Sumario

EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente:

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Palma, por su condición de capital de la comunidad autónoma de las Illes Balears y por su carácter solidario con el resto de pueblos de las Illes y en especial de Mallorca, ha tenido que afrontar en su término municipal multitud de servicios de carácter supramunicipal.

Es obvio, dados los servicios que ofrece Palma, que su servicio en el territorio mallorquín es superior al de otras ciudades y pueblos de Mallorca, razón por la cual merece un tratamiento especial y específico. Tanto su infraestructura administrativa como su experiencia en el propio territorio la hacen merecedora de este tratamiento sin que ello desequilibre el resto del territorio.

Palma es la suma de muchas ciudades: es la ciudad del puerto, la ciudad del aeropuerto, la ciudad de los residuos, la ciudad carcelaria, la ciudad universitaria, la ciudad turística, la ciudad industrial y la residencial.

En la actualidad, Palma es más que la capital. La ciudad se ha convertido en la cuna del municipalismo en las Baleares puesto que históricamente fue la primera ciudad de las Illes que se constituyó en municipio. Palma, entendida así como cuna y origen de la esencia del archipiélago, es la imagen de nuestras islas en todo el mundo y de una tierra cada día más abierta que, a la vez que conserva entrañables rincones de su pasado medieval, no renuncia al progreso para no perder el rumbo del futuro.

Desde hace años, varios estamentos sociales y partidos políticos han reclamado la aprobación por el Gobierno de la comunidad autónoma y el Parlamento de las Illes Balears de una ley de capitalidad, y han visto satisfechas estas legítimas aspiraciones inicialmente en el año 2006 cuando se aprueba la Ley 23/2006, de capitalidad de Palma, modificada posteriormente por la Ley 8/2008, de 5 de junio, de modificación de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma de Mallorca.

El inicio del nuevo siglo parece el momento adecuado para pedir la aprobación de un régimen especial de acuerdo con la singularidad de nuestra ciudad, capital turística del Mediterráneo, que sin pedir privilegios signifique un régimen jurídico que le permita un desarrollo armónico y acorde con las demandas de la ciudadanía y de los millones de visitantes que anualmente pasan por ella, así como con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, delegación y coordinación entre los organismos administrativos y de autonomía.

Palma quiere estar abierta al resto de pueblos y ciudades de las Illes Balears en general. La vocación de capitalidad de Palma no se puede plasmar en un aislamiento construido sobre supuestas superioridades, sino al contrario, y por eso quiere compartir la prestación de determinados servicios que cubren las necesidades de sus residentes. Igualmente, Palma se abre al resto de pueblos y ciudades, no sólo de España sino de Europa y del resto del mundo, para buscar lazos de solidaridad y de desarrollo común. Porque el nuevo siglo reclama dichos valores que por supuesto no se pueden ejercer sin asumir los que son propios para proyectarlos todos juntos hacia nuevas metas de futuro.

La Ley de capitalidad para Palma tiene, además, una sólida base en la Carta Europea de la Autonomía Local, realizada en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985, que considera las entidades locales como uno de los principales fundamentos en un régimen democrático.

La autonomía municipal estará reconocida en la Constitución y en la legislación interna de cada estado. Igualmente, las entidades locales tendrán libertad plena en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad.

Tendrá que ser competencia de las autoridades más próximas a la ciudadanía el ejercicio de las competencias públicas. Todas estas intenciones y las recomendaciones están recogidas a la Carta Europea de la Autonomía Local. La Constitución Española de 1978 recoge de manera expresa el derecho a la autonomía municipal, que tendrá que ser respetada por todos el órganos que integran la administración pública.

Asimismo, la Ley de capitalidad se inspira en los principios constitucionales de descentralización, desconcentración y coordinación de la Administración con el fin de servir a los intereses generales de la ciudadanía así como de facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio.

El Pleno del Ayuntamiento de Palma aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales día 31 de octubre de 2001 impulsar la aprobación por el Parlamento de las Illes Balears de un proyecto de carta municipal, que había sido consensuada por todos los portavoces de los grupos municipales reunidos en la comisión especial creada al efecto en el año 1999.

Reiterada la voluntad de llevar adelante su tramitación por el plenario de la corporación municipal día 22 de marzo de 2002, se hizo mediante la actualización en la Ley de capitalidad en el año 2006.

Nuevamente se consigue así una norma especial, la Ley de capitalidad de Palma, que impulsará el desarrollo del municipio con un espíritu de solidaridad con los otros pueblos de las Illes.

Por otro lado, el regreso de las competencias por la aprobación definitiva del planeamiento general, así como otros instrumentos al municipio de Palma, se plantea como favorable al principio de autonomía local y a la consecución de una segunda descentralización, se considera conveniente y recomendable a través del informe del Consejo Insular de Mallorca una lectura de estricta legalidad y de clara incidencia en los factores de ordenación supramunicipal contenidos en el Plan Territorial.

El artículo 75.10 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, determina y justifica plenamente que el municipio de Palma tiene que disponer de una ley de capitalidad especial establecida por el Parlamento de las Illes Balears. El Ayuntamiento de Palma tendrá iniciativa para proponer la modificación de este régimen especial y, de acuerdo con las leyes y el Reglamento del Parlamento, participará en la elaboración de los proyectos de ley que inciden en este régimen especial, y tiene que ser consultado en la tramitación parlamentaria de otras iniciativas legislativas sobre su régimen especial.

De otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Palma acordó recuperar el topónimo del municipio con la denominación tradicional de Palma de Mallorca, en lugar de Palma, que fue modificada sin el preceptivo acuerdo plenario que establece la legislación aplicable.

DISPOSICIONES FINALES

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que correspondan la hagan guardar.