• 

  La administración digital en la era de las tecnologías disruptivas

  Libros
  Desde 82,00 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Manual de Presupuestos y Contabilidad de las Corporaciones Locales. 10ª edición

  Libros
  Desde 100,78 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Contratación Administrativa Práctica

  Periódicos y Revistas
  290,16 €
  322,40 €
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Práctica Urbanística

  Periódicos y Revistas
  308,88 €
  343,20 €
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

I.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoriamente deben asumir los poderes públicos, según prescribe el artículo 46 de la Constitución Española de 1978, establece como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma la protección y realce del patrimonio histórico-artístico de Andalucía, atribuyendo a la misma en su artículo 13.27 y 28 competencia exclusiva sobre esta materia. Por su parte, el artículo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina que se entenderán como Organismos competentes para la ejecución de la Ley, los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que, entre otros mecanismos de protección, se crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la salvaguarda de los bienes en él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndosele a la Consejería de Cultura la formación y conservación del mismo.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo con el artículo 3.3, el titular de la Consejería de Cultura, el órgano competente para proponer la declaración de Bienes de Interés Cultural al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía al que compete tal acto, según el artículo 1.1 del citado Reglamento.

II.

En el área englobada por la delimitación de la Zona Arqueológica Castillo de doña Blanca, se encuentran otros bienes que han sido objeto de la incoación y declaración de forma individualizada, entre ellos la Torre de Doña Blanca, como consecuencia de la aplicación del Decreto de 22 de abril de 1949, de Protección de los castillos españoles; el Castillo de Doña Blanca, declarado mediante Real Decreto de 4 de febrero de 1981 (BOE de 10 de marzo), y el poblado de las Cumbres, incoado por Resolución de 5 de mayo de 1986 (BOJA de 20 de mayo). No obstante, el proceso de investigación que ha experimentado el yacimiento refleja el carácter parcial de estas delimitaciones y aconsejaba realizar una de carácter global que aglutinase todos los elementos conocidos.

La Zona Arqueológica Castillo de Doña Blanca, se sitúa en la cima y laderas de la Sierra de San Cristóbal, que separa a modo de espina dorsal la zona marítima de la campiña. Se trata de una sierra de escasa altura, apenas 130 metros sobre el nivel del mar, pero que resulta suficiente para permitir una visión amplia hacia el interior y la costa, De los distintos elementos que constituyen la zona arqueológica destacan el Poblado de la Dehesa, de la Edad del Cobre; las Canteras, utilizadas desde la protohistoria hasta el siglo XVIII; el poblado de la Sierra de San Cristóbal, del siglo IV a. C. con viviendas e instalaciones de carácter industrial; el Poblado del Castillo de doña Blanca, montículo artificial con aproximadamente 7 u 8 metros de niveles arqueológicos de relleno y una ocupación continuada desde el siglo VIII a. C. hasta finales del siglo III a. C., y la necrópolis de Las Cumbres, que se extiende por la falda meridional de la Sierra de San Cristóbal, con enterramientos agrupados sobre elevaciones naturales o montículos.

III.

La Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolución de 16 de julio de 1999, incoó procedimiento de delimitación del Bien de Interés Cultural denominado Castillo de Doña Blanca, publicada en el BOJA núm. 122, de 21 de octubre de 1999.

Se notificó la Resolución por la que se incoa procedimiento para la delimitación del Bien de Interés Cultural Castillo de Doña Blanca, con fecha de salida de la Dirección General de Bienes Culturales de 21 de julio de 1999, a la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz, al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a los organismos afectados y a los propietarios conocidos y a los desconocidos mediante publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Al objeto de dar cumplimiento al trámite establecido en el artículo 9.2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, referido al informe favorable de una institución consultiva de las señaladas en el artículo 3.2 de la misma norma, o que tenga reconocido idéntico carácter en el ámbito de la Comunidad Autónoma, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cádiz emitió informe favorable en su sesión celebrada el 11 de noviembre de 1999.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los trámites preceptivos abriéndose un período de información pública y concediéndose trámite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados (BOJA núm. 23, de 24 de febrero de 2000), y a las Administraciones Públicas afectadas.

Por el Ministerio de Defensa se alega con fecha 18 de febrero de 2000 que la delimitación incoada afecta a propiedades del mismo. Mediante oficio de la Delegación Provincial de Cultura de 9 de febrero de 2001, se requiere de dicho Ministerio informe sobre si las citadas propiedades están adscritas a algún servicio público; respondiendo la Delegación de Defensa en Cádiz que se encuentran adscritas a dicho organismo, sin que se haga constar la demanialidad de los terrenos, ni se haya opuesto a la delimitación.

Por parte de don José Luis Martín Ruiz, representante del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en comparecencia realizada en la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz el 16 de febrero de 2000, en el trámite de vista y audiencia del expediente, presenta alegación sobre error en el documento técnico en relación a la no concordancia de la delimitación establecida sobre la fotografía aérea y el plano núm. 3 de delimitación del documento técnico.

Con fecha 18 de febrero se subsana dicho error mediante diligencia por la que se rectifica la línea de delimitación de la fotografía aérea, haciéndose coincidir con la del plano núm. 3 del expediente.

Por parte de doña Francisca Romero Morales y doña Carmen Chamorro Coloma se presentan alegaciones, aunque fuera de plazo, en las que solicitan que se excluyan sus propiedades de la delimi1ación, aduciendo para ello la poca entidad de los restos existentes en su propiedades, ubicadas al otro lado de la carretera nacional IV. Asimismo, exponen que si, en cualquier caso, se declarase el bien incoado, debería procederse a la indemnización por la pérdida que provocaría en la potencialidad que tienen tales terrenos como canteras. No obstante, manifiestan su disposición a autorizar la realización de prospecciones superficiales e intensivas con el fin de investigar los restos allí existentes y retirar cuanto pudiera ser digno de conservación y estudio.

Sobre este particular cabe reseñar las siguientes consideraciones. En la documentación técnica obrante en el expediente se hace expresa mención al interés arqueológico existente en toda superficie delimitada, lo que justifica su inclusión en la Zona Arqueológica. En la definición de Zona Arqueológica hecha por la Ley de Patrimonio Histórico Español (artículo 15.5), se hace referencia al lugar o paraje natural donde existan bienes inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica porque, para el estudio arqueológico, el análisis del lugar está indefectiblemente unido al de los propios vestigios, de manera que éstos pierden interés científico cuando están descontextualizados. Por ello, el legislador ha unido la protección de los bienes inmuebles al lugar en que se encuentran. Por tanto, en una Zona Arqueológica de la importancia de la que nos ocupa, donde el cambiante patrón de ocupación espacial refleja, en buena medida, el interés arqueológico predicado de la misma, no resulta posible pensar que por el mero hecho de que se realicen actividades arqueológicas, el lugar pierda su significación para el conocimiento de la historia de la comarca y, dadas sus claras conexiones con el comercio protohistórico mediterráneo, de toda la cuenca bañada por este mar. Por último, la posibilidad de compensar por la pérdida de aprovechamiento de los terrenos de su propiedad, que supuestamente pueda provocar su inclusión en la delimitación del Bien de Interés Cultural Castillo de Doña Blanca, no son objeto de este procedimiento, cuya finalidad concreta es el de la citada declaración.

Terminada la instrucción del procedimiento, según lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, procede declarar la delimitación de la Zona Arqueológica denominada Castillo de Doña Blanca.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en los artículos 2, 6, 9.1 y 14.2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, en relación con el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico Andaluz, a propuesta de la Consejera de Cultura, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 13 de marzo de 2001,

ACUERDA

Primero. Delimitar el Bien de Interés Cultural denominado Zona Arqueológica del Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz), cuya descripción queda establecida en el Anexo del presente Decreto, sin que resulte necesario delimitar un entorno en este bien, dado el carácter y amplitud de la delimitación del mismo.

Segundo. Inscribir la Zona Arqueológica del Castillo de Doña Blanca delimitada en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su notificación, potestativa mente, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero) o, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.