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• INTRODUCCION
• Artículo 1  Objeto y ámbito de aplicación
• Artículo 2  Beneficiarios
• Artículo 3  Operaciones que podrán ser garantizadas
• Artículo 4  Determinación de la comisión por aval
• Artículo 5  Solicitudes
• Artículo 6  Acumulación de ayudas para los avales que contienen un elemento de ayuda
• Artículo 7  Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento de concesión de avales
• Artículo 8  Evaluación de las solicitudes y otorgamiento de los avales
• Artículo 9  Condiciones para la efectividad del aval
• Artículo 10  Seguimiento de operaciones avaladas
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera  Normas aplicables
  • Disposición final segunda  Habilitación
  • Disposición final tercera  Entrada en vigor
• ANEXO I .  MODELO DE SOLICITUD
• ANEXO II .  ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PLAN INDUSTRIAL QUE DEBE FORMAR PARTE DE LA SOLICITUD (SEGÚN EL ARTÍCULO 5.2.d).
  • Parte I. Descripción general de la Empresa y previsiones de evolución.
  • Parte II: Descripción del Plan Industrial.

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación

1. Es objeto de este Decreto la fijación del procedimiento de concesión de los avales de la Administración General de la Comunidad sobre obligaciones derivadas de operaciones de crédito concertadas por fabricantes de vehículos automóviles con domicilio social en Castilla y León, destinadas a la ejecución de planes industriales que prevean inversiones productivas y procesos de mejora de la competitividad en la Comunidad, así como la determinación de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios, los planes industriales objeto de la financiación garantizada, la determinación de la cuantía del riesgo acumulado que pueda asumirse con cada empresa o grupo de empresas como consecuencia de los avales otorgados, y las demás condiciones del otorgamiento.

2. Podrán otorgarse, de conformidad con este Decreto, las siguientes categorías de avales:

• a) Avales no constitutivos de ayudas de Estado, configurados de acuerdo con la Comunicación de la Comisión Europea (COM 2008/C155/02), relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas estatales en forma de garantía.
• b) Avales que, conteniendo elementos de ayuda de Estado, son compatibles con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de conformidad con el marco nacional transitorio de concesión de garantías públicas para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera, en los términos recogidos en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno de España para Asuntos Económicos, de 21 de enero de 2010, por el que se solicita a la Comisión Europea la autorización de dicho marco, y en la Decisión de la Comisión, de 30 de marzo de 2010, por la que declara compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea el régimen de ayudas notificado.

3. El importe máximo global e individual para garantizar las operaciones mencionadas será de doscientos cincuenta millones de euros. La cuantía del riesgo acumulado que podrá asumir la Administración General de la Comunidad de Castilla y León con cada empresa o grupo de empresas no superará los doscientos cincuenta millones de euros.

4. En todo caso, la concesión de avales se basará en una evaluación del plan industrial, así como de la viabilidad económico-financiera de la operación y del riesgo. 5. El plazo máximo para otorgar avales de conformidad con este Decreto, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2010.

Artículo 2 Beneficiarios

1. Podrán solicitar avales, de conformidad con lo establecido en este Decreto, las empresas o grupos de empresas válidamente constituidas en España y pertenecientes al sector de fabricantes de vehículos automóviles con domicilio social en Castilla y León. A efectos de este Decreto, se considerarán empresas pertenecientes al sector de fabricación de vehículos automóviles aquellas cuya actividad principal esté comprendida en el código CNAE 2009 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009) 29.1, «fabricación de vehículos de motor», entendiendo por actividad principal de una empresa aquélla que proporcione el mayor valor de producción o bien la que emplee un mayor número de personas.

2. En función de la operación para la que se solicite el aval y las características de éste, las empresas solicitantes deberán cumplir, además, los siguientes requisitos específicos:

• a) Para los avales del artículo 1.2.a), el solicitante no ha de ser una empresa en crisis en el momento de la solicitud, de acuerdo con la definición recogida en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis (COM 2004/C244/02). Adicionalmente, si la operación financiera a avalar viniese constituida por una emisión de valores de deuda, el solicitante o la matriz del grupo empresarial al que pertenezca deberá disponer de una calificación crediticia de al menos BB o asimilada, entendiendo por tal el grupo de categoría: BB+, BB y BB-. Además, el solicitante o la matriz deberán haber emitido en los cinco años anteriores a la solicitud de la garantía valores análogos a los que serán objeto de garantía.
• b) Para los avales del artículo 1.2.b), el solicitante, de acuerdo con la definición recogida en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis (COM 2004/C244/02), debe encontrarse alternativamente en una de las dos situaciones siguientes:
  • - no estar en crisis en el momento de la solicitud;
  • - o bien no haber estado en crisis el 1 de julio de 2008; pero haber empezado a estarlo después, como consecuencia de la crisis económica y financiera.

Artículo 3 Operaciones que podrán ser garantizadas

1. En función del tipo de aval, podrán garantizarse las siguientes operaciones de financiación destinadas a la ejecución de planes industriales que contemplen inversiones productivas en Castilla y León, así como procesos de mejora de la competitividad que impliquen tanto inversiones como capital circulante:

• a) Los avales del artículo 1.2.a) podrán garantizar préstamos y emisión de valores de deuda. En el caso de préstamos, el aval no garantizará más del 80% de la suma del saldo vivo del principal e intereses ordinarios pendientes. Esta limitación no se aplicará en el caso de emisión de valores de deuda.
• b) Los avales del artículo 1.2.b) únicamente podrán garantizar préstamos. El aval no garantizará más del 90% de la suma del saldo vivo del principal más los intereses ordinarios pendientes.

2. Las operaciones de financiación señaladas deberán, además, cumplir los siguientes requisitos:

• a) Requisitos económico-financieros.
  • i. El plazo de vencimiento de la operación financiera (préstamos o emisión de valores de deuda) será como máximo de 9 años.
  • ii. Tanto los préstamos como los valores de deuda que se emitan estarán denominados en euros.
  • iii. En el caso de los avales del artículo 1.2.b), la suma de los préstamos que se garanticen por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas o sus organismos dependientes a un mismo beneficiario, no podrá superar el total de costes salariales anuales de dicho beneficiario para 2008, incluidas las cargas sociales y el coste del personal con trabajo en el recinto de la empresa y en nómina de un subcontratista.

    En el caso de empresas creadas después del 1 de enero de 2008, esta suma no podrá superar la estimación de los costes salariales anuales para los dos primeros años de actividad.

    Podrán usarse como referencia los costes de mano de obra medios para la Unión Europea en su conjunto, en lugar de los costes salariales anuales si de ello resultarse una cantidad superior.

  • iv. Podrán otorgarse avales del artículo 1.2.a) a aquellas operaciones consistentes en emisiones, realizadas en España, de bonos y obligaciones que cumplan, además, los siguientes requisitos:
    • - Tipo de valor: Sólo se avalarán valores de deuda no subordinada y no garantizada con otro tipo de garantías.
    • - Rentabilidad: El tipo de interés podrá ser fijo o variable. En el caso de tipo de interés variable, el tipo de referencia deberá ser de amplia difusión y utilización en los mercados financieros.
    • - Estructura de las operaciones garantizadas: La amortización deberá efectuarse en un solo pago. Asimismo, las emisiones avaladas no incorporarán opciones, ni otros instrumentos financieros derivados, ni cualquier otro elemento que dificulte la valoración del riesgo asumido por el avalista.
    • - Importe mínimo de la operación: El valor nominal de la emisión no podrá ser inferior a 10 millones de euros.
    • - Admisión a negociación: Los valores deberán admitirse a negociación en mercados secundarios oficiales españoles.
• b) Requisitos industriales.

  Las inversiones productivas o los procesos de mejora de la competitividad para los que se garantizará la financiación deberán dirigirse a actuaciones singulares destinadas a dar una nueva orientación a la estrategia industrial, en particular las destinadas a la producción de vehículos más ecológicos o cuya propulsión utilice nuevas fuentes de energía que contribuyan a una mejora medioambiental. En ambos casos, tanto las inversiones productivas como los procesos de mejora de la competitividad deberán integrarse en un plan industrial a medio plazo (entre tres y siete años), que incluirá al menos la información detallada en el Anexo 2. Dicho plan industrial será evaluado de acuerdo con los criterios señalados en el artículo 8.5 del presente Decreto.

Artículo 4 Determinación de la comisión por aval

1. La comisión por aval se devengará por entero en el momento en que se formalice la operación de préstamo o la emisión de valores de deuda avalada. La cantidad a abonar por el beneficiario en concepto de comisión por aval corresponderá a la suma de las comisiones anuales correspondientes a cada uno de los años de vida de la operación y la del periodo proporcional transcurrido del último año, en su caso.

2. Fijación de la comisión anual.

De conformidad con el artículo 204 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, y normativa de desarrollo:

• a) Los avales del artículo 1.2.a) devengarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Comunicación de la Comisión europea (COM 2008/C155/02), relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas estatales en forma de garantía, una comisión anual que se determinará de manera individual para cada beneficiario teniendo en cuenta su perfil de riesgo, así como las características del aval y del préstamo o la emisión de valores de deuda garantizada, de forma coherente con el «principio de un inversor en una economía de mercado».
• b) Los avales del artículo 1.2.b) devengarán una comisión anual fijada en función del riesgo del beneficiario y de las garantías complementarias aportadas por éste, de acuerdo con la tabla «marco temporal de salvaguardias en puntos básicos» que se recoge en el apartado tercero 1.a) del anexo del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno de España para Asuntos Económicos, de 21 de enero de 2010, sobre el marco nacional transitorio de concesión de garantías públicas para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera, derivado de la Comunicación de la Comisión Europea (COM 2009/C83/01) relativa al Marco Temporal comunitario aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera.

Para los dos años inmediatamente posteriores al otorgamiento del aval se aplicarán las siguientes reducciones de la comisión anual así establecida:

• - Para las PYMES se concederá una reducción de hasta el 25%.
• - Para las grandes empresas se concederá una reducción de hasta el 15%.

3. Calificación crediticia a efectos del cálculo de la comisión.

Para el cálculo de la comisión se tendrá en cuenta, en su caso, la calificación crediticia del beneficiario de acuerdo con las distintas agencias de calificación externa elegibles.

Si una empresa no tuviera calificación crediticia pero sí la tuviera su matriz, se le aplicará la calificación crediticia de la matriz.

En otro caso, se solicitará al prestamista una valoración del riesgo del beneficiario que permita incluirlo en alguna de las categorías generales de calificación crediticia utilizadas por el Banco de España.

En el caso de que la calificación crediticia de una empresa o de la matriz del grupo difiera según las distintas agencias de calificación, se tomará el rating de mayor repetición o, si esto no fuera posible, el de menor calidad crediticia cuando las distintas calificaciones difieren en un solo escalón, y un rating intermedio cuando difieren en más de un escalón.

4. La Tesorería General de la Administración de la Comunidad liquidará las comisiones correspondientes e indicará los términos en que dichas comisiones deberán hacerse efectivas, debiéndose acreditar por la entidad avalada el pago de la comisión, o una provisión de fondos suficiente, antes de la formalización del préstamo o de la emisión de valores de deuda.

Artículo 5 Solicitudes

1. Las solicitudes de otorgamiento de aval podrán presentarse desde el día de entrada en vigor del presente Decreto hasta el 31 de diciembre de 2010.

2. Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Industria de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, encargada de su tramitación, y deberán incluir, en original o copia autenticada, la siguiente documentación en lengua castellana:

• a) Solicitud de aval de la Administración General de la Comunidad, según modelo del Anexo 1 de este Decreto.
• b) Documentación acreditativa de la condición de empresa fabricante de vehículos automóviles válidamente constituida en España, con domicilio social en Castilla y León, y que acrediten pertenecer a la CNAE 2009 29.1. Esta circunstancia se acreditará mediante cualquier documento oficial en el que conste el código CNAE correspondiente a dicha actividad, tales como, entre otros, la tarjeta de identificación fiscal del solicitante, la declaración censal o el Impuesto de Actividades Económicas.
• c) La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órgano instructor obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados electrónicos. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces dicha certificación.
• d) Un plan industrial detallando los objetivos y las características de las actividades a las que se destinará la financiación garantizada, incluyendo, al menos, la información detallada en el Anexo 2 de este Decreto.
• e) El total de los gastos que conlleva la realización del plan industrial especificando, en su caso, qué parte se prevé financiar a través de operaciones financieras avaladas por la Comunidad Autónoma o sus entidades dependientes y qué parte se financiará con operaciones financieras avaladas por la Administración General del Estado.
• f) Una descripción detallada de la operación desde el punto de vista financiero. A tal fin, si la operación para la que se solicita el aval es un préstamo, el solicitante deberá adjuntar una copia del contrato de préstamo a suscribir, así como cuanta documentación se vaya a utilizar para formalizar la operación. Si la operación para la que se solicita el aval es una emisión de valores de deuda, el solicitante del aval deberá adjuntar un borrador del documento privado, folleto, o escritura de emisión que presentará ante la CNMV para su registro, así la copia definitiva antes de que se produzca dicho registro.
• g) En el caso de solicitar aval para una emisión de valores de deuda, datos relativos a las emisiones de valores similares a los que puedan ser objeto de la presente garantía, realizadas durante los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de entrada en vigor de este Decreto, y detallando para cada una de ellas: tipo de valor, código ISIN, importe emitido, plazo y tipo de interés resultante en el momento de la emisión.
• h) Estudio sobre la viabilidad económico-financiera de cada una de las operaciones financieras que se presenten, debidamente razonado y justificado.
• i) Los tres últimos estados financieros de la empresa o grupo depositados en el Registro Mercantil, con inclusión, en su caso, de los dictámenes de los auditores correspondientes a ejercicios anteriores a la fecha de solicitud del aval y declaración de sus relaciones económicas y accionariales con otras empresas o grupos. En caso de que se trate de empresas con menos de tres años de existencia, la información se referirá a la vida de la empresa desde su constitución.

  A efectos de comprobar que las empresas solicitantes se hallan en una situación financiera saneada se deberán justificar los siguientes extremos:

  • - Antecedentes de la empresa.
  • - Ingresos.
  • - Resultados ordinarios y extraordinarios.
  • - Solvencia.
  • - Evolución de su fondo de maniobra.
  • - Evolución de los ratios de balance y cuenta de resultados.
  • - Calificación crediticia de la empresa y de su matriz, en su caso, o declaración responsable de que no se cuenta con tal calificación.
• j) Declaración responsable de las ayudas recibidas para los mismos gastos subvencionables, con especial mención a las ayudas de mínimis, concedidas durante el ejercicio en curso y los dos ejercicios anteriores, en el caso de los avales establecidos en el artículo 1.2.b).
• k) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.
• l) Declaración responsable de aquellos otros préstamos avalados a que hace referencia el artículo 3.2.a)iii) recibidos, en su caso, por la empresa solicitante.

3. La Dirección General de Industria de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, podrá solicitar las aclaraciones que estime oportunas sobre la información presentada por cada entidad, así como cualquier información adicional que crea conveniente. Tales informaciones deberán estar en todo caso relacionadas con la documentación especificada en el artículo 5.2.

Artículo 6 Acumulación de ayudas para los avales que contienen un elemento de ayuda

En el caso de los avales del artículo 1.2.b), dichas ayudas no podrán acumularse con ayudas contempladas en el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis para los mismos costes elegibles.

Podrán acumularse con otras ayudas compatibles o con otras formas de financiación comunitaria, siempre que se respeten las intensidades de ayuda máxima indicadas en las Directrices o en los Reglamentos de exención por categorías aplicables.

Artículo 7 Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento de concesión de avales

1. El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión es la Dirección General de Industria de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León.

2. El órgano competente para resolver es la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Hacienda.

Artículo 8 Evaluación de las solicitudes y otorgamiento de los avales

1. En la evaluación, además de la Dirección General de Industria de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, en su condición de órgano instructor, intervendrá la comisión de evaluación y seguimiento en la forma que en el apartado 2 de este artículo se determina. Si la Dirección General de Industria lo considera conveniente podrán intervenir expertos de las distintas unidades administrativas de la Consejería de Economía y Empleo o de otras entidades.

2. Para el análisis de las solicitudes y la formulación de las correspondientes propuestas de otorgamiento o denegación de avales y el seguimiento de las operaciones avaladas, se constituirá en la Consejería de Economía y Empleo, dependiendo del Director General de Industria, una Comisión de Evaluación y Seguimiento, que se ajustará en cuanto a su funcionamiento a lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Dicha Comisión estará integrada por los siguientes miembros:

• - El Director General de Industria de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, o persona en quien delegue, que actuará como Presidente de la Comisión. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.
• - Dos representantes de la Dirección General de Industria, que actuarán uno como vocal y otro como Secretario de la Comisión, y dos representantes de la Tesorería General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que actuarán como vocales.
• - Un representante de la Secretaría General de Economía y Empleo, que actuará como vocal.
• - Un representante de la Secretaría General de Hacienda, que actuará como vocal.

La designación de los miembros de la Comisión de Evaluación y Seguimiento corresponde a su Presidente, a propuesta de los titulares de los respectivos órganos administrativos.

3. La Comisión de Evaluación y Seguimiento se reunirá cuantas veces sea convocada por su Presidente en función del número de solicitudes presentadas.

4. Esta Comisión podrá recabar informes técnicos de expertos independientes, entidades financieras y asociaciones sectoriales, así como información complementaria de la empresa solicitante, que deberá estar en todo caso relacionada con la documentación especificada en el artículo 5.2.

5. La Comisión, a la vista de la documentación presentada, tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Decreto, analizará la operación financiera y el plan industrial asociado, con especial consideración al riesgo que representa para el avalista y a los beneficios económicos y sociales del proyecto. Asimismo, comprobará la disponibilidad de reserva de límite de aval para esta finalidad.

Para el análisis del plan industrial, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

• a) Nivel técnico industrial del plan industrial (0-30 puntos). Se valorará la calidad técnica, desde un punto de vista industrial y competitivo, tanto de las actividades del plan (objetivos y alcance), como de los recursos humanos participantes en su ejecución. Para valorar este punto, se tendrá en cuenta la orientación de las actividades previstas en el plan de la empresa hacia la consolidación de la actividad industrial y su posible evolución hacia posiciones más competitivas. Igualmente se valorarán aspectos relacionados con el riesgo industrial y económico que supone llevar a cabo las actividades del plan y la capacidad para generar nuevas líneas de negocio.
• b) Impacto económico del plan industrial. (0-20 puntos). Valorándose aspectos como el efecto multiplicador de la inversión, la creación o mejora de tejido industrial estable, el establecimiento de relaciones estables con otros agentes locales o la ejecución de la actuación en áreas con problemas económicos estructurales.
• c) Impacto social del plan industrial (0-20 puntos). Valorándose los efectos en la generación o mantenimiento del empleo, especialmente femenino, en la propia empresa y, en el caso de la existencia de medidas de regulación de empleo, que éstas hayan sido pactadas entre empresa y sindicatos. Asimismo, se valorarán los efectos del plan en el empleo del tejido industrial conexo que pudiera crearse o generarse valorándose especialmente la creación de empleo para mujeres.
• d) Efecto del plan industrial sobre la actividad de la empresa (0-20 puntos). Se valorará si el plan industrial se dirige a favorecer la evolución de la empresa hacia productos/procesos de mayor valor añadido, más sostenibles y más eficientes, en relación con la medida del sector.
• e) Contribución del plan a la internacionalización de la empresa (0-10 puntos).

Para que la solicitud de aval pueda ser evaluada positivamente, la valoración del plan industrial de acuerdo con los criterios anteriores deberá obtener como mínimo 50 puntos.

6. La Comisión, teniendo en cuenta lo anterior, emitirá un informe en el que concretará el resultado de la evaluación efectuada. Si la propuesta de la Comisión respecto a la solicitud de aval fuera favorable, la Comisión incluirá en ella una comisión por aval a favor de la Administración General de la Comunidad, calculada de conformidad con lo establecido en el artículo 4.

Dicho informe se remitirá al órgano instructor para que lo eleve a la Consejería de Hacienda, que propondrá a la Junta de Castilla y León la correspondiente resolución. A tal efecto, dicha consejería podrá solicitar cuantas aclaraciones y documentación complementaria juzgue necesarias.

7. La Junta de Castilla y León procederá, en su caso, al otorgamiento del aval mediante el correspondiente Acuerdo, que deberá ser debidamente notificado a cada beneficiario, y publicado en el "Boletín Oficial de Castilla y León" de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200.2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

8. El plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa no podrá exceder de seis meses, computados desde la fecha en que se presentó la solicitud. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 9 Condiciones para la efectividad del aval

La efectividad del aval otorgado quedará condicionada a la justificación, en el plazo de doce meses desde la notificación al beneficiario del Acuerdo de otorgamiento del aval, y nunca después del 31 de diciembre de 2011, del cumplimiento de los siguientes requisitos:

• a) La efectiva formalización del préstamo o la efectiva emisión de los valores de deuda objeto del aval, en las condiciones establecidas en el Acuerdo de otorgamiento del aval.
• b) El pago por el beneficiario de la comisión por aval o una provisión de fondos suficiente.

Artículo 10 Seguimiento de operaciones avaladas

Con el fin de realizar un adecuado seguimiento de las operaciones avaladas, la Comisión de Evaluación y Seguimiento continuará constituida durante el período que fuese preciso, con el fin de recibir y coordinar, al menos anualmente, la información sobre el cumplimiento por parte de las empresas avaladas de los requisitos establecidos en el artículo 3 del presente Decreto y en las demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hubieran establecido en el correspondiente Acuerdo de otorgamiento del aval.

Disposición final primera Normas aplicables

El procedimiento para el otorgamiento de estos avales se regirá, en lo no previsto por este Decreto, por lo dispuesto en la normativa por la que se regula la prestación de avales de la Administración General de la Comunidad, Decreto 24/2010, de 10 de junio, y Capítulo IV del Título V de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, así como, con carácter supletorio, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final segunda Habilitación

Se autoriza a la Dirección General de Industria y a la Tesorería General, en sus ámbitos de competencia, para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la aplicación y ejecución de lo previsto en este Decreto.

Disposición final tercera Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».