Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo

Art韈ulo 1 羗bito de aplicaci髇

Este reglamento regula, en desarrollo de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo, las obligaciones de los sujetos obligados por dicha ley, relacionados en el art韈ulo 2 de la misma, la organizaci髇 institucional en materia de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo, las sanciones y contramedidas financieras internacionales y establece la estructura y funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras.

Art韈ulo 2 Fraccionamiento de operaciones y contravalor en moneda extranjera

1. Los umbrales cuantitativos establecidos en este reglamento ser醤 aplicables con independencia de que se alcancen en una 鷑ica operaci髇 o en varias operaciones ligadas entre s�.

2. Las referencias del reglamento a cuant韆s en euros comprender醤 su contravalor en moneda extranjera.

Art韈ulo 3 Actividades excluidas

1. No estar� sujeta a la Ley 10/2010, de 28 de abril, conforme a lo previsto en el art韈ulo 2.3 de la misma, la actividad de cambio de moneda extranjera realizada con car醕ter accesorio a la actividad principal del titular, cuando concurran todas las circunstancias siguientes:

• a) Que la actividad de cambio de moneda extranjera se verifique, exclusivamente, como servicio proporcionado a los clientes de la actividad principal.
• b) Que la cantidad cambiada por cliente no exceda de 1.000 euros en cada trimestre natural.
• c) Que la actividad de cambio de moneda extranjera sea limitada en t閞minos absolutos, sin que pueda exceder la cifra de 100.000 euros anuales.
• d) Que la actividad de cambio de moneda extranjera sea accesoria a la actividad principal, consider醤dose como tal aquella que no exceda del 5 por ciento de la facturaci髇 anual del negocio.

2. Quedar醤 asimismo excluidos los actos notariales y registrales que carezcan de contenido econ髆ico o patrimonial o no sean relevantes a efectos de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo. A tal efecto, mediante Orden del Ministro de Econom韆 y Competitividad, previo informe del Ministerio de Justicia, se establecer� la relaci髇 de tales actos.

Art韈ulo 4 Identificaci髇 formal

1. Los sujetos obligados identificar醤 y comprobar醤, mediante documentos fehacientes, la identidad de cuantas personas f韘icas o jur韉icas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones ocasionales cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros, con excepci髇 del pago de premios de loter韆s y otros juegos de azar, donde proceder� la identificaci髇 y comprobaci髇 de la identidad en relaci髇 con aquellos premios cuyo importe sea igual o superior a 2.500 euros, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulaci髇 del juego, y en su normativa de desarrollo.

En las operaciones de env韔 de dinero y gesti髇 de transferencias deber� procederse a la identificaci髇 y comprobaci髇 de la identidad en todo caso.

No ser� preceptiva la comprobaci髇 de la identidad en la ejecuci髇 de operaciones cuando no concurran dudas respecto de la identidad del interviniente, quede acreditada su participaci髇 en la operaci髇 mediante su firma manuscrita o electr髇ica y dicha comprobaci髇 se hubiera practicado previamente en el establecimiento de la relaci髇 de negocios.

La disposici髇 final tercera del presente Real Decreto establece que el umbral de identificaci髇 en operaciones ocasionales del art韈ulo 4.1, entrar� en vigor a los seis meses de la publicaci髇 de este real decreto en el 獴olet韓 Oficial del Estado�. T閚gase en cuenta que hasta ese momento se seguir醤 aplicando los umbrales establecidos en el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, que ahora se deroga, conforme establece la disposici髇 transitoria tercera. LE0000528771_20230919

2. La comprobaci髇 de la identidad se verificar� con car醕ter previo al establecimiento de la relaci髇 de negocios o de la ejecuci髇 de operaciones ocasionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 12 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Art韈ulo 5 Identificaci髇 formal en el 醡bito del seguro

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 4.2, los sujetos obligados identificar醤 y comprobar醤, mediante documentos fehacientes, la identidad del tomador del seguro, con car醕ter previo a la celebraci髇 del contrato.

2. Los sujetos obligados registrar醤 la identidad del beneficiario o beneficiarios del seguro tan pronto como sean designados por el tomador del seguro. En el caso de beneficiarios designados de forma gen閞ica, por testamento o por otros medios, los sujetos obligados obtendr醤 la informaci髇 necesaria para establecer la identidad del beneficiario en el momento del pago.

En todo caso, la comprobaci髇 mediante documentos fehacientes de la identidad del beneficiario o beneficiarios del seguro de vida deber� realizarse con car醕ter previo al pago de la prestaci髇 derivada del contrato o al ejercicio por el tomador de los derechos de rescate, anticipo o pignoraci髇 conferidos por la p髄iza.

La informaci髇 obtenida deber� ser registrada y conservada, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 28.

3. En los casos en que no resulte posible la aplicaci髇 de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos obligados proceder醤 a realizar el examen especial a que se refiere el art韈ulo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Art韈ulo 6 Documentos fehacientes a efectos de identificaci髇 formal

1. Se considerar醤 documentos fehacientes, a efectos de identificaci髇 formal, los siguientes:

• a) Para las personas f韘icas de nacionalidad espa駉la, el Documento Nacional de Identidad.

  Para las personas f韘icas de nacionalidad extranjera, la Tarjeta de Residencia, la Tarjeta de Identidad de Extranjero, el Pasaporte o, en el caso de ciudadanos de la Uni髇 Europea o del Espacio Econ髆ico Europeo, el documento, carta o tarjeta oficial de identidad personal expedido por las autoridades de origen. Ser� asimismo documento v醠ido para la identificaci髇 de extranjeros el documento de identidad expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci髇 para el personal de las representaciones diplom醫icas y consulares de terceros pa韘es en Espa馻.

  Excepcionalmente, los sujetos obligados podr醤 aceptar otros documentos de identidad personal expedidos por una autoridad gubernamental siempre que gocen de las adecuadas garant韆s de autenticidad e incorporen fotograf韆 del titular.

• b) Para las personas jur韉icas, los documentos p鷅licos que acrediten su existencia y contengan su denominaci髇 social, forma jur韉ica, domicilio, la identidad de sus administradores, estatutos y n鷐ero de identificaci髇 fiscal.

En el caso de personas jur韉icas de nacionalidad espa駉la, ser� admisible, a efectos de identificaci髇 formal, certificaci髇 del Registro Mercantil provincial, aportada por el cliente u obtenida mediante consulta telem醫ica.

2. En los casos de representaci髇 legal o voluntaria, la identidad del representante y de la persona o entidad representada, ser� comprobada documentalmente. A estos efectos, deber� obtenerse copia del documento fehaciente a que se refiere el apartado precedente correspondiente tanto al representante como a la persona o entidad representada, as� como el documento p鷅lico acreditativo de los poderes conferidos. Ser� admisible la comprobaci髇 mediante certificaci髇 del Registro Mercantil provincial, aportada por el cliente, u obtenida mediante consulta telem醫ica.

3. Los sujetos obligados identificar醤 y comprobar醤 mediante documentos fehacientes la identidad de todos los part韈ipes de las entidades sin personalidad jur韉ica. No obstante, en el supuesto de entidades sin personalidad jur韉ica que no ejerzan actividades econ髆icas bastar�, con car醕ter general, con la identificaci髇 y comprobaci髇 mediante documentos fehacientes de la identidad de la persona que act鷈 por cuenta de la entidad.

En el supuesto de fondos de inversi髇, la obligaci髇 de identificaci髇 y comprobaci髇 de la identidad de los part韈ipes se realizar� conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 40.3 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversi髇 Colectiva.

En los fideicomisos anglosajones (玹rusts�) u otros instrumentos jur韉icos an醠ogos que, no obstante carecer de personalidad jur韉ica, puedan actuar en el tr醘ico econ髆ico, los sujetos obligados requerir醤 el documento constitutivo, sin perjuicio de proceder a la identificaci髇 y comprobaci髇 de la identidad de la persona que act鷈 por cuenta de los beneficiarios o de acuerdo con los t閞minos del fideicomiso, o instrumento jur韉ico. A estos efectos, los fiduciarios comunicar醤 su condici髇 a los sujetos obligados cuando, como tales, pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones. En aquellos supuestos en que un fiduciarios no declare su condici髇 de tal y se determine esta circunstancia por el sujeto obligado, se pondr� fin a la relaci髇 de negocios, procediendo a realizar el examen especial a que se refiere el art韈ulo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

4. Los documentos de identificaci髇 deber醤 encontrarse en vigor en el momento de establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones ocasionales. En el supuesto de personas jur韉icas, la vigencia de los datos consignados en la documentaci髇 aportada deber� acreditarse mediante una declaraci髇 responsable del cliente.

Art韈ulo 7 Obligaciones de identificaci髇 de las entidades gestoras de instituciones de inversi髇 colectiva

Las entidades gestoras de instituciones de inversi髇 colectiva considerar醤 clientes a las entidades comercializadoras de instituciones de inversi髇 colectiva siempre que 閟tas tengan la consideraci髇 de sujeto obligado conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, en relaci髇 con las cuentas globales a las que se refiere el art韈ulo 40.3 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversi髇 Colectiva.

Art韈ulo 8 Titular real

Tendr醤 la consideraci髇 de titulares reales:

• a) La persona o personas f韘icas por cuya cuenta se pretenda establecer una relaci髇 de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones.
• b) La persona o personas f韘icas que en 鷏timo t閞mino posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jur韉ica, o que a trav閟 de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gesti髇 de una persona jur韉ica.

  El sujeto obligado deber� documentar las acciones que ha realizado a fin de determinar la persona f韘ica que, en 鷏timo t閞mino, posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la persona jur韉ica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jur韉ica y, en su caso, los resultados infructuosos de las mismas.

  Cuando no exista una persona f韘ica que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la persona jur韉ica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jur韉ica, se considerar� que ejerce dicho control el administrador o administradores. Cuando el administrador designado fuera una persona jur韉ica, se entender� que el control es ejercido por la persona f韘ica nombrada por el administrador persona jur韉ica.

  Las presunciones a las que se refiere el p醨rafo anterior se aplicar醤 salvo prueba en contrario.

• c) La persona o personas f韘icas que sean titulares o ejerzan el control del 25 por ciento o m醩 de los bienes de un instrumento o persona jur韉icos que administre o distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios est閚 a鷑 por designar, la categor韆 de personas en beneficio de la cual se ha creado o act鷄 principalmente la persona o instrumento jur韉icos. Cuando no exista una persona f韘ica que posea o controle directa o indirectamente el 25 por ciento o m醩 de los bienes mencionados en el apartado anterior, tendr醤 consideraci髇 de titular real la persona o personas f韘icas en 鷏tima instancia responsables de la direcci髇 y gesti髇 del instrumento o persona jur韉icos, incluso a trav閟 de una cadena de control o propiedad.

Tendr醤 la consideraci髇 de titulares reales las personas naturales que posean o controlen un 25 por ciento o m醩 de los derechos de voto del Patronato, en el caso de una fundaci髇, o del 髍gano de representaci髇, en el de una asociaci髇, teniendo en cuenta los acuerdos o previsiones estatutarias que puedan afectar a la determinaci髇 de la titularidad real.

Cuando no exista una persona o personas f韘icas que cumplan los criterios establecidos en el p醨rafo anterior, tendr醤 la consideraci髇 de titulares reales los miembros del Patronato y, en el caso de asociaciones, los miembros del 髍gano de representaci髇 o Junta Directiva.

Art韈ulo 9 Identificaci髇 del titular real

1. Los sujetos obligados identificar醤 al titular real y adoptar醤 medidas adecuadas en funci髇 del riesgo a fin de comprobar su identidad con car醕ter previo al establecimiento de relaciones de negocio, la ejecuci髇 de transferencias electr髇icas por importe superior a 1.000 euros o a la ejecuci髇 de otras operaciones ocasionales por importe superior a 15.000 euros.

La identificaci髇 y comprobaci髇 de la identidad del titular real podr� realizarse, con car醕ter general, mediante una declaraci髇 responsable del cliente o de la persona que tenga atribuida la representaci髇 de la persona jur韉ica, A estos efectos, los administradores de las sociedades u otras personas jur韉icas deber醤 obtener y mantener informaci髇 adecuada, precisa y actualizada sobre la titularidad real de las mismas.

No obstante lo dispuesto en el p醨rafo anterior, ser� preceptiva la obtenci髇 por el sujeto obligado de documentaci髇 adicional o de informaci髇 de fuentes fiables independientes cuando el cliente, el titular real, la relaci髇 de negocios o la operaci髇 presenten riesgos superiores al promedio.

2. Proceder� en todo caso la acreditaci髇 de la titularidad real mediante la obtenci髇 de informaci髇 documental o de fuentes fiables independientes en los siguientes supuestos:

• a) Cuando existan indicios de que la identidad del titular real declarada por el cliente no es exacta o veraz.
• b) Cuando concurran circunstancias que determinen el examen especial de conformidad con el art韈ulo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, o la comunicaci髇 por indicio de conformidad con el art韈ulo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

3. Los sujetos obligados adoptar醤 medidas adecuadas para determinar la estructura de propiedad o de control de las personas e instrumentos jur韉icos y no establecer醤 o mantendr醤 relaciones de negocio con personas o instrumentos jur韉icos cuya estructura de propiedad o de control no haya podido determinarse.

A estos efectos, los sujetos obligados requerir醤 de sus clientes la informaci髇 y documentaci髇 necesarias para determinar la estructura de propiedad o control. En caso de resistencia o negativa del cliente a proporcionar la informaci髇 o documentaci髇 requerida, los sujetos obligados se abstendr醤 de establecer o mantener la relaci髇 de negocios o de ejecutar la operaci髇.

4. No ser� preceptiva la identificaci髇 de los accionistas o titulares reales de empresas cotizadas o de sus filiales participadas mayoritariamente cuando aqu閘las est閚 sometidas a obligaciones de informaci髇 que aseguren la adecuada transparencia de su titularidad real.

5. En relaci髇 con los fideicomisos anglosajones (玹rusts�), los sujetos obligados identificar醤 y adoptar醤 medidas adecuadas a fin de comprobar la identidad del fideicomitente, de los fiduciarios, del protector, de los beneficiarios o clases de beneficiarios y de cualquier otra persona f韘ica que ejerza el control efectivo final sobre el fideicomiso, incluso a trav閟 de una cadena de control o propiedad. En el caso de beneficiarios designados por caracter韘ticas o clases, deber� obtenerse la informaci髇 necesaria para establecer la identidad del beneficiario en el momento del pago o cuando el beneficiario pretenda ejercer los derechos conferidos.

En el supuesto de instrumentos jur韉icos an醠ogos al fideicomiso anglosaj髇, los sujetos obligados identificar醤 y adoptar醤 medidas adecuadas a fin de comprobar la identidad de las personas que ocupen posiciones equivalentes o similares a las indicadas en el p醨rafo anterior.

6. Para el cumplimiento de la obligaci髇 de identificaci髇 y comprobaci髇 de la identidad de la persona titular real establecida en este art韈ulo, los sujetos obligados deber醤 acceder a la informaci髇 que consta al respecto en el Registro Central de Titularidades Reales, sin perjuicio de que a estos exclusivos efectos puedan realizar consultas adicionales a la base de datos de titularidad real del Consejo General del Notariado o a otros registros que puedan recoger la informaci髇 de titularidad real de las personas jur韉icas o entidades inscritas.

LE0000767546_20230919 N鷐ero 6 del art韈ulo 9 redactado por la disposici髇 final primera del R.D. 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento (獴.O.E.� 12 julio).Vigencia: 19 septiembre 2023

Art韈ulo 10 Prop髎ito e 韓dole de la relaci髇 de negocios

1. Los sujetos obligados recabar醤 de sus clientes informaci髇 a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial. La actividad declarada por el cliente ser� registrada por el sujeto obligado con car醕ter previo al inicio de la relaci髇 de negocios.

2. Los sujetos obligados comprobar醤 las actividades declaradas por los clientes en los siguientes supuestos:

• a) Cuando el cliente o la relaci髇 de negocios presenten riesgos superiores al promedio, por disposici髇 normativa o porque as� se desprenda del an醠isis de riesgo del sujeto obligado.
• b) Cuando del seguimiento de la relaci髇 de negocios resulte que las operaciones activas o pasivas del cliente no se corresponden con su actividad declarada o con sus antecedentes operativos.

3. Las acciones de comprobaci髇 de la actividad profesional o empresarial declarada se graduar醤 en funci髇 del riesgo y se realizar醤 mediante documentaci髇 aportada por el cliente, o mediante la obtenci髇 de informaci髇 de fuentes fiables independientes. Asimismo, los sujetos obligados podr醤 comprobar la actividad profesional o empresarial de los clientes mediante visitas presenciales a las oficinas, almacenes o locales declarados por el cliente como lugares donde ejerce su actividad mercantil, dejando constancia por escrito del resultado de dicha visita.

4. Se comprobar� en todo caso la actividad declarada cuando concurran circunstancias que determinen el examen especial de conformidad con el art韈ulo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, o la comunicaci髇 por indicio de conformidad con el art韈ulo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Art韈ulo 11 Seguimiento continuo de la relaci髇 de negocios

1. Los sujetos obligados realizar醤 un escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de la relaci髇 de negocio a fin de garantizar que coincidan con la actividad profesional o empresarial del cliente y con sus antecedentes operativos. Los sujetos obligados incrementar醤 el seguimiento cuando aprecien riesgos superiores al promedio por disposici髇 normativa o porque as� se desprenda del an醠isis de riesgo del sujeto obligado.

El escrutinio tendr� car醕ter integral, debiendo incorporar todos los productos del cliente con el sujeto obligado y, en su caso, con otras sociedades del grupo.

2. Los sujetos obligados realizar醤 peri骴icamente procesos de revisi髇 con objeto de asegurar que los documentos, datos e informaciones obtenidos como consecuencia de la aplicaci髇 de las medidas de debida diligencia se mantengan actualizados y se encuentren vigentes.

El manual a que se refiere el art韈ulo 33 determinar�, en funci髇 del riesgo, la periodicidad de los procesos de revisi髇 documental que para los clientes de riesgo superior al promedio ser�, como m韓imo, anual.

Art韈ulo 12 Diligencia debida y prohibici髇 de revelaci髇

Con independencia de cualquier excepci髇, exenci髇 o umbral, si durante el establecimiento o en el curso de una relaci髇 de negocios o de la ejecuci髇 de operaciones surgieran indicios o certeza de blanqueo de capitales o de financiaci髇 del terrorismo, los sujetos obligados proceder醤 a identificar y verificar la identidad del cliente y del titular real con car醕ter previo al cumplimiento de lo dispuesto en los art韈ulos 17 y 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

No obstante, en estos casos, los sujetos obligados deber醤 tener en cuenta el riesgo de revelaci髇, pudiendo omitir la pr醕tica de las medidas de diligencia debida previstas en el p醨rafo precedente cuando consideren razonablemente que revelar韆n al cliente o potencial cliente el examen o comunicaci髇 de la operaci髇.

Art韈ulo 13 Aplicaci髇 por terceros de las medidas de diligencia debida

1. Para la aplicaci髇 de las medidas de diligencia debida, los sujetos obligados podr醤 recurrir a terceros sometidos a obligaciones de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 8 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

2. Las respectivas obligaciones de las partes se incluir醤 en un acuerdo escrito de formalizaci髇 de la aplicaci髇 por terceros de las medidas de diligencia debida. Conforme al citado acuerdo, el sujeto obligado exigir� en todo caso al tercero:

• a) Que le remita inmediatamente la informaci髇 sobre el cliente.
• b) Que le remita inmediatamente, cuando as� lo solicite el sujeto obligado, copia de los documentos que acrediten la informaci髇 suministrada sobre dicho cliente.

Los acuerdos de formalizaci髇 podr醤 abarcar la totalidad de las medidas de diligencia debida, con excepci髇 del seguimiento continuo de la relaci髇 de negocios, afectando a todos los datos que el tercero mantenga sobre el cliente, mediante la adopci髇 de acuerdos generales; o solamente uno o varios elementos concretos de las medidas de diligencia debida, mediante la adopci髇 de acuerdos particulares.

3. En todo caso, el sujeto obligado deber� comprobar que el tercero se encuentra sometido a las obligaciones en materia de prevenci髇 de blanqueo de capitales y de financiaci髇 del terrorismo y es objeto de supervisi髇 en estas materias, adoptando asimismo medidas razonables a fin de determinar que cuenta con procedimientos adecuados para el cumplimiento de las medidas de diligencia debida y conservaci髇 de documentos.

4. Los sujetos obligados podr醤 aceptar medidas de diligencia debida practicadas por sus filiales o sucursales domiciliadas en terceros pa韘es siempre que el grupo establezca y aplique medidas comunes de diligencia debida y de registro de operaciones, y tenga aprobados unos controles internos en materia de blanqueo de capitales y de financiaci髇 del terrorismo cuya supervisi髇 est� atribuida a un 髍gano de control interno con facultades a nivel de grupo.

Art韈ulo 14 Acuerdos relativos al acceso a la informaci髇 de identificaci髇 de las personas con responsabilidad p鷅lica

Para la determinaci髇 de la condici髇 de persona con responsabilidad p鷅lica, familiar o allegado de aqu閘, los sujetos obligados podr醤 acceder a los ficheros creados al amparo de lo establecido en el art韈ulo 15.1 de la Ley 10 /2010, de 28 de abril por otros sujetos obligados, por los 髍ganos centralizados de prevenci髇 a los que se refiere el art韈ulo 44 de este reglamento o por terceros. En estos supuestos, los acuerdos que formalicen dicho acceso incluir醤 las respectivas obligaciones de las partes a fin de cumplir con las limitaciones y requisitos establecidos por la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal y su normativa de desarrollo, en particular en lo referido a la seguridad en la transmisi髇 de los datos y a los procedimientos a adoptar para garantizar la actualizaci髇 continua de los datos contenidos en los ficheros.

Art韈ulo 15 Clientes susceptibles de aplicaci髇 de medidas simplificadas de diligencia debida

Los sujetos obligados podr醤 aplicar, en funci髇 del riesgo, medidas simplificadas de diligencia debida respecto de los siguientes clientes:

• a) Las entidades de derecho p鷅lico de los Estados miembros de la Uni髇 Europea o de pa韘es terceros equivalentes.
• b) Las sociedades u otras personas jur韉icas controladas o participadas mayoritariamente por entidades de derecho p鷅lico de los Estados miembros de la Uni髇 Europea o de pa韘es terceros equivalentes.
• c) Las entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago, domiciliadas en la Uni髇 Europea o en pa韘es terceros equivalentes que sean objeto de supervisi髇 para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo.
• d) Las sucursales o filiales de entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago, domiciliadas en la Uni髇 Europea o en pa韘es terceros equivalentes, cuando est閚 sometidas por la matriz a procedimientos de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo.
• e) Las sociedades cotizadas cuyos valores se admitan a negociaci髇 en un mercado regulado de la Uni髇 Europea o de pa韘es terceros equivalentes as� como sus sucursales y filiales participadas mayoritariamente.

Art韈ulo 16 Productos u operaciones susceptibles de aplicaci髇 de medidas simplificadas de diligencia debida

Los sujetos obligados podr醤 aplicar, en funci髇 del riesgo, medidas simplificadas de diligencia debida respecto de los siguientes productos u operaciones:

• a) Las p髄izas de seguro de vida cuya prima anual no exceda de 1.000 euros o cuya prima 鷑ica no exceda de 2.500 euros.
• b) Los instrumentos de previsi髇 social complementaria enumerados en el art韈ulo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y de modificaci髇 parcial de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio, cuando la liquidez se encuentre limitada a los supuestos contemplados en la normativa de planes y fondos de pensiones y no puedan servir de garant韆 para un pr閟tamo.
• c) Los seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones a que se refiere la disposici髇 adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulaci髇 de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, cuando cumplan los siguientes requisitos:
  • 1.� Que instrumenten compromisos por pensiones que tengan su origen en un convenio colectivo o en un expediente de regulaci髇 de empleo, entendido como la extinci髇 de las relaciones laborales en virtud de un despido colectivo del art韈ulo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o de resoluci髇 judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal.
  • 2.� Que no admitan el pago de primas por parte del trabajador asegurado que, sumadas a las abonadas por el empresario tomador del seguro, supongan un importe superior a los l韒ites establecidos por el art韈ulo 52.1.b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, para los instrumentos de previsi髇 social complementaria enumerados en su art韈ulo 51.
  • 3.� Que no puedan servir de garant韆 para un pr閟tamo y no contemplen otros supuestos de rescate distintos a los excepcionales de liquidez recogidos en la normativa de planes de pensiones o a los recogidos en el art韈ulo 29 del Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentaci髇 de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.
• d) Las p髄izas del ramo de vida que garanticen exclusivamente el riesgo de fallecimiento, incluidas las que contemplen adem醩 garant韆s complementarias de indemnizaci髇 pecuniaria por invalidez permanente o parcial, total o absoluta o incapacidad temporal, enfermedad grave y dependencia.
• e) El dinero electr髇ico cuando no pueda recargarse y el importe almacenado no exceda de 250 euros o cuando, en caso de que pueda recargarse, el importe total disponible en un a駉 natural est� limitado a 2.500 euros, salvo cuando el titular del dinero electr髇ico solicite el reembolso de una cantidad igual o superior a 1.000 euros en el curso de ese mismo a駉 natural. Se excluye el dinero electr髇ico emitido contra entrega de los medios de pago a que se refiere el art韈ulo 34.2.a) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
• f) Los giros postales de las Administraciones P鷅licas o de sus organismos dependientes y los giros postales oficiales para pagos del Servicio Postal con origen y destino en el propio Servicio de Correos.
• g) Los cobros o pagos derivados de comisiones generadas por reservas en el sector tur韘tico que no superen los 1.000 euros.
• h) Los contratos de cr閐ito al consumo por importe inferior a 2.500 euros siempre que el reembolso se realice exclusivamente mediante cargo en una cuenta corriente abierta a nombre del deudor en una entidad de cr閐ito domiciliada en la Uni髇 Europea o en pa韘es terceros equivalentes.
• i) Los pr閟tamos sindicados en los que el banco agente sea una entidad de cr閐ito domiciliada en la Uni髇 Europea o en pa韘es terceros equivalentes, respecto de las entidades participantes que no tengan la condici髇 de banco agente.
• j) Los contratos de tarjeta de cr閐ito cuyo l韒ite no supere los 5.000 euros, cuando el reembolso del importe dispuesto 鷑icamente pueda realizase desde una cuenta abierta a nombre del cliente en una entidad de cr閐ito domiciliada en la Uni髇 Europea o pa韘 tercero equivalente.

Art韈ulo 17 Medidas simplificadas de diligencia debida

1. En los supuestos previstos en los art韈ulos precedentes, los sujetos obligados podr醤 aplicar, en funci髇 del riesgo y, en sustituci髇 de las medidas normales de diligencia debida, una o varias de las siguientes medidas:

• a) Comprobar la identidad del cliente o del titular real 鷑icamente cuando se supere un umbral cuantitativo con posterioridad al establecimiento de la relaci髇 de negocios.
• b) Reducir la periodicidad del proceso de revisi髇 documental.
• c) Reducir el seguimiento de la relaci髇 de negocios y el escrutinio de las operaciones que no superen un umbral cuantitativo.
• d) No recabar informaci髇 sobre la actividad profesional o empresarial del cliente, infiriendo el prop髎ito y naturaleza por el tipo de operaciones o relaci髇 de negocios establecida.

2. Las medidas simplificadas de diligencia debida deber醤 ser congruentes con el riesgo. No podr醤 aplicarse medidas simplificadas de diligencia debida o, en su caso, cesar� la aplicaci髇 de las mismas cuando concurran o surjan indicios o certeza de blanqueo de capitales o de financiaci髇 del terrorismo o riesgos superiores al promedio.

Art韈ulo 18 Compraventa minorista

1. En las operaciones de compraventa minorista los sujetos obligados a que se refieren los p醨rafos q) y r) del art韈ulo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, proceder醤 a la identificaci髇 formal del cliente en la forma establecida en los art韈ulos 4 y 6 de este reglamento y conservar醤 la documentaci髇 en los t閞minos establecidos en los art韈ulos 28 y 29. Alternativamente, los datos identificativos de los clientes y de las operaciones se har醤 constar en un libro-registro, en soporte f韘ico o electr髇ico, que estar� a disposici髇 de la Comisi髇 de Prevenci髇 del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante la Comisi髇), de sus 髍ganos de apoyo o de cualquier otra autoridad p鷅lica legalmente habilitada. A estos efectos, se reputar� v醠ido el libro-registro a que se refiere el art韈ulo 91 del Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/1985, de 1 de julio, de objetos fabricados con metales preciosos.

La aplicaci髇 de lo establecido en este apartado por los sujetos obligados a que se refieren los p醨rafos q) y r) del art韈ulo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, permitir� entender cumplidas las obligaciones de diligencia debida respecto de las operaciones de compraventa minorista.

2. A los efectos de este art韈ulo, se considerar� compraventa minorista la realizada con clientes que no intervengan en su condici髇 de profesionales, en establecimientos abiertos al p鷅lico.

Art韈ulo 19 Supuestos de aplicaci髇 de medidas reforzadas de diligencia debida

1. Los sujetos obligados aplicar醤, adem醩 de las medidas normales de diligencia debida, medidas reforzadas de diligencia debida en las 醨eas de negocio, actividades, productos, servicios, canales de distribuci髇 o comercializaci髇, relaciones de negocio y operaciones que presenten un riesgo m醩 elevado de blanqueo de capitales o de financiaci髇 del terrorismo.

2. En todo caso, los sujetos obligados aplicar醤 medidas reforzadas de diligencia debida en los siguientes supuestos:

• a) Servicios de banca privada.
• b) Operaciones de env韔 de dinero cuyo importe, bien singular, bien acumulado por trimestre natural supere los 3.000 euros.
• c) Operaciones de cambio de moneda extranjera cuyo importe, bien singular, bien acumulado por trimestre natural supere los 6.000 euros.
• d) Relaciones de negocios y operaciones con sociedades con acciones al portador, que est閚 permitidas conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 4.4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
• e) Relaciones de negocio y operaciones con clientes de pa韘es, territorios o jurisdicciones de riesgo, o que supongan transferencia de fondos de o hacia tales pa韘es, territorios o jurisdicciones, incluyendo en todo caso, aquellos pa韘es para los que el Grupo de Acci髇 Financiera (GAFI) exija la aplicaci髇 de medidas de diligencia reforzada.
• f) Transmisi髇 de acciones o participaciones de sociedades preconstituidas. A estos efectos, se entender� por sociedades preconstituidas aquellas constituidas sin actividad econ髆ica real para su posterior transmisi髇 a terceros.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en este art韈ulo, los sujetos obligados determinar醤 en los procedimientos de control interno a que se refiere el art韈ulo 31, otras situaciones que, conforme a su an醠isis de riesgo, requieran la aplicaci髇 de medidas reforzadas de diligencia debida.

Para la determinaci髇 de esos supuestos de riesgo superior, los sujetos obligados tendr醤 en consideraci髇, entre otros, los siguientes factores:

• a) Caracter韘ticas del cliente:
  • 1.� Clientes no residentes en Espa馻.
  • 2.� Sociedades cuya estructura accionarial y de control no sea transparente o resulte inusual o excesivamente compleja.
  • 3.� Sociedades de mera tenencia de activos.
• b) Caracter韘ticas de la operaci髇, relaci髇 de negocios o canal de distribuci髇:
  • 1.� Relaciones de negocio y operaciones en circunstancias inusuales.
  • 2.� Relaciones de negocio y operaciones con clientes que empleen habitualmente medios de pago al portador.
  • 3.� Relaciones de negocio y operaciones ejecutadas a trav閟 de intermediarios.

Art韈ulo 20 Medidas reforzadas de diligencia debida

1. En los supuestos de riesgo superior al promedio previstos en el art韈ulo precedente o que se hubieran determinado por el sujeto obligado conforme a su an醠isis de riesgo, los sujetos obligados comprobar醤 en todo caso las actividades declaradas por sus clientes y la identidad del titular real, en los t閞minos previstos en los art韈ulos 9.1 y 10.2.

Adicionalmente se aplicar醤, en funci髇 del riesgo, una o varias de las siguientes medidas:

• a) Actualizar los datos obtenidos en el proceso de aceptaci髇 del cliente.
• b) Obtener documentaci髇 o informaci髇 adicional sobre el prop髎ito e 韓dole de la relaci髇 de negocios.
• c) Obtener documentaci髇 o informaci髇 adicional sobre el origen de los fondos.
• d) Obtener documentaci髇 o informaci髇 adicional sobre el origen del patrimonio del cliente.
• e) Obtener documentaci髇 o informaci髇 sobre el prop髎ito de las operaciones.
• f) Obtener autorizaci髇 directiva para establecer o mantener la relaci髇 de negocios o ejecutar la operaci髇.
• g) Realizar un seguimiento reforzado de la relaci髇 de negocio, incrementando el n鷐ero y frecuencia de los controles aplicados y seleccionando patrones de operaciones para examen.
• h) Examinar y documentar la congruencia de la relaci髇 de negocios o de las operaciones con la documentaci髇 e informaci髇 disponible sobre el cliente.
• i) Examinar y documentar la l骻ica econ髆ica de las operaciones.
• j) Exigir que los pagos o ingresos se realicen en una cuenta a nombre del cliente, abierta en una entidad de cr閐ito domiciliada en la Uni髇 Europea o en pa韘es terceros equivalentes.
• k) Limitar la naturaleza o cuant韆 de las operaciones o los medios de pago empleados.

En las relaciones de negocios o transacciones que impliquen a terceros pa韘es de alto riesgo identificados con arreglo a lo dispuesto en el art韈ulo 9.2 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, los sujetos obligados deber醤 obtener informaci髇 adicional del cliente, el titular real y el prop髎ito � 韓dole de la relaci髇 de negocios, as� como informaci髇 sobre la procedencia de los fondos, la fuente de ingresos del cliente y titular real y sobre los motivos de las transacciones. Estas relaciones de negocios requerir醤 la aprobaci髇 de los 髍ganos de direcci髇 y una vigilancia reforzada en cuanto al n鷐ero y frecuencia de los controles aplicados y la selecci髇 de patrones transaccionales.LE0000695919_20210429 P醨rafo pen鷏timo del n鷐ero 1 del art韈ulo 20 introducido por la disposici髇 final tercera del R.D.-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposici髇 de directivas de la Uni髇 Europea en las materias de competencia, prevenci髇 del blanqueo de capitales, entidades de cr閐ito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevenci髇 y reparaci髇 de da駉s medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestaci髇 de servicios transnacionales y defensa de los consumidores (獴.O.E.� 28 abril).Vigencia: 29 abril 2021

Adem醩, en aquellos casos de terceros pa韘es de alto riesgo que expresamente se determinen por la normativa de la Uni髇 Europea, los sujetos obligados deber醤 aplicar, cuando proceda, una o varias de las medidas previstas en las letras e), f) e i) del art韈ulo 42.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.LE0000695919_20210429 P醨rafo final del n鷐ero 1 del art韈ulo 20 introducido por la disposici髇 final tercera del R.D.-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposici髇 de directivas de la Uni髇 Europea en las materias de competencia, prevenci髇 del blanqueo de capitales, entidades de cr閐ito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevenci髇 y reparaci髇 de da駉s medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestaci髇 de servicios transnacionales y defensa de los consumidores (獴.O.E.� 28 abril).Vigencia: 29 abril 2021

2. Los sujetos obligados incluir醤 al beneficiario de la p髄iza de seguro de vida como un factor de riesgo relevante a efectos de determinar la procedencia de aplicar medidas reforzadas de diligencia debida. En los casos en que el beneficiario presente un riesgo superior al promedio, las medidas reforzadas de diligencia debida incluir醤 medidas adecuadas para identificar y comprobar la identidad del titular real del beneficiario con car醕ter previo al pago de la prestaci髇 derivada del contrato o al ejercicio por el tomador de los derechos de rescate, anticipo o pignoraci髇 conferidos por la p髄iza.

Art韈ulo 21 Requisitos en las relaciones de negocio y operaciones no presenciales

1. Los sujetos obligados podr醤 establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones a trav閟 de medios telef髇icos, electr髇icos o telem醫icos con clientes que no se encuentren f韘icamente presentes, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• a) La identidad del cliente quede acreditada de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable sobre firma electr髇ica.
• b) La identidad del cliente quede acreditada mediante copia del documento de identidad, de los establecidos en el art韈ulo 6, que corresponda, siempre que dicha copia est� expedida por un fedatario p鷅lico.
• c) El primer ingreso proceda de una cuenta a nombre del mismo cliente abierta en una entidad domiciliada en Espa馻, en la Uni髇 Europea o en pa韘es terceros equivalentes.
• d) La identidad del cliente quede acreditada mediante el empleo de otros procedimientos seguros de identificaci髇 de clientes en operaciones no presenciales, siempre que tales procedimientos hayan sido previamente autorizados por el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 de Prevenci髇 del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante, Servicio Ejecutivo de la Comisi髇).

En todo caso, en el plazo de un mes desde el establecimiento de la relaci髇 de negocios no presencial, los sujetos obligados deber醤 obtener de estos clientes una copia de los documentos necesarios para practicar la diligencia debida.

2. Los criterios para la acreditaci髇 de la identidad del cliente en relaci髇 con los sujetos obligados sometidos a la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulaci髇 del juego, y en su normativa de desarrollo, se determinar醤 en el proceso de concesi髇 de licencias generales por la Direcci髇 General de Ordenaci髇 del Juego, previo informe favorable del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇.

Art韈ulo 22 Pa韘es, territorios o jurisdicciones de riesgo

1. Los sujetos obligados considerar醤 como pa韘es, territorios o jurisdicciones de riesgo los siguientes:

• a) Pa韘es, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo.
• b) Pa韘es, territorios o jurisdicciones sujetos a sanciones, embargos o medidas an醠ogas aprobadas por la Uni髇 Europea, las Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales.
• c) Pa韘es, territorios o jurisdicciones que presenten niveles significativos de corrupci髇 u otras actividades criminales.
• d) Pa韘es, territorios o jurisdicciones en los que se facilite financiaci髇 u apoyo a actividades terroristas.
• e) Pa韘es, territorios o jurisdicciones que presenten un sector financiero extraterritorial significativo (centros 玱ff-shore�).
• f) Pa韘es, territorios o jurisdicciones que tengan la consideraci髇 de para韘os fiscales.

2. En la determinaci髇 de los pa韘es, territorios o jurisdicciones de riesgo los sujetos obligados recurrir醤 a fuentes cre韇les, tales como los Informes de Evaluaci髇 Mutua del Grupo de Acci髇 Financiera (GAFI) o sus equivalentes regionales o los Informes de otros organismos internacionales.

La Comisi髇 publicar� orientaciones para asistir a los sujetos obligados en la determinaci髇 del riesgo geogr醘ico.

Art韈ulo 23 Alertas

Los procedimientos de control interno a que se refiere el art韈ulo 31 determinar醤, en funci髇 del riesgo, alertas adecuadas por tipolog韆, intervinientes y cuant韆 de las operaciones. Las alertas generadas ser醤 revisadas a efectos de determinar si procede el examen especial de la operaci髇, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 25.

En el caso de sujetos obligados cuyo n鷐ero anual de operaciones exceda de 10.000, ser� preceptiva la implantaci髇 de modelos automatizados de generaci髇 y priorizaci髇 de alertas.

Las alertas establecidas en los procedimientos de control interno ser醤 objeto de revisi髇 peri骴ica con objeto de garantizar su permanente adecuaci髇 a las caracter韘ticas y nivel de riesgo de la operativa del sujeto obligado.

Art韈ulo 24 Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo

1. Lo dispuesto en el art韈ulo precedente se entender� sin perjuicio de la detecci髇 de operaciones de riesgo por parte de los directivos, empleados y agentes, a cuyos efectos los sujetos obligados, como parte de los procedimientos de control interno a que se refiere el art韈ulo 31:

• a) Difundir醤 internamente una relaci髇 de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo.
• b) Establecer醤 un cauce de comunicaci髇 con los 髍ganos de control interno, con instrucciones precisas a los directivos, empleados y agentes sobre c髆o proceder en caso de detectar cualquier hecho u operaci髇 que pudiera estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo.
• c) Aprobar醤 un formulario orientativo del contenido m韓imo que deber� incluir la comunicaci髇 interna de operaciones.
• d) Garantizar醤 la confidencialidad de las comunicaciones de operaciones de riesgo realizadas por los empleados, directivos o agentes.
• e) Proporcionar醤 formaci髇 adecuada, de conformidad con lo prevenido en el art韈ulo 39.

2. En la relaci髇 de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo, se incluir醤, en todo caso, entre otros, los siguientes supuestos:

• a) Cuando la naturaleza o el volumen de las operaciones activas o pasivas de los clientes no se corresponda con su actividad o antecedentes operativos.
• b) Cuando una misma cuenta, sin causa que lo justifique, venga siendo abonada mediante ingresos en efectivo por un n鷐ero elevado de personas o reciba m鷏tiples ingresos en efectivo de la misma persona.
• c) Pluralidad de transferencias realizadas por varios ordenantes a un mismo beneficiario en el exterior o por un 鷑ico ordenante en el exterior a varios beneficiarios en Espa馻, sin que se aprecie relaci髇 de negocio entre los intervinientes.
• d) Movimientos con origen o destino en territorios o pa韘es de riesgo.
• e) Transferencias en las que no se contenga la identidad del ordenante o el n鷐ero de la cuenta origen de la transferencia.
• f) Operativa con agentes que, por su naturaleza, volumen, cuant韆, zona geogr醘ica u otras caracter韘ticas de las operaciones, difieran significativamente de las usuales u ordinarias del sector o de las propias del sujeto obligado.
• g) Los tipos de operaciones que establezca la Comisi髇. Estas operaciones ser醤 objeto de publicaci髇 o comunicaci髇 a los sujetos obligados, directamente o por medio de sus asociaciones profesionales.

Se incluir醤 asimismo las operaciones que, con las caracter韘ticas anteriormente se馻ladas, se hubieran intentado y no ejecutado.

Art韈ulo 25 Examen especial

1. El proceso de examen especial se realizar� de modo estructurado, document醤dose las fases de an醠isis, las gestiones realizadas y las fuentes de informaci髇 consultadas. En todo caso, el proceso de examen especial tendr� naturaleza integral, debiendo analizar toda la operativa relacionada, todos los intervinientes en la operaci髇 y toda la informaci髇 relevante obrante en el sujeto obligado y, en su caso, en el grupo empresarial.

2. Concluido el an醠isis t閏nico, el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 adoptar�, motivadamente y sin demora, la decisi髇 sobre si procede o no la comunicaci髇 al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, en funci髇 de la concurrencia en la operativa de indicios o certeza de relaci髇 con el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo.

No obstante lo dispuesto en el p醨rafo anterior, el procedimiento de control interno del sujeto obligado podr� prever que la decisi髇 sea sometida, previamente, a la consideraci髇 del 髍gano de control interno. En estos casos, el 髍gano de control interno adoptar� la decisi髇 por mayor韆, debiendo constar expresamente en el acta, el sentido y motivaci髇 del voto de cada uno de los miembros.

Las decisiones sobre comunicaci髇 deber醤 responder, en todo caso, a criterios homog閚eos, haci閚dose constar la motivaci髇 en el expediente de examen especial.

En aquellos supuestos en que la detecci髇 de la operaci髇 derive de la comunicaci髇 interna de un empleado, agente o directivo de la entidad, la decisi髇 final adoptada sobre si procede o no la comunicaci髇 por indicio de la operaci髇, ser� puesta en conocimiento del comunicante.

3. Los sujetos obligados mantendr醤 un registro en el que, por orden cronol骻ico, se recoger醤 para cada expediente de examen especial realizado, entre otros datos, sus fechas de apertura y cierre, el motivo que gener� su realizaci髇, una descripci髇 de la operativa analizada, la conclusi髇 alcanzada tras el examen y las razones en que se basa. Asimismo se har� constar la decisi髇 sobre su comunicaci髇 o no al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 y su fecha, as� como la fecha en que, en su caso, se realiz� la comunicaci髇.

4. Los sujetos obligados conservar醤 los expedientes de examen especial durante el plazo de diez a駉s.

Art韈ulo 26 Comunicaci髇 por indicio

1. Concluido el examen especial establecido en el art韈ulo precedente, y habi閚dose determinado la concurrencia en la operativa de indicios o certeza de relaci髇 con el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo, se efectuar� sin dilaci髇 la comunicaci髇 por indicio, en el soporte y formato establecido por el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇.

2. Sin perjuicio de efectuar la comunicaci髇 por indicio al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, el sujeto obligado adoptar� inmediatamente medidas adicionales de gesti髇 y mitigaci髇 del riesgo, que deber醤 tomar en consideraci髇 el riesgo de revelaci髇.

3. En virtud de lo dispuesto en el art韈ulo 18.2 f) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, en las comunicaciones por indicio se incluir� informaci髇 sobre la decisi髇 adoptada o que previsiblemente se adoptar� por el sujeto obligado respecto a la continuaci髇 o interrupci髇 de la relaci髇 de negocios con el cliente o clientes que participen en la operaci髇, as� como la justificaci髇 de esta decisi髇. En caso de que la no interrupci髇 de la relaci髇 de negocios venga determinada por la necesidad de no interferir en una entrega vigilada acordada conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se har� constar este hecho de forma expresa.

4. Cuando los sujetos obligados eximidos de la obligaci髇 de nombramiento de representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 realicen una comunicaci髇 por indicio, incluir醤 preceptivamente en dicha comunicaci髇 los datos identificativos del sujeto obligado, as� como los datos identificativos y de contacto de la persona que lo represente.

Art韈ulo 27 Comunicaci髇 sistem醫ica

1. En todo caso, los sujetos obligados comunicar醤 mensualmente al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇:

• a) Las operaciones que lleven aparejado movimiento f韘ico de moneda met醠ica, papel moneda, cheques de viaje, cheques u otros documentos al portador librados por entidades de cr閐ito, con excepci髇 de las que sean objeto de abono o cargo en la cuenta de un cliente, por importe superior a 30.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
• b) Los sujetos obligados que realicen env韔s de dinero en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, comunicar醤 al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 las operaciones que lleven aparejado movimiento f韘ico de moneda met醠ica, papel moneda, cheques de viaje, cheques u otros documentos al portador, por importe superior a 1.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.
• c) Las operaciones realizadas por o con personas f韘icas o jur韉icas que sean residentes, o act鷈n por cuenta de estas, en territorios o pa韘es que al efecto se designen por Orden del Ministro de Econom韆 y Competitividad, as� como las operaciones que impliquen transferencias de fondos a o desde dichos territorios o pa韘es, cualquiera que sea la residencia de las personas intervinientes, siempre que el importe de las referidas operaciones sea superior a 30.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
• d) Las operaciones que supongan movimientos de medios de pago sujetos a declaraci髇 obligatoria de conformidad con el art韈ulo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
• e) La informaci髇 agregada sobre la actividad de env韔s de dinero, definida en el art韈ulo 2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, desglosada por pa韘es de origen o destino y por agente o centro de actividad.
• f) La informaci髇 agregada sobre la actividad de transferencias con o al exterior de las entidades de cr閐ito, desglosada por pa韘es de origen o destino.
• g) Las operaciones que se determinen mediante Orden del Ministro de Econom韆 y Competitividad.

Los sujetos obligados no incluir醤 en la comunicaci髇 sistem醫ica mensual las operaciones correspondientes a su actividad propia de inversi髇 o captaci髇 de recursos financieros en mercados internacionales o actividad de igual naturaleza de aquellos clientes que tengan la condici髇 de entidad financiera autorizada para operar en la Uni髇 Europea o terceros pa韘es equivalentes.

En caso de no existir operaciones susceptibles de comunicaci髇 sistem醫ica, los sujetos obligados comunicar醤 semestralmente esta circunstancia al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇.

2. El Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 establecer� los criterios para determinar cu醤do, a efectos de la obligaci髇 de comunicaci髇 sistem醫ica, varias operaciones deber醤 agregarse por considerarse fraccionamientos de una misma operaci髇.

3. Quedan exceptuados de la obligaci髇 de comunicaci髇 sistem醫ica los corredores de seguros a los que se refiere el art韈ulo 2.1 b) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, las empresas de asesoramiento financiero y los sujetos obligados mencionados en los p醨rafos k) a y), ambos inclusive, del art韈ulo 2.1 de la misma ley.

Art韈ulo 28 Conservaci髇 de documentos de diligencia debida

1. Los sujetos obligados conservar醤 toda la documentaci髇 obtenida o generada en aplicaci髇 de las medidas de diligencia debida, con inclusi髇, en particular, de las copias de los documentos fehacientes de identificaci髇, las declaraciones del cliente, la documentaci髇 e informaci髇 aportada por el cliente u obtenida de fuentes fiables independientes, la documentaci髇 contractual y los resultados de cualquier an醠isis efectuado, durante un periodo de diez a駉s desde la terminaci髇 de la relaci髇 de negocio o la ejecuci髇 de la operaci髇 ocasional.

2. Los sujetos obligados almacenar醤 las copias de los documentos fehacientes de identificaci髇 formal en soportes 髉ticos, magn閠icos o electr髇icos.

Asimismo, podr醤 almacenarse en soportes 髉ticos, magn閠icos o electr髇icos las copias de los documentos acreditativos de la realizaci髇 de operaciones de ingreso, retirada o traspaso de fondos desde una cuenta en una entidad de cr閐ito y los que acrediten la orden o recepci髇 de transferencias de fondos realizadas en entidades de pago u operaciones de cambio de moneda.

Se except鷄n los sujetos obligados que, con inclusi髇 de los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros, que podr醤 optar por mantener copias f韘icas de los documentos de identificaci髇. Esta excepci髇 no ser� aplicable a los sujetos obligados integrados en un grupo empresarial que exceda dichas cifras.

Art韈ulo 29 Otras obligaciones de conservaci髇 documental

1. Los sujetos obligados conservar醤 los documentos y mantendr醤 registros adecuados de todas las relaciones de negocio y operaciones, nacionales e internacionales, durante un periodo de diez a駉s desde la terminaci髇 de la relaci髇 de negocio o la ejecuci髇 de la operaci髇 ocasional. Los registros deber醤 permitir la reconstrucci髇 de operaciones individuales para que puedan surtir, si fuera necesario, efecto probatorio.

2. Los sujetos obligados conservar醤 durante un periodo de diez a駉s los documentos en que se formalice el cumplimiento de sus obligaciones de comunicaci髇 y de control interno.

Art韈ulo 30 Requerimientos de las autoridades

La documentaci髇 e informaci髇 obtenida o generada por los sujetos obligados podr� ser requerida por la Comisi髇, por sus 髍ganos de apoyo o por cualquier otra autoridad p鷅lica o agente de la Polic韆 Judicial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado legalmente habilitado.

Art韈ulo 31 Procedimientos de control interno

1. Los sujetos obligados aprobar醤 por escrito y aplicar醤 pol韙icas y procedimientos adecuados de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo.

Los corredores de seguros y los sujetos obligados comprendidos en los apartados i) a u), ambos inclusive, del art韈ulo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, que, con inclusi髇 de los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros, quedan exceptuados de las obligaciones referidas en este art韈ulo y en los art韈ulos 32, 33, 35, 38 y 39. Estas excepciones no ser醤 aplicables a los sujetos obligados integrados en un grupo empresarial que supere dichas cifras.

2. Las pol韙icas y procedimientos de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo ser醤 aprobados por el 髍gano de administraci髇 del sujeto obligado que, en los supuestos del art韈ulo 2.1 n) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, ser醤 las organizaciones colegiales. En el supuesto de sujetos obligados cuyo volumen de negocios anual supere 50 millones de euros o cuyo balance general anual supere 43 millones de euros, los procedimientos a trav閟 de los cuales se implementen las pol韙icas de prevenci髇 del blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo podr醤 ser aprobados por el 髍gano de control interno al que se refiere el art韈ulo 35.2.

3. Los umbrales fijados para la determinaci髇 de las medidas de control interno aplicables conforme a esta secci髇 y las exigencias en materia de conservaci髇 de documentos a que hace referencia el art韈ulo 28 ser醤 interpretados de conformidad con los criterios establecidos en la Recomendaci髇 2003/361 de la Comisi髇, de 6 de mayo de 2003, sobre la definici髇 de microempresas, peque馻s y medianas empresas.

Art韈ulo 32 An醠isis de riesgo

1. Los procedimientos de control interno se fundamentar醤 en un previo an醠isis de riesgo que ser� documentado por el sujeto obligado.

El an醠isis identificar� y evaluar� los riesgos del sujeto obligado por tipos de clientes, pa韘es o 醨eas geogr醘icas, productos, servicios, operaciones y canales de distribuci髇, tomando en consideraci髇 variables tales como el prop髎ito de la relaci髇 de negocios, el nivel de activos del cliente, el volumen de las operaciones y la regularidad o duraci髇 de la relaci髇 de negocios.

2. El an醠isis de riesgo ser� revisado peri骴icamente y, en todo caso, cuando se verifique un cambio significativo que pudiera influir en el perfil de riesgo del sujeto obligado. Asimismo, ser� preceptiva la realizaci髇 y documentaci髇 de un an醠isis de riesgo espec韋ico con car醕ter previo al lanzamiento de un nuevo producto, la prestaci髇 de un nuevo servicio, el empleo de un nuevo canal de distribuci髇 o el uso de una nueva tecnolog韆 por parte del sujeto obligado, debiendo aplicarse medidas adecuadas para gestionar y mitigar los riesgos identificados en el an醠isis.

Art韈ulo 33 Manual de prevenci髇

1. Los procedimientos de control interno que establezcan los sujetos obligados ser醤 documentados en un manual de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo que comprender�, como m韓imo, los siguientes aspectos:

• a) La pol韙ica de admisi髇 de clientes del sujeto obligado, con una descripci髇 precisa de los clientes que potencialmente puedan suponer un riesgo superior al promedio por disposici髇 normativa o porque as� se desprenda del an醠isis de riesgo, y de las medidas a adoptar para mitigarlo, incluida, en su caso, la negativa a establecer relaciones de negocio o a ejecutar operaciones o la terminaci髇 de la relaci髇 de negocios.
• b) Un procedimiento estructurado de diligencia debida que incluir� la peri骴ica actualizaci髇 de la documentaci髇 e informaci髇 exigibles. La actualizaci髇 ser�, en todo caso, preceptiva cuando se verifique un cambio relevante en la actividad del cliente que pudiera influir en su perfil de riesgo.
• c) Un procedimiento estructurado de aplicaci髇 de las medidas de diligencia debida a los clientes existentes en funci髇 del riesgo que tendr� en cuenta, en su caso, las medidas aplicadas previamente y la adecuaci髇 de los datos obtenidos.
• d) Una relaci髇 de hechos u operaciones que, por su naturaleza, puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo, estableciendo su peri骴ica revisi髇 y difusi髇 entre los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado.
• e) Una descripci髇 detallada de los flujos internos de informaci髇, con instrucciones precisas a los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado sobre c髆o proceder en relaci髇 con los hechos u operaciones que, por su naturaleza, puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo.
• f) Un procedimiento para la detecci髇 de hechos u operaciones sujetos a examen especial, con descripci髇 de las herramientas o aplicaciones inform醫icas implantadas y de las alertas establecidas.
• g) Un procedimiento estructurado de examen especial que concretar� de forma precisa las fases del proceso de an醠isis y las fuentes de informaci髇 a emplear, formalizando por escrito el resultado del examen y las decisiones adoptadas.
• h) Una descripci髇 detallada del funcionamiento de los 髍ganos de control interno, que incluir� su composici髇, competencias y periodicidad de sus reuniones.
• i) Las medidas para asegurar el conocimiento de los procedimientos de control interno por parte de los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado, incluida su peri骴ica difusi髇 y la realizaci髇 de acciones formativas de conformidad con un plan anual.
• j) Las medidas a adoptar para verificar el cumplimiento de los procedimientos de control interno por parte de los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado.
• k) Los requisitos y criterios de contrataci髇 de agentes, que deber醤 obedecer a lo dispuesto en el art韈ulo 37.2.
• l) Las medidas a adoptar para asegurarse de que los corresponsales del sujeto obligado aplican procedimientos adecuados de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo.
• m) Un procedimiento de verificaci髇 peri骴ica de la adecuaci髇 y eficacia de las medidas de control interno. En los sujetos obligados que dispongan de departamento de auditor韆 interna corresponder� a 閟te dicha funci髇 de verificaci髇.
• n) La peri骴ica actualizaci髇 de las medidas de control interno, a la luz de los desarrollos observados en el sector y del an醠isis del perfil de negocio y operativa del sujeto obligado.
• �) Un procedimiento de conservaci髇 de documentos que garantice su adecuada gesti髇 e inmediata disponibilidad.

2. Los sujetos obligados, deber醤 proceder a la verificaci髇 y actualizaci髇 peri骴icas del manual en los t閞minos de los p醨rafos m) y n) del apartado precedente. El Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 podr� supervisar o inspeccionar la efectiva aplicaci髇 de las medidas de control interno previstas en el manual, de conformidad con lo prevenido en el art韈ulo 47 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Art韈ulo 34 Adecuaci髇 de los procedimientos de control interno

Los procedimientos de control interno deber醤 permitir al sujeto obligado:

• a) Centralizar, gestionar, controlar y almacenar de modo eficaz la documentaci髇 e informaci髇 de los clientes y de las operaciones que se realicen.
• b) Verificar la efectiva aplicaci髇 de los controles previstos y reforzarlos en caso necesario.
• c) Adoptar y aplicar medidas reforzadas para gestionar y mitigar los riesgos m醩 elevados.
• d) Agregar las operaciones realizadas a fin de detectar potenciales fraccionamientos y operaciones conectadas.
• e) Determinar, con car醕ter previo, si procede el conocimiento y verificaci髇 de la actividad profesional o empresarial del cliente.
• f) Detectar cambios en el comportamiento operativo de los clientes o inconsistencias con su perfil de riesgo.
• g) Impedir la ejecuci髇 de operaciones cuando no consten completos los datos obligatorios del cliente o de la operaci髇.
• h) Impedir la ejecuci髇 de operaciones por parte de personas o entidades sujetas a prohibici髇 de operar.
• i) Seleccionar para su an醠isis operaciones en funci髇 de alertas predeterminadas y adecuadas a su actividad.
• j) Mantener una comunicaci髇 directa del 髍gano de control interno con la red comercial.
• k) Atender de forma r醦ida, segura y eficaz los requerimientos de documentaci髇 e informaci髇 de la Comisi髇, de sus 髍ganos de apoyo o de cualquier otra autoridad p鷅lica legalmente habilitada.
• l) Cumplimentar la comunicaci髇 sistem醫ica de operaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 o, en su caso, la comunicaci髇 semestral negativa.

Art韈ulo 35 觬ganos de control interno

1. Los sujetos obligados designar醤 un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, que ser� responsable del cumplimiento de las obligaciones de informaci髇 establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril. El representante podr� designar, asimismo, hasta dos personas autorizadas que actuar醤 bajo la direcci髇 y responsabilidad del representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇.

La propuesta de nombramiento del representante y, en su caso, de los autorizados, acompa馻da de una descripci髇 detallada de su trayectoria profesional, ser� comunicada al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 que, de forma razonada, podr� formular reparos u observaciones. Asimismo, se comunicar� al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 el cese o sustituci髇 del representante o personas autorizadas cuando tenga car醕ter disciplinario.

2. Los sujetos obligados establecer醤 un 髍gano de control interno responsable de la aplicaci髇 de los procedimientos de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo.

La constituci髇 de un 髍gano de control interno no ser� preceptiva en los sujetos obligados comprendidos en el apartado i) y siguientes del art韈ulo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y en los corredores de seguros cuando, con inclusi髇 de los agentes, ocupen a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 10 millones de euros, desempe馻ndo en tales casos sus funciones el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇. Esta excepci髇 no ser� aplicable a los sujetos obligados integrados en un grupo empresarial que supere dichas cifras.

3. Los sujetos obligados, cuyo volumen de negocios anual exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros, contar醤 con una unidad t閏nica para el tratamiento y an醠isis de la informaci髇.

La unidad t閏nica deber� contar con personal especializado, en dedicaci髇 exclusiva y con formaci髇 adecuada en materia de an醠isis.

Art韈ulo 36 Medidas de control interno a nivel de grupo

1. Los sujetos obligados que conformen un grupo empresarial que integre filiales o sucursales mayoritariamente participadas domiciliadas en terceros pa韘es, aprobar醤 pol韙icas de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo aplicables a todo el grupo, orientadas al cumplimiento de lo establecido en el art韈ulo 31.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

En estas pol韙icas se incluir醤, en todo caso, los procedimientos para la transmisi髇 de informaci髇 entre los miembros del grupo, estableciendo las cautelas adecuadas en relaci髇 con el uso de la informaci髇 transmitida. Cuando el intercambio de informaci髇 se haga con pa韘es que no ofrezcan un nivel de protecci髇 adecuado de conformidad con lo dispuesto en la normativa de protecci髇 de datos, ser� precisa la autorizaci髇 de la transferencia internacional de datos por parte de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos, en los t閞minos establecidos en la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.

2. Los procedimientos de control interno, se establecer醤 a nivel de grupo, siendo aplicables a todas las sucursales y filiales domiciliadas en Espa馻 con participaci髇 mayoritaria del sujeto obligado.

Los procedimientos de control interno a nivel de grupo deber醤 tener en cuenta los diferentes sectores de actividad, modelos de negocio y perfiles de riesgo y prever醤 los intercambios de informaci髇 necesarios para una gesti髇 integrada del riesgo. En particular, los 髍ganos de control interno del grupo deber醤 tener acceso, sin restricci髇 alguna, a cualquier informaci髇 obrante en las filiales o sucursales que sea precisa para el desempe駉 de sus funciones de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo.

3. A efectos del reglamento, resulta de aplicaci髇 la definici髇 de grupo recogida en el art韈ulo 42 del C骴igo de Comercio.

Para la aplicaci髇 al grupo empresarial de los umbrales previstos en las excepciones de los art韈ulos 31 y siguientes, se tendr醤 en consideraci髇 鷑icamente aquellas filiales o sucursales del grupo que tengan la consideraci髇 de sujetos obligados conforme al art韈ulo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Art韈ulo 37 Medidas de control interno de aplicaci髇 a los agentes

1. Los sujetos obligados, sin perjuicio de su responsabilidad directa, se asegurar醤 del efectivo cumplimiento por parte de sus agentes de las obligaciones de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo.

A estos efectos, los sujetos obligados incluir醤 a los agentes en el 醡bito de aplicaci髇 de sus procedimientos de control interno. Dichos procedimientos prever醤, en particular, mecanismos espec韋icos de seguimiento y control de las actividades de los agentes que se adaptar醤 al nivel de riesgo existente en funci髇 de las caracter韘ticas concretas de la relaci髇 de agencia.

En aquellos supuestos en los que el sujeto obligado determine que un agente ha incumplido grave o sistem醫icamente los procedimientos de control interno, deber� poner fin al contrato de agencia, procediendo a examinar la operativa del agente de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

2. Los procedimientos de control interno establecer醤 mecanismos espec韋icos que garanticen la aplicaci髇 de altos est醤dares 閠icos en la contrataci髇 de agentes.

La operativa de los nuevos agentes ser� objeto de seguimiento reforzado por parte del sujeto obligado.

3. Los sujetos obligados mantendr醤 a disposici髇 de la Comisi髇, de sus 髍ganos de apoyo o de cualquier otra autoridad p鷅lica legalmente habilitada una relaci髇 completa y actualizada de sus agentes, que incluir� todos los datos necesarios para su adecuada identificaci髇 y localizaci髇.

4. Lo dispuesto en el presente art韈ulo ser� igualmente aplicable a las personas o entidades no residentes que desarrollen en Espa馻, a trav閟 de agentes, actividades sujetas a obligaciones de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo.

Art韈ulo 38 Examen externo

1. Los informes de experto externo describir醤 y valorar醤 las medidas de control interno de los sujetos obligados a una fecha de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 28 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Los informes deber醤 emitirse, en todo caso, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de referencia.

2. Los 髍ganos de administraci髇 del sujeto obligado adoptar醤 sin dilaci髇 las medidas necesarias para solventar las deficiencias identificadas en los informes de experto externo.

En el caso de deficiencias que no sean susceptibles de resoluci髇 inmediata, los 髍ganos de administraci髇 del sujeto obligado adoptar醤, expresamente, un plan de remedio, que establecer� un calendario preciso para la implantaci髇 de las medidas correctoras. Dicho calendario no podr� exceder, con car醕ter general, de un a駉 natural.

3. El examen externo incluir� todas las sucursales y filiales con participaci髇 mayoritaria del sujeto obligado. En relaci髇 con las sucursales y filiales situadas en pa韘es terceros, el experto verificar� espec韋icamente el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el art韈ulo 31 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

4. En el caso de los 髍ganos centralizados de prevenci髇 a los que se refiere el art韈ulo 27 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, el experto externo describir� y valorar� su funcionamiento y la adecuaci髇 de sus medios humanos, materiales y t閏nicos.

Asimismo, el experto externo comprobar�, mediante muestreo estad韘tico, la efectiva implantaci髇 de las medidas de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo por parte de los profesionales incorporados al 髍gano centralizado de prevenci髇.

Art韈ulo 39 Formaci髇

1. Los sujetos obligados aprobar醤 un plan anual de formaci髇 en materia de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo.

2. El plan de formaci髇 se fundamentar� en los riesgos identificados, de conformidad con el art韈ulo 32, y prever� acciones formativas espec韋icas para los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado. Tales acciones formativas, que deber醤 ser apropiadamente acreditadas, ser醤 congruentes con el grado de responsabilidad de los receptores y el nivel de riesgo de las actividades que desarrollen.

3. Anualmente, los sujetos obligados documentar醤 el grado de cumplimiento del plan de formaci髇.

El examen externo a que se refiere el art韈ulo 38 valorar� la adecuaci髇 de las acciones formativas realizadas por el sujeto obligado.

4. Los sujetos obligados para los que no resulte preceptiva la aprobaci髇 de un plan anual de formaci髇, deber醤 acreditar que el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 ha recibido formaci髇 externa adecuada para el ejercicio de sus funciones.

Art韈ulo 40 Altos est醤dares 閠icos en la contrataci髇 de empleados, directivos y agentes

1. Los procedimientos de los sujetos obligados deber醤 garantizar altos est醤dares 閠icos en la contrataci髇 de directivos, empleados o agentes conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 30.2 de la Ley 10/2010 de 28 de abril. A estos efectos, se aplicar醤 a estos colectivos los criterios de idoneidad fijados por la normativa sectorial que les resulte de aplicaci髇.

2. En defecto de normativa espec韋ica, para la determinaci髇 de la concurrencia de altos est醤dares 閠icos en directivos, empleados o agentes del sujeto obligado, se tomar� en consideraci髇 su trayectoria profesional, valor醤dose la observancia y respeto a las leyes mercantiles u otras que regulen la actividad econ髆ica y la vida de los negocios, as� como a las buenas pr醕ticas del sector de actividad de que se trate.

3. No se considerar� que concurren altos est醤dares 閠icos cuando el empleado, directivo o agente:

• a) Cuente con antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelaci髇 por delitos dolosos contra el patrimonio, y contra el orden socioecon髆ico, contra la Hacienda P鷅lica y Seguridad Social, delitos contra la Administraci髇 P鷅lica y falsedades.
• b) Haya sido sancionado mediante resoluci髇 administrativa firme con la suspensi髇 o separaci髇 del cargo por infracci髇 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. Esta circunstancia se apreciar� durante el tiempo que se prolongue la sanci髇.

Art韈ulo 41 Medidas de control interno de aplicaci髇 por el administrador nacional del Registro de derechos de emisi髇 previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r間imen de comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero

1. El administrador nacional del Registro de derechos de emisi髇 previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r間imen de comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero designar� un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, que ser� responsable del cumplimiento de las obligaciones de comunicaci髇 establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril.

El representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 deber� recibir formaci髇 externa adecuada para el ejercicio de sus funciones.

2. El administrador nacional del Registro de derechos de emisi髇 previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r間imen de comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero aprobar� un manual de procedimientos donde se incluir�:

• a) La pol韙ica de admisi髇 de clientes, desarrollada de conformidad con las restricciones fijadas en el Reglamento (UE) n.^o 389/2013, de la Comisi髇, de 2 de mayo de 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Registro de la Uni髇 de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Decisiones n.^o 280/2004/CE y n.^o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.^o 920/2010 y n.^o 1193/2011, de la Comisi髇.
• b) Una relaci髇 de hechos u operaciones que, por su naturaleza, puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo, estableciendo su peri骴ica revisi髇.
• c) Un procedimiento para la detecci髇 de hechos u operaciones sujetos a examen especial, con descripci髇 de las herramientas o aplicaciones inform醫icas implantadas y de las alertas establecidas.
• d) Un procedimiento estructurado de examen especial que concretar� de forma precisa las fases del proceso de an醠isis y las fuentes de informaci髇 a emplear, formalizando por escrito el resultado del examen y las decisiones adoptadas.

Art韈ulo 42 Fundaciones y asociaciones

1. Las fundaciones y asociaciones identificar醤 y comprobar醤 la identidad de todas las personas que reciban a t韙ulo gratuito fondos o recursos. Cuando la naturaleza del proyecto o actividad haga inviable la identificaci髇 individualizada o cuando la actividad realizada conlleve un escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiaci髇 del terrorismo, se proceder� a la identificaci髇 del colectivo de beneficiarios y de las contrapartes o colaboradores en dicho proyecto o actividad.

2. Las fundaciones y asociaciones identificar醤 y comprobar醤 la identidad de todas las personas que aporten a t韙ulo gratuito fondos o recursos por importe igual o superior a 100 euros.

3. Sin perjuicio de lo prevenido en el art韈ulo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y de las obligaciones que les resulten aplicables de acuerdo con su normativa espec韋ica, las fundaciones y asociaciones aplicar醤 las siguientes medidas:

• a) Implementar procedimientos para garantizar la idoneidad de los miembros de los 髍ganos de gobierno y de otros puestos de responsabilidad de la entidad.
• b) Aplicar procedimientos para asegurar el conocimiento de sus contrapartes, incluyendo su adecuada trayectoria profesional y la honorabilidad de las personas responsables de su gesti髇.
• c) Aplicar sistemas adecuados, en funci髇 del riesgo, de control de la efectiva ejecuci髇 de sus actividades y de la aplicaci髇 de los fondos conforme a lo previsto.
• d) Conservar durante un plazo de diez a駉s los documentos o registros que acrediten la aplicaci髇 de los fondos en los diferentes proyectos.
• e) Informar al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 de los hechos que puedan constituir indicio o prueba de blanqueo de capitales o de financiaci髇 del terrorismo.
• f) Colaborar con la Comisi髇 y con sus 髍ganos de apoyo de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 21 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

4. Las Administraciones P鷅licas o sus organismos dependientes que otorguen subvenciones a asociaciones y fundaciones, as� como los Protectorados y los organismos encargados de la verificaci髇 de la constituci髇 de asociaciones mencionados en el art韈ulo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, comunicar醤 al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 aquellas situaciones que detecten en el ejercicio de sus competencias y que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo. Dichos organismos informar醤 razonadamente a la Secretar韆 de la Comisi髇 cuando detecten incumplimientos de las obligaciones establecidas en el art韈ulo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, o de lo dispuesto en este art韈ulo.

Art韈ulo 43 Medidas de control interno de aplicaci髇 al pago de premios en loter韆s u otros juegos de azar

1. Los sujetos obligados que gestionen, exploten o comercialicen loter韆s u otros juegos de azar establecer醤 procedimientos adecuados de control interno en relaci髇 con las operaciones de pago de premios, que en todo caso prever醤:

• a) Un manual de procedimientos donde se incluir� como m韓imo:
  • 1.� La identificaci髇 de los ganadores de premios por importe igual o superior a 2.500 euros, sin perjuicio de lo que, a efectos de identificaci髇 de jugadores dispone Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulaci髇 del juego, y en su normativa de desarrollo y normativas equivalentes de las Comunidades Aut髇omas.
  • 2.� Una relaci髇 de operaciones de riesgo, prestando particular atenci髇 al cobro repetitivo de premios.
  • 3.� Un procedimiento para la detecci髇 de hechos u operaciones sujetos a examen especial, con descripci髇 de las herramientas o aplicaciones inform醫icas implantadas y de las alertas establecidas.
  • 4.� Un procedimiento estructurado de examen especial que concretar� de forma precisa las fases del proceso de an醠isis y las fuentes de informaci髇 a emplear, formalizando por escrito el resultado del examen y las decisiones adoptadas.
• b) El nombramiento de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇.
• c) Un plan anual de acciones formativas de los empleados.

2. Las medidas de control interno establecidas ser醤 objeto de examen externo en los t閞minos del art韈ulo 38.

Art韈ulo 44 觬ganos centralizados de prevenci髇 de incorporaci髇 obligatoria

1. Los sujetos obligados a que se refiere el art韈ulo 2.1.n) de la Ley 10/2010 se incorporar醤 a los 髍ganos centralizados de prevenci髇 establecidos por sus organizaciones colegiales de 醡bito nacional.

2. Los 髍ganos centralizados de prevenci髇 a que se refiere este art韈ulo ejercer醤 las siguientes funciones:

• a) Examinar, por cuenta de los funcionarios incorporados, las operaciones que presenten las circunstancias previstas en el art韈ulo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. El examen podr� realizarse por petici髇 del funcionario incorporado o como consecuencia del an醠isis de 韓dices o bases de datos por el 髍gano centralizado de prevenci髇. En todo caso, los funcionarios colegiados deber醤 poner en conocimiento del 髍gano centralizado de prevenci髇, tan pronto como tengan conocimiento del mismo, cualquier hecho u operaci髇, con independencia de su cuant韆, que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo.
• b) Comunicar, en nombre y por cuenta de los funcionarios incorporados, las operaciones a que se refiere el art韈ulo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. La comunicaci髇 se efectuar� directamente por el representante del 髍gano centralizado ante el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, informando al funcionario interviniente. Excepcionalmente, el 髍gano centralizado de prevenci髇 podr� abstenerse de informar al funcionario interviniente cuando as� sea solicitado por el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 o cuando estime que ello pudiera poner en riesgo la investigaci髇.
• c) Obtener informaci髇 sobre la titularidad real derivada de los actos en que intervengan funcionarios incorporados.
• d) Aprobar los procedimientos para la efectiva aplicaci髇 de las prohibiciones de operar, medidas de bloqueo u otras restricciones o sanciones financieras establecidas por normas de derecho comunitario o nacional.
• e) Atender los requerimientos de documentaci髇 e informaci髇 de la Comisi髇, de sus 髍ganos de apoyo, o de cualquier otra autoridad p鷅lica o agentes de la Polic韆 Judicial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado legalmente habilitados.
• f) Efectuar an醠isis de riesgo de la actividad desarrollada por los funcionarios colegiados, en funci髇 de los tipos de intervinientes, 醨eas geogr醘icas y operaciones y actualizarlos peri骴icamente.
• g) Informar a los funcionarios incorporados sobre tipolog韆s y operaciones de riesgo.
• h) Aprobar las medidas de control interno a aplicar por los funcionarios incorporados, que habr醤 de ser ratificadas por el m醲imo 髍gano decisor de su respectiva organizaci髇 colegial de 醡bito nacional.
• i) Supervisar el cumplimiento de los procedimientos de control interno, por parte de los funcionarios colegiados. A estos efectos, el m醲imo 髍gano decisor de su respectiva organizaci髇 colegial de 醡bito nacional aprobar� las directrices, frecuencia y contenido de las inspecciones o acciones espec韋icas de comprobaci髇 que el 髍gano centralizado llevar� a cabo de forma coordinada con el resto de las acciones de supervisi髇 y control ordinarias desarrolladas conforme a sus normas reguladoras. En todo caso, los resultados espec韋icos de la supervisi髇 ser醤 trasladados al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇.
• j) Desarrollar acciones formativas de los funcionarios incorporados y de su personal. Estas acciones ser醤 objeto de un Plan anual, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 39.
• k) Aprobar medidas de correcci髇 de la informaci髇 grabada por los funcionarios colegiados en las bases de datos desde las que se traslada la informaci髇 a los 髍ganos de apoyo de la Comisi髇 por parte del 髍gano centralizado de prevenci髇, que ser醤 ratificadas por la organizaci髇 colegial de 醡bito nacional.

3. Los 髍ganos centralizados podr醤 requerir de los funcionarios incorporados cualquier informaci髇 o documentaci髇 necesaria para el desarrollo de sus funciones.

En el ejercicio de sus funciones de examen y comunicaci髇, los 髍ganos centralizados de prevenci髇 actuar醤 con plena autonom韆 t閏nica, no pudiendo recabar o recibir instrucciones, generales o espec韋icas, de los 髍ganos de la organizaci髇 colegial a la que se encuentren adscritos.

4. Las organizaciones colegiales velar醤 para que los 髍ganos centralizados de prevenci髇 cuenten con los medios humanos, materiales y t閏nicos necesarios para el adecuado desempe駉 de sus funciones.

El Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, sin perjuicio de sus potestades directas de supervisi髇 e inspecci髇 de los funcionarios colegiados, podr� comprobar la adecuaci髇 de las medidas de control interno de los 髍ganos centralizados de prevenci髇, as� como la idoneidad de los medios atribuidos a los mismos.

5. Contra las decisiones de los 髍ganos centralizados de prevenci髇 relativas a los procedimientos de control interno, los funcionarios colegiados podr醤 acudir en v韆 de petici髇 ante el Presidente de la Comisi髇, cuyas resoluciones pondr醤 fin a la v韆 administrativa.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 32.4 de la Ley 10/2010, los 髍ganos centralizados de prevenci髇 a los que se refiere este art韈ulo tendr醤 la condici髇 de responsables de los tratamientos que lleven a cabo por propia iniciativa o a requerimiento de la Comisi髇 o de sus 髍ganos de apoyo, o de cualquier otra autoridad p鷅lica legalmente habilitada, con la finalidad de prevenci髇 del blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo.

Igualmente ser醤 responsables de los tratamientos efectuados en el marco de sus funciones de an醠isis de riesgo y de supervisi髇 establecidos en la normativa de prevenci髇 del blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo, as� como de los que se deriven directamente del acceso y tratamiento de la informaci髇 de los datos contenidos en los ficheros de los que los propios 髍ganos fueran responsables, tanto en el marco de las obligaciones de diligencia debida como en las de examen especial e informaci髇 establecidas en la normativa de prevenci髇 del blanqueo de capitales.

En los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, no ser� de aplicaci髇 a la actividad de los 髍ganos centralizados de prevenci髇 lo dispuesto en el art韈ulo 12 de la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre.

Art韈ulo 45 Intervenci髇 de los medios de pago

1. La omisi髇 de la declaraci髇, cuando 閟ta sea preceptiva de acuerdo con el art韈ulo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, o la falta de veracidad de los datos declarados, siempre que pueda estimarse como especialmente relevante, determinar� la intervenci髇 por los funcionarios aduaneros o policiales actuantes de la totalidad de los medios de pago hallados, salvo el m韓imo de supervivencia que pueda determinarse mediante Orden del Ministro de Econom韆 y Competitividad.

Igualmente proceder� la intervenci髇 cuando concurran dudas racionales sobre la veracidad de los datos consignados en la declaraci髇.

Los medios de pago intervenidos se ingresar醤 en la misma moneda o divisa intervenida en las cuentas abiertas en el Banco de Espa馻 a nombre de la Comisi髇.

El acta de intervenci髇, de la que se dar� traslado inmediato al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 para su investigaci髇 y a la Secretar韆 de la Comisi髇 para la incoaci髇, en su caso, del correspondiente procedimiento sancionador, deber� indicar expresamente si los medios de pago intervenidos fueron hallados en lugar o situaci髇 que mostrase intenci髇 de ocultarlos. El acta de intervenci髇 tendr� valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos o intereses puedan aportar los interesados.

2. Asimismo, proceder� la intervenci髇 cuando, no obstante haberse declarado el movimiento o no excederse el umbral de declaraci髇, existan indicios o certeza de que los medios de pago est醤 relacionados con el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo, ingres醤dose los medios de pago intervenidos en las Cuentas de Dep髎ito y Consignaciones Judiciales correspondientes.

Del acta de intervenci髇 se dar� traslado inmediato al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 y a los 髍ganos judiciales competentes para su investigaci髇.

Cuando en el curso de un procedimiento judicial se aprecie incumplimiento de la obligaci髇 de declaraci髇 establecida en el art韈ulo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, el juzgado o tribunal lo comunicar� a la Secretar韆 de la Comisi髇, poniendo a su disposici髇 los medios de pago intervenidos no sujetos a responsabilidades penales, procedi閚dose seg鷑 lo previsto en el apartado precedente.

3. En los casos en que no resulte procedente la intervenci髇 de los medios de pago, los funcionarios aduaneros o policiales actuantes realizar醤 diligencias informativas cuando estimen que la informaci髇 pudiera tener relevancia tributaria o policial. Dichas diligencias ser醤 asimismo remitidas al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇.

Art韈ulo 46 Env韔 postal

No ser醤 v醠idas las declaraciones de medios de pago efectuadas cuando correspondan a env韔s prohibidos en la normativa postal.

Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas, proceder� la intervenci髇 de los medios de pago hallados en env韔s postales en los supuestos y t閞minos establecidos en el art韈ulo 45.

Art韈ulo 47 Autorizaci髇 de transferencias de fondos

1. Sin perjuicio de lo que en cada caso establezca el acuerdo del Consejo de Ministros de adopci髇 de contramedidas financieras aprobadas en ejercicio de la potestad atribuida por el art韈ulo 42.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, o el reglamento de la Uni髇 Europea de aplicaci髇, en los supuestos de flujos financieros sometidos a autorizaci髇, la solicitud se realizar� por la entidad financiera que emita o reciba la transferencia de fondos a autorizar. En la solicitud de autorizaci髇 se incluir�, en todo caso, la informaci髇 relativa al ordenante, el beneficiario, las entidades financieras que participan en la transacci髇 y el concepto de la misma.

2. La competencia para autorizar las transferencias de fondos sometidas a contramedidas corresponder� a la Secretar韆 General del Tesoro y Pol韙ica Financiera a trav閟 de la Subdirecci髇 General de Inspecci髇 y Control de Movimientos de Capitales.

3. Se denegar� la autorizaci髇 cuando existan medidas de congelaci髇 de fondos acordadas contra alguna de las personas o entidades intervinientes en la transferencia o cuando el objeto de la misma contravenga las prohibiciones establecidas en el acuerdo del Consejo de Ministros o Reglamento de la Uni髇 Europea de aplicaci髇.

4. Contra las resoluciones de la Subdirecci髇 General de Inspecci髇 y Control de Movimientos de Capitales podr� interponerse recurso de alzada ante el Secretario General del Tesoro y Pol韙ica Financiera, cuyas resoluciones pondr醤 fin a la v韆 administrativa.

5. El procedimiento de autorizaci髇 deber� resolverse y notificarse en el plazo de seis meses desde la solicitud, y se tramitar� de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

Art韈ulo 48 Congelaci髇 o bloqueo de fondos o recursos econ髆icos

1. Se congelar醤 o bloquear醤 todos los fondos y recursos econ髆icos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a personas, entidades u organismos respecto de los cuales un reglamento de la Uni髇 Europea o un acuerdo del Consejo de Ministros establezca esta medida restrictiva.

2. La Secretar韆 General del Tesoro y Pol韙ica Financiera ser� la autoridad competente en Espa馻 en relaci髇 con la ejecuci髇 de las medidas de congelaci髇 o bloqueo de fondos y recursos econ髆icos en los t閞minos previstos en este reglamento.

3. Una vez en vigor el reglamento de la Uni髇 Europea o sea eficaz el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establezca la medida de congelaci髇 o bloqueo de fondos o recursos econ髆icos contra una persona, organismo o entidad, dicha medida de congelaci髇 se llevar� a cabo de forma inmediata por cualquier persona f韘ica o jur韉ica. La congelaci髇 o bloqueo realizado ser� inmediatamente comunicado, por escrito, a la Secretar韆 General del Tesoro y Pol韙ica Financiera, incluyendo en la comunicaci髇 todos los datos relativos al titular, la cuant韆 y naturaleza de los fondos o recursos econ髆icos que se hubieran congelado o bloqueado y dem醩 circunstancias concurrentes.

Art韈ulo 49 Liberaci髇 de fondos o recursos econ髆icos congelados o bloqueados

1. La Secretar韆 General del Tesoro y Pol韙ica Financiera, a trav閟 de la Subdirecci髇 General de Inspecci髇 y Control de Movimientos de Capitales, podr� autorizar la liberaci髇 de determinados fondos o recursos econ髆icos, congelados o bloqueados, cuando se verifiquen las condiciones establecidas en el reglamento de la Uni髇 Europea o en el acuerdo del Consejo de Ministros que resulte de aplicaci髇.

2. La solicitud de descongelaci髇 o desbloqueo de fondos o recursos econ髆icos se realizar�, a instancias del titular de los fondos o recursos econ髆icos congelados o bloqueados, por la entidad depositaria de aqu閘los, quien la remitir� por escrito a la autoridad competente.

3. En el escrito de solicitud se har� constar la normativa que se considera aplicable y se expondr醤 las circunstancias que justifican la solicitud. Asimismo, la solicitud se acompa馻r� de copia aut閚tica de cuantos documentos resulten relevantes para su resoluci髇.

4. El procedimiento de liberaci髇 de fondos o recursos econ髆icos congelados o bloqueados se tramitar� de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, debiendo notificarse la resoluci髇 en el plazo m醲imo de seis meses desde la solicitud.

5. Contra las resoluciones de la Subdirecci髇 General de Inspecci髇 y Control de Movimientos de Capitales podr� interponerse recurso de alzada ante el Secretario General del Tesoro y Pol韙ica Financiera, cuyas resoluciones pondr醤 fin a la v韆 administrativa.

Art韈ulo 50 Naturaleza y finalidad del Fichero de Titularidades Financieras

1. El Fichero de Titularidades Financieras es un fichero de car醕ter administrativo creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo.

2. La Secretar韆 de Estado de Econom韆 y Apoyo a la Empresa ser� responsable del Fichero de Titularidades Financieras, actuando el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 como encargado del tratamiento por cuenta de aqu閘la.

Art韈ulo 51 Declaraci髇 por las entidades de cr閐ito

1. Las entidades de cr閐ito, a trav閟 de su representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, declarar醤 a dicho Servicio la apertura o cancelaci髇 de cualesquiera cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores o dep髎itos a plazo, con independencia de su denominaci髇 comercial. Las declaraciones no incluir醤 las cuentas y dep髎itos de las sucursales o filiales de las entidades de cr閐ito espa駉las en el extranjero.

La declaraci髇 contendr�, en todo caso, los datos identificativos de los titulares, titulares reales, en su caso, representantes o autorizados, as� como de cualesquiera otras personas con poderes de disposici髇, la fecha de apertura o cancelaci髇, y el tipo de cuenta o dep髎ito. Se considerar醤 datos identificativos el nombre y apellidos o denominaci髇 social y el tipo y n鷐ero de documento identificativo. Mediante instrucci髇 del Secretario de Estado de Econom韆 y Apoyo a la Empresa, previo informe de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos, se podr醤 determinar otros datos de identificaci髇 que deban ser asimismo declarados a fin de la adecuada identificaci髇 de intervinientes, cuentas y dep髎itos.V閍se la Instrucci髇 de 19 de diciembre de 2014, de la Secretar韆 de Estado de Econom韆 y Apoyo a la Empresa, por la que se establecen los datos de identificaci髇 adicionales que deben ser declarados por las entidades de cr閐ito al Fichero de Titularidades Financieras, a fin de la adecuada identificaci髇 de intervinientes, cuentas y dep髎itos (獴.O.E.� 27 enero 2015).LE0000544579_20150128

2. La declaraci髇 se realizar� mensualmente, bajo el soporte y formato que determine el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, e incluir� la informaci髇 correspondiente a las aperturas, cancelaciones y modificaciones de cuentas y dep髎itos y las variaciones en los datos de intervinientes, registrados en el mes natural inmediatamente anterior. El env韔 de la declaraci髇 deber� realizarse dentro de los siete primeros d韆s h醔iles del mes natural siguiente.

3. Las entidades de cr閐ito declarantes ser醤 responsables de la calidad, integridad y veracidad de los datos declarados, aplicando en origen los procedimientos de validaci髇 necesarios.

En caso de advertir omisiones o errores, el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, sin perjuicio de la responsabilidad exigible, requerir� a las entidades de cr閐ito declarantes para que procedan en el plazo m醲imo de diez d韆s h醔iles a la remisi髇 de los datos preceptivos omitidos o a la depuraci髇 de los datos err髇eos declarados. Asimismo, las entidades declarantes que detecten errores en la informaci髇 enviada deber醤 rectificar los datos err髇eos por el procedimiento que determine el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇.

4. La declaraci髇 se entender� sin perjuicio del cumplimiento por parte de las entidades de cr閐ito de las restantes obligaciones de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo y, en particular, de la comunicaci髇 por indicio prevista en el art韈ulo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Art韈ulo 52 Consultas y accesos al Fichero de Titularidades Financieras

1. El Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, como encargado del tratamiento, establecer� los procedimientos t閏nicos de consulta del Fichero de Titularidades Financieras. Los accesos y consultas realizadas y los resultados obtenidos se efectuar醤 por medios telem醫icos.

Las solicitudes de datos del Fichero de Titularidades Financieras se efectuar醤 necesariamente a trav閟 de los puntos 鷑icos de acceso designados a tal efecto en el Consejo General del Poder Judicial, en el Ministerio Fiscal, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el Centro Nacional de Inteligencia y en la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria.

Cada organismo, a trav閟 de su punto 鷑ico de acceso, comprobar� la identidad de la autoridad o funcionario solicitante, verificar� su habilitaci髇 legal para realizar la petici髇 de acceso y velar� por la pertinencia de las solicitudes, que deber醤 estar adecuadamente motivadas y quedar醤 bajo la responsabilidad de la autoridad o funcionario solicitante.

En cada punto 鷑ico de acceso se mantendr� un registro pormenorizado de las peticiones realizadas, en el que figurar� en todo caso la autoridad o funcionario solicitante y la justificaci髇 de la petici髇, en su caso, la identidad de la Autoridad Judicial o Fiscal que ha acordado o autorizado la obtenci髇 de datos, as� como el procedimiento en que ha reca韉o la correspondiente resoluci髇.

Las solicitudes de datos del Fichero de Titularidades Financieras deber醤 identificar a la persona, personas o n鷐ero de cuenta respecto de las que requiere informaci髇, no resultando admisibles b鷖quedas abiertas, gen閞icas o por aproximaci髇. Mediante instrucci髇 del Secretario de Estado de Econom韆 y Apoyo a la Empresa, previo informe de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos, se determinar醤 los requisitos m韓imos de informaci髇 que deber醤 cumplir las solicitudes.V閍se Instrucci髇 de 2 de julio de 2015, de la Secretar韆 de Estado de Econom韆 y Apoyo a la Empresa, por la que se establecen los requisitos m韓imos que deben cumplir las solicitudes de datos del Fichero de Titularidades Financieras, efectuadas a trav閟 de los puntos 鷑icos de acceso (獴.O.E.� 14 diciembre).LE0000563971_20151215

2. Sin perjuicio de las informaciones que, a petici髇 de las autoridades habilitadas a trav閟 de sus puntos 鷑icos de acceso, emita respecto de los datos obrantes en el Fichero de Titularidades Financieras, el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 podr� asimismo consultar los datos del Fichero de Titularidades Financieras en el ejercicio de sus funciones. Los datos del Fichero de Titularidades Financieras incorporados en informes de inteligencia estar醤 asimismo sometidos a las previsiones del art韈ulo 46 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

3. El Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 llevar� un registro de las consultas y accesos realizados en el ejercicio de sus funciones y por los puntos 鷑icos de acceso.

Art韈ulo 53 Protecci髇 de datos

1. El Fichero de Titularidades Financieras quedar� sometido a las disposiciones de la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.

Ser醤 aplicables al Fichero de Titularidades Financieras las medidas de seguridad de nivel alto establecidas en la normativa de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

Ser醤 aplicables al Fichero de Titularidades Financieras las disposiciones contenidas en el art韈ulo 32.2 y 3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. No obstante, las entidades de cr閐ito deber醤 informar a los titulares, representantes y autorizados de la cesi髇 de los datos al Fichero.

2. Los datos sobre cuentas y dep髎itos declarados al Fichero de Titularidades Financieras se eliminar醤 transcurridos diez a駉s desde la cancelaci髇 de la cuenta corriente, cuenta de ahorro, cuenta de valores o dep髎ito a plazo. Los datos relativos a intervinientes se eliminar醤 transcurridos diez a駉s desde la cancelaci髇 de la cuenta o dep髎ito, o desde que se comunique su baja como titulares, apoderados o representantes.

3. La Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos ejercer� respecto del Fichero de Titularidades Financieras todas las competencias que le atribuye la normativa en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal y, en particular, la potestad de inspecci髇 prevista en el art韈ulo 40 de la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre.

Art韈ulo 54 Contenido de la funci髇 del Ministerio Fiscal

1. El Fiscal General del Estado designar�, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 43.4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, al miembro del Ministerio Fiscal encargado de velar por el uso adecuado del Fichero de Titularidades Financieras. La designaci髇 ser� comunicada al Consejo Fiscal.

2. Las funciones del Ministerio Fiscal consistir醤 en autorizar la relaci髇 de puntos 鷑icos de acceso a quienes el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 habilitar� su conexi髇 al sistema y verificar que las consultas o accesos al Fichero de Titularidades Financieras han sido realizados por las autoridades o funcionarios autorizados y para los fines establecidos en art韈ulo 43 de la Ley 10/2010 de 28 de abril. Esta verificaci髇 se realizar� en la forma prevista en los art韈ulos siguientes.

Art韈ulo 55 Verificaci髇 de la regularidad de las consultas y accesos por el Ministerio Fiscal

1. El Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 mantendr� permanentemente a disposici髇 del Fiscal designado el registro de consultas y accesos previsto en el art韈ulo 52.3. Sin perjuicio de ello, cuando por cualquier motivo el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 tuviera conocimiento de que se ha producido una consulta o acceso irregular al Fichero de Titularidades Financieras o se solicite un acceso fuera del cauce previsto en los apartados anteriores, dar� traslado al Fiscal o, en su caso, al punto 鷑ico correspondiente.

2. El Fiscal podr� realizar la auditor韆 de accesos al Fichero de Titularidades Financieras cuando lo considere necesario para el control del adecuado uso del mismo, a cuyos efectos tendr� acceso inmediato al registro pormenorizado de accesos que debe mantenerse en cada punto de acceso seg鷑 se establece en el art韈ulo 52.1. Asimismo, los puntos de acceso deber醤 facilitar al Fiscal cuanta informaci髇 y documentaci髇 les solicite, por s� o a trav閟 del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, para llevar a cabo la auditor韆 de accesos. En todo caso, el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 remitir� semestralmente al Fiscal el listado de accesos realizados.

3. Las funciones y controles establecidas en este art韈ulo se entender醤 sin menoscabo de que la informaci髇 se encuentre igualmente a disposici髇 de la autoridad competente en materia de protecci髇 de datos para el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre u otra normativa espec韋ica de aplicaci髇 en materia de protecci髇 de datos.

Art韈ulo 56 Iniciaci髇 de actuaciones previas

1. Si, a la vista de la informaci髇 remitida por el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, el Fiscal considera que hay indicios de consulta o acceso irregular al Fichero de Titularidades Financieras, iniciar� actuaciones previas que no podr醤 exceder el plazo de un a駉.

2. El Fiscal tambi閚 podr� iniciar actuaciones previas cuando por cualquier otro medio tenga conocimiento de que ha podido producirse una consulta o acceso irregular al Fichero de Titularidades Financieras.

3. Las actuaciones previas tendr醤 por objeto determinar, con la mayor precisi髇 posible, los hechos que pudieran justificar la incoaci髇 de un procedimiento disciplinario por consulta o acceso irregular al fichero, as� como identificar la persona que pudiera resultar responsable y fijar las circunstancias relevantes que pudieran concurrir en el caso.

4. En la tramitaci髇 de las actuaciones previas, el Fiscal podr� requerir el auxilio que precise del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, as� como requerir justificaci髇 completa de los motivos de cualquier consulta o acceso a cualquiera de las autoridades o funcionarios que hayan obtenido datos del Fichero de Titularidades Financieras. A estos mismos efectos, podr� dirigirse a cualquier organismo en cuyo poder obre informaci髇 relativa a la consulta o acceso investigado para que proporcione la misma.

Art韈ulo 57 Resultado de las actuaciones previas

1. Si de las actuaciones previas resultara que la consulta o acceso investigado ha sido irregular, el Fiscal remitir� copia de lo actuado al 髍gano al que corresponda el inicio del correspondiente procedimiento disciplinario, salvo que los hechos sean constitutivos de delito, en cuyo caso remitir� lo actuado al Ministerio Fiscal u 髍gano judicial competente. En el caso de que se apreciase la existencia de una vulneraci髇 de Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, los hechos ser醤 puestos inmediatamente en conocimiento de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos o la autoridad de protecci髇 de datos que resulte competente.

2. El 髍gano competente para exigir responsabilidad disciplinaria al sujeto responsable de la consulta o acceso irregular deber� incoar el procedimiento disciplinario correspondiente, notificando la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento al Fiscal, que podr� interponer contra la misma recurso contencioso.

3. Si de las actuaciones previas resultara que la consulta o acceso fue regular, el Fiscal archivar� las mismas.

Art韈ulo 58 Ejecuci髇 de sanciones

1. La ejecuci髇 de las resoluciones sancionadoras firmes corresponder� a la Secretar韆 de la Comisi髇.

2. La recaudaci髇 de las sanciones pecuniarias, corresponder� a las Delegaciones de Econom韆 y Hacienda en per韔do voluntario y a la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria en el per韔do ejecutivo.

3. La sanci髇 de amonestaci髇 p鷅lica, una vez sea firme en v韆 administrativa, ser� ejecutada en la forma que se establezca en la resoluci髇. En todo caso, ser� publicada en el 獴olet韓 Oficial del Estado� y en la p醙ina web de la Comisi髇, del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 y de la Secretar韆 General del Tesoro y Pol韙ica Financiera.

Art韈ulo 59 Ejecuci髇 de sanciones por incumplimiento de la obligaci髇 de declarar prevista en el art韈ulo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril

En el caso de los procedimientos por incumplimiento de la obligaci髇 de declaraci髇 establecida en el art韈ulo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, la multa se har� efectiva en las cantidades que, en su caso, hubieran sido constituidas en garant韆, de conformidad con el art韈ulo 61.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. Cuando la cuant韆 de la sanci髇 no pueda ser totalmente satisfecha por la garant韆 constituida al efecto, se proceder� conforme al art韈ulo 58.2 de este reglamento.

Art韈ulo 60 Utilizaci髇 de datos y nivel de seguridad en los tratamientos de car醕ter personal

1. Los datos recogidos por los sujetos obligados para el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida establecidas en la Ley 10/2010 de 28 de abril y este reglamento no podr醤 ser utilizados para fines distintos de los relacionados con la prevenci髇 del blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo sin el consentimiento del interesado, salvo que el tratamiento de dichos datos sea necesario para la gesti髇 ordinaria de la relaci髇 de negocios.

2. Los sujetos obligados aplicar醤 medidas de seguridad de nivel alto a los tratamientos llevados a cabo para el cumplimiento de las obligaciones de comunicaci髇 a las que se refiere el cap韙ulo III de este Reglamento.

3. Ser� exigible a los tratamientos efectuados en el cumplimiento del deber de diligencia debida el nivel de seguridad que corresponda conforme a lo previsto en la normativa vigente de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

Art韈ulo 61 Ficheros comunes para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevenci髇

1. Conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 33.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, cuando concurran riesgos extraordinarios identificados mediante los an醠isis a que se refiere el art韈ulo 65.1.e), la Comisi髇, previo dictamen conforme de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos, podr� autorizar el intercambio de informaci髇 sobre determinadas categor韆s de operaciones o clientes.

2. Conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 33.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, cuando las operaciones que hayan sido objeto de comunicaci髇 por indicio al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 y posterior rechazo por el sujeto obligado, por sus caracter韘ticas, pudieran ser intentadas en forma id閚tica o similar ante otro sujeto obligado, la Comisi髇, previo dictamen conforme de la de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos, podr� autorizar a los sujetos obligados el establecimiento, bien directamente o por medio de las asociaciones a la que pertenecieran, de ficheros comunes para el intercambio de esta informaci髇.

Dichos sistemas deber醤 cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

• a) S髄o podr� incorporarse al fichero informaci髇 relacionada con operaciones que hubieran sido previamente objeto de comunicaci髇 por indicio al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, sin que se haya producido su devoluci髇 por 閟te 鷏timo, cuando, una vez rechazadas por el sujeto obligado comunicante, dichas operaciones fueran susceptibles de intentarse ante otros sujetos obligados.
• b) El tratamiento de los datos contenidos en el fichero 鷑icamente podr� llevarse a cabo con la finalidad de prevenir o impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiaci髇 del terrorismo. En particular, los datos contenidos en el fichero no podr醤 incorporarse a otros sistemas de detecci髇 y prevenci髇 del fraude que no se encuentren relacionados con las materias indicadas.
• c) El acceso a los datos contenidos en los ficheros quedar� exclusivamente limitado a aqu閘los sujetos obligados ante los que pudiera reiterarse la operativa a la que se refiera la informaci髇.
• d) 趎icamente podr� tener acceso al fichero quienes integren los 髍ganos de control interno a los que se refiere el art韈ulo 35 de este reglamento.

En todo caso ser醤 de aplicaci髇 a estos ficheros las exenciones y obligaciones a las que se refiere el art韈ulo 33.5 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Art韈ulo 62 Comisi髇 de Prevenci髇 del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

1. La Comisi髇 es el 髍gano competente para la determinaci髇 de las pol韙icas nacionales de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo, y ejercer� las funciones que le atribuye el art韈ulo 44.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Dichas pol韙icas, que ser醤 peri骴icamente actualizadas, ser醤 congruentes con los riesgos identificados de blanqueo de capitales y de financiaci髇 del terrorismo.

2. La Comisi髇 actuar� en Pleno y a trav閟 del Comit� Permanente y del Comit� de Inteligencia Financiera.

El Pleno de la Comisi髇 y sus Comit閟 se entender醤 v醠idamente constituidos, en primera convocatoria con la presencia del Presidente, el Secretario y de la mitad al menos, de sus miembros; y, en segunda convocatoria, con la presencia de un tercio de sus miembros, incluidos Presidente y Secretario.

3. La Comisi髇 y sus Comit閟 se reunir醤 con car醕ter general dos veces al a駉, sin perjuicio de la posible convocatoria de reuniones adicionales cuando sean procedentes.

Excepcionalmente, por razones de urgencia, la Comisi髇 podr� adoptar sus decisiones por procedimiento escrito. El Secretario, por orden del Presidente, dirigir� un escrito a los vocales para que, en un plazo no inferior a siete d韆s, manifiesten su conformidad o disconformidad con la propuesta de acuerdo sometida a consideraci髇.

4. Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en este reglamento, la Comisi髇 se regir� por lo dispuesto en la cap韙ulo II, t韙ulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Art韈ulo 63 Pleno de la Comisi髇

1. El Pleno de la Comisi髇 estar� integrado por los siguientes vocales:

• a) El Secretario de Estado de Econom韆 y Apoyo a la Empresa, que ejercer� la Presidencia.
• b) El Secretario General del Tesoro y Pol韙ica Financiera.
• c) El Fiscal de Sala Jefe de la Fiscal韆 Antidroga.
• d) El Fiscal de Sala Jefe de la Fiscal韆 contra la Corrupci髇 y la Criminalidad Organizada.
• e) El Fiscal de Sala Jefe de la Audiencia Nacional.
• f) Un vocal del Consejo General del Poder Judicial designado por su Presidente.
• g) El Secretario General del Banco de Espa馻.
• h) El Director General de Supervisi髇 del Banco de Espa馻.
• i) El Director General del Servicio Jur韉ico de la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores.
• j) El Director General de Seguros y Fondos de Pensiones.
• k) El Director General de Comercio e Inversiones.
• l) El Director General de Registros y del Notariado.
• m) El Director General de Pol韙ica Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad.
• n) El Director de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos.
• �) El Director de Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad.
• o) El Comisario General de Polic韆 Judicial.
• p) El General Jefe de Polic韆 Judicial de la Guardia Civil.
• q) El Director de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia.
• r) El Director de la Polic韆 Aut髇oma Vasca – Ertzaintza.
• s) El Director General de la Polic韆 de la Generalidad de Catalu馻.
• t) El Director de la Polic韆 Foral de Navarra.
• u) El Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria.
• v) El Director del Departamento de Inspecci髇 Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria.
• w) El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇.
• x) El Subdirector General de Inspecci髇 y Control de Movimientos de Capitales dependiente de la Secretar韆 General del Tesoro y Pol韙ica Financiera.

2. La condici髇 de vocal de la Comisi髇 es personal y no delegable. No obstante, en caso de imposibilidad, podr� asistir al Pleno de la Comisi髇, con voz pero sin voto, un representante con rango, al menos, de Subdirector General de la instituci髇 a la que pertenezca el vocal.

Art韈ulo 64 Comit� Permanente de la Comisi髇

1. El Comit� Permanente de la Comisi髇 ejercer� las siguientes funciones:

• a) Orientar la actuaci髇 del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 y aprobar su estructura organizativa y directrices de funcionamiento.
• b) Aprobar, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 y, en caso de convenio, de los 髍ganos de supervisi髇 de las entidades financieras, el Plan Anual de Inspecci髇 de los sujetos obligados, que tendr� car醕ter reservado.
• c) Formular requerimientos a los sujetos obligados relativos al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril.
• d) Incoar y, en su caso, sobreseer los procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por la comisi髇 de infracciones previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, a propuesta de la Secretar韆 de la Comisi髇. Se except鷄n los procedimientos sancionadores por incumplimiento de la obligaci髇 de declaraci髇 de movimientos de medios de pago cuya incoaci髇 y, en su caso, sobreseimiento, corresponder� a la Secretar韆 de la Comisi髇.
• e) Elevar al Pleno de la Comisi髇, a propuesta de la Secretar韆 de la Comisi髇, propuesta de resoluci髇 de los procedimientos sancionadores por infracciones graves y muy graves previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, con excepci髇 de los relativos al incumplimiento de la obligaci髇 de declaraci髇 de movimientos de medios de pago. Cuando la propuesta a elevar al Pleno de la Comisi髇 altere la calificaci髇 jur韉ica determinada en fase de instrucci髇, se dar� audiencia al interesado para que realice las alegaciones que a su derecho convengan. El Pleno de la Comisi髇, vista la propuesta de resoluci髇 elevada por el Comit� Permanente, propondr� lo que resulte procedente al Ministro de Econom韆 y Competitividad.

2. El Comit� Permanente de la Comisi髇 estar� integrado por los siguientes vocales:

• a) El Secretario General del Tesoro y Pol韙ica Financiera, que ejercer� la Presidencia.
• b) Un representante del Banco de Espa馻.
• c) Un representante de la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores.
• d) Un representante de la Direcci髇 General de Seguros y Fondos de Pensiones.
• e) Un representante de la Secretar韆 de Estado de Seguridad.
• f) Un representante de la Direcci髇 General de la Polic韆.
• g) Un representante de la Direcci髇 General de la Guardia Civil.
• h) Un representante del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria.
• i) Un representante del Departamento de Inspecci髇 Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria.
• j) Un representante de la Fiscal韆 Antidroga.
• k) El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇.
• l) El Subdirector General de Inspecci髇 y Control de Movimientos de Capitales dependiente de la Secretar韆 General del Tesoro y Pol韙ica Financiera.

La condici髇 de miembro del Comit� Permanente no requiere de la previa condici髇 de miembro del Pleno de la Comisi髇. Los representantes designados por las diferentes instituciones o sus suplentes, deber醤 tener rango, al menos, de Subdirector General o equivalente.

Art韈ulo 65 Comit� de Inteligencia Financiera

1. Se crea el Comit� de Inteligencia Financiera que, con car醕ter general, impulsar� la actividad de an醠isis e inteligencia financieros del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 y ser� responsable del an醠isis de riesgo nacional en materia de blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo. En particular, el Comit� de Inteligencia Financiera ejercer� las siguientes funciones:

• a) Aprobar, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, los criterios generales de difusi髇 de los informes de inteligencia financiera.
• b) Facilitar la retroalimentaci髇 al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 de las instituciones receptoras sobre los informes de inteligencia financiera.
• c) Establecer, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, un procedimiento de valoraci髇 por las instituciones receptoras de los informes de inteligencia financiera.
• d) Aprobar, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, orientaciones y directrices generales en materia de an醠isis e inteligencia financieros.
• e) Coordinar las acciones de an醠isis de riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo, velando para que dichos an醠isis se mantengan actualizados y relevantes y los recursos sean utilizados de forma eficiente para mitigar los riesgos identificados. Con este fin, el Comit� de Inteligencia Financiera podr� realizar recomendaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 sobre el Plan Anual de Inspecci髇 de los sujetos obligados.
• f) Establecer los mecanismos adecuados para proporcionar informaci髇 sobre los riesgos identificados a las autoridades competentes y a los sujetos obligados, directamente o por medio de sus asociaciones profesionales. Esta informaci髇 ser� incorporada por los sujetos obligados a los an醠isis de riesgo a que se refiere el art韈ulo 32.
• g) Proponer a la Comisi髇 la adopci髇 de medidas de mitigaci髇 de los riesgos identificados.
• h) Realizar estudios de tipolog韆s en materia de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo, apoy醤dose en el an醠isis estrat間ico que realice el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇.
• i) Aprobar, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, orientaciones y directrices a los sujetos obligados en materia de comunicaci髇 de operaciones por indicio.
• j) Orientar e instruir la actuaci髇 del Grupo de Trabajo de Control de Efectivo o de otros grupos cuya creaci髇 pueda ser decidida por el Comit� de Inteligencia Financiera.

2. El Comit� de Inteligencia Financiera estar� integrado por los siguientes vocales:

• a) El Secretario General del Tesoro y Pol韙ica Financiera, que ejercer� la Presidencia.
• b) Un representante de la Fiscal韆 Antidroga.
• c) Un representante de la Fiscal韆 contra la Corrupci髇 y la Criminalidad Organizada.
• d) Un representante de la Fiscal韆 de la Audiencia Nacional.
• e) Un representante del Banco de Espa馻.
• f) Un representante de la Direcci髇 General de la Polic韆.
• g) Un representante de la Direcci髇 General de la Guardia Civil.
• h) Un representante del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria.
• i) Un representante del Departamento de Inspecci髇 Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria.
• j) Un representante del Centro Nacional de Inteligencia.
• k) Un representante del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado.
• l) El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇.
• m) El Subdirector General de Inspecci髇 y Control de Movimientos de Capitales dependiente de la Secretar韆 General del Tesoro y Pol韙ica Financiera.

La condici髇 de miembro del Comit� de Inteligencia Financiera no requiere de la previa condici髇 de miembro del Pleno de la Comisi髇. Los representantes designados por las diferentes instituciones o sus suplentes deber醤 tener rango, al menos, de Subdirector General o equivalente.

3. El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 informar� en las reuniones del Comit� de Inteligencia Financiera de las tendencias en materia de comunicaci髇 de operativa sospechosa, la evoluci髇 del n鷐ero y calidad de las comunicaciones y de la detecci髇 de cualesquiera patrones de riesgo de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo identificados en el ejercicio de su actividad.

4. A las reuniones del Comit� de Inteligencia Financiera podr醤 asistir otros expertos, con voz pero sin voto, cuando el Presidente lo juzgue preciso a la vista de los asuntos incluidos en el correspondiente orden del d韆.

Art韈ulo 66 Secretar韆 de la Comisi髇

1. La Secretar韆 de la Comisi髇 ser� desempe馻da por la Subdirecci髇 General de Inspecci髇 y Control de Movimientos de Capitales de la Secretar韆 General del Tesoro y Pol韙ica Financiera, ostentando su titular, con car醕ter nato, la condici髇 de Secretario y Vocal de la Comisi髇 y de sus Comit閟.

2. La Secretar韆 de la Comisi髇 ejercer� las siguientes funciones:

• a) Acordar la realizaci髇 de actuaciones previas a la incoaci髇 de procedimientos sancionadores por la comisi髇 de infracciones previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril.
• b) Proponer al Comit� Permanente la incoaci髇 y el sobreseimiento de los procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por la comisi髇 de infracciones previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, con excepci髇 de los procedimientos sancionadores por incumplimiento de la obligaci髇 de declaraci髇 de movimientos de medios de pago.
• c) Incoar y sobreseer los procedimientos sancionadores por incumplimiento de la obligaci髇 de declaraci髇 de movimientos de medios de pago establecida en el art韈ulo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
• d) Instruir los procedimientos sancionadores por infracciones previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril.
• e) Elevar al Comit� Permanente de la Comisi髇 la propuesta de resoluci髇 de los procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por la comisi髇 de infracciones graves y muy graves previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, con excepci髇 de los procedimientos sancionadores por incumplimiento de la obligaci髇 de declaraci髇 de movimientos de medios de pago.
• f) Elevar al Secretario General del Tesoro y Pol韙ica Financiera la propuesta de resoluci髇 de los procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por la comisi髇 de infracciones leves previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y por incumplimiento de la obligaci髇 de declaraci髇 de movimientos de medios de pago establecida en el art韈ulo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
• g) Coordinar la participaci髇 espa駉la en los foros internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo.
• h) Elaborar los proyectos de normas en materia de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo.

3. La Secretar韆 de la Comisi髇 ejercer�, asimismo, las competencias atribuidas en materia de transacciones econ髆icas con el exterior y sanciones financieras internacionales, pudiendo acordar las actuaciones inspectoras que resulten procedentes.

Art韈ulo 67 Servicio Ejecutivo de la Comisi髇

1. El Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 es la Unidad de Inteligencia Financiera espa駉la, siendo 鷑ico en todo el territorio nacional.

El Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 es, asimismo, autoridad supervisora en materia de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo y ejecuci髇 de las sanciones y contramedidas financieras a las que se refiere el art韈ulo 42 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. Sin perjuicio de ello, los 髍ganos supervisores de las entidades financieras podr醤 celebrar con la Comisi髇, los convenios en materia de supervisi髇 a los que se refiere el art韈ulo 44.2.m) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

2. En el ejercicio de su funci髇 supervisora y tras la realizaci髇 del informe de inspecci髇 al que se refiere el art韈ulo 47.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 o los 髍ganos supervisores a los que se refiere el art韈ulo 44 de la misma remitir醤 al sujeto obligado un escrito de conclusiones de la inspecci髇, incluyendo recomendaciones relativas a la adecuaci髇 de las medidas de control interno establecidas por el sujeto obligado para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo. A la vista de las recomendaciones realizadas, los sujetos obligados elaborar醤 un plan de acci髇 a los efectos de incorporar su contenido, se馻lando los plazos de implementaci髇 y aplicaci髇 de cada una de las medidas.

3. Sin perjuicio, en su caso, de la incoaci髇 de procedimiento administrativo sancionador, el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 o los 髍ganos supervisores a los que se refiere el art韈ulo 44 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, podr醤 proponer al Comit� Permanente la adopci髇 de requerimientos por los que se exigir� la adopci髇 de determinadas medidas imprescindibles para el correcto cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, o en sus normas de desarrollo. El requerimiento estar� sometido a un plazo para su adecuado atendimiento, transcurrido el cual, y en caso de no haberse adoptado las medidas exigidas, el 髍gano competente incoar� expediente sancionador de acuerdo con lo establecido en los art韈ulos 51.1.e) y 52.1.w) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

4. El Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 remitir�, utilizando canales protegidos, seguros y exclusivos el correspondiente informe de inteligencia financiera a los 髍ganos de investigaci髇 competentes cuando aprecie la existencia de indicios o certeza de blanqueo de capitales o de financiaci髇 del terrorismo. Asimismo, el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 podr� trasladar a la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria aquellos informes en los que se aprecie la existencia de informaci髇 con trascendencia tributaria y atender� las peticiones de informaci髇 de las autoridades legalmente habilitadas.

En el ejercicio de sus funciones de an醠isis e inteligencia financieros, el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, sin perjuicio de aplicar las directrices y orientaciones de car醕ter general de la Comisi髇 y de sus Comit閟, actuar� con autonom韆 e independencia operativas. En particular, el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 no podr� recabar o recibir instrucciones de ning鷑 髍gano respecto del an醠isis y diseminaci髇 de casos concretos, que se realizar� con criterios estrictamente t閏nicos.

5. Sin perjuicio de su actividad de an醠isis operativo, el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 realizar� funciones de an醠isis estrat間ico con objeto de identificar patrones, tendencias y tipolog韆s, de los que informar� al Comit� de Inteligencia Financiera, que determinar� posibles amenazas y vulnerabilidades en un an醠isis de riesgo que informar� las pol韙icas en materia de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo a que se refiere el art韈ulo 62.1.

6. La informaci髇 recibida, procesada, mantenida o difundida por el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 deber� ser adecuadamente protegida. En particular, se establecer醤 pol韙icas que garanticen la seguridad y confidencialidad de dicha informaci髇, incluyendo procedimientos adecuados de manejo, archivo, difusi髇, protecci髇 y acceso.

7. El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 ejercer� la direcci髇 de todo el personal que preste sus servicios en dicho Servicio, independientemente del sistema de adscripci髇 o dependencia org醤ica.

Una vez nombrado de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 44.2.d) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, el Director percibir� sus retribuciones, que ser醤 fijadas por la Comisi髇, con cargo al presupuesto del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 a que se refiere el art韈ulo 45.3, p醨rafo cuarto de la Ley 10/2010, de 28 de abril. En aquellos casos en que el Director del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 sea un empleado del Banco de Espa馻, se aplicar� el r間imen previsto en el art韈ulo 45.3, p醨rafo tercero de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Asimismo, percibir� sus retribuciones con cargo al presupuesto del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, quedando vinculado al mismo por una relaci髇 de derecho laboral, el personal que se contrate por el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇. Los procedimientos de contrataci髇, que exigir醤 la previa autorizaci髇 de la Comisi髇, tendr醤 car醕ter competitivo y se basar醤 en los principios de m閞ito y capacidad.

El Banco de Espa馻, a propuesta de la Comisi髇, podr� destinar al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 a los empleados que se estimen necesarios para el ejercicio de las funciones encomendadas al mismo. Los empleados del Banco de Espa馻 destinados en el Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 mantendr醤 su relaci髇 laboral con el Banco de Espa馻, rigi閚dose por su normativa espec韋ica.

Art韈ulo 68 Unidades policiales adscritas al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇

1. Quedar醤 adscritas al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 las siguientes unidades policiales:

• a) La Brigada Central de Inteligencia Financiera del Cuerpo Nacional de Polic韆.
• b) La Unidad de Investigaci髇 de la Guardia Civil.

2. Las unidades policiales adscritas, bajo la dependencia funcional de la Direcci髇 del Servicio Ejecutivo de la Comisi髇, colaborar醤 en el desarrollo de las funciones de an醠isis e inteligencia financieros atribuidas al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 por el art韈ulo 46 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

En el ejercicio de las funciones de Polic韆 Judicial, las unidades policiales adscritas se regir醤 por lo establecido en el art韈ulo 31.1 de la Ley Org醤ica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

3. El Ministerio del Interior, a propuesta de la Comisi髇, destinar� a las unidades policiales adscritas al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Polic韆 y de la Guardia Civil que se estimen necesarios para el ejercicio de las funciones encomendadas a dichas unidades.

Art韈ulo 69 Unidad de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria

1. La Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria, en el marco de sus normas de estructura org醤ica, adscribir� al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 una Unidad que, bajo la direcci髇 funcional de la Direcci髇 del Servicio Ejecutivo, colaborar� en el desarrollo de las funciones de an醠isis e inteligencia financieros atribuidas a dicho Servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 46 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

2. La Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria, a propuesta de la Comisi髇, destinar� a dicha Unidad a los funcionarios que se estimen necesarios para el ejercicio de las funciones encomendadas a la misma.