Sumario

Preámbulo

I

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha introducido, con carácter de normativa básica, importantes innovaciones en el régimen jurídico del silencio administrativo.

Tal regulación, por su condición de normativa básica y, por ende, directamente aplicable en el ámbito de todo el Estado, exige el consiguiente proceso de adaptación de la normativa precedente al nuevo régimen jurídico, para lo cual la disposición transitoria segunda de la Ley 30/1992, puesta en conexión con la disposición adicional tercera de la misma Ley, en su redacción operada por Real Decreto-ley 14/1993, de 4 de agosto, ha previsto una postergación de la entrada en vigor de dicha Ley, en cuanto al régimen del silencio se refiere durante un plazo de dieciocho meses, en aras a que en dicho período se acometa la indicada adaptación.

De acuerdo con tales premisas, y en referencia específica a la normativa autonómica canaria, resulta necesario proceder a la indicada adaptación, la cual viene caracterizada por los siguientes extremos:

• a) Desde un plano jurídico-formal, la adaptación de la normativa autonómica podría hacerse de forma separada y autónoma por cada una de las disposiciones o cuerpos normativos que precisen adaptarse; sin embargo, dado el carácter puntual de dicha adaptación, como se verá seguidamente, y la necesidad de dotar de claridad, simplicidad y, en suma, de seguridad jurídica a dicho proceso, se estima oportuno que dicha adaptación se acometa en un único texto normativo, en el que se proceda a la adaptación del conjunto de la normativa autonómica afectada.
• b) En cuanto al rango normativo que haya de ostentar la disposición de adaptación, y frente a la opción de utilizar una disposición legal para la adaptación de normas con rango de ley y una disposición reglamentaria para la adaptación de normas con rango inferior, se ha considerado procedente, en consonancia con el criterio anteriormente expuesto, la utilización de una disposición de adaptación con rango reglamentario, a través de decreto, y ello al amparo de los siguientes fundamentos:
  • 1. En primer lugar, por considerar que la adaptación debe operarse en una única disposición normativa, en aras a la consecución del principio ya expuesto de seguridad jurídica.
  • 2. En segundo lugar, porque cuantitativamente el número de normas reglamentarias que precisan de adaptación supera con creces al de normas legales que también precisen de dicha adaptación, considerándose por tanto innecesaria que dicha adaptación operara por una única disposición con rango de ley que, además, congelaría el rango en una materia que debe someterse a una regulación flexible y administrativa.
  • 3. En tercer lugar, porque cualitativamente, y como más adelante se verá, la adaptación que se requiere afecta a elementos puntuales que precisan de una mera corrección formal en la que no incide ninguna actuación normativa de carácter innovador sino de mera adaptación a la legislación básica estatal, razón por la cual la adaptación por disposición reglamentaria no supondrá merma alguna de la capacidad normativa del Parlamento.
  • 4. Por último, porque dicho criterio es el que se ha seguido por el Estado, mediante la habilitación al Gobierno contenida en la ya citada disposición adicional tercera de la Ley 30/1992, para adaptar, mediante disposiciones reglamentarias con rango de decreto, la normativa estatal, ya legal, ya reglamentaria, a la nueva Ley.
• c) Desde un plano sustantivo, la finalidad pretendida no es otra que acometer una mera adaptación formal y puntual de la normativa autonómica al régimen de silencio administrativo o actos presuntos contenidos en la Ley 30/1992, sin pretender con ello realizar innovaciones, en sentido estricto, en la normativa autonómica sino, simplemente, acoplar dicha normativa a la nueva legislación básica, a fin de evitar una colisión con ésta una vez transcurrido el período de adaptación conferido en la indicada Ley 30/1992, a cuyo término toda colisión entre la normativa autonómica y la legislación estatal básica determinaría la aplicabilidad de ésta en detrimento y con desplazamiento de aquélla.

En dichos límites estrictos de adaptación formal y puntual, los extremos que ésta abarcaría, al menos en su proyección sobre disposiciones con rango legal, serían los siguientes:

Supresión de las referencias expresas a la figura de la denuncia de mora, al haber desaparecido dicha institución en la nueva regulación de los actos presuntos contenida en la Ley 30/1992.

Supresión de las referencias expresas a la figura de la denuncia de mora, al haber desaparecido dicha institución en la nueva regulación de los actos presuntos contenida en la Ley 30/1992.

Fijación de los plazos máximos para la resolución de cada procedimiento, atendiendo al tiempo necesario para su tramitación, y previendo que el no establecimiento de un plazo expreso implicará la aplicación de los plazos residuales de la Ley 30/1992.

Delimitación del sentido que haya de darse, positivo o negativo, a los actos presuntos, teniendo en cuenta los criterios básicos contenidos en la Ley 30/1992, especialmente en su artículo 43.

II

De acuerdo con la finalidad expuesta de adaptación, en una disposición reglamentaria única de la normativa autonómica al régimen de actos presuntos contenido en la Ley 30/1992, el objeto de la presente Ley no es otro que el de habilitar expresamente al Gobierno de Canarias a acometer dicha adaptación cuando para ello fuere preciso la modificación o derogación de disposiciones normativas con rango legal (artículo 2), así como vincular a que la adaptación del conjunto de la normativa autonómica -tanto legal como reglamentaria- se produzca en los plazos previstos en la disposición adicional tercera de la Ley 30/1992 (artículo 1).

En cuanto a la habilitación de adaptación, proyectada sobre disposiciones legales autonómicas, y paralela a la que en el ámbito de la legislación estatal ha operado la disposición adicional tercera de la Ley 30/1992 viene caracterizada por los siguientes extremos:

En primer lugar, la habilitación por ley del Parlamento de Canarias para la adaptación, por decreto, de disposiciones legislativas autonómicas, constituye un acto de pleno reconocimiento de la autonomía normativa de nuestra Comunidad Autónoma y del principio de separación competencial que rige las relaciones entre los ordenamientos estatal y autonómico, considerándose insuficiente que para acometer la adaptación reseñada bastara la habilitación conferida al Gobierno de la nación por la disposición adicional tercera de la Ley 30/1992, toda vez que esta última ha de entenderse circunscrita al ámbito estricto estatal.

En segundo lugar, la habilitación contenida en la presente Ley es plenamente respetuosa con la reserva constitucional de ley en materia procedimental establecida en el artículo 105 de la Constitución, la cual ha de entenderse plenamente cubierta con la regulación básica contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin que, por tanto, el contenido de las disposiciones de adaptación cuya aprobación se habilita, por la presente Ley, al Gobierno de Canarias puedan vulnerar dicho principio de reserva material de ley.

En tercer lugar, y como ya se expuso, la adaptación cuya habilitación se contiene en la presente Ley tiene un ámbito de proyección cuantitativa y cualitativamente limitado, toda vez que, por un lado, son escasos los preceptos legales autonómicos que contemplan el régimen del silencio y de los plazos de resolución en relación a procedimientos sectoriales o trámites puntuales, y, por otro lado, los extremos objeto de adaptación se limitan a adecuar aspectos singulares, antes expuestos.

III

Por último, y reiterando el carácter formal de la adecuación pretendida, se considera oportuno extender la habilitación contenida en la presente Ley a la adaptación de la normativa legal autonómica al nuevo régimen de recursos previsto en la Ley 30/1992, el cual entró en vigor el 27 de febrero de 1993, con la consiguiente supresión del recurso de reposición común previo al contencioso-administrativo y el recurso común de alzada.

De acuerdo con ello, la adaptación, en este extremo, de la normativa autonómica a la Ley 30/1992 se limitaría a suprimir puntualmente las referencias contenidas en la legislación autonómica a los recursos comunes de reposición y de alzada y a sustituir este último por el recurso ordinario, cuyo carácter jerárquico lo asimila a aquél.

DISPOSICIONES FINALES