Sumario

EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente:

LEY

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 134.5 de la Constitución Española establece que, una vez aprobados los presupuestos generales de cada ejercicio, el Gobierno puede presentar proyectos de ley que impliquen aumento de los gastos públicos o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

En consonancia con este precepto constitucional, el artículo 47 del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, de 24 de junio, prevé que cuando por razones de urgencia e interés general se tenga que efectuar algún gasto con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma para el que no haya crédito adecuado, o que el consignado resulte insuficiente y no ampliable, el consejero competente en materia de hacienda y presupuestos someterá a la consideración del Consejo de Gobierno el acuerdo de remitir al Parlamento de las Illes Balears el correspondiente proyecto de ley de concesión de crédito extraordinario en el primer caso, o de suplemento de crédito en el segundo. La propuesta de acuerdo que formule a tal efecto deberá especificar los recursos concretos que tengan que financiar el gasto público más elevado.

El Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, creó el Fondo para la financiación de los pagos a los proveedores, e hizo así extensible a las administraciones de las comunidades autónomas el mecanismo creado por el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Esta norma establece las condiciones que tienen que permitir obtener recursos financieros suficientes para poder financiar las operaciones de endeudamiento que puedan concertarse para hacer frente el pago de las obligaciones pendientes, evitando así el perjuicio causado por las demoras en los pagos a favor de las pequeñas y medianas empresas por parte de las administraciones que se adhieran a este mecanismo.

En este sentido, el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fijó las líneas generales del mecanismo extraordinario de financiación a los proveedores de las comunidades autónomas. Posteriormente, en la sesión de día 22 de marzo de 2012, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó la entrada en funcionamiento del citado mecanismo, al cual se adhirió la comunidad autónoma de las Illes Balears mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 30 de marzo de 2012.

Día 16 de mayo de 2012, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio 2012-2014 de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y se presentó ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el Plan de Ajuste que prevé el Acuerdo 6/2012.

Asimismo, el Acuerdo 7/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el cual se aprueban diversas medidas en materia de endeudamiento de las comunidades autónomas, en particular como consecuencia del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores, establece que el límite de endeudamiento a 31 de diciembre de 2012 recogido en el programa anual de endeudamiento se puede incrementar, como máximo, en el importe que se asigne a cada comunidad autónoma derivado del mecanismo extraordinario.

El primer párrafo del artículo 18.2 de la Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012, dispone: ‘Asimismo, se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que, a propuesta del vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y de Empleo, emita deuda pública o concierte operaciones de crédito a largo plazo, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la estabilidad presupuestaria y del Sistema europeo de cuentas nacionales y regionales, hasta el importe máximo autorizado en el programa anual de endeudamiento acordado con el Ministerio de Economía y Hacienda.’ A tal efecto, el párrafo siguiente de este mismo apartado establece: ‘El vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y de Empleo tiene que realizar las modificaciones de crédito que sean precisas por razón de las operaciones de endeudamiento a que se refiere este apartado.’

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que tiene un gran impacto sobre el ámbito presupuestario de las comunidades autónomas, impone toda una serie de obligaciones a las administraciones que se hayan acogido al mecanismo extraordinario de financiación. Entre estas obligaciones, se prevé un estricto seguimiento de los planes de ajuste que han tenido que presentar estas comunidades autónomas al Estado, a fin de que quede garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, y se les exige que envíen cada trimestre información económico-financiera.

Igualmente, la disposición transitoria tercera de esta misma ley establece que las comunidades autónomas, excepcionalmente hasta el ejercicio de 2020, pueden concertar operaciones de crédito por un plazo superior a un año, e inferior a diez, y no son aplicables las limitaciones que prevé el apartado 2 del artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas. Para poder hacer uso de esta posibilidad es preciso que se den circunstancias económicas extraordinarias que hagan necesario garantizar la cobertura de los servicios públicos esenciales. Las operaciones que se concierten tienen que ser autorizadas por el Estado, el cual tiene que apreciar si se producen estas circunstancias.

El Gobierno, haciendo uso de la autorización del artículo 18 de la Ley 9/2011, al que se ha hecho referencia antes, ya ha concertado las operaciones de endeudamiento a largo plazo, que dispone el artículo 7 del Real Decreto Ley 7/2012 y no son aplicables las restricciones que prevé el apartado 2 del artículo 14 de la Ley 8/1980. Además, hay que tener en cuenta el Acuerdo 7/2012 del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se determina que el límite del endeudamiento a 31 de diciembre de 2012, recogido en los programas anuales de endeudamiento de cada comunidad autónoma, se puede incrementar como máximo en el importe total derivado de su adhesión al mecanismo extraordinario de financiación, antes citado.

Por otra parte, se habían dictado un importante número de resoluciones judiciales firmes condenatorias, tanto en el ámbito de la Administración de la comunidad autónoma como en el de las entidades que de ella dependen, que implican la necesidad de abonar de manera urgente las indemnizaciones correspondientes a favor de los demandantes que han instado estos procedimientos. En este sentido, el artículo 25 del texto refundido de la Ley de finanzas, basándose en el principio de tutela judicial efectiva -que recoge el artículo 24.1 de la Constitución Española-, dispone que el cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la comunidad autónoma o de sus entidades autónomas, lo tiene que realizar la autoridad administrativa que sea competente en razón de la materia, la cual tiene que acordar el pago dentro de los límites y en la forma que el presupuesto respectivo establece. El apartado 2 del mismo artículo prevé que si para hacerlo efectivo es necesario un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, el uno o el otro se tienen que solicitar al Parlamento en los dos meses siguientes al día en que se haya notificado la resolución judicial.

Sin embargo, es cierto que el artículo 6 de la Ley 9/2011 prevé la posibilidad de aprobar expedientes de ampliación de crédito haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 49 del texto refundido de la Ley de finanzas. De acuerdo con estos preceptos legales, la Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo puede aprobar expedientes de ampliación de crédito para el cumplimiento de estos pronunciamientos judiciales, así como en todos los otros supuestos que se enumeran en el artículo 6 de la Ley 9/2011, como los de transferencias corrientes al Servicio de Salud de las Illes Balears o los destinados a las prestaciones incluidas en el programa presupuestario para personas en situación de dependencia, entre otros, dado el carácter ampliable que les otorga esta ley. No obstante, precisamente la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y de las medidas restrictivas y coercitivas que en ella se prevén desaconsejan hacer uso de esta facultad. Ello es debido al hecho de que estas modificaciones presupuestarias no disponen de ningún recurso concreto que las financie e implican siempre desviaciones importantes en las cifras totales de gastos que son consignados en los presupuestos generales de cada ejercicio. Por lo tanto, provocan resultados presupuestarios negativos. Dadas la situación económico-financiera de la comunidad autónoma de las Illes Balears y las previsiones de cierre de los ejercicios de 2011 y de 2012, el hecho de utilizar esta posibilidad agravaría sin duda estos resultados, así como la difícil situación actual que afecta a la Tesorería de la comunidad autónoma. Por eso, la presente ley autoriza que la financiación adicional derivada de las operaciones de endeudamiento a largo plazo a las que hace referencia el artículo 7 del Real Decreto Ley 7/2012 pueda ser destinada a cubrir buena parte de estos expedientes de ampliación.

Igualmente, en aplicación de lo establecido en el artículo 52.5 del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears y en el artículo 7.1 de la Ley 9/2011, se pueden incorporar al ejercicio de 2012 los remanentes de créditos procedentes del ejercicio anterior que tienen la consideración de fondos finalistas, con independencia del resultado presupuestario de aquel ejercicio. Esta facultad sin embargo se deriva de la necesidad de justificar ante las instituciones de la Unión Europea y de la Administración del Estado la correcta aplicación de este fondo. No obstante, la aprobación de estos expedientes incrementa el número de obligaciones reconocidas que serán imputadas en el presente ejercicio de 2012, sin disponer de un recurso concreto que se pueda afectar a su financiación. Por lo tanto, dadas las consideraciones anteriores en relación con los expedientes de ampliación de crédito, es evidente que la aprobación de estos expedientes de incorporación de crédito tendrá los mismos efectos negativos sobre el cálculo del resultado del ejercicio; en consecuencia, es aconsejable igualmente prever que puedan ser compensados, en parte, mediante la financiación adicional, cuya creación autoriza la presente ley.

Hay que tener en cuenta también que una parte del fondo de financiación adicional que autoriza la presente ley se tiene que destinar a dotar el capítulo 4 de los presupuestos de gastos de la sección 18, Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social, con el fin de poder transferirla al Servicio de Salud de las Illes Balears, que tendrá que generar crédito en su presupuesto de gastos del ejercicio de 2012, y posteriormente podrá reflejar las obligaciones reconocidas que aparecen registradas en su contabilidad financiera, pendientes de poder ser imputadas a los citados presupuestos de este ente.

De todo lo que se ha expuesto se desprende que estamos ante supuestos explícitos e implícitos de necesidad y urgencia a los que hace referencia el artículo 47 del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma, que justifican la aprobación de una ley de crédito extraordinario para poder hacer frente a gastos inaplazables que no se previeron en los presupuestos generales para el ejercicio de 2012, con la especificación de la financiación que será afectada.

Esta ley consta de dos artículos, en los cuales se autoriza el crédito extraordinario y se determina cuál es el recurso que queda afectado a su financiación. En las disposiciones adicionales, además de una referencia a la vigencia del régimen jurídico de las modificaciones presupuestarias recogido en el texto refundido de la Ley de finanzas, se regulan aspectos relacionados con el pago de las obligaciones pendientes a favor de los proveedores de la comunidad autónoma y de sus entidades dependientes, así como se hace una mención a la responsabilidad que comporta la expedición de los certificados a los efectos que las obligaciones mencionadas hayan podido ser incluidas en el mecanismo extraordinario de financiación, en los mismos términos del artículo 5 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y los procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Asimismo, se modifica la redacción del artículo 18 de la Ley 9/2011, relativo a las operaciones de crédito a largo plazo, para adecuarla a lo que establece la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 2/2012.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES FINALES

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que correspondan la hagan guardar.