Sumario

Véase Res [ARAGÓN] 13 septiembre 2012, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del D.-Ley 2/2012, de 31 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para adaptar las explotaciones ganaderas de la Comunidad Autónoma de Aragón a la normativa europea sobre bienestar animal («B.O.A.» 25 septiembre 2012).

El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos, que incorpora al ordenamiento jurídico español las Directivas 2001/80/CE y 2001/93/CE, dispone en su disposición final tercera que las condiciones establecidas en los apartados 2, 3, 4, 5 y en el segundo párrafo del apartado 6 del artículo 3 se aplicarán a todas las explotaciones a partir del 1 de enero de 2013.

La protección de los cerdos en las explotaciones ganaderas exige la aplicación de medidas que regeneren el entorno en el que viven y les permitan desarrollarse y desenvolverse en las mejores condiciones sanitarias y de bienestar posibles, a fin de evitar, en la medida de lo posible, sufrimientos e incomodidades excesivas a estos animales en los modernos sistemas de explotación.

La adaptación a la normativa de bienestar animal de las explotaciones porcinas de reproductoras supone una transformación estructural muy importante de las mismas, pues se pasa de alojamientos individuales a alojamientos en grupo con la consiguiente necesidad de ampliar las superficies de las que disponen los animales para cumplir con las nuevas exigencias normativas de bienestar animal.

Por otra parte, en determinadas comarcas de la Comunidad Autónoma de Aragón localizadas en zonas desfavorecidas de montaña, nos encontramos con explotaciones de tamaño reducido que para adaptarse a la nueva normativa de bienestar animal y cumplir sus exigencias precisan bajar sus censos o incrementar las actuales superficies de que disponen los animales para su alojamiento.

En Aragón, las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, aprobadas por Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, previeron en su disposición transitoria tercera las condiciones necesarias para autorizar las ampliaciones y cambios de orientación productiva en explotaciones porcinas inscritas en el Registro con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.

Por todo ello, es preciso acometer de manera urgente y excepcional la reforma de las previsiones recogidas en la citada disposición para definir el marco

normativo que dé cobertura a las diferentes opciones que se van a ofrecer, dependiendo de las particularidades de cada caso, para facilitar las adaptaciones a las nuevas exigencias normativas sobre bienestar animal de las explotaciones porcinas de producción de cerdas ubicadas en zonas desfavorecidas de montaña que se vean abocadas a la necesidad ineludible de realizar obras de ampliación en sus instalaciones para asegurar su subsistencia.

La necesidad urgente de acometer la modificación del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, unida a la complejidad de los trámites que conllevaría encauzar las actuaciones utilizando otros instrumentos jurídicos en el marco de lo previsto en la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón, determinan que la única opción para que no se produzcan incumplimientos en las normas sobre bienestar animal y a la vez sea posible evitar el cierre de las explotaciones que se ha ido indicando es acudir a la vía del decreto-ley.

Las nuevas posibilidades de actuación que ofrece la modificación del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, permitirán la adaptación a las nuevas exigencias sobre bienestar animal de las pequeñas explotaciones de producción de cerdas ubicadas en zonas desfavorecidas de montaña que hayan regularizado su situación jurídico administrativa por razones justificadas al amparo del Decreto 200/1997, de 9 de diciembre. Con ello se da soporte legal a la posibilidad de ejecutar obras de ampliación de capacidad de las explotaciones que se vean ante la necesidad inaplazable de realizarlas para poder cumplir con las nuevas exigencias sobre el bienestar de los cerdos que se requerirán a partir del 1 de enero de 2013, asegurando su supervivencia y rentabilidad a la vez que se garantiza el bienestar de los cerdos en las explotaciones.

Las modificaciones que se incorporan mediante este decreto-ley se amparan en las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia agricultura y ganadería, que comprenden, en todo caso: la concentración parcelaria; la regulación del sector agroalimentario y de los servicios vinculados, la sanidad animal y vegetal; la seguridad alimentaria y la lucha contra los fraudes en la producción y comercialización, el desarrollo, la transferencia e innovación tecnológica de las explotaciones agrarias y ganaderas e industrias agroalimentarias; el desarrollo integral del mundo rural, previstas en el artículo 71.17 de su Estatuto de Autonomía; así como en la competencia reconocida en el apartado 32 del mismo artículo sobre la planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico, de acuerdo con los principios de equilibrio territorial y sostenibilidad, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1, 13 y 66 de la Constitución.

En este sentido, el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece la potestad del Gobierno de Aragón para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de decreto-ley, en casos de necesidad urgente y extraordinaria, siempre que no afecten al desarrollo de los derechos, deberes y libertades de los aragoneses y de las instituciones reguladas en el Título II, el régimen electoral, y los tributos y el presupuesto de la Comunidad Autónoma, no encontrándose la materia que nos ocupa vedada a este instrumento normativo.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta de los Consejeros de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, de Política Territorial e Interior, y de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 31 de julio de 2012,

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