Sumario

T閚gase en cuenta que la presente Ley ha sido declarada expresamente vigente por la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (獴.O.E.� 28 diciembre). T閚gase en cuenta que la presente Ley ha sido declarada expresamente vigente por la Ley 40/1998, 9 diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y otras Normas Tributarias (獴.O.E.� 10 diciembre), salvo en lo relativo al l韒ite de la deducci髇 a que se refiere su art韈ulo 61.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

La necesidad ineludible de actualizar la legislaci髇 sobre fundaciones viene determinada, de un lado, por el art韈ulo 34 de la Constituci髇 que reconoce el derecho de Fundaci髇 para fines de inter閟 general con arreglo a la Ley, y, de otro lado, por la importancia que en la vida social ha adquirido el ejercicio del indicado derecho de Fundaci髇. La reserva de Ley sobre este derecho es establecida por el art韈ulo 53 del texto constitucional.

A esa necesidad se une otra, tambi閚 actual pero no estrictamente jur韉ica, cual es la de estimular la iniciativa privada en la realizaci髇 de actividades de inter閟 general. Como la primera, tambi閚 esta necesidad de est韒ulo es ineludible, vistos la dificultad de los poderes p鷅licos de atender plenamente ese inter閟 general y el protagonismo que la sociedad reclama y entrega a las variadas entidades sin 醤imo de lucro.

Ambas necesidades son atendidas de manera uniforme en la presente Ley, lo que se justifica en la evidencia de que, tanto una regulaci髇 actualizada sobre fundaciones, como un r間imen de incentivos fiscales a la participaci髇 privada en actividades de inter閟 general son soluciones a un mismo problema: dotar al campo de las actuaciones altruistas de una base jur韉ica fomentadora y ajustada a la actual demanda que la sociedad presenta.

En este sentido, la Ley dedica un T韙ulo I a las fundaciones y un T韙ulo II a los incentivos fiscales a la participaci髇 privada en actividades de inter閟 general.

II

Atendiendo a la realidad social puede advertirse sin esfuerzo que las fundaciones, fen髆eno expresivo de la autonom韆 de la voluntad, tienen hoy innegable peso como coadyuvantes en la satisfacci髇 del inter閟 general. El estado de gran parte de las normas legales y reglamentarias vigentes, antiguas y preconstitucionales, obliga a su revisi髇 para adaptarlas al marco que la Constituci髇 establece en materia de fundaciones.

La situaci髇 actual es la de una mara馻 legislativa constituida por reglas dispersas y dispares, con una vigencia e incluso validez m醩 que dudosas y del m醩 variado tipo. Se hace imprescindible, por consiguiente, simplificar el sistema dot醤dole de claridad y racionalidad y reforzando la seguridad jur韉ica, al tiempo que se facilita la labor de los destinatarios de las normas.

A ello atiende el T韙ulo I de la Ley y a tal fin dirige sus objetivos, que pueden resumirse en los siguientes:

• a) Acomodar la regulaci髇 de las fundaciones a la Constituci髇 y a la actual distribuci髇 de competencias entre el Estado y las Comunidades Aut髇omas.
• b) Ofrecer una regulaci髇 sistem醫ica, ordenada y precisa de las fundaciones, acorde con la trascendencia econ髆ica, jur韉ica y social del hecho fundacional.
• c) Unificar el r間imen aplicable a todas las fundaciones y garantizar el cumplimiento de los fines fundacionales que han de ser, necesariamente, de inter閟 general. As�, el Protectorado ejercitado por las Administraciones P鷅licas se configura en el T韙ulo I de la Ley como instrumento garantizador del recto ejercicio del derecho de Fundaci髇, sin llegar a un intervencionismo que pudiera ser esterilizante y perturbador.

III

El T韙ulo I de la Ley es el resultado de la sedimentaci髇 de los antecedentes hist髍ico-normativos del derecho de Fundaci髇, el marco de los derechos constitucionales.

Dichos antecedentes pueden cifrarse en los siguientes:

• 1. La vieja Ley de 20 de junio de 1849, General de Beneficencia, sin duda una de las disposici髇es m醩 antiguas de las que todav韆 se encuentran formalmente en vigor en el ordenamiento espa駉l. Constituye el punto de partida de la regulaci髇 sobre las fundaciones.
• 2. El C骴igo Civil, la m醩 importante disposici髇 sobre r間imen jur韉ico-privado de las fundaciones. Hacer referencia extensa a su contenido es ahora innecesario, por lo que basta con reiterar su importancia y el hecho de que la regulaci髇 originaria apenas ha sufrido cambios desde entonces.
• 3. Si el C骴igo Civil es la piedra angular del derecho privado de las fundaciones, el Decreto e Instrucci髇 de 14 de marzo de 1899 lo es del r間imen jur韉ico-p鷅lico de las fundaciones asistenciales, puras y mixtas.Se trata de una norma que ha marcado toda una 閜oca en la regulaci髇 de tales entidades. Es, sin embargo, una disposici髇 que necesariamente, y sin m醩 demora, debe ser sustituida por otra que se adapte a la nueva realidad de las fundaciones.
• 4. El protagonismo de la Instrucci髇 de 1899 citada qued� diluido al aprobarse el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, dictado en desarrollo de lo dispuesto en el art韈ulo 137 de la Ley General de Educaci髇, de 4 de agosto de 1970. Este reglamento es aplicable s髄o a las fundaciones culturales y docentes.
• 5. Junto a las anteriores disposiciones, que configuran la regulaci髇 general de las fundaciones, otras muchas normas se refieren asimismo a importantes aspectos relacionados con ellas. As�, puede citarse el Real Decreto de 20 de julio de 1926, de instituciones y fundaciones ben閒ico-docentes particulares de ense馻nza agr韈ola, pecuaria o minera; el Decreto 446/1961, de 16 de marzo, de fundaciones laborales; las previsiones contenidas en las leyes fiscales en relaci髇 con los beneficios fiscales que se les reconocen, los Decretos de 1923 y 1928 sobre enajenaci髇 y arrendamiento de bienes de fundaciones, o las recientes disposiciones sobre contabilidad y rendici髇 de cuentas de fundaciones asistenciales.

Los ejemplos rese馻dos son muestra de las numerosas disposiciones que configuran el ordenamiento fundacional y que necesariamente debe ser simplificado y actualizado. El T韙ulo I de la presente Ley pretende conseguirlo, por primera vez tras la aprobaci髇 de la Constituci髇.

IV

El T韙ulo I de la Ley se dicta en ejercicio de las competencias atribuidas al Estado por el art韈ulo 149.1.1.�, 6.� y 8.� de la Constituci髇.

En primer lugar, el art韈ulo 149.1.1.� atribuye al Estado competencia exclusiva para regular 玪as condiciones b醩icas que garanticen la igualdad de todos los espa駉les en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales�. El derecho de Fundaci髇 queda incluido entre aqu閘los cuyas condiciones b醩icas igualitarias pueden ser reguladas por el Estado.

La presente Ley incluye preceptos que deben ser integrados dentro de tal categor韆 de normas y que por tanto corresponde al Estado regular, tal y como se recoge en la disposici髇 final primera, punto 1, en tanto en cuanto son condiciones b醩icas del derecho de Fundaci髇 y conciernen al concepto legal de Fundaci髇: los beneficiarios, la capacidad de constituci髇 y sus modalidades, la exigencia de un 髍gano de gobierno y representaci髇, las causas de extinci髇 y sus formas y los fines del Protectorado.

Es indudable la presencia de importantes normas de derecho civil en el r間imen jur韉ico de las fundaciones.

Normas que afectan, de una parte y en todo caso, al domicilio de las fundaciones, a los requisitos exigidos a las fundaciones extranjeras y a la eficacia del Registro de Fundaciones; y, de otra, a materias como las que se refieren a los requisitos de capacidad, la escritura de constituci髇, la adquisici髇 de personalidad jur韉ica los Estatutos y su modificaci髇, las obligaciones b醩icas del Patronato, la responsabilidad de los patronos, su cese y suspensi髇, y la legitimaci髇 del Protectorado para solicitar al Juez la fusi髇 de fundaciones cuando concurran determinadas circunstancias. Teniendo en cuenta la diversificaci髇 de este t韙ulo competencial se ha distinguido entre los preceptos que se consideran, en todo caso, de aplicaci髇 general en todo el territorio nacional y aquellos otros en los que se han considerado prevalentes las habilitaciones estatutarias correspondientes a las Comunidades Aut髇omas, con menci髇 espec韋ica a la habilitaci髇 relativa a la materia de derecho civil, foral o especial. La anterior dualidad se refleja en el punto 2 de la disposici髇 final primera.

El tercero de los T韙ulos competenciales del Estado que se manifiesta en la Ley es el previsto en el art韈ulo 149.1.6.� de la Constituci髇, en cuanto se refiere a la legislaci髇 procesal.

Por 鷏timo, las dem醩 normas del T韙ulo I de la Ley son s髄o de aplicaci髇 a las fundaciones de competencia estatal.

V

El T韙ulo I de la Ley se estructura en siete cap韙ulos.

Parte de un concepto tradicional de Fundaci髇, pero poniendo el acento en su car醕ter de organizaci髇, se expresa la posibilidad de que las personas jur韉ico-p鷅licas puedan constituir fundaciones; se afirma que las fundaciones adquieren personalidad jur韉ica desde la inscripci髇 de su escritura de constituci髇 en el correspondiente Registro de Fundaciones; se exige la existencia de un 髍gano de gobierno y representaci髇 y la suficiencia de la dotaci髇 inicial, cuya aportaci髇 podr� hacerse de forma sucesiva, e igualmente se exige que en la escritura de constituci髇 consten la forma y realidad de dicha aportaci髇; se determina la responsabilidad de los patronos por los da駉s y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos fundacionales, o por los realizados negligentemente; y se somete a decisi髇 judicial la suspensi髇 de los patronos y su cese en determinados supuestos. Se regula, en fin, la extinci髇 de la Fundaci髇 y sus formas.

Merecen destacarse, adem醩, dos aspectos que inciden sobre la actividad de las fundaciones: el primero es la posibilidad de que ejerzan directa o indirectamente actividades mercantiles o industriales, el segundo consiste en la exigencia de que una determinada proporci髇 de las rentas y de cualesquiera otros ingresos que obtenga la Fundaci髇 sea destinada a la realizaci髇 de los indicados fines.

En la regulaci髇 del Protectorado se ha partido de una concepci髇 que le da nuevo contenido al asignarle no s髄o funciones de control, sino tambi閚 de apoyo, impulso y asesoramiento. A estos efectos es de subrayar la previsi髇 de un mecanismo excepcional de intervenci髇 de las fundaciones para aquellos supuestos patol骻icos que puedan derivar en un grave incumplimiento de la finalidad que justifica la propia existencia de la Fundaci髇.

P醨rafo aparte debe dedicarse al Registro de Fundaciones, que se configura como constitutivo y de publicidad frente a terceros. La articulaci髇 concreta entre el Registro y los diversos Protectorados, que se determinar� reglamentariamente, parte del principio de que las inscripciones practicables requerir醤 el informe de los 髍ganos administrativos a los que corresponda el ejercicio del Protectorado.

Por 鷏timo, es novedad destacable de la Ley la creaci髇 del Consejo Superior de Fundaciones como 髍gano consultivo del que forman parte representaciones administrativas y de las propias fundaciones.

VI

En las sociedades democr醫icas desarrolladas constituye una realidad la participaci髇, junto con el sector p鷅lico, de personas, entidades e instituciones privadas en la protecci髇, el desarrollo y el est韒ulo de actividades de inter閟 general en las diversas manifestaciones que 閟tas pueden revestir, desde lo puramente ben閒ico y asistencial hasta lo cultural y art韘tico.

En Espa馻 esta situaci髇 ha adquirido dimensiones crecientes en los 鷏timos a駉s, enlazando con las preocupaciones de sectores sociales de muy diversa naturaleza, lo que ha determinado una constante demanda de adecuaci髇 a sus caracter韘ticas de la normativa fiscal existente que, evidentemente, no pudo contemplar en su momento las particularidades que este fen髆eno, en su dimensi髇 social, reclama.

En consecuencia, el T韙ulo II que se dicta al amparo del art韈ulo 149.1.14.� de la Constituci髇, preservando las especialidades de los reg韒enes tributarios forales, tiene una finalidad claramente incentivadora, tendente a estimular la participaci髇 de la iniciativa privada en la realizaci髇 de actividades de inter閟 general. Esta participaci髇 puede canalizarse a trav閟 de las siguientes v韆s, a las que se concede un r間imen fiscal ventajoso:

Constituci髇 de entidades que persigan fines de asistencia social, c韛icos, educativos, culturales, cient韋icos, deportivos, sanitarios, de cooperaci髇 para el desarrollo, de defensa del medio ambiente, de fomento de la econom韆 social o de la investigaci髇, de promoci髇 del voluntariado social, o cualesquiera otros fines de inter閟 general de naturaleza an醠oga, y que, en raz髇 de su forma de personificaci髇, tengan esta finalidad como exclusiva, caso de las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad p鷅lica.

Realizaci髇 de aportaciones a las entidades anteriormente descritas al objeto de contribuir por esta v韆 a la realizaci髇 de sus fines espec韋icos.

Participaci髇 e intervenci髇 directa de las empresas en la consecuci髇 de estos fines. En este contexto se enmarcan medidas que encajan en el concepto general de mecenazgo como la denominada oferta de donaci髇 de obras de arte, y el tratamiento previsto para determinados gastos derivados de la realizaci髇 de actividades de tipo asistencial, cultural, cient韋ico, de investigaci髇 y deportivo o de fomento del cine, teatro, m鷖ica, danza e industria del libro.

De esta forma se pretende dinamizar de manera sustancial la realizaci髇 de actividades de inter閟 general, lo que redundar� decisivamente en beneficio de la colectividad.

Este objetivo debe quedar definitivamente garantizado, de suerte que resulte asegurado su destino e inversi髇 en las finalidades que motivan el apoyo del ordenamiento jur韉ico. Para ello resulta preciso identificar de una forma clara e indubitada a las entidades que han de constituir el veh韈ulo directo y principal de enlace entre la voluntad de los ciudadanos y el fin social.

Esta identificaci髇 se efect鷄 en la presente Ley en la siguiente forma:

Definiendo como entidades sin fines lucrativos, al objeto de ser destinatarias de los beneficios contenidos en la norma, a las fundaciones inscritas en el Registro correspondiente y a las asociaciones declaradas de utilidad p鷅lica.

Estableciendo una serie de requisitos que las entidades antes descritas deben reunir para garantizar la realizaci髇 de los objetivos perseguidos. En la configuraci髇 de estos requisitos se han tenido muy presentes las normas del r間imen jur韉ico general aplicable a estas entidades, tanto a nivel de legislaci髇 estatal como auton髆ica.

Una vez identificadas debidamente las entidades destinatarias de las medidas incentivadoras contempladas en el T韙ulo II de la presente Ley, el r間imen tributario que para las mismas se prev� en el cap韙ulo I de dicho T韙ulo comporta dos tipos de normas:

Disposiciones incentivadoras que atienden, en unos casos a neutralizar la imposici髇 existente sobre las aportaciones recibidas al objeto de posibilitar su 韓tegra aplicaci髇 a los fines que las motivan y, en otros, a reducir determinadas cargas tributarias que pesan sobre estas entidades permitiendo de esta forma una mayor liberaci髇 de sus recursos en cumplimiento de sus fines espec韋icos.

Al lado de esas disposiciones se recogen otras que pudieran denominarse de ajuste, al objeto de tener en cuenta las peculiaridades propias de estas entidades y la aplicaci髇 pr醕tica de las exenciones que en beneficio de las mismas se establecen.

VII

Por su parte, el planteamiento del cap韙ulo II, del T韙ulo II, dedicado al r間imen tributario de las aportaciones efectuadas por personas f韘icas o jur韉icas, es paralelo al del cap韙ulo anterior, aunque con las l骻icas diferencias derivadas de las razones de coherencia que motivan en cada caso el establecimiento de las normas.

En efecto, la Ley no busca que los beneficios fiscales para estas aportaciones tengan como destinatario o beneficiario 鷏timo al aportante, disminuyendo as� la presi髇 fiscal que incide sobre 閟te; si 閟te fuera el fin buscado por la norma, los beneficios fiscales ser韆n injustos.

Lo que se persigue con esta regulaci髇 es hacer m醩 atractiva la realizaci髇 de aportaciones a entidades que tengan como 鷏tima finalidad la realizaci髇 de actividades de inter閟 general. Este planteamiento obliga, por ello, a extender el r間imen previsto para las aportaciones efectuadas a favor de las entidades contempladas en la Ley a las realizadas en beneficio del Estado y otras instituciones y entes p鷅licos, a los que se refiere la disposici髇 adicional sexta, dado que resulta indubitada la aplicaci髇 de las cantidades as� recibidas a la realizaci髇 de actividades de inter閟 general.

VIII

Si importante es para los objetivos de esta Ley la adecuada tipificaci髇 y ordenaci髇 de los beneficios fiscales desde el punto de vista de las entidades expresamente constituidas para la consecuci髇 de los fines de inter閟 general mencionadas, resulta igualmente trascendente la aportaci髇 que en este campo cumple la colaboraci髇 individual de muchas empresas y entidades en el desarrollo de los mismos fines. Esta colaboraci髇, m醩 generalmente conocida como actuaci髇 de patrocinio o mecenazgo, es objeto asimismo de reconocimiento en el texto a trav閟 de un conjunto de disposiciones espec韋icas contenidas en el cap韙ulo III del T韙ulo II.

En esta l韓ea de actuaci髇 interesa, sin embargo, destacar que el cap韙ulo III no entra a regular las denominadas actividades de patrocinio publicitario, las cuales tienen un r間imen propio en el ordenamiento jur韉ico publicitario al que pertenecen y cuya realizaci髇 no obedece estrictamente a actividades de inter閟 general, sino de 韓dole publicitaria. Por el contrario, el denominado Convenio de colaboraci髇 en actividades de inter閟 general, permite atraer al 醡bito de la Ley aquellas aportaciones que, aunque motivadas tambi閚 por la idea de conseguir la difusi髇 de la personalidad del aportante, son realizadas preferentemente en beneficio de las entidades a las que se refiere la norma.

Finalmente, el cap韙ulo III contempla aquellas actuaciones en las que es la propia empresa el veh韈ulo directo o el motor que impulsa la realizaci髇 de actividades de inter閟 general. No obstante, su regulaci髇 es, como consecuencia de su finalidad mercantil espec韋ica, m醩 limitada que la prevista para aquellas entidades en las que dichas actividades constituyen la raz髇 que justifica su existencia.

IX

Por 鷏timo, las disposiciones contenidas en esta Ley, obligan a dar nueva redacci髇 al art韈ulo 5 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, al objeto de excluir del campo de aplicaci髇 de dicho precepto a las entidades objeto de la reforma, permitiendo, sin embargo, que aqu閘las que no encajen dentro de la caracterizaci髇 subjetiva que en la presente Ley se realiza, contin鷈n como entidades parcialmente exentas en el contexto de la regulaci髇 que, en la normativa del Impuesto sobre Sociedades, se encuentra actualmente vigente.

Al lado de esta modificaci髇 se realiza una reordenaci髇 del conjunto del precepto, incorporando a su campo de aplicaci髇 a aquellas entidades que, en virtud de disposiciones espec韋icas, ven韆n ya disfrutando de dicha exenci髇 por la v韆 de la equiparaci髇 normativa.

Merece igualmente especial menci髇 la revisi髇 del r間imen de las entidades de previsi髇 social, a las que se libera de los efectos contradictorios que en su situaci髇 fiscal producir韆 la sujeci髇 al impuesto en r間imen de exenci髇 limitada no obstante la realizaci髇 exclusiva de una explotaci髇 econ髆ica, someti閚dolas al r間imen general del Impuesto, aunque a un tipo de tributaci髇 reducido.

Asimismo, es destacable la modificaci髇 que se opera por la disposici髇 adicional decimotercera en el art韈ulo 4 de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, reguladora de las Asociaciones, en relaci髇 con los requisitos que estas entidades deben reunir para poder ser declaradas de utilidad p鷅lica y, en consecuencia, ser beneficiarias del r間imen fiscal previsto en esta Ley. En todo caso, esta modificaci髇 parcial no hace sino adelantar alg鷑 aspecto de lo que habr� de ser el desarrollo del art韈ulo 22 de la Constituci髇, a fin de adecuar de forma plena el derecho de Asociaci髇 a los imperativos de la norma constitucional.