Ley 7/2010, de 20/07/2010, de Educaci髇 de Castilla-La Mancha

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Sumario

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:

Exposici髇 de Motivos

I

La Constituci髇 Espa駉la de 1978 reconoce y garantiza, en su art韈ulo 2, el derecho a la autonom韆 de las nacionalidades y regiones y a la solidaridad entre todas ellas.

El Estatuto de Autonom韆 de Castilla-La Mancha, aprobado por la Ley Org醤ica 9/1982, de 10 de agosto, por el que se accede al autogobierno, establece en su art韈ulo 4, cuatro, letra d, que uno de los objetivos b醩icos de la Junta de Comunidades es garantizar el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a los niveles educativos y culturales que les permitan su realizaci髇 cultural y social.

Y en el art韈ulo 37 del mismo se establece la competencia de desarrollo legislativo y ejecuci髇 de la ense馻nza en toda su extensi髇, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 27 de la Constituci髇 y leyes org醤icas que, conforme al apartado 1 del art韈ulo 81 de la misma, lo desarrollen, y todo ello sin perjuicio de las facultades que la Constituci髇 atribuye al Estado en el n鷐ero 30 del apartado 1 del art韈ulo 149 y las de la Alta Inspecci髇 para su cumplimiento y garant韆.

Es el 1 de enero de 2000, con la entrada en vigor del Real Decreto 1844/1999, de 3 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administraci髇 del Estado a la Comunidad Aut髇oma de Castilla-La Mancha en materia de ense馻nza no universitaria (BOE n鷐. 311, de 29 de diciembre), cuando Castilla-La Mancha asume el ejercicio efectivo de sus competencias en materia de ense馻nza no universitaria.

Con la publicaci髇 de la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇, se ofrece un marco legislativo que permite desplegar en toda su extensi髇 una pol韙ica educativa propia a la vez que solidaria con el resto de las Comunidades Aut髇omas en el marco com鷑 del sistema educativo espa駉l. Una pol韙ica que responde al car醕ter prioritario que tiene la educaci髇 para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

II

El acceso al autogobierno de la educaci髇 no universitaria viene precedido de un amplio consenso entre todas las fuerzas sociales. El 獳cuerdo de bases sobre las transferencias educativas y el pacto por la Educaci髇 en Castilla-La Mancha�, firmado el 6 de noviembre de 1997, constituye el primer paso de un proyecto educativo compartido por el conjunto de la sociedad castellano manchega.

El Libro Blanco sobre la Educaci髇 en Castilla-La Mancha ha servido de gu韆, tras su debate por toda comunidad educativa, para el desarrollo de las pol韙icas educativas durante estos a駉s y es el antecedente m醩 claro de la presente Ley de Educaci髇.

El ejercicio del consenso social en la educaci髇 ha sido una constante durante los a駉s en que se ha ido configurando el sistema educativo castellano-manchego. Los acuerdos alcanzados con los sindicatos de la ense馻nza, con los titulares de centros privados concertados y con las confederaciones de madres y padres del alumnado, as� como con otros agentes sociales y econ髆icos, lo atestiguan. Un ejemplo significativo es el 獳cuerdo regional por la convivencia en los centros escolares�, firmado el 28 de agosto de 2006. Esa misma voluntad de consenso ha presidido el proceso de debate y de elaboraci髇 de esta Ley.

III

El modelo educativo que la Ley configura quiere responder a la voluntad de progreso de Castilla-La Mancha y a las necesidades que de su configuraci髇 territorial y de sus objetivos como Comunidad se derivan, de modo que sea capaz de proporcionar una respuesta educativa adaptada a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la Regi髇, vivan donde vivan.

La respuesta educativa necesaria tanto para una amplia zona rural dispersa y muy poco poblada como para zonas de expansi髇 urban韘tica y r醦ido crecimiento demogr醘ico exige una pol韙ica educativa diversificada y de calidad para todos.

La ampliaci髇 de la red de centros, la b鷖queda de la mayor estabilidad del profesorado y el desarrollo de los servicios educativos complementarios han sido efectos inmediatos de una pol韙ica que busca la calidad, la igualdad y la cohesi髇 social, a la que se une el crecimiento, en los 鷏timos a駉s, de la poblaci髇 escolar de origen extranjero que hace m醩 necesario que nunca el desarrollo de modelos educativos basados en la interculturalidad. Educar en la diversidad con equidad es un principio rector de la educaci髇 en Castilla-La Mancha.

Tiene, por otra parte, Castilla-La Mancha una vocaci髇 integradora y solidaria con el conjunto de los pueblos, derivada de su ubicaci髇 estrat間ica como lugar de paso y de encuentro, que obliga a optar por un modelo educativo flexible y abierto.

IV

Cuando se trata de construir la sociedad del futuro es preciso responder con acierto a retos educativos que surgen del car醕ter din醡ico de las sociedades del presente. As�, entre otros, el papel cada vez m醩 relevante de las mujeres en la sociedad, la repercusi髇 de la movilidad laboral en la atenci髇 b醩ica al ciudadano en los primeros a駉s de su escolarizaci髇, o el incremento del alumnado hijo de padres extranjeros y la demanda de una permanente actualizaci髇 de las competencias educativas.

En este sentido, el 玃acto por el desarrollo y la competitividad en Castilla-La Mancha 2005-2010�, firmado por la Junta de Comunidades con los agentes sociales, y el m醩 reciente 玃acto por Castilla-La Mancha� de agosto de 2009, otorga un papel especialmente relevante a la educaci髇 como elemento clave para mejorar la condici髇 de las personas. La mejora y eficacia del sistema educativo para incrementar el 閤ito escolar, el fomento de la formaci髇 profesional y, con la mejora de la educaci髇 universitaria, la extensi髇 de las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇 a toda la poblaci髇 as� como la optimizaci髇 de su utilizaci髇, son objetivos de dicho Plan.

V

El lugar geogr醘ico y la vocaci髇 universal de Castilla-La Mancha comprometen a sus ciudadanos a una actitud de permanente apertura, de tolerancia y de respeto hacia otros pensamientos y otras culturas.

El modelo educativo de Castilla-La Mancha tiene entre sus fines la formaci髇 de ciudadanos y ciudadanas con una clara identidad propia, con un sentimiento de pertenencia a Espa馻 y a la Comunidad europea, y con una vocaci髇 declarada de ciudadan韆 universal.

Comparte la Junta de Comunidades la finalidad y los principios educativos de la Uni髇 Europea. Asume, por tanto, y se incorporan a esta Ley, los objetivos educativos propuestos por la Uni髇 para el horizonte del a駉 2020. La Ley se propone, pues, mejorar la calidad y eficacia de nuestro sistema educativo, facilitar su acceso a todos los ciudadanos y ciudadanas, y abrirlo al exterior y a las exigencias del futuro. Aspira a que nuestros ciudadanos y ciudadanas desarrollen las competencias que son claves para su maduraci髇 personal, profesional y social.

VI

La Ley, que se estructura en un t韙ulo Preliminar, siete t韙ulos, siete disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y cuatro disposiciones finales, tiene como fin la definici髇 y creaci髇 de un marco educativo estable, a la vez que abierto y flexible, que permita seguir avanzando en la calidad del servicio educativo regional, la mejora continuada del rendimiento escolar y el incremento del n鷐ero de personas que obtiene una titulaci髇 en la educaci髇 postobligatoria.

En su T韙ulo Preliminar, la Ley define el sistema educativo p鷅lico de Castilla-La Mancha y sus componentes, establece los principios rectores, sus ejes b醩icos y los objetivos que pretende alcanzar. Y ello en el marco de los derechos y deberes que la Constituci髇 Espa駉la y el Estatuto de Autonom韆 reconocen a la ciudadan韆, garantizando expresamente el derecho de todas las personas a una educaci髇 de calidad a trav閟 del servicio educativo p鷅lico de Castilla-La Mancha, que se presta por medio de los centros docentes p鷅licos y privados concertados.

La Ley reconoce en el T韙ulo I a la comunidad educativa como la protagonista del sistema educativo. Establece como objetivo la consecuci髇 del 閤ito escolar de todos, regula los derechos y deberes b醩icos del alumnado, fija los cauces para su participaci髇 y colaboraci髇, y recoge medidas para el fomento del asociacionismo. Reconoce igualmente el papel determinante del profesorado en el logro de los objetivos del sistema educativo, define los elementos m醩 relevantes de la funci髇 docente as� como de los modos de ingreso y acceso a la misma, y establece medidas para el reconocimiento y el apoyo profesional al profesorado.

Contempla, a su vez, el desarrollo profesional de los docentes, que se enmarca en un modelo de negociaci髇 y acuerdo con sus sindicatos representativos, cuyo papel se recoge y se reconoce en todo el articulado.

Los derechos y los deberes b醩icos de las familias del alumnado, as� como su participaci髇 en el proceso educativo en general y en el gobierno de los centros en particular, vienen recogidos en la Ley como elementos que sustentan la eficacia del sistema. Un sistema que cuenta con la profesionalidad del personal de administraci髇 y servicios y de atenci髇 educativa complementaria, cuyos derechos y deberes b醩icos tambi閚 se definen en la Ley.

El t韙ulo II se dedica a las ense馻nzas que se imparten en el sistema educativo de Castilla-La Mancha. En 閘 se recoge la estructura y los contenidos b醩icos de las distintas etapas y modalidades educativas: la educaci髇 infantil, la educaci髇 b醩ica obligatoria (educaci髇 primaria y educaci髇 secundaria obligatoria), el bachillerato, la formaci髇 profesional, las ense馻nzas art韘ticas, las ense馻nzas de idiomas, las ense馻nzas deportivas y la educaci髇 de personas adultas. Adem醩 se define el curr韈ulo y los objetivos a cuya consecuci髇 se orienta, establece las competencias b醩icas para las ense馻nzas obligatorias y dispone que la educaci髇 en valores sea la referencia para la organizaci髇 de la ense馻nza y la vida del centro educativo.

El t韙ulo III de la Ley regula los centros docentes, reconociendo la aportaci髇 de los centros privados concertados en la prestaci髇 del servicio p鷅lico de la educaci髇, y define el procedimiento para una escolarizaci髇 del alumnado en condiciones de igualdad y en el marco de la libertad de elecci髇 de centros.

Es en este t韙ulo donde la Ley incluye un conjunto de medidas para dotar de mayor autonom韆 a los centros docentes, establece el mecanismo del compromiso singular como procedimiento para el desarrollo de proyectos propios y regula el marco general para la promoci髇 de la convivencia. El gobierno de los centros se concibe como una responsabilidad de toda la comunidad educativa que se ejecuta a trav閟 del equipo directivo, cuyo ejercicio viene regulado y reconocido, del Consejo Escolar y del Claustro de profesores.

La equidad como principio y objetivo del sistema educativo de Castilla-La Mancha ocupa un t韙ulo relevante de la Ley. En este t韙ulo IV se define la respuesta a la diversidad del alumnado, que garantiza una educaci髇 de calidad desde el respeto a las diferencias personales y se orienta a la superaci髇 de las desigualdades, sean cuales sean su origen y sus caracter韘ticas, con especial atenci髇 al alumnado con necesidades educativas especiales permanentes, y al alumnado hospitalizado o convaleciente. En esta ley se asumen los compromisos internacionales adquiridos por Espa馻 al ratificar la Convenci髇 de Naciones Unidas de 13 de diciembre de 2006 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La escuela rural, definida como una escuela con identidad propia, tiene un tratamiento espec韋ico. La Ley garantiza el mantenimiento de una escuela de educaci髇 infantil y primaria en aquellas localidades que escolarizan a cuatro o m醩 alumnos y alumnas, y la adopci髇 de medidas para favorecer la permanencia del profesorado y reducir la itinerancia. De igual modo, la Ley asume el compromiso de generalizar una adecuada red de transporte o, en su caso, de residencias para acercar al alumnado a la educaci髇 secundaria obligatoria y postobligatoria y facilitar su acceso a las ense馻nzas art韘ticas y de idiomas.

Junto a la garant韆 del derecho de acceso al sistema de becas y ayudas al estudio, la Ley establece el uso gratuito de los libros de texto o los materiales que los puedan sustituir como un derecho del alumnado de las ense馻nzas b醩icas escolarizado en los centros sostenidos con fondos p鷅licos.

La mejora de la cooperaci髇 entre las Administraciones y las entidades que colaboran en el 醡bito educativo, y en especial con las corporaciones locales, as� como la de los centros docentes con su entorno m醩 cercano es otro de los retos que se propone superar la Ley. Para ello, regula el uso social de los centros docentes y su apertura en tiempo no lectivo, y establece como finalidad de los programas de actividades extracurriculares la de facilitar y favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inserci髇 sociocultural y el uso positivo del tiempo libre. La actuaci髇 coordinada en materia de prevenci髇 y erradicaci髇 del absentismo y el abandono escolares se regula en el t韙ulo V, que se complementa con la ordenaci髇 de los servicios educativos de transporte, comedor y residencias escolares.

El t韙ulo VI de la Ley se dedica a establecer y regular un conjunto de factores que favorecen la calidad de la ense馻nza, desde el fomento del pluriling黫smo, que incluye el est韒ulo de la lectura e integra las oportunidades de los programas de aprendizaje permanente impulsados por la Uni髇 Europea, a las medidas para una mayor y mejor cualificaci髇 y formaci髇 del profesorado, con el establecimiento de itinerarios formativos obligatorios y la definici髇 de la red de formaci髇.

La orientaci髇 educativa y profesional, con sus caracter韘ticas y organizaci髇, que ofrece al conjunto de la comunidad educativa asesoramiento y apoyo t閏nico especializado, y las funciones y la organizaci髇 de la Inspecci髇 de educaci髇, la formaci髇 de sus componentes y la evaluaci髇 del trabajo de 閟tos se enmarcan en los factores de calidad que la Ley recoge.

Un cap韙ulo clave es el dedicado a la evaluaci髇 del sistema educativo y de sus componentes. En 閘 se establece el 醡bito de aplicaci髇 de la evaluaci髇 y el derecho de la comunidad educativa a ser informada de sus programas y procesos, se crea la Oficina de evaluaci髇 y se determina su finalidad.

El t韙ulo VII dispone en su 鷑ico art韈ulo la obligaci髇 de financiaci髇 para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la Ley, fijando una cuant韆 econ髆ica anual m韓ima que no podr� ser en ning鷑 caso inferior al seis por ciento del Producto interior bruto regional.