Sumario

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

«LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 9/1983, DE 1 DE DICIEMBRE, DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 46, vino a instaurar en el diseño institucional del autogobierno la figura del Defensor del Pueblo Andaluz como un Comisionado del Parlamento de Andalucía para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Del mismo modo, en base a la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de la Institución, las singulares prerrogativas y facultades que se otorgan a su titular se conciben a partir de la obtención en la persona del candidato de una cualificada mayoría parlamentaria por parte del pleno de la Cámara, como refrendo de legitimidad democrática que precisa este cargo público para el desempeño de tan delicadas funciones.

En este sentido, la experiencia del funcionamiento de la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz pone de manifiesto que se pueden suscitar situaciones no resueltas en la vigente regulación que afectan al normal desenvolvimiento de estos procesos de elección del titular. En concreto, resulta necesario evitar que períodos de vacación parlamentaria pudieran incidir en el proceso de designación del titular una vez expirado su mandato, provocando así una dilación no deseada en dicho procedimiento parlamentario.

Del mismo modo, para evitar los efectos negativos que esa eventual dilación excesiva del procedimiento de designación pudiera provocar, resulta oportuno garantizar la necesaria legitimidad que debe ostentar en todo momento el titular que ha de desempeñar las funciones propias de la Institución. Por tanto, y al igual que determinan la mayoría de las leyes autonómicas en esta cuestión, una vez expirado el plazo del mandato, se opta por establecer que la continuidad en funciones se desempeñe por la misma persona titular del cargo, quien alcanzó en su día la cualificada aceptación parlamentaria, en tanto en cuanto se concluye con el proceso de designación para el siguiente mandato.

Por último, se concretan, en aras a establecer una mayor seguridad jurídica en las exigencias legales para el desempeño del cargo, las causas de cese y sustitución del cargo de Defensor del Pueblo Andaluz.

Por todo ello, se considera conveniente la reforma de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, en el siguiente sentido: