Sumario

Mediante Ley 3/1999, de 4 de febrero, se regula el Fondo Canario de Financiación Municipal, constituyendo un texto que, como en su exposición de motivos se señala, tiene por finalidad financiar a los ayuntamientos con fondos de libre disposición sin perder de vista en su totalidad el sistema de coordinación y saneamiento de las haciendas municipales.

En consonancia con lo expuesto, se expresa en su articulado que el citado Fondo tiene por objeto dotar a los municipios canarios de recursos económicos destinados, en partes iguales, para gastos de libre disposición y para saneamiento económico financiero o, si se cumplen los indicadores previstos en la Ley, a inversión.

La citada Ley determina los porcentajes que deben alcanzar los indicadores de saneamiento económico financiero previstos en la misma para que la parte del Fondo con destino a saneamiento o inversión sea destinada a inversión, cuya no obtención determinaría que la citada parte del Fondo deba ser destinada a saneamiento económico financiero.

Asimismo determina la Ley el valor que han de tener los condicionantes de libre disposición denominados gestión recaudatoria y esfuerzo fiscal para que la parte del Fondo con destino a gastos de libre disposición no se reduzca en su cuantía.

No obstante lo anterior, conviene destacar, como se expresa en su exposición de motivos, que la Ley sólo determina hasta el año 2003 el valor anual que ha de tener el condicionante de libre disposición denominado gestión recaudatoria para que la indicada parte del Fondo con destino a gastos de libre disposición no se reduzca en su cuantía. Como se advierte en la citada exposición de motivos, con esta técnica se pretende un sistema deslizante completado con la habilitación al Gobierno para la modificación coyuntural de tales datos y, en todo caso, para la aprobación de la valoración a tener en cuenta.

Previéndose en su articulado como último valor anual de gestión recaudatoria la correspondiente a la anualidad 2003, mediante Decretos 144/2004, de 14 de octubre, 74/2005, de 17 de mayo, 28/2006, de 14 de marzo, 66/2007, de 2 de abril, 19/2008, de 19 de febrero y 58/2009, de 19 de mayo, se determinó su valoración para los años 2004 al 2009.

Teniéndose, por tanto, como última valoración la correspondiente al año 2009, parece que no sólo ha de determinarse, mediante la habilitación efectuada al Gobierno por la indicada Ley, el valor que ha de alcanzar dicho condicionante a partir de dicha anualidad, sino que ha de realizarse de tal modo que permita a los ayuntamientos adecuar su actuación económico financiera con tiempo suficiente para su obtención y no se reduzca la cuantía a percibir de la parte del Fondo con destino a libre disposición.

Tras el período transitorio de acomodación a la última valoración establecida por la Ley, mantenida por el citado Decreto 144/2004, el posterior ciclo de determinación al alza de nuevas valoraciones establecidas por los Decretos 74/2005 y 28/2006, el posterior período de acomodación a la última valoración, realizada con los Decretos 66/2007 y 19/2008, y la última determinación a la baja en la valoración establecida por el Decreto 58/2009, de 19 de mayo, la aplicación de la citada Ley con posterioridad a esta última anualidad exige la determinación del valor que ha de alcanzar dicho condicionante de libre disposición.

En la valoración a la baja del citado condicionante de libre disposición por el citado Decreto 58/2009, hubo de tenerse en cuenta la situación económica general y la merma experimentada en la previsión de ingresos como consecuencia de la adversa evolución del ciclo económico, a la que había de ajustarse la nueva valoración de la gestión recaudatoria; todo ello en coherencia con la finalidad de saneamiento de las haciendas municipales, entendiendo la mejora de la gestión en el marco de la situación económica general.

A la hora de la determinación de la valoración del citado condicionante para el presente ejercicio ha de tenerse en cuenta la persistencia del citado proceso de minoración de ingresos como consecuencia de la adversa evolución del ciclo económico, pareciendo aconsejable, en un contexto económico global de una generalizada situación de debilitamiento de la actividad económica, mantener la valoración prevista en el citado Decreto, dada la previsión de que la economía canaria pueda continuar discurriendo en un entorno de cierta debilidad.

El ejercicio de dicha habilitación por el Gobierno ha de realizarse, además, en el momento en que se tenga la certeza de que los valores objeto de la misma son los adecuados en la actual situación económico financiera de los municipios, para lo que ha sido necesario esperar a los últimos resultados disponibles de auditorías realizadas al amparo de la citada Ley 3/1999, de 4 de febrero, a 31 de diciembre de 2008, realizadas en el año 2009.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo y previa deliberación del Gobierno en su sesión celebrada el día 20 de mayo de 2010,

DISPONGO: