conjunta y, en tal caso, el número de titulares de la cuenta conjunta.
  • c) Nombre y número de identificación fiscal de la institución financiera obligada a comunicar información.
  • d) El saldo o valor de la cuenta al final del año natural considerado.
    Tratándose de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades, se tomará el valor en efectivo o el valor de rescate.
    En el caso de cancelación de la cuenta en dicho año, se comunicará la cancelación de la misma.
  • e) En el caso de una cuenta de custodia:
    • 1.º El importe bruto total en concepto de intereses, el importe bruto total en concepto de dividendos y el importe bruto total en concepto de otras rentas, generados en relación con los activos depositados en la cuenta, pagados o anotados en cada caso en la cuenta o en relación con la misma, durante el año natural.
    • 2.º Los ingresos brutos totales derivados de la venta o amortización de activos financieros pagados o anotados en la cuenta durante el año natural en el que la institución financiera obligada a comunicar información actuase como custodio, corredor, agente designado o como representante en cualquier otra calidad para la o el titular de la cuenta.
  • f) En el caso de una cuenta de depósito, el importe bruto total de intereses pagados o anotados en la cuenta durante el año natural.
  • g) En el caso de una participación en el capital mantenida en una entidad de inversión que sea un instrumento jurídico, la función o las funciones en virtud de las cuales la persona sujeta a comunicación de información sea titular de participaciones en el capital.
  • h) En el caso de una cuenta no descrita en las letras e) y f) anteriores, el importe bruto total pagado o anotado al o a la titular de la cuenta en relación con la misma durante el año natural en el que la institución financiera obligada a comunicar información sea el obligado o la persona o entidad deudora, incluido el importe total correspondiente a amortizaciones efectuadas al o a la titular de la cuenta durante el año natural.

  La información comunicada debe especificar la moneda en la que se denomina cada importe.

  2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán las siguientes excepciones respecto de la información a suministrar:

  • a) No será obligatorio comunicar el NIF ni la fecha de nacimiento en el caso de cuentas preexistentes si el NIF o la fecha de nacimiento no se encuentran en los registros de la institución financiera y la misma no está obligada a recopilar estos datos de conformidad con la normativa aplicable.
    No obstante, la institución financiera deberán realizar esfuerzos razonables para obtener el NIF y la fecha de nacimiento a más tardar al final del segundo año natural siguiente al año en el que se hayan identificado cuentas preexistentes como cuentas sujetas a comunicación de información, así como cuando se exija actualizar la información relativa a la cuenta preexistente en virtud de los procedimientos establecidos conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa de desarrollo.
  • b) No será obligatorio comunicar el NIF si el país o jurisdicción de residencia no lo expide.
  • c) No será obligatorio comunicar el lugar de nacimiento salvo que se cumplan los siguientes requisitos:
    • 1.º La institución financiera tenga la obligación de obtenerlo y comunicarlo, o haya tenido tal obligación en virtud de cualquier instrumento jurídico de la Unión Europea que estuviera en vigor a 5 de enero de 2015.
    • 2.º Esté disponible en los datos susceptibles de búsqueda electrónica que mantiene dicha institución.

  3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1.e) 2.º, y salvo que la institución financiera obligada a comunicar información opte por otro criterio respecto de cualquier grupo de cuentas claramente identificado, no será necesario comunicar los ingresos brutos derivados de la venta o amortización de un activo financiero, en la medida en que dichos ingresos sean comunicados por la institución financiera obligada a comunicar información de conformidad con la disposición adicional vigésima segunda de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, el artículo 45 ter del Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, aprobado por el del Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, y el Decreto Foral 26/2025, de 23 de diciembre.

  4. Medidas transitorias.

  No obstante lo dispuesto en los apartados 1.a), segundo párrafo, y 1.g), en relación con cada cuenta sujeta a comunicación de información que se mantenga abierta en una institución financiera obligada a comunicar información a 31 de diciembre de 2025, y para los dos años naturales siguientes a dicha fecha, la información relativa a la función o las funciones en virtud de las cuales una persona sujeta a comunicación de información sea una persona que ejerce el control o una titular de una participación en el capital de la entidad solo deberá comunicarse si dicha información está disponible en los datos susceptibles de búsqueda electrónica mantenidos por la institución financiera obligada a comunicar información.»

  LE0000586580_20260101
• Tres. La disposición adicional segunda queda redactada en los siguientes términos:

  «Segunda.    Interpretación conforme a los Comentarios de la OCDE

  Las normas y definiciones contenidas en este decreto foral relativas a las obligaciones de las instituciones financieras de identificar la residencia de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar sobre las mismas deberán interpretarse conforme a los Comentarios de la OCDE al Modelo de Acuerdo para la Autoridad Competente y al Estándar común de comunicación de información.»

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Disposición final cuarta.   Incorporación de derecho de la Unión Europea

Mediante este decreto foral se incorpora al ordenamiento jurídico guipuzcoano la Directiva (UE) 2023/2226 del Consejo de 17 de octubre de 2023 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.

Disposición final quinta.   Habilitación normativa

Se habilita al diputado o a la diputada foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo, ejecución y aplicación de lo establecido en este decreto foral.

Disposición final sexta.   Entrada en vigor y efectos

El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y será aplicable desde el 1 de enero de 2026.