Sumario

La disposición adicional octava de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, establece que las referencias que en los textos normativos se efectúan a «minusválidos» y a «personas con minusvalía» se entenderán realizadas a «personas con discapacidad». A partir de la entrada en vigor de la Ley, las disposiciones normativas elaboradas por las Administraciones Públicas utilizarán los términos «persona con discapacidad» o «personas con discapacidad» para denominarlas.

El cabal cumplimiento al mandato legal citado no se agota, como es natural, con las disposiciones normativas que la Administración del Principado apruebe, sino que ha de hacerse extensivo a los actos administrativos que cotidianamente produce esta Consejería en el ejercicio de sus competencias, atendiendo fundamentalmente al espíritu de la norma, conforme prescribe el artículo 3.1, inciso final, del Código Civil.

En su virtud, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,

RESUELVO

Primero.- Dictar las instrucciones acerca de la denominación y expedición del certificado de grado de minusvalía que se insertan como anexo a la presente Resolución, a las que se ajustarán los órganos administrativos en su actuación.

Segundo.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para general conocimiento.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) en relación con el artículo 8.2 y 46.2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer con carácter previo al anterior y potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Bienestar Social, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de que se interponga recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto de conformidad con el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las administraciones públicas legitimadas para impugnar el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requerimiento previo de anulación o revocación del acto en el plazo de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 de la citada Ley 29/1998.