Atención norma derogada, ver regulación posterior

Decreto 169/2010, de 16 de noviembre, sobre estructura y organización de la oficina judicial en Cataluña

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• INTRODUCCION
• Artículo 1 Objeto
• Artículo 2 Definición de la oficina judicial y tipo de unidades
• Artículo 3 Las unidades procesales de apoyo directo
• Artículo 4 Los servicios comunes procesales generales
• Artículo 5 Los servicios comunes procesales de ordenación del procedimiento
• Artículo 6 Los servicios comunes procesales de ejecución
• Artículo 7 Servicios comunes procesales que debe haber en los diferentes partidos judiciales
• Artículo 8 Dotación de los servicios comunes procesales y de las secciones
• Artículo 9 Aprobación de circulares e instrucciones de los diferentes servicios comunes
• Artículo 10 Personal destinado en la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera Creación y puesta en funcionamiento de los servicios comunes procesales y de las secciones
  • Segunda Servicios comunes, oficinas o ámbitos pilotos de trabajo creados o implantados con anterioridad en la entrada en vigor de este Decreto
  • Tercera Creación y puesta en funcionamiento del Servicio Común Procesal de Ejecución Penal de los Órganos Judiciales Unipersonales de Barcelona y del Servicio Común Procesal de Ejecución Social de Barcelona
  • Cuarta Registro civil
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • DISPOSICIÓN TRANSITORIA Régimen transitorio de acoplamiento del personal
• DISPOSICIONES FINALES
  • DISPOSICIÓN FINAL Entrada en vigor
• ANEXO. Previsión de los servicios comunes procesales que debe haber en los diferentes partidos judiciales y de su estructura

Artículo 1 Objeto

1. Este Decreto tiene por objeto establecer la estructura y organización de las oficinas judiciales del ámbito territorial de Cataluña, mediante la creación y definición de los servicios comunes procesales y de las correspondientes secciones.

2. La definición, creación y organización de los servicios comunes procesales y de las correspondientes secciones se inspiran en los principios de flexibilidad organizativa, racionalización, eficacia, eficiencia y el respeto a los principios recogidos en la Carta de los derechos de la ciudadanía ante la justicia.

Artículo 2 Definición de la oficina judicial y tipo de unidades

1. De acuerdo con la Ley orgánica del poder judicial, la oficina judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de apoyo y auxilio a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales. La oficina judicial se estructura en dos tipos de unidades: las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes procesales.

2. Las unidades procesales de apoyo directo son aquellas unidades de la oficina judicial que asisten directamente a los jueces y juezas y magistrados y magistradas en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales que les son propias. Hay tantas unidades procesales de apoyo directo como juzgados o, en su caso, salas o secciones de tribunales que estén creadas y en funcionamiento, e integran junto con sus titulares el órgano judicial correspondiente.

3. Los servicios comunes procesales son aquellas unidades de la oficina judicial que, sin estar integradas en un órgano judicial concreto, asumen funciones centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de leyes procesales.

Los servicios comunes procesales pueden ser de los tipos siguientes:

• a) Servicios comunes procesales generales.
• b) Servicios comunes procesales de ordenación del procedimiento.
• c) Servicios comunes procesales de ejecución.

4. Las dotaciones de personal de las unidades procesales de apoyo directo y de los servicios comunes procesales son las que se establecen en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

Artículo 3 Las unidades procesales de apoyo directo

1. Las unidades procesales de apoyo directo asisten a los jueces y juezas y magistrados y magistradas en el ejercicio de las funciones que les son propias.

2. Corresponden a las unidades procesales de apoyo directo las funciones siguientes:

• a) Asistir a los jueces y juezas y magistrados y magistradas en la elaboración de las resoluciones de admisión que les correspondan o de inadmisión del escrito iniciador del proceso y en la elaboración de la resolución sobre admisión de prueba y su celebración en el acto del juicio.
• b) Darles apoyo en el dictado de cualquier resolución limitativa de derechos y en el dictado de las sentencias y del orden general para su ejecución.
• c) Darles apoyo en la resolución de los recursos que se interpongan en fase de tramitación del pleito o de ejecución de su resolución final.
• d) Gestionar la tramitación no atribuida al servicio común de ordenación del procedimiento.
• e) Asistirles técnicamente y darles apoyo en la elaboración de cualquier otra resolución que les corresponda y en cualquier otra función que las leyes atribuyan a los jueces y juezas y magistrados y magistradas.

Artículo 4 Los servicios comunes procesales generales

1. Los servicios comunes procesales generales asumen las funciones de apoyo de carácter general a todas las unidades de la oficina judicial de su ámbito.

2. Corresponden a los servicios comunes procesales generales las funciones siguientes:

2.1 En relación con las funciones de registro y reparto:

• a) Registro de demandas, denuncias, atestados y querellas, y de cualquier otro escrito iniciador o de trámite del proceso.
• b) Reparto de asuntos y exhortos entre órganos, de acuerdo con la normativa.
• c) Funciones de documentación, en particular con respecto a la expedición de diligencias y recibos de presentación.
• d) Recepción y primer tratamiento de los escritos presentados.
• e) Apoyo al secretario o secretaria judicial en la redacción de acuerdos gubernativos en materia de reparto.
• f) Apoyo al registro de la guardia.
• g) Cualquier otra función análoga a las anteriores.

2.2 En relación con los actos de comunicación:

• a) Práctica de los actos de comunicación externos y con los operadores y operadoras jurídicos y control de su cumplimiento efectivo.
• b) Práctica de medidas cautelares y definitivas.
• c) Cualquier otra función análoga a las anteriores.

2.3 En relación con las funciones de auxilio judicial:

• a) Recepción de las peticiones de auxilio judicial de los órganos adscritos a su demarcación y canalización a los partidos judiciales correspondientes.
• b) Seguimiento del cumplimiento de los exhortos ejecutando los recordatorios pertinentes.
• c) Devolución de las peticiones al órgano peticionario, una vez cumplimentadas.
• d) Recepción y tramitación de las peticiones de auxilio judicial provenientes de otros partidos judiciales y reparto, en su caso, a la unidad correspondiente para la práctica de la diligencia interesada.
• e) Auxilio judicial a escala internacional.
• f) Cualquier otra función análoga a las anteriores.

2.4 En relación con las funciones de atención a la ciudadanía y a los y a las profesionales:

• a) Atención de las solicitudes de información general.
• b) Atención de las solicitudes de información específica sobre las fases de los procesos en que los ciudadanos y ciudadanas tengan un interés legítimo o de los profesionales que los representen o defiendan.
• c) Recepción de los formularios de quejas, reclamaciones y denuncias y sugerencias que presenten los ciudadanos y, en función de su naturaleza, su traslado al órgano competente para que los tramite y resuelva.
• d) Cualquier otra función que sea análoga a las anteriores.

2.5 En relación con el servicio de caja judicial única:

• a) Gestión del depósito en las entidades que se determinen de todas las cantidades, valores, consignaciones y fianzas que se produzcan.
• b) Expedición de los mandamientos de pago y órdenes de transferencia que acuerden librar tanto los órganos judiciales como los servicios comunes procesales de la oficina judicial.

2.6 En relación con la gestión del depósito de piezas de convicción, les corresponde la recepción, el registro y la custodia a disposición del órgano judicial correspondiente de las piezas de convicción.

2.7 En relación con el apoyo a la presidencia de audiencias provinciales y a jueces decanos o juezas decanas:

• a) Apoyo en la tramitación y resolución de los asuntos gubernativos.
• b) Gestión de agendas, atención telefónica, recepción y registro de correspondencia y elaboración o transcripción de notas, informes, comunicaciones y documentos.
• c) Organización de reuniones y juntas.
• d) Apoyo a cualquier otra función que corresponda a los mencionados órganos gubernativos.

2.8 En relación con el servicio de correos y circulaciones internas de entrega y recogida de documentos:

• a) Traslado y entrega a las unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales de toda la correspondencia, piezas de convicción, escritos y documentos registrados.
• b) Servicio de correos.
• c) Circulaciones internas de entrega y recogida de documentos.
• d) Cualquier otra función análoga a las anteriores.

2.9 Les corresponden también las funciones de carácter general siguientes:

• a) Recepción de los escritos de trámite, de los recursos y de cualquier otro escrito, documento o correspondencia dirigido a las oficinas judiciales, en su caso, con traslado de copias.
• b) Funciones de documentación, en particular con respecto a la expedición de diligencias y recibos de presentación.
• c) Recepción y primer tratamiento de los escritos presentados.
• d) Reprografía, realización de copias en soporte informático y realización de copias de las grabaciones.
• e) Asistencia y apoyo a las vistas y señalamientos.
• f) Verificación de las condiciones de utilización de las salas de vista y de los equipos y medios técnicos.
• g) Apoderamientos apud acta y presentaciones personales.
• h) Otras funciones que establezcan las leyes procesales.

Téngase en cuenta el apartado 2.2 del artículo 2 de la O [CATALUÑA] JUS/5/2016, 15 enero, de modificación del anexo del D. 169/2010, 16 noviembre, sobre estructura y organización de la oficina judicial en Cataluña, y de creación de un servicio común procesal general y de ejecución en el partido judicial de Balaguer («D.O.G.C.» 22 enero).LE0000567267_20160123

3. En función de las características y necesidades específicas de cada partido judicial, los servicios comunes procesales generales se pueden estructurar en secciones.

Artículo 5 Los servicios comunes procesales de ordenación del procedimiento

1. Los servicios comunes procesales de ordenación del procedimiento asumen la tramitación de los procedimientos de los diversos órganos jurisdiccionales en todos aquellos trámites en que no resulte imprescindible la intervención del juez o jueza o magistrado o magistrada.

2. Corresponden a los servicios comunes procesales de ordenación del procedimiento las funciones siguientes:

• a) Verificación de los requisitos y subsanación de defectos previos a la admisión o inadmisión de los escritos iniciadores del procedimiento.
• b) Gestión y tramitación del procedimiento en fase declarativa.
• c) Gestión y tramitación del recurso.
• d) Gestión de la agenda de señalamientos relativos a juicios, vistas y comparecencias mediante un sistema de agenda informática, de acuerdo con los criterios de carácter general y sobre la duración estimada de los actos a señalar que determine el titular del órgano judicial o la presidencia de la sala o sección en los tribunales.
• e) Realización de los trámites necesarios con el fin de dar curso a la práctica de la prueba.
• f) Relación con otras administraciones y registros públicos para la averiguación del patrimonio u otros.
• g) Apoyo a las unidades procesales de apoyo directo en la prestación del servicio de guardia.
• h) Mantenimiento y conservación de los expedientes judiciales en trámite.
• i) Tramitación y resolución de los asuntos de jurisdicción voluntaria que las leyes atribuyan a los secretarios y secretarias judiciales y celebración de los actos de conciliación que le correspondan.
• j) Cualquier otra función de trámite del procedimiento que las leyes no atribuyan expresamente al juez.

Las anteriores funciones se llevan a cabo en coordinación con las correspondientes unidades procesales de apoyo directo y con el resto de servicios comunes procesales.

En el ámbito mercantil, y con respecto a los procedimientos concursales, la ordenación del procedimiento se extenderá a la fase de liquidación del concurso regulada en la Ley concursal.

En el ámbito jurisdiccional de vigilancia penitenciaria, la ordenación del procedimiento se extenderá hasta la finalización del procedimiento y archivo.

3. Los servicios comunes procesales de ordenación del procedimiento se pueden estructurar en secciones, que asumen la ordenación del procedimiento de cada jurisdicción o, en su caso, de más de una jurisdicción, cuando haya similitud en el trámite, o en función de la clase de órgano judicial.

En aquellos partidos judiciales en que, atendiendo al número de órganos judiciales o cargas de trabajo se estime necesario, puede haber diferentes servicios comunes procesales de ordenación del procedimiento por tipo de jurisdicción o por clase de órgano judicial.

4. En los partidos judiciales en que, atendiendo a la cantidad de órganos judiciales, no sea conveniente crear un servicio común procesal de ordenación del procedimiento, estas funciones serán asumidas por las correspondientes unidades procesales de apoyo directo.

Artículo 6 Los servicios comunes procesales de ejecución

1. Los servicios comunes procesales de ejecución asumen las funciones de ejecución de las resoluciones judiciales y de las que dicten los secretarios o secretarias judiciales que, de acuerdo con las correspondientes leyes procesales, no requieran la intervención judicial directa.

2. Una vez el juez o jueza o bien el tribunal haya dictado la resolución de inicio de la ejecución, y en función de los diferentes ámbitos jurisdiccionales, corresponden a los servicios comunes procesales de ejecución las funciones siguientes:

2.1 En el orden jurisdiccional penal y de los juzgados de menores:

• a) Tramitación de mandamientos de prisión o, en su caso, de órdenes de busca y captura.
• b) Tramitación de medidas de internamiento de menores.
• c) Tramitación de la suspensión condicional, pena o indulto.
• d) Realización de los trámites necesarios para poder llevar a efecto la liquidación de condenas y la sustitución de penas.
• e) Averiguación del patrimonio, embargos y subastas.
• f) Tramitación de la retención de permisos oficiales y comunicaciones subsiguientes.
• g) Comunicaciones al registro de penados, censo electoral, tráfico y otros.
• h) Comunicaciones al registro de menores, entidades públicas y otros.
• i) Cualquier otra función de ejecución que las leyes no atribuyan expresamente al juez o jueza.

2.2 En el resto de órdenes jurisdiccionales:

• a) Tramitación y resolución de las incidencias a subsanar derivadas del examen de la demanda por el juez o jueza y cuestiones procesales previas a la admisión.
• b) Tramitación o gestión de la solicitud inicial de ejecución provisional.
• c) Sustanciación de incidencias procesales.
• d) Averiguación del patrimonio, embargos y subastas.
• e) Realización de los trámites necesarios para la adopción de medidas alternativas a la subasta judicial, en los supuestos de ejecución no dinerarias, y si se ha desatendido el requerimiento, actuaciones procedentes a instancias del ejecutante.
• f) Cualquier otra función de ejecución que las leyes no atribuyan expresamente al juez o jueza.

3. En función de las características y especificidades de cada partido judicial, los servicios comunes procesales de ejecución se pueden organizar en secciones, que asumirán las funciones de ejecución de cada orden jurisdiccional o, en su caso, de más de una jurisdicción, cuando haya similitud en el trámite, o en función de la clase de órgano judicial.

4. En aquellos partidos judiciales en que, atendiendo al número de órganos judiciales o cargas de trabajo se estime necesario, puede haber diferentes servicios comunes procesales de ejecución por tipo de jurisdicción o por clase de órgano judicial.

Artículo 7 Servicios comunes procesales que debe haber en los diferentes partidos judiciales

1. Los servicios comunes procesales que debe haber en los diferentes partidos judiciales y su estructura se establece en el anexo de este Decreto, en función de la tipología de partido judicial y de su dimensión.

Mediante orden del consejero o consejera competente en materia de justicia se puede modificar el anexo de este Decreto, para adaptarlo a las necesidades organizativas y funcionales que se planteen en los diferentes partidos judiciales.

2. La creación y la determinación de la fecha de puesta en funcionamiento de los servicios comunes procesales que se prevén en el anexo de este Decreto y, en su caso, de las secciones en el territorio, se hará mediante orden del consejero o consejera competente en materia de justicia.

La orden a que se refiere el párrafo anterior determinará las funciones que, dentro de las que los artículos 4, 5 y 6 atribuyen a cada tipo de servicio común procesal, deben asumir éstos en el momento de su entrada en funcionamiento, y sin perjuicio de que se puedan ampliar de forma gradual y progresiva, en función de las necesidades de cada partido judicial.

Véase O [CATALUÑA] JUS/292/2016, 25 octubre, de creación de los servicios comunes procesales en los partidos judiciales de Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès y Blanes («D.O.G.C.» 7 noviembre).LE0000584895_20161108

3. El consejero o consejera competente en materia de justicia puede, mediante resolución, organizar internamente los servicios comunes procesales y las secciones en equipos, en función de la actividad concreta del servicio o de la sección, de las necesidades organizativas y de las cargas de trabajo. Los equipos pueden estar formados por funcionarios de los diferentes cuerpos de personal al servicio de la Administración de justicia, según requiera la actividad concreta del servicio o de la sección.

Artículo 8 Dotación de los servicios comunes procesales y de las secciones

1. Al frente de cada servicio común procesal hay un secretario o secretaria judicial director o directora, que dirige y coordina las secciones en que se estructura el servicio, y del cual dependen funcionalmente el resto de secretarios o secretarias judiciales y el personal destinado en los puestos de trabajo en que se ordena el servicio.

2. Al frente de cada sección puede haber un secretario o secretaria judicial o un o una responsable del cuerpo de gestión procesal y administrativa, en función de la actividad concreta de la sección, dimensión y características, y de conformidad con lo que establezca la correspondiente relación de puestos de trabajo. En caso de que el o la responsable de la sección sea un funcionario o funcionaria del cuerpo de gestión procesal y administrativa, éste deberá actuar bajo las directrices del secretario o secretaria judicial director o directora, quien en todo caso es el responsable de dirigir la sección en todos los aspectos técnico-procesales.

3. Al frente de diversos equipos, puede haber un secretario o secretaria judicial o un funcionario o funcionaria del cuerpo de gestión procesal y administrativa coordinador o coordinadora de equipos, en función de la actividad concreta del conjunto de equipos que deban coordinarse, de su dimensión y características, y de acuerdo con lo que establezca la correspondiente relación de puestos de trabajo.

4. Los servicios comunes procesales y las secciones se dotarán de los puestos de responsable de equipo y de otros singulares que sean necesarios, y de los puestos genéricos de los diferentes cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia, en función de las características de la población, del número de órganos judiciales y del volumen de asuntos de su ámbito territorial, de conformidad con lo que establezca la relación de puestos de trabajo.

5. De conformidad con lo que establece el artículo 521.3 A) de la Ley orgánica del poder judicial, se considera centro de destino de los funcionarios al servicio de la Administración de justicia el servicio común procesal al cual queden adscritos.

Artículo 9 Aprobación de circulares e instrucciones de los diferentes servicios comunes

1. El secretario o secretaria competente en materia de relaciones con la Administración de justicia, en el ejercicio de las funciones que el departamento competente en materia de justicia tiene atribuidas con respecto a los medios personales y materiales, puede aprobar instrucciones o circulares con el fin de concretar, en el marco de las funciones generales que la Ley orgánica del poder judicial atribuye a los diferentes cuerpos de personal funcionario al servicio de la Administración de justicia, las tareas que dentro de cada tipo de servicio debe desarrollar el personal funcionario de los diferentes cuerpos, como también sobre la utilización de los medios informáticos, nuevas tecnologías y otros medios materiales, siempre que se estime necesario para el mejor funcionamiento del servicio, y sin perjuicio de las funciones de dirección técnico-procesal que corresponden a los secretarios y secretarias judiciales y de los protocolos de actuación en el procedimiento que se dicten en el ejercicio de estas funciones.

2. Asimismo, el secretario o secretaria competente en materia de relaciones con la Administración de justicia, con el informe previo de la Comisión mixta de secretarios o secretarias judiciales y representantes del Departamento de Justicia, puede dictar instrucciones o circulares de carácter organizativo, de los diferentes servicios comunes procesales, las cuales en ningún caso pueden incidir en la regulación propia de los protocolos de actuación en los procedimientos ni en ningún otro de las competencias que la Ley orgánica del poder judicial atribuye a los secretarios y secretarias de gobierno de los tribunales superiores de justicia, a los secretarios y secretarias coordinadores provinciales o a los secretarios o secretarias judiciales directores de servicios comunes procesales.

Artículo 10 Personal destinado en la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

1. La Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña constituye un centro de destino de los funcionarios al servicio de la Administración de justicia.

2. El personal destinado a este centro de destino da apoyo al presidente o la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al secretario o secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a los secretarios y secretarias coordinadores provinciales en las funciones que les son propias.

3. Son funciones del personal destinado a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las siguientes:

• a) Apoyo en la tramitación y resolución de los asuntos gubernativos.
• b) Gestión de agendas, atención telefónica, recepción y registro de correspondencia y elaboración o transcripción de notas, informes, comunicaciones y documentos.
• c) Preparación de viajes y desplazamientos.
• d) Tramitación y gestión de las solicitudes relativas a licencias y permisos de los jueces y juezas, magistrados y magistradas y secretarios y secretarias judiciales.
• e) Organización de reuniones y juntas.
• f) Apoyo al control y seguimiento de la estadística judicial.
• g) Apoyo a cualquier otra función que corresponda a los mencionados órganos gubernativos.

4. Dentro de este centro de destino pueden existir equipos de mejora de funcionarios al servicio de la Administración de justicia, los cuales tienen que dar apoyo a todas las unidades de la oficina judicial, en los casos en que las necesidades de servicio o circunstancias excepcionales así lo aconsejen.

Primera Creación y puesta en funcionamiento de los servicios comunes procesales y de las secciones

La creación y puesta en funcionamiento de los servicios comunes procesales que se prevén en el anexo de este Decreto y, en su caso, de las secciones en el territorio, se hará de forma gradual y progresiva, de conformidad con las leyes procesales y en función de las necesidades organizativas y técnicas y de las disponibilidades de ubicación y presupuestarias.

Véase O [CATALUÑA] JUS/292/2016, 25 octubre, de creación de los servicios comunes procesales en los partidos judiciales de Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès y Blanes («D.O.G.C.» 7 noviembre).LE0000584895_20161108

Segunda Servicios comunes, oficinas o ámbitos pilotos de trabajo creados o implantados con anterioridad en la entrada en vigor de este Decreto

Los servicios comunes u oficinas creadas con anterioridad a la aprobación de la Ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, cuyas funciones sean iguales o similares a las que se atribuyen a los nuevos servicios quedarán suprimidos a medida que se pongan en funcionamiento los servicios comunes procesales previstos en el anexo de este Decreto.

Los servicios comunes procesales y ámbitos pilotos de trabajo que se hayan implantado mediante resolución de la consejera de Justicia, con anterioridad en la entrada en vigor de este Decreto, con todas o parte de las funciones que se prevén en éste, mantendrán su funcionamiento hasta el momento que se dicte la orden a que se refiere el artículo 7.2 de este Decreto. El personal continuará adscrito provisionalmente en los puestos en los cuales se encuentre prestando servicios a la fecha de entrada en vigor de este Decreto, hasta que se proceda a los procesos de acoplamiento y nombramiento del personal a los nuevos puestos de trabajo.

Tercera Creación y puesta en funcionamiento del Servicio Común Procesal de Ejecución Penal de los Órganos Judiciales Unipersonales de Barcelona y del Servicio Común Procesal de Ejecución Social de Barcelona

El Servicio Común Procesal de Ejecución Penal de los Órganos Judiciales Unipersonales de Barcelona se creará y pondrá en funcionamiento sin perjuicio de que el Consejo General del Poder Judicial deje sin efecto los acuerdos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fechas 20 de diciembre de 2000 y de 24 de abril de 2002, en virtud de los cuales se atribuyó, respectivamente, a los Juzgados de lo Penal núm. 12, 15 y 21 de Barcelona, y al Juzgado de lo Penal núm. 24 de Barcelona, el conocimiento, con carácter exclusivo, de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional penal, y de los acuerdos que el Consejo General del Poder Judicial pueda adoptar en relación con los órganos judiciales afectados.

El Servicio Común Procesal de Ejecución Social de Barcelona se creará y pondrá en funcionamiento sin perjuicio de que el Consejo General del Poder Judicial deje sin efecto el Acuerdo del Pleno de 20 de diciembre de 2000 en virtud del cual se mantuvo la especialización en materia de procesos de ejecución laboral de los Juzgados de lo Social núm. 5, 23 y 30 de Barcelona, y de los acuerdos que el Consejo General del Poder Judicial pueda adoptar en relación con los órganos judiciales afectados.

Cuarta Registro civil

El Departamento competente en materia de justicia, dentro del ámbito de sus atribuciones, organizará la oficina del Registro Civil Único de Barcelona y de las diferentes unidades procesales de apoyo directo encargadas del registro civil, mediante la correspondiente relación de puestos de trabajo, y dotará los puestos de responsable y otros singulares que requieran las necesidades organizativas de este servicio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA Régimen transitorio de acoplamiento del personal

Mientras no se apruebe la relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración de justicia y se produzcan los procesos de acoplamiento y nombramiento del personal a los nuevos puestos de trabajo, se entiende que este personal continúa prestando servicio en sus actuales destinos con las retribuciones que les corresponden.

DISPOSICIÓN FINAL Entrada en vigor

Este Decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.